Por: Olga SanMartín.
La propuesta de Isabel Celaá de dar el título de Bachillerato con un suspenso ha causado perplejidad entre los profesores. No es sólo por la medida en sí, que las juntas de evaluación docente ya aplican de forma discrecional, sino por el demoledor mensaje en contra de la cultura del esfuerzo que envía toda una ministra de Educación cuando incluye este cambio entre las prioridades de su ley y lo justifica como «un favor» para la «autoestima» del estudiante.
El profesor Gregorio Luri advierte del peligro de «las medidas que se toman con buenas intenciones y que confunden la ayuda con la lástima», ese paternalismo pedagógico que al final perjudica más al alumno que menos tiene. Recupera las palabras pronunciadas en 1931 por el histórico socialista Fernando de los Ríos durante su discurso en las Cortes Constituyentes de la República: «Hay un problema ético para cada profesor, que consiste en no coadyuvar a la dramática falacia de que es víctima el escolar cuando se le da un título de capacidad sin tenerla. Este problema ético no depende de una disposición ministerial; depende del grado de madurez y sensibilidad de los centros».
«No es aceptable que la ministra desconfíe de los suspensos porque rebajan la autoestima del alumno», se enfada también el filósofo José Antonio Marina, que recuerda que Seligman o Damon ya dejaron claro que «intentar mejorar la imagen de un estudiante, en lugar de mejorar su desempeño, es poner en marcha una sobreprotección dañina».
Expertos educativos avisan de que se avecinan nuevos viejos tiempos en la escuela, una vuelta a la Logse-LOE que trae otra vez la comprensividad y «renuncia a la meritocracia», en palabras de Nicolás Fernández, presidente del sindicato ANPE.
Porque hay más cambios que se suman al del título de Bachillerato con un suspenso. La ley Celaá quiere recuperar la antigua Selectividad, desvinculándola del título y ubicándola después de conseguirlo, a diferencia de lo que ocurre ahora. También eliminará los estándares de aprendizaje evaluables fijados por el Estado, suprimirá las evaluaciones externas censales al final de cada etapa, prohibirá los ránkings que permiten hacer comparaciones entre centros y entre autonomías y convertirá la repetición de curso en una medida «excepcional». Además, los alumnos de la ESO tendrán el mismo título que los de la FP Básica. En otras palabras, con la nueva ley se reducen filtros y controles para conocer qué es lo que saben los alumnos a lo largo de las distintas fases de su aprendizaje. Casi habrá que fiarlo todo a la Selectividad, que aprueba el 90% de los estudiantes.
Inmaculada Egido, catedrática de Educación Comparada de la Universidad Complutense de Madrid, cree que «este modelo no fomenta el esfuerzo ni el mérito en los alumnos», a diferencia de lo que ocurre en países de nuestro entorno donde, por ejemplo, se exige una prueba final de Bachillerato sin la cual no se puede conseguir el título. En Francia tienen el BAC, en Alemania el Abitur y en Italia la Maturità. Son exámenes muy duros. «Las reválidas en la etapa equivalente a la ESO no son frecuentes y es verdad que se puede titular con suspensos, pero hay un control externo de los niveles de conocimiento de los alumnos que es superior al que existe en el sistema educativo español».
Florencio Luengo, coordinador general del Proyecto Atlántida y promotor de la Red por el Diálogo Educativo, defiende que el modelo español no está tan mal planteado como parece, aunque sí que echa en falta más «exigencia» en las notas de corte de acceso a las carreras, para que «los alumnos no se duerman en los niveles inferiores». «No se trata tanto de que aprobar Bachillerato con un suspenso suponga bajar o subir el listón, sino qué tipo de conocimientos son hoy relevantes y qué significa aprobar competencialmente o por contenidos, incluido qué se entiende por el concepto de compensación», expresa. Eso sí, se muestra partidario de «revisar y probablemente no mantener» medidas como conceder el título de Bachillerato con un suspenso «porque están generando conflicto y lo prioritario es que haya un acuerdo educativo».
Antonio Cabrales, catedrático de Economía en la University College London, apunta que «la legislación tiene sus límites como instrumento y a veces la sociedad se autoorganiza para superarlos». Recuerda que los ránkings de colegios y universidades que elabora la iniciativa privada ya sirven «como espuela» a los estudiantes para competir y mejorar, de la misma forma que los buenos alumnos se ponen las pilas para poder entrar en las universidades más prestigiosas.
Fuente del artículo: https://www.elmundo.es/espana/2018/11/18/5bf07fc3468aeb0b6e8b45ea.html
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