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Que la pobreza no te afecte en verano

Por: Saray Marqués

En los últimos días el Gobierno ha anunciado un aumento de presupuesto para enfrentar la pobreza infantil. Se cuentan por miles las niñas y niños que no saldrán de vacaciones y pasarán muchas horas solos en las próximas semanas.

“En un tiempo record” el Gobierno anunciaba el viernes 29 de junio, en Consejo de ministras y ministros, un programa, Veca, que se ha convertido en la primera medida de choque contra la pobreza infantil. En España hay 2,1 millones de niños en riesgo de pobreza –un 28,1% de los menores de 16 años– y, de ellos, 375.000 no tienen garantizada una alimentación sana ni pueden acceder a actividades como campamentos o colonias en el verano. A este grupo, el que presenta mayor riesgo de pobreza en España, se le dedica esta iniciativa, que se materializará en una disposición adicional en los PGE con 10 millones de euros más –con lo que se duplica la partida actual, de 5 millones– para apoyar a las comunidades autónomas y ayuntamientos que, en colaboración con diversas entidades, intentan paliar este déficit que los niños y niñas más vulnerables padecen durante los meses de vacaciones.

La ministra de Educación y FP y ministra portavoz, Isabel Celaá, no puso cifra a los niños y niñas actualmente atendidos dentro de este tipo de programas, que garantizan tres comidas diarias y un ocio de calidad, aunque sí afirmó que este incremento del presupuesto permitirá llegar a más del doble de destinatarios que hasta ahora y, desde luego, “a todos los que cumplan los requisitos de carencia severa” –esos 375.000–. El Gobierno, de hecho, no cierra la puerta a ampliar el presupuesto en función de las necesidades que se detecten: “Si hemos de gastar un millón de euros más, lo haremos. No podemos permitirnos que los derechos de los niños estén tan desprotegidos”, remachó Celaá.

Se evitarán así los “efectos dramáticos” en los más pequeños, esos niños y niñas de entre 4 y 6 años que pueden llegar en septiembre a la escuela con “hasta cuatro kilos menos”, aseveró Celaá, y se proporcionará a los más mayores, hasta los 16 años, más alternativas de tiempo libre, ampliando sus horizontes, muy limitados en sus hogares y sus barrios.

Se trata de la primera iniciativa de la primera Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil de España, María Luisa Carcedo, que un día antes anunciaba que contará con el sociólogo de la Universidad de Zaragoza y editorde Agenda Pública, Pau Marí-Klose, como director de Infancia.

La experiencia de la crisis

La necesidad de contar con una alternativa menos precaria, “digna”, en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, para estos niños y niñas durante los meses de verano está en agenda desde los años más crudos de la crisis. En 2014, la Defensora del Pueblo apelaba a las comunidades autónomas a abrir los comedores escolares en verano para atender a los menores en situación de mayor vulnerabilidad, tras sendas experiencias piloto en verano de 2013 en Canarias, donde los ayuntamientos colaboraban con la Consejería de Educación y la de Empleo para permitir que 182 centros abrieran sus comedores en verano, y Andalucía, que aseguraba tres comidas al día a 4.000 menores dentro de su plan extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria.

También en 2014, desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se destinaban 17 millones a apoyar a las comunidades con proyectos similares –que, por ejemplo, en el caso canario supone una inversión de 1,1 millones de euros al año–.

Cuatro años después, con esta partida reducida a un tercio -hasta el anuncio del plan Veca, que la eleva hasta los 10 millones- también en una comunidad pionera como Canarias se ha visto caer el número de inscritos en los comedores escolares y talleres lúdicos de verano. Si en 2014 eran 4.000, este año son poco más de 2.000 los alumnos matriculados para los meses de julio y agosto. Pero la medida sigue siendo necesaria y, mientras lo sea, se seguirá prestando, advierten sus promotores.

Antes del anuncio del programa Veca, diversas voces habían reclamado, en este sentido, que no se baje la guardia en esta batalla. Así, desde CCOO se había comenzado la semana recordando a los “casi 600.000 menores” en situación de vulnerabilidad que se “quedarán sin la posibilidad de acceder al comedor escolar y a actividades educativas y sociales que complementen su educación”. El sindicato reivindicaba “el centro escolar como ámbito de socialización y de vida digna” para esos niños y niñas y apremiaba a las administraciones educativas a “mantener los centros abiertos en verano con un proyecto educativo y sociocultural suficiente y una inversión acorde a las necesidades de la infancia en situación de pobreza”, a través de “políticas públicas coordinadas entre las administraciones centrales, autonómicas y municipales”.

En su alegato, CCOO se hacía eco del que viene siendo un recordatorio estacional de la ONG Educo. Suya es la cifra de 580.000 niños y niñas que, finalizado el curso escolar, no cuentan ni con la posibilidad de un espacio seguro donde disfrutar las vacaciones ni con la de al menos una comida completa al día.

Los sin vacaciones

En sus informes periódicos, Educo, que desde 2013 cuenta con sus propias becas de comedor en verano –las cuales han recibido un 33% más de solicitudes este año y han servido para repartir más de dos millones de comidas en este tiempo– ha ido retratando la realidad de estos niños de la llave, que lo son también durante los meses del curso, y que tienen todas las papeletas para unas limitadas expectativas vacacionales. Así, según una encuesta de Educo, en verano de 2017 el 60% de las familias en riesgo de pobreza que tenían trabajo, con hijos de tres a 16 años a cargo, no se fueron de vacaciones al menos de una semana al año.

Los informes de Educo hablan de trabajadores pobres –el 14,5% de la población asalariada–, que, por el hecho de contar con un trabajo, muchas veces se quedan fuera de determinadas ayudas, para los que precisamente el verano es temporada alta, con lo que conciliar en los meses en que sus hijos pasan más tiempo en casa es aún más difícil. O de padres y madres que no pueden permitirse los campamentos o talleres en verano, aunque la beca sufrague el 75% y se queden en 20 euros a la semana: un 41% de los niños que no se pudieron permitir participar aseguran que fue porque suponía un gasto imposible de asumir por la familia. Y hablan también de esos niños que se quedan en casa viendo la tele o absortos en internet o, si salen a la calle, “se agarran a un clavo ardiendo”, tomando como referente al primero que pillan, en palabras de Roger Caro, de Fundación Ítaca.

Y constatan una brecha. Si vives en un hogar en riesgo de pobreza, tendrás menos probabilidad de asistir a actividades en verano: El 44% de niños y niñas en esta situación, con sus padres trabajando, no acudió a ninguna en verano de 2017. Los que sí acudieron fueron sobre todo menores de 13 años y disfrutaron de estas actividades 9 días, de media. En cambio, si vives en un hogar sin estrecheces, no solo aumenta la probabilidad de haber acudido a campamentos o colonias –solo el 29% no lo hizo- sino que esta es mayor si eres adolescente y los días de disfrute pasan de 9 a 16.

También se posan sobre los efectos de los recortes: “Los recursos que existen que han sido recortados no llegan a todos los que se lo merecen porque tienen una situación adversa. Los criterios que se utilizan son restrictivos, y acaban cubriendo a los que más, más, más lo necesitan, pero hay una base muy amplia que se queda en ese limbo que no está suficientemente atendida (…), denuncia Elisenda Guedea, desde FAPAC.

Y se centran, en definitiva, en lo que Educo define el impacto relacional de la pobreza en la infancia y la adolescencia, pues la escasez no lo es solo de recursos económicos, sino de tiempo y de relaciones de apoyo, familiares y sociales. En sus informes, se hacen eco de los análisis de Carme Montserrat, del Instituto de Investigación sobre Calidad de Vida de la Universitat de Girona, para quien proporcionar a todos los niños en situaciones socioeconómicas difíciles el acceso a este tipo de actividades en verano es una medida compensatoria que, además de redundar positivamente en su salud, su autonomía personal, su rendimiento escolar y sus relaciones interpersonales, en definitiva, el bienestar general de estos menores, lo hace, sobre todo, en el bienestar subjetivo.

Diversos expertos insisten en que estas actividades recreativas, con comida incluida, no son un lujo sino una necesidad para estos niños y niñas, que el acceso al tiempo de ocio se trata de un espacio de protección para la infancia. Así, Maria València, de la Fundació Pere Tarrés, advierte de que “Para los niños que viven en contextos difíciles, rodearse de adultos que muestran una estabilidad y establecer con ellos vínculos afectivos positivos es mucho más saludable que pasar 14 semanas tumbados en el sofá con unos referentes desestructurados”.

El verano es una oportunidad para no desaprender o, mejor, para seguir aprendiendo. Lo constataba recientemente una investigación del Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públicas (Iválua) a cargo de Miquel Ángel Alegre, jefe de proyectos de la Fundació Jaume Bofill, sobre el programa Èxit Estiu, que, aplicado durante el mes de julio los últimos cinco años en 50 institutos de Barcelona, ha demostrado incrementar un 12% las probabilidades de promocionar de los 2.000 alumnos de ESO participantes, con riesgo de convertirse en repetidores.

Medidas como esta pretenden rebajar los efectos del llamado verano del olvido, que penaliza sobre todo a los estudiantes de entornos más desfavorecidos, como se ha venido demostrando desde la década de los setenta en EEUU. De hecho, investigadores como Smith y Brewer atribuyen a las vacaciones estivales (de 11 semanas de duración en el caso de España) un desfase de tres meses (por año) en estos estudiantes con respecto a sus pares con entornos más estimulantes.

La respuesta de las organizaciones

Es por este importante efecto compensador de las desigualdades de estos programas en verano que las organizaciones de infancia valoran el Veca. Desde Unicef, Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia, reconoce que, siendo los programas de ocio, tiempo libre y comedor durante los meses de verano competencia autonómica y local, el Estado, con esta dotación extra de recursos, puede reforzarlos.

“Informes como los de Educo se centran en la realidad de miles de niños que se pasan las tardes durante el curso en casa solos, porque la incapacidad económica de la familia obliga a los padres a trabajar en esos tiempos, sin alternativa de cuidados. Y su situación se agrava en verano. No se van de campamentos ni de vacaciones, y no por elección propia, y pasan aún más tiempo solos, con el consiguiente desorden de horarios desde edades tempranas, con los hermanos mayores cuidando de los pequeños…” comienza. Ante esto, recalca, este tipo de programas ejercen como alivio: “Pero desde Unicef constatamos que nos encontramos muchas veces ante medidas de urgencia, a corto plazo, coyunturales, y apostamos no tanto por este tipo de servicios [apertura del comedor escolar estos meses completada con talleres lúdicos] sino por dotar a las familias de recursos suficientes para que sean ellas las que elijan sus soluciones durante el verano, si sus hijos van al campamento o no, como cualquier otro niño. Los servicios que se ofrecen en los colegios no son malos, pero lo vemos como algo limitado, puntual, cuando la lucha contra la pobreza requiere un abordaje en general”.

Sí, el indicador que mide la situación de pobreza o exclusión social (At Risk of Poverty and/ or Exclusion, AROPE) tiene en cuenta entre sus ítems la posibilidad de poder pasar fuera del hogar de residencia al menos una semana al año. Y en España, según la reciente Encuesta de Condiciones de Vida del INE, un 32% de hogares con niños de menos de 17 años no puede permitírselo –con variación desde el 23% del País Vasco al 45% de Extremadura-. Por tanto, González-Bueno ve positivo que desde el Gobierno se intente ayudar con una mayor partida a las instituciones y organizaciones que en los últimos años han multiplicado sus iniciativas para ofrecer una alternativa de ocio durante los meses de verano –en el caso de los niños el AROPE considera ir una semana a algún sitio nuevo o una segunda residencia, a casa de un amigo/ familiar/ vecino o de campamento-, pero esperan algo más.

El hecho de que se haya creado un Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, así como las personas elegidas –María Luisa Carcedo, con un perfil más político, y Pau Marí-Klose, más académico- les hace albergar esperanzas de que la política de infancia devenga en política de Estado: “No se podrá con estos PGE, pero es importante que se vaya abriendo ya un diálogo amplio en esta materia”.

Como Unicef, otras organizaciones de infancia proponen una prestación por hijo a cargo de 1.200 euros al año, frente a los 291 euros de ahora, y cambiar los umbrales para acceder a ella, de forma que llegue a las familias de los 2,1 millones de niños en riesgo de pobreza en España. Es el caso de Save the Children, que reclama continuidad en los planes de choque para la lucha contra la pobreza infantil para que de verdad tengan impacto, y hace constar la aspiración a un 2,4% del presupuesto para políticas de familia e infancia, en línea con la media europea: “La pobreza infantil solo puede combatirse con inversión y los niños han sido los más olvidados en los PGE de los últimos años. Es urgente dotar los planes de lucha contra la pobreza infantil del presupuesto necesario si no queremos ver cómo los niños y niñas más vulnerables siguen heredando la pobreza de sus hogares”, señala Andrés Conde, director de Save the Children España.

También desde Educo se aplaude el programa Veca por permitir que más niños y niñas disfruten este verano de las vacaciones, pero se reconoce que “queda mucho por hacer” y se subraya la importancia de “impulsar modelos de conciliación adecuados para las familias con niños a cargo”.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/07/02/que-la-pobreza-no-afecte-en-verano/

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Aborto en Irlanda del Norte: mi cuerpo, mi derecho, mi decisión

Europa/Irlanda/05 Julio 2018/Fuente: Prensa Latina
Mientras los irlandeses celebran la flexibilización de las leyes del aborto en su país, al norte, en territorio británico, la polémica sobre el tema alcanza gran auge.
El territorio de la isla de Irlanda pertenece mayoritariamente a la República de Irlanda, país independiente, pero una pequeña parte de esa área está cubierta por Irlanda del Norte.

Situada en el noreste de la isla, esta última es uno de los cuatro territorios constitutivos de Reino Unido, pero a diferencia de Inglaterra, Gales y Escocia, sus leyes prohíben la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde 1967, con la Ley del Aborto se legalizó en estas provincias constituyentes la intervención quirúrgica hasta las 24 semanas de gestación, sin embargo los norirlandeses actualmente cuentan con una de las normativas más restrictivas sobre este tema.

Por un lado la Ley de Ofensas contra las Personas de 1861 impide a una mujer provocarse un aborto, y por otro, la Ley de Protección Infantil de 1945 solamente autoriza la interrupción del embarazo en situaciones de grave peligro para la vida de la madre.

La legislación no incluye la posibilidad de interrupción en casos de violación, incesto o malformación del feto, por el contrario, contempla cadena perpetua para las que realicen esa práctica considerada ilegal.

El grupo clínico británico con alcance internacional Marie Stopes cifró en 363 el número de nacionales que se sometieron a una interrupción entre junio de 2017 y febrero de 2018.

Especialistas aseguran que cada año cientos de esas mujeres viajan a otras partes del Reino Unido para interrumpir sus embarazos en clínicas, en tanto otras consumen píldoras abortivas compradas a través de Internet.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda abortos seguros y legales disponibles para todas las mujeres, pues aquellos realizados por personas no calificadas, con equipo peligroso o en instalaciones insalubres causan 47 mil muertes y cinco millones de ingresos hospitalarios cada año en el orbe.

En la República de Irlanda, por ejemplo, las autoridades reconocieron la necesidad de una legislación para evitar que más personas abortaran en sus casas sin la consulta de una opinión especializada.

La reciente victoria ciudadana del Sí a la descriminalización del aborto en esa nación fue catalogada de histórica por analistas y medios de prensa. En el referendo, el 66,4 por ciento de los votantes apoyó la eliminación de la Octava Enmienda de la Constitución, que equiparaba el derecho a la vida del feto con el de la madre.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, señaló que miles de mujeres de este país viajaban cada año al extranjero para interrumpir sus embarazos. El líder conservador, médico de profesión, también consideró injusto que la legislación contemplara penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la salud que practicaban un aborto al margen de las normas establecidas.

El Ejecutivo, junto a los principales partidos de la oposición, grupos de derechos humanos y la mayoría de los colectivos médicos, pidieron el Sí en el referendo, mientras la Iglesia católica y grupos provida lucharon contra la aprobación de reformas.

Luego de la victoria, la primera ministra británica, Theresa May, felicitó a Irlanda por el respaldo mayoritario de sus ciudadanos al Sí.

Por su parte, el Partido Laborista y un grupo de diputados conservadores insistieron en la necesidad de que Irlanda del Norte siguiera los pasos de sus vecinos del sur y actualizara la legislación en torno a este tema.

La diputada laborista Stella Creasy enfatizó que las restricciones actuales de la ley ofenden también la dignidad de las mujeres, al considerar ilegal por ejemplo, el aborto por violación, y condenarlas por esa causa a una pena de cárcel mayor a la del agresor.

Durante el debate parlamentario, varias diputadas conservadoras se mostraron a favor de la reforma del aborto en Irlanda del Norte y defendieron el derecho de las mujeres a determinar su propio destino.

‘No es aceptable que solucionemos el problema de las mujeres al sur de la frontera y permitamos que siga existiendo al norte’, declaró la nueva líder del partido nacionalista republicano irlandés Sinn Féin, Mary Lou McDonald, al diario Irish Times.

Recientemente, grupos partidarios del aborto organizaron una protesta ante los juzgados de Belfast, ciudad norirlandeses más grande, para pedir la liberalización de la ley.

Durante el acto se repartieron píldoras como muestra de protesta, entre otras manifestaciones, mientras las mujeres clamaron por la derogación de una ley que consideran violatoria de su cuerpo, decisiones y derechos.

Sin embargo, May planteó que es la Asamblea de Irlanda del Norte la que debe debatir y decidir esos asuntos.

Medios locales señalan que la primera ministra depende del apoyo del Partido Democrático Unionistas (DUP) para lograr la mayoría en el Parlamento. Coincidentemente, este grupo político norirlandés se opone a cualquier modificación a la ley del aborto.

McDonald propuso que si el alineamiento en la cuestión del aborto no es posible, las mujeres norirlandesas pudieran entonces usar en el futuro los servicios de salud de la República de Irlanda para la interrupción voluntaria del embarazo.

Varios estudios de la OMS señalan entre las situaciones que suelen propiciar la realización de abortos peligrosos: las leyes y políticas de los países sobre este tema, el costo financiero de acceder a servicios de salud seguros, la disponibilidad de los mismos y de profesionales sanitarios cualificados, así como actitudes sociales negativas en torno al problema.

Asimismo, investigaciones demostraron que restringir el acceso a servicios eficaces de anticoncepción y aborto no reduce esa práctica, por el contrario, surgen consecuencias graves para la salud de las mujeres y las niñas.

Por esta razón, especialistas, investigadores, personal médico y parte de la población mundial insistan en la necesidad de impulsar más iniciativas para promover una educación integral en materia de sexualidad.

La prestación de servicios de aborto legal y sin riesgos es esencial para cumplir el compromiso mundial con el Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo al acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Un derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=191896&SEO=aborto-en-irlanda-del-norte-mi-cuerpo-mi-derecho-mi-decision-fotos
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España: Exigen el fin de los Acuerdos con la Santa Sede que amparan la confesionalidad universitaria

Por: UNI Laica/04-07-2018

Desde UNI Laica exigimos la inmediata anulación (derogación o denuncia) de los Acuerdos con la Santa Sede que obligan a la enseñanza religiosa universitaria, y de toda la normativa derivada en el mismo sentido.

La llegada al gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez como presidente, ha hecho renacer las expectativas sobre la derogación de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, si bien hay quienes prefieren hablar de “revisión”. ¿Cómo afecta esta cuestión a la Universidad?

La Universidad pública española sigue exhibiendo una confesionalidad católica que se manifiesta mediante la existencia de capillas y símbolos religiosos, convocatorias y realización de ceremonias litúrgicas, participación de autoridades académicas en misas u ofrendas a entes sobrenaturales, etc.

Pero lo más grave es que todas las universidades públicas españolas, bien obligadas por los Acuerdos con la Santa Sede, bien utilizándolos como coartada, ofrecen cursos de adoctrinamiento religioso.

Estremece observar que tanto el Grado en Maestro en Educación Infantil como el Grado en Maestro en Educación Primaria incluyen necesariamente la oferta de extensos módulos de enseñanza confesional católica. Las universidades españolas organizan esos módulos, además, para que cumplan el requisito académico que la Iglesia católica exige a los maestros para impartir clases de religión en los centros escolares, es decir, la “Declaración Eclesiástica de Competencia Académica” (DECA). En otras palabras, la universidad pública española prepara adoctrinadores religiosos infantiles, con lo que es cómplice de una intolerable agresión a la libertad de conciencia y al buen desarrollo intelectual y moral de la infancia y la juventud.

Para hacerlo, las universidades se remiten explícitamente a dos Resoluciones de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por las que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros del 14 de diciembre de 2007, en el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil y de Maestro en Educación Primaria. Esas Resoluciones dicen en sus Anexos 4.2: “los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil/Primaria, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo cuarto del Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales”.

Ese nefasto artículo obliga a “La enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”, si bien se concede, con magnanimidad, que “tendrá carácter voluntario para los alumnos”.

A menudo, a las autoridades universitarias esta instrucción religiosa, hoy ofrecida en los grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria, no solo no les escandaliza, sino que debe parecerles insuficiente, ya que ofrecen graciosamente (es decir, no obligadas por los Acuerdos con la Santa Sede) cursos específicos “propios”, adicionales, de 600 horas, para la obtención de la misma DECA. Todo ello es una aberración intelectual, pues la instrucción confesional se opone frontalmente a la exigencia de rigor científico de la universidad. Pero, además, es una perversión ética, al apartarse de la neutralidad en materia de convicciones exigible a la más alta instancia académica. Por último, se trata de una vileza antidemocrática, pues las enseñanzas confesionales en los centros universitarios públicos se oponen a la aconfesionalidad del Estado exigida por la Constitución.

La extrema gravedad de todo lo anterior se refuerza, en algunas universidades públicas, con la adscripción de centros de magisterio de la Iglesia católica y con la creación de cátedras de teología católica que no existían desde el siglo XIX (es decir, que ni con Franco se tuvo esa osadía).

Cuando, desde UNI Laica, nos quejamos de estos hechos a las autoridades académicas, la respuesta es que no pueden hacer otra cosa debido a los Acuerdos con la Santa Sede. Si bien esto es una mera coartada para el caso de los cursos propios, de las cátedras y de los centros adscritos, no parece serlo para las enseñanzas regladas de los grados, de modo que la autonomía universitaria española está gravemente limitada por los intereses de otro Estado, la Santa Sede (es decir, la Iglesia católica). Podemos decir que la universidad pública española se prostituye en virtud de unos Acuerdos que, recordemos, no son sino una actualización del Concordato franquista de 1953, propio del Estado nacional-católico, pero aún vigente.

Por consiguiente, desde UNI Laica exigimos la inmediata anulación (derogación o denuncia) de los Acuerdos con la Santa Sede que obligan a la enseñanza religiosa universitaria, y de toda la normativa derivada en el mismo sentido. Tras ese saneamiento democrático, urge eliminar las asignaturas confesionales de todos los planes de estudios de los Grados en Maestro en Educación Infantil y Primaria, así como suprimir el resto de enseñanzas confesionales ofrecidas por las distintas universidades públicas mediante cursos de DECA, cátedras confesionales, centros eclesiásticos adscritos, etc.

En UNI Laica también consideramos, como es obvio, aberrantes, los apartados de los Acuerdos que favorecen el adoctrinamiento religioso en la escuela, por lo que asimismo deben desaparecer. En realidad, es incompatible con una democracia la totalidad de unos Acuerdos que constriñen el Estado de derecho en beneficio de un Estado teocrático, por lo que la solución no es una mera revisión –como algunos reclaman–, sino la derogación total y definitiva.

Por descontado, lo dicho anteriormente, relativo a la presencia de religión católica en la universidad, es extensible al resto de confesiones religiosas (o, en su caso, de otras creencias o ideologías particulares), de modo que deben anularse cualesquiera acuerdos que posibiliten los correspondientes adoctrinamientos en el ámbito de la enseñanza.

Solo la universidad pública laica es una universidad democrática y digna, al servicio de la inteligencia, de la libertad de conciencia y, en definitiva, de toda la ciudadanía.

*Fuente: http://kaosenlared.net/exigen-el-fin-de-los-acuerdos-con-la-santa-sede-que-amparan-la-confesionalidad-universitaria/

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España: Vuelve Educación para la Ciudadanía

Europa/España/03.07.18/Por Jorge García Domínguez/Fuente: www.libertaddigital.com.

a nueva ministra de Educación del PSOE se acaba de estrenar en el cargo haciendo lo mismo que siempre han hecho todos los nuevos ministros de Educación del partido que fuera, esto es, introducir otro cambio en los contenidos curriculares que deben cursar los alumnos españoles sin tener en cuenta para nada lo que opine o deje de opinar el otro gran partido, que será el llamado a derogar ese enésima reforma para volver a imponer la suya propia en cuanto retorne al poder. Así, frente a la manida retórica rutinaria a cuenta de la necesidad de los grandes consensos en materia tan sensible, el trágala constituye el principio fundamental por la que siempre se rigen PP y PSOE en ese asunto. Y lo que ahora quiere implantar el PSOE, según parece, es un refrito rebautizado de la célebre educación zapateril para la ciudadanía.

La cosa, dicen, se llamará Valores Cívicos y Éticos. Una maría más para que en las aulas se pierda el tiempo rellenando fichas coleccionables sobre asuntos de nalga y entrepierna, que es por donde suelen ir las obsesiones recurrentes de los guionistas de esas materias. Un clásico, las habituales batallitas pedagógicas entre izquierda y derecha, que a muchos despistados les lleva a caer en la falsa creencia de suponer que unos y otros defienden proyectos muy distintos y distantes entre sí en materia educativa. Nada más lejos de la verdad, sin embargo. Porque nadie piense ni por un segundo que el PP ha propugnado jamás algo remotamente parecido a un proyecto conservador en cuestión de instrucción pública. Bien al contrario, los ministros de Educación del Partido Popular han resultado por norma tan ajenos y refractarios a la tradición intelectual conservadora como los socialistas. Exactamente igual.

Y como muestra un botón. Porque, ahora que se va a imprimir en el BOE la enésima bagatela inane para tratar de adoctrinar sobre valores morales a los escolares hispanos, conviene recordar que quien expulsó a patadas a la Filosofía de la enseñanza secundaria fue el Partido Popular, en concreto esa lumbrera que responde por Wert. A la derecha, que no a Monedero o a Màxim Huerta, fue a quien le cupo el honor de poner de patitas en la calle a Platón y a Kant para que su lugar en las aulas y en los manuales escolares los pudiera ocupar la última chorrada experimental emanada de los laboratorios de innovación pedagógica. Por mucho que intenten engañar a sus respectivas clientelas fabricando disensos aparentes, PP y PSOE se parecen como gotas de agua en materia educativa. Porque los dos desprecian con idéntica intensidad aquella máxima docente que el más grande pensador conservador del siglo XX, Oakeshott, sintetizó así: «La idea de Escuela es, en primer lugar, la de una iniciación seria y ordenada en una herencia intelectual, imaginativa, moral y emocional». Frente a eso, el gran sueño escolar del PSOE consiste en fabricar adolescentes eternos en los pupitres de colegios e institutos, cientos de miles de clones vitalicios de Peter Pan. La derecha, menos ambiciosa siempre, se conformaría con producir cientos de miles de espectadores, también vitalicios huelga decir, de Sálvame y El Hormiguero. ¿Kant en los colegios? ¿Para qué?, que diría Lenin.

 

Fuente de la noticia: https://www.libertaddigital.com/opinion/jose-garcia-dominguez/vuelve-educacion-para-la-ciudadania-85491/

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Entrevista: Ana Vernia, “La música es la única materia que puede vertebrar todo el currículum”

Europa/España/03.07.18/Fuente: www.noticiasdenavarra.com.

Empecemos con una pregunta sencilla y tremendamente compleja a la vez que encierra toda la cuestión, ¿por qué es importante incluir la música como asignatura troncal y vertebradora del currículum?

-Importante no, importantísimo. Es la única asignatura que conecta con todas las materias;la única, por lo tanto, que puede vertebrar todo el currículum. Está en contacto con el lenguaje, con la expresión, con la comunicación, con las matemáticas, con la lengua, la literatura, la historia, las ciencias… La acústica tiene que ver con las matemáticas;con la ópera puedes trabajar idiomas… Por ejemplo, hoy en Educación Física se cogen muchos elementos de la pedagogía musical Dalcroze: ejercicios con aros, con pañuelos, la lateralidad, el trabajo de los hemisferios cerebrales. La música lo conecta todo, así que puede atender a las competencias de las que tanto se habla desde que se implantó el modelo Bolonia.

No es la música como divertimento, sino más bien como portadora de numerosos beneficios.

-Aparte de que puede ser un entretenimiento, por supuesto, hay miles de estudios nacionales e internacionales en los que se explica claramente los beneficios de la música. Insisto en que conecta todos los conocimientos. El niño aprende de manera global y la música es la única capaz de vertebrarlo todo.

¿Qué competencias concretas puede aportar la música a una niña o a un niño?

-A un niño le va a llegar de manera mucho más fácil por la parte lúdica que tiene, pero, aparte de eso, le va a proporcionar las competencias lingüísticas a través de las canciones, que pueden cantar en cualquier idioma;la corporeidad;la psicomotricidad;la comunicación o la competencia matemática desde el propio cuerpo.

¿A qué se refiere?

-Pues como decía Dalcroze, caminando a negras, que son intervalos de uno;a corcheas, que es al doble… Puedes estar trabajando quebrados, ecuaciones o fórmulas muy complejas con niños desde la música.

También son competencias a futuro, pensando en los adultos que estos pequeños serán. En su conferencia ha hablado de la mejora de la empleabilidad en un adulto culto, formado, educado.

-Y competitivo, pero dentro de la ética y de la moral. Porque la música también trabaja esto, como el trabajo en equipo. Cuando tú estás tocando en un grupo, te preocupas de que el conjunto suene bien. Con la música, al niño le preparas para que colabore con otros. Además, le aportas creatividad. Y la empleabilidad de las personas que se forman en música es muy alta, ya no solo en el ámbito de la educación y de la gestión cultural, sino en otros como la sanidad, por ejemplo. En España, para mí un referente de la musicoterapia es Patxi del Campo, pero no existen estudios como en otros países. Y eso que los beneficios que la música puede aportar en el campo de la salud son enormes. La empleabilidad del sector de la música es muy amplia y esto es importante para un país.

¿Por qué cuesta tanto sumar voluntades políticas y que las instituciones se den cuenta de que hay que dar más tiempo y espacio a la educación musical?

-Es una cuestión de dinero. Los universitarios ya no son alumnos, son clientes. Entonces, los cuatro créditos de Música en Educación Infantil entra dentro de la competitividad entre materias. Si una asignatura tiene más créditos, dispone de más recursos y demás. Muy pocas personas piensan en los beneficios a los alumnos, en qué estamos enseñando y para qué. ¿Por qué no debatimos sobre lo que estamos ofreciendo y dejamos de debatir sobre si tengo más despachos, recursos, etcétera? Si los propios docentes no nos ponemos de acuerdo en luchar por una educación de calidad… Mira, de los políticos con los que me he reunido, la gran mayoría tiene hijos que estudian música. Por algo será. Cuando en tu ámbito privado pagas para que tus hijos reciban clases, será que el problema no es el dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué ser egoísta y no extender esto a toda la sociedad? Que todas las personas de todas las edades, pero sobre todo en Infantil, puedan acceder a la educación musical debería ser un derecho. En Finlandia ya lo es y está incluido en la Constitución. Lamentablemente, creo que pesa más la cuestión económica que la cuestión ética y de compromiso.

Otros países incluyen la educación musical entre los derechos de los ciudadanos y en España la educación artística en general cada vez tiene menos peso.

-Venimos perdiendo peso desde el remolino de la LOMCE. Pero insisto en que todo depende de las voluntades políticas, porque esta ley dejaba una cierta flexibilidad para que cada comunidad pudiera implementar más o menos horas. Y las comunidades donde existe una sensibilidad hacia estos temas han recortado menos y otras, en cambio, han recortado más. Yo creo que no debería dejarse esto al libre criterio de cada gobierno autonómico, porque todos tenemos derecho a recibir la misma educación.

¿Qué comunidades lo están haciendo especialmente bien en ese sentido?

-Hay dos casos opuestos. La Comunidad de Madrid se cargó casi por completo las escuelas de música, mientras que la Comunidad Valenciana apostó mucho por la música en los proyectos contra el fracaso escolar, por ejemplo. Ahora, eso sí, está cambiando, ya se sabe que cambian los gobiernos y cambian los criterios. Y el País Vasco ha apostado mucho por la educación musical y por la educación artística en general. Bravo por ellos, ojalá caminemos todos en ese sentido y más, porque, aunque han apostado por ello, hace falta mucho más.

Anna Vernia también es crítica con los docentes, sobre todo porque cree que no se puede enseñar música como hace décadas.

-No se puede y no se debe. Esta es una cuestión ética, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, posicionarse. Los propios alumnos deberían reivindicar y pedir un profesorado generalista y un profesorado especialista. Los profesores no pueden saber de todo y menos si solo tienen 4 créditos para música. Yo me defiendo en inglés a nivel de comunicación, pero tengo la responsabilidad ética de decir que no si me ofrecen dar clases de inglés. Hay que tener en cuenta los conflictos cognitivos. Cuando tú enseñas mal a un niño, tiene que desaprender para volver a aprender. Esto está pasando ahora en educación musical con aquellos maestros que, por muy buena voluntad que le pongan, no tienen la formación necesaria.

¿Y los padres, cómo deben implicarse más allá de consultar en innumerables grupos de Whatsapp los deberes que tienen sus hijos?

-La implicación de los padres no está bien entendida. Los padres son padres y se ocupan más de la educación. Y los docentes nos encargamos sobre todo de la formación y también de educación, pero en otro sentido. No hay que cruzar las líneas y hay que dejar que cada cual cumpla con sus responsabilidades y sus competencias. A veces se producen conflictos que siempre afectan al mismo, que es el más vulnerable, al alumno. Los padres deberían tener también la responsabilidad social de luchar por una calidad educativa mejor en todos los ámbitos. Desde exigir una televisión educativa a demandar una sociedad más implicada con la educación.

Hablando de los centros especializados, es una pena lo que ha sucedido en los últimos años con las escuelas de música, ya que muchas han desaparecido a causa de la crisis, a pesar del rol social tan importante que cumplen en los municipios.

-Las escuelas de música juegan un papel fundamental. Algunas tienen unas miras muy altas y tratan de medirse con los conservatorios y programar como estos, cuando en realidad su importancia radica en que tienen una función social. Los conservatorios son para profesionalizar y las escuelas deben atender a la sociedad, formar a los más pequeños, a los adultos, a las personas mayores. Tienen un rol mucho más importante que los conservatorios y una responsabilidad civil y por eso creo que los ayuntamientos deben apoyarlas mucho más.

Y en cuanto a los conservatorios, ¿es necesario que todas las comunidades impartan el Grado Superior?

-Sí, eso es bueno en la misma medida que todas las comunidades tienen universidades. Ahora bien, quizá hay que revisar cómo están planteados ahora. Volvemos otra vez a hablar de voluntades y de intereses políticos. Algunos conservatorios demandan su adscripción a las universidades, otros, que sean estas las que les absorban, otros piden convertirse en universidades de las artes… En cualquier caso, son necesarios, es una titulación superior, pero hay que adaptarlos al marco europeo, porque a día de hoy no es real.

No están ofreciendo másteres, por ejemplo, y en parte porque no hay personas preparadas para impartirlos.

-Claro, es que para impartir los másteres hacen falta doctores. Ahora hay un movimiento en los conservatorios superiores en ese sentido, lo cual está muy bien, pero a día de hoy lo de impartir másteres es competencia de las universidades. Así que no somos superiores a todos los efectos. Hace falta un cambio.

Su especialidad es la educación musical para adultos, ¿qué puede aportarnos la educación musical en nuestra vida diaria?

-Todo (ríe). En mi tesis vi que en educación musical los adultos no tenían un itinerario propio para ellos. Tenían que estudiar con los niños, lo cual no tiene mucho sentido porque la diferencia que hay entre ambos perfiles es grande. Pero es que, además, la forma de aprender es distinta, los adultos tienen un bagaje cognitivo y no los puedes poner con alumnos de 8 años. Y los motivos para estudiar música son de todo tipo: la asignatura pendiente de haber estudiado música, desconectar de la familia, del trabajo, de la rutina, los beneficios de la música a nivel cerebral… Por eso deben tener un itinerario propio.

“La mayoría de los políticos con los que me he reunido tiene hijos que estudian música;por algo será”

“Cuando enseñas mal a un niño tiene que desaprender para volver a aprender;es un conflicto cognitivo”

EN CORTO

Internacional. La SEM-EE es una sociedad sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es estimular la educación musical como parte integral de la educación general, atendiendo de forma específica a las necesidades y los intereses de músicos y profesores del Estado español y sirviendo como enlace para contactar con entidades de otros países y con el Internacional Society for Music Education (ISME). Más información enwww.sem-ee.com.

Fuente de la entrevista: http://www.noticiasdenavarra.com/2018/07/01/ocio-y-cultura/cultura/la-musica-es-la-unica-materia-que-puede-vertebrar-todo-el-curriculum

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La libertad, el respeto y la educación

Por Daniel Mcevoy 

Los que tienen la amabilidad, y la paciencia, de leer esta sección de los viernes en el diario INFORMACIÓN sabrán que se sostiene en dos hilos conductores: la literatura y la crítica política y social. Siempre, por descontado, desde una perspectiva constructiva, e intentando ejercerla dentro de unos parámetros del máximo respeto personal hacia los personajes públicos a los que, en ocasiones, aludo en mis artículos. Por eso quiero comenzar advirtiendo que esta semana les voy a ofrecer menos literatura y menos crítica que en otras ocasiones pero, quizás, más reflexión.

En cualquier caso, para no perder la costumbre de realizar una referencia literaria, sí me gustaría citar a cinco escritores: Federico García Lorca, Oscar Wilde, Walt Whitman, Virginia Woolf y James Baldwin. Como ven, cinco autores que no tienen, aparentemente, nada en común, salvo su innegable talento: diferentes nacionalidades, épocas diversas, géneros contrapuestos. Una sola circunstancia personal les es común: su homosexualidad.

Muchos de ustedes argumentarán, y no estarán en absoluto exentos de razón, que el hecho de que fueran homosexuales es totalmente irrelevante a la hora de juzgar su producción literaria, y que ese hecho se circunscribe a sus respectivas vidas privadas y no debería ser siquiera mencionado. Yo no puedo sino compartir ese argumento. Pero debemos tener en cuenta que los cinco autores mencionados, a lo largo de sus vidas, sufrieron no sólo la incomprensión de su sociedad, sino también, como en el caso de Oscar Wilde, la persecución y la cárcel sólo por sus inclinaciones sexuales.

Se podría pensar que las actitudes que tuvo que padecer Oscar Wilde eran fruto de la sociedad victoriana, en la que le tocó vivir, y que hoy están felizmente superadas. La cuestión, sin embargo, es que no lo están. Si miramos un mapamundi, aún podemos comprobar que la lista de países en los que la homosexualidad está perseguida, e incluso penada con la cárcel, y hasta con la pena de muerte, es mayor que la de aquellos que cuentan con una legislación que, al menos de iure, promueve la igualdad entre las personas, con independencia de su orientación sexual.

Por fortuna, en España contamos con una de las legislaciones más avanzadas en materia de igualdad en ese campo. De hecho, el tres de julio de 2005, nos convertimos en el tercer país del mundo que promulgó una ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. En aquel momento, la medida no estuvo exenta de polémica. Hubo incluso quien, para oponerse a esta norma, arguyó que el Diccionario de la Real Academia definía el matrimonio como la «Unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses».

En la actualidad, ya nadie en su sano juicio es capaz de oponerse al derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo. De hecho, ahora ni el argumento del Diccionario de la RAE es válido, puesto que, en el año 2012, se añadió una segunda acepción al término matrimonio, aceptando también la de «En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses».

En este contexto, muchos argumentan que si tenemos un corpus legislativo de los más avanzados del mundo en materia de igualdad y de derechos de la comunidad LGTBI, por qué se hace necesario que existan determinadas fechas, como la de ayer mismo, Día Internacional LGTBI, en las que se llame la atención sobre la necesidad de salvaguardar los derechos de este colectivo.

La respuesta es bien sencilla. Aunque la legislación haya equiparado los derechos de todas las personas, esa igualdad de facto aún no se ha logrado. Ni en el caso de este colectivo ni, por desgracia, en muchos otros aspectos de nuestra sociedad, como en el de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en el de muchos colectivos de personas con diversidad funcional, o en el de determinadas minorías étnicas.

En muchas ocasiones, tendemos a hablar del progreso de un país en términos meramente de su producto interior bruto o de sus variables macroeconómicas. No digo que esas cuestiones no sean importantes, pero creo que la grandeza de un país se debería medir también por la igualdad en el trato a todos sus ciudadanos y por el cuidado que preste a sus colectivos más desfavorecidos o a los que cuenten con un rechazo social fruto de actitudes anacrónicas.

En el caso de la igualdad de todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, yo me siento feliz de los avances conseguidos en nuestro país y en nuestra ciudad. Los actos organizados ayer por el Ayuntamiento para la conmemoración del Día Internacional LGTBI en Elche, son una muestra de los pasos que se están tomando en esa dirección.

Llegará un día en el que no hará falta la celebración del día internacional de ningún colectivo. Ese día significará que habremos conseguido una sociedad realmente justa y ecuánime para todos. Para que llegue ese día hay tres valores que todos debemos cultivar con especial ahínco: la libertad, el respeto y la educación.

Fuente del artículo: https://www.diarioinformacion.com/opinion/2018/06/29/libertad-respeto-educacion/2037813.html
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Ireland: Government accused of misleading parents over schools’ success

Europe/Ireland/03.07.18/Source: www.theguardian.com.

Former DfE statistician says often-cited boast of progress relies on ‘flawed’ figures

A former statistician at the Department for Education (DfE) has accused the government of misleading parents over school improvement by using a “flawed” figure to claim progress.

Jon Andrews, who worked in the department for 13 years, said the government’s favourite claim that “1.9 million more children are in good or outstanding schools than there were in 2010” misrepresents the level of improvement in school standards.

The statistic is used habitually by the government as a way of illustrating the success of the Conservatives’ education policies since they came to power in 2010. It is documented at least 40 times in Hansard – used by two prime ministers, four secretaries of state and numerous ministers – and is cited repeatedly by the DfE press office.

“It is easy to see why it is used,” said Andrews. “It’s snappy, it’s easy for non-specialists to understand, it’s factually accurate and, the ultimate for lines to take, it’s an impressively big number.

“The problem is that it fails an important test of any statistic – it does not show the user what the producer believes it shows.

“In this case, it does not adequately demonstrate that standards in schools have improved since 2010, at least not to the extent that a quarter of all pupils are in significantly better schools because of any policy intervention.”

Andrews, writing in an EPI research paper, said one of the problems with the statistic is it does not reflect the significant growth in pupil numbers of 560,000 between 2010 and 2017.

It also fails to take into account the large numbers of schools not inspected by Ofsted for many years – 124,000 pupils are in schools that have not been inspected for 10 years – and the possible impact of a new Ofsted grading system, he said.

When asked for a response, the DfE said: “The facts are clear – the vast majority of pupils are in good or outstanding schools across the country, 1.9 million more than in 2010, and an increase from 66% to 86% over that time.

“Academic standards continue to rise, with more pupils reaching the expected standard in maths at the end of primary school and 154,000 more six-year-olds on track to become fluent readers since the phonics check was introduced in 2012.”

Source of the notice: https://www.theguardian.com/education/2018/jul/02/government-accused-of-misleading-parents-over-schools-success

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