Situada en el noreste de la isla, esta última es uno de los cuatro territorios constitutivos de Reino Unido, pero a diferencia de Inglaterra, Gales y Escocia, sus leyes prohíben la interrupción voluntaria del embarazo.
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Desde 1967, con la Ley del Aborto se legalizó en estas provincias constituyentes la intervención quirúrgica hasta las 24 semanas de gestación, sin embargo los norirlandeses actualmente cuentan con una de las normativas más restrictivas sobre este tema.
Por un lado la Ley de Ofensas contra las Personas de 1861 impide a una mujer provocarse un aborto, y por otro, la Ley de Protección Infantil de 1945 solamente autoriza la interrupción del embarazo en situaciones de grave peligro para la vida de la madre.
La legislación no incluye la posibilidad de interrupción en casos de violación, incesto o malformación del feto, por el contrario, contempla cadena perpetua para las que realicen esa práctica considerada ilegal.
Especialistas aseguran que cada año cientos de esas mujeres viajan a otras partes del Reino Unido para interrumpir sus embarazos en clínicas, en tanto otras consumen píldoras abortivas compradas a través de Internet.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda abortos seguros y legales disponibles para todas las mujeres, pues aquellos realizados por personas no calificadas, con equipo peligroso o en instalaciones insalubres causan 47 mil muertes y cinco millones de ingresos hospitalarios cada año en el orbe.
En la República de Irlanda, por ejemplo, las autoridades reconocieron la necesidad de una legislación para evitar que más personas abortaran en sus casas sin la consulta de una opinión especializada.
La reciente victoria ciudadana del Sí a la descriminalización del aborto en esa nación fue catalogada de histórica por analistas y medios de prensa. En el referendo, el 66,4 por ciento de los votantes apoyó la eliminación de la Octava Enmienda de la Constitución, que equiparaba el derecho a la vida del feto con el de la madre.
El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, señaló que miles de mujeres de este país viajaban cada año al extranjero para interrumpir sus embarazos. El líder conservador, médico de profesión, también consideró injusto que la legislación contemplara penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la salud que practicaban un aborto al margen de las normas establecidas.
El Ejecutivo, junto a los principales partidos de la oposición, grupos de derechos humanos y la mayoría de los colectivos médicos, pidieron el Sí en el referendo, mientras la Iglesia católica y grupos provida lucharon contra la aprobación de reformas.
Luego de la victoria, la primera ministra británica, Theresa May, felicitó a Irlanda por el respaldo mayoritario de sus ciudadanos al Sí.
Por su parte, el Partido Laborista y un grupo de diputados conservadores insistieron en la necesidad de que Irlanda del Norte siguiera los pasos de sus vecinos del sur y actualizara la legislación en torno a este tema.
La diputada laborista Stella Creasy enfatizó que las restricciones actuales de la ley ofenden también la dignidad de las mujeres, al considerar ilegal por ejemplo, el aborto por violación, y condenarlas por esa causa a una pena de cárcel mayor a la del agresor.
Durante el debate parlamentario, varias diputadas conservadoras se mostraron a favor de la reforma del aborto en Irlanda del Norte y defendieron el derecho de las mujeres a determinar su propio destino.
‘No es aceptable que solucionemos el problema de las mujeres al sur de la frontera y permitamos que siga existiendo al norte’, declaró la nueva líder del partido nacionalista republicano irlandés Sinn Féin, Mary Lou McDonald, al diario Irish Times.
Recientemente, grupos partidarios del aborto organizaron una protesta ante los juzgados de Belfast, ciudad norirlandeses más grande, para pedir la liberalización de la ley.
Durante el acto se repartieron píldoras como muestra de protesta, entre otras manifestaciones, mientras las mujeres clamaron por la derogación de una ley que consideran violatoria de su cuerpo, decisiones y derechos.
Sin embargo, May planteó que es la Asamblea de Irlanda del Norte la que debe debatir y decidir esos asuntos.
Medios locales señalan que la primera ministra depende del apoyo del Partido Democrático Unionistas (DUP) para lograr la mayoría en el Parlamento. Coincidentemente, este grupo político norirlandés se opone a cualquier modificación a la ley del aborto.
McDonald propuso que si el alineamiento en la cuestión del aborto no es posible, las mujeres norirlandesas pudieran entonces usar en el futuro los servicios de salud de la República de Irlanda para la interrupción voluntaria del embarazo.
Varios estudios de la OMS señalan entre las situaciones que suelen propiciar la realización de abortos peligrosos: las leyes y políticas de los países sobre este tema, el costo financiero de acceder a servicios de salud seguros, la disponibilidad de los mismos y de profesionales sanitarios cualificados, así como actitudes sociales negativas en torno al problema.
Asimismo, investigaciones demostraron que restringir el acceso a servicios eficaces de anticoncepción y aborto no reduce esa práctica, por el contrario, surgen consecuencias graves para la salud de las mujeres y las niñas.
Por esta razón, especialistas, investigadores, personal médico y parte de la población mundial insistan en la necesidad de impulsar más iniciativas para promover una educación integral en materia de sexualidad.
La prestación de servicios de aborto legal y sin riesgos es esencial para cumplir el compromiso mundial con el Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo al acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Un derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida.
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