Europa

Remplazo deteriorado. Como es natural en cada año, muchos profesores llegan al periodo de servicio necesario para emprender su retirada. Con 30 años de antigüedad o más, muchos docentes se mantenían en la disyuntiva de seguir trabajando en las aulas o consolidar su jubilación. La Ley del Servicio Profesional Docente aceleró este proceso, ante las primeras aplicaciones de una evaluación ríspida, obligada y acordonada por elementos de seguridad. El efecto ha sido nocivo en las finanzas públicas, ya que también se amplió la demanda por el pago de pensión alimenticia. Además de acelerar la jubilación, la nueva política ha debilitado la preferencia por estudiar una carrera docente en las escuelas normales. De modo que el remplazo intergeneracional de maestros queda supeditado al ritmo convencional de la matrícula en instituciones de nivel superior.

Preparación negada. Las normales se tomaron en cuenta sólo para legitimar la reforma educativa. Los foros de consulta fueron una pantalla que sirvió para presumir la participación de miles de maestros con propuestas para mejorar la formación docente. Dichos trabajos, acumulados en relatorías por regiones, no se consideraron y, peor aún, sirvieron para ventilar los problemas de estas instituciones formadoras de profesores, sin atender las necesidades reclamadas. Ahí se dibujó el primer atisbo de una política magisterial incompleta y desvinculada.

Meritocracia demeritada. La evaluación docente presume estar fundamentada en una lógica meritocrática, pero se distancia mucho de ella. Estos términos de competencias laborales, capacitación o entrenamiento vienen del mercado laboral, donde existen mecanismos de correspondencia. En la industria, la cadena de suministro eslabona todos los pasos de un proceso que empieza desde el emprendimiento de la idea hasta la prestación de un servicio, o la llegada de un producto al cliente final. Esta lógica implica la participación y capacitación de recursos humanos en diferentes áreas. Antes de amenazar con el despido, la industria invierte en capacitación de sus cuadros. Y de la calidad del entrenamiento que ofrece dependen sus productos o servicios. En el sector educativo, las normales tendrían que ser fortalecidas para generar cuadros de nueva generación. Sin embargo, se percibe que la política de formación carece de esta noción de competencia laboral.

Actualización olvidada. Una vez que se postergó y perjudicó la formación inicial de maestros, se transfiere la responsabilidad hacia la formación continua. Se intentó emular la estrategia de peer coaching en educación, que pretendía seguir esta noción de aprendizaje entre pares, o acompañamiento de profesores noveles, o de actualización dentro de una escuela. Más o menos tenían claro el qué, pero se les olvidó el cómo. Entonces, muchos profesores prelados debieron tener asesoría de integración a las escuelas asignadas, realizada por un profesor de más de cinco años de antigüedad, al que no se otorgó ni un programa a seguir y se le prometieron recursos que jamás llegaron. Por si fuera poca la deuda, este intento de autonomía de gestión, envuelto en guías mensuales de consejo técnico, no ha rendido los frutos posibles, salvo en algunas escuelas que ya venían marcando una trayectoria de calidad educativa antes de la reforma.

Oposición al examen. La principal bandera del nuevo modelo educativo es aprender a aprender. No hay que memorizar, más bien hay que tratar de entender. Sin embargo, el examen de ingreso al servicio profesional docente es una prueba estandarizada que no permite observar el desempeño académico del aspirante. Si se realizara una valoración de habilidades docentes, de inicio los egresados normalistas tendrían los mejores resultados, porque para eso están preparados. No obstante, el examen de ingreso pone en los primeros lugares de la lista de prelacióna quienes saben contestar exámenes de opción múltiple, y no necesariamente a quienes serán mejores profesores. Además, estos maestros noveles tendrían oportunidad de participar en los procesos de tutoría, pero que, como han señalado los estudios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, tienen efectividad de 50 por ciento.

Esta política está degenerando la profesión docente. Más que mejorar los procesos de enseñanza, se está empeñando el interés superior de la niñez. Más que ayudar, la política se ha opuesto al desarrollo de los profesores. Con esta tendencia, cada día se complica más la situación; se agotan el tiempo y los recursos para resolver los defectos y los procesos inviables. Cada vez es más incierto el escenario educativo. A pesar de estar en los últimos lugares de pruebas internacionales, todavía podemos estar peor.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/02/opinion/018a1pol