Interés general

17 de noviembre de 2016/Fuente: bbc.com

Santiago Corcuera es una especie de equilibrista.

Este abogado mexicano de 56 años es desde el mes pasado el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU.

Y apenas se supo de su nombramiento las suposiciones sobre qué significa su nueva responsabilidad, dada la crisis de desaparecidos que enfrenta un país con casi 30.000 personas en paradero desconocido, no se hicieron esperar.

Por su cargo hay muchas cosas que no puede decir en referencia a México y otras tantas que sólo las comenta, se encarga de aclarar, a título personal. Y en una entrevista con BBC Mundo, explica por qué es importante precisar ciertos puntos.

Las expectativas generadas porque haya un mexicano en la presidencia del comité, asegura, son «absolutamente erróneas» y apunta que no es que la ONU haya querido destacar la situación de México con su nombramiento. «Absolutamente no», repite tres veces.

«Cualquier expectativa o psicoanálisis», explica, «que haya querido hacer cualquier persona de que es una señal o un mensaje al gobierno diríamos pamplinas, son pamplinas».

Es práctica corriente en los comités de Naciones Unidas que cuando se va a tratar la situación de un país determinado, el nacional de ese país se abstiene de participar. No es parte siquiera de las deliberaciones, abandona la sala, no puede conocer los documentos privados y se entera al mismo tiempo que la prensa de lo resuelto o discutido por el comité.

Es así que, en su cargo, Corcuera no puede hablar sobre la situación de desaparecidos «haciendo eco de las posiciones del comité», pero sí puede hacerlo como abogado mexicano. Y es allí donde empieza el equilibrio que debe hacer.

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«Tender puentes»

El comité que preside nació como consecuencia de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en vigor desde diciembre de 2010, que al ser un tratado relativamente joven, 96 países lo firmaron, 53 son parte y 32 lo han ratificado.

El artículo 2 de la convención define la desaparición forzada de la siguiente manera:

«El arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con su autorización, apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley».

De los 53 países que conforman el tratado, apenas 20 han realizado las declaraciones necesarias para que el comité tenga la competencia «para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención».

Al no ser México uno de ellos, el país no acepta que particulares, luego de agotar las instancias de jurisdicción nacional, presenten casos ante el comité. De hecho, es tan inusual que ocurra esto que solamente una vez este órgano atendió una situación así.

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Entonces, explica Corcuera, lo que puede hacer el comité es «tender puentes de comunicación con los Estados» y aclara que no están dedicados a buscar desaparecidos.

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Consultado sobre si la situación mexicana es la más grave en el mundo en cuanto a desapariciones, evita ir al grano: «De acuerdo con el más reciente informe, los países que más acciones urgentes han recibido son Irak y México». El pedido está contemplado en el artículo 30 de la convención que determina que el comité podrá examinar «de manera urgente» una petición «a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida».

La labor del comité, explica, es «formularle al país observaciones y recomendaciones para la adecuada implementación de la convención (…) si se llevaran a la práctica, se solucionarían los problemas».

Existe cierto escepticismo sobre la efectividad de un comité de este tipo a la hora de lidiar con una situación de la magnitud de la mexicana, pero Corcuera se defiende.

«La culpa no tiene la comunidad internacional, la tiene el gobierno de aquel país que no adopta las medidas por falta de voluntad«, afirma.

Para explicarlo utiliza una metáfora médica y dice que como quien va al doctor y se le formula un diagnóstico, se habla con el paciente y se emite una receta que, en este caso, serían las recomendaciones.

«Lo que se espera con el paciente», señala Corcuera sin referirse de forma específica a México, «es que no se enoje con el doctor que le está formulando la receta y la recomendación sobre qué medidas debe adoptar para el mejoramiento de su salud».

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En febrero de 2015 el comité recibió a una delegación del gobierno mexicano y emitió una serie de recomendaciones. En ese entonces la ONU señaló que en México la desaparición de personas «es un fenómeno generalizado que ocurre en gran parte del territorio, y en muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos».

«Es urgente», añadió, «que las autoridades lleven a cabo acciones para resolver dicho problema, entre ellas, crear una unidad especial de búsqueda y un registro único de víctimas a escala nacional».

Las autoridades mexicanas señalaron en ese entonces que las observaciones de Naciones Unidas «no reflejan adecuadamente la información presentada» por el gobierno y que hubo «algunas inexactitudes en el reporte que realizó el comité».

• Vea las observaciones del comité al informe de México en este documento de Naciones Unidas

Poco ha cambiado desde entonces. El país, pese a la crisis, todavía debate una Ley General de Desaparición Forzada.

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Falta de sensibilidad y empatía

Corcuera entra ahora en una fase de la entrevista en la que aclara que habla a título personal, como mexicano. Más suelto, se refiere a la falta de voluntad para enfrentar la situación de desapariciones en el país y de cómo parte de la sociedad carece de la empatía necesaria.

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Cuenta que en una conferencia dijo la frase «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», que se ha convertido en lema de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014, y que una persona le reclamó diciendo que eso era un cliché.

«¿Cómo que ‘cliché’, ¿te parece? Tú le dices eso a una madre de un desaparecido y te insulta, eso no es un cliché es una realidad, habla con una hermana, con una esposa, de una persona desaparecida y ella qué grita desde el fondo de su corazón, vivo se lo llevaron, vivo lo quiero».

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Por la magnitud del fenómeno de desapariciones que enfrenta México, admite que «todos hemos perdido algo de sensibilidad».

Cuando el gobierno mexicano dio su «verdad histórica» sobre lo ocurrido con los estudiantes, Corcuera recuerda que llegó a dar clases a la Universidad Iberoamericana y les contó a sus alumnos que no había podido dormir bien y que tenía un nudo en la garganta.

Y les dijo: «Sé que lo tengo que trabajar, esta sensación de angustia que tengo, pero si ustedes no sienten nada, ustedes están muchísimos más enfermos que yo, los que tendrían que ir al terapeuta serían ustedes».

«Si creen que una situación como esa no les provoca ni siquiera inquietud», continuó, «es que viven una realidad completamente ajena y que viven afuera de la realidad, y vivir fuera de la realidad es una enfermedad».

«Nos falta a todos», sentencia, «una educación en derechos humanos».

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Imagen: ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/37E1/production/_92250341_gettyimages-144143066.jpg