El presidente de la Unión Americana, Donald Trump, ha sugerido que las escuelas en USA deberían reabrir primero, pero, ¿cómo planea hacerlo?
A través de la ya conocida conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el estatus del coronavirus en la Unión Americana, el presidente de la nación, Donald Trump, sugirió a los gobernadores de los distintos estados que planean reactivar la economía pronto que, las escuelas deberían de ser lo primero en reabrir, aún cuando ya sólo quedan pocas semanas de clases para concluir el curso escolar.
La razón por la que el mandatario de Estados Unidos ha decidido lanzar dicha sugerencia es porque, de acuerdo a éste, los jóvenes son menos vulnerables en contraer el coronavirus debido a sus altas defensas, por lo que el presidente cree que no habría problema con reactivar las clases aunque sean tan sólo unas semanas. Ante estas declaraciones, las instituciones se han proclamado en contra, pues señalan que aún no es el momento indicado para volver a clases.
¿Cómo planea Trump que abran las escuelas?
Aunque el presidente de la nación no dio detalles sobre cómo planea que abran las escuelas ya que esto es decisión de los gobernadores de cada estado, Trump señaló que la apertura de las instituciones educativas públicas deberían ser consideradas dentro de la primera fase en todos los estados que busquen comenzar a reabrir.
“Puede que algunos de ustedes empiecen a pensar en la apertura de escuelas, porque mucha gente va a querer la apertura de escuelas. No es un tema importante, los niños pequeños se han arreglado muy bien en este desastre por el que hemos pasado todos”, continuó Trump, “Pero creo que verán abrir muchas escuelas; a los jóvenes parece que les va muy bien”; expresó el mandatario.
Consecuencias de abrir las escuelas antes de tiempo
Aunque Donald Trump señaló que los jóvenes son menos vulnerables enfermarse gravemente al adquirir coronavirus, lo cierto es que, al tratarse de lugares conglomerados, el virus puede esparcirse rápidamente y aunque no afecte tanto a los estudiantes, éstos se convertirían en portadores, contagiando así a sus familiares y con ellos desatando nuevamente una gran ola de contagios en el país.
Se acordó que la población vulnerable serán los mayores de 65 años y los que tengan enfermedades previas.
El regreso a las clases presenciales es inminente y sobre eso hablará este jueves el presidente Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa. Mientras se esperan los anuncios, las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay firmaron este martes el protocolo de protección a los funcionarios de la ANEP en el marco de la propagación de covid-19, que había quedado preacordado la semana pasada.
El detalle por el que la CSEU pidió un cuarto intermedio era para discutir en sus bases a partir de qué edad se es población de riesgo, ya que en un primer momento se consideraba que era 60 años y luego la ANEP decidió elevarlo a los 65 años para alinearse con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), y eso fue lo que finalmente acordaron.
En el protocolo sólo se establecen condiciones de trabajo relacionadas a la salud, por lo que los detalles de cómo y cuándo vuelven los niños está todavía en manos del gobierno nacional en consulta con los asesores.
El protocolo indica que además de los mayores de 65 años, los funcionarios y los docentes que tengan comorbilidades dentro de la lista que elaboró el MSP entrarán en la categoría de población vulnerable, por lo que no deberán comenzar a trabajar de inmediato.
Los hisopados nasofaríngeos para comprobar la presencia de covid-19 se harán a los funcionarios docentes, de gestión y servicios que presenten síntomas o que hayan estado en contacto con personas diagnosticadas. En este punto se aclara que la ANEP facilitará la información, pero será la Administración de los Servicios de Salud del Estado la que se encargue de la gestión y realización de las pruebas.
En caso de que aparezcan síntomas, los funcionarios deben quedarse en su casa y consultar a su médico. Si se confirma la enfermedad, aquellos que hayan tenido un relacionamiento estrecho con el paciente deberán entrar en cuarentena y hacerse la prueba una semana después o cuando aparezcan síntomas, mientras que los que mantuvieron un relacionamiento casual deberán seguir trabajando y monitoreando sus síntomas, según lo indicado por el MSP.
El protocolo de la ANEP establece que para evitar aglomeraciones los centros deberán “considerar el uso escalonado de horarios, horas de descanso, usos de espacios comunes como comedores, vestuarios, respetando la distancia de 2 metros”. Además, los centros deberán “mantener e incrementar las medidas de limpieza y desinfección” de los locales, mantener la ventilación e incorporar una alfombra sanitaria.
Sobre la distancia entre las personas, los representantes sindicales y las autoridades concuerdan en la complejidad de llevarla a cabo. En el protocolo señalan que “las tareas y procesos laborales deben planificarse para mantener una distancia aconsejada”.
La preocupación por la salud mental también quedó de manifiesto en el protocolo, donde se acordó que los servicios de la ANEP especializados en esas áreas harán “un plan dirigido a funcionarios docentes y no docentes, desarrollando acciones que permitan apoyar a los que se reintegran, así como a aquellos que a la fecha desempeñan funciones a través de la virtualidad”.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha denunciado este viernes que el aumento de bombardeos en el este de Ucrania ha causado «numerosas» víctimas infantiles, una situación exacerbada por la limitación de movimientos para niños y familias debido a la pandemia de la COVID-19.
A juicio del organismo, que también ha puesto el foco en los daños que estos ataques causan a las escuelas de la región, la vida se ha vuelto «aún más insoportable» para los aproximadamente 430.000 niños afectados por el conflicto en Ucrania, que dura ya seis años.
Desde comienzos de este año se han producido diez muertes infantiles relacionadas con el conflicto, el doble que el año pasado en el mismo periodo, ha precisado el organismo. Seis de los incidentes se produjeron solo en la primera semana de mayo.
En concreto, UNICEF ha revelado que seis niños resultaron heridos en sus casas tras los bombardeos contra sus pueblos durante la primera semana de este mes. Además, en uno de esos bombardeos, tres niñas resultaron «gravemente» heridas: dos hermanas, de siete y diez años, y una amiga, también de siete.
«Llegué a casa y encontré a mis dos niñitas y a su amiga en el baño cubiertas de sangre», ha relatado el padre de las niñas, Oleksander, a los trabajadores humanitarios. «Tenían tanto miedo que se metieron en el baño para esperar a que las encontraran», ha agregado.
En cuanto a las escuelas, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha especificado que se han registrado nueve ataques contra las mismas desde que comenzó 2020, cinco de ellos en abril. Durante uno de los ataques, una niña de 17 años resultó herida por metralla mientras estaba en el patio de la escuela.
«Todo ello ocurre a pesar de que en noviembre de 2019 Ucrania se convirtió en el país número 100 en firmar la Declaración de Escuelas Seguras, comprometiéndose a proteger las escuelas durante el conflicto», ha criticado el organismo.
ALTO EL FUEGO
La directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central, Afshan Khan, ha descrito como «inadmisible» que los niños y las familias del este de Ucrania «tengan que lidiar no sólo con las estrictas medidas de confinamiento, sino también con la constante amenaza de que sus casas puedan sufrir algún ataque».
«Después de más de seis años de un conflicto letal, los niños y sus familias necesitan urgentemente la paz», ha añadido, instando «a todas las partes» a que se comprometan a un alto el fuego. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ya pidió un alto el fuego global para concentrar todos los esfuerzos en responder a la crisis de la COVID-19.
En Ucrania, las familias, incluidas las que están en zonas afectadas por el conflicto, están confinadas desde finales de marzo. Hasta el momento, en el país hay 19.000 casos confirmados de coronavirus.
En este contexto, y debido a la pandemia, el año escolar terminará a distancia. Esto deja a muchos niños que viven cerca de la llamada ‘línea de contacto’ –donde la violencia es más intensa– sin una manera real de continuar su educación, debido a la limitada conexión de internet y a la falta de acceso al equipamiento necesario.
Además, el trauma emocional causado por la restricción de movimientos, el cierre de escuelas y el aislamiento intensificará los ya altos niveles de estrés que sufren estos niños, ha precisado UNICEF, cuyo trabajo en esta zona se ha ampliado debido a la crisis del coronavirus.
Así, UNICEF entregó suministros médicos, de protección y de higiene a 19 hospitales del este de Ucrania, además de proporcionar a niños, jóvenes y cuidadores apoyo psicosocial, asesoramiento sobre los efectos de la violencia y formación sobre el riesgo de minas. También ayuda a reparar las escuelas y jardines de infancia dañados y colabora con el Ministerio de Educación y Ciencia para proporcionar educación a distancia.
Por ello, el organismo ha pedido 23 millones de dólares (casi 21 millones de euros) para dar respuesta a la crisis del coronavirus en Ucrania. Este montante se une al llamamiento humanitario anterior de 9,8 millones de dólares (casi 9 millones de euros) para dar apoyo a los niños y familias afectados por el conflicto en el este del país. Hasta el momento, sólo se han recibido el 27 por ciento de los fondos.
Cuatro mujeres se convierten en expertas en energía solar y alumbran la vida de su pueblo en el sudoeste de Madagascar gracias a un programa de formación internacional.
Parece inverosímil que una persona analfabeta pueda dominar los intríngulis de la energía solar. Sin embargo, son muchas las ingenieras iletradas que iluminan y mejoran la vida de sus comunidades. Marie Tsimadiro tiene 47 años, nueve hijos y 12 nietos. No sabe leer ni escribir y ha dedicado toda su vida a cultivar el campo para el sustento de su familia. Pero, ahora, esta abuela malgache compagina la azada con la reparación e instalación de paneles y lámparas solares en Ranomay, una comunidad rural remota de 670 habitantes en la región de Atsimo-Andrefana, en el sudoeste de Madagascar.
Marie junto a Marinasy, Tsiampoizy y Modestine, abuelas las dos primeras y madres las dos segundas, fueron elegidas por sus vecinos para emprender una aventura intercontinental que cambiaría la vida cotidiana de su comunidad. En septiembre de 2018, las cuatro mujeres que apenas se habían alejado 10 kilómetros de Ranomay, viajaron 6.000 hasta Tilonia, en India. Allí asistieron durante seis meses a la formación sobre energía solar fotovoltaica que imparte la Universidad Pies Descalzos (Barefoot College), fundada por el activista social Bunker Roy. “Mi familia al principio se opuso, decían que los aldeanos nunca habíamos estado fuera, que yo no sabía hablar ni inglés ni francés. Fue mi madre la que les convenció diciéndoles que se mirasen a ellos mismos, que por no salir no habían progresado y que yo debía ir para traer el desarrollo”, dice muy seria Tsiampoizy, la más joven de todas.
El programa Mamás Solares, iniciado en 2008, tiene como objetivo formar en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas solares a madres y abuelas iletradas para iluminar de forma sostenible las áreas remotas e inaccesibles de las que provienen. Deben tener entre 35 y 50 años, no estar embarazadas o en periodo de lactancia y contar con la aprobación familiar. Puesto que la gran mayoría nunca fue a la escuela, el método de enseñanza se basa en el lenguaje cromático: “No conocíamos su idioma, pero aprendimos las palabras importantes, nos enseñaron los colores para distinguir los materiales y así nos comunicábamos”, relata Marie.
Según un estudio realizado en 2015 por la Agencia de Desarrollo y Electrificación del Medio Rural (ADER), el 84% de la población de Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, no tiene acceso a electricidad. La tasa de accesibilidad en el medio rural no supera el 6%. Para hacer frente a esta pobreza energética y promover las energías renovables, Barefoot College Madagascar se asoció con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en 2012 y, juntos, implementaron el proyecto Mamas Solares en la cuarta isla más grande del mundo. Hoy, con ayuda del Ministerio de Agua, Energía e Hidrocarburos del país, el binomio ha formado a casi 40 mujeres, dado luz a más de 2.000 hogares y puesto en marcha doce centros de formación. La presidenta de Barefoot College Madagascar, Voahirana Randriambola, afirma que su objetivo, de aquí a 2030, es formar a 744 mamás solares que acabarán de manera sostenible con la penumbra de 630.000 hogares.
Y se hizo la luz en Ranomay
Son las siete de la tarde y la oscuridad se cierne sobre Ranomay. Tovondray (18 años) y Lahininiko (16) estudian para su examen de matemáticas, mientras una gallina revolotea a sus anchas por la estancia. Una lámpara solar portátil ayuda a los jóvenes a realizar sus ejercicios sin tener que descifrar los números en la lobreguez. Antes de tener acceso a esa bombilla, ambos estudiaban a la luz de una linterna de pilas, siempre y cuando hubiesen conseguido encontrar las baterías (un bien común en Occidente, pero de difícil acceso en las zonas rurales malgaches). A 20 metros, Noëlson (55), su padre, regenta la típica tienda africana: un tenderete con “un poco de todo”. “Mi tienda es la única que hay en las cuatro aldeas que forman Ranomay. Antes cerraba a las seis de la tarde, pero gracias a los kits de energía solar puedo abrir hasta las diez”, afirma con una sonrisa que deja entrever su orgullo de ser empresario.
La electrificación de Ranomay ha sido un sueño hecho realidad. Hay menos robos de patos y ha mejorado la vida de todos
En la aldea de Ranomay de Arriba, a pocos metros de los ultramarinos de Noëlson, se erige la Casa Solar, un edificio modesto que funciona como centro de operaciones. Es allí donde Marie, Marinasy, Tsiampoizy y Modestine reparan, montan y manipulan los diferentes componentes fotovoltaicos que instalan para sus paisanos. Trabajan en semanas alternas en equipos de dos, así pueden seguir dedicándose a sus quehaceres agrícolas. Las mamás solares han iluminado 155 hogares en solo seis meses. Nantoany Sitra (50), secretario general de la Asociación comunal TSIFA Ranomay, es el encargado de distribuir, gestionar y coordinar los pagos e instalación de los sistemas: “La electrificación de Ranomay ha sido un sueño hecho realidad. Hay muchos menos robos de patos y ha mejorado la vida de todos. Por ejemplo, ya no tenemos que comprar petróleo para las lámparas de queroseno, que son un gran gasto para la economía familiar y los niños pueden hacer los deberes por la noche”.
La población de esta comunidad rural se dedica, principalmente, al sector primario. Los medios de subsistencia son muy limitados o casi nulos. Por eso, para adaptarse a todo tipo de bolsillos, el proyecto ofrece varios equipos de energía solar fotovoltaica a diferentes precios: desde una linterna solar portable con panel solar incluido por 0,70 euros (3.000 MGA), hasta un kit muy completo que incluye un panel solar, baterías de 40W, cuatro linternas portátiles y un regulador de carga solar por el precio de 2,41 euros (10.000 MGA). Cada vecino tiene un contrato que incluye las reparaciones en caso de rotura y debe pagar la cuota mensual de forma presencial.
Realison acude a la Casa Solar con su lámpara. Aunque deja el panel en la puerta de su choza para que atrape todos los rayos del sol, no consigue cargar la batería y su lámpara no se ilumina por las noches. Marie y Marinasy se ponen manos a la obra para devolverle la luz a su vecino. El pescador de 23 años cuenta que los niños enfermaban por el humo de las lámparas de queroseno y la quema de madera, y que la luz solar ha ayudado al desarrollo de su pueblo. Así lo ve también Marinasy: “Ahora nuestro pueblo brilla por las noches. Estoy muy orgullosa porque gracias a nosotras, las técnicas solares, nuestra vida ha cambiado, la luz nos ha cambiado”, cuenta con el rostro iluminado de felicidad. Un cambio que no se manifiesta solo en forma de luz, sino que también ha permitido a las mujeres empoderarse y adquirir otro papel en la sociedad rural. Se han convertido en embajadoras del progreso de sus comunidades: “Creo que ahora los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos”, afirma Marie.
Alumbrar el futuro de manera eficiente
Uno de los infinitos usos que tiene la luz, y quizás el más obvio, es el de alumbrarnos. En los países con más recursos, el hecho de encender y apagar un interruptor es un acto que pasa desapercibido en nuestra cotidianidad. Sin embargo, tal y como apunta el Banco Mundial en un informe publicado en 2019, 840 millones de personas en todo el mundo no tiene acceso a electricidad, y más de la mitad se concentra en las zonas rurales del África subsahariana (573 millones). Para iluminarse por las noches utilizan velas, madera y lámparas de queroseno que provocan la muerte de más de un millón de personas cada año. Por eso, la transformación de luz solar en energía es una manera eficiente y saludable de alumbrar el futuro de estas poblaciones.
ver fotogaleríaTovondray y Lahininiko estudian en el salón de su casa.JUAN MAZA
La directora general de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Audrey Azoulay, afirma que los beneficios naturales y las aplicaciones científicas y tecnológicas de la luz son muy importantes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. La implementación de la energía solar fotovoltaica no solo contribuye a lograr el objetivo 7 de los ODS, que pretende garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, sino que incluye beneficios colaterales. Reduce la pobreza, evita la exposición de las personas a humos insalubres, al mismo tiempo que reduce la contaminación del aire, juega un papel esencial en el mundo de la educación y empodera a las mujeres en el medio rural.
La luz es una fuente incansable de energía, ventajas y beneficios que hay que celebrar. Por eso, cada viernes por la noche, en Ranomay le rinden un homenaje muy especial. Gracias a un generador solar instalado por las cuatro expertas, grandes y pequeños se aglutinan en torno al único televisor que hay en la comunidad. Nunca antes habían visto una película, nunca se habían expuesto a las luces, colores y formas que emergen de la pantalla. Los niños, embobados, celebran cada sonido que emite la televisión. Y así, con este particular ritual, se hace tangible el poder de la luz, que no solo genera desarrollo, sino que también dibuja sonrisas e irradia felicidad.
El Senado paraguayo aprobó este jueves la moción de censura al ministro de Educación, Eduardo Petta, de criticada gestión por sindicatos de docentes y estudiantes, y la remitió a la Cámara Baja para su ratificación.
En Paraguay, la moción de censura no es vinculante para el Gobierno y está prevista en la Carta Magna para recomendar la destitución del interpelado, para la que se requiere una mayoría calificada.
En el Senado fue alcanzado este requisito luego de que 31 miembros votasen a favor, 11 en contra, dos abstenciones y un ausente, según el recuento de su presidente, Blas Llano, durante la sesión por videoconferencia ante la pandemia de coronavirus, que provocó la suspensión de las clases.
La votación se produjo tras la interpelación del pasado día 13, en la que Petta respondió durante once horas a las criticas de bases sindicales y colectivo de estudiantes que le achacan de negarse al al diálogo.
El senador Sixto Pereira, del izquierdista Frente Guasu, tercera fuerza política del país, dijo en su intervención que el ministro «no tiene condiciones ni capacidad» para ejercer el cargo y aseguró que sus explicaciones de la pasada semana satisficieron «en absoluto».
La moción de censura en la Cámara Alta fue acompañada casi por la totalidad de la oposición y parte de los propios miembros del sector del gobernante Partido Colorado.
Petta es uno de los ministros más cuestionados del Gobierno desde que asumió la cartera, en agosto de 2018, tanto por el tono de sus declaraciones o por su reticencia a asumir errores, como la publicación de unos libros de texto con erratas.
La mayor parte de su prolongada interpelación, el ministro se refirió a las clases virtuales que ha improvisado durante la pandemia por el COVID-19 pese al rechazo de sectores estudiantiles y sindicales.
Esta estrategia es una de las más cuestionadas en un país con una conexión a internet lenta, baja penetración tecnológica y con dificultades de acceso para buena parte de la población.
Además de estar suponiendo un reto para profesores, padres y alumnos.
Sin embargo, Petta manifestó que el aula virtual ha llegado a 918.000 escolares de un total de 1,5 millones de los estudiantes de la educación pública del país y anunció el apoyo de empresas del sector para capacitar a los maestros.
Henry Giroux, referente mundial de la pedagogía crítica, considera que la pandemia de la COVID-19 es más una crisis política que sanitaria o económica. En su opinión, la ineficacia de los Estados ante el virus responde a cuarenta años de políticas mercantilistas y privatizadoras.
Contactamos con Henry Giroux mientras se encuentra confinado en su casa de Hamilton (Ontario) corrigiendo exámenes de sus alumnos de la Universidad de McMaster. El coronavirus llegó a Canadá a finales de enero, casi un mes antes que a España, pero la situación parece más tranquila, con una cifra de contagiados y muertos mucho más baja en términos absolutos y relativos.
Para este intelectual, referente mundial de la pedagogía crítica, la COVID-19 en realidad está poniendo en evidencia la destrucción del neoliberalismo desde la época de Reagan y Thatcher, y por eso, sostiene, cuando todo esto acabe habrá que plantear una auténtica reestructuración, que no reforma, del sistema capitalista.
¿Cómo está llevando esta situación?
Al igual que muchas personas, estoy intentando cumplir las reglas que evitan la propagación del virus y al mismo tiempo tratando de comprender el contexto político más amplio en el que se desencadenó la pandemia.
¿Qué lecciones deberíamos extraer como sociedad de esta crisis?
La primera lección es que un sistema político social construido sobre la codicia, el beneficio, la mercantilización y la privatización de todo no puede abordar una crisis de esta magnitud. Además, durante los últimos cuarenta años, el neoliberalismo global ha minado y debilitado estas instituciones, como la sanidad pública, que son fundamentales para afrontar una crisis de este calibre. Es importante entender que no sólo estamos lidiando con una crisis sanitaria, sino también con una crisis política e ideológica. El virus del neoliberalismo, con su racismo, sus noticias falsas, sus políticas de austeridad y su desigualdad masiva en riqueza y poder, junto con la destrucción del estado de bienestar, es una fuerza letal muy poderosa que ataca la sociedad.
Algunas personas ven esta crisis una cura de humildad de la que debe surgir una sociedad más solidaria y con un mayor espíritu comunitario. Pero otras voces intuyen que quien saldrá reforzado será el autoritarismo, ya que, por ejemplo, por razones sanitarias aceptaremos estar geolocalizados. ¿Cómo lo ve usted?
Ciertamente, una crisis de esta magnitud arroja luz sobre estas fuerzas ocultas que la propia crisis ha intensificado, como la expansión de los poderes policiales, el hecho de culpar del virus a los migrantes, el cierre de fronteras y, como hemos visto en Hungría, las amplias restricciones de las libertades democráticas. Todas estas fuerzas nos transmiten la posibilidad de que, cuando la crisis retroceda, habrá una avalancha de gobiernos autoritarios que asumirán más poder, al convertirse en permanentes muchas de las actuales restricciones.
En otras palabras, el estado de alarma ya no será, en palabras de Giorgio Agamben, un estado de excepción. En algunos casos, se intensificará lo que se ha llamado fascismo neoliberal, una combinación de crueldad basada en el mercado y las formas explosivas de racismo y limpieza racial. Pero, por otro lado, una crisis también puede servir para airear la corrupción y los poderes fácticos opresores, y para abrir la posibilidad de apostar por cambios radicales como una renta básica universal, la creación de un sistema de atención médica gratuita de calidad, una guerra contra los movimientos acientíficos, y una renovada preocupación por la justicia ambiental.
Con suerte, se evidenciará la barbarie y las patologías que hoy en día definen muchas sociedades y se impondrá un nuevo lenguaje y un sentido de responsabilidad y solidaridad colectiva. Me temo que, cuando la pandemia retroceda, la elección que tendremos que tomar en muchos países será entre el totalitarismo, en sus formas suaves y fuertes, o el empoderamiento ciudadano y una llamada radical a la solidaridad global.
Un sistema político social construido sobre la codicia, el beneficio, la mercantilización y la privatización de todo no puede abordar una crisis de esta magnitud
¿Se fortalecerán aún más los pilares básicos del Estado de Bienestar, como los sistemas de salud y educación pública?
Será muy difícil volver a estas políticas de austeridad que debilitaron los pilares del Estado de Bienestar, como la salud pública, aunque creo que otros bienes públicos como la educación, si no hay una transformación radical alejada del capitalismo, seguirán como están o incluso involucionar hacia una mayor represión. Algunas reformas esenciales no suponen un peligro para la derecha, porque no socavan el Estado neoliberal. Otros no serán toleradas.
A ver si lo entiendo, ¿fortalecer la sanidad pública no es una amenaza para el Estado neoliberal pero fortalecer la educación pública sí lo es? Me cuesta mucho imaginar una política presupuestaria expansiva en sanidad y regresiva en educación.
Lo que digo es que el hechizo de la era Reagan-Thatcher se ha roto. Este sistema aísla las personas, desprecia cualquier forma viable de solidaridad, promueve un individualismo rabioso y una forma de competencia similar a una jaula y, al hacerlo, produce grandes niveles de pobreza, destrucción ambiental, inseguridad, sufrimiento y precariedad. El Estado deberá reinventarse al servicio de la atención, la justicia y la compasión, y esto sólo sucederá si las personas pueden imaginar una forma de vida diferente, una forma diferente de organizar la sociedad. Pero recordemos que esta lucha por una sociedad más justa surgirá de una catástrofe y de sus inimaginables consecuencias.
No hay garantías sobre lo que surgirá. Se ampliarán algunas instituciones, como la salud pública, se debatirán algunas políticas, como el salario universal, y se repensará la educación en función de su propósito y de cómo se organizará. Y, desde mi punto de vista, de todas las políticas que serán objeto de debate, la educación será la más volátil, porque no trata únicamente de proporcionar beneficios importantes, de preparar a los jóvenes para el trabajo, sino también de la formación de valores, deseos, voluntades e identidades.
La educación se volverá más virtual y se moverá en gran manera en línea. Este será un territorio inexplorado y corre el riesgo de desautorizar aún más a los claustros, debilitar sus filas y convertir la educación simplemente en un sistema de entrega definido en términos completamente técnicos e instrumentales. El legado de la reforma educativa bajo el neoliberalismo ha sido terrible, nos ha dejado la estandarización, las pruebas y otras formas represivas de pedagogía. Por lo tanto, este legado volverá para vengarse, por lo que habrá que luchar para repensar el significado y el propósito de la educación en términos críticos, cívicos y emancipatorios.
Los niños y adolescentes pasarán meses sin abandonar sus hogares o ver a sus compañeros; pero hay personas que advierten que, si bien esta situación es soportable para los niños de las clases altas y medias, debe ser muy insoportable para aquellos que viven en condiciones más precarias. ¿Cómo tendremos que enfrentar el retorno a la ‘normalidad’ en estos casos? ¿Están teniendo ese mismo debate en Estados Unidos?
Este debate es importante, porque el virus afecta más agresivamente a aquellas poblaciones consideradas prescindibles, que eran invisibles en el pasado. Y esto ya no es cierto, porque su presencia está relacionada con la posible propagación del virus, que puede infectar a cualquier persona, y por tanto no pueden ser ignoradas. Lo que hay que recordar es que la cuestión sobre quién muere y quién vive es un tema político nuclear que nos define como sociedad. Esto es particularmente así para los niños y los ancianos.
Y lo que está claro es que la mayoría de las sociedades capitalistas ni están proporcionando un futuro a sus jóvenes ni están protegiendo a sus mayores, o a sus personas con discapacidad, especialmente aquellas que viven en residencias o que son pobres. El coronavirus no afecta a todas las personas indiscriminadamente. En realidad, los pobres, los viejos y las personas racializadas soportan la carga de los efectos de este virus como ningún otro grupo, especialmente en Estados Unidos. Este es un tema político. Estos niños que pertenecen a las llamadas poblaciones excedentarias deben ser amparados por los poderes públicos; de lo contrario, existe la posibilidad de infecciones masivas y también de protestas masivas contra la crueldad y exclusiones del sistema.
La mayoría de las sociedades capitalistas ni están proporcionando un futuro a sus jóvenes ni están protegiendo a sus mayores, o las personas con discapacidad, especialmente aquellas que viven en residencias o que son pobres
Pero estamos viendo cómo caen enfermas personas ricas y famosas. Por ejemplo, Boris Johnson, que tuvo que pasar por la UCI de un hospital público. Esto debería ayudar a valorar la sanidad pública…
El hecho de que los ricos y famosos contraigan el virus no significa que el virus no afecte a diferentes poblaciones de maneras muy desiguales. En Estados Unidos, el número de negros pobres que contraen y mueren a causa del virus es muy desproporcionado respecto a su peso relativo en la población. Muchas personas no pueden autoaislarse porque son pobres, sin hogar y viven en condiciones miserables y abarrotadas. El virus se está propagando rápidamente entre los internos de las cárceles, que en su mayoría son personas pobres de piel oscura. En la ciudad de Nueva York, los pobres contraen el virus y mueren en tasas desproporcionadas.
Estas poblaciones no cuentan con una atención médica adecuada y sufren incidencias desproporcionadas de presión arterial alta, diabetes, estrés, aislamiento y falta de acceso a una educación de calidad. Es importante tener en cuenta que muchas comunidades negras y latinas viven en áreas desatendidas y contaminadas, y son mucho más vulnerables ante el virus. Este es un tema político y económico vinculado a políticas de racismo, pobreza y desigualdades masivas en riqueza y poder.
El virus puede infectar a cualquier persona, pero algunas están más protegidas que otras y tienen acceso a redes de seguridad social, atención médica de calidad, medicamentos y otras salvaguardas, y esto no es simplemente un problema médico sino un problema político e ideológico.
Como John Gray ha señalado, el virus ha expuesto algunas de las debilidades fatales del capitalismo al tiempo que deja en evidencia la situación de quiebra en la que se encuentra el proyecto intelectual e ideológico del neoliberalismo, pero una cosa es arrancar la ropa del emperador y otra reestructurar el sistema, en vez de simplemente reformarlo. Piense en la respuesta de Trump a la pandemia, que equivale a un rescate empresarial y políticas que sugieren que está más interesado en la economía que en la vida humana.
La sensación de ansiedad y fragilidad que experimenta la gente no ofrece garantías políticas, pero abre nuevas posibilidades para una visión y un mundo alternativos. El Estado deberá ser repensado, deberá renacer en cuanto a sus funciones protectoras y en el centro de este reto está la creación de un sistema educativo que pueda educar a una generación de jóvenes para asumir este desafío. Esta será la gran lucha del siglo XXI.
¿Le preocupan las consecuencias económicas de esta crisis? En España, el primer impacto, en cuanto a personas que han perdido sus empleos, es peor que en 2008.
La gran cantidad de personas que cada vez más pierden sus trabajos o trabajan en condiciones extremadamente peligrosas pone de manifiesto la naturaleza tóxica de la relación capital-trabajo. En primer lugar, en Estados Unidos el consumismo impulsa el 70% de la economía. Termine con él y la economía entrará en colapso. En segundo lugar, este tipo de desempleo crea una crisis ideológica y política que revela cómo en el seno del capitalismo neoliberal coexisten una crisis de legitimación y una crisis de conciencia. Esta situación es explosiva, las personas no morirán de hambre si pueden luchar y combatir un sistema que no ha conseguido satisfacer sus necesidades humanas básicas.
El desempleo crea una crisis ideológica y política que revela cómo en el seno del capitalismo neoliberal coexisten una crisis de legitimación y una crisis de conciencia
Se ha referido varias veces a la renta básica universal. Entiendo que una medida de este estilo la consideraría en la dirección correcta …
Absolutamente, es esencial. Pero es sólo un paso en la reestructuración de sociedades que se preocupan poco por las necesidades humanas y priorizan la acumulación de capital por encima de todo lo demás. La clave para entender esta crisis es que debemos repensar el hecho de que el capitalismo y la democracia no son lo mismo, y que ya es hora de que un nuevo lenguaje, visión y movimiento de masas den sentido a un futuro en el que la justicia, la igualdad y la libertad se unan en la forma de una sociedad socialista democrática, una que vaya más allá de las fronteras para abrazar un nuevo reinado de democracia global.
Más de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados ya este año en Colombia. ¿Quiénes, cómo, dónde y por qué matan, desaparecen, agreden o amenazan a los activistas colombianos?
#PazAlLiderazgoSocial, pide el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras actualiza permanentemente una lista delíderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en 2020. Estamos a mediados de mayo y esa lista registra ya 101 nombres, 26 tras el inicio de la cuarentena por la actual pandemia de coronavirus.
Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC (noviembre de 2016) hasta hoy, la cifra total de asesinados asciende a 902, precisa a DW Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz.
¿Quiénes son los asesinados?
En su mayoría, se trata de activistas de base campesina (39 en 2020); muchos, con liderazgo comunal (33). Hay, además, numerosos líderes indígenas (30), cívicos (13), afrodescendientes (7), que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (5), sindicales (4), mineros (2), ambientalistas (1).
«Son agentes que trabajan por el cambio, por la paz entendida como la reducción de la violencia, la garantía de los derechos humanos o la protección de los recursos naturales en sus territorios”, comenta a DW Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo y del programa de estudios de paz y conflicto de la Universidad de Marburgo.
A ellos se suman familiares o personas cercanas (8), así como firmantes del Acuerdo de Paz o excombatientes de las FARC (25). Y el registro incluye mujeres (11), aunque la violencia armada suele tener un impacto desproporcionado en los hombres, señala esta politóloga colombiana.
Amenazas, atentados y desapariciones
Junto a los asesinatos, los activistas están expuestos a otras formas de violencia. A mediados de 2019, las principales organizaciones sociales del país denunciaban más de 460 amenazas individuales o colectivas, 46 atentados con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos, y 5 casos de desaparición forzada.
En lo que va de 2020, se han publicado ya 79 panfletos de amenazas a organizaciones y comunidades, confirma González Perafán, a cargo del registro de víctimas en Indepaz. Y, por si fuese poco, en las amenazas más recientes, se ha declarado como objetivo militar a quienes violen la cuarentena. El objetivo es minar la autoridad de las organizaciones sociales en sus territorios, especialmente de las indígenas, explica el experto.
Territorios, narcotráfico, minería y agroindustria
La cifra más alta de asesinatos se recoge, este año, en el departamento del Cauca (30), «epicentro de muchos conflictos en Colombia, por un tema geopolítico”: por su geografía, con salida a la costa pacífica y cercana a la frontera sur (con Ecuador); por sus conexiones con el resto del país y las rutas de la droga, enumera la politóloga del GIGA.
Antioquia, que secunda al Cauca en récord de asesinados en 2020 (con 17), es también «corredor estratégico para la minería ilegal, para el producto del cultivo de coca que va hacia México”, agrega el abogado González Perafán, desde Indepaz.
El Cauca, además, es un territorio con antecedentes de violencia contra población indígena y comunidades afrodescendientes, con historia de presencia paramilitar, muy rico en minerales y fertilidad del suelo: «donde se ha usado la violencia para avanzar en proyectos de extractivismo y de agroindustria”, precisa asimismo la también exinvestigadora del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz y del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, de la Universidad Nacional de Colombia, García Pinzón.
Factores históricos y estructurales convergen allí con recientes luchas por el territorio entre diversos sectores y actores armados, a raíz de la desmovilización de las FARC. Y la presencia del Estado es «principalmente militar, enfocada en la seguridad nacional, en desmedro de la garantía y protección de los derechos”, subraya la politóloga.
Maritza Quiroz, líder social reclamante de tierras en la Costa Atlántica, asesinada en 2019.
Crimen organizado con raíces paramilitares y guerrilleras
¿Qué revelan las estadísticas sobre los autores directos e indirectos de los asesinatos y sus motivos? «No hay claridad”, lamenta García Pinzón, porque el Estado colombiano no garantiza ni la seguridad de los líderes sociales, ni la justicia frente a sus asesinatos: no es eficiente en la investigación y el castigo a los autores.
Hasta ahora, el Estado ha negado o solo reconocido muy vagamente la sistematicidad del fenómeno, denuncian estudiosos y activistas. Ha llegado a reducirlo a incidentes de criminalidad común: a supuestos atracos o riñas personales, que activistas y organizaciones sociales desmienten, aludiendo al modus operandi y el tipo de armas empleadas.
Así, el esclarecimiento queda en manos de la sociedad civil, que apunta, sobre todo en el Cauca, a grupos del crimen organizado con raíces paramilitares como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas.
Históricamente, «las peores masacres en esta región no fueron perpetradas por la guerrilla sino por grupos paramilitares, con vínculos con actores legales de las élites políticas y económicas de la región”, recuerda la politóloga colombiana, mientras resalta la porosidad de las fronteras entre lo criminal y lo legal en el conflicto armado en su país.
Aunque el Estado insiste en atribuirle todo a disputas territoriales entre las múltiples disidencias de las FARC y el ELN, «todos los grupos armados presentes en esos territorios están usando las armas contra los líderes sociales”, asegura el coordinador de Indepaz. Y el panorama lo completan las disidencias del desmovilizado EPL, tercera guerrilla izquierdista de Colombia, conocida ahora como el grupo armado «Los Pelusos”, dedicado al narcotráfico. O las llamadas Águilas Negras, un presunto grupo de origen paramilitar, cuya naturaleza, estructura y hasta existencia real no parecen claras.
¿Qué (más) puede y debe hacer el Estado?
En Colombia, se negoció el Acuerdo de Paz con uno -el mayor y más antiguo- de muchos otros grupos armados. Pero ahora, el resto pugna por el control de territorios, poblaciones y mercados antes en manos de las FARC.
«Se abrieron vías para que muchas comunidades comenzaran procesos locales de construcción de paz”, afirma García Pinzón. Pero el Estado apenas «simula la implementación de los acuerdos”, sin cumplirlos, especialmente en el tema agrario, denuncia González Perafán. Y, en medio de todo, ha llegado una pandemia, que agrava la situación de vulnerabilidad socioeconómica y física de los activistas, hoy confinados en sus casas y fácilmente localizables por sus asesinos.
En 2016 y ahora, el Estado colombiano debió «estar preparado para copar esos territorios; no solamente con el Ejército sino con instituciones de salud, educación y justicia. Esa es la tarea pendiente”, por razones de voluntad política y, quizás, hasta de recursos, sugiere la politóloga García Pinzón.
Desde Indepaz, también González Perafán reclama inversión social: cumplir los planes de desarrollo territorial contemplados en los acuerdos con las comunidades. De lo contrario, Colombia seguirá «en transición”, coinciden ambos expertos, pero más hacia «una mutación de la violencia” que hacia la paz.
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