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Entrevista: La lucha de la comunidad educativa, es la misma de todos los servicios públicos.

“La lucha de la comunidad educativa, es la misma de todos los servicios públicos: nos tenemos que coordinar al grito de ‘Presupuestos militares, para escuelas y hospitales’”

Verónica Landa, docente de secundaria de Ciencias Sociales en un instituto de Badalona, militante de la CRT y de Pan y Rosas. Nos habla de cómo se está preparando la jornada de huelga de la comunidad educativa de Catalunya, los debates que se desarrollan sobre las reivindicaciones, el papel de los sindicatos y la coordinación de las luchas con otros sectores del servicios públicos también en lucha.

El ciclo de huelgas que empieza el 11 de febrero pone sobre la mesa la crisis de la educación pública. ¿Por qué habéis ampliado vuestras reivindicaciones, más allá del incremento salarial?

El trasfondo de la convocatoria es que aunque la Ley de Educación exige destinar un 6% del PIB en educación no se llega al 3%. Todo esto comporta problemas graves de un sistema educativo en crisis en Catalunya y todo el Estado.

Como docentes, cuando salimos a luchar y explicamos los motivos, nos vemos obligadas a romper los prejuicios que se promueven, sobre todo desde los medios de comunicación, como por ejemplo que nuestros sueldos son demasiado altos. Lo que no se dice es que durante años hemos perdido entre un 20% y un 25% de poder adquisitivo, con recortes y presupuestos esqueléticos. Además, en los centros públicos el Personal de Atención Educativa (PAE) apenas llegan al salario mínimo. O todo el personal externalizado y que sufre el convenio del lleure como las monitoras de comedor o las vetlladores, como fue mi caso hace años, que también se han añadido a la huelga y que al ser personal externalizado cobran sueldos de miseria. Por lo tanto, la subida del salario es una de las reivindicaciones de la huelga que atraviesa todos los sectores de educación.

Ahora bien, desde el curso pasado, un sector de docentes planteó luchar por esta reivindicación salarial únicamente. Por el contrario, en varias plataformas y espacios de organización de la comunidad educativa, se debatió sobre la necesidad de luchar por otras reivindicaciones también por qué, aunque nos suban los salarios, los graves problemas que atraviesa la educación pública continuarán si no se cambian las condiciones laborales de precariedad y la carencia de recursos.

Creo que si solo luchamos por la subida de salarios y no luchamos por el incremento de recursos por la pública, dejamos de lado a sectores como el PAE o los sectores externalizados de la educación. Además, la subida salarial no soluciona unos problemas insostenibles de la educación como son las ratios o la carencia de infraestructuras.

No podemos caer en una lucha para mejorar condiciones solo de un sector específico de la educación y tenemos que plantear medidas y reivindicaciones que den solución a los problemas estructurales que afectan a toda la comunidad educativa.

Por lo tanto, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones, además de la subida de los salarios?

Tenemos un número de alumnos en cada clase que, con suerte, va de los 25 a los 30. Estas son las ratios. Continúan siendo excesivas, desde infantil hasta bachillerato. Además, según datos del mismo Departament, un 34% del alumnado presenta necesidades específicas de apoyo educativo sin que se hayan previsto las medidas y apoyos para garantizar una atención de calidad. Es imposible atender a todo el alumnado y hacerlo con calidad cuando tienes clases de 30 o 35 alumnos. Por eso una reivindicación clave de la huelga, sobre todo para centros como el mío, es la bajada de ratios.

Ligado a esto, pedimos más recursos y el aumento estructural de plantillas de equipos de apoyo especializado, tanto psicosociales, como psicopedagógicos y también sanitarios. Es decir, que aumente el personal educativo necesario para atender todas las necesidades que el alumnado se encuentra a lo largo de su educación. Que estas plantillas sean además estables, porque hay mucha rotación e inestabilidad laboral que hace que las compañeras que son interinas no sepan donde trabajarán -o si trabajarán- el curso siguiente. Además, que los servicios de las auxiliares de educación especial (las vetlladores) dejen de estar externalizados y pasen a formar parte directamente del Departament d’Educació porque bajo empresas privadas se precarizan sus condiciones de trabajo y hacen un trabajo clave para poder atender los alumnos con necesidades educativas. Otra cosa que ha afectado mucho, por ejemplo en mi centro, ha sido el recorte de integradores y educadores sociales. Mi centro vio como de repente perdía un integrador social sin ningún tipo de explicación; estas figuras educativas también son claves en centros y barrios con tantos problemas sociales. Hablar de inclusión sin reducir ratios ni reforzar equipos es un ejercicio de cinismo institucional. También hay que invertir en infraestructuras, todavía muy precarias como el mantenimiento de las instalaciones y edificios, cocinas o la climatización de los centros.

Y por otro lado, luchamos por menos burocracia. A pesar de que dicen que trabajamos poco o que tenemos muchos días de fiesta, tenemos una sobrecarga laboral insostenible: hacemos de media 8 horas semanales extra de manera gratuita; somos el colectivo de trabajadores que más horas extra sin remunerar hace al año. El Departament nos carga cada vez más con más funciones administrativas, cargos que comportan trabajo pero no sueldo, elaboración de informes, etc.

Cuál es la respuesta del Departament d’Educació y de las instituciones?

El Departament nos da la espalda y no muestra mucha voluntad de solucionar nada, como no lo ha hecho nunca. Si se ha conseguido algo en la educación ha sido gracias a la lucha y la coordinación del personal educativo. Las políticas para educación del PSC de Salvador Illa y Esther Niubó no se alejan mucho de las aplicadas por Esquerra Republicana con el ex conseller Cambray o los gobiernos de Junts y los convergentes. Con décadas de recortes, de carencia de inversión, de incrementos de presupuestos y de financiar la escuela concertada, la crisis de educación se ha profundizado.

Y a la vez siempre nos culpan de todos los problemas en educación: si los resultados de las pruebas PISA son malos, es culpa nuestra porque no estamos suficientemente capacitadas y no damos clases bastante innovadoras. Si el alumnado no logra un buen nivel de catalán, es culpa nuestra y nos quieren obligar a sacarnos el C2, pero a la vez los recursos de aula de acogida para los alumnos que acaban de llegar a Catalunya dan risa. Nos han llevado a un punto en el cual no podemos más, por eso vamos a la huelga e iremos hasta el final.

Y además, los presupuestos dedicados a la educación son todavía bastante bajos, ¿no?

Exacto, los presupuestos en la educación son esqueléticos. Tal como señalan los sindicatos convocantes de la huelga, el Departament justifica su propuesta económica en el acondicionamiento establecido desde el Departament d’Economía que determina, vista la situación presupuestaria actual y el tope de endeudamiento de la Administración pública, que el incremento presupuestario para Educació no puede superar el 1% del actual. Esto sitúa una inversión total de 50 millones de euros para hacer frente a las demandas prioritarias de la comunidad educativa: aumento salarial de todo el personal docente; incremento de plantillas para bajar ratios y mejorar la atención educativa. Una compañera lo describió como los juegos del hambre: quieren que nos peleemos por las migajas de este presupuesto.

Con esta propuesta, del todo inadmisible, es evidente que el Departament no puede hacer frente a ninguna de las demandas de la comunidad educativa. Mientras tanto el gobierno central sube los presupuestos militares ante la carrera armamentística de los gobiernos imperialistas del mundo. PSOE y Sumar, han comprometido más de 60.000 millones de euros en gasto militar para cumplir con la agenda de la OTAN.

Por eso, nuestra lucha por el incremento de los presupuestos de los servicios públicos, tendría que implicar una lucha política contra estos gobiernos. ¿Cómo puede ser que se aumente el presupuesto en gasto militar por la “defensa de Europa” mientras los servicios públicos nos estamos ahogando y no podemos más? Solo tenemos que mirar como está el personal sanitario, la situación de los maquinistas, la educación, los servicios sociales. Es hora de volver a gritar eso de “presupuestos militares por escuelas y hospitales”.

Por eso, me ha sorprendido muy negativamente el acuerdo que acaban de firmar todos los sindicatos docentes de Aragón con el PSOE. Un compromiso de campaña electoral, es decir de estos que no se cumplen nunca, con el partido de la guerra y la carrera militarista, y el mismo partido que aquí en Catalunya -o en el mismo Aragón hasta 2023- es el resposnable del estado de la educación pública. Todo después de una huelga histórica de 3 días. Este no puede ser el camino, necesitamos construir un movimiento que parta de una idea elemental, la total independencia de los partidos que gobiernan por los de siempre y que son parte, aunque lo hagan con discursos “progresistas”, de una escalada que promete destruïr los servicios públicos y los derechos sociales y democráticos, en favor de la preparación de nuevas guerras.

El ciclo de huelgas está convocado por todos los sindicatos educativos. ¿Cómo se ha llegado a esta unidad sindical y con qué debates sobre el rol de los sindicatos?

Cuando empezamos a organizarnos, un amplio sector, sobre todo de docentes, plantearon organizarse sin los sindicatos. De hecho, a pesar de que los sindicatos educativos están convocando el ciclo de huelgas de manera unitaria, todavía hay debates en algunas asambleas sobre la participación o no de los sindicatos. Por un lado, es totalmente comprensible este malestar, sobre todo respecto a las direcciones de los sindicatos más burocráticos como CCOO y UGT que hicieron negociaciones vergonzosas a nuestra espalda con el Departament, que a escala estatal no convocan huelgas generales desde el año 2012 y que pactaron con los gobiernos reformas laborales o de pensiones que empobrecieron al conjunto de la clase trabajadora.

Ahora bien, como docente militante, de la izquierda revolucionaria, y afiliada a la CGT, creo que también hay fuerzas políticas de derechas -incluso de extrema derecha- que se aprovechan de este descontento para promover una perspectiva antisindical, directamente de liquidar los sindicatos como herramienta de lucha. Esta ha sido históricamente una posición de la derecha para echar a las organizaciones obreras. Por el contrario, yo creo que los sindicatos, como conquista democrática desde hace décadas son una herramienta importante de la clase trabajadora que tenemos que recuperar -los grandes sindicatos- de manos de quienes no quiere que se llenen de trabajadores y trabajadoras y que los utilizan con el fin contrario al que tendrían que servir.

Al mismo tiempo tenemos que fortalecer los sindicatos combativos y convertirlos en herramientas que potencien la autoorganización y el control democrático, desde abajo, de nuestras luchas y reivindicaciones. Por eso tenemos que ser críticos también, por ejemplo, con el apoyo de CGT y STEA al acuerdo con el PSOE en Aragón, que apunta en un sentido totalmente contrario a esto.

Hace falta una transformación profunda del modelo sindical, contra la burocratización de los grandes sindicatos que actúan como línea directa de los partidos políticos de los gobiernos. Y a veces, existe la presión en el corporativismo y el abandono de los sectores más precarios de la educación en prácticamente todos los sindicatos y esto también lo tenemos que combatir porque cuando más divididos estemos, más fuerza perdemos.

La actual unidad sindical con los sindicatos alternativos y de izquierda es un paso adelante contra la fragmentación sindical. Pero solo la organización democrática desde abajo puede impedir cualquier maniobra burocrática que vaya en contra de nuestros intereses como comunidad educativa. Hay que estar organizados en asambleas de centro, en asambleas unitarias de zonas, y donde todo el mundo pueda decidir, debatir y votar las decisiones. Solo así podemos controlar el rumbo de nuestra lucha.

¿Cómo os estáis organizando en los centros educativos?

Pues estamos haciendo asambleas de trabajadores y trabajadoras de centro, participando a las asambleas unitarias de nuestra zona para poder coordinarnos con otros centros. Estamos haciendo difusión en el barrio sobre los motivos de la huelga, y por eso, hemos tenido en cuenta que estamos en un lugar donde muchas familias son migrantes y no hablan ni catalán ni castellano y para llegar a ellas y que vean que también son parte de esta lucha hemos hecho carteles explicando la huelga traducidos a sus idiomas. Además, estamos intentando implicar organizaciones del barrio para tejer alianzas entre estas y la comunidad educativa.

Se acerca un mes de febrero con muchas huelgas en el sector público como maquinistas, sector social, ayuntamientos, sanidad: ¿pensáis que es posible coordinarse?

Está claro que es posible. Incluso, en muchas asambleas o espacios de debate se está planteando como una idea de sentido común. Es inexplicable porque los sindicatos convocantes de las huelgas de maquinistas o de médicos, no proponen coordinarse con la huelga educativa.

Coordinar las luchas, las huelgas y los procesos de movilizaciones es una necesidad y daría mucha más fuerza en la lucha por la defensa de los servicios públicos. Para empezar, hacia el 11 de febrero los sindicatos podrían convocar asambleas para debatir como coordinar la huelga educativa con la huelga de maquinistas, con acciones conjuntas para garantizar una huelga eficaz en toda Catalunya, con cortes de carreteras y calles principales, por ejemplo. Imagináis el impacto de toda Catalunya bloqueada por estas acciones conjuntas!

Todo esto marcaría el camino a seguir para coordinar un plan de lucha conjunto hacia una huelga general de todos los servicios públicos, organizada democráticamente en asambleas.

De hecho, los sindicatos y colectivos de estudiantes hacen un llamamiento a la huelga el 11 de febrero, ¿como piensas que os deberíais de coordinar?

Exacto, hacia el 11 de febrero el Sindicato de Estudiantes convoca huelga estudiantil y otras agrupaciones juveniles, como Contracorrent se han sumado también. La participación de los estudiantes es clave, aunque hay profesoras que plantean que no hace falta. Pero la realidad es que son los jóvenes, los mismos estudiantes, los primeros afectados por la crisis de la educación pública. Además, es gracioso porque el Departament en su currículum educativo plantea que se tiene que educar y formar al alumnado en un pensamiento crítico. ¿Qué hay más educativo que transmitir la defensa de los servicios públicos? Educar también en los valores de la solidaridad con el profesorado que sufre la precariedad laboral, lo cual afecta a la educación de calidad.

Los ataques en la educación pública son un ataque contra los hijos e hijas de la clase trabajadora para conseguir una mano de obra subordinada a la voluntad de las empresas, preparándola y disciplinándola para ser carne de cañón en las nuevas guerras. La educación no puede ser una educación para situaciones de crisis y para que las nuevas generaciones estén preparadas por un mundo convulso como este. La educación nos tiene que permitir pensar y plantear otra sociedad y por eso, que el movimiento estudiantil sea partícipe y organice la huelga, es un paso importante.

En síntesis, creo que la lucha por unos servicios 100% públicos, de calidad y al servicio de la clase trabajadora solo es posible con la unidad y coordinación de todos los sectores públicos, junto a otros sectores organizados como los de la lucha de la vivienda y de la juventud.

EsquerraDiari.cat

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Malasia presentó un plan de desarrollo de la educación a 10 años con énfasis en la igualdad de oportunidades

El Gobierno de Malasia presentó el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación para los años 2026–2035. Su objetivo principal es hacer que el sistema educativo sea más inclusivo y acorde con los requisitos modernos. Así lo informa Bernama, socio de TV BRICS.

En la base del plan se encuentra el principio de “no dejar a nadie sin atención”. Para ello, se amplía el acceso a la educación superior gratuita y a las becas, y los estudiantes con discapacidades podrán estudiar gratuitamente en universidades, politécnicos y colegios.

En las escuelas comenzará una reforma a gran escala. En cada distrito aparecerán escuelas que servirán de ejemplo para mejorar la calidad de la gestión y la enseñanza. Se hará obligatorio el estudio del idioma malasio y de la historia según un programa único para todos los tipos de escuelas. La evaluación de los conocimientos de los alumnos será más integral y dejará de depender únicamente de los exámenes. El nuevo sistema se implementará de forma gradual a partir de 2026.

Asimismo, se prevé ampliar la educación técnica y profesional, introduciendo sus elementos ya en la escuela primaria. Para la formación de los cuadros del futuro, en las universidades públicas en 2026 se añadirán 3.000 plazas para los mejores estudiantes que hayan cursado estudios preuniversitarios en los ámbitos del derecho, la economía, la inteligencia artificial y la ciencia de datos.

A los padres se les ofrecerán más opciones: a partir de 2027 podrán, de forma voluntaria, enviar a sus hijos al primer grado a los seis años. Para la modernización de la infraestructura para los docentes se destinarán 100 millones de ringgit (unos 25,3 millones de dólares).

Se señala que el plan está diseñado para 10 años y tiene como objetivo llevar a cabo reformas profundas. La educación se considera la base del desarrollo del capital humano, la movilidad social y la unidad nacional.

Autor: teleSUR – TV BRICS

Fuente: TV BRICS

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Tecnología – Más allá del ruido: lo que los inversores dicen sobre inteligencia artificial y empleo

Por: Enrique Dans

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Inteligencia artificial y trabajo: la marea que no hace ruido» (pdf), y trata sobre cómo el impacto de la inteligencia artificial en el empleo está siendo mucho menos abrupto de lo que anuncian los titulares apocalípticos, pero también mucho más profundo y estructural de lo que sugieren los discursos tranquilizadores.

Frente a la idea de una destrucción masiva e inmediata de puestos de trabajo, los datos que manejan inversores, analistas y grandes firmas de investigación parecen apuntar más a una transformación progresiva que va reconfigurando tareas, carreras profesionales y equilibrios de poder dentro de las organizaciones.

Para construir el argumento me apoyo, entre otros, en el último informe de PwC sobre empleo e inteligencia artificial, elaborado a partir del análisis de cientos de millones de ofertas de trabajo y datos empresariales, que muestra cómo los sectores más expuestos no sufren necesariamente una destrucción inmediata de empleo, pero sí cambios acelerados en habilidades, salarios y composición de los puestos, con un impacto que, una vez iniciado, tiende a amplificarse y no a revertirse.

Desde la banca de inversión, el diagnóstico es muy similar. Morgan Stanley plantea que la inteligencia artificial acabará afectando a la mayoría de las ocupaciones, no tanto eliminándolas como redefiniéndolas, y vincula ese proceso a incrementos de productividad que históricamente suelen traducirse en presión organizativa y ajustes de plantilla. J.P. Morgan afirma además que muchas empresas todavía no han activado plenamente ese potencial, pero que una desaceleración económica podría acelerar la sustitución de contratación por automatización, convirtiendo la próxima crisis en un catalizador del cambio.

Mi artículo también intenta conectar estas visiones con la evidencia histórica analizada por Brookings, que nos viene a decir que la adopción de inteligencia artificial hasta ahora se ha asociado más a crecimiento empresarial que a destrucción neta de empleo, aunque ese crecimiento no se reparte de forma homogénea y suele penalizar siempre a los mismos perfiles, especialmente a quienes ocupan posiciones de entrada o intermedias en las organizaciones.

Finalmente, he intentado incorporar datos recientes sobre percepción y ansiedad laboral, como una encuesta en Reino Unido que muestra que más de una cuarta parte de los trabajadores teme perder su empleo por la inteligencia artificial en los próximos cinco años, pero no tanto porque esperen una sustitución directa, sino porque perciben que el equilibrio está cambiando, a menudo antes que sus propias empresas. Algo que en artículo califico como «una variación del síndrome del impostor», y que me temo que es un indicador temprano bastante fiable: si tú mismo, cuando evalúas las capacidades de la inteligencia artificial generativa en su estado actual (que dista mucho de lo que será capaz de hacer en no mucho tiempo), empiezas a temer por el futuro de tu trabajo, es una evidencia de que, en efecto, el futuro de tu puesto está en peligro.

Mi tesis de fondo es que no nos enfrentamos a un apocalipsis inmediato, sino a una marea lenta y silenciosa que va erosionando trayectorias profesionales, reduciendo la necesidad de perfiles junior y polarizando el mercado laboral. Un proceso menos vistoso que el despido masivo, pero mucho más difícil de corregir cuando ya se ha integrado en procesos, organigramas y hábitos de contratación. Como suele ocurrir con las mareas, el problema no es que lleguen sin avisar, sino que cuando miramos atrás, la costa ya no es la misma.

Fuente de la Información: https://www.enriquedans.com/2026/01/mas-alla-del-ruido-lo-que-los-inversores-dicen-sobre-inteligencia-artificial-y-empleo.html

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Una crítica al pensamiento decolonial: hacia un giro descivilizador

No es ninguna novedad que el giro decolonial sigue siendo una de las corrientes intelectuales más importantes en América Latina y el Caribe, ofreciendo una crítica a la colonialidad del poder, el saber y el ser, tal como lo han planteado pensadores como Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Walter Mignolo, Enrique Dussel y María Lugones. Su enfoque en la modernidad colonial, iniciada con la conquista de América en 1492 y el predominio de Occidente, ha sido fundamental para desmontar el eurocentrismo y visibilizar las epistemologías del Sur.

Sin embargo, el pensamiento decolonial tiene una limitación profunda: su centralidad casi exclusiva en la colonialidad moderna occidental, ignorando las raíces mucho más antiguas de las estructuras de poder existentes. Me refiero específicamente a la Revolución Neolítica, ese punto de inflexión alrededor del 10.000 a.C., cuando las sociedades humanas pasaron del nomadismo cazador-recolector a la sedentarización agrícola. Este cambio no fue solo tecnológico o económico; trajo consigo la formación de las grandes civilizaciones y de los grandes Estados que emergieron en Mesopotamia, el Valle del Indo, Egipto, China y Mesoamérica.

Con la agricultura surge la acumulación de excedentes, y con ella, las primeras formas de poder jerárquico: la propiedad privada de la tierra, las religiones institucionalizadas para legitimar el control, las clases sociales diferenciadas, las jerarquías rígidas, la esclavitud como mano de obra forzada y el patriarcado como sistema de dominación de género. Estas no son invenciones exclusivas de Occidente; son patrones civilizatorios universales que preceden por milenios a la expansión europea.

Al centrarse únicamente en la colonialidad moderna y el predominio de Occidente, el giro decolonial comete un error de miopía histórica. Reduce la opresión a un fenómeno reciente y geográficamente localizado, como si antes de Colón el mundo fuera un paraíso igualitario. Esto no solo invisibiliza las violencias precoloniales en nuestras propias regiones —piénsese en los imperios azteca o inca, con sus tributos, sacrificios y estratificaciones sociales—, sino que también deja fuera a otras civilizaciones no occidentales. Es como si la crítica al poder solo valiera cuando viene de Europa o Estados Unidos.

Esta limitación se hace evidente en cómo muchos pensadores decoloniales abordan el actual escenario geopolítico. En su afán por desafiar el unipolarismo occidental, omiten —e incluso celebran— la emergencia de un mundo multipolar liderado por potencias como Rusia y China. Se habla de ellos como si estos actores representaran una ruptura radical con la colonialidad, llegando algunos al extremo de validar gobiernos autoritarios y dictaduras, como es el caso de Ramón Grosfoguel. Pero ¿acaso no reproducen patrones civilizatorios milenarios? Rusia, con su autoritarismo estatal heredado de imperios zaristas y soviéticos, perpetúa jerarquías, control religioso (ortodoxo) y expansionismo territorial que remiten a las dinastías mesopotámicas.

China, por su parte, bajo el Partido Comunista, encarna una modernización autoritaria que combina propiedad estatal, confucianismo como ideología legitimadora, clases sociales marcadas por la desigualdad extrema, y un patriarcado que, pese a avances, sigue arraigado en tradiciones milenarias. Sus proyectos como la Nueva Ruta de la Seda no son más que una actualización de antiguas redes de dominación, con deudas y dependencias que recuerdan a los tributos de los antiguos imperios.

El pensamiento decolonial podrá argumentar que países como China y Rusia también fueron colonizados por la modernidad occidental, ya que esta colonizó todo el planeta imponiendo su lógica de poder, saber y ser. Sin embargo, esta respuesta igual omite que el origen de esas estructuras jerárquicas, acumulativas y dominantes no radica en la modernidad misma, sino en la formación de las grandes civilizaciones neolíticas miles de años antes; la modernidad no es más que un resultado y una continuación de esos patrones civilizatorios profundos, adaptados a nuevas escalas y tecnologías.

Al ignorar la Revolución Neolítica y las grandes civilizaciones como fundadoras de estas estructuras de poder, el pensamiento decolonial corre el riesgo de convertirse en una ideología selectiva: antioccidental pero acrítica con el resto. Celebrar a Rusia y China como contrapesos sin cuestionar cómo reproducen esclavitudes modernas o jerarquías globales es, en el fondo, una forma de esencialismo invertido. No se trata de defender el Occidente —cuya colonialidad es innegable—, sino de ampliar la crítica a un nivel civilizatorio más profundo. Solo así podremos imaginar alternativas verdaderamente liberadoras, que no se limiten a cambiar de amo, sino a desmantelar las raíces mismas del poder jerárquico.

Dicho todo lo anterior, el pensamiento decolonial necesita un «giro descivilizador» para no caer en la trampa de la multipolaridad acrítica y de miradas que terminan validando autoritarismo en nombre de la crítica al eurocentrismo. De lo contrario, seguiremos reproduciendo sistemas de opresión desde Mesopotamia, disfrazados de descolonización.

Andrés Kogan Valderrama es sociólogo. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea. Diplomado en Masculinidades y Cambio Social.

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Infodemia: La peste simbólica que azota al mundo actual

Por: Federico Giménez para Estrategia.la

A fines de 2024, Ediciones CICCUS y la Mutual Manuel Baldomero Ugarte, presentaron el segundo volúmen de la colección conjunta Construyendo Soberanía, una saga de libros digitales gratuitos acerca de los principales debates en torno a las tareas pendientes de unidad latinoamericana y de independencia. Dedicado a la soberanía comunicacional, y bajo el título de Infodemia y los márgenes de la infectadura, esta compilación, coordinada por el periodista y licenciado en comunicación Omar Zanarini, explora la escena política contemporánea y su derivada zona virtual, la nueva “arena pública”, donde otra forma política pareciera dirimir la propia idea de democracia, en función de lo afectivo, las emociones y la individualidad, por sobre la razón, la reflexión y los hechos colectivos.

La obra se compone de siete ensayos escritos por comunicadores y comunicadoras “militantes de una comunicación democrática”, donde se abordan las transformaciones en los procesos comunicacionales, a partir de los acontecimientos provocados por la pandemia del COVID-19 y sus efectos. Luego de dos años de confinamiento, la población mundial fue testigo de una inusitada mutación social, política, económica y cultural, al calor del pánico generalizado por un virus que, según la Organización Mundial de la Salud, dejó un saldo aproximado de quince millones de muertos en todo el orbe, contando las víctimas directas y las resultantes del colapso sanitario que se produjo en varios países, como en Ecuador, Brasil y Perú, por mencionar los casos más significativos de nuestra región.

Fantasmas en pandemia

El libro abre con el artículo de Natalia Romé titulado “Dejar de pelear con fantasmas”, en donde señala la clara tendencia a la “indistinción entre comunicación y política”, como lo expresan los axiomas todo discurso es político, o el “novedoso” lo que no se nombra no existe. Para la autora, se trata de una “desmesurada fascinación con las posibilidades y alcances de las intervenciones comunicacionales en el espacio público”, circunscritas a lo mediático, lo publicitario y lo digital, que abren un nuevo modo de aparición de la ideología neoliberal, que define como “ideología de la comunicación”. En ella, la compleja vida comunicacional del cuerpo social se simplifica en su intelección a “unas cuantas técnicas de captación, sondeo y diseño de información u opiniones”, y reduce “la vida política bajo modalidades tecnocráticas que raquitizan la creatividad colectiva, empobrecen las representaciones que la sociedad hace de sí misma y tienden a hacer de la democracia una mueca torpe de sí misma”.

Sin embargo —nos advierte Romé—, cabe señalar que esa posición, si se quiere, tecnócrata, confronta con otra, una idea agonal de la sociedad, multiplicada en la metáfora de la batalla cultural, caracterizada por un interminable combate de significados de las grandes categorías, que apuesta “a torcer para un lado u otro la vibrante polisemia de los enunciados”. La lucha de clases se licúa en una lucha entre meros discursos, que abre el interrogante sobre si en ambas posiciones (tecnocrática o agonal), por ser (o parecer) pares especulares, acaso no anida la misma ideología neoliberal, que nos devuelve una imagen de eso que llamamos comunicación carente de política, es decir de “algún modo de incidencia transformadora del orden establecido”. De modo que cabe preguntarse “qué de nuestra propia cultura política y teórica actual participa de la consagración de la victoria neoliberal”.

En este contexto, la pandemia no hizo más que reforzar esas tendencias ideológicas, pues, lo común que se nos presenta hoy es la incertidumbre y el miedo, y su socialización “puede provocar alianzas inexplicables de parte de los sectores populares con factores de poder”. Por lo tanto, el desafío de esta coyuntura es “buscar otros modos de tramitar el miedo” (un miedo anterior al odio), un afecto real que no se fabrica ni en los medios, ni en las redes, sino apenas allí se capitaliza e instrumenta. Reinventar formas de comunicación política, popular y democrática requiere sortear esa encrucijada, sin caer en formas ideológicas de un otro radical “amenazante y deshumanizado, con quien ya nada es posible”, pues lejos de hacer política, eso no es más que “pelear con fantasmas”.

Infectadura colectiva

En el artículo de Margarita Martínez, “Pandemia, medios y sociedad civil”, la autora rememora la oposición a las restricciones establecidas por el Estado nacional, ante la inevitable viralización de contagios. Una reacción que desató una insólita batería de hipótesis paranoicas, que desencadenaron actos de desobediencia civil que reclamaban por sus libertades, mientras que en las redes (especialmente Twitter —hoy, X—) y en los medios tradicionales, el debate público se violentaba, al tiempo que denunciara en forma “esquizoide” la violencia que se producía.

Para la autora, la pandemia fue un gran experimento biopolítico involuntario, que desplazó el “afuera” de las calles a las redes, único lugar “al que se podía salir cuando no se podía salir a ningún otro lugar”. La inmovilidad obligó a sectores de la población a dejar de “producir para no morir”, arriesgándose a “morir por no producir”. En ese interregno, trabajo y tiempo libre se entrelazaron, y mientras se reducía la productividad material de bienes, aumentaba la productividad y consumo de datos, “en los mismos domicilios donde el usuario hiperconectado los producía sin descanso”.

Mientras, el debate que se estructuró en las redes estuvo signado por “más de lo mismo”: noticias falsas, palabras proféticas, efectos retóricos y otras falacias, mientras que en la televisión,  el prestigio de voces autorizadas (médicos, infectólogos, funcionarios de Estado) desfilaron con toda clase de argumentos que impactaron en una sociedad en la que, de la noche a la mañana, surgían especialistas en la materia. Las redes “no solo comenzaron a funcionar como una suerte de dedo en alto de la corrección política; se constituyeron
también como sistemas eficaces de reemplazo de la sanción jurídica en un espacio público-político-virtual nacido como extra-jurídico”.

En la Argentina, la comunicación política gubernamental apeló a la razón y al sentido de responsabilidad, sin perder “el tono ineludible de la época”, al presentar el “nuevo COVID-19”, como si se tratara de un producto en góndola, y la imposición del verbo Cuidar, se transformó en una “orden inexpugnable”. Pero el descontrol en el territorio se desató igual, por las dificultades que surgían para cumplir las restricciones en ciertas áreas, como en el conurbano bonaerense, mientras reflotaron las marchas anti cuarentena, “y la presión psíquica se hizo sentir”. Aunque en las redes no surja una verdad, tienen la posibilidad de organizar cierta acción política, algo que la comunicación política debería considerar prima facie.

Nuevos ejercicios del poder y nuevos desafíos

Además de las quince millones de víctimas, la recesión económica fue estrepitosa, cargándose alrededor de ciento catorce millones de puestos de trabajo y arrojando a la  extrema pobreza a unas ciento veinte millones de personas 2 , mientras que los gigantes tecnológicos multiplicaron su valoración, llevando a sus CEOs a consagrarse como los primeros billonarios del mundo, tal como lo presenta Verónica Sforzin en su trabajo “Infodemia, nuevos ejercicios del poder y desafíos para América Latina”. ¿Cómo es posible? Para la autora, la única forma viable es mediante disciplinamiento social y guerra psicológica.

Allí se ubica el concepto de infodemia, como parte de las nuevas formas de ejercer el poder por las fracciones dominantes. Mientras se asocia el fenómeno a una sobreabundancia “natural” de información, producto del uso de las tecnologías, se opaca su aspecto de relación social de dominación, que evidencia la ruptura entre hecho y relato, un acuerdo social roto por los gigantes tecnológicos, por su capacidad infinita de producción de relatos, que se inscribe en un sistema mayor de desinformación masivo.

Estas corporaciones son parte del entramado de poder global occidental, que entablan una relación directa con el individuo/usuario/consumidor, a expensas de su voluntad. Gracias a la consolidación de las burbujas de algoritmos, “construyen un mundo virtual acorde a cada personalidad”. El resultado son sistemas sociales cada vez más polarizados ideológicamente, que multiplican la fragmentación de grupos y manifestaciones parciales, pero que además, imposibilita una lectura integral de la causa política y los intereses en juego. Estos elementos son parte de una guerra psicológica diseñada para la manipulación de emociones, a fin de exaltar el odio, el desánimo o el descreimiento.

El poder concentrado por estas corporaciones, que monopolizan el desarrollo tecnológico, les permite asegurarse la posibilidad de un apagón comunicacional y cometer los excesos que consideren necesarios para el ejercicio de un poder brutal, frente a la creciente desigualdad.

Ante el surgimiento indetenible de un mundo multipolar, encabezado por China y Rusia, el poder angloamericano requiere del despliegue de un nuevo régimen de acumulación basado en el extractivismo masivo de datos y de materias primas centrales. Por ello, para la autora, retomar el sendero de la soberanía requiere de una estrategia propia y de una alianza regional, como también resulta vital la convocatoria y participación de las organizaciones sociales y de la comunidad en general, ya que es el “tejido social organizado, movilizado, el que no queda preso de los medios de comunicación y las redes sociales virtuales, que imponen sus ejes de discusión”.

Patear el tablero

En su artículo “Volver a patear el tablero”, Eliana Maffullo y Larisa Kejval, identifican un primer problema al que llaman “la erosión de la conversación pública”, no solo por una excesiva massmediatización, sino por la instauración de “formas violentas y maniqueas del debate y el diálogo político, e incluso, social”. En ese sentido, la llamada grieta estructura una compleja forma de absorber y colocar discursos públicos en una cadena de interpretación “que les quita todo intento de interpelación”, más bien, “terminan produciendo indignación y odio, como emociones de fácil digestión”; entonces, “no hay sentido”, sino una “producción continua de miedo, furia y antipatía, configurante de determinadas identificaciones políticas”.

Previo a las elecciones de 2015, el fenómeno de la posverdad comenzó a instalarse en Argentina, a partir del montaje de escenas que provocaron sensaciones de realidad, tales como timbreos, reuniones con vecinos, caminatas con saludos, y otros dispositivos planificados para la creación de productos comunicacionales. Su estratégica distribución en medios y redes, permitió una alta recepción en amplios sectores de la población.

Aunque, del campo nacional y popular, “la reacción fue la denuncia”, esos mensajes calaron profundamente en los sentidos sobre lo político; “un discurso soft del placer, antipático a las ideas políticas, comenzaba a circular y permear”, el de “la pesada herencia y la idea de un cambio necesario”. Es entonces cuando el macrismo llega al poder, con un discurso negador del conflicto y de la política. Pero la gestión de la política pronto se distanció de ese relato, y fue entonces difícil escapar a la politización.

Con la llegada de la pandemia, el capitalismo evidenció no tener restricciones. Para la coalición de gobierno fue necesario un discurso que sostuviera la disciplina y las medidas sanitarias, con información científica, transmisión de datos y prohibiciones que promuevan el cuidado, mientras que la derecha opositora se erigió como “la defensora de la libertad”, al tiempo que los medios, y su réplica en las redes, alentaron la quema de barbijos y la transgresión de las normas sanitarias. De allí se deriva un segundo problema, que las autoras llaman “la erosión de las tramas sociales”.

Ante este escenario, las autoras llaman a “habitar las redes y los espacios mediáticos con inteligencia”, y de “empezar a preocuparnos no tanto por el monstruo sino por quién le da de comer”. Por ello, invitan a recuperar y multiplicar otras formas de encuentro y conversación pública, “con una política que ponga en el centro el cuidado del otro”, y con sentidos “que devuelvan la capacidad transgresora y desafiante de nuestra tradición política”.

Por un protagonismo popular

En un exhaustivo análisis titulado “La agenda de las mayorías”, Úrsula Asta, resalta que, a comienzos del 2020, la propia Organización Mundial de la Salud sostuvo que “a la lucha contra el virus del COVID-19 se le sumaba la lucha contra la infodemia”. Subraya que no puede pensarse el fenómeno por fuera del modo de producción capitalista- imperialista, ya que los sujetos centrales del sistema de poder son quienes “violentan las formas de las relaciones sociales para sus objetivos de optimizar beneficios”. Es decir, que “el proceso de desarrollo algorítmico es impulsado y controlado por el mismo plexo empresario dominante”, que asegura “diversificar” la información y la comunicación, cuando la concentra cada vez más.

En el contexto de pandemia, las noticias sobre ciertos efectos colaterales de algunas vacunas se propagaron globalmente, como ocurrió con Oxford/AstraZeneca, cuestionada por la Unión Europea, a pesar que no fuera comprobado, y más aún cuando otras, como Pfizer-BioNTeche o Johnson&Johnson, también presentaron aparentes problemas, aunque estas no recibieron el mismo tipo de crítica. En el plano local, el lobby farmacéutico ungió a Pfizer para que sea “la mejor vacuna”. Resultó que la corporación presionaba a gobiernos latinoamericanos para que utilizaran activos soberanos como garantía para el acuerdo de vacunas.

Paralelamente, la vacuna Sputnik V fue calificada de “veneno” y asociada al fantasma del comunismo ruso. Es así que los medios corporativos argentinos aseguraron que nuestro país compraba vacunas por ideología. Estos aspectos muestran los despliegues mediáticos movilizados por “intereses transnacionales, en perjuicio de cierto desarrollo autónomo”, y a fin de cuentas, la intención de “marcar la cancha para que solo se pueda administrar esa dependencia”. No obstante, lejos de ser un reflejo de la realidad, las noticias son “una construcción de los acontecimientos”, cuyo campo de influencia se organiza en función de la relevancia de determinado tema; qué se dice, quién lo dice y cómo lo dice, sumado a un escenario de guerra psicológica “que obnubila la capacidad de reflexión”.

Pero ese campo de influencia no es absoluto. Los medios inciden extensamente, pero siempre en forma relativa, aunque el terreno mediático ocupe un lugar central de disputa política, económica y cultural. De modo que “todo proceso periodístico pertenece al escenario de debate y de puja en torno al poder”; existe objetividad en el hecho periodístico, que se contrasta en sus fuentes, mientras que la parcialidad implica un posicionamiento frente al hecho.

Si bien, la narrativa mediática durante la pandemia instigó marchas antivacunas y exacerbó la libertad individual, en simultáneo ocurrían “importantes niveles de solidaridad” en escuelas, sindicatos, clubes, universidades, fábricas, cooperativas, entre otros. Por ello, la autora sostiene la necesidad de “discutir el protagonismo popular”, con “el impulso de procesos de movilización”, que son primordiales para construir la agenda de las mayorías.

Comunicación y liberación

Gustavo Aráoz, en “Comunicación popular para la liberación nacional”, define el acceso a la comunicación como un derecho humano. A pesar de ello, las estrategias de comunicación corporativa buscan confundir a la sociedad; si antes la censura era la forma explícita de restringir el derecho a la libertad de expresión, la sobreabundancia de información, paradójicamente, conlleva los mismos fines, negar el acceso a la información. Por eso, quien consume medios e información, “debe asumir la responsabilidad que los tiempos demandan”, pero ¿cómo? “Es ahí donde las organizaciones libres del pueblo deben ocupar el rol de comunicadores populares para la liberación”.

Para el autor, liberación implica “construir soberanía nacional y popular en la conciencia del pueblo”, pero también, generar un aparato productivo, lograr condiciones de igualdad “en una comunidad que se desarrolla colectivamente, desde la solidaridad y la empatía como estandarte”.

Esta situación no es ajena a los barrios, pues las relaciones entre sus miembros “suelen estar impregnadas de ciertos relatos que se expresan de la misma manera y con una misma perspectiva”. Aráoz, toma como ejemplo la política pública municipal en el distrito bonaerense de Quilmes, con la reciente creación de la Dirección de Comunicación Popular, con el objetivo de impulsar espacios de debate, análisis, formación y producción de contenidos. Se trata de crear “herramientas de información que puedan ayudar a la comunidad a pensarse como grupos diversos de actores sociales que habitan un mismo territorio”, porque, de lo micro a lo macro, “cuando conversamos sobre el precio de la carne o el pan, estamos ante un tema de economía global”.

Para cumplir estos objetivos, se crearon los Encuentros de Comunicación, en el marco del Programa de Comunicación Ciudadana, que tiene por misión “trabajar la comunicación desde la perspectiva popular, democrática y feminista, en función de la comunidad organizada”, con asesorías, formación y producción de contenidos educativos para organizaciones y actores que fortalezcan el desarrollo de los objetivos de estas políticas de estado, y en última instancia, contribuyan a “elevar la conciencia de nuestro pueblo”.

Infodemia y Estado de Excepción

El libro finaliza con el artículo de su compilador, “Infodemia contra el Estado”, que resalta cómo las relaciones humanas fueron puestas a prueba en todas sus dimensiones durante esa “experiencia socialmente traumática”, que alteró la forma de relacionarnos y de leer la realidad y la política. Los gobiernos se vieron forzados a asumir el riesgo de aplicar un “dispositivo gubernamental”, como fue el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), con el fin de proteger la salud pública. Pero, a su vez, otra normalidad surgía desde la virtualidad que se instaló con la ASPO, en tanto “Excepción de Estado”, que dio lugar a una campaña de desinformación y acción psicológica, que se caracterizó por la viralización del uso manipulado de informaciones y noticias.

Este modo  de operar la información, conocido como infodemia, alentó el fracaso del esfuerzo estatal contra la pandemia, que, desde la Secretaría de Medios y Contenidos Públicos de la Nación lanzó la plataforma Confiar, creada para combatir la epidemia informativa de noticias engañosas y contenido manipulado, que se convirtieron en asuntos de salud pública.

Para el autor, lo que se buscó fue configurar el efecto de estar viviendo una “infectadura”, y que la intervención estatal debía ser combatida y derrotada. En este escenario se consolidó la figura altamente mediatizada de Javier Milei. Estos “mecanismos mediáticos de construcción de sentidos, de consensos y elaboración de imaginarios sociales”, decantaría en un cambio cultural “que pusiera en juego la creencia social que el Estado es garante de la vida de sus ciudadanos”, y en consecuencia, en el triunfo electoral libertario.

Por eso, la estrategia denominada infodemia, constituyó una “ofensiva ideológica” por parte de los sectores de poder, que se volvió efectiva con la instalación de narrativas anti cuarentena, que operaron en cambios de actitud en los sujetos, al punto de crearles una “disonancia cognitiva”. Se trata de una acción deliberada para producir malestar a gran escala, e implantar un nuevo sistema de creencias “que pusiera en primer lugar al individuo, por sobre el conjunto de la población”, sobre un escenario de humor social condicionado por el ASPO, la crisis económica y el malestar político.

Fue así cómo comenzó a instalarse “un polo de pensamiento de derecha y antinacional a través de la corriente libertaria”, cuyo “nuevo horizonte de lo decible”, apunta al Estado como enemigo. Bajo el “sesgo cognitivo” de señalar que “todos los políticos son corruptos”, comienza a “galvanizar discursos de odio que parecen justificar la eliminación de todo otro que sostenga la necesidad de un Estado presente” y desafía peligrosamente “las creencias que sostuvieron durante años una cultura política que tuvo al Estado como garantía de Justicia Social”.

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Estados Unidos: La resistencia de masas en Minneapolis muestra la barbarie de ICE y cómo se lo puede derrotar

Por Socialist Horizon

Desde principios de diciembre de 2025, el régimen de Trump desplegó más de 2.000 agentes de ICE y otros agentes de inmigración para inundar Minneapolis y llevar a cabo la «Operación Metro Surge» (Aluvión Metropolitano), lo que el Departamento de Seguridad Nacional llamó «la mayor operación de aplicación de la ley de inmigración jamás realizada». Se trataba de un ataque coordinado y una ocupación de la ciudad dirigida contra la población somalí con la intención de llevar a cabo arrestos y detenciones masivas alimentados por el grotesco racismo de Trump, los operativos de su régimen y los supremacistas blancos alineados. Lo que obtuvieron en su lugar fue la resistencia masiva de la población de toda el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, y una batalla entre fuerzas opuestas que se libra hasta el día de hoy.

Durante el primer mes, los agentes de ICE encontraron tanta resistencia a su operación que Trump tuvo que mandar 1.000 agentes adicionales, y dar luz verde al uso desenfrenado de la fuerza por los agentes contra el movimiento de defensa anti-ICE. Esto se desarrolló en la forma más bárbara con el asesinato de Renée Nicole Good, una activista barrial y madre de tres hijos que fue baleada y asesinada por el agente de ICE Jonathon Ross. El asesinato de Good desencadenó la movilización masiva que condujo a la convocatoria de una huelga general en toda la ciudad.

La batalla de Minneapolis y la huelga general

La «Batalla de Minneapolis», una lucha de clases entre miles de minnesotanos de clase trabajadora y el ejército invasor y ocupante del ICE de Trump, alcanzó su máxima expresión el 23 enero, cuando sindicatos, grupos comunitarios, instituciones religiosas y grandes franjas de la población en general se organizaron para llevar a cabo una huelga general.

El viernes, al menos 50.000 personas en Minneapolis, y algunos calculan que hasta 100.000, desafiaron un frío extremo de 22 grados bajo cero y una sensación térmica peligrosamente baja, de hasta 40 grados bajo cero, para participar en una protesta masiva desarrollada a partir de la huelga general convocada. Aunque no fue una huelga general completa, la acción provocó el cierre de sectores de la economía, la paralización del sistema de transporte público, el cierre de cientos de empresas y de muchas escuelas.

La huelga general demuestra el máximo poder de la clase obrera para paralizar el sistema capitalista y todos sus componentes constitutivos. Esta capacidad única de la clase obrera para detener colectivamente el funcionamiento del sistema capitalista surge de su papel central en la producción capitalista. Mientras que la clase capitalista posee los medios de producción, los trabajadores determinan si la producción se efectúa o no en cualquiera de sus formas. Mediante la retención del trabajo a escala generalizada, los trabajadores pueden impedir que los capitalistas obtengan los ingresos necesarios y que se produzcan ganancias. Si el sistema capitalista deja de funcionar y de generar riqueza, se crean perturbaciones que pueden multiplicarse y empujar a sectores de la clase capitalista a una crisis existencial, al tiempo que repercuten de forma secundaria en todos los aspectos del funcionamiento del sistema capitalista. Una crisis de esta magnitud obliga a los representantes políticos de la clase capitalista, ya sean republicanos o demócratas, a tener que negociar y hacer concesiones (como desmovilizar y retirar a ICE de Minneapolis) para preservar el sistema capitalista.

En otra acción, varios miles de manifestantes se congregaron en el aeropuerto de Minneapolis-St. Paul (MSP) para exigir que cesaran los vuelos de deportación del ICE. Durante las semanas anteriores de ocupación del ICE, más de 2.000 personas secuestradas por agentes federales habían sido embarcadas en vuelos contratados a través de Delta Airlines y Signature Aviation y enviadas a destinos desconocidos. Como parte de la convocatoria de la acción de huelga en MSP, un porcentaje importante de los trabajadores del aeropuerto se quedó en casa en un «sick out» («enfermarse») coordinado. Fuera del aeropuerto, más de 100 líderes religiosos llevaron a cabo una acción de desobediencia civil bloqueando la carretera principal para obstruir el acceso.

La magnitud y las heroicas acciones de los habitantes de Minneapolis inspiraron cientos de acciones de solidaridad en todo el país, mostrando las fases iniciales de un movimiento nacional contra el ICE que está tomando forma.

Escuadrones de la muerte de ICE

Al día siguiente de la acción masiva, agentes del ICE asesinaron a Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Administración de Veteranos que apoyaba activamente a su comunidad como parte de la red de defensa contra ICE. Pretti recibió 10 disparos a quemarropa en forma de ejecución. Las circunstancias que condujeron a este asesinato a sangre fría se intensificaron rápidamente por parte de los agentes, que parecían ansiosos por llevar a cabo otro asesinato-ejecución como el de Renee Nicole Good, a quien el agente del ICE Jonathon Ross disparó tres veces a quemarropa. Pretti estaba filmando a los agentes durante una operación, luego dirigiendo el tráfico en torno a una operación de ICE que bloqueaba el camino, cuando fue atacado, rociado con agentes químicos, y luego violentamente asaltado en grupo y golpeado por varios agentes por tratar de ayudar a otro miembro de la comunidad que también estaba siendo asaltada.

Pretti es la sexta persona asesinada a tiros por agentes federales de inmigración desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, mientras que 19 personas han sidoasesinadas a tiros por agentes de ICE en total. Otras 32 personas han muerto bajo custodia del ICE en 2025.

Desde la invasión de Minneapolis por ICE, la escala masiva de represión violenta se ha traducido en más de 3.000 detenciones y secuestros, un número incalculable de palizas y el gaseado de defensores de la comunidad y transeúntes con agentes químicos y explosivos como gas lacrimógeno, gas pimienta, perdigones de spray de pimienta, gas cancerígenomezclado con plomo y cromo, y granadas flash bang, incluido un incidente en el que una de ellas fue lanzada contra el coche de una familia que transitaba por la zona, hiriendo al conductor y a sus seis hijos.

Se trata de una escalada de violencia estatal diseñada para aterrorizar a los habitantes de Minneapolis porque han llevado a cabo una campaña de resistencia de masas muy organizada y eficaz contra las fuerzas de ocupación de ICE. En lugar de acobardar a los minnesotanos, ha atraído a aún más gente a la lucha.

También se está produciendo una radicalización entre los organizadores y defensores de primera línea, incluyendo a miles de personas que participan directamente en patrullas contra ICE, grupos de autodefensa en el lugar de trabajo y en la comunidad, equipos de respuesta de emergencia, apoyo de ayuda mutua y otros métodos innovadores y ascendentes para frustrar la ocupación de ICE y sus ataques.

Decenas de miles de personas más de todas las comunidades y ámbitos de la vida son la siguiente franja de apoyo a la lucha para evitar que ICE lleve a cabo sus secuestros masivos. El «aluvión» de terror del ICE de Trump en el estado de Minnesota ha activado un movimiento masivo de resistencia de todos los sectores.

ICE se creó para servir a los objetivos capitalistas e imperialistas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se creó en 2003 como parte de la formación del recién creado Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al inicio de la «Guerra contra el Terrorismo» de Estados Unidos. Veintidós agencias de seguridad se combinaron en el DHS, incluidos los dos más grandes, ICE y CBP, y se les encomendó la tarea de dirigir la entonces Guerra contra el Terrorismo hacia adentro del país, no solo contra los migrantes y refugiados, sino también contra los activistas antiimperialistas, los disidentespolíticos y cualquier otra persona que se oponga al régimen de Trump.

Las operaciones de ICE como la de Minneapolis aplican una estrategia militar denominada estrategia de contrainsurgencia. La variante adaptada de la «contrainsurgencia militar centrada en la población» tiene por objeto invadir, ocupar y establecer el control sobre una población y el entorno en el que existe esa población con el fin de ejecutar objetivos militares declarados (castigo colectivo, aislar o desarraigar a los «insurgentes», etc.). La estrategia contrainsurgente había sido desarrollada y desplegada originalmente por las fuerzas militares estadounidenses en teatros de guerra para atacar y reprimir los movimientos insurgentes de resistencia que operaban en núcleos de población, especialmente actuando contra fuerzas militares de ocupación como las estadounidenses en Irak y Afganistán, o contra gobiernos alineados con Estados Unidos. Esta estrategia militar se aplica ahora contra la población estadounidense.

También es significativo que la ocupación de Minneapolis coincida con el aumento de la agresión imperial estadounidense hacia afuera. La invasión estadounidense de Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores es el brazo imperial de ICE. De hecho, Maduro fue arrastrado encadenado a una cárcel de Brooklyn para que Trump pudiera declarar que su detención formaba parte de la guerra de EE.UU. que se libra contra Venezuela en el extranjero, y por ICE en las ciudades de EE.UU. a nivel nacional.

Trump precipitó su ataque contra Venezuela etiquetando falsamente al gobierno de Maduro como un régimen «narcoterrorista», declarando a la pandilla callejera local venezolana «Tren de Aragua» un cártel internacional de la droga, haciendo llover misiles Hellfire sobre pequeñas embarcaciones y asesinando a más de 126 personas frente a las costas venezolanas y colombianas, alegando que eran contrabandistas de drogas, y luego criminalizando a 650.000 migrantes y refugiados venezolanos en los EE.UU., alegando que eran parte de este mismo cartel criminal internacional.

En marzo de 2025, Trump proclamó que los inmigrantes venezolanos dentro de Estados Unidos pertenecían a la banda criminal venezolana «Tren de Aragua» y estaban «llevando a cabo una guerra irregular» contra Estados Unidos. Trump invocó una ley del año 1798 para enviar a unos 250 venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde fueron sometidos a torturas por el régimen de Bukele, antes de que un juez federal le ordenara poner fin a esos vuelos. Trump ha ordenado ahora la deportación masiva de migrantes venezolanos desde ciudades estadounidenses utilizando vuelos de deportación directa a Caracas. Esto tras «llegar a un acuerdo» con el gobierno de Delcy Rodríguez, exvicepresidenta bajo Maduro, ahora instalada en la Presidencia.

El ataque de Trump contra Venezuela y el asesinato de más de 100 personas durante el violento secuestro de Maduro, y la criminalización y persecución de los migrantes y refugiados venezolanos están directamente relacionados con la ocupación de Minneapolis por ICE. Se despliegan los mismos métodos imperialistas de ataque, secuestro y represión, y se utiliza la misma propaganda racista para justificar las estrategias violentas, con la misma violencia represiva contra los que son blanco y los que se resisten.

Guerra interna

A partir de 2003, ICE se desplegó inicialmente a través del «Programa Nacional de Operaciones contra Fugitivos» para vigilar, localizar, detener y deportar a personas indocumentadas árabes, musulmanas y de Medio Oriente procedentes de más de 20 países seleccionados que residían en Estados Unidos (lo que refleja la guerra contra las personas árabes, musulmanas y de Medio Oriente en las regiones objetivo de operaciones militares estadounidenses).

En 2006, el ámbito de aplicación se amplió para incluir a los trabajadores indocumentados de México, América Central y el Caribe. Esta focalización en los trabajadores inmigrantes se llevó a cabo en respuesta a las movilizaciones masivas de trabajadores inmigrantes de 2006, en las que más de 3 millones de personas participaron en huelgas, marchas, boicots y paros exigiendo la legalización. Entre 2006 y 2007, los agentes del ICE orquestaron cientos de redadas invasivas en más de 100 ciudades y pueblos de todo el país, dirigidas contra fábricas, granjas, hogares y espacios públicos comunitarios, decapitando el movimiento.

El imperativo de reprimir, contener, controlar e infundir la permanencia del miedo en la clase trabajadora migrante e internacional como función del sistema capitalista estadounidense puede explicar por qué tanto el Partido Republicano como el Demócrata han trabajado juntos para aumentar el ICE y las capacidades de detención y deportación a través de sucesivas administraciones hasta el actual segundo mandato de Trump.

La construcción de ICE como proyecto bipartidista

ICE es actualmente la mayor agencia de seguridad armada en Estados Unidos. Originalmentese le asignaron 3.300 millones de dólares bajo el mandato de George W. Bush, pero ha ido aumentando y ampliándose con cada gobierno hasta alcanzar un presupuesto de 10.000 millones de dólares bajo el mandato de Biden en 2024. En este segundo mandato de Trump, el presupuesto de ICE se ha ampliado a 75.000 millones de dólares para los próximos cuatro años, además de los 10.000 millones de dólares que el Congreso ya la habia asignado en marzo de 2025. ICE dispone de 28.700 millones de dólares este año, lo que supone casi el triple de todo el presupuesto de ICE del año fiscal 2024.

El objetivo declarado originalmente por Trump era crear una fuerza capaz de deportar a 3.000 personas por día y, en última instancia, deportar a «entre 15 y 20 millones de personas» durante su segundo mandato. Para ello, ICE se ha desplegado en los 50 estados para llevar a cabo operaciones. Aunque ICE realizó 1.179 detenciones hasta el 26 de enero, el promedio diario de arrestos cayó a alrededor de 800 a finales de enero y a menos de 600 durante las dos primeras semanas de febrero de 2025. Reuters informa de que en enero Trump deportó a unas 38.000 personas, menos que la media de Biden de 57.000 expulsiones al mes en 2024.

Esto condujo a la estrategia de «aluvión» para aumentar el número de detenciones, con un masivo aumento de financiación, acumulación de agentes movilizados y despliegue en las ciudades «bajo el control del Partido Demócrata» en el verano de 2025. Miles de agentes «inundaron» varias ciudades para llevar a cabo redadas de alta intensidad y ocupar objetivos estratégicos, lo que recuerda a los «aluviones» de tropas militares en Irak y Afganistán para llevar a cabo secuestros y deportaciones masivos. Esta estrategia se desplegó primero en Los Ángeles, luego en Chicago, Charlottesville y ahora en Minneapolis.

La estrategia de Trump de persecución y violencia racial

La estrategia de «aluvión» se vio facilitada por una sentencia de la Corte Suprema que autorizó el derecho de los agentes de ICE a realizar perfiles raciales. En el caso conocido como «Vásquez Perdomo v. Noem», la Corte Suprema accedió a una solicitud de emergencia del gobierno Trump que anulaba la orden de un juez de Los Ángeles que prohibía a las patrullas itinerantes de ICE seleccionar y arrebatar a personas de las calles de Los Ángeles basándose únicamente en su apariencia racial, qué idioma hablan, qué tipo de trabajo hacen o dónde se encuentran. Ahora, ICE tiene autorización para emprender cacerías raciales en los centros urbanos seleccionados.

Trump revocó entonces el «Estatus de Protección Temporal» (TPS, por sus siglas en inglés) y los estatus de protección legal para más de 1,5 millones de inmigrantes que estaban en el país con autorización legal y muchos de los cuales se encuentran en diferentes etapas de avance en el proceso para conseguir el estatus de refugiado para ellos y sus familias. Esto creó de la noche a la mañana una población de «personas deportables» que podían ser secuestradas por el ICE.

Esto también coincide con la emisión por parte de Trump de un memorando en junio de 2025 que ordenaba que ICE pusiera fin a las redadas de inmigrantes en lugares de trabajo que venía orquestado como parte de su campaña de represión de migrantes. Los intereses capitalistas se opusieron a Trump y a los efectos perjudiciales que estas redadas estaban teniendo en sus negocios y beneficios, lo que llevó a Trump a volver a focalizarse en los refugiados.

En octubre, Trump purgó la cúpula de ICE, echando a los jefes de 10 oficinas de campo regionales, sustituyéndolos por gente de la Patrulla Fronteriza dirigida por Gregory Bovino. Este se convirtió en el principal arquitecto encargado de dirigir las operaciones de ICE en Chicago y luego en Minneapolis debido a su reputación de tácticas represivas de mano dura y violencia racial. Según un informe, «filtraciones dentro de la administración indicaron que la Casa Blanca estaba harta de que ICE intentara apuntar a inmigrantes individuales con arrestos y quería más de las tácticas basadas en perfiles de Bovino.»

Ante la resistencia masiva a la estrategia de «aluvión», el régimen de Trump declaró la «inmunidad absoluta» para los agentes que llevan a cabo la represión violenta contra los activistas anti-ICE. ICE también comenzó una política de reclutamiento intencional de individuos y grupos de ideología de extrema derecha y fascista, prácticamente sin investigación de antecedentes, y redujo la capacitación de los agentes de ICE de 16 a 6 semanas. Esto se suma al hecho de que hay poca supervisión de las operaciones de ICE, lo que crea una cultura cerrada, interiorizada y encubridora en la que pueden prosperar la violencia y la corrupción. Dos días antes del asesinato de Alex Pretti, un tribunal federal de apelación dictaminó que los agentes de ICE pueden desplegar agentes químicos y utilizar la violencia a su discreción contra los manifestantes anti-ICE.

La indignación masiva contra los asesinatos de ICE ahora parece estar conduciendo a un nuevo cambio en la estrategia de Trump. Despidió al pequeño tirano y arquitecto de la brutalidad de ICE Gregory Bovino -quizás ofreciéndolo como chivo expiatorio. Ha anunciado que su nombrado «zar de la frontera» Thomas Homan sustituirá a Bovino y «le informará directamente» sobre los acontecimientos sobre el terreno en Minneapolis. Pero Homan no es diferente.

Homan fue nombrado durante el segundo mandato de Barack Obama y por Trump en ambos mandatos. Obama lo nombró Director Ejecutivo Asociado de Operaciones de Ejecución y Expulsión de ICE en 2013. Fue el arquitecto de la brutal política de separación de familias de Obama, argumentando que la separación de los niños de sus padres y cuidadores «sería un elemento disuasorio eficaz» para quienes cruzan la frontera en busca de asilo. Fue tan eficaz en el despliegue de métodos crueles e inhumanos contra los migrantes y refugiados para facilitar la deportación a tan gran escala que Obama, el «Deportador en Jefe» concedió a Homan un Premio Presidencial de Rango, alabando el «éxito de Homan en la ampliación de las detenciones y camas de detención para el reciente aumento de niños y familias que huyen de la violencia en América Central».

Como parte del primer gobierno de Trump, Homan fue convocado para expandir su política de separación familiar. Después de 2018, comenzó a contribuir en Fox News como comentarista, y luego se unió a la Fundación Heritage de extrema derecha en 2022, donde se convirtió en un colaborador del desarrollo del Proyecto 2025. Antes de formar parte del segundo gobierno de Trump, Homan fue grabado aceptando una bolsa con 50.000 dólares en efectivo de agentes encubiertos del FBI que se hacían pasar por ejecutivos de negocios. El FBI investigaba las acusaciones de que Homan aceptaba sobornos de empresas de seguridad fronteriza a cambio de la promesa de contratos gubernamentales si Trump ganaba las elecciones de 2024. En septiembre de 2025, el Departamento de Justicia de Trump cerró abruptamente la investigación. Mientras tanto, con Homan de nuevo en el cargo en el segundo mandato de Trump, los antiguos clientes de Homan están consiguiendo «grandes pagos federales» y ganando contratos rentables de la Casa Blanca de Trump en medio de sus medidas enérgicas desatadas por ICE en las ciudades estadounidenses.

La reorganización del mando y el reciclaje de Thomas Homan para reemplazar al despreciado Gregory Bovino se refleja en cómo la gente de Minneapolis ha contraatacado a ICE y a Trump, especialmente después de los brutales asesinatos. Pero la guerra de ICE continuará y se intensificará bajo Homan, por lo que necesitamos seguir construyendo la resistencia a ICE de abajo hacia arriba en ciudades de todo el país, y unificarlas a escala nacional. También tenemos que organizarnos en torno al llamamiento para abolir ICE por completo.

Construir la resistencia a escala nacional

Los movimientos de resistencia han desempeñado un papel importante a la hora de oponerse e impedir que ICE logre sus objetivos sobre el terreno. La acción masiva y organizada ha permitido evitar detenciones, interrumpir u obstruir redadas y operaciones, organizar una masa crítica en tácticas para inmovilizar y obstruir a ICE, organizar sistemas de vigilancia y respuesta de emergencia para responder rápidamente en los puntos de actividad de ICE, organizar patrullas en barrios específicos, desarrollar planes de defensa, grupos y actividades de ayuda mutua, y ahora desplegar la mayor arma en el arsenal de la lucha de la clase obrera: la huelga general.

Tendremos que unirnos, construir y fortalecer los movimientos de lucha de clases contra la violencia y la ocupación de ICE para derrotar la guerra de clases que se nos está perpetrando desde arriba. También tenemos que construir un partido revolucionario en los EE.UU. que pueda ayudar a dar forma, organizar y unir a los sectores más militantes del movimiento de resistencia de masas contra el sistema capitalistas e imperialista que impulsa estas guerras en el extranjero y en casa.

Socialist Horizon está comprometido con este proyecto. Instamos a las personas que deseen unirse a nosotros a que se pongan en contacto con nosotros en contact@socialisthorizon.org

Publicado originalmente en Punto Rojo

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