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Chile: Reflexiones sobre sondeo de violencia escolar realizado por el magisterio

El pasado 23 de octubre el Departamento de Educación y Perfeccionamiento (DEP) del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, a cargo del Dirigente Nacional, Carlos Ojeda Murillo, entregó los resultados del Sondeo Nacional sobre Violencia Escolar realizado el último trimestre del año 2022, en el que participaron de manera voluntaria más de 4 mil docentes del país.

 

Respecto a la Consulta, articulada con profesionales del Programa Transversal de Educación (PET), de la Universidad de Chile, el profesor Marcelo Castillo Duvauchelle, Coordinador del DEP, realiza una serie de reflexiones contenidas en la siguiente columna de opinión:

 

REFLEXIONES SOBRE SONDEO DE VIOLENCIA ESCOLAR REALIZADO POR EL MAGISTERIO – Portal del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (colegiodeprofesores.cl)

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2023/11/chile-reflexiones-sobre-sondeo-de-violencia-escolar-realizado-por-el-magisterio/

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Polo Castellano: Desafíos culturales de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. México

Borrar la memoria; rehacer la historia; despojar de sus territorios a los pueblos originarios; desarticular la organización de frentes y movimientos artísticos y culturales; precarizar al artista y al trabajador de la cultura; reconfigurar los imaginarios colectivos; simular el respeto a los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores del sector cultural; apropiación de las expresiones colectivas; banalización de la producción artística de comunidades indígenas y pueblos originarios; creación de aparatos teóricos de lo políticamente correcto para el arte; discriminación y estigmatización de las y los artistas, la censura y hasta su persecución, son tan solo algunas de las atrocidades que hoy se encuentran dentro del perverso arsenal que usa el capitalismo salvaje y el neoliberalismo contra los pueblos que resisten.

 

Una guerra contra el arte y la cultura de pueblos milenarios que se resisten a desaparecer. Desde la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto el saqueo y exterminio de las culturas es una constante. Sin ir tan lejos, desde el nacimiento de la Panamerican Union, antecedente de la Organización de Estados Americanos, con su departamento de artes, los designios del imperialismo y el poder hegemónico comenzaron la construcción de una extensa red de agentes al servicio del imperio y con la tutela de la CIA a través de tapaderas y frentes culturales que ocupan museos y hasta centros e institutos de investigación desde donde se abrió otro frente del colonialismo contra los pueblos del mundo. El frente cultural. La guerra cultural.

 

Hoy, ya no es tan necesario invertir en estas redes de agentes ya que han logrado minar de tal manera las estructuras de los países que son objetivos políticos, económicos y geográficos, con políticas de gobierno y de desarrollo que convengan y beneficien al capitalismo y sus mandatos. Y una prueba contundente son las actividades y directrices que desarrolla el Departamento de Estado a través de la USAID: la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Que llevan a cabo con la venia y autorización de los gobiernos en los países donde operan, influyendo y creando programas en áreas estratégicas de estas naciones: economía, salud, educación, agricultura, política, derechos humanos y cultura. En el caso mexicano, por ejemplo, son los encargados de la Iniciativa Mérida y hasta asesores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Sin mencionar los programas y manuales de educación que circulan para capacitación docente en las universidades públicas entre otras cosas.

 

En materia de arte y cultura, todo este arsenal, además, llega a meter sus larga garras para dictar lo políticamente correcto para el ejercicio de la creación artística que será auspiciada por los estados. Y en los que hemos observado hasta una reconfiguración de conceptos a modo, como por ejemplo la producción comunitaria y colectiva, ahora vacía de sus orígenes y objetivos, minimizando una de las acciones de resistencia más efectivas que tienen los pueblos. Volviéndola así, un instrumento de ejecución vertical donde participa mucha gente pero que desvía las prácticas del diálogo, de horizontalidad, de construcción y de resistencia que genera la colectividad.

 

La apuesta también es imponer una cultura hegemónica, ¡qué terror! además el arte y la cultura están siendo utilizados de ariete para violar la soberanía y autodeterminación de los pueblos, solo recordemos el ejemplo del concierto masivo en el 2019 «Libertad para Venezuela» organizado por Estados Unidos en complicidad con sus títeres golpistas Juan Guaidó y Leopoldo López, concierto de cantantes figurines de la sociedad del espectáculo, pagados y comprados al servicio de los gringos, para que desde territorio colombiano, se violara la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela pretendiendo introducir contenedores con supuesta ayuda humanitaria. También, los ataques contra la Bienal de la Habana para desde ahí intentar una más de las acciones contra revolucionarias en el largo historial de frustradas acciones contra el heroico pueblo de Cuba. Inmediatamente las redes culturales internacionales y los distintos capítulos de la Red de Intelectuales y Artistas respondimos desenmascarando a seudoartistas y seudointelectuales en las múltiples redes sociales y reventando también los eventos que la contra, desde supuestos agentes culturales pretendieron implementar en distintos países. En el caso de México las redes de resistencia, hasta denuncias penales por violaciones al artículo 33 de la Constitución mexicana implementamos contra estos siniestros personajes que operaron desde México.

 

Desde Martí hasta las y los muralistas mexicanos, entre cientos de ejemplos de mujeres y hombres trabajadores del arte y la cultura y de todas las disciplinas artísticas en todo el mundo, no solo desde su trabajo intelectual y creador son generadores del pensamiento crítico, también, son parte de los motores de las grandes revoluciones de los pueblos, aunque el imperialismo lo niegue, aunque no le guste y aunque no quiera. Por eso, uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy esta Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad es seguir articulando, seguir construyendo redes, no solo de resistencia sino de vanguardias que adelanten a las acciones que nulifican y apuestan al exterminio de los pueblos. Redes que hagan frentes comunes de batalla con los movimientos sociales legítimos libertarios y revolucionarios y no solamente trincheras en defensa de la humanidad. Si algo hermoso tiene la humanidad es su infinita diversidad de expresiones artísticas y culturales construidas y acumuladas durante los miles de años de su existencia y que son el resultado de su alma generosa y colectiva. La humanidad necesita hoy más que nunca volver a tocar su amor, sus emociones y sus formas libres de expresarse, volver a tocar sus fibras más íntimas de fraternidad entre sus semejantes y sobre todo de hermandad entre los pueblos.

 

Ciudad Universitaria, XX Aniversario de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, 25 de octubre de 2023.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Desafíos culturales de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad

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Entrevista a Bárbara Tardón: «Ninguna feminista está preparada para enfrentar la violencia que ha enfrentado el ministerio»

 

Entrevista a Barbara Tardón feminista, asesora y experta en violencias sexuales hacia las mujeres.

 

Asesora de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero —de Podemos— en la legislatura que toca a su fin con el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, Bárbara Tardón (Madrid, 1976) agota sus días en la calle Alcalá, donde tiene su sede esta institución, tras casi cuatro años de trabajo. Tardón fue antes asesora de la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo de la Vega —socialista—, y sabe de las críticas a las políticas de igualdad y al anterior Ministerio de Igualdad, el que lideró Bibiana Aído entre 2008 y 2010. Pero cree que lo que se ha vivido en el ministerio de Irene Montero, que la ministra ha señalado como “violencia política”, no tiene precedentes.

 

Cuando en España se empezó a hablar de violencias sexuales al hilo de las movilizaciones feministas que pusieron en el centro el “no es abuso, es violación”, que acabaría impulsando la Ley de garantía integral de la libertad sexual, ella ya estaba ahí: desde 2006 Tardón trabajaba con supervivientes de violencias sexuales y de esa experiencia dio el paso a los estudios académicos.

 

Ha investigado sobre violencia sexual para diferentes organizaciones e instituciones de Europa Occidental, Europa Oriental y Latinoamérica, entre ellas, Médicos del Mundo o Amnistía Internacional, organización donde dirigió la investigación Ya es hora de que me creas, publicado a finales de 2018, uno de los informes de referencia en España sobre la atención de las instituciones a la violencia sexual.

 

Cuando salga definitivamente del Ministerio de Igualdad, dice, piensa convertirse en activista de la ley del sí es sí, que defiende como una ley integral sin precedentes. Y descansar de varios años de vértigo. “No ha habido un día en donde el ministerio y el equipo ministerial y la ministra no fueran noticia en este país, lo cual es sintomático de lo que supone para el patriarcado y para toda esa estructura patriarcal el ministerio”.

 

En enero 2020 se crea el Ministerio de Igualdad de esta legislatura, que ha acompañado y promovido un amplio debate en torno a otras violencias machistas más allá de la violencia de género en pareja, y especialmente sobre violencias sexuales. Tu trayectoria en la investigación de las violencias machistas empieza antes. ¿De qué violencias se hablaba cuando empezaste a especializarte en violencia sexual?

Yo tengo 46 años y empecé a trabajar con 28 acompañando a las víctimas de violencia en pareja o expareja. Trabajaba en entidades del tercer sector y ONG. No entré directamente en la academia, sino que a raíz de toda mi experiencia laboral acompañando a mujeres, empecé a adentrarme en la investigación de la violencia sexual. En 2006 me contrató una entidad que trabajaba con las supervivientes de violencias sexuales y empecé a meterme. ¿Qué es lo que descubrí a raíz de eso? Pues que no solamente de manera teórica, sino en la realidad del día a día, nos encontrábamos con una desatención institucional hacia las supervivientes de violencias sexuales radical y absoluta. Pero, desgraciadamente, tengo que decir también que, al menos en el contexto español, y me atrevo a decir que en Occidente —no tanto en América Latina y quizás en Estados Unidos un poquito menos— las violencias sexuales contra las mujeres tampoco estaban dentro de la agenda, tanto política como social. Las violencias sexuales no eran centrales en ningún caso y el sujeto político por excelencia de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres eran las víctimas supervivientes de violencia en pareja o expareja. Todo lo que tenía que ver con el deber del Estado y de las instituciones en la atención, en la reparación integral, se centraba solo en la violencia en pareja o expareja.

 

Poquito a poco, por distintas circunstancias, el movimiento feminista fue adentrándose en la visibilización de las violencias sexuales, fue incorporándolo en su agenda. Entiendo que también venía arrastrado por América Latina y por un MeToo norteamericano que no quiero dejar de recordar que viene de mucho antes de lo que podemos llegar a imaginar, y que fueron las mujeres racializadas norteamericanas las primeras que quisieron denunciar esas violencias sexuales estructurales.

 

Con ese bagaje profesional, decidí dar el paso y empecé en 2013 a investigar para mi tesis doctoral, que defendí en el año 2017, que es precisamente sobre la historia de las violencias sexuales y la desatención del Estado español a las violencias sexuales. A partir de 2016 esto coincide con el caso de la chica agredida sexualmente en Sanfermines y con todo el poder del movimiento feminista. Y creo que ahí juegan un rol fundamental muchas periodistas feministas que, por primera vez, empiezan a incluir en sus agendas, también comunicativas, las violencias sexuales. Porque si rastreamos en cómo se representaban los medios, las violencias sexuales estaban totalmente desatendidas también.

 

O estereotipadas…

Totalmente. Por eso, el trabajo de Nerea Barjola [Microfísica sexista del poder] para mí es la obra maestra de las violencias sexuales en el contexto de nuestro país, porque en nuestro país no teníamos una referente teórica que nos cambiara el paradigma. Y Nerea es eso. Y precisamente de lo que habla es de esa representación del terror sexual. Como decía, en 2016 diferentes vectores se aúnan para por fin situar en la agenda las violencias sexuales. Luego Amnistía Internacional me contrata para elaborar la investigación de Ya es hora de que me creas.

 

Cuando yo realicé mi investigación de violencias sexuales, no había ni informes teóricos del movimiento feminista. Acsur Las Segovias hizo uno estupendo, no quiero dejar de nombrarlo, pero el informe de Amnistía Ya es hora de que me creas cambia también en términos de incidencia política y de dar el toque a las instituciones. Poco a poco empieza esa fuente de obras que empiezan a hablar de la violencia sexual. Y el recorrido biográfico termina con una oportunidad en mi vida que es que primero me llama la secretaria de Estado, Soledad Murillo, en el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, y luego me llama la ministra para formar parte de su equipo, junto con otras compañeras, para tomar las riendas y por fin empezar a elaborar políticas públicas y relatos políticos que estén dirigidos a visibilizar las violencias sexuales y a acompañar a las supervivientes.

 

En el año 2018 el movimiento feminista toma las calles para decir “no es abuso, es violación”. ¿Qué pensabas entonces de ese lema?

El “nombrar para politizar” famoso de Celia Amorós era un paso fundamental que teníamos que dar como activistas, como feministas y como teóricas. Y la realidad es que “abuso” era una palabra insignificante para lo que son las violencias sexuales en las vidas de todas, en nuestra biografía. Cuando el movimiento feminista empieza a señalar que no es abuso y que es violación, creo que más allá de lo que implica nombrar, se produce un giro radical que en la representación cultural que marca un antes y un después también. Ya no nos conformamos con palabras nimias, estamos hablando de una agresión sexual, estamos hablando de violencias sexuales, estamos hablando de un continuo que nos atraviesa a todas las mujeres en nuestras biografías, en todo el planeta. Creo que esa conceptualización es clave también.

 

Estamos en 2023, ha pasado poco tiempo pero “no es abuso, es violación” ya no solo es un lema feminista sino el principio de una ley. ¿Qué impacto tiene eso?

El impacto que tiene es doble. En primer lugar porque podemos, desde la integralidad de una norma de estas características, no solamente trabajar para prevenir las violencias, las agresiones sexuales, las violaciones, sino que por primera vez vamos a penalizar también esas agresiones sexuales que se ejercen de manera constante y continua contra las mujeres. Eso implica reclamar una deuda histórica que es la justicia feminista para todas. Para mí eso es clave, que esté en una norma, que se visibilice, pero que hablemos también de ese derecho a la justicia feminista al que yo por lo menos no quiero renunciar.

 

Y que se penalice de una forma distinta no significa que las feministas estemos abogando como única salida por las medidas punitivas, ni mucho menos. Porque las penas tienen que ser proporcionales a un delito. Lo que estamos abogando es por un derecho del que nos han despojado a lo largo de los siglos, que es el derecho a la justicia y por el que vamos a seguir peleando muchas, a pesar de que la derecha, la ultraderecha o el negacionismo intenten robárnoslo.

 

Hay un debate interno dentro del feminismo, sobre si la ley es punitivista o si hay que rendirse al Código Penal para hacer justicia con las mujeres. ¿Qué piensas?

Creo que eso es de una gran ignorancia. Para empezar, porque es una ley integral y creo que quien centraliza el debate de la ley solo en el Código Penal es quien lo mantiene en el marco punitivista. Es una ley integral que tiene más de 60 artículos y habla de la prevención, de la sensibilización, del derecho histórico a la reparación integral de las víctimas, de la educación. Lo que viene es a paliar todo ese gran vacío histórico que existe para intentar enfrentar y para intentar erradicar las violencias sexuales. Cuando me hablan de que es punitivista y se centra en el Código Penal… pues me indigno un poco, tengo que reconocerlo, porque al final me temo que lo que estamos haciendo cuando catalogamos a esta ley como punitivista es agarrarnos precisamente al discurso más punitivista, que es focalizar en el cambio del Código Penal, que ni mucho menos es el espíritu de esta norma. Sabemos es que cada víctima es única y cada víctima tiene unos derechos, unas necesidades vitales y biográficas. Pero la mayoría de las supervivientes y de las víctimas lo que desean es el reconocimiento de la verdad y, por supuesto, reparar todos los derechos vulnerados de la mejor forma posible. Unas lo desean a través del Código Penal, otras a través de unos recursos de atención integrales como los centros de crisis 24 horas, y otras en sus espacios.

 

Si echamos un vistazo a cómo nuestro sistema judicial ha operado en ese derecho de las víctimas, nos damos cuenta también de que es es una indecencia lo que se encuentran las víctimas. En el informe de Amnistía Internacional, lo que nos dijeron la mayoría de las víctimas es que si llegan a saber lo que pasaría tras denunciar, no lo hubieran hecho. Eso es un mensaje evidente de cómo nuestro sistema judicial sigue operando desde unos marcos patriarcales y con enormes prejuicios, ejerciendo una violencia institucional que es inadmisible. Y ahora que estoy en el Gobierno como parte del equipo de este Ministerio de Igualdad, nuestro deber es impulsar políticas que intenten precisamente atenuar todo ese dolor. Es nuestra obligación atenuar el dolor de las víctimas que sí quieren esa justicia.

 

Existe el precedente del Ministerio de Igualdad del Gobierno de Zapatero, donde la cartera de Igualdad fue objeto de muchas críticas. Sabiendo lo que ocurrió entonces, ¿estabais preparadas para todo lo que ha pasado? ¿La reacción contra el Ministerio de Igualdad estaba en vuestros planes comunicativos y personales?

Voy a hablar por mí: ninguna feminista está preparada, ninguna, para enfrentar la violencia que el equipo del Ministerio ha enfrentado. El sufrimiento de estos cuatro años no lo voy a olvidar nunca, lo tengo clarísimo. Y la violencia extrema que han sufrido la ministra de Igualdad, la secretaria de Estado, la delegada del Gobierno y el resto del equipo es de una violencia indescriptible, inaudita en la historia de nuestra democracia.

 

Y lo más doloroso para mí de todo este proceso es que una parte del movimiento feminista se ha subido al carro de la violencia. Vengo del movimiento feminista, de una militancia de base. Ha sido dolorosísimo. La crítica no es dolorosa. La crítica unas veces nos gusta en lo personal, otras veces nos indigna, otras nos abre los ojos. No. Lo que es inaudito es que haya una parte, creo que pequeña, del movimiento feminista, que deliberadamente haya ejercido esa violencia. Creo que todavía tenemos mucho dolor. Voy a ser sincera: acarreo rabia encima y necesito que la rabia se me pase porque, si no, no puedo seguir siendo militante feminista.

 

De la misma forma, no voy a olvidar a las compañeras que nos han acompañado en el proceso y al feminismo que incluso siendo crítico con el Ministerio, porque no pasa nada (yo soy crítica con su propio equipo dentro del ministerio, no pensamos igual todas), han decidido no mirar a otro lado y sobre todo han decidido acompañarnos. Esas son las compañeras que ya están tatuadas en mi biografía y a algunas no las conozco, pero no se nos van a olvidar nunca.

 

Irene Montero nombró lo que ocurría como violencia política de forma más o menos reciente y llegó a haber cierto apoyo de otras políticas y políticos. Creo que fue importante, porque ha habido una parte de la legislatura donde se ha entendido como crítica legítima, como mucho se ha leído como troleo. Una vez que se ha nombrado como violencia política la reacción contra el ministerio, ¿ha cambiado algo?

La ministra y el equipo del ministerio han conseguido por primera vez hablar en nuestro país de violencia política contra las mujeres. No hay que olvidar que este tipo de violencia ya está reconocida en numerosas legislaciones de América Latina porque tiene una gran experiencia con sus defensores de derechos humanos y sus políticas como víctimas y supervivientes. Y también hay que recordar que en Europa hay países donde han asesinado también a políticas más bien de tiempo.

 

Entiendo que el reto futuro, porque la reacción patriarcal es cada vez más cruenta, va a ser incluir en nuestros marcos normativos y de políticas públicas la violencia política contra las mujeres. Porque creo que el avance que estamos dando es tan grande que el patriarcado no lo va a tolerar. Por lo tanto, desgraciadamente, también vamos a tener que ampliar nuestros marcos en materia de protección y garantía de derechos.

 

¿Qué hace un ministerio en funciones?

Un ministerio en funciones hace exactamente lo mismo que cuando no está en funciones, pero con la diferencia de que hay algunos proyectos o iniciativas que no puedes desarrollar y que tampoco puedes comunicar. Pero nosotras vamos todos los días en nuestro horario, que es súper importante decirlo porque esta es otra de las cosas que nos dicen cuando nos maltratan, que no trabajamos. Seguimos cada día junto con todo el equipo funcionarial del ministerio trabajando mano a mano e implementando las políticas públicas que ya hemos aprobado en esta legislatura. Y luego, es fundamental, con la presidencia europea. Tenemos mucho trabajo.

 

Luego hay un asunto muy importante, que son los fondos europeos de recuperación y resiliencia que caducan el 31 de diciembre, y hemos aprobado desde el Ministerio de Igualdad medidas importantísimas para la garantía de los derechos de las mujeres, como son los centros de crisis, como es el sistema Atenpro, como son los dispositivos… Un montón de medidas.

 

Si tuvieras que hacer balance, ¿de qué te sientes más orgullosa y qué cambiarías?

De lo que más orgullosa me siento es de haber sido parte del equipo de Irene Montero y de un ministerio que ha apostado por políticas feministas transformadoras para la vida de las mujeres.

 

¿Qué habéis hecho mal? ¿En qué os habéis equivocado?

Cambiaría muchas cosas, evidentemente, y estoy convencida de que nos hemos equivocado cada día. Quizás lo que cambiaría sería el ritmo frenético al que hemos estado sometidas para, ante la angustia de que esto terminara, sacar adelante toda esa batería de políticas públicas y de leyes que hemos hecho. Porque creo que quizás las políticas públicas se tienen que hacer de una forma un poquito más tranquila. Pero es verdad que los tiempos y el momento político no nos lo permitían.

 

Desde los medios también ha habido esa sensación de vértigo. El ministerio ha acaparado muchísima atención mediática, diría que desproporcionada si se tiene en cuenta su tamaño, ya que es uno de los ministerios más pequeños.

 

Ha sido una locura. No ha habido un día en donde el ministerio y el equipo ministerial y la ministra no fueran noticia en este país, lo cual creo que es sintomático de lo que supone para el patriarcado y para toda esa estructura patriarcal el ministerio.

 

Igualdad ha sido blanco de críticas, de ataques y de fake news de forma constante, eso es indudable. Sin embargo, las rebajas de condenas a presos condenados por violencia sexual a raíz de la ley del solo sí es sí supusieron un punto de inflexión, porque ya no hablamos de fake news o de críticas reaccionarias de medios conservadores, sino de hechos. ¿Ha sido esa la mayor crisis del ministerio?

Yo creo que sí, la verdad. Porque hay un relato objetivo y demoledor que es el relato de “violadores a la calle”. Y frente a ese relato es muy complicado defenderse porque objetivamente hay una serie de juezas y jueces que están aplicando una serie de criterios que no se corresponden con el espíritu de la ley ni con la circular de la propia Fiscalía, ni con los criterios de otros jueces y juezas que no han traducido penas ni han revisado las condenas. Yo lo tengo claro: es un relato funcional y es un relato también disciplinario, pero es muy complicado de desmontar como relato. Porque yo no puedo objetar nada a una mujer que ha sido agredida sexualmente y que considera que la condena es proporcional cuando ve que el agresor ha sido puesto en libertad o ha visto reducida la condena… Es que no tengo nada más que decir, lo que hago es solidarizarme con esa víctima. Para mí ha sido lo más complicado de toda esta legislatura.

 

La ley es una gran ley, pero ese relato es demoledor. Sobre todo cuando hay toda una maquinaria que opera al servicio de destruir al Ministerio de Igualdad. Y, desgraciadamente, en la Ley de Libertad Sexual y en el Código Penal ha encontrado la horma perfecta.

 

Se han pedido dimisiones de responsables del ministerio casi desde que se creó, sin muchas repercusión. Pero, ¿se llegó a plantear alguna dimisión cuando se conocieron las rebajas?

Internamente no, porque defendemos la ley. Me temo que es complicado de trasladar pero la ley, tal y como se redactó, es conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, y a lo que establecen todos los informes preceptivos. Era una ley que se planteaba que no iba a producir estos efectos.

 

En un contexto tan débil y tan debilitado como fue el de que se estaba poniendo en la calle a los agresores, lo facilón habrían sido las dimisiones, los ceses inmediatos. Lo fácil no ha sido señalar qué es lo que está fallando dentro de este patriarcado judicial. Porque los agresores han sido puestos en libertad en la mayoría de los casos a lo largo de los últimos veinte años. O sea, si echamos un vistazo a la jurisprudencia o entramos en los buscadores de jurisprudencia, observamos una inmensa impunidad contra las agresiones sexuales, observamos que en la mayoría de los casos nunca llegan al sistema judicial y que los que llegan muchas veces terminan en absoluciones, precisamente por cómo está construido el propio sistema judicial, por los estereotipos de género, por los prejuicios, por el machismo judicial.

 

También fue llamativo que medios, tertulianos y partidos solicitaran dimisiones en Igualdad, cuando sabemos que es una norma en la que se han visto implicados otros ministerios y principalmente el Ministerio de Justicia. Mientras tanto, es un escándalo que comunidades autónomas como las del Partido Popular, que tienen millones de euros para crear los centros de atención a víctimas de violencia sexual, hayan pedido que se posponga al año que viene, después de dos años, al tiempo que están cada día en todas las instituciones atacando a la Ley de Libertad Sexual. Para mí, todo esto ha superado con creces lo que yo me podía llegar a imaginar que era trabajar en un ministerio de estas características.

 

¿Era más fácil dimitir que tratar de explicar lo que estaba pasando?

Nosotras hemos intentado en numerosas ocasiones explicar lo que estaba sucediendo y lo vamos a seguir explicando. Y yo personalmente voy a seguir explicando durante los próximos años de mi vida en qué consiste esta ley, que no es del ministerio, sino que es de todas. Es tan poderoso el relato que se ha impuesto que complica en términos comunicativos el entender la trascendencia de esta norma. Pero yo espero que a lo largo de los próximos años y en los próximos meses podamos ir poco a poco explicando y, sobre todo, que todas se puedan apropiar de esta norma.

 

Entonces, ¿crees que tus próximos años van a estar ligados a la ley del sí aunque ya estés fuera del ministerio?

Mis próximos años van a ser de un activismo absoluto y extremo. Voy a hacer que la ley sea mi activismo y específicamente algunos elementos de la ley que creo que son trascendentales para la vida de todas. Uno es la atención especializada, que todavía no existe. Cambiar una ley es fácil, cambiar una cultura es muy difícil. Con la ley del sí es sí tenemos que llegar a todo el mundo y mi activismo va a estar centrado en todo lo que tiene que ver con las medidas de prevención y sensibilización y rendición de cuentas. Porque no puede ser que todavía las víctimas, las supervivientes, los familiares, el entorno íntimo, se acerquen a las instituciones y las instituciones sigan sin responder como se merecen las víctimas como ocurría antes cuando no había ley.

 

Vienes del movimiento feminista de base. Estás hablando de volver a ese movimiento feminista de base. Como feminista de base, cuando entras a la institución, ¿a qué tienes que renunciar?

Vengo del movimiento feminista de base, pero yo soy una de las feministas que cree que en las instituciones se pueden cambiar muchas cosas. Es evidente que yo he tenido que renunciar a algo, para empezar a hacer un activismo de base. Muchas compañeras critican que las feministas que estamos en las instituciones tenemos que renunciar a algunas demandas que se hacen desde el movimiento feminista. Y, en ese sentido, yo tengo que ponerme de perfil, no puedo formar parte de entornos de militancia donde se deciden acciones legítimas y que apoyo por completo contra las políticas institucionales que no están funcionando.

 

Pero luego hay otras cosas muy bonitas que hemos podido hacer gracias al movimiento de base del que vengo. Hemos podido hacer cosas que nunca la institución tan patriarcal en la que estamos, incluso el Ministerio de Igualdad, podría plantearse que podrían modificarse. Por ejemplo, yo he descubierto un mundo que es el derecho administrativo. Y yo digo que necesitamos más juristas que sepan de derecho administrativo, porque el patriarcado se cuela por la burocracia por todos lados.

 

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/violencia-sexual/barbara-tardon-ninguna-feminista-preparada-enfrentar-violencia-ha-enfrentado-ministerio

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School violence: Cyberbullying is a growing concern for safety and mental well-being

  • By: Yongfeng Liu and  Elodie Khavarani, UNESCO and Anna Cristina D’Addio, GEM Report

On the occasion of the International Day against violence and bullying at school including cyberbullying, it is important to recognize the strong links between school violence, mental health and learning outcomes, as they are increasingly worrying and unmistakable.

What do we know about school violence and mental health?

Schools are meant to be safe and supportive environments for children. But numbers paint a different picture: one in three learners is bullied at school every month globally. Over 36% of learners experience a physical fight with their peers and almost one in three has been physically attacked at least once in a year.

School violence can have severe and long-lasting impacts on learners’ safety, physical and mental health, and their education outcomes. Evidence from UNESCO and partners shows that poor mental health and well-being contribute to underachievement, absenteeism, disruptive classroom behaviour, suspension and expulsion from school and school dropout.

The effects on mental health were exacerbated during COVID-19 induced school shutdowns. Children who are bullied are twice as likely to feel lonely, to be unable to sleep and to have contemplated suicide according to a UNESCO report. A child aged between 10-19 takes their own life about every 11 minutes at present according to UNICEF.

Cyberbullying, a form of school violence

According to the 2023 GEM Report on Technology in Education, the growing use of digital devices in and out of education has also exacerbated cyberbullying.

The global education goal has multiple different targets within it, one of which (4.a) tracks the percentage of students that have experienced bullying in the past 12 months. Cyberbullying is a new form of bullying behaviour, which is fueled by access to smartphones and other devices. It takes various forms, such as the deliberate publication of photos or videos of individuals without their consent, exclusion from digital groups, verbal violence and insults and threats. It is prevalent, and yet countries have not as yet put in place sufficient protections to help children navigate the risks.

One of the ways we monitor the extent to which children are experiencing cyberbullying is with the global Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), which in 2019 asked children in grades 4 and grade 8 about their experiences with online bullying.  In nearly all countries, at least 10% of grade 4 students had experienced cyberbullying in the past year, defined as having received ‘nasty or hurtful messages’, ‘nasty or hurtful things’ or ‘embarrassing photos’ online. The 2023 GEM report found that the share of students who have experienced cyberbullying is even higher among grade 8 students:  affecting over 20% of students in 26 out of the 32 countries with available data.

Cyberbullying also tends to be higher in countries where other forms of bullying are common. In Latvia and South Africa, where 30% and 50% of students experienced cyberbullying, respectively, around 90% of students experienced some type of bullying. You can have a look where your country stands on rates of all forms of bullying on page 398 in the 2023 GEM Report statistical tables here.

How can we protect our children and their learning?

Because of its impact on learning, school violence is not only a rights issue, but also carries significant costs for education systems if left unaddressed. According to UNESCO, children who are frequently bullied are nearly three times more likely to feel like an outsider at school and more than twice as likely to miss school. They also have worse educational outcomes, scoring lower in mathematics and reading. The more often they are bullied, the worse their score.

One way to protect children from this growing phenomenon is to bring in legislation on the issue. Analysing our PEER country profiles on regulations in place on technology in education, we found that only 16% of countries currently have adopted legislation to prevent and act on cyberbullying with a focus on education; of those, 38% did so since the COVID-19 pandemic.

One complication often found when anything legal comes attached is how it ends up being defined. Most countries do not explicitly define cyberbullying and online abuse as a distinct offence, for example, so it is often found under other laws. The 2022 Personal Data Protection Act is the first comprehensive data protection law in Indonesia. It calls upon public or private entities that handle personal data to ensure data protection, with sanctions applied for mishandling. Protection against cyberbullying is indirectly provided under the Act. However, Article 45B of the amended 2008 Electronic Information and Transactions Law considers cyberbullying a form of harassment.

In India, the Information Technology Act can be considered a legal basis for dealing with cyberbullying. It prescribes punishment for sending annoying, offensive and insulting communication through digital and information communication technology. Cyberbullying could also fall under the Penal Code if it involves offences such as defamation, blackmail, sexual harassment, stalking or words, gestures and acts intended to ‘insult the modesty of a woman’. However, no special protection is granted to children under those laws.

Provide guidance

Outside of laws, other armor Ministries can draw from include policies, strategies, or plans on the issue to demonstrate leadership. Our PEER profiles found that about 40% of countries have such guidance in place. Europe and Northern America is the region with the highest share of countries – 61% – with such a policy.  Many countries take the approach of focusing on awareness-raising, reporting mechanisms and digital risk interventions, usually at the school level. These seem to be effective. A systematic review and meta-analysis of interventions in selected, mostly high-income countries estimated that the average programme has a 73% chance of reducing cyberbullying victimization.

Other policy tactics being used to protect children’s wellbeing online concern restrictions on smartphone use in schools, which are being implemented in a flurry since the 2023 GEM Report highlighted countries that had such policies in place already and benefits to learning that might be gained as a result. Morocco has gone a step further on this, also banning any photos or film being taken in school, and of teachers, in a bid to help prevent online images being used in a malevolent manner.

Empower young people to protect themselves.

Another tactic outside of building walls with policies and legislation is to equip children and teachers with the ability to protect themselves.  Here again, our PEER country profiles showed that 46% of countries appear to have identified digital skills standards for learners in a framework, policy, plan or strategy. More than 20 European countries have used the DigComp framework as a foundation for developing strategies, education programmes and assessment tools, within which skills to protect health and well-being, including protecting oneself and others from possible dangers in digital environments (eg. Cyberbullying) are included.

While digital technology offers excellent opportunities for teaching and learning, it also comes with increased exposure to key risks: cybersecurity and violation of privacy through data misuse; the mental and physical health implications of issues including lengthy screen time and cyberbullying; and harmful content, with the potential long-term impact on addictive behaviour, violence and sexual exploitation. Empowering students to stay safe, be responsible online and make smart choices are therefore important policy priorities we should take seriously as technology becomes ever more present in our everyday lives.

 In 2019, 193 UNESCO Member States unanimously established the International Day against Violence and Bullying at School Including Cyberbullying, recognizing that school-related violence in all its forms is an infringement of children and adolescents’ rights to health and to education. School violence is widespread, can be physical, psychological and sexual and include gender-based violence, bullying and cyberbullying. This year, UNESCO calls to end violence and promote good mental health in schools to ensure learners learn and thrive in safe and supportive spaces.

 

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España: Caos en la Comunidad Valenciana por la falta de profesorado

No hay dinero para pagar las sustituciones y las vacantes. Los sindicatos cifran en 2.000 plazas que no se están cubriendo desde hace semanas. Educación asegura que esto ya ocurrió en 2022 y señala, como empieza a ser habitual, a la gestión del anterior Ejecutivo como causante del problema. El sindicato mayoritario, el STEPV, asegura no tener constancia de precedentes en esta situación.

En la tarde del jueves, de hecho, representantes de este sindicato se concentraron ante las delegaciones de Educació en las tres capitales provinciales para presionar y que la Conselleria solucione esta situación.

De hecho, Educación anunciaba en su web que la semana que viene estará todo resuelto y que ha solicitado a Hacienda un ingreso extraordinario para poder hacer frente a las sustituciones y vacantes según la previsión que han hecho de aquí a final de año.

Según el comunicado que hizo público Educación “a mitad de octubre se detectó que era posible que no hubiera presupuesto suficiente para dar cobertura a todas las sustituciones debido a la mala organización que dejó el anterior gobierno”, explica el subdirector de Personal Docente, José Pascual Hernández.

Este supuesto error del ejecutivo del Botànic no solo ha afectado al profesorado, sino que también han quedado plazas de personal de administración y servicios y de personal de atención educativa sin cubrir.

  1. Tan solo unos días antes, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública se reunió para hacer balance del inicio de curso que calificaron de “caótico”, entre otros temas, precisamente por las dificultades que han tenido con las sustituciones. A estas se unen otras como los problemas con el transporte escolar, la falta de profesorado de algunas especialidades, las modificaciones de la enseñanza en valenciano y la resolución del 31 de agosto que modificó el horario y supuso un incremento de las horas lectivas en la ESO (provocado por una decisión judicial).

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Argentina: Organizaciones sociales contra los vouchers Milei

Opositores a la iniciativa de Javier Milei llamaron a «actuar en defensa propia» y a «luchar por la igualdad y el acceso». Rechazo de organizaciones sociales.

Un grupo de organizaciones sociales de todo el país, agrupadas en la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), expresó el jueves (02/11) su rechazo a las propuestas en materia educativa presentadas por el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, e instó a la sociedad, con miras al balotaje del próximo 19 de noviembre, a «actuar en defensa propia» y luchar «por la igualdad y el acceso».

«Desde la CADE instamos a la sociedad a decir NO a la desinversión y a una política de vouchers y a decir SÍ a mayor inversión y más presencia del Estado para garantizar la inclusión y el futuro de niños, niñas y jóvenes de nuestro país», se expresó en un comunicado.

Para las organizaciones agrupadas en CADE, en el balotaje que enfrentará a Javier Milei con el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, «se juegan dos modelos antagónicos de país y propuestas contrarias sobre qué hacer con la educación».

Fuente: https://urgente24.com/actualidad/organizaciones-sociales-contra-los-vouchers-milei-n563069

 

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Solidaridad con la lucha del pueblo panameño y rechazo a la detención del dirigente magisterial Diógenes Sánchez

 

 

Solidaridad con la lucha del pueblo panameño y rechazo a la detención del dirigente magisterial Diógenes Sánchez

 

El movimiento sindical y gremial docente internacional viene siguiendo con preocupación los acontecimientos en Panamá, especialmente a partir del masivo rechazo social al contrato minero que pretende imponer el gobierno del presidente Cortizo. Durante semanas, el pueblo panameño ha dicho en las calles ¡No a la minería!  El magisterio ha estado a la vanguardia de la lucha del pueblo, organizando asambleas, reuniones, mítines y movilizaciones, mostrando con el ejemplo que es posible construir la unidad del movimiento social.

Precisamente, la Alianza del Pueblo Unido, coalición de la cual forman parte ASOPROF y otros sindicatos se ha convertido en el epicentro del resurgir del nacionalismo y la dignidad en defensa del agua, la tierra y los territorios donde se pretende prolongar la tragedia ecológica de la minería.

Desde todos los rincones del planeta, los sindicatos docentes y luchadores sociales nos solidarizamos con estas justas movilizaciones, que sirven de ejemplo para los pueblos del mundo que luchan contra los efectos del Antropoceno propio de la lógica del mercado y, por alternativas ecológicas de gobierno.

 

En el marco de esta lucha se han generado desde el gobierno incidentes que preocupan. Rechazamos la detención arbitraria de los dirigentes gremiales del magisterio de ese país Diógenes Sánchez, Samuel Pinto, Cristóbal Joseph Garzón y el abogado gremialista Rogelio Peralta; detenciones ocurridas mientras realizaban una reunión en un local comunitario.  Las detenciones de los militantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), ocurrieron el 1 de noviembre, en flagrante violación del derecho humano a la protesta y defensa del medio ambiente, cuando efectivos de la Policía panameña penetraron a un lugar de reuniones, les colocaron esposas y golpearon, roleteándolos por varios lugares de la ciudad, lo cual generó la preocupación por la integridad física y personal de los docentes. Esto ocurre mientras los manifestantes denuncian que quienes saquean las riquezas panameñas son protegidos con escoltas y carros blindados.

Cuando creíamos conjurado el riesgo de la desaparición física en Panamá, ocurre este incidente en el cuál, durante horas, sus colegas y compañeros de gremio no sabían del paradero de Diógenes Sánchez y los otros gremialistas. Ahora se les amenaza con la apertura de un proceso legal, judicialización que ocurre por la presión de la Policía Nacional que asume las funciones de fiscalía al servicio de la empresa minera. Exigimos la apertura inmediata de una averiguación sobre violación de derechos humanos y castigo a los culpables.

Nuestra solidaridad con la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) y los compañeros a quienes se pretende judicializar.

 

¡No a la Minería en panamá!

 

¡Solidaridad con la lucha del pueblo panameño!

 

¡No a la criminalización de la protesta social!

 

 

Secretariado del Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo

 

Suscriben

 

Centro internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación (CII-OVE)

Federación Nacional de Docentes, Investigadores7as y Creadores/as Universitarixs (CONADU- Histórica. CTA Autónoma(, Argentina.

Asociación Nacional de Enseñanza Superior (ANDES), de Brasil

Secretaría General de FECODE, Colombia.

STES – Intersindical (Estado Español).

Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), EEUU

OTEP-Sindicato Nacional DOCENTE del Paraguay.

Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), de México.

Secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la educación (FECODE).

Sindicato Nacional de Servidores Federales de Educación Básica, profesional y Tecnológica (SINASEFE), Brasil.

Sindicato USTEC-STEs (IAC), Cataluña. España.

Secretaria Nacional de formación del SUTEP- Perú.

Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador

Federación Nacional de asociaciones de Funcionarios de la Universidad de chile (FENAFUCH)

Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras Docentes (ADE) de Bogotá

Cooperativa de Educadores y Educadoras, Investigadores e Investigadoras Populares -Histórica (CEIP-H) de Argentina

APEOESP. Brasil

Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación

Foro Venezolano por el Derecho a la Educación

Coalición Panameña por el Derecho a la Educación

Sindicato de Trabajadores del Instituto de educación Media Superior de la Ciudad de México (SITRAIEMS – CDMX)

Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Rio RIUS (CINPECER) México

Encuentro de Docentes y Educadorxs Populares de la Ciudad de Buenos Aires Argentina.

CNTE Chiapas México

Red de Incidencia en Educación de personas jóvenes y adultas de Colombia.

CNTE, Nuevo León, México

Asociación de docentes e investigadores/as de la Universidad Nacional de Cuyo, FADINUC, CONADU-H, Mendoza, Argentina

Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico (FMPR), EEUU.

Asociación Sindical de directivos Docentes de Ibagué y del Tolima (ASDETOL), Colombia

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), México

Sindicato de Trabajadores de la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad Nacional de asunción (SITRAFACSO – UNA), Paraguay.

Nueva Central de Trabajadores (NCT) de México.

Asociación Sindical de los Directivos Docentes de Córdoba, Asindicor

Dirección de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Laborales de la CUT, Regional Tolima, Colombia.

Colectivo de Maestros de Nuevo León, México

SUTEBA, Tigre, Argentina

Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, Argentina

Sindicato de Luz y Fuerza de La Pampa, Argentina.

Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina.

Secretaria General de FETERA, Argentina.

Sindicato de Trabajadores de la Construcción (SITRAIC); Argentina

CTA Regional Rosario, Argentina.

Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, Argentina.

Sindicato de Aceiteros de Reconkista, argentina.

Federación de Trabajadores Aceiteros y Demotadores de la República Argentina

Colectivo de Trabajadores de la Educación por la Ventana de entre Ríos, argentina

Asociación de Trabajadores del estado Rosario (adherido a la CLATE).

Secretaría General de la Asociación de Trabajadores de Rosario, Argentina.

Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad de Rosario, Argentina.

Sindicatos de Jaboneros de Rosario, Argentina.

Sección Democrática 9 de la CNTE, México.

ADEMYS, Buenos Aires, Argentina.

Movimiento por la Unidad Docente, Chile.

Secretaria General del Colegio de Profesores de Chile.

Asociación de Rectores de Cundinamarca (ARCUN), Colombia.

SINDIDNAR, Colombia.

SITTAUNAM, México.

Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, afiliada a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE}

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, México.

Cuadernos Feministas, México.

Confederación de Jubilados (CONJUPAM), México

Agrupación Química Raúl Olivera en el SPIQYP, Sindicato químico, Argentina.

 

Firmas personales

 

Luis Bonilla-Molina, integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Peter Mclaren, pedagogo crítico, Estados Unidos.

David Lobao, Sinasefe, Brasil

Vicent Mauri, miembro del Foro por la educación en Iberoamérica, España.

Luis Edgardo Salazar, Secretario General de FECODE, Colombia

Antonio Elías, directivo de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA), Uruguay

Mª Luz González, STES . Intersindical, España

Richard Araujo, director dd APEOESP, Brasil

Luis Acosta, UFRJ, Director de Internacionales de ANES . SN, Brasil

Martha Rocío Alfonso, FECODE, Colombia

Edgar Isch, profesor universitario.

Blanca Ávalos Barrios, OTEP-SN Paraguay

Rosa Cañadel, docente española, ex vocera de USTEC- Cataluña.

César Valdovinos CINPECER, México

Raúl Gil Alliaume, Docente del Uruguay

Pavel Escobar, CNTE, Chiapas

José Cambra, ASOPROF

Iolanda Segura, USTEC, Cataluña, España.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, Ecuador

Lev Velásquez, CINPECER, México

Luz Palomino, CII.OVE, Venezuela

Rose Mary Hernández, FOVEDE, Venezuela.

Roberto Villalba OTEP-SN Paraguay

Faustino Celestino Martínez, CNTE Nuevo León, México

Luis Bueno, CNSUESIC, México

Daniel Libreros, Profesor de la Universidad nacional de Colombia

Alfredo Velásquez, SUTEP, Perú

Hernán Sigifrido Rubio Vivas, CUT, Región Tolima, Colombia.

Gustavo teres, Secretario Adjunto de la CTA Regional Rosario y Congresal de CTERA, Argentina.

Sandra de la garza Vargas, Maestros de Nuevo León, México.

María Elisa salgado, SUTEBA Tigre, Argentina.

Carolina Jiménez, Universidad Nacional de Colombia.

Arlindo Nelson Ritter, presiente de la Asociación de los Servidores del Grupo Hospitalar Coneicao, Brasil – Porto Alegre.

Xavier Diez, Docente de Cataluña, España.

Vlmor Guedes, Ejecutiva de SINDISAUDE /RS – Brasil

Luis Henrique Chagas, presidente de SINDIMETRO/RS Brasil-

Danilo Serafim, Secretaría Ejecutiva de CSP / CONLUTAS – Brasil

Narcelo Santana, dirección del Sindicato Estadual de Profesionales de la educación de Río de Janeiro (SEPE/RJ), Brasil

Eduardo Sánchez, SINATRA-UCV, Venezuela

Eliana Nunes, ejecutiva de APEOESP, Brasil

Vanderlea Aguiar, dirección del sindicato estadual de Profesionales de la educación de Río de Janeiro, Brasil

Marilla Dos Santos Iglesias, presidenta de la asociación de los servidores del Hospital de Pronto Socorro y Directora del sindicato de los municipales de Porto Alegre, Brasil

Julio Jesien, presidente de SINDISAUDE/RS – Brasil

Joao Ezequiel Mendoza da Silva, director General del Sindicato de Municipales de Porto Alegre – Brasil

Paulo Neves, executiva de APOESP, Brasil

Poliana Fé, ejecutiva de APOESP (Sao Paulo). Brasil

Eliane García, ejecutiva de APOESP (sao Paulo), Brasil

Annie Hsiou, dirección de ANDES y dirección de ADUSP

Tonha Brother, dirección de sindicato de metalúrgicos de Campinas, Brasil

Heloise Rocha, Coordinación Estadual de SINTEPP . Juventud (Pará), Brasil.

Sandro Pimentel, Coordinación de educación de FASUBRA, Brasil

Moacyr Americo, Coordinación Nacional Intersindical, Brasil

Valerio paiba, directivo del Sindicato de Jornalistas de Sao Paulo, Brasil.

Guillermo sena, directivo del sindicato de Metroviarios de Sao Paulo, Brasil.

Ricardo Souza, Coordinación jurídica y relaciones de Trabajo de ASSURGS – SINDICATO/RS, Brasil

Julio Acosta, FETERA, Argentina

Ana Lima, Ejecutiva dde APEOESP, Brasil

Roberto López Sánchez, profesor de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

Víctor Grossi, SITRAIC, Argentina.

Ana María L. Rodríguez, fundadora de SUTEBA, Argentina.

César Augusto Fonseca, Universidad de Tolima, Colombia.

Marco Pozzi, Sindicato de Aceiteros, Argentina.

Leandro Mozón, Sindicato de Aceiteros, Argentina.

Daniel Yotra, secretario General de la Federación Aceitera.

Horacio Meguira, Abogado laborista Asesor de la CTA. Autónoma Nacional, Argentina

Jorge Yabkowsk presidente de Fesprosa, Argentina.

Guillermo Díaz, presidente de la mutual FETERA.

César Baudino, Agmer, Argentina.

Lorena Almirón, ATE, Argentina.

Beatriz Introcaso, Secretaria General de COAD, Argentina.

Claudio Vigne, delegado de SUTEBA, La Plata, Argentina

Rodrigo Sebastián Acosta, Argentina

Jonathan Andrés Simioli, Argentina

Juan José Aguiar, Argentina.

Pedro Hernández, Sección democrática 9 de la CNTE, México.

Jorge Adaro, ADEMYS, Argentina.

Eduardo González, Secretario General del Colegio de Profesores, Chile.

Richard Araujo, APEOESP

Facundo Jiménez. SITTAUNAM, México.

Marisa Bolaña, Escuela de Humanidades, UNSAM, Argentina.

Estela Gramajo, docente del Uruguay.

Cecilia Abogadro, Mercedes-Uruguay.

Xenia Catalina Hernández, secretaria e Relaciones del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras e la Universidad Nacional Autónoma e México

José Martínez Cruz, Defensor de los Derechos Humanos, Morelos, México.

Josefina Chávez, equipo editorial de Cuadernos Feministas

Rafel Trujano Fermoso, telefonista jubilado, Hermosillo, México.

Héctor Sotomayor, académico de la Universidad Autónoma e Puebla, México

Hilda Valencia, directora de Teatro, Hermosillo, México.

Antonio Ahumada García, jubilado, Morelia, México.

Carlos Hernández, docente jubilado, Cuernavaca, México.

Edgard Sánchez, militante social, México.

Fernando Estañol, Morelía México

Agustín Flores González, SITUAM; México.

Fernando David García Culebro, OVE México

Luis Miguel Alvarado Dorry, OVE México.

Zuleika Matamoros, docente venezolana

 

Más firmas en depósito …

Comunicado en pdf:

01 Solidaridad con la lucha del pueblo panameño y rechazo a la detención del dirigente magisterial Diógenes Sánchez

 

 

 

 

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