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España: Sin teléfonos móviles hasta los 14 años ni redes sociales hasta los 16: esta es la propuesta del PSOE que debatirá el Congreso

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Entre las medidas que han propuesto están la prohibición del deslizamiento sin fin (‘scroll’ infinito), las notificaciones en tiempo real o la reproducción automática de vídeos o juegos.

Prohibir el scroll infinito en redes sociales o las notificaciones constantes en tiempo real, así como recomendar no usar los smartphones hasta los 14 años y las redes sociales hasta los 16. Estas son algunas de las medidas que el Congreso debatirá este martes 22 de octubre, como parte de la Proposición No de Ley (PNL) que busca reforzar la protección digital de la juventud ante el impacto de las redes sociales y el uso de dispositivos electrónicos.

La iniciativa presentada por el PSOE se sustenta en informes y estudios que alertan de los riesgos que el uso inadecuado de las redes sociales puede tener en la autoestima y bienestar de los menores. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2022 el 10,8% de la población joven en España, entre 15 y 24 años, admitía un uso problemático de internet.

“Las redes sociales no suelen mostrar la realidad e impactan de manera importante en la autopercepción, generando graves perjuicios a los jóvenes que persiguen una forma de ‘vida perfecta’ o estereotipos imposibles de alcanzar”, menciona el texto. Un mal uso de redes sociales se asocia a menor nivel de autoestima y más problemas de salud mental, como depresión o ansiedad, describen.

 

De gestionar el tiempo de uso a móviles éticos por defecto

Entre las acciones que el PSOE propone se encuentran la prohibición de características de diseño consideradas perjudiciales, como el deslizamiento sin fin de contenido (scroll infinito), las notificaciones constantes en tiempo real o la reproducción automática de vídeos. Estas funciones, señalan, están diseñadas para mantener al usuario enganchado, lo cual podría derivar en comportamientos adictivos, especialmente entre los más jóvenes. Además, el PSOE quier impulsar una recomendación de no uso de teléfonos móviles hasta los 14 años y, postergar el acceso a internet y redes sociales hasta los 16.

La PNL también contempla la creación de herramientas accesibles que permitan gestionar el tiempo de uso y el tipo de contenido que se consume, fomentando así una “desintoxicación digital”. Asimismo, se propone la puesta en marcha de programas de formación dirigidos a las familias para que los padres puedan gestionar de forma adecuada el acceso de sus hijos a redes sociales y dispositivos electrónicos.

El Grupo Socialista enfatiza la necesidad de promover una normativa que garantice que los servicios digitales sean éticos por defecto, evitando patrones opacos y técnicas de manipulación que busquen monetizar los datos personales de los jóvenes.

 

Desde hace meses, el Gobierno ha puesto en marcha un plan para atajar la adicción en las pantallas en menores. Ya el pasado mes de junio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales, un ambicioso plan que obliga a los fabricantes de dispositivos digitales a incorporar sistemas de control digital parental para que puedan ser activados por los padres o tutores, de forma que sean los adultos quienes decidan qué aplicaciones, servicios y contenidos restringen a los menores. Los productos como móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes también deberán incluir una advertencia sobre los riesgos de su uso inadecuado.

La propuesta socialista subraya que, aunque las plataformas digitales han traído beneficios sociales, también han generado desafíos que requieren de una regulación más estricta para proteger la salud mental de los jóvenes. Según la OMS, 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por problemas de salud mental, y una de cada ocho personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. En este contexto, la iniciativa busca limitar el impacto negativo de la tecnología en la vida de los adolescentes, apostando por una protección digital más efectiva.

 

https://www.infobae.com/espana/2024/10/19/sin-telefonos-moviles-hasta-los-14-anos-ni-redes-sociales-hasta-los-16-esta-es-la-propuesta-del-psoe-que-debatira-el-congreso/?outputType=amp-type#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17293539130400&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

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Activistas alertaron sobre el riesgo de negar educación a niños migrantes en distritos escolares de EEUU

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Activistas alertaron sobre el riesgo de negar educación a niños migrantes en distritos escolares de EEUU.

En Saugus, Massachusetts, una nueva normativa escolar genera preocupación entre defensores de los derechos civiles que temen que los cambios en los requisitos de residencia excluyan a estudiantes inmigrantes sin documentos

Activistas advierten que las nuevas políticas escolares podrían negar el acceso a la educación a los niños inmigrantes en distritos de EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activistas advierten que las nuevas políticas escolares podrían negar el acceso a la educación a los niños inmigrantes en distritos de EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Saugus, Massachusetts, una reciente política educativa generó preocupación entre activistas y defensores de los derechos civiles. The San Diego Union Tribune informó que el comité educativo del distrito introdujo nuevas normas que exigen pruebas de residencia legal para inscribir a los estudiantes en las escuelas. Según críticos, estas medidas podrían estar dirigidas a excluir a los estudiantes inmigrantes. Oren Sellstrom, director de litigios de Lawyers for Civil Rights, afirmó: “La política en sí es ilegal”. Agregando que las escuelas deberían “dar la bienvenida y educar a todos los niños que se encuentren en el distrito”.

El debate sobre la inclusión de niños inmigrantes en las escuelas se ha intensificado a nivel nacional y no se limita a los suburbios de Boston. El medio antes mencionado señaló que en estados como Oklahoma, Texas y Tennessee, los políticos conservadores cuestionan si estos menores sin residencia legal tienen derecho a una educación pública, lo que podría motivar demandas contra decisiones previas de la Corte Suprema, como el histórico fallo Plyler vs. Doe que garantiza el acceso a la educación de estos niños.

En respuesta a los cambios en Saugus, Vincent Serino, presidente del comité educativo, defendió las nuevas exigencias como un esfuerzo por “mejorar” las normativas de residencia y aseguró que no se busca negar el acceso a la educación a los migrantes. Sin embargo, unos residentes experimentaron dificultades. Una madre nicaragüense, que pidió el anonimato, relató a The San Diego Union Tribune que tardó más de seis meses en inscribir a su hijo debido a los estrictos requerimientos de documentación.

El impacto de la política migratoria en el sistema educativo estadounidense ha sido objeto de preocupación por varias entidades. Durante un evento reciente, el director educativo de Oklahoma, Ryan Walters, anunció que se proporcionarán directrices a los distritos para recoger información sobre “los costos y la carga” de la inmigración ilegal en el sistema educativo. Walters criticó al gobierno federal por no proteger adecuadamente la frontera, aseverando que “nuestras escuelas están sufriendo las consecuencias de ello”, de acuerdo al medio.

En Saugus, Massachusetts, los cambios en los requisitos de inscripción escolar generan preocupación por la exclusión de estudiantes sin documentos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador de Texas, Greg Abbott, sugirió en 2022 que el fallo de Plyler vs. Doe debería revaluarse legalmente y que el gobierno federal debería asumir los costos de la educación para los estudiantes que no son residentes legales. Esto desencadenó críticas de defensores de los inmigrantes y de la Casa Blanca. A pesar de los esfuerzos de los legisladores republicanos en Texas para prohibir la inscripción de niños no ciudadanos en las escuelas públicas, las propuestas no lograron avanzar.

En este ambiente, algunos distritos escolares decidieron resistir las presiones, reafirmando su compromiso de no revisar el estatus migratorio de los estudiantes. Por ejemplo, Chris Payne, portavoz del distrito escolar de Tulsa, reiteró a The San Diego Union Tribune que “la ley federal es bastante clara en este tema: le prohíbe a los distritos preguntar a los estudiantes o sus familias sobre su estatus migratorio o requerirles documentos de ciudadanía”.

A pesar de la resistencia de ciertos sectores, otras voces continúan abogando por cambios legislativos. La conservadora Fundación Heritage instó a los estados a aprobar leyes que obliguen a las escuelas a cobrar matrículas a familias inmigrantes sin residencia legal como estrategia para llevar el tema ante la Corte Suprema, en un intento por revisar la “desacertada decisión de Plyler vs. Doe”, como lo califica la fundación.

Mientras tanto, el contexto político sigue siendo un factor determinante en el desarrollo de estas políticas. Según Tom K. Wong, director del Centro de Estudios Migratorios en la Universidad de California en San Diego, el entorno político actual permite que “políticas antes extremistas” se integren al “discurso común”.

Cabe señalar que los cambios en las políticas de admisión en Saugus coincidieron con una declaración de emergencia por parte de la gobernadora demócrata Maura Healey, derivada de una crisis migratoria en el estado que vio un aumento significativo en el número de familias en albergues estatales.

https://www.infobae.com/estados-unidos/2024/10/17/activistas-alertaron-sobre-el-riesgo-de-negar-educacion-a-ninos-migrantes-en-distritos-escolares-de-eeuu/

 

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Análisis: Educación pública en Venezuela está en «emergencia» por la escasez de docentes

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La secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Leila Escobar, precisó que hay unos 200.000 docentes en condición de jubilados, una cantidad que serviría para solventar la demanda actual «si hubiese una real política salarial», que sea lo suficientemente rentable como para que estos vuelvan a las aulas.

 

 

La educación pública en Venezuela está en «emergencia» debido, entre otras razones, a la escasez de docentes, según el gremio, una situación que el Gobierno intenta resolver con varios programas, entre los que destaca un llamado a jubilados a reincorporarse y varias ofertas que buscan convencer a los maestros que dejaron las aulas por los bajos salarios.

 

Según estimaciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), también difundidas por la Federación Venezolana de Maestros (FVM), se necesitan cerca de 250.000 docentes para cubrir las aulas de educación inicial, primaria y secundaria que quedaron sin instructores en la última década, cuando el país atravesó una profunda crisis económica.

 

Por ello, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, promete ayudas a los docentes y les pide, «por amor a la vocación», que vuelvan a enseñar a los millones de niños y adolescentes que llevan años recibiendo una educación incompleta, afectada también por la falta de agua, alimentos y luz en las escuelas y por el costo del transporte.

 

Oferta «burlesca»

Para la secretaria general de la FVM, Leila Escobar, las promesas del Ejecutivo son una oferta «burlesca», sobre todo la referida a créditos para los maestros, pues -recuerda- el salario de este colectivo se ubica en menos de 30 dólares mensuales, más allá de que reciban otros 130 dólares en bonificaciones.

 

Entonces, explicó, cualquier crédito consumirá por completo sus ingresos a la hora de hacer el primer pago, por lo que esa oferta -considera- no convencerá para volver a las aulas a los docentes que están hoy «arreglando cabello, pintando uñas, haciendo tortas, haciendo arepas, limpiando casas, cuidando viejitos» o en cualquier tarea que les genere mejor remuneración que la enseñanza.

 

Destaca que los protagonistas del «hecho educativo» son los docentes y los alumnos, por lo que los programas deben ir enfocados a atender las necesidades de ambos, así como de las escuelas, cuyo total nacional presenta fallos o deterioro de la infraestructura y falta de materiales de trabajo.

 

Aunque el pasado 30 de septiembre, a propósito del inicio del año escolar, el Gobierno informó de reparaciones en 8.000 instituciones educativas, la FVM subraya que hay más de 20.000 que no fueron atendidas por las autoridades y que presentan «las mismas carencias o peores».

 

«Si vemos todos esos multifactores que no están atendidos, no podemos hablar de calidad educativa», remarcó.

 

Medidas de «emergencia»

Las resoluciones anunciadas por el Ministerio de Educación -una cartera que está siendo reestructurada- son medidas de emergencia, propias de la situación que vive el sector, o así lo ve Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAB.

 

El profesor recuerda que el Estado debe garantizar los niveles obligatorios de formación a millones de niños y adolescentes, una tarea que se cumple a trozos, pues los alumnos están pasando de un año escolar a otro sin recibir clases sobre asignaturas específicas, algo que se nota especialmente en el bachillerato, donde escasean los docentes de ciencias exactas y sociales.

 

Sobre la decisión del Gobierno de devolver a las aulas a todos los docentes del sector público que estaban desempeñando otras tareas, Calatrava cree que se trata de una acción correcta, tomando en cuenta el panorama, pero insiste en que «no debería ser la única medida ni debería ser la medida estrella».

 

En cambio, aclara, es necesario «que nuevamente las escuelas de educación (en las que las universidades forman a los futuros profesores) estén atestadas de gente» y no desérticas como han estado en el último quinquenio, según los registros de la UCAB y la FVM.

 

Solo en la UCAB, se graduaron unos 40 jóvenes como nuevos docentes en 2023. Este número, que según Calatrava representa el 1% del total nacional, sugiere que, en el mejor de los casos, Venezuela ganó 4.000 nuevos profesores el año pasado, un ritmo que tardaría 60 años en suplir las vacantes existentes.

 

https://www.bancaynegocios.com/analisis-educacion-publica-en-venezuela-esta-en-emergencia-por-la-escasez-de-docentes/

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Sector universitario se moviliza en contra de la privatización educativa en Argentina

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Los estudiantes y docentes argumentan que esta falta de presupuesto afecta gravemente la salud y la educación de la población.

En Buenos Aires, se reportan las masivas movilizaciones del sector universitario en respuesta a la decisión del presidente Javier Milei de desfinanciar las universidades de la República Argentina. Este conflicto ha tomado mayor fuerza desde la segunda etapa de reclamos, que superó en número y en intensidad la primera marcha del pasado 3 de abril.

A pesar de que más de un millón de personas se congregaron en Plaza de Mayo, el gobierno y el Congreso mantuvieron su postura, ratificando el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Los estudiantes y docentes argumentan que esta falta de presupuesto afecta gravemente la salud y la educación de la población.

La retórica del presidente, quien sostiene que «ningún pobre llega a la universidad pública» y que esta solo beneficia a «niños ricos», ha provocado un profundo descontento. Muchos estudiantes, que son la primera generación de universitarios en sus familias, se sienten atacados y estigmatizados por el gobierno.

 

Frente a esta situación, se han realizado asambleas nacionales en diversas universidades, donde se expresa la necesidad de defender la educación pública y la soberanía del país. Más de 100 universidades están actualmente tomadas, y se lleva a cabo un paro de 24 horas contra el desfinanciamiento.

La consigna de los movilizados sigue siendo clara: la lucha por los derechos y la defensa de la educación pública.

 

https://www.telesurtv.net/sector-universitario-se-moviliza-en-contra-de-la-privatizacion-educativa-en-argentina/

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Ataque israelí contra hospital de Gaza quema vivos a palestinos desplazados

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El Ejército israelí atacó el hospital de Al-Aqsa donde se encontraban refugiados al menos un millón de palestinos desplazados. El ataque dejó al menos cuatro muertos y más de 40 heridos, entre los que se encuentran personas quemadas tras un incendio causado por el bombardeo. El Ejército de Israel, como es habitual, dijo que estaba atacando un centro de comando de Hamás. Nuestros corresponsales en Jerusalén para Israel y los Territorios Palestinos, Federico Cué Barberena y Janira Gómez Muñoz, ampliaron la información sobre la situación en la Franja de Gaza y los últimos ataques entre Israel y Hezbolá.

https://www.france24.com/es/video/20241014-informe-desde-jerusal%C3%A9n-ataque-israel%C3%AD-contra-hospital-de-gaza-quema-vivos-a-palestinos-desplazados

 

 

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Al 23,6% de migrantes no los emplean por ser venezolanos

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Una cuarta parte de los hogares migrantes asentados en Norte de Santander y demás regiones no consigue empleo y no genera ingresos.

Alrededor de 6 de cada 10 migrantes procedentes de Venezuela que ingresan a Colombia lo hacen por Norte de Santander (58,6%), mientras que otros, en menores proporciones, lo hacen por La Guajira (29,2%), Arauca (8,5%) y Bogotá (2,1%).

Este fue el panorama que arrojó la séptima ronda de la Encuesta Pulso de la Migración, presentada hace un par de días por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que incluye a los colombianos retornados y se realizó del 8 de abril al 8 de junio de 2024. La muestra tuvo 8.022 personas y 3.719 hogares consultados.

Es de resaltar que este departamento creció 3,1 puntos porcentuales en entrada de migrantes, referente a la sexta ronda de la investigación (55,5%), desarrollada entre agosto y septiembre de 2023.

Otro de los datos revelados es que el 25,9% de los hogares migrantes no consigue empleo y no genera ingresos, mientras que el 22,6% no tiene para adquirir los alimentos. Estas son las dos principales necesidades no cubiertas.

Según la encuesta, la principal dificultad del venezolano para hallar trabajo es no tener los documentos solicitados, pues, casi la mitad no logra emplearse por tal razón (48,5%), siendo el permiso de trabajo el más solicitado (59,2%). La segunda es ofertas de trabajo con baja remuneración o malas condiciones laborales (26,0%).

La tercera dificultad para tener empleo es que ha sentido discriminación por su nacionalidad. Por lo menos 2 de cada 10 ciudadanos lo han vivido (23,6%).

La falta de experiencia (13,4%), no tener conocimiento de donde buscar trabajo (8,9%), no contar con el tiempo suficiente para jornada completa (6,2%) y su círculo familiar no lo/la deja laborar (2,5%) son las demás dificultades encontradas.

Pulso Migración reflejó que el 59,6% de los migrantes estaba trabajando, al momento de ser encuestados, con una diferencia significativa entre hombres (74,3%) y mujeres (45,2%). Mientras que el 21,1% dijo estar dedicado a las labores del hogar; el 8,1%, buscando trabajo; y 7,4%, estudiando.

El DANE también preguntó en qué lugares se sintieron discriminados: ‘buscando trabajo’ (40,0%) y ‘en el trabajo’ (21,7%) fueron el segundo y tercer escenario, después de la calle/espacios públicos (47,8%).

Además, el 55,1% de los migrantes trabaja 49 horas o más a la semana (la jornada legal es de 46 horas), lo cual significa un aumento de 6,1 p.p. al hacer la comparación con la anterior medición (49,0%).

Leve disminución en barreras

En cuanto la relación laboral, el 78,0% tiene contrato verbal y 22,0%, contrato escrito. Estos indicadores variaron respecto a la anterior ronda, cuando fueron de 81,9% (verbal) y 18,1% (escrito). Lo cual representa una muy leve mejoría.

El director de Metodología y Producción Estadística del DANE, César Mauricio López, expresó que la diferencia entre las dos últimas encuestas no es significativa en lo concerniente al tipo de contratación. También que la población que tuvo barreras para hallar trabajo se redujo 4,4 p.p., respecto a la ronda 6 (52,9%).

Para la coordinadora del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo (Ormet), Sharyn Nataly Hernández Fuentes, aún falta bastante por hacer en la generación de empleo digno, no solo para los migrantes, también para los colombianos.

La economista recordó que los planes de incentivo al trabajo y emprendimiento en dicha población no se impulsan con la misma fuerza que los programas para el resto de la ciudadanía, lo cual “es lógico, porque hay que dar prioridad a los nacionales”.

Sin embargo, resaltó que entidades internacionales o algunas ONG, como USAID, ONU y Acnur, han implementado planes para que venezolanos y colombianos retornados generen ingresos.

La directora del DANE, Piedad Urdinola, indicó que “estos datos son indispensables para el diseño de políticas públicas, que realmente respondan a las necesidades de esta población”.

https://www.laopinion.co/economia/al-236-de-migrantes-no-los-emplean-por-ser-venezolanos

 

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