Tlapa, Guerrero. Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (TECNM) continúan el paro de labores que inició el pasado 16 de marzo debido al acoso por parte de docentes. Los jóvenes denuncian que hay “personas ajenas al movimiento que intentan amedrentarlos e ingresar al campamento que mantienen afuera del campus, además de que un vehículo de marca Aveo Blanco sin placas se abalanzó contra compañeros encargados de la seguridad”.
Según testimonios anónimos, varios estudiantes que participan en el movimiento han sido blanco de agresiones, lo que les ha hecho temer por su integridad física y de que sus vidas corran peligro. Además, afirman haber recibido “amenazas para desistir, además de que la Institución educativa no brindó el respaldo y apoyo que solicitaron desde un principio y han puesto trabas ante todo acercamiento hacia las instancias correspondientes.”
Desde hace dos semanas la comunidad estudiantil se ha manifestado por ser víctima de situaciones que vulnera y violenta sus derechos, lo que los condujo a tomar las instalaciones educativas y realizar una marcha el pasado 20 de marzo para alzar la voz. Sus denuncias son contra el acoso sexual que han padecido por parte de profesores, así como contra irregularidades de faltas administrativas y docentes. “La comunidad estudiantil ya está cansada del abuso y hay docentes que piensan que están por encima de los estudiantes, es un problema que existe desde hace tiempo, pero nadie se atrevía a denunciar”, comentaron durante su manifestación.
Entre sus exigencias están la destitución de todo el personal que ha acosado sexualmente y/o agredido de forma física, psicológica y verbal a estudiantes, así como la destitución de la actual directora, Fredislinda Vázquez Paz, y de todo el personal que haya encubierto estos actos.
A pesar de los atropellos, los estudiantes sostienen que su movimiento “defiende a las y los compañeros que han sido víctimas de todos estos altercados, contando firmemente con el respaldo y apoyo de los padres de familia y personas que han atendido al llamado de la comunidad estudiantil del TECNM Campus Montaña aportando algunos insumos”. Asimismo, afirman que sus exigencias continuarán hasta ser atendidas y hasta que tengan garantías de no más acoso sexual en sus aulas.
Las empresas chinas invirtieron cerca de 172 000 millones de dólares en América Latina entre 2010 y 2016, según una investigación académica. Además, han construido 200 proyectos de infraestructura en veinte países de la región. Estas cifras aumentarán en los próximos años si se cumplen las proyecciones que estiman que para 2035 se duplique el comercio entre el país asiático y la región latinoamericana, de acuerdo con los datos de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China.
Estos resultados son sólo una cara de la moneda. El otro lado muestra cómo varias empresas de capital chino no respetan los derechos de las comunidades afectadas por sus proyectos, de acuerdo con el informe “China: derechos humanos y actividades empresariales en América Latina”, publicado en febrero de 2023 por un colectivo de organizaciones no gubernamentales.
Estas organizaciones realizaron el informe para que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuviera conocimiento de las problemáticas sociales y ambientales que provocan algunos de los proyectos chinos que se establecen en América Latina, en el marco de una revisión periódica que hace el organismo internacional a los firmantes del tratado internacional Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, entre ellos China, con el objetivo de dar recomendaciones en materia de derechos humanos.
Represa de Ivirizu – Foto Google Earth. Proyectos chinos afectan comunidades de América Latina, según informe de ONGs.
Aunque el comité de la ONU no tiene herramientas para castigar a China o los demás países, sí puede generar una discusión constructiva para que las naciones acojan de manera voluntaria las sugerencias. De hecho, en su sesión de marzo de 2023, este organismo emitió sus más recientes recomendaciones al país asiático. Entre estas, le pidió a este país garantizar el respeto de los derechos humanos en sus proyectos realizados en el exterior, como exigían las organizaciones que realizaron el informe sobre las actividades empresariales chinas en América Latina.
Las organizaciones que elaboraron el documento —entre ellas la suiza Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) hallaron poco más de una decena de proyectos problemáticos ubicados en nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Seis de esos proyectos son mineros, cuatro son hidroeléctricas, dos de hidrocarburos y uno de alimentos.
Uno de los hallazgos del informe es que los proyectos analizados afectan el medio ambiente. “Estos proyectos están en ecosistemas frágiles, como los son las zonas de humedales Ramsar, en áreas protegidas claves para la sostenibilidad del clima global o declaradas zonas patrimonio de la UNESCO”, denuncia Sofía Jarrín Hidalgo, asesora de incidencia en Amazon Watch, una de las organizaciones miembro del CICDHA firmante del informe.
CICDHA y las demás organizaciones seleccionaron los casos después de un monitoreo de más de cinco años de las inversiones chinas en la región. Su informe se nutre, sobre todo, de las denuncias de comunidades afectadas.
Mapa Minería 2022 en Pueblo Shuar Arutam. Datos: F. EcoCiencia y monitoreo PSHA.
Afectaciones a pueblos indígenas y daños ambientales
El análisis realizado por las organizaciones encontró que los proyectos han tenido un impacto negativo en ecosistemas frágiles. Tres proyectos impactan a la Amazonía, tres a áreas protegidas y uno a un sitio patrimonio de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
“Todos los proyectos presentan un impacto significativo en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano, como resultado de la deforestación y la contaminación del aire y del agua, lo que compromete la soberanía alimentaria y el acceso al agua de comunidades aledañas y pueblos indígenas”, dice el informe.
De los tres proyectos desarrollados en Ecuador, dos son mineros y uno de hidrocarburos. Todos están en la cuenca amazónica de este país. Según el informe, “solo el proyecto minero Mirador impacta al menos 16 ecosistemas diferentes, donde se encuentran 4 000 especies de plantas y hasta 400 especies de algas”. Por ejemplo, en el proyecto Mirador —operado por la compañía china Tongguan con financiación de seis bancos chinos— se deforestaron, al menos, 1 300 hectáreas, según el informe.
Sofía Jarrín Hidalgo comentó que los tres proyectos chinos en la Amazonía ecuatoriana tienen problemas de cumplimiento del consentimiento libre e informado. Por ejemplo, al pueblo shuar arutam, a fines de 2022 la Corte Constitucional le reconoció la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada en el marco del proyecto minero de cobre San Carlos-Panantza —desarrollado por la china Tongguan con dineros de, al menos, cinco bancos chinos, incluido el Banco de Desarrollo de China— ordenando dejar sin efecto la licencia ambiental. “Pese a eso, el gobierno ecuatoriano sigue promoviendo el proyecto en publicidad radial a nivel local y promoviendo espacios de socialización”, dijo Jarrín Hidalgo.
El informe también resalta que hay proyectos de capital chino desarrollados en áreas protegidas. Uno de estos espacios es la Reserva de la Biosfera Yasuní en Ecuador —que cuenta con categoría de protección ambiental Ramsar— impactada por el proyecto campo petrolero Ishpingo, el cual “se sitúa en un humedal de importancia mundial, con 1500 especies de plantas, 600 de aves y 178 de mamíferos”, incluyendo algunos amenazados como el manatí amazónico (Trichechus inunguis), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y delfines de río o toninas (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis). Allí, además, habitan los pueblos indígenas cofán, kichwa, huaorani, shuar, secoyas y sionas.
Otros proyectos que, según el informe, afectan especies de flora y fauna protegidas son la planta de procesamiento de salmón Dumestre de la firma china Joyvio en Chile, y la hidroeléctrica Santa Cruz, en Argentina —adjudicada a un consorcio que incluye a la china China Gezhouba Group Company Ltd y financiada por el Banco de Desarrollo de China, el Banco Industrial y Comercio de China y el Banco de China— así como la hidroeléctrica Ivirizu, en Bolivia.
El Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz, en el sur de Argentina, tuvo mucha oposición de los comuneros del lugar. Foto: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN de Argentina). De acuerdo con el documento de las ONGs, este y otros proyectos chinos afectan comunidades y al medio ambiente en América Latina.
Sobre la hidroeléctrica Ivirizu, operada por la empresa china Sinohydro Corporation Ltd, Mongabay Latam habló con Franco Albarracin, experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), organización que participó del informe. “El proyecto afectará varias zonas ecológicas que se caracterizan por su elevada diversidad biológica. Se estima la existencia de más de 3 000 especies de plantas, de las cuales solo 614 han sido registradas en la zona. Entre las más notables están los bosques de queñua (Polylepis), huaycha (Weinmannia boliviana) y nogal (Juglans)”, dice Albarracin.
Y agrega que “la deforestación (proyectada) de más de 280 hectáreas de bosque amenaza en particular a la fauna silvestre”. En el área existen más de 382 especies que incluyen 52 de mamíferos superiores, entre los que destacan el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) el venado andino (Hippocamelus antisensis), el jaguar (Panthera onca) y el gato andino (Leopardus jacobita). También hay más de 700 diferentes tipos de aves. La especie en mayor peligro de extinción es la rana yuracare (Telmatobius yuracare).
Además, denuncia que las vías del proyecto han fomentado el ingreso ilegal de cultivadores de hoja de coca, lo que pone en riesgo el equilibrio ecológico del Parque Nacional Carrasco y las comunidades indígenas de la zona. También denuncia que la empresa Sinohydro, encargada del proyecto, subcontrata a 120 de los trabajadores y que la compañía no entrega información a la comunidad.
El informe también menciona los campos petroleros Junín y Ayacucho, en Venezuela, al considerar que afectan un humedal y al río Orinoco. Estos campos hacen parte del proyecto Desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco operados por la compañía China National
Petroleum Corporation con financiación del Banco de Desarrollo de China. El reporte también habla de un proyecto minero en Buriticá, Colombia, que afecta el bosque seco tropical en la región del río Cauca, zona que ya ha perdido 66 % de sus bosques entre 1957 y 1986.
Campamento del proyecto San Carlos Panantza. Foto: Segundo Espín / Revista Vistazo. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.
El agua ha sido uno de los recursos más impactados, según el documento. “En el caso del mega complejo industrial de la Planta Dumestre, en Chile, se redujo la disponibilidad de agua para comunidades vecinas en 12 000 litros; en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (Venezuela) dichas restricciones han generado protestas”, describe.
El recurso hídrico ha sido contaminado en seis casos, según la denuncia de las organizaciones. Por ejemplo, el proyecto minero Buriticá en Colombia —de la empresa china Zijin-Continental Group— está generando un vertimiento de aguas servidas y está usando cianuro, de acuerdo al informe.
El proyecto Orinoco en Venezuela ha tenido derrames petroleros, mientras que el sistema de drenaje y vertimiento de depósitos en la mina Toromocho en Perú —de la compañía Aluminum Corporation of China con dineros del Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China—también afecta la calidad del agua, dice la investigación.
Además, las organizaciones alertan del riesgo de derrame de contaminantes en caso de ruptura del proyecto minero Mirador en Ecuador.
Las organizaciones ISHR y CICDHA mencionan el caso de la planta Dumestre en Chile por contaminación del agua con desechos de antibióticos y residuos, así como el del proyecto hidroeléctrico São Manuel en Brasil —operado por un consorcio de empresas públicas y privadas, entre ellas la China Three Gorges y con financiación del Banco de Desarrollo de China— que afecta fuentes de agua. Adicionalmente, denuncian la contaminación del aire ocasionada por proyectos ubicados en Colombia, Chile y Perú.
Raphaël Viana David, responsable de incidencia para China y América Latina en el International Service for Human Rights, además de ser uno de los autores del reporte comentó este hallazgo. “Hay afectaciones al derecho al agua y a la soberanía alimentaria. Hay casos de contaminación del aire, del agua, lo que implica afectaciones a la salud de las personas que la consumen. Representa una amenaza a las fuentes tradicionales de alimentación, en particular de pueblos indígenas. Pueden poner en riesgo a especies en peligro de extinción y sus ecosistemas”, dice Viana.
El informe además halló que en once de los proyectos “se evidencian abusos de pueblos indígenas, los cuales carecieron de procesos de consulta adecuados que garantizaran su consentimiento libre, previo e informado (…) Los desalojos forzosos y la restricción de acceso a vivienda y la destrucción de la tierra y territorio de los pueblos indígena han afectado negativamente su salud mental individual y colectiva y han debilitado fuertemente su tejido comunitario y organización sociocultural”.
Uno de los casos es el de las 1 200 familias del pueblo shuar arutam, distribuidas en 47 comunidades, impactadas por el proyecto minero San Carlos-Panantza, en Ecuador, que denuncian no haber sido consultados de manera diligente. El proyecto petrolero Ishpingo en Ecuador —operado por la compañía China National Petroleum Corporation— y la hidroeléctrica São Manuel en Brasil podrían generar un contacto forzado con pueblos en aislamiento voluntario. En el caso de Ecuador, los pueblos aislados relativamente cercanos al proyecto son los Tagaeri y los Taromenane, según el informe. El caso ecuatoriano está siendo evaluado por “la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la gravedad del caso y posible etnocidio”, se señala en el documento.
“Hay un sistemático irrespeto con los derechos de las comunidades locales e indígenas”, complementa Marco Gandarillas, responsable de fortalecimiento de capacidades de la organización no gubernamental Latinoamérica Sustentable. Gandarillas también resalta que los estudios de impacto ambiental y los procesos de consulta previa están siendo incompletos.
Más de 800 personas siguen trabajando en el proyecto Mirador, según dice el Viceministro de Minas. Fotografía de Diego Ayala León. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.
La responsabilidad del Estado chino
Los investigadores del informe consultados por Mongabay Latam también reclaman que los proyectos están generando represión contra las comunidades afectadas. En algunos proyectos “hay convenios con empresas de seguridad que afectan los derechos de asociación y protesta de las comunidades”, dice Gandarillas. “Pese a la intención de las comunidades y las organizaciones, sólo ha sido posible establecer espacios de diálogo esporádicos con las empresas chinas”, agrega. También asegura que es común que ni el Estado chino, ni las compañías respondan a las comunicaciones de las personas afectadas o las organizaciones no gubernamentales latinoamericanas.
¿Pero quiénes desarrollan los proyectos cuestionados? Trece de estos son operados por once empresas o consorcios chinos y ocho son financiados por bancos del país asiático. Las empresas responsables de los proyectos cuestionados incluyen nombres como Sinohydro Corporation Ltd, en el caso de la hidroeléctrica Ivirizu en Bolivia; y la China National Petroleum Corporation (CNPC), con financiación del Banco de Desarrollo de China, en el proyecto petrolero Orinoco en Venezuela.
En China es frecuente que las empresas sean de capital estatal. Entre los financiadores están el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Banco EXIM), el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de China, todos propiedad del Estado chino.
Para los analistas, el Estado chino no se puede desligar de su obligación de proteger los derechos humanos fuera de su territorio. “El Estado chino tiene una gran responsabilidad. La mayor parte de las empresas son de propiedad estatal, semiestatal o han tenido apoyo financiero de entidades estatales chinas”, señala Gandarillas.
Viana agrega que “es claro que China también tiene obligaciones extraterritoriales en casos en los que el gobierno tiene la obligación de asegurarse que los actores que están bajo su jurisdicción no cometan abusos de derechos humanos, porque eso implicaría un incumplimiento con las obligaciones del Estado. Para nosotros estos casos constituyen incumplimientos a sus obligaciones extraterritoriales bajo el derecho internacional”.
Mapa Base. La extensión de la vía de acceso (en rojo) se acerca a las plataformas planificadas dentro del campo Ishpingo y a la Zona Intangible. Datos: ACA/MAAP. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.
Sofía Jarrín, por su parte, considera que es necesario que se establezcan mecanismos eficaces de seguimiento y control de la actividad empresarial, particularmente donde existen denuncias previas de abuso corporativo. “Es fundamental contar con canales formales y adecuados de queja y denuncia, que permitan responsabilizar a las empresas y financistas, en virtud de sancionar el comportamiento abusivo de las empresas y garantizar el acceso a la remediación y reparación integral de las comunidades afectadas”.
Por ahora, celebran que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) haya entregado al país asiático en marzo de 2023 recomendaciones similares a las del colectivo de ONGs sobre una mejor debida diligencia en los proyectos chinos en el extranjero. “Este comité ha dado un paso histórico para exigir mayor responsabilidad de China con sus obligaciones extraterritoriales en derechos humanos en sus proyectos de inversión y financiamiento en el mundo. Esperamos que este país se comprometa con la implementación de las recomendaciones del comité DESC”, dice Gandarillas.
Mongabay Latam buscó conocer la posición de las compañías chinas mencionadas en este artículo a raíz de los hallazgos del informe, pero al cierre de esta publicación no se recibió su respuesta.
*Imagen principal: Bosque del Parque Nacional Yasuní. Este lugar megadiverso en fauna y flora está ubicado en Pastaza y Orellana. Foto de José Schreckinger. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.
En la madrugada de este 26 de marzo la niña Lizbeth Oropeza Ortiz del pueblo me’phàà, de 8 meses de edad, murió en el cuarto que rentan sus papás en el municipio de Villa Unión, estado de Sinaloa. Su mamá Brenda Ortiz dejó de trabajar el viernes pasado para llevarla al médico particular. Tenía la fiebre alta y no dejaba de llorar. Le recetaron varios medicamentos sin que mejorara su estado de salud. El sábado su mamá trabajó media mañana en el corte de chile jalapeño para juntar algo de dinero porque los gastos médicos ya ascendían a 3 mil pesos. Regresó al cuarto donde renta para atender a su pequeña hija. Le preparó té de yerbabuena para que por lo menos probara algo porque vomitaba la leche. El sábado que les pagaron permanecieron en vela tanto su papá Gerónimo Oropeza y su mamá Brenda Ortiz. Los demás familiares y compañeros de Linda Vista, municipio de Tlapa, se cooperaron y estuvieron al pendiente para apoyar a los papás. En un petate sobre el piso de tierra murió Lizbeth por la fiebre que no se le pudo controlar. Desde la tres de la mañana los tíos de la niña se organizaron para comprar la cajita y llevar velas y flores. Durante este domingo buscaron un lugar en el panteón de Villa Unión para sepultarla. Todas estas vueltas y trámites tuvieron un costo de 11 mil pesos que Gerónimo y Brenda no tenían.
El pasado 18 de marzo la niña Josefina de dos años de edad, originaria de Llano de la Rana, municipio de Metlatónoc, murió después de que sus papás acudieron varias veces a la cabecera municipal con la esperanza de que el médico les dijera cuál era el problema de salud de su pequeña hija. La respuesta del doctor fue poco alentadora, les comentó que la niña presentaba problemas en su corazón y por lo tanto tenían que trasladarla a un hospital de especialidades. Don Rufino sintió que el mundo se le derrumbaba al saber que ni en Tlapa su hija podría ser atendida por el personal médico. Regresó a su comunidad con algunos medicamentos y con el consuelo de que pudiera mejorar. Habló con algunos familiares para ver si le podían prestar dinero, sin embargo, la mayoría estaba en la misma situación y más bien se preparaban para salir a trabajar como jornaleros agrícolas. Con impotencia y enojo don Rufino nos comentó: “aquí la gente se muere, pero no pasa nada, el gobierno ni se da cuenta cómo la estamos pasando. No hay doctores, ni medicinas. Cuando nos enfermamos nos curamos con plantas medicinales, a veces se nos calma el dolor y cuando la enfermedad es fuerte, esperamos aquí tirados a que el dolor se calme solo o que la muerte nos recoja”. El dolor más grande de Rufino es que a los dos años de nacida su hija Josefina haya muerto.
La comunidad de Llano de la Rana tiene más de un año que la casa de salud -hecha de adobe por la misma gente de la comunidad-, no cuenta con medicamentos, ni personal médico. A pesar de estas carencias existe el comité de padres y madres de familia que diariamente acuden por las tardes para barrer la tierra de esta casa abandonada. En los estantes hay algunos medicamentos caducados, todos los tienen que comprar en Metlatónoc porque el dinero no alcanza para comprar un cono de huevos. La desnutrición infantil se ha arraigado como parte de los males endémicos que cargan los niños y niñas indígenas desde el seno materno.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020 la localidad de Llano de la Rana cuenta con 179 habitantes con un grado muy alto de marginación, el 54.17 por ciento de la población es analfabeta y el 32.4 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra. La mayoría de las casas son de adobe y lámina de cartón y de asbesto. La carretera que conecta con Metlatónoc es de terracería y sólo hay una pasajera, pero muchas familias que no tienen recursos para pagar tienen que caminar a la comunidad del Zapote donde compran algunos productos básicos que no hay en su comunidad.
Herminio Aguilar Olea, secretario de la comisaría de Llano de la Rana, lamenta que las autoridades municipales, estatales y federales no atiendan a las comunidades indígenas. “La gente batalla para comer diariamente porque aquí no hay trabajo para sostener a una familia de ocho integrantes. Cuando queremos ir al municipio son tres horas en carro y caminando hacemos cinco. No tenemos otra alternativa para comprar lo más necesario. Aquí cuando alguien se enferma buscamos a la gente mayor para que nos prepare un remedio casero. Así sobrevivimos mientras el cuerpo aguanta. Cuando la enfermedad nos tira tenemos que pedir prestado para ir al médico y comprar los medicamentos. El dinero está escaso en el pueblo, todos vamos al día y gracias a Dios no nos morimos de hambre porque en la Montaña todavía hay quelites y cosechamos algo de maíz y frijol”.
En la Montaña no hay médicos ni maestros, y el argumento de las autoridades es que nadie quiere ir a nuestras comunidades. Con ese pretexto sienten que cumplen con su responsabilidad de atender las necesidades de la población. Todo el tiempo los comisarios tienen que viajar a Tlapa o a Chilpancingo para hacer llegar las solicitudes, sin que se merezcan una respuesta por escrito. Los tratos discriminatorios son sistemáticos y el abandono de estas comunidades es secular, porque por décadas el analfabetismo de la población indígena sigue profundizando la exclusión social y el número de muertes infantiles y maternas están más allá de la media nacional, al grado que ni siquiera aparecen en los libros del registro civil. Abundan las historias de hombres y mujeres que están marcados por la desnutrición, los maltratos, la discriminación y los trabajos extenuantes que realizan de sol a sol.
Con tristeza Rufino nos comenta: “Desde que era niño trabajaba con mi papá, siempre me llevaba a limpiar la milpa y a sembrar frijol. Desde niño comencé a ver cómo sufre mi papá, cómo nos miraba a cada uno de nosotros. A veces no podía alimentar a todos, por eso teníamos que ayudarle a limpiar la milpa, la calabaza para poder comer. Ahí aprendí cómo sufrió mi papá para alimentarme y entendí que es muy difícil sobrevivir cuando esta uno pequeño porque no tiene defensas para enfrentar la enfermedad. Aquí en el pueblo todas las familias somos pobres, nadie tiene dinero para comprar alimentos o medicinas. Todos sufrimos, sobre todo, nuestros hermanitos porque a veces no hay para comer. Me da mucha tristeza ver que no hay para cuándo va a cambiar esta situación en el pueblo. De lo que recuerdo siempre hemos sido pobres y nunca los gobiernos nos han hecho caso”.
Herminio Aguilar que es el secretario de Llano de la Rana recuerda que cuando tenía seis años su papá lo llevaba caminando a Metlatónoc porque no había carretera. “Un día antes cortábamos ocote para alumbrarnos en el camino, salíamos a la una de la mañana para llegar al amanecer a Metlatónoc. Ahí mi papa me compraba huaraches, ropa y pan. Nos alegrábamos un poco porque íbamos a merendar café con pan y a veces comíamos carne seca de res. El caldo rojo es lo que más me ha gustado. A pesar de los años la situación no ha cambiado. Aunque ya tenemos un camino de terracería el problema sigue siendo el mismo, porque la pobreza nunca se ha ido de la Montaña. De nada sirven los caminos si no tenemos trabajo, nuestras tierras también necesitan dinero para que haya producción de alimento. Trabajamos mucho en el campo, pero todo es en vano porque no ganamos nada y solamente gastamos nuestra fuerza y nuestro tiempo. Por eso no nos queda de otra que salir a trabajar. Ese es otro problema que enfrentamos. No tenemos dinero para pagar los pasajes del autobús. Nos vamos toda la familia porque nuestros hijos no se pueden quedar solos, tenemos que cuidarlos y darles de comer. Cuando salimos del pueblo sufrimos más porque nuestros hijos se enferman y el dinero no nos alcanza para curarlos. Allá en el campo el patrón no te paga si no llenas las cubetas de chile jalapeño o las arpillas que pesan más de 20 kilos. Nos exprimen como si fuéramos naranja y nos pagan a cinco pesos la cubeta. A veces recolectamos 50 cubetas para ganar 250 pesos diarios. Por eso mi esposa y mis hijos grandes tienen que trabajar porque tenemos que comprar todo: tortillas que ahora cuesta 13 pesos el kilo, el cono de huevo que está como en 65 pesos, y más de 3 mil pesos tenemos que pagar la renta de un cuarto donde no tenemos agua y por la luz nos cobran 400 pesos cada bimestre. Le damos gracias a Dios de regresar vivos a nuestro pueblo, de que nuestros hijos no se hayan enfermado y de que no nos hayan quitado dinero los que ahora andan armados. A veces traemos como 15 mil pesos y eso es todo nuestro dinero que nos va ayudar para comprar lo que necesitamos en la casa, por eso cuando se enferman nuestros padres y nuestros hijos se llena de tristeza nuestro corazón porque sabemos que alguien de la casa se va a morir. En la Montaña seríamos felices si hubiera trabajo para todos los que vivimos del campo, nos alegraríamos mucho si nuestros niños y niñas fueran a la escuela y seríamos una comunidad saludable si tuviéramos medicinas, enfermeras y médicos que diariamente nos atendieran. Tristemente el futuro que soñamos todavía sentimos que está muy lejos, por eso nuestras hijas siguen muriendo en los campos agrícolas”.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza.
«El patriarcado encarna en la comunidad y ésta lo ejerce sin rubor alguno, incluso se enorgullece de ello. Es el patriarcado comunitario, el que pervive en los usos y costumbres de algunos municipios en Oaxaca y en otros lados del país.»
A principios de enero, Paola llegó a la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos”, en San José Manialtepec, municipio de Villa de Tututepec en la costa de Oaxaca.[1] No la dejaron entrar. La razón fue simple: vestía pantalón y blusa blanca. Era el uniforme correcto, pero del género contrario. Paola vestía las prendas masculinas. Ella era niña. No podía ser.
“Nadie hizo nada para evitar que no me dejaran pasar, entonces yo lloré mucho y no entiendo porque me hacen eso para dañarme, si yo no me he portado mal. Yo no me siento bien, estoy triste de que me estén tratando de esta forma, porque yo no quiero usar el uniforme de las niñas, yo me siento más segura y cómoda con el uniforme de niños, y no me gusta que les hayan dicho a todos los padres de mi escuela mis cosas íntimas”.
Paola y su madre interpusieron una queja por violación a su derecho humano a decidir sobre su cuerpo, a ejercer su sexualidad, a una educación libre, laica y gratuita y por violencia física y psicológica. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el expediente de queja DDHPO/002/RC/(11)/OAX/2023, dentro del cual solicitó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) que se realizara la inscripción de Paola y pidió garantizar el acceso al plantel sin ninguna condición, así como una medida cautelar para garantizar el derecho a la educación.
Cuando Paola regresó a la escuela, otra vez le prohibieron la entrada. Después de algunas horas, ella y su madre pudieron entrar. De inmediato, las autoridades escolares suspendieron las clases. Más tarde, “…mostró videos y fotografías de como fue agredida físicamente por padres de familia, sin que ningún profesor o directivo lo impidiera”.
Derechos Humanos, las autoridades municipales y hasta el gobernador de la entidad intervinieron. No sirvió de mucho. La comunidad no aceptó, aún sabiendo que se estaban violentando los derechos humanos, las leyes y la Constitución de la república. La Asamblea del pueblo, máxima autoridad por usos y costumbres, decidiría si Paola entraba o no a clases. “No es posible que el pueblo tenga que decidir qué voy a usar, qué prenda voy a ponerme, yo estoy cumpliendo con el uniforme, no estoy trayendo otra ropa”, dijo ella.
Su madre entiende lo que le sucede: “Mi hija desde pequeña decidió que se sentía más cómoda con pantalón y pues yo la apoyo, además está cumpliendo con portar el uniforme y no es justo que la discriminen ni que le violenten sus derechos humanos al impedirle ingresar a la escuela y tomar clases”.
En la Asamblea, en la que intervino el titular del IEEPO, la comunidad no aceptó e incluso amenazó con retener a los funcionarios que participaban ahí si se imponía la recomendación. Sus razones fueron expuestas con meridiana claridad por una madre de familia: “El reglamento dice, eres niña, el uniforme de niña, que es falda. Eres niño, uniforme con pantalón. Así está estipulado, y nosotros lo hemos firmado. Estamos aceptando un reglamento. Y si nosotros hemos sido formados con valores, es ahí donde se demuestra que tenemos valores”. [2]
Paola no podrá regresar a la escuela si insiste en su identidad y expresión de género. La comunidad habló.
Los valores de la comunidad
¿Cuáles son los valores de los que la señora entrevistada se mostraba terminante y orgullosa? ¿Los de decidir sobre el destino de todos y cada uno de los habitantes? ¿Los de decidir por sus usos y costumbres ancestrales? ¿Los que dan identidad al pueblo, continuidad a la tradición y poder a los hablantes? ¿Cuáles son esos valores que tanto defienden, en este caso en concreto? Vamos por partes.
La señora lo dice claramente: las niñas usan falda, los niños pantalón. ¿Por qué? Porque lo dice el reglamento, porque así han sido formados, porque así muestran y respetan sus valores. ¿Cuáles son esos valores? Los de decidir sobre el cuerpo, la identidad, la expresión y hasta los derechos de Paola según los usos y costumbres de una comunidad claramente patriarcal. ¡Y es una mujer la que lo dice! No son los machines del pueblo, es una señora orgullosa de los valores del poder patriarcal.
No nos engañemos, los usos y costumbres son los vehículos, los medios del poder patriarcal, esos son sus agentes, los cuerpos, las almas y los corazones que encarnan el poder patriarcal. En los argumentos de la señora pueden verse muy claramente las formas en que la comunidad reproduce la división sexual del trabajo, de las tareas, de la ropa, de los comportamientos: ¡eso es el patriarcado!
La división de roles, la distinción hombres-mujeres como los únicos posibles, son defendidos férreamente, están por encima de todo y de todas, aún de los derechos de los niños; eso es lo que obscenamente se muestra en el acoso comunitario a Paola. Es el patriarcado el que la juzga y discrimina, a ella y a su madre. Es el patriarcado el que la rechaza, le prohibe entrar a la escuela, le niega el derecho a la educación, la violenta física, social y piscológicamente. Es el patrirarcado ejercido por hombres y mujeres, maestros, alumnos y padres de familia, autoridades del pueblo, asambleístas, comuneros. El patriarcado encarna en la comunidad y ésta lo ejerce sin rubor alguno, incluso se enorgullece de ello. Es el patriarcado comunitario, el que pervive en los usos y costumbres de algunos municipios en Oaxaca y en otros lados del país.
Pero el asunto es más complicado, no es nada más la negativa de una comunidad reacia a garantizar los derechos humanos y las identidades de género de sus habitantes; no se trata solamente de poner el acento en esa manifiesta y orgullosa violación de las leyes y la Constitución por parte de una asamblea comunal, como si las autoridades federales, estatales o municipales no las violaran o no toleraran los ilegalismos y las violencias de género.
El problema cobra especial relevancia en estos tiempos de supuesta transformación educativa, cuando la SEP está a punto de aplicar a un nuevo Plan y Programas de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, una iniciativa en la que la comunidad es presentada como un agente educativo fundamental. ¿Significará esto que las comunidades decidirán cuestiones como estas? ¿Decidirán basadas en sus usos y costumbres? ¿En nombre de su cultura? ¿De sus valores tradicionales? ¿Decidirán, como en este caso, por encima de la Constitución, de los Derechos Humanos y de los derechos básicos de las personas?
Porque en el caso de Paola eso fue lo que sucedió: la Comunidad habló, reivindicó su derecho a aplicar usos y costumbres; discriminó impunemente a una estudiante de secundaria, pasando por encima de todos sus derechos. Esa es la comunidad en acto, no en el discurso romantizador, no en las narraciones idílicas de algunos. La comunidad es ésta, la que violentó a Paola, pasó por alto las leyes, violentó los derechos humanos, se impuso a las autoridades y a la Constitución, todo porque una alumna decidió portar pantalón y no falda para ir a la escuela. Parece increíble, pero así fue.
¿Se imaginan lo que puede ocurrir cuando la SEP aplique el Plan 22 en una comunidad patriarcal, o racista, o…? Con este conflicto como botón de muestra, ya podemos imaginar los múltiples problemas en ciernes. Así que los problemas de adoptar a la comunidad como eje de la transofrmación educativa no son menores.
Así lo advertimos desde un inicio; no basta con señalar las cuestiones territoriales, temporales y culturales, hay que establecer límites, atribuciones, prácticas y modos más consecuentes de aterrizar semejantes planteamientos. El asunto mayor es: ¿cómo depatriarcalizar a la comunidad? Si esto no se reconoce como problema, entonces de nada servirán los ejes; será la comunidad la que termine decidiendo si los aplica o no.
Son problemas que es necesario advertir desde ya, de lo contrario, casos como el de Paola podrían multiplicarse. Pensamos que esto se deriva en buena parte, de una desviación del Marco Curricular inicial, cuando pasó de proponer el común a la comunidad. La diferencia entre estos dos conceptos es grande. Educar para el común refiere a impulsar conocimientos, prácticas y valores compartidos, respetando las diferencias y las especificidades; educar para la comunidad, por lo que vemos en el caso de Paola, es otra cosa.
El riesgo de apostar todo a la comunidad es la totalidad y la homogeneidad; la virtud del común es la acción conjunta desde la diferencia. No es una discrepancia menor, como se ve muy claramente en este caso.
Sobre esta distinción político-conceptual volveremos en otra ocasión.
La industria harinera de Nepal pide un aumento de la cuota india de exportación de trigo
Nepal se encontró en el extremo receptor cuando Indiaimpuso una prohibición a las exportaciones de trigo el pasado mes de mayo, después de que un clima inusualmente cálido afectara a la cosecha.
El embargo provocó el cierre del 80-85% de las harineras nepalíes, y finalmente se levantó en diciembre.
A ello siguió un sistema de cuotas en las exportaciones indias de trigo, que provocó una reducción de la oferta y un aumento de los precios en Nepal.
Por desgracia, parece que hay más malas noticias para Nepal.
Las olas de calor en el norte y centro de la India durante el periodo de maduración de la cosecha amenazan con mermar su producción de trigo por segundo año consecutivo, según Reuters.
Se calcula que el aumento de las temperaturas en marzo recortará la producción de trigo en la India entre 4 y 5 millones de toneladas, según el informe.
En marzo de 2022, una ola de calor redujo la producción de trigo de la India a 100 millones de toneladas, frente a un consumo local de 103,6 millones de toneladas.
La posible caída de la producción de trigo en India ha puesto nerviosa a la industria harinera nepalí.
«Estamos muy preocupados. Si India pone fin al sistema de cuotas con el pretexto de la disminución de la producción, los precios de la harina se dispararán», declaró Dinesh Kumar Agrawal, vicepresidente de la Asociación de Molinos Harineros de Nepal.
India ha fijado una cuota de 50.000 toneladas de trigo para Nepal.
«Hemos recibido 33.000 toneladas de esta cuota. No estamos seguros de si las 17.000 toneladas restantes se enviarán a Nepal», declaró Agrawal.
Las 17.000 toneladas de trigo deben importarse antes del 31 de marzo.
Los productores de harina nepalíes han instado al gobierno a que solicite a India 200.000 toneladas de trigo.
Manoj Agrawal, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Kailali, declaró que la cuota de 50.000 toneladas de trigo indio había supuesto un cierto alivio.
«El precio de la harina bajó inmediatamente después de que los molinos empezaran a recibir trigo de India», declaró.
La cuota se distribuyó entre 40 molinos harineros de todo el país. El año pasado, el gobierno aprobó cuotas de importación en función de la capacidad de producción de las harineras. Entre ellos, 13 molinos no presentaron a tiempo las solicitudes de importación.
EL EMBARGO PROVOCÓ EL CIERRE DEL 80-85% DE LAS HARINERAS NEPALÍES, Y FINALMENTE SE LEVANTÓ EN DICIEMBRE.
Según la asociación de harineras, las 40 harineras necesitan unas 1.000 toneladas para funcionar a pleno rendimiento.
«La cuota asignada es muy pequeña, pero ha contribuido a reducir el precio de la harina entre 5 y 7 rupias por kilogramo», declaró Manoj Agrawal. «El gobierno debería pedir al gobierno indio que proporcione al menos 200.000 toneladas de trigo para este año».
La asociación de productores de harina tenía previsto reunirse con los ministros de Industria y Asuntos Exteriores para informarles de los problemas del sector, pero el gobierno aún no ha nombrado a los nuevos ministros.
Shankar Bogati, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Sudurpaschim y director gerente de la harinera de Bageshwar, en Dhangadhi, declaró que el problema no se resolverá definitivamente a menos que el gobierno pida a India que levante la prohibición.
«El sistema de cuotas afectará a las harineras nacionales», afirmó. «Es importante aumentar la producción nacional. Pero como la producción nacional de trigo no basta para satisfacer las necesidades de los molinos durante cinco meses, el gobierno debe hacer los deberes y solicitar a India un acuerdo a largo plazo para exportar trigo a Nepal», declaró.
Según la asociación, Katmandú consume 2.100 toneladas diarias de harina.
Los molinos harineros suministran harina refinada como materia prima a las fábricas de galletas, fideos y pan. Cada harinera tiene una inversión de unos 600 millones de rupias y da empleo a 50-60 personas.
Nepal ha importado trigo principalmente de India porque es más barato que en otros países.
Según el economista comercial Posh Raj Pandey, existe una disposición en el acuerdo comercial bilateral entre Nepal e India que dice que si India impone una prohibición a las exportaciones a nivel mundial, puede hacer una excepción con Nepal por considerarlo un nicho de mercado.
Fuente de la Información: https://reporteasia.com/economia/comercio/2023/03/24/industria-harinera-nepal-pide-aumento-cuota-india-exportacion-trigo/
Día Mundial del Clima con altas temperaturas y ecosistemas dañados
Naciones Unidas, 26 mar (Prensa Latina) Cuando ecosistemas se acercan ya a un punto de no retorno y la tendencia al alza de las temperaturas es imparable, hoy se celebra el Día Mundial del Clima para resaltar la importancia del cambio climático.
Instaurado en 1992 por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esta jornada resalta el urgente llamado de los científicos para frenar el calentamiento global y su afectación en las personas y su vida cotidiana.
Hace apenas una semana el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU afirmó en su último informe que todo el mundo experimenta y experimentará eventos extremos, ya que las temperaturas no se detienen y la ventana de oportunidad para frenarlas es cada vez más pequeña.
Precisó que los rápidos y generalizados cambios en el planeta ya afectan a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones, causando efectos adversos, pérdidas y daños a la naturaleza y a las personas.
En las últimas décadas se han registrado variaciones climáticas importantes, producto del vertiginoso desarrollo industrial, así como el crecimiento poblacional con diversas consecuencias, tales como el efecto invernadero, calentamiento global, contaminación ambiental, sobreexplotación de recursos naturales y afectación de la capa de ozono.
Datos recopilados por Naciones Unidas indican la importancia del clima: a partir de 1977 cada año ha sido más caluroso que el promedio de temperatura de todo el siglo XX por las emisiones generadas por el petróleo y el carbón, mientras la principal causa del calentamiento global es la elevada concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.
Hay entre tres mil 300 millones y tres mil 600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático, quienes entre 2010 y 2020 tenían 15 veces más probabilidades de morir por inundaciones, sequías y tormentas que las que habitan en regiones con menos amenazas climáticas.
En relación con los ecosistemas los expertos aseguran que sufren daños a medida que aumentan las temperaturas, lo que provoca la muerte masiva de especies en tierra y los océanos, impacto que acerca a algunos a un punto de no retorno, por las consecuencias del retroceso de los glaciares y el deshielo del permafrost ártico.
Por eso hay que tomar en cuenta que el cambio climático es una amenaza transversal por lo que cuando se quiere reducir los índices de pobreza o mejorar los de la salud, es imposible planificarlos sin considerar sus perspectivas e impactos, además de tenerlo presente en todas las políticas públicas, aseguró el Panel Intergubernamental de la ONU.
Fuente de la Información: https://www.elpais.cr/2023/03/26/dia-mundial-del-clima-con-altas-temperaturas-y-ecosistemas-danados/
Educación Media ha atendido casos de acoso, pero se requieren denuncias: Mariana Sosa
La directora general dijo que aunque las instituciones educativas son coordinadas por la dependencia, son independientes que tienen que trabajar sus procesos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se diera a conocer un supuesto caso de violencia sexual en el Tecnológico de Tacámbaro hacia una maestra, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmedo, indicó que se le ha dado seguimiento al tema, pues incluso se han reunido con la docente afectada y con el director.
“Hemos estado en conocimiento de este tema desde hace tiempo, yo personalmente he estado en la institución, me he reunido con la maestra que ha estado alzando la voz, con compañeros de ella, de otra fracción sindical, con el propio director, las cosas han sido atendidas”, argumentó.
En entrevista con medios de comunicación, la directora del instituto subrayó que si bien con la dependencia le han dado seguimiento y se han involucrado otras áreas de gobierno, es necesario que la víctima presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, para poder concluir el proceso.
“En estos procesos, todas las partes debemos hacer lo que nos corresponde, en el caso de una persona que manifiesta esta situación, es importante levantar las denuncias, trabajar en ello, porque si no los procesos no pueden concluirse”, sostuvo.
Dijo que incluso se cuenta con la documentación que ampara las acciones del instituto en estos casos, así como que hay información ante la Secretaría de Contraloría, porque son muchas instancias que se involucran, debido a que la maestra afectada denunció también hostigamiento laboral, pero, insistió, en que también debe haber una denuncia ante la Fiscalía en este tipo de temas.
Respecto que incluso la maestra agredida fue separada del cargo, la directora general señaló que se revisará con el Tecnológico de Tacámbaro dicha situación, ya que aunque son coordinados por la dependencia, son instituciones independientes que trabajan sus procesos al interior.
AC
Fuente de la Información: https://mimorelia.com/noticias/educacion/educaci%C3%B3n-media-ha-atendido-casos-de-acoso-pero-se-requieren-denuncias-mariana-sosa
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