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Atlas Network: la desinformación como arma neoliberal

Por Diego Delgado/Julián Macías

La organización, fundada en 1981, cuenta con 589 ‘think tanks’ en 103 países que financian el odio y los bulos de la extrema derecha. El objetivo: proteger los privilegios de los dueños del capital

El pasado 10 de octubre, el Comité Noruego decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. En pleno ascenso global de las extremas derechas, uno de los galardones con mayor prestigio a nivel planetario, que teóricamente reconoce a personas que luchan por los derechos humanos y la democracia, ha recaído en una figura de referencia dentro de la monstruosa industria de la desinformación que promueve los nuevos fascismos.

Venezuela, el país de la opositora Machado, es uno de los juguetes predilectos de la internacional reaccionaria a la hora de intoxicar la conversación pública. Actores de uno y otro lado del Atlántico manosean la política venezolana para adaptarla a sus narrativas. En España, por ejemplo, fue clave en la guerra sucia contra Podemos: desde la fabricación de bulos a nivel mediático hasta la construcción de casos judiciales falsos, incluyendo la extorsión a personas relacionadas con instituciones del país latinoamericano. El papel de la flamante Nobel de la Paz en la política de injerencia de EEUU sobre Caracas conduce a uno de los mayores núcleos irradiadores de financiación, ideas y músculo de la industria de la desinformación: Atlas Network.

A la cabeza de la colonización neoliberal

Fundada en 1981 por Antony Fisher, observar la evolución de Atlas Network hasta convertirse en el gigante transnacional que es a día de hoy y entender su influencia en la ofensiva antidemocrática supone desvelar la última de las capas tras la que se ocultan quienes alimentan a los Trump, Orbán, Abascal o Ayuso. En el fondo, “la verdad”, “la patria”, “la familia” o, por antonomasia, “la libertad” que dicen defender estos personajes políticos no son más que significantes vacíos con los que los grandes dueños del capital que financian a Atlas Network justifican las barbaridades cometidas en defensa de sus crecientes privilegios.

Fisher, que había fundado en los cincuenta en Londres el Institute of Economic Affairs (IEA), fue una figura clave en la instauración en Reino Unido de la ideología neoliberal. Con la victoria de Margaret Thatcher en 1979, el neoliberalismo pasó de corriente de pensamiento económico a cosmovisión hegemónica por la vía de la imposición dogmática. “No hay alternativa”, llegaría a decir la entonces primera ministra británica. Era el tiempo del “fin de la historia”; con el capitalismo en su último estadio, emancipado ya del control estatal, se había llegado a la casilla final, y a partir de ahí solo quedaba contemplar cómo el mercado iba absorbiéndolo todo. Era lo deseable, nuestro destino como sociedad humana.

Fisher fue una figura clave en la instauración en Reino Unido de la ideología neoliberal

Atlas Network nace, en ese contexto, con un objetivo muy marcado: inocular la doctrina neoliberal no como un tipo de organización socioeconómica –entre otras igual de válidas–, sino como una racionalidad en sí misma, capaz de moldear la forma en la que las personas perciben e interpretan el mundo. Lograrlo exigía despolitizar conceptos como el libre mercado, la privatización o la desregulación, desligar su significado de ciertos intereses muy concretos y presentarlos, en cambio, como verdades irrefutables. El instrumento elegido para tal propósito fue lo que los investigadores Marie-Laure Djelic y Reza Mousavi llaman “think tank neoliberal”.

Con la ayuda de los padres del neoliberalismo, Friedrich von Hayek y Milton Friedman –fundadores de la Mont Pelerin Society, clave en el germen de Atlas Network, y cabezas visibles de las escuelas austríaca y de Chicago–, así como de Thatcher y de generosas donaciones privadas, Atlas Network –llamada en un primer momento Atlas Economic Research Foundation– echó a andar en San Francisco, con un presupuesto anual que rondaba los 150.000 dólares para actuar como impulsor de think tanks neoliberales en todo el mundo. La llegada de Ronald Reagan al gobierno en enero de aquel 1981, así como la participación de enormes fundaciones ultraconservadoras estadounidenses como Heritage en la puesta en marcha de Atlas, hacían de EEUU el lugar perfecto para su establecimiento. Al fin y al cabo, se trata de la cuna del imperialismo capitalista. En 2023, y según el reporte anual de la propia organización, Atlas Network contaba ya con un presupuesto de 28 millones de dólares y su red de think tanks sumaba 589 entidades en 103 países diferentes.

Los métodos utilizados por estas instituciones de adoctrinamiento van desde la organización de eventos, en los que la red se refuerza y expande, hasta la creación de centros educativos para inocular la ideología ultraliberal a las generaciones más jóvenes, pasando por estrategias más heterodoxas como la formación de los Cuerpos Internacionales de la Libertad de Atlas en 2003, cuya tarea consiste en rastrear el mundo en busca de candidatos a líderes de laboratorios de ideas. Simplificando, el objetivo siempre ha sido verter doctrina neoliberal desde el máximo número de lugares posibles, haciéndola pasar por expertise independiente o incluso por hipótesis de aspecto científico, gracias a los esfuerzos depositados en el ámbito académico.

Atlas Network – EEUU, dupla golpista

Los orígenes políticos de la mencionada María Corina Machado son perfectos para entender la dinámica de retroalimentación entre Atlas Network y los EEUU, y cómo impactan los tentáculos de la red de think tanks en aquellos lugares que pretenden salir del radio de acción imperialista estadounidense.

La década de los 2000 comenzó en Venezuela con la reelección de Hugo Chávez. En su itinerario político, de corte socialista, destacaba la intención de terminar con la fuga de capitales que, procedentes de la vasta riqueza del territorio nacional, beneficiaban más a corporaciones privadas extranjeras que a la propia sociedad venezolana. Una de las empresas con mayor presencia en este sangrado colonial era la petrolera Exxon, radicada en EEUU y con un papel destacado en la financiación de Atlas Network.

Es ahí donde la rueda empieza a girar.

El Gobierno de Chávez pretendía no solo reducir los beneficios de uno de los financiadores de Atlas, sino impugnar con sus acciones el consenso neoliberal. Para la operación de desestabilización, la red contaba con Cedice, un think tank venezolano enlistado en las filas de Atlas Network. Bien regado de financiación estadounidense a través del Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), Cedice encabezó iniciativas de todo tipo en oposición a Chávez, e incluso Rocío Guijarro, su presidenta, firmó el decreto con el que pretendía consolidarse el golpe de Estado de abril de 2002. El nombre de María Corina Machado aparece entre los asistentes a la juramentación de la junta de gobierno del 12 de abril de 2002, fruto del golpe. Acudió en calidad de miembro de Cedice, pero pronto empezaría a destacar por sí misma.

Documento de asistentes a la juramentación de la junta de gobierno celebrada tras el golpe de Estado contra Chávez de 2002. Al final se puede ver la firma de María Corina Machado.
Documento de asistentes a la juramentación de la junta de gobierno celebrada tras el golpe de Estado contra Chávez de 2002. Al final se puede ver la firma de María Corina Machado.

En julio de ese mismo año fundó la asociación civil Súmate, cuya actividad antichavista obtuvo desde el principio el respaldo estadounidense, también a través de la NED. Un documento de la propia agencia demuestra que Súmate recibió al menos 53.400 dólares directamente de la NED en el año 2003.

Lista de organizaciones que recibieron financiación de la NED para el año 2003, en la que se encuentra Súmate.
Lista de organizaciones que recibieron financiación de la NED para el año 2003, en la que se encuentra Súmate.

Desde ese momento, Machado es una figura importante dentro del descomunal entramado de Atlas Network. Su nombre aparece en prácticamente cualquier campaña de desinformación destinada a desestabilizar la situación política en Venezuela: a cambio, Atlas la ha promocionado con fervor en sus eventos y publicaciones. La relación es explícita e innegable: en 2014, Machado agradeció directamente a Atlas Network su “apoyo e inspiración”; más recientemente, el 10 de octubre de 2025, la cuenta oficial de Atlas Network en X celebró el fallo del Nobel de la Paz y destacó la “larga relación profesional con Machado, que dio un discurso en la Freedom Dinner anual de la organización en 2009”.

Atlas Network en la industria de la desinformación

Desde el principio, la desinformación ha jugado un papel central en la actividad de Atlas Network. Para una organización tan íntimamente relacionada con las grandes corporaciones de combustibles fósiles, las décadas de los ochenta y noventa fueron un período convulso, dada la consolidación del movimiento ecologista. Además de Exxon, el imperio empresarial de los hermanos Koch –la segunda familia más rica de EEUU y otro de los financiadores más cercanos a Atlas Network– contaba con enormes inversiones en proyectos que estaban siendo cuestionados por su impacto ambiental. Y no eran las únicas corporaciones que alimentaban las cuentas de la red de think tanks.

Desde el principio, la desinformación ha jugado un papel central en la actividad de Atlas Network

Contaba con apenas unos años en funcionamiento, pero Atlas Network logró en aquel momento establecerse como núcleo de un conjunto de organizaciones dedicadas a expandir el negacionismo climático por todo el mundo. El medio de investigación DeSmog califica este entramado como un “complejo industrial anticiencia”. Atlas Network estaba poniendo en pie una suerte de protoindustria de la desinformación.

Es posible encontrar casos de mentiras difundidas a nivel planetario años antes de que existiesen plataformas como Twitter, con la red Atlas involucrada. Seguramente el más paradigmático es el de las armas de destrucción masiva en Irak. Durante la comisión de investigación sobre el 11-S, una de las personas que lanzó la teoría que relacionaba dicho atentado con Irak fue Laurie Mylroie, perteneciente al think tank AEI de Atlas Network. A partir de ahí, numerosos miembros de AEI como Lynne Cheney, John Bolton o Michael Ledeen se sumaron a una campaña de desinformación que recorrería el mundo y terminaría resultando en la invasión de Irak. George Bush llegó a declarar: “Admiro mucho al AEI (…) Después de todo, con frecuencia me han prestado a su mejor gente”.

La revolución que supusieron las redes sociales no hizo más que ofrecer una infinidad de posibilidades nuevas, y abundan los ejemplos contemporáneos que muestran cómo Atlas Network ha integrado en sus actividades antidemocráticas el potencial de las nuevas tecnologías de la comunicación. En noviembre de 2021, apenas unos días antes de las elecciones generales en Nicaragua, las tres redes con mayor impacto en la opinión pública –Instagram, Facebook y Twitter– suspendieron cientos de cuentas de medios de comunicación, periodistas y activistas destacados de la izquierda sandinista. La explicación –al menos para Instagram y Facebook– se expuso en un informe de la empresa matriz Meta encabezado por Ben Nimmo, en el que se acusaba sin pruebas a esos perfiles de ser falsos. Igual que María Corina Machado y prácticamente cualquier líder de estas campañas de guerra sucia, Nimmo aúna en su figura la influencia de la Administración de los EEUU y de Atlas Network. Fue jefe de investigaciones en Graphika, iniciativa financiada por el Departamento de Defensa estadounidense, y forma parte de Atlantic Council, think tank neoliberal que, solo entre los años 2022 y 2023, donó 537.750 dólares a Atlas Network.

En la Unión Europea, la influencia de Atlas Network es también descomunal. Una investigación del Observatoire des multinationales ilustra hasta qué punto se ha infiltrado este enjambre de organizaciones en los lugares desde los que se diseñan las políticas públicas que rigen el mundo. ECIPE, uno de los más de medio millar de think tanks que conforman el entramado, actúa en Europa como instrumento de perpetuación del orden neoliberal, criticando con dureza cualquier iniciativa que impugne mínimamente la desregulación en favor de valores como la igualdad o la redistribución. A pesar de su marcado sesgo ideológico, Politico, medio de referencia en la esfera de toma de decisiones de la UE, se hace eco habitualmente de sus narrativas, presentándolas como procedentes de una fuente “independiente”. Más grave aún es que el propio Parlamento Europeo considere que las corrientes de opinión surgidas de ECIPE son “expertise independiente”, como afirma el mismo artículo.

Epicenter, otra de las organizaciones de Atlas en Europa, publica un ránking de lo que denomina “Estados niñera” destinado a denunciar restricciones de las libertades de la ciudadanía. En esta clasificación se penalizan las regulaciones sobre el alcohol o el tabaco, un criterio que deja bien claro lo que estos think tanks entienden por “libertad”: la posibilidad de extraer beneficios económicos sin límites, incluso cuando está en riesgo la salud pública. De nuevo, se trata del entramado Atlas Network desinformando al servicio de los dueños del gran capital, que se niegan a renunciar a una ínfima parte de sus privilegios en pos de un mundo menos desigual. Lo demuestra un dato: Phillip Morris, la mayor corporación de tabaco del mundo, está ligada a Atlas desde los primeros pasos de la red; René Scull, exvicepresidente de la empresa, estuvo en el consejo de Atlas Network, y hay documentada una donación de casi medio millón de dólares por parte de Philip Morris en 1995.

En 2023, Epicenter se jactó de haber alcanzado a 250 millones de personas gracias a que sus informaciones fueron mencionadas más de 300 veces en medios de comunicación europeos.

Epicenter se jactó de haber alcanzado a 250 millones de personas

En resumidas cuentas, Atlas Network tiene hoy la capacidad de imponer prácticamente cualquier narrativa en la agenda política, e incluso de dar forma a ese terreno intangible pero moldeable en el que se disputa el grueso de la batalla cultural conocido como “sentido común”.

La sombra de Atlas Network en España

En el Estado español es Vox quien mejor encarna la ofensiva reaccionaria que las élites neoliberales han puesto en marcha como mecanismo defensivo ante el resquebrajamiento del sistema capitalista, y a estas alturas no debería sorprender a nadie encontrar la huella de Atlas Network en el camino del partido ultra. Las conexiones se pueden hallar incluso antes de su entrada oficial en el panorama político.

El germen de Vox se fraguó en la Fundación DENAES, creada y presidida por Santiago Abascal –donde compartía espacio con Javier Ortega-Smith o Iván Espinosa de los Monteros– hasta 2014. Durante aquellos años, Esperanza Aguirre mantuvo al hoy líder de Vox generosamente regado de financiación; por ejemplo, la Comunidad de Madrid le otorgó casi 300.000€ entre 2008 y 2012. Aquí, el vínculo con Atlas es doble: Aguirre formó parte del patronato de FAES, además de tener relación con la Fundación Civismo, ambas pertenecientes a la red de think tanks de Atlas Network.

FAES, fundada por un José María Aznar íntimamente ligado con la red Atlas, contribuyó enormemente al lanzamiento de Vox. De entre sus filas salió quien llegaría a presidir Vox en sus primeros pasos, Alejo Vidal-Quadras. También de FAES procedía Rafael Bardají, responsable del exitoso giro de Vox en los últimos años hacia las estrategias desinformadoras diseñadas por Steve Bannon que hoy han “llenado de mierda” el ámbito político español. Una de las principales armas del partido es la Fundación Disenso, creada en 2020 y dirigida por Jorge Martín Frías, vinculado a la propia FAES y fundador de la Red Floridablanca, incluida en la lista de think tanks de Atlas Network. Y hay más: en Disenso trabajó también, como responsable de Relaciones Internacionales, el director de la antes mencionada Fundación Civismo, Juan Ángel Soto.

La puesta en marcha –con Disenso como organización pantalla– del portal La Gaceta de la Iberosfera, fuente constante de bulos y discursos de odio, sitúa la estrategia de Vox muy en línea con la dinámica de Atlas Network en todo el mundo.

Del binomio Vox-Disenso surge también el Foro Madrid, una cumbre internacional de las extremas derechas cuyo documento fundacional, la Carta de Madrid, atestigua con una claridad escalofriante la existencia de una red organizada que conforma el núcleo de la ofensiva fascista. Entre sus firmas se encuentra la de Alejandro Chafuen, exCEO y expresidente de Atlas Network; Roger Noriega, enlace del gobierno de EEUU con la industria de la desinformación; y golpistas profesionales como María Corina Machado o el boliviano Arturo Murillo.

Para dar una idea más concreta de la capacidad de influencia de Atlas Network en la población española, basta con observar la relación entre el Instituto Atlántico de Gobierno, otra organización fundada por Aznar y perteneciente a la red Atlas, y la Universidad Francisco de Vitoria, propiedad de los Legionarios de Cristo. El convenio de colaboración que las une ejemplifica el éxito de la iniciativa puesta en marcha por Antony Fisher allá por 1981: más de 20.000 jóvenes –según datos de la propia Universidad– serán expuestos durante este curso a la doctrina neoliberal revestida de conocimiento académico. Comunicadores como Vicente Vallés, peón de la industria de la desinformación y presentador del informativo más visto en España, suelen ser invitados por el Instituto Atlántico a visitar al alumnado de la universidad ligada al fundador mexicano de los Legionarios, el pederasta en serie Marcial Maciel.

Fuente: https://ctxt.es/es/20251101/Politica/50805/Diego-Delgado-Julian-Macias-Atlas-Network-industria-de-la-desinformacion-Vox-extrema-derecha-think-tanks-EEUU.htm

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La opinión de los docentes sobre la IA: entusiasmo, cautela y nuevos desafíos en la enseñanza

El informe TALIS 2024, elaborado por la OCDE, analiza los riesgos y oportunidades de esta tecnología en las aulas a partir de la opinión y la experiencia de docentes y equipos directivos.

¿Qué riesgos y oportunidades conlleva la inteligencia artificial en el aula? La rápida irrupción de esta tecnología entre los estudiantes ha hecho que muchos expertos se hagan esta pregunta. Y la Encuesta Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS 2024, por sus siglas en inglés), elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), da una respuesta basada en la opinión y experiencia de docentes y directores de colegios de todo el mundo, que han puntuado y valorado aspectos de la docencia y pedagogía en sus centros.

Así, el informe TALIS 2024 recoge cinco posibles beneficios de la IA en el aula “siempre que se integre de forma ética y pedagógicamente adecuada”, como son la mejora de los planes de clase, adaptación de materiales a los distintos niveles, apoyo al alumnado de forma personalizada, recursos para alumnos con necesidades especiales y automatización de tareas administrativas.

Como complemento a esta investigación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha publicado, a su vez, un análisis específico a partir del estudio TALIS, que se centra específicamente en los 1.013 centros educativos españoles participantes. Teniendo en cuenta sus respuestas, se observa que un 28% del profesorado de Primaria y un 35% en Secundaria utilizan la IA como ayuda para preparar sus clases, pero no se fían del uso que dan los estudiantes a esta tecnología. A un 75% del profesorado le preocupa el plagio, un 68% la información errónea que facilita la IA y un 52% observa el posible sesgo y manipulación del alumnado.

opinión de los docentes sobre la IA

Sin embargo, ninguna pregunta profundiza sobre los criterios éticos en el uso de la IA y su implicación en la dignidad humana, que para Triodos Bank son aspectos clave en la educación. “Al preguntar por los riesgos, TALIS cae de nuevo en los lugares comunes y lo obvio: el riesgo al plagio y la copia, o los riesgos derivados de los sesgos de la IA y la privacidad de los datos. Se ignoran otros potenciales riesgos importantes que pueden afectar a los estudiantes”, reflexiona en su blog Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta y coautor, junto a Tíscar Lara, del libro ‘IA y Educación: Una relación con costuras’. En su análisis del Informe TALIS, Magro plantea la posibilidad de que la IA implique una dependencia tecnológica, que lleve a la pereza cognitiva, reduzca la profundidad, calidad y perdurabilidad de los aprendizajes o que incluso debilite habilidades clave como el pensamiento crítico y el bienestar emocional en etapas sensibles como la adolescencia.

Por eso, para muchos expertos la IA como herramienta de estudio no debería limitarse a decidir cuándo y cómo puede utilizarla el alumnado, sino asumir que la IA ya es usada habitualmente. Aportar las herramientas necesarias para detectar errores, desinformación, limitaciones de los patrones de aprendizaje y sesgos sobre derechos fundamentales y bienestar social son algunos de los retos que  tendrán que afrontar los docentes.

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/opinion-de-los-docentes-sobre-la-ia/

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España: Aprobado el anteproyecto para reducir los alumnos por aula, 22 en educación Primaria y 25 en Secundaria

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que busca reducir el número de alumnos en las aulas estableciendo una ratio de hasta 22 alumnos en Educación Primaria y 25 en Secundaria. Actualmente hay 25 en Primaria, con la posibilidad de ampliar un 20% más, y 30 en Secundaria.

Además, en las aulas donde existan alumnos con necesidades educativas especiales, ese alumno computará por dos como doble plaza con el fin de establecer una mejor distribución por aula y compensar de esta manera la mayor dedicación necesaria por parte del profesorado.

Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

Reducción de la «carga lectiva» a los profesores

Así lo ha avanzado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, que ha detallado también que se reducirá la «carga lectiva» de los maestros esto es, el horario lectivo de los profesores, que pasará a ser 23 horas semanales máximas en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria a partir del curso que viene 2026/2027.

Alegría ha explicado que algunas comunidades autónomas ya trabajan con estas ratios y horas lectivas porque así se estableció como recomendación en el año 2019, pero que a partir del próximo curso se establecerá la obligatoriedad.

En este sentido, ha dicho que tras la aprobación del anteproyecto de ley en primera vuelta, el Ministerio de Educación comenzará a dialogar con las comunidades autónomas y con los sindicatos, con los que ya han mantenido diversas reuniones para desarrollar esta norma, en las distintas mesas sectoriales. Espera un «apoyo generalizado» en el sector.

«Este anteproyecto busca revertir los recortes educativos del PP en el año 2012», ha afirmado la ministra, que ha añadido que el fin último de esta ley es «mejorar la calidad de la educación».

«Esta va a ser la legislatura del profesorado», ha aseverado la ministra, que cree que los profesores y maestros deben estar en el centro y «devolverles al lugar y al reconocimiento que merecen». «Si queremos cuidar a los que nos cuidan tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país», ha añadido.

Una vez aprobada la ley, se establecerá un calendario de seis meses para modificar un real decreto que modifique las ratios de las etapas no obligatorias.

La ministra ha asegurado que tiene la confianza de que este proyecto salga adelante durante su tramitación parlamentaria, a pesar de que Junts haya roto su acuerdo con el Gobierno. «Espero y deseo, y desde luego lo vamos a trabajar, para que salga adelante», ha zanjado.

https://www.rtve.es/noticias/20251111/aprobado-anteproyecto-para-reducir-alumnos-por-aula-22-educacion-primaria-25-secundaria/16810447.shtml

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TikTok y la formación política de los jóvenes: ¿educación o entretenimiento?

Maykel Navas 

En los últimos años, TikTok ha emergido como una de las plataformas digitales más influyentes entre la juventud latinoamericana. Con su formato de videos cortos, dinámicos y altamente personalizables, ha captado la atención de millones de usuarios, convirtiéndose en un espacio donde se mezclan el humor, la creatividad y, cada vez más, la política.

En Venezuela, como en otros países de la región, TikTok se ha convertido en un foro informal de debate. La juventud venezolana utiliza la plataforma para expresar frustraciones ante la crisis económica, la migración, la censura y la falta de oportunidades. A través de denuncias ciudadanas sobre servicios públicos, parodias del discurso oficial, y reacciones a eventos electorales, se generan conversaciones públicas y presión social.

Este modelo de comunicación política informal contrasta fuertemente con los medios tradicionales. La exposición al contenido político, en la referida red social, no requiere de una búsqueda intencionada, ya que los discursos aparecen integrados en tendencias, formatos humorísticos o análisis breves.

Este fenómeno plantea un dilema crucial: ¿puede TikTok considerarse una herramienta válida para la formación política de los jóvenes, o se limita a ser un canal de entretenimiento superficial? La respuesta exige una mirada crítica sobre cómo se construye el discurso político en entornos digitales y qué implicaciones tiene para la ciudadanía juvenil.

Comparativa regional: distintas visiones

Esta integración política/entretenimiento ha demostrado ser eficaz para captar la atención juvenil. Un estudio realizado en Guayaquil, Ecuador, con adolescentes tardíos (18-25 años) reveló que una proporción considerable de participantes reconoció a TikTok como un canal adecuado para la comunicación política (60% de los encuestados). Además, el 65% de esos jóvenes afirmó haber desarrollado un mayor interés en temáticas políticas luego de ver videos en la plataforma.

Expertos en comunicación digital señalan que “el contenido que más conecta con los jóvenes es aquel que humaniza al político o presenta los problemas sociales de forma cotidiana y cercana». En este sentido, la plataforma modifica la percepción tradicional de los candidatos al humanizarlos mediante formatos lúdicos y accesibles.

Aunque los adolescentes tardíos en Ecuador mostraron un incremento en su interés político, la confiabilidad percibida en la información política fue baja (solo el 15% la consideró confiable). Esto implica que la red actúa más como un detonador emocional que como un canal de opiniones fundamentadas. Los usuarios a menudo necesitan contrastar el contenido político con otras fuentes o medios tradicionales para asumirlo como veraz.

En la búsqueda del «voto joven», los actores políticos a menudo cometen errores estratégicos al intentar replicar forzadamente el lenguaje juvenil, lo que genera un alto nivel de «cringe» (vergüenza ajena).

En el caso de Argentina, por ejemplo, la adaptación de políticos mayores al formato de challenge o coreografía es percibida como artificial y contraproducente. Esto sucede porque existe una subestimación de ese público joven. Los jóvenes no quieren ver al político haciendo una «pavada» (tontería); quieren información relevante.

Influencers y la construcción de vínculos parasociales

En el ecosistema venezolano, influencers y creadores humorísticos contribuyen a la formación política de maneras distintas. Los videos que muestran espontaneidad o un lenguaje informal son percibidos como más auténticos que aquellos con producción profesional.

Esta percepción de autenticidad se ve reforzada por los vínculos emocionales unidireccionales que los jóvenes desarrollan con estos creadores, fenómeno conocido como “relación parasocial”. Estos creadores, a menudo independientes de partidos, funcionan como auténticos referentes ideológicos para su audiencia[1].

La adhesión ideológica que se consolida en TikTok se basa más en el vínculo y la confianza construida que en el razonamiento estructurado o el contenido argumentativo. El creador no solo informa; acompaña, interpreta y valida.

Algunos influencers han ganado notoriedad por abordar temas políticos con seriedad, mientras que otros lo hacen desde la sátira. Ambos tipos de creadores contribuyen a la formación política, pero de maneras distintas. ¿Quién educa más? Depende del contenido, la intención y la capacidad del espectador para decodificar el mensaje.

El algoritmo como curador de contenido ideológico

El algoritmo de TikTok prioriza contenido que genera interacción, lo que favorece discursos emocionales, polarizados o humorísticos. Esto plantea preguntas sobre qué tipo de ideologías se viralizan, si son, en efecto, las más informadas o, por el contrario, las más provocadoras El riesgo es que el algoritmo actúe como filtro ideológico, reforzando burbujas de pensamiento y limitando la diversidad de perspectivas.

Ejemplos recientes incluyen denuncias ciudadanas sobre servicios públicos, parodias del discurso oficial, y reacciones a eventos electorales. En algunos casos, estos videos han alcanzado millones de visualizaciones, generando conversación pública y presión social.

No obstante, el entretenimiento puede ser educativo, especialmente cuando el contenido humorístico incorpora crítica política. La sátira puede ser una herramienta poderosa para cuestionar el poder, visibilizar injusticias y fomentar el pensamiento crítico. Sin embargo, su efectividad depende de la capacidad del espectador para distinguir entre burla y análisis.

Aunque TikTok no garantiza pensamiento crítico, puede estimularlo si se combina con educación formal, alfabetización mediática y espacios de reflexión. El reto está en enseñar a los jóvenes a evaluar fuentes, contrastar opiniones y construir argumentos propios.

La clave no reside en censurar la plataforma, sino en educar sobre su uso. Brindar las herramientas para que se desarrollen las habilidades críticas necesarias para discernir entre información legítima y contenidos manipulados. Esto permitirá que la capacidad de la red social para generar interés e involucramiento cívico no se traduzca en una ciudadanía superficial, manipulable o apática. Promover la alfabetización digital y la responsabilidad comunicativa es esencial para que la plataforma contribuya a la formación política y no solo al consumo pasivo de contenido.

En conclusión, es indispensable recurrir a una perspectiva que sitúe el fenómeno no solo en el entorno digital, sino en el contexto histórico de la comunicación. Lo que estamos presenciando con TikTok en Venezuela, y globalmente, no debe entenderse como un simple capricho tecnológico o una moda pasajera. Es, en esencia, el reflejo de una transición más profunda en la forma en que los jóvenes se informan, interactúan y construyen su visión del mundo.

El impacto de TikTok es el resultado de una transformación en el panorama mediático que nos aleja del modelo tradicional. Hemos pasado de un modelo de medios centralizados (como la televisión y la prensa) que tradicionalmente estructuraban el debate político, hacia un entorno digital inherentemente fragmentado y personalizado. Este fenómeno intensifica la forma en que los jóvenes consumen información, donde la exposición al contenido político ya no requiere de una búsqueda intencionada, sino que aparece integrado en formatos humorísticos o tendencias.

En este sentido, la plataforma no solo redefine las estrategias de campaña, sino que altera la propia construcción de la opinión pública, segmentando los discursos en microgrupos cerrados y ajustados a la experiencia individual de cada usuario. Por ello, es crucial comprender que lo que observamos hoy en TikTok –con sus challenges políticos, sus burbujas de afinidad algorítmica y sus influencers funcionando como auténticos referentes ideológicos— es ya parte de nuestra historia en tiempo real, un campo de estudio necesario para entender la dinámica de la ciudadanía digital.


[1] Universidad Simón Bolívar, Relaciones parasociales: apreciaciones de jóvenes VS adultos. Barranquilla: Editorial Unisimon, 2022

TikTok y la formación política de los jóvenes: ¿educación o entretenimiento?

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«¡Nuestros territorios no están en venta!»: nace la coalición global Pueblos Contra el Extractivismo

– Se presenta en Brasil una coalición de más de 30 organizaciones de la sociedad civil y de base indígena y campesina de América Latina y Europa, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción.

– El espacio se define como la articulación entre pueblos, comunidades y organizaciones que enfrentan en sus territorios los impactos del extractivismo minero‑energético, del agronegocio y de otros enclaves de expoliación de la naturaleza.

– El lanzamiento se ha realizado en el marco de las actividades alrededor de la COP30 en Belém do Pará (Brasil). 

Pueblos Contra el Extractivismo se ha presentado públicamente en Belém do Pará para articular, desde las luchas de base, “una respuesta internacionalista frente a un modelo extractivista exacerbado por las demandas de una transición verde y digital”. En el evento han participado más de 30 organizaciones y alrededor de 100 personas, entre activistas y defensoras de los bienes comunes, la naturaleza y los derechos humanos. Ecologistas en Acción es una de las organizaciones impulsoras del encuentro.

La coalición internacional denuncia que, bajo el discurso de la transición energética y el desarrollo sostenible, se profundiza una carrera por materiales críticos (litio, cobalto, níquel, entre otros) que acelera la expansión de fronteras de sacrificio y refuerza la dependencia.

“La transición verde y digital vendida bajo la promesa de un horizonte de sostenibilidad, igualdad y bienestar es, en la práctica, el marco para el avance del capitalismo verde militar, que ahonda las desigualdades sociales y la destrucción de los territorios, apuntalando una matriz energética extractivista que acelera la superación de los límites biofísicos del planeta. Además, en términos geopolíticos, incrementa aún más el poder y la impunidad de las empresas transnacionales, azuza el régimen de guerra y desarrolla una ofensiva neocolonial”, afirman.

Pueblos Contra el Extractivismo resalta que “esta ofensiva colonial” es más palpable en los países periféricos que suministran materias primas de aquellos que concentran la transformación y la acumulación de valor:  “Bajo esta situación es evidente que no es posible la justicia climática para quienes, históricamente, han soportado los peores efectos del sistema capitalista: pueblos indígenas, campesinos y poblaciones rurales”.

Ejemplos de ello son las actuales luchas y resistencias en Panamá, Ecuador o Perú: “La minería muestra su cara como la expresión más violenta del extractivismo y avanza con militarización, despojo de tierras y racismo estructural donde se criminaliza a quienes defienden el agua y la tierra y se asegura la impunidad de las empresas”.

Por todo ello, Pueblos Contra el Extractivismo lanza una invitación a tejer una voz común y una lucha anticolonial y anticapitalista, “visibilizando y enlazando resistencias que ya construyen alternativas comunitarias en defensa de la vida”.

Maureen Zelaya, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Pueblos contra el Extractivismo nace en Belém do Pará, en el marco de la COP30, como respuesta a las falsas soluciones del extractivismo verde que se debaten en este foro. Nosotras y nuestras luchas en defensa de los territorios somos la respuesta”.

El encuentro concluye con el acuerdo de volver a reunirse en mayo de 2026 en Europa, una propuesta promovida por Ecologistas en Acción. También se ha acordado impulsar campañas conjuntas que señalen la impunidad de las transnacionales extractivistas, actividades de formación e intercambio de experiencias entre organizaciones, así como promover la realización de brigadas como prácticas de internacionalismo.

Fuente: https://www.ecologistasenaccion.org/350942/nuestros-territorios-no-estan-en-venta-nace-la-coalicion-global-pueblos-contra-el-extractivismo/

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Trump destruyó la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación. ¿Pueden los países dar un paso adelante?

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, que se supone debe proteger a los estudiantes de la discriminación basada en raza, etnia, género, edad y condición de discapacidad, ya no es lo que solía ser.

La administración Trump despidió a casi la mitad del personal en marzo, cerró siete de sus 12 oficinas regionales, cambió el enfoque de la agencia vacía hacia nuevas prioridades (incluyendo mantener a las mujeres transgénero fuera de los deportes femeninos) y luego… se dice Ha despedido a más personal en medio del bloqueo en curso.

Filadelfia estuvo entre las ciudades que perdieron su oficina regional de la OCR en la primera ronda de despidos. Los casos del distrito ahora van a Atlanta, “donde pueden ser escuchados o no”, dijo Lindsey Williams, senadora del estado de Pensilvania que se desempeña como líder de la minoría en el Comité de Educación del Senado.

Para llenar ese vacío, Williams, una demócrata, anunció que presentaría una legislación para crear una oficina de derechos civiles dentro del Departamento de Educación de Pensilvania. Williams dijo que el proyecto de ley aún no se ha redactado. Quiere “crear nuevos poderes para que el Departamento de Educación de Pensilvania investigue y haga cumplir las violaciones federales de los derechos civiles”. “También puede haber una oportunidad de fortalecer nuestras leyes estatales en este sentido”, señaló.

“Estamos analizando todo eso para ver qué podemos hacer, porque nunca antes habíamos estado aquí”, dijo.

Los estudiantes que enfrentan discriminación en todo el país ahora tienen mucho menos personal en el Departamento Federal de Educación (OCR) que pueda responder a sus quejas. La agencia tenía una gran acumulación de casos incluso antes de que el presidente Trump regresara al cargo y luego desestimó miles de quejas en la primavera. Algunos defensores han expresado especial preocupación por la capacidad actual de la OCR para abordar quejas de discriminación por motivos de discapacidad.

Quienes permanecen en la OCR parecen estar aplicando una interpretación conservadora de la ley de derechos civiles que no reconoce la identidad de género de los estudiantes transgénero. La OCR de la era Trump ha atacado activamente a las instituciones por permitir que las mujeres trans practiquen deportes femeninos. También se centra en poner fin a programas y prácticas que benefician específicamente a las minorías, excluyendo a los blancos.

Los defensores de los derechos civiles están pidiendo a los estados que intensifiquen sus esfuerzos.

“No podemos detener lo que está sucediendo a nivel federal”, dijo Williams. “Se están considerando muchas demandas… pero mientras tanto, ¿qué hacemos como estado?”

Una de esas demandas en curso, presentada por el Centro Legal de Derechos de las Víctimas y dos padres en abril, alega que la reducción de la OCR perjudica a los estudiantes de clases protegidas. Sostiene que los recortes federales a la OCR han dejado a “una organización vacía incapaz de realizar las funciones que le asigna la ley”, y agrega que “sin intervención judicial, el sistema existiría sólo de nombre”. Pero esta intervención puede no funcionar a favor de los estudiantes. Los jueces han emitido medidas cautelares preliminares, pero hasta ahora la Corte Suprema ha permitido que continúen los despidos en el Departamento de Educación.

“Los estados tienen que compensar parte del déficit”, dijo Shelby Chestnut, directora ejecutiva del Transgender Law Center, con sede en Pensilvania.

“Si más estados con líderes demócratas comienzan a proponer cargos, legislación o dinero de este tipo, probablemente se generará una conversación más amplia”, dijo Chestnut.

Señaló que durante la administración Obama, el gobierno federal demandó a Carolina del Norte por su controvertida ley que prohíbe a las personas trans usar baños que correspondan con su identidad de género. Pero eso no es algo que la administración Trump vaya a hacer. Algunos estados ahora dicen (y deberían decir más): “Bueno, ustedes no van a hacer su trabajo, así que nosotros lo haremos por ustedes”, dijo Chestnut.

Beth Gilman-Bear, quien fue directora de la oficina regional de Filadelfia de la OCR federal antes de que la administración Trump la despidiera, dijo que no sabe de otros estados que estén creando una nueva agencia estatal como la propuesta en Pensilvania. Incluso allí, los republicanos controlan el Senado estatal y no está claro si la legislación se aprobará. Otras legislaturas estatales “realmente deberían pensar en esto y tomar medidas inmediatas para construir algún tipo de unidad de derechos civiles para ayudar a los estudiantes en su estado”, dijo.

Algunos estados ya tienen sus propias agencias que protegen los derechos civiles en la educación superior, incluida la Comisión de Relaciones Humanas con sede en Pensilvania, dijo Gilman-Bear. Pero estas entidades “tradicionalmente carecen de personal y recursos y dependen en gran medida de la OCR”, dijo.

Chad Dionne Lassiter, director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas de Pensilvania, estuvo de acuerdo con la evaluación de Gilman Beer sobre comisiones como la suya. Lassiter dijo que se siente “absolutamente entusiasmado” con la legislación propuesta, que según él sería aún mayor si se creara una nueva oficina de derechos civiles en su agencia.

“Danos 20 empleados más y haremos el trabajo”, dijo Lassiter. Idealmente, dijo, la división de educación de su agencia tendría 15 investigadores y cinco abogados.

“Todo país que tenga una comisión de relaciones humanas debería tener un componente educativo”, afirmó. “Financiar estas comisiones”.

La única solución real, dijo Gilman Beer, es restaurar la OCR federal, porque incluso si algunos estados dan un paso al frente, los derechos de los estudiantes dependerán de dónde vivan.

“Bajo el modelo anterior de esta administración, la promesa de igualdad de oportunidades educativas estaba disponible en todos los ámbitos”, dijo.

Derechos desiguales entre estados

Para un estudiante que acude a una oficina estatal de la OCR en un estado que no reconoce su identidad, el proceso puede ser tan infructuoso como buscar ayuda en una oficina federal de la OCR durante el gobierno de Trump. El Movement Advancement Project, que aboga por los derechos LGBTQ+, dice que 27 estados tienen leyes que prohíben a los estudiantes transgénero participar en deportes que se alineen con su identidad de género. La organización dijo que no todas estas leyes afectan a los estudiantes de educación postsecundaria, pero a menudo sí lo hacen.

Se suponía que la OCR federal proporcionaría una aplicación única y consistente de las protecciones legales federales, dijo Nicholas Haidt, abogado principal de Lambda Legal, que defiende a las personas LGBTQ+ en los tribunales. “Ahora eso no está sucediendo, simplemente se niegan a hacerlo”, afirmó.

“Si confiamos en que los estados sean el mecanismo de aplicación de la ley, hemos creado este mosaico en el que cada estado adoptará su propio enfoque”, dijo Haight.

Las universidades de los estados con leyes que reconocen los derechos de los estudiantes transgénero deben decidir si cumplen con esas leyes o con el enfoque de la administración Trump. La administración, utilizando recortes masivos en la financiación federal para la investigación, obligó a la Universidad de Pensilvania a hacer concesiones para permitir que una mujer trans compita en deportes femeninos. Pero Scott Lewis, cofundador de la Asociación de Administradores del Título IX y socio director de TNG Consulting, que asesora a instituciones de educación superior sobre cuestiones de derechos civiles, dijo que hasta ahora ha visto a las universidades estatales azules manejar quejas de discriminación de manera muy similar a como lo hacían antes de que Trump recuperara el cargo.

“Es importante que la gente sepa que todavía hay protecciones estatales”, dijo Lassiter, de la Comisión de Relaciones Humanas de Pensilvania. Pero las formas de proteger a los estudiantes transgénero pueden no estar claras.

Su agencia hace cumplir las leyes estatales que protegen a los estudiantes de la discriminación basada en la identidad de género, pero no ha respondido directamente sobre si eso significa que ordenaría a una universidad que permita que una mujer trans juegue en un equipo deportivo femenino. Lassiter dijo que su agencia evita las “guerras culturales”.

Los estudiantes que enfrentan discriminación de todo tipo aún pueden presentar una demanda conforme a la ley federal de derechos civiles en lugar de buscar ayuda de la OCR federal o cualquier versión gubernamental de esa agencia. Pero los juicios personales pueden resultar costosos.

Williams, senador del estado de Pensilvania, señaló que es posible que las demandas tampoco terminen cuando el estudiante se gradúe. También suele conducir a tratamientos individualizados para la víctima, en lugar de “intervenciones sistemáticas para garantizar que el problema no les vuelva a ocurrir a otros estudiantes”, dijo Gilman-Beer, ex empleada federal de la OCR. Ese es el tipo de resolución amplia que la Oficina Federal de Derechos Civiles podría lograr, afirmó.

Hite dio la bienvenida a las personas cuyos derechos están siendo violados, o que están preocupadas por los derechos de otros, a comunicarse con Lambda Legal. Señaló que la Oficina federal de Derechos Constitucionales hizo gran parte de su trabajo negociando con las universidades para solucionar problemas, en lugar de iniciar litigios. Si la OCR federal deja de llevar a cabo estas negociaciones, dijo, recaerá en los estudiantes y los padres la carga de demandar para defender sus derechos, al tiempo que se impondrá el costo adicional de los litigios a las universidades.

Si la administración Trump mantiene el rumbo, las personas que no sienten que están siendo atendidas a nivel federal irán al nivel estatal, dijo Lewis.

“Si el gobierno federal no lo hace, quedará en manos de los estados hacerlo”, dijo.

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Uruguay: Ocupaciones contra los recortes y el presupuesto de ajuste

Por: Hernán Yanes

Como parte de la lucha por aumento de presupuesto, distintos centros educativos han sido ocupados en estas últimas semanas por estudiantes, docentes y funcionarios. A su vez maestras y maestros cumplieron tres días de paro, a los que se sumaron los docentes de secundaria en la última jornada.

La lucha por presupuesto se expresa desde hace semanas en los distintos niveles de la enseñanza. El proyecto de ley de presupuesto presentado por el gobierno ha generado indignación y bronca también en la comunidad educativa: en un sentido contrario a las promesas de campaña de llegar al 6% de presupuesto para la educación, Oddone y Orsi están realizando un recorte importante que dejará el presupuesto en el entorno del 4.4% de PBI; todo lo cual llevó a que distintos centros educativos estén en conflicto desde comienzos de octubre.

El IPA, Magisterio, diversos liceos y UTUs han llevado a cabo ocupaciones de sus locales de estudios. Los reclamos que plantean los estudiantes comprenden una variedad de problemáticas que afectan directamente la calidad de la enseñanza y el derecho al acceso a la educación.

Grandes problemas de infraestructura, recortes de horas, becas escasas e insuficientes, falta de recursos humanos son algunas de las reivindicaciones.

En el contexto del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto en el Senado, y cuando el gobierno se mantiene firme en su postura de no otorgar más recursos para la educación, la lucha por presupuesto tomó un nuevo impulso.

En los distintos niveles de la enseñanza se volvieron a tomar medidas de ocupación y otras formas de conflicto.

Magisterio

Magisterio es uno de los centros en la que la ocupación se mantiene por más tiempo; desde octubre se viene denunciando que las becas para las y los estudiantes son muy pocas: para un total de 27mil estudiantes solo hay alrededor de 2300 y de ellas algo más de 1400 son de apoyo económico, y además los montos recibidos son totalmente insuficientes para asegurar la continuidad educativa.

Se denuncia también las malas condiciones locativas y de infraestructura, que buena parte de las y los estudiantes no tienen internet en sus hogares, que hay situaciones de hacinamiento, los largos viajes con boletos caros para llegar a los centros educativos, la falta de pago a las y los estudiantes que hacen prácticas, etc.

CFE

Estudiantes de los Centros de Formación Docente se encontraron a fines de octubre con la noticia de que el gobierno se proponía aplicar un recorte brutal en el número de grupos y horas presenciales.

El Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) denunció que el gobierno, con la excusa del déficit presupuestal heredado, se proponía suprimir 8000 horas de clase y más de 220 grupos presenciales, afectando la situación laboral de decenas de docentes y la cursada de miles de estudiantes y sin discutirlo en los ámbitos de negociación correspondientes, es decir violando la negociación colectiva en curso.

Más de 15 centros de formación docente fueron ocupados a comienzos de semana en distintos puntos del país, logrando que el gobierno retroceda en su plan y deje la medida en suspenso. El Instituto de Formación en Educación Social (IFES) aún sigue ocupado.

Además del pedido de un mayor presupuesto, desde el CEM, el IPA y los CFE se señala la necesidad de crear una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada y de dejar sin efecto el Plan 2023 implementado por el gobierno anterior para elaborar un nuevo plan de estudios de forma participativa.

UdelaR

Varias facultades de la Universidad de la República fueron ocupadas esta semana en reclamo de mayor presupuesto; como Humanidades, Psicología, Comunicación, Ciencias Sociales, luego de movilizaciones y distintas medidas de lucha que se vienen dando desde el comienzo del tratamiento del presupuesto a nivel legislativo.

Mientras la UdelaR pidió un 52% de aumento en el quinquenio, con lo votado en Diputados se pasó a un 2.8%, una cifra muy menor que afectará negativamente el funcionamiento de toda la Universidad, tanto en Montevideo, como en los locales que existen en el interior del país. El presupuesto propuesto no otorga ningún incremento para el mantenimiento edilicio de todos los servicios de la Udelar ni tampoco para la creación de cargos de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios.

Estudiantes, docentes y funcionarios siguen en conflicto; agotada ya la posibilidad de que el gobierno envíe un mensaje complementario, siguen denunciando las precarias condiciones en las que queda la Universidad con este presupuesto.

Secundarios

Varios liceos de Montevideo y el interior han estado ocupados en estos meses. Los estudiantes vienen reclamando la necesidad de la construcción de liceos en Las Piedras y La Teja, las carencias estructurales a nivel locativo, de equipamiento y materiales y la falta de equipos multidisciplinarios.

Paro de Ademu y ADES

Luego de la brutal agresión a una maestra el pasado miércoles, Ademu se declaró en conflicto y realizó un importante paro por 3 días, en el marco de masivas asambleas y movilizaciones que denuncian las malas condiciones en las que está trabajando.

ADES se sumó al paro de este lunes y confluyó con maestras y maestros en los alrededores de la Torre Ejecutiva en reclamo del aumento del presupuesto para la educación y mejores condiciones laborales.

Continuar la lucha contra la motosierra progresista

Más allá de los tiempos parlamentarios es necesario continuar la lucha por derrotar este presupuesto de ajustes y recortes. Oddone y Orsi llevan adelante con este proyecto de ley una política muy semejante a la derecha tradicional, que rompe con las promesas de campaña y no cumple las expectativas de la base frentamplista que no votó por la continuidad sino por cambios progresivos.

El 6% para educación +1% para investigación es una demanda histórica que solo se puede conquistar a partir de la coordinación por abajo y de manera democrática de todos los sectores en lucha, peleando por aumento de presupuesto en base a afectar la ganancia de los sectores más ricos.

Foto: Gianni Schiaffarino, La Diaria

https://www.laizquierdadiario.com.uy/Ocupaciones-contra-los-recortes-y-el-presupuesto-de-ajuste

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