España/Noviembre de 2017/Autora: Marta Belver/Fuente: El Mundo
Todo apunta a que Cristina Cifuentes se va a quedar sola con su propuesta de Acuerdo por la Educación Madrileña. Aunque la presidenta regional aspira a marcar el paso del pacto de Estado en esta materia que se está intentando alcanzar en el Congreso, ni los sindicatos ni la oposición política parecen dispuestos a dejarle que se ponga la medalla.
Esta semana el Gobierno autonómico ha presentado la tercera versión del texto en el que quiere que se base su reforma del sistema escolar. La principal novedad respecto a los borradores previos es que éste viene acompañado de una propuesta de inversión desglosada por objetivos y por años hasta 2020 con un presupuesto global de 855 millones de euros, pero ni aun así se ha logrado allanar el camino hacia el consenso.
Los primeros en conocer el contenido de la iniciativa regional para un pacto, con 80 propuestas de actuación enmarcadas en 28 objetivos, han sido los sindicatos. Y antes incluso de entrar a valorar la ‘letra pequeña’ del mismo ya ponen objeciones hasta en la forma en la que la Consejería de Educación pretende tramitarlo.
Según denuncian en CCOO Madrid, el Ejecutivo ‘popular’ pretende vincular la aprobación del acuerdo sectorial alcanzado con los representantes de los trabajadores en el mes de junio y pendiente sólo de la firma de Cifuentes con el apoyo al documento que plasma las líneas maestras de la enseñanza en los próximos tres años. «Están tratando de utilizar a los profesores como rehenes para llegar a un pacto educativo político, un chantaje en toda regla que además fractura la confianza para seguir negociando», señala Isabel Galvín, portavoz de la organización.
El acuerdo sectorial en cuestión incorporaba el compromiso para crear 2.800 nuevas plazas de docentes hasta 2021. Además, se planteaba la recuperación del abono de las vacaciones de verano a los interinos que hayan trabajado durante un periodo superior a nueve meses -unas 6.000 personas por curso-, el incremento retributivo de un 10% anual en los sexenios para los funcionarios y la ampliación de los permisos y licencias, entre otras medidas.
«Cuando comenzaron las negociaciones se puso sobre la mesa que ambas cuestiones estaban ligadas: el acuerdo educativo lleva implícitas unas mejoras laborales y unos incrementos de plantillas incluidos en el acuerdo sectorial», argumenta un portavoz de la Consejería de Educación. «Aquí no se está chantajeando a nadie, el planteamiento ha sido coherente desde el principio», añade.
No obstante, en el departamento que dirige Rafael Van Grieken quieren mostrar su «disposición absoluta» a llegar a un consenso en este punto al que incluso le ponen fecha: «antes de fin de año». Para ello, anuncian que tratarán de «acercar posturas» en la comisión de trabajo creada bajo el paraguas del Consejo para el Diálogo Social, en el que están representados tanto la patronal de los empresarios como los sindicatos.
Discrepancias sobre el contenido
En el marco de este organismo constituido el lunes pasado se debatirá también el detalle del último borrador del Acuerdo por la Educación Madrileño, que será el otro gran escollo para que el proceso pueda terminar con la pretendida ‘fumata blanca’ a tres bandas (Gobierno regional, comunidad educativa y oposición en el Asamblea de Vallecas). Pero el entendimiento en el seno de esta suerte de cónclave no se antoja precisamente sencillo.
UGT considera que la propuesta elaborada por el equipo de Cifuentes básicamente pretende «preservar un modelo que se aleja de la equidad e igualdad de oportunidades, con unas actuaciones tendentes a profundizar en la privatización de la enseñanza», y que incorpora medidas «meramente publicitarias de lavado de imagen, creando ficciones de participación y diálogo». «Aparte, se recuperan programas y recursos que fueron eliminados por los recortes desde 2008, lo que, por tanto, no supone una novedad», apunta su portavoz en la materia, Teresa Jusdado.
Si la posibilidad de alcanzar un consenso con los representantes del profesorado se atisba lejana, la situación no varía mucho respecto al futuro diálogo con los otros partidos que componen el Parlamento regional, con quienes Educación quiere terminar de perfilar el contenido del documento. Ni siquiera el socio de investidura de Cifuentes parece dispuesto a prestarse a la rúbrica.
«El borrador del acuerdo es básicamente una enumeración de las políticas educativas del PP, como el bilingüismo, con sus luces y sus sombras, pero siguen sin abordarse dos cuestiones básicas: medidas para mejorar la calidad del sistema y fomentar la igualdad de oportunidades», explica María Teresa de la Iglesia, de Ciudadanos. «Si sigue habiendo abandono escolar es porque no hay suficientes recursos y y así no va a solucionarse», agrega.
En una línea similar, el PSOE argumenta que «el problema» de la propuesta «no es lo que contiene, sino lo que se ha dejado fuera», como un «modelo de inclusividad» para los alumnos con necesidades especiales y «un programa ambicioso de FP con oportunidades de empleo para jóvenes y adultos». Según el diputado Juan José Moreno, el Gobierno popular sólo trata de «refrendar las políticas que se llevan aplicando desde hace años, lo cual no invita a un acuerdo».
Al hilo de esta crítica, Podemos se lamenta de que, entre otras discrepancias, se refuerce el bilingüismo «sin saber realmente si funciona» y sin que ningún estudio haya valorado aspectos como «si es más importante saber decir codo en inglés o saber para qué sirve». «Es muy difícil atajar los problemas cuando ni siquiera se ha hecho un diagnóstico consensuado de lo que ocurre», según Beatriz Galiana, que recalca los «7.000 profesores que se han perdido con los recortes» y la falta de dotación presupuestaria necesaria para paliar las deficiencias.
En Educación defienden que la propuesta de acuerdo educativo se ha realizado a partir de las 118 recomendaciones hechas por el Consejo Escolar de la Comunidad, en el que están representados todos los actores implicados en el proceso, y que se «ha dado voz a todo el mundo». «El documento contiene numerosas actuaciones concretas que pueden mejorar objetivamente el sistema educativo sin entrar en conflictos ideológicos», concluyen.
Fuente: http://www.elmundo.es/madrid/2017/11/12/5a06054e468aebf17a8b461b.html
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