Por qué la izquierda debe manifestarse por una escuela de todos

Guillermo del Valle y Antonio Francisco Ordóñez

Guillermo del Valle y Antonio Francisco Ordóñez

Cuarenta años de franquismo, expresión totalitaria del nacionalismo español, dejaron un poso de mala conciencia en muchas personas de lengua materna castellana en Cataluña.  Esa mala conciencia condujo a la permisividad para que, una vez establecida a partir de la Constitución española vigente, la cooficialidad en Cataluña, se produjesen durante los más de cuarenta años de pujolismo (del cual el actual gobierno catalán es fiel heredero) evidentes abusos: inmersión obligatoria en catalán en la escuela, multas por rotular solo en castellano, señales de tráfico exclusivamente en catalán, denominaciones oficiales solo en catalán, consignas de uso solo del idioma catalán en las administraciones públicas so pena de ostracismo, medios de comunicación públicos no solo exclusivamente en catalán sino beligerantes contra el castellano, etc. Es decir, la exclusión de facto de cientos de miles de conciudadanos de la vida pública.

Como quiera que los sucesivos gobiernos de España, la denominada alternancia de los partidos sistémicos PP y PSOE, han necesitado a menudo para conformarse del apoyo nacionalista (tanto catalán como vasco), aquellos siempre se han puesto de perfil en relación a esta cuestión, oficiando como cooperadores necesarios de las políticas de segregación identitaria contra los derechos de todos. Esto ha supuesto que se trasladase a la sociedad civil la carga injusta de defender los derechos de los ciudadanos españoles que pretenden lo obvio: poder expresarse en la lengua oficial que, en el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión, la Constitución les reconoce en todo el territorio nacional. Lo anterior tiene su extensión natural en la escuela, donde hasta el día de hoy sólo el catalán es lengua vehicular. Y lo es pese a una constante jurisprudencia de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional (TC) que exigen lo contrario. Ante el decaimiento de las leyes y las instituciones en Cataluña, habiéndose producido una explícita privatización nacionalista de las mismas, los derechos de ciudadanía quedan en manos de una serie de ciudadanos a los que se obliga a un ejercicio cívico anómalo y casi heroico. La subversión de las leyes y resoluciones judiciales y su sustitución por el gobierno de la arbitrariedad implica no solo una anomalía democrática, sino, en términos materiales, una política genuinamente antirrepublicana: conviene recordarlo en estos tiempos amnésicos en los que se ha vaciado al significante de significado y las palabras han sido emponzoñadas de forma impúdica. Provoca pudor y asquea observar cómo populistas de medio pelo y homólogos patrios de la Liga Norte se presentan a sí mismos como guardianes de las esencias progresistas cuando su proyecto no es otro que aquel que conjuga insolidaridad fiscal y supremacismo indisimulado.

El último episodio que muestra tal estado de cosas ha venido dado por el intento de ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que exigía a la Generalidad que todos los alumnos recibiesen de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso. Como respuesta a lo anterior y con la connivencia del Gobierno de España, el Govern de la Generalidad de Cataluña dictó el Decreto Ley 6/2022, y los partidos nacionalistas y el PSC (catalanista, esa lacra estructural de identitarismo presuntamente light) aprobaron en el Parlamento autonómico la Ley 8/2022, con “la voluntad –citamos textualmente al TSJC– (…) inequívoca en cuanto a que la finalidad de ambas normas es bloquear la aplicación de la sentencia dictada en estas actuaciones y, con ella, la garantía de uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables”^. Como consecuencia de lo anterior el TSJC resolvió plantear ante el TC cuestión de inconstitucionalidad de ambas normas.

En el fondo, lo que está en juego no es una cuestión numérica o porcentual. Ni siquiera se trata simplemente de los derechos lingüísticos. Lo que está en tela de juicio es la posibilidad de garantizar o no una comunidad política donde las leyes recuperen su sentido esencial de garantía de igualdad entre todos los ciudadanos, como resultado de su deliberación y participación colectivas, y, especialmente, de voz de los sin voz, esto es, de dique de contención a cualquier tentación arbitraria o despótica de las élites u oligarquías que pretenden un Estado sometido y convertido en su cortijo privado. Lo que está en juego no es preservar ninguna esencia nacional o derecho impostado de una cultura o lengua a perdurar, toda vez que ni las lenguas, ni las culturas, ni las metafísicas nacionales tienen – repitámoslo una vez más – derecho alguno. Lo que está en juego es desmontar el proyecto de segregación identitaria de un nacionalismo etnicista y reaccionario que considera que la lengua es la expresión del espíritu del pueblo (el volk) y que la misma confiere una visión del mundo que nos hace especiales, diferentes. Ya saben: se apela a un carácter especial para significar eufemísticamente el racismo de siempre. De la consideración ficcional sobre una lengua que nos confiere una identidad uniforme, eterna y esencial se lleva a cabo un salto mortal y profundamente antidemocrático: como tenemos una lengua (propia, frente a la impropia, frente a la extranjera), como tenemos una identidad diferenciada, podemos “vivir aparte”. La identidad etnolingüística es el fundamento de la secesión. Del pretendido, inexistente y tenebroso derecho a levantar una frontera entre conciudadanos, a elegir arbitrariamente a nuestros vecinos, patrimonializando de paso la escuela, el mercado de trabajo y el territorio común. Esa decisión está invalidada desde el inicio: en el mismo momento en que se excluye del demos a millones de personas por no participar de la identidad nacionalista.

Si desde dos organizaciones hermanas de la izquierda antinacionalista – si es que pudiera existir otra, como expresó con irónica precisión el añorado Paco Frutos – animamos a participar en la convocatoria de Escuela de Todos es, fundamentalmente, porque nuestro compromiso con lo público no es de conveniencia ni guadiánico. No aparece o desaparece según quien rubrique su amenaza: sea neoliberal o nacionalista quien pretenda agredir nuestros derechos como ciudadanos. Porque nos jugamos mucho: la integridad de nuestra ciudadanía, condición de posibilidad de cualquier transformación social, política o económica. Porque nos jugamos la unidad de clase trabajadora, frente al proyecto reaccionario de extranjerizar a millones de trabajadores y mutilar irreversiblemente sus maltrechos derechos. Por eso estaremos presentes, desde la izquierda consecuente, el 18 de septiembre en el Arco de Triunfo de Barcelona, a las 12.30 h.

Fuente de la Información: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/por-que-la-izquierda-debe-manifestarse-por-una-escuela-de-todos/