Hubo una época en que Australia encabezó la protección de las personas refugiadas.

Después de la II Guerra Mundial, Australia fue el segundo país, después de Estados Unidos, en el reasentamiento de refugiados europeos. Unos años después, su firma hizo que entrase en vigor la Convención sobre los Refugiados. Y en la década de 1970, fue el tercer país de reasentamiento de la población refugiada de Indochina tras las guerras que sufrió esa región.

Por desgracia, esa época es ahora un recuerdo lejano. Tras adquirir fama mundial por la crueldad con la que sigue tratando a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru y la isla de Manus, el gobierno de Australia ha demostrado que es capaz de algo peor.

No sólo se niega a cerrar sus centros en estas dos islas del Pacífico, sino que ahora planea promulgar una ley para prohibir permanentemente a las personas atrapadas en ellos la obtención de un visado para entrar en Australia.

Este proyecto de ley constituye una clara violación del derecho internacional, y además es una medida cruel y mezquina que discrimina aún más a quienes se dirigen a Australia en busca de seguridad. Como Estado Parte en la Convención sobre los Refugiados, Australia tiene la obligación de tratar con humanidad a las personas solicitantes de asilo y refugiadas y de reasentarlas sin riesgos. En cambio, ha decidido sumar una injusticia a otra.

En julio viajé a Nauru a investigar para el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Estuve cinco días en la isla y me entrevisté con 58 personas refugiadas y solicitantes de asilo, así como con cuatro proveedores de servicios. Muchas personas me contaron los viajes que se habían visto obligadas a hacer, afrontando grandes peligros para huir de peligros aún mayores en su lugar de origen.

El domingo, hablando con la prensa, el primer ministro Malcolm Turnbull reconoció que la política de tramitación de Australia es “un desastre”, aunque aparentemente no entendía por qué. El principal problema no son las “llegadas no autorizadas”, como dijo Turnbull, sino que, en su intento de detenerlas, Australia ha creado una prisión al aire libre en Nauru.

El gobierno australiano esboza desde hace muchos años un plan de acción peligroso. Ahora, tras una avalancha de revelaciones —procedentes de diversas fuentes independientes y dignas de crédito—, no sólo se niega a afrontar la realidad, sino que tiene la intención de acelerar en la dirección equivocada.

En mi reciente visita a Australia, me sorprendió la reacción del gobierno a nuestro informe Isla de desesperación: La «tramitación» de personas refugiadas en Nauru por Australia. Por haber crecido y trabajado en Rusia, conocía demasiado bien los desmentidos de carácter general de las autoridades y los ataques de los periodistas que siguen a pies juntillas la línea del gobierno. No esperaba ver las mismas tácticas desplegadas en una democracia multipartidista que se enorgullece de sus valores y reivindica su autoridad moral en materia de derechos humanos.

Australia esboza desde hace muchos años un plan de acción peligroso. Ahora está acelerando en la dirección equivocada.

No éramos en absoluto los primeros en expresar preocupación por los abusos contra los derechos humanos en Nauru. Ya en 1998, un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Australia sobre la detención de “refugiados del mar” señaló una serie de quejas sobre “la duración y el carácter indefinido del periodo de detención, y los efectos que esto tiene en la salud física y mental de las personas detenidas”.

Casi todas las personas con las que hablé en Nauru habían sufrido un deterioro de su salud mental. El gobierno de Australia sabe que estas condiciones crean angustia psicológica. Lo sabía antes de que se trasladara a Nauru a las personas que están actualmente allí. Y aun así persistió en llevar a cabo prácticas que infligen daños intencionados, para intimidar y coaccionar a las personas de modo que sus condiciones puedan servir de disuasión.

Según el derecho internacional, esto equivale a tortura. No hacemos esta afirmación a la ligera, y tampoco es la primera vez que se acusa al gobierno australiano de esto. El año pasado, un relator especial de la ONU, horrorizado por el trato que reciben las personas en la isla de Manus, llegó a la misma conclusión basándose en las condiciones imperantes allí.

No mucho después de mi visita a Nauru, The Guardian publicó más de 2.000 informes filtrados sobre incidentes que confirmaban nuestras conclusiones y revelaban una constante de de abusos. En octubre, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señaló con alarma que las condiciones en los centros de tramitación “generaban y agravaban problemas de salud mental, propiciando sentimientos de desesperanza y a menudo pensamientos suicidas”.

Otras agencias de la ONU y ONG destacadas que han hecho denuncias en los últimos meses llegaron a la misma conclusión: los centros de tramitación de Nauru y de la isla de Manus deben clausurarse de inmediato.

En todos los lugares en los que estuve en Australia conocí a personas que daban las gracias a Amnistía Internacional por contar la verdad sobre las prácticas del gobierno. Incluso quienes se mostraban comprensivas con los objetivos de Canberra estaban horrorizadas por el manto de secreto, ahora en jirones, que había cubierto sus ojos.

Todas ellas merecen saber por qué se está haciendo daño a unas personas que buscan refugio so pretexto de reforzar la protección de las fronteras, cuando ninguna práctica de control fronterizo debería basarse en un sistema de tortura.

Globalmente, Australia sufre una crisis de credibilidad. El gobierno quiere ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero, como muestra la reacción a nuestro informe, pocos creen que esté preparado para liderar en materia de derechos humanos. “El encarcelamiento inhumano de personas desesperadas por parte de Australia”, escribió el comité editorial deThe New York Times el mes pasado, “es una vergüenza”.

El gobierno de Australia tiene ante sí una decisión clara. Puede dar marcha atrás, cambiar de rumbo y recuperar la reputación de Australia de país que protege los derechos humanos o puede decidir ser conocido como un país que comete abusos, deliberada y sistemáticamente, contra miles de personas.