Por: Aline Espinosa Gutierrez

De enero a septiembre de 2021, se cometieron 736 casos de feminicidio, lo que lo posiciona como el delito con más incidencia delictiva en México, el cual ha cobrado la vida de diversas menores de edad, sin embargo las autoridades desempeñan un abordaje “incorrecto” sobre estos crímenes, pese a que son capacitadas, existen sentencias internacionales sobre esta problemática e instituciones enfocadas en prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida.

De los 736 casos de feminicidio, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional, los cometidos contra menores de edad fueron llevados a cabo en su mayoría en los meses de abril, mayo y junio aún en el contexto de la pandemia. Estos hechos fueron registrados en particular en el Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Todas estas entidades tienen declaradas Alertas de Violencia de Género, ya sea por el alto número de asesinatos o desapariciones de mujeres.

Al participar en el conversatorio “Ante el aumento de la violencia feminicida en México” en el contexto del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, este 25 de noviembre, especialistas en los derechos de las mujeres detallaron que es complicado vislumbrar cómo afecta la violencia feminicida a las menores de edad porque los datos oficiales nunca son desglosados por edades, sin embargo existen 12 casos de este tipo que demuestran los riesgos que padece la infancia en este país.

Cabe recordar que algunos de estos casos fueron: el de Lupita, a quien se revictimizó en los medios como “calcetitas rojas”, quien fue golpeada, agredida sexualmente, y su cuerpo fue abandonado por sus agresores en el Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, en 2017. En ese mismo año, Valeria de 11 años abordó una combi en Nezahualcóyotl, pero nunca llegó a casa. Las investigaciones revelaron que su agresor, el chofer del transporte, la había agredido sexualmente, le rompió el cuello y dejó su cuerpo dentro del vehículo.

Similares a estos casos se encuentra el de Valeria Moreno de 12 años, quien en 2018 salió a la tienda, pero fue interceptada por su agresor, el cual abusó de ella y la asesinó; Angela de 18 meses de edad, quien fue asesinada a golpes y agredida sexualmente, su cuerpo fue encontrado en una una maleta en 2015, en la colonia Juárez de la CDMX; Dayana Esmeralda Fierro de cinco años, secuestrada y asesinada, en 2017 en Sinaloa; entre otros casos más, que visibilizan que la violencia feminicida siempre ha atacado a las mujeres sin importar su edad.

Esta violencia feminicida, dijeron las expertas, conlleva a que las menores de edad padezcan otro tipo de agresiones, como ser desaparecidas. De las 94 mil víctimas desaparecidas en México hasta el día de hoy, 16 por ciento corresponde a niñas, niños y adolescentes. De este porcentaje, 8 mil 639 son niñas y adolescentes, es decir 55 por ciento.

“Lo que vemos es una tendencia preocupante en el país ante el aumento de las mujeres desaparecidas, que se concentra entre los 15 y 19 años de edad. Estas niñas y adolescentes deben tener un marco protector que haga que ellas puedan desarrollar vidas libres de violencia, al paso que vamos en las cifras, es posible que la cifra incremente aún más”, agregó la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Silvia Chica.

Frente a este panorama, la Comisionada Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, dijo que es necesario poner en el centro a las menores de edad dentro de la problemática del feminicidio para así disminuir la normalización de esta grave violencia contra ellas, definir estrategias enfocadas en ello, y combatir los entornos que propician que sean agredidas de diversas formas.

“Las construcciones estructurales de México, pobreza, discriminación, explotación sexual, iniquidades, desapariciones, migración, entre otras, genera que las menores sean víctimas de violencia debido a su género. Se tiene que visibilizar esto enfocado en las niñas, pues son los antecedentes a un feminicidio. La impunidad es altísima en México, esto debemos pensarlo como desafío”, detalló Arosemena.

Enfatizó que las autoridades mexicanas tienen como obligación aplicar los estándares internacionales y nacionales de protección hacia menores de edad, utilizar la perspectiva de género en los asesinatos de niñas y adolescentes, reconocerlas en su condición como personas, respetar sus Derechos Humanos, y permitir su acceso a la justicia a fin de que su capacidad de opinar sobre su vida sea escuchada. “A las niñas hay que empoderarlas para que asuman ese papel protagónico”.

Arosemena agregó que para fortalecer su participación en la sociedad es importante que las menores de edad tengan acceso a la información, intervengan en la toma de decisiones, defiendan sus derechos y formen parte del debate. “Cuando todas hablamos de la importancia de tener acceso a la justicia antes de un feminicidio hablamos de que el Estado debe tener un sistema de justicia con los estándares que acabamos de decir muy claros en sus cuerpos normativos y en la capacitación de sus autoridades”, finalizó.

Por su parte, la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, resaltó que los asesinatos violentos contra menores de edad se caracterizan de patrones, ya que en muchos casos primero son desaparecidas, y después halladas asesinadas, como es el caso de Fátima de 15 años, quien fue privada de la libertad y violentada sexualmente en 2017, en la entonces delegación Gustavo A. Madero y encontrada sin vida en el Estado de México más tarde.

A este hecho, dijo Estrada, se le suma el de Fátima de siete años, la cual fue secuestrada y asesinada en Tláhuac en 2020 o el de Renata, asesinada en 2020. “Estos casos muestran patrones, como que las niñas que abordaron un transporte público fueron desaparecidas, que sufrieron violencia sexual y padecieron actos brutales para ser sometidas, sin embargo sólo algunos estados tipifican agravantes en el delito de feminicidio si la víctima es menor de edad”, agregó.

Las autoridades siguen sin reconocer, comentó Estrada, los asesinatos violentos de menores de edad como un feminicidio porque prefieren investigar estos casos bajo otras figuras jurídicas, minimizan los hechos o no generan las medidas de protección, a pesar a pesar de que sus agresores casi siempre son familiares cercanos a ellas, lo que resulta en la invisibilización de la problemática del feminicidio hacia este sector de la población.

Estrada resaltó que “las autoridades piensan que la edad excluye el factor de género, sin que exista ningún tipo de interseccionalidad entre ambos, lo que provoca que este tipo de feminicidio sean clasificados como otros delitos y provoca que la investigación se omisa en verificar si existen razones de género en el momento en el que sucedieron los hechos, ocasionando investigaciones negligentes y con resultados de impunidad”.

Para la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez Hernández, las autoridades tienen que considerar el contexto en el que se genera la violencia contra las menores de edad para garantizar su seguridad, detener las agresiones y evitar los casos de feminicidio, por ejemplo, las menores de edad en situación de pobreza o migración se encuentran en mayor riesgo de ser víctima de este tipo de delito.

Actualmente 40 por ciento de las y los menores de edad, detalló Hernández, viven en la pobreza; 9.3 en pobreza extrema; una de cada tres niñas adolescentes no ha podido asistir a la escuela ni una sola vez; y  62 por ciento no tienen acceso a seguridad social. Esta crisis económica aunado a la pandemia, implicó que cerca de 1.3 millones personas cayeran por debajo de la línea de la pobreza, lo que ha afectado en específico a las menores de edad.

“Estos riesgos que van derivando de la situación de pobreza hacen que a su corta edad hay una falta de garantía por parte del Estado a tener un entorno que pueda mantenerlas libres de cualquier tipo de violencia. Muchos riesgos que enfrentan las niñas y adolescentes tienen que ver con esa necesidad de encontrar trabajo así como de acompañar al trabajo de sus hogares o en el campo. Estos datos nos dan cuenta de la pirámide existente en el país”, declaró Hernández.

Para las expertas algunos pasos a seguir es promover una cultura de la no violencia, verificar que las autoridades estén capacitadas, impulsar el ejercicio de los Derechos Humanos, informar acerca de esta problemática, generar datos desglosados por edad y sexo, crear redes de apoyo, fortalecer el actuar de las organizaciones civiles y homologar el delito de feminicidio con agravantes en caso de que las víctimas sean menores de edad, en todos los Códigos Penales del país.

Fuente de la información e imagen:  CIMAC Noticias