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UNRISD ONU / Ending Violence Against Women in Asia: International Norm Diffusion and Global Opportunity Structures for Policy Change

Fuente UNRISD / 20 de junio de 2016

Violence against women (VAW) is only beginning to be recognized as a major societal problem within and across Asia. This is evidenced by the high level of self-reporting by men and women of sexual violence and domestic violence in recent UN surveys; the extremely low conviction rates for these forms of violence; the slow, partial or non-adoption of anti-VAW laws; and the lack of a regional anti-VAW Convention in Asia.

This UNRISD working paper explores how the global context of norm diffusion, state ranking, conflict and advocacy networking affects societal and policy change in the region to strengthen women’s rights. It highlights the increased visibility and reporting of VAW as a result of international norm diffusion particularly via the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the pressure exerted by intergovernmental organizations on governments to address VAW. It argues that non-state actors, especially global media and regional advocacy networks, have energized the push to end the culture of impunity for VAW. In combination, these transnational forces are radically altering the policy environment in Asia, making it non-negotiable for governments to respond to VAW and halt the slow progress to date in achieving women’s rights to bodily integrity.

Jacqui True is Professor of Politics and International Relations and an Australian Research Council Future Fellow at Monash University, Australia.

 

Ending Violence Against Women in Asia: International Norm Diffusion and Global Opportunity Structures for Policy Change

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Recaída de millones de latinoamericanos en la pobreza es evitable con políticas públicas de nueva generación, dice el PNUD

Fuente PNUD / 20 de junio de 2016

 

Para prevenir retrocesos, nuevo Informe regional sobre Desarrollo Humano recomienda protección social, sistemas de cuidado, calificación laboral y cierre de brechas de género, raza y etnia que no se resuelven con más crecimiento económico.

La principal amenaza al progreso en la región es la recaída de millones de hogares en la pobreza, aunque la ralentización económica no es la única culpable de tal regresión, según el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lanzado hoy junto a más de 60 legisladores de la región en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). El informe sostiene recomendaciones para que la región impida retrocesos y siga avanzando en lo social, económico y ambiental, con políticas públicas de nueva generación, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el informe titulado Progreso Multidimensional: bienestar más allá del ingreso el PNUD manifiesta especial preocupación por las 25 a 30 millones de personas—más de un tercio de la población que salió de la pobreza en la región desde 2003—que corren riesgo de recaer en la pobreza. Muchos son jóvenes y mujeres con inserción laboral precaria en los sectores de servicios de la región. Forman parte de un grupo mayor, de 220 millones de personas (38%, casi dos en cada cinco latinoamericanos) que son vulnerables: oficialmente no son pobres pero tampoco lograron ascender a la clase media.

El IDH destaca que lo que incide en la salida de la pobreza es distinto a lo que previene que las y los latinoamericanos vuelvan a recaer en ella. En la década pasada, los mercados laborales y la educación fueron los grandes motores para dejar la pobreza. Sin embargo, es fundamental que las políticas publicas de nueva generación fortalezcan los cuatro factores que impiden retrocesos: protección social, sistemas de cuidado, activos físicos y financieros (como un auto, casa propia, cuenta de ahorro o dinero en el banco que actúan como ‘colchones’ durante las crisis), y calificación laboral. Estos elementos clave componen lo que el IDH denomina canastas de ‘resiliencia’, que es la capacidad de absorber shocks y prevenir retrocesos, lo que es fundamental para la región en este momento de ralentización económica.

El IDH hace un llamado para repensar el modelo latinoamericano de progreso hacia un concepto multidimensional, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que trascienda el uso del ingreso per cápita, el ritmo del crecimiento económico y el Producto Interno Bruto (PIB) como criterios privilegiados para medir el nivel de desarrollo. El crecimiento económico solo no basta. Nada que disminuya los derechos de las personas y comunidades o que amenace la sostenibilidad ambiental puede ser considerado progreso, resalta el informe.

“Los retos de un desarrollo sostenible, holístico y universal no expiran al alcanzar un determinado umbral de ingreso: no nos ‘graduaremos’ de los retos del desarrollo a menos que demos respuestas apropiadas a las múltiples dimensiones que permiten a las personas vivir vidas que consideran valiosas,” dijo la Subsecretaria-General de Naciones Unidas y Directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Jessica Faieta en el lanzamiento. “En este momento, por un lado hay que proteger los logros alcanzados, lo cual incluye prevenir la caída en pobreza de millones de personas y por otro lado hay que impulsar políticas y estrategias inclusivas e integrales adaptadas a poblaciones que sufren de discriminaciones y exclusiones históricas”.

Más de lo mismo no rinde lo mismo – Si bien salieron de la pobreza cerca de 72 millones de personas y entraron a la clase media 94 millones de personas entre 2003 y 2013, los últimos tres años vieron una ralentización y luego una reversión de esta tendencia. Según el IDH, el promedio anual de latinoamericanos que salieron de la pobreza fue de casi 8 millones entre 2003-2008 y de 5 millones entre 2009-2014. Entre 2015 y 2016 aumentó el numero absoluto de personas pobres, por primera vez en la década.

Esto se da por los límites de la expansión laboral y fiscal en la región. El mercado laboral en América Latina, en su gran parte es informal, según el IDH. Más de la mitad de los 300 millones de trabajadores en la región son: asalariados en micro-empresas con menos de cinco puestos de trabajo, autoempleados sin calificación o no perciben ingresos (programas de aprendizaje, por ejemplo). Asimismo, de las más de 50 millones de empresas pequeñas y medianas, el 70% son informales, y dos de cada tres nuevos empleos creados en la región fueron en el sector de servicios, que tiene baja productividad y altas tasas de informalidad. Sin aumentos futuros de la productividad de los sectores de baja calificación laboral, la sostenibilidad del crecimiento y, en consecuencia, de los logros sociales, se compromete, señala el IDH.

Además, la expansión de transferencias sociales y pensiones no contributivas, que explican cerca de 30% de la reducción de la desigualdad de ingresos desde 2002, también encuentra un techo fiscal. Asimismo, el informe destaca que el peso de la carga tributaria en los pobres es tan alto en la región que suele anular el beneficio recibido por programas de transferencias de ingreso. Así, el IDH señala que mejorar la efectividad y progresividad del sistema fiscal en su conjunto es un desafío urgente para la región.

Invertir en las mujeres y en políticas de cuidado es clave para sacar la región adelante, dice el informe. Aun cuando la proporción de mujeres con estudios universitarios en la región era más alta (17.3%) que la correspondiente proporción de hombres (14.8%), en el 2013, las mujeres percibían un salario promedio por hora 16.4% menor en relación a los hombres. Además, las mujeres dedican tres veces más tiempo a labores de cuidado y del hogar que los hombres. Las tendencias demográficas y la ausencia de mecanismos de cuidados (especialmente para niños y adultos mayores), combinadas con el aumento de la participación laboral femenina, restringen una mejor inserción de la mujer en el mercado laboral y la generación de ingresos en los hogares, el informe resalta.

“Ser mujer, afrodescendiente, indígena, LGBTI, joven, persona con discapacidades, todo esto incide en las oportunidades, en la posibilidad de ascenso social y económico y en el acceso a servicios,” dijo el principal autor del informe y economista en jefe del PNUD para América Latina y el Caribe, George Gray Molina. “Cada generación latinoamericana decide qué cambio estructural persigue: quedan hoy transiciones pendientes de ciudadanía y de resiliencia que no se resolverán con más crecimiento económico.”

#MásQueIngreso

Recursos – Sitio web del PNUD en la región latinamerica.undp.org Informe masqueingreso.org | Baja nuestro APP Más que Progreso en Google/Playstore y Apple/iTunes | | Fotos: flickr.com/undplac | Twitter @UNDPLAC | Facebook.com/undplac

Acerca del IDH Regional: Este tercer Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe es una publicación con independencia editorial del PNUD. Este informe ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Participan del Consejo Asesor del informe más de 20 autoridades entre ministros, senadores y académicos. La segunda parte de este mismo informe, el Informe sobre Desarrollo Humano para el Caribe, con especificidades y recomendaciones para el Caribe de habla no hispana, será lanzado en julio del 2016.

Información de contacto

En Nueva York | Carolina Azevedo, carolina.azevedo@undp.org | Vanessa Hidalgo, vanessa.hidalgo@undp.org |

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Lista preliminar de maestros y ciudadanos asesinados por represión en Oaxaca-México

En la represión de la policía federal contra los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y ciudadanos, hasta ahora se confirmó la muerte de cinco personas en los enfrentamientos ocurridos este domingo en Nochixtlán.

  1. Andres Aguilar Sanabria. Profesor de Educación Indígena.
  2. Yalid Jimenez Santiago, 29 años de edad. Originario de Santa Maria Apazco distrito Nochixtlan, iba en una urban que balaceó la Policía Federal.
  3. Oscar Nicolas Santiago edad 22 años de las flores Tilantongo
  4. Alsemo Cruz AQquino Comerciante de Santiago Amatlan
  5. Jesus Cadena 19 años estudiante de la Asunción Nochixtlan
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Entrevista:»Cuando el poder brutaliza el cuerpo, la resistencia asume una forma visceral»

Entrevista pensada y realizada por Amarela Varela, Pablo Lapuente Tiana y Amador Fernández-Savater, con la ayuda de Ned Ediciones. Pablo Lapuente transcribió y tradujo del francés.

ENTREVISTA A ACHILLE MBEMBE

«Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo» de Achille Mbembe, publicado por Ned Ediciones y Futuro Anterior, es un tratado de la envergadura de «Orientalismo» de Edward Said. En primer lugar, se trata de una arqueología del texto eurocéntrico que construyó una idea de África como continente caníbal y bárbaro, como aquel territorio que sólo podía proveer (aún lo hace) hombres-cosa-mercancía al capitalismo, su cara oscura.

En segundo lugar, el libro es un ejercicio (ético, estético, poético) que plantea, en la misma tradición de Said y los estudios culturales, pensarse, conocerse y des-conocerse “al margen” de esta mirada imperial europea. Es decir, re-construir una memoria “de abajo” sanadora y desvictimizadora -es lo mismo- capaz de proyectar un futuro común. Mbembe rescata aquí la literatura de la otra razón negra, poetas y novelistas, Fanon y Cesaire, en un trabajo serio y delicioso, potente y extremo, doloroso y esperanzador.

Finalmente, este libro analiza la vigencia de las prácticas coloniales/imperiales que “ensalvajan” hoy en día el globo. Lo que el autor llama y anima a pensar como “el devenir negro del mundo”. Ese momento histórico en que, como dice en esta misma entrevista, «la distinción entre el ser humano, la cosa y la mercancía tiende a desaparecer y borrarse, sin que nadie –negros, blancos, mujeres, hombres- pueda escapar de ello».

Habla usted de “cambio epocal”, ¿cómo se justifica eso? ¿Qué factores lo indican?

En efecto, creo que vivimos un cambio de época. Por un lado, el mundo ha empequeñecido, se ha contraído espacialmente, hemos, de algún modo, tocado sus límites físicos, hasta el punto de que probablemente ningún rincón de la tierra sea desconocido, esté deshabitado o sin explotar. Al mismo tiempo, la historia humana atraviesa una fase caracterizada por lo que llamo la repoblación del planeta, que demográficamente se traduce en un envejecimiento de las sociedades del norte y un rejuvenecimiento del continente africano y asiático en particular.

En cuanto a la estructura de las poblaciones, estamos viendo el crecimiento de una gran segregación social, una suerte de gigantesco apartheid, junto a enormes olas migratorias a escala planetaria que recuerdan a los primeros tiempos de la colonización. Y con respecto a las transformaciones tecnológicas, una de sus principales consecuencias es la transformación de nuestras antiguas nociones de tiempo y de velocidad.

Políticamente, estamos entrando en un mundo nuevo, caracterizado desgraciadamente por la proliferación de fronteras y de zonas exclusivamente militares. Este mundo se afianza gracias al “fantasma del enemigo”, del que hablo en mi último libro, y la emergencia de un Estado global securitario que busca normalizar un estado de excepción a escala mundial, donde las nociones de Derecho y de libertad que eran inseparables del proyecto de la modernidad quedan suspendidas.

Hay, por lo tanto, muchos factores que indican que estamos entrando en un mundo diferente, altamente digitalizado y financiarizado, donde la violencia económica ya no se expresa en la explotación del trabajador, sino en hacer superflua una parte importante de la población mundial. Un mundo que cuestiona radicalmente el proyecto democrático heredado de la Ilustración.

Necropolítica: políticas de muerte

¿Cómo describiría la violencia del capital en este cambio epocal? En su último libro, usted ha definido al neoliberalismo como un “devenir negro del mundo”, ¿podría abundar en ello?

Digamos que en mis libros quiero hacer converger dos tradiciones del pensamiento crítico que desde hacía un tiempo parecían divergir: por un lado, la tradición del pensamiento crítico concerniente a la formación y lucha de clases; por otro lado, la tradición del pensamiento crítico que intenta comprender la formación de las razas. Estas dos tradiciones han sido a menudo contrapuestas, cuando esto, ya sólo en términos históricos, es insostenible.

Si estudiamos atentamente la historia del capitalismo, nos damos cuenta enseguida de que para funcionar tuvo, desde sus inicios, la necesidad de producir lo que llamo “subsidios raciales”. El capitalismo tiene como función genética la producción de razas, que son clases al mismo tiempo. La raza no es solamente un suplemento del capitalismo, sino algo inscrito en su desarrollo genético. En el periodo primitivo del capitalismo, que va desde el siglo XV hasta la Revolución Industrial, la esclavización de negros constituyó el mayor ejemplo de la trabazón entre la clase y la raza. Mis trabajos se han centrado particularmente sobre ese momento histórico y sus figuras.

El argumento que desarrollo en mi nuevo libro es que, en las condiciones contemporáneas, la forma en que los negros fueron tratados en ese primer periodo se ha extendido más allá de los negros mismos. El “devenir negro del mundo” es ese momento en que la distinción entre el ser humano, la cosa y la mercancía tiende a desaparecer y borrarse, sin que nadie –negros, blancos, mujeres, hombres- pueda escapar a ello.

Esto nos lleva a su concepto de “necropolítica” (o política de la muerte), ¿cómo lo explicaría?

Son dos cosas. La “necropolítica” está en conexión con el concepto de “necroeconomía”. Hablamos de necroeconomía en el sentido de que una de las funciones del capitalismo actual es producir a gran escala una población superflua. Una población que el capitalismo ya no tiene necesidad de explotar, pero hay que gestionar de algún modo. Una manera de disponer de estos excedentes de población es exponerlos a todo tipo de peligros y riesgos, a menudo mortales. Otra técnica consistiría en aislarlos y encerrarlos en zonas de control. Es la práctica de la “zonificación”.

Es significativo constatar que la población de las cárceles no ha cesado de crecer a lo largo de los 25 últimos años en EEUU, China, Francia, etc. En ciertos países del norte, la combinación de técnicas de encarcelamiento y la búsqueda del beneficio ha llegado a un enorme desarrollo. Hay toda una economía del encierro, una economía a escala mundial, que se nutre de la securización, ese orden que exige que haya una parte del mundo confinada. La necropolítica sería, pues, el trasunto político de esta forma de violencia del capitalismo contemporáneo.

Queríamos preguntarle, a propósito de esto, su opinión sobre la actual “crisis de refugiados”: ¿cuál ha sido a su juicio el papel de los gobiernos? ¿Qué opinión le merece la respuesta de la ciudadanía europea?

Es justamente a partir de la necropolítica y la necroeconomía que podemos comprender la “crisis de los refugiados”. Esta crisis es el resultado directo de dos formas de catástrofes: las guerras y las devastaciones ecológicas, que se afirman recíprocamente. Las guerras son factores de crisis ecológicas y una de las consecuencias de las crisis ecológicas es fomentar guerras.

La crisis de los refugiados tiene también que ver con lo que antes llamé la «repoblación del mundo», en la medida en que las sociedades del norte envejecen, aumenta su necesidad de repoblarse, y la migración ilegal es una parte esencial de ese proceso, que seguramente se acentuará en el curso de los próximos años. A este respecto, la reacción de Europa está siendo esquizofrénica: levanta muros en torno al continente, pero necesita la inmigración para no envejecer.

Otro de los conceptos importantes que aparece en sus trabajos, asociado al de “necropolítica”, es el de “gobierno privado indirecto. ¿Qué puede decirnos al respecto?

Ese concepto fue elaborado en los años 90, en una época en la que el continente africano estaba enteramente bajo el poder del FMI y el Banco Mundial. Era un periodo de grandes ajustes estructurales que golpearon duramente la economía africana, de un modo similar al actual caso griego: endeudamiento fuera de cualquier norma, suspensión de la soberanía nacional, delegación de todo el poder soberano a instancias no-democráticas, privatización de todo, especialmente del sector público, etc. La idea de gobierno privado indirecto apunta a esa forma de gobierno de la deuda, que desarrolla por fuera de todo marco institucional una tecnología de la expropiación en países dependientes económicamente, privatizando lo común y descargando la responsabilidad de todo mal en los individuos (“ha sido vuestra culpa”).

Este concepto, elaborado en el contexto del continente africano en los años 90, ¿puede explicar tendencias globales actuales, aplicarse en otras partes del planeta? En México, por ejemplo, mucha gente sigue atentamente sus trabajos por las poderosos resonancias de sus análisis con lo que allí sucede.

Creo que es posible seguir pensando este concepto hoy en día a escala global. El gobierno privado indirecto a nivel mundial es un movimiento histórico de las élites que aspira, en última instancia, a abolir lo político. Destruir todo espacio y todo recurso -simbólico y material- donde sea posible pensar e imaginar qué hacer con el vínculo que nos une a los otros y a las generaciones que vienen después. Para ello, se procede a través de lógicas de aislamiento -separación entre países, clases, individuos entre sí- y de concentraciones de capital allí donde se puede escapar a todo control democrático –expatriación de riquezas y capitales a paraísos fiscales desregulados, etc. Este movimiento no puede prescindir del poder militar para asegurar su éxito: la protección de la propiedad privada y la militarización son correlativos hoy en día, hay que entenderlos como dos ámbitos de un mismo fenómeno.

La transformación del capitalismo desde los años 70 ha favorecido cada vez más la aparición de un Estado privado, donde el poder público en el sentido clásico, que no pertenece a nadie porque pertenece a todos, ha sido progresivamente secuestrado para el beneficio de poderes privados. Hoy resulta posible comprar un Estado sin que haya gran escándalo y EEUU es un buen ejemplo: las leyes se compran inyectando capitales en el mecanismo legislativo, los puestos en el congreso se venden, etc. Esa legitimación de la corrupción al interior de los Estados occidentales vacía el sentido del Estado de Derecho y legitima el crimen al interior mismo de las instituciones. Ya no hablamos de corrupción como una enfermedad del Estado: la corrupción es el Estado mismo y, en ese sentido, ya no hay un afuera de la ley. El deterioro del Estado de Derecho produce políticas exclusivamente depredadoras, que invalidan toda distinción entre el crimen y las instituciones.

Resistencia visceral

Desde la idea foucaultiana del poder como “relación”, echamos de menos en su ensayo sobre la necropolítica más referencias a las resistencias, a las prácticas de vida de la gente de abajo. ¿Podemos describir el poder sin describir las resistencias?

No, por supuesto. No se puede hacer ese tipo de descripción sin pensar en las formas de resistencia que son correlativas a cualquier poder. Mis primeros trabajos, que desgraciadamente no han sido todavía traducidos, se habían centrado precisamente en las resistencias al poder y en sus límites también.

¿Qué decir de las formas contemporáneas de resistencia a la necropolítica y a la necroeconomía? Desde luego son muy variadas, dependen de las situaciones locales y los contextos. Tomaré el caso sudafricano como un ejemplo. Me interesa mucho la manera en la que en ese país las resistencias se organizan a partir de la ocupación de los espacios, en una búsqueda de la visibilidad ahí donde el poder quiere relegarnos y apartarnos. Las formas de resistencia que se están desarrollando en ese país tienen que ver con la lucha de los cuerpos por hacerse presentes (corporal, física, visiblemente) frente a la producción de ausencia y silencio del poder. Son formas ejemplares de resistencias porque el poder hoy funciona produciendo ausencia: invisibilidad, silencio, olvido.

Durante los últimos años hemos asistido en Sudáfrica a un gran movimiento llamado la descolonización, una descolonización simbólica que ha operado, por ejemplo, llamando a destruir las estatuas del colonialismo, pero también luchando por transformar el contenido del saber y de las formas de producción del saber; reactivando la memoria y resistiendo al olvido, etc. Las resistencias en Sudáfrica pasan por una rehabilitación de la voz, por la expresión artística y simbólica, desafían la tentativa del poder de reducir al silencio las voces que no quiere escuchar. En esa región del mundo estamos viviendo un ciclo de luchas de lo que yo llamo las políticas de la visceralidad.

¿En qué consisten esas “luchas de la visceralidad”?

Hay un surgimiento de pequeñas insurrecciones. Esas micro-insurrecciones toman una forma visceral, en respuesta a la brutalización del sistema nervioso típica del capitalismo contemporáneo. Una de las formas de violencia del capitalismo contemporáneo consiste en brutalizar los nervios. Y como respuesta, emergen nuevas formas de resistencia ligadas a la rehabilitación de los afectos, las emociones, las pasiones y que convergen en todo eso que yo llamo la “política de la visceralidad”.

Es interesante ver cómo en muchos lugares, tanto en las luchas de la población negra en Sudáfrica como en EEUU, los nuevos imaginarios de lucha buscan principalmente la rehabilitación del cuerpo. En EEUU, el cuerpo negro está en el centro de los ataques del poder, desde lo simbólico -su deshonra, su animalidad- hasta la normalización del asesinato. El cuerpo negro es un cuerpo de bestia, no un cuerpo de ser humano. Allí la policía mata negros casi todas las semanas, sin que existan apenas estadísticas que den cuenta de esto. La generalización del asesinato está inscrita en las prácticas policiales. La administración de la pena de muerte se ha desligado del ámbito del Derecho para volverse una práctica puramente policial. Esos cuerpos negros son cuerpos sin jurisprudencia, algo más próximo a objetos que el poder tiene que gestionar.

Usted analiza cómo el trabajo de la memoria ha sido para muchos pueblos un ejercicio de cura y autocuidado para nombrarse autónomamente. Pero, ¿hasta qué punto estas memorias son elaboradas o escritas desde “los vencidos”?

La memoria popular nunca cuenta historias limpias, no hay memorias puras y diáfanas. No hay memoria propia. La memoria siempre es sucia, siempre es impura, siempre es un collage. En la memoria de los pueblos colonizados encontramos numerosos fragmentos de lo que en un determinado momento fue roto y que ya no puede ser reconstituido en su unidad originaria. Así pues, la clave de toda memoria al servicio de la emancipación está en saber cómo vivir lo perdido, con qué nivel de pérdida podemos vivir.

Hay pérdidas radicales de las que nada se puede recuperar y, sin embargo, la vida continua y debemos encontrar mecanismos para hacer presente de algún modo esa pérdida. Podemos recuperar algunos objetos de una casa incendiada, incluso reconstruir la casa, pero hay cosas que no podremos jamás remplazar porque son únicas, porque manteníamos con ellas una relación única. Y hay que vivir con esa pérdida, con esa deuda que ya no podemos pagar. La memoria colectiva de los pueblos colonizados busca maneras de señalar y vivir aquello que no sobrevivió al incendio.

¿Cómo reconstruir la desgarradora historia de despojo y violencia en clave de potencia y evitar la autorepresentación como víctimas perpetuas?

Es una cuestión central. La conciencia victimista es una conciencia peligrosa, porque es una conciencia enmudecida por el resentimiento y el deseo de venganza, que busca siempre infligir al otro –un otro generalmente más débil, no necesariamente el culpable real- la cantidad de violencia que se ha sufrido. Creo que hay un peligro en esa forma victimista de conciencia. La cuestión es cómo la gente que ha sufrido un traumatismo histórico y real, como una guerra o un genocidio, puede recordar lo que le ha ocurrido y utilizar la reserva simbólica de la catástrofe histórica para proyectar un futuro que rompa con la repetición de las violencias sufridas. Es un camino, casi diríamos, de áscesis. Una búsqueda de “purificación”, de identificación de los elementos de la tragedia con el fin de no repetirla.

Hay quien habla de un “uso estratégico del esencialismo”, de un uso táctico de la identidad como palanca en la construcción de un sujeto político. ¿Cómo se sitúa usted en esos debates sobre la identidad?

Digamos que, si repasamos la historia de las luchas contra la discriminación racial, suele darse un momento en que la resistencia se construye a través de una cierta esencialización de la raza. Lo hemos visto, por ejemplo, en los EEUU con Marcus Garvey o en el “movimiento de la negritud” en Francia, donde se trataba precisamente de revalorizar la condición negra. Son movimientos que buscan emanciparse de la condición de objeto, retraduciendo positivamente esos atributos que nos condenaban a ser objetos -la negritud- en un signo humano. Esta es la función estratégica de la función esencialista.

El problema es cuando el esencialismo nos impide continuar el camino que gente como Fanon consideraba el horizonte de nuestras luchas. ¿Cuál es ese horizonte? El que abre el camino a una nueva condición, donde la raza ya no importa, donde la diferencia ya no cuenta, porque todos nos hemos vuelto simplemente seres humanos: el pasaje de la indiferencia a la diferencia. En este sentido, me considero “fanonista”, aunque comprendo que, en circunstancias determinadas, haya movimientos que utilicen estratégicamente el esencialismo como manera de fortalecer una identidad colectiva.

Por último, el capitalismo se ha renovado, actualizando y sofisticando las violencias necropolíticas del colonialismo. ¿Lo han hecho quienes se le resisten? ¿Hemos renovado nuestra imaginación política para responder con formas de acción efectivas la necropolítica del capitalismo contemporáneo?

Si reflexionamos sobre el ejemplo africano, el siglo XX podría estar dividido en dos ciclos de lucha. Desde el comienzo del siglo XX hasta los años 30, hemos vivido una forma de lucha que llamaré acéfala, ligada a lo local, a las condiciones de reproducción de la vida cotidiana. Tras la segunda guerra mundial entramos en un ciclo de lucha vertical, representada por sindicatos y partidos políticos. Ahora parece que hemos regresado a las formas acéfalas de lucha, luchas locales, luchas más o menos horizontales, que insisten sobre la recuperación de la capacidad de interrupción de la normalidad, del relato que ordena la normalidad, que nos hace pensar que lo pasa es normal cuando no lo es.

En el caso del sur de África, la pregunta ahora es cómo transformar esa ruptura de la normalidad, esa des-normalización, en una nueva forma de institucionalización. Tengo la impresión de que las nuevas luchas acéfalas no acaban de aportar respuestas plausibles y eficaces a esa pregunta: cómo dar forma a una nueva institucionalidad, abierta y democrática, que haya aprendido de los problemas que acarrea el verticalismo. No creo que pueda haber democracia sin institucionalización ni representación. Sabemos que hay una crisis de representación en todas partes, pero no creo que la respuesta sea disolverla en cuanto tal, disolver toda idea de representación.

En definitiva, nuestras viejas recetas (los partidos políticos, por ejemplo) están mostrando dificultades estructurales para preservar y defender lo común dentro de las actuales instituciones y seguirá siendo así mientras no haya comunidades fuertes que puedan democratizar la política desde abajo. Los movimientos de los últimos años van en ese sentido, aunque todavía estén frágilmente vinculados entre sí. Creo que de estas distintas resistencias acéfalas surgirán nuevas propuestas de instituciones, quizás no para derribar el Estado, sino para forzarlo a mutar nuevamente en un órgano de defensa del bien común.

http://www.eldiario.es/interferenci…

*Achille Mbembe nació en Camerún en 1957. Es profesor de Historia y Política de la Universidad Witwaterstand de Johannesburgo (Sudáfrica). Su primer libro publicado en castellano fue Necropolítica, donde analiza las políticas de ajuste y expulsión que primero se ensayaron en el continente africano en los años 90 y hoy se extienden por todas partes.

*Articulo tomado de: http://www.vientosur.info/spip.php?article11395

 

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Argentina: La CTERA se expresa en contra del proyecto del Gobierno Nacional que pone en peligro nuestro sistema previsional

Fuente CTERA / 20 de junio de 2016

La CTERA luego de analizar el proyecto de ley enviado al congreso nacional , que establece el pago a los juicios de los jubilados , se expresa en contra del mismo ya que no tan solo vulnera derechos adquiridos sino que también establece una grave amenaza para el sistema público de reparto, estableciendo los paso previos y necesarios para realizar una reforma previsional que vuelva a dar participación a las entidades privadas de capitalización, modificando el paradigma de un sistema público y solidario por un sistema privado , individualista y que termina favoreciendo a grupos empresarios que lucran con los aportes  de los trabajadores y trabajadoras.

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE PAGO DE SENTENCIAS A LOS/AS JUBILADOS/AS Y VENTA DEL FONDO DE SUSTENTABILIDAD.

 

  1. A) Sobre el pago de las sentencias

A.1.-El carácter de los derechos en juego

El tipo de derechos que se debate en los juicios de reajustes previsionales es la clave para entender la gravedad institucional de la medida que se pretende aprobar.

Sobre los beneficios de la seguridad social la Constitución Nacional dice en su art. 14 bis :

“……los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”.

Por lo tanto siendo cuestiones de orden público ninguna renuncia, quita o acuerdo en detrimento del patrimonio del jubilado se ajusta a los derechos garantizados en la norma madre.

Asimismo el nuevo Código Civil y Comercial ha garantizado que no existan abusos sobre este tipo de derechos, diciendo:

ARTICULO 1644.- Prohibiciones. No puede transigirse sobre derechos en los que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables.

ARTICULO 1645.- Nulidad de la obligación transada. Si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio, y tratan sobre la nulidad, la transacción es válida.

Por lo tanto cualquier tipo de negociación, transacción, renuncia, quita o acuerdo similar difícilmente pueda ser homologado por la justicia, y de serlo, estará viciado de nulidad si se trata de sumas correspondientes a beneficios derivados de  normas de la seguridad social.

 

A.2.-La inutilidad de la medida

Si verdaderamente se quieren pagar los juicios, no se requiere ley alguna

 

En los pleitos existe una forma dinámica y sencilla de terminación llamada “allanamiento”, en cualquier etapa del juicio, antes de la sentencia el deudor puede presentarse, admitir el reclamo y pagar. Nada más es necesario.

En los casos que tienen sentencia, se pagan las mismas tal y como manda la sentencia, puesto que existiendo “cosa juzgada” ya no hay nada que discutir.

La propuesta pretende una fabulosa quita del patrimonio de los jubilados, que queda librada a la decisión final del deudor, después que se obtuvo del jubilado una renuncia a derechos irrenunciables .Un despropósito insólito

Agrava la situación el hecho de que no hay datos numéricos de ninguna naturaleza. No se sabe qué montos van a pagarse en total ni qué cantidad de beneficios se  van a liquidar. Ni qué fondos van a usarse,  ya que ni el supuesto blanqueo tiene números ni la venta de activos del Fondo tiene precio.

 

A.3.-La violación de compromisos internacionales

En la causa “Menéndez –Caride y otros” que tramitara en la OEA por violación del Pacto de San José de Costa Rica, el Estado argentino se comprometió a abonar todas las sentencias en tiempo y forma, para no ser llevado a juicio por violación de derechos humanos fundamentales.

El proyecto que se pretende hacer ley violaría tal acuerdo

Este acuerdo de solución amistosa es ley interna y obliga al Estado Argentino a respetarlo so pena de incurrir en responsabilidad internacional y ser condenado al pago de indemnizaciones por violación a los derechos humanos ya que  los derechos sociales ya han entrado en dicha categoría.

Este proyecto  agravaría el problema que  se pretende solucionar

 

A.4.- La inequidad de la medida y la violación de la igualdad ante la ley

Sin perjuicio de las objeciones señaladas en los puntos anteriores resulta sorprendente que se presente como una reparación histórica para “todos” los jubilados, cuando quedan excluidos los jubilados y pensionados que obtuvieron su beneficio con posterioridad al primero de  diciembre  del año 2006.

No  sabemos si esto se plantea por  ignorancia o discriminación,   ya que los reajustes nada tienen que ver con la fecha de adquisición del derecho,  sino con el lapso por el cual se determinó el haber inicial.

Asimismo en forma absurda se desconocen los juicios iniciados por los investigadores científicos y técnicos, los jueces, el servicio exterior, los regímenes militares y de las fuerzas de seguridad, los docentes universitarios, toda ley especial anterior a 1994 y  por último se desconoce el mayor colectivo previsional especial que es el colectivo laboral de los docentes de enseñanza inicial primaria y media.

Por lo planteado en el punto anterior, estamos más que frente a un problema de “cálculos” ,frente a un problema de incumplimiento de los deberes de funcionario público

 

  1. B) El Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Es importante tener en cuenta que este FGS se conformó con el ahorro de los trabajadores desde el 90 al 2005 , que el estado recupero de las manos de los fondos de inversión y los puso a disposición del actual sistema de seguridad social de reparto, solidario y no individual. Se trata de un volumen de activos que en diciembre llegaban a los 85 mil millones de pesos y actualmente está cerca de los 90 mil millones. Con ese dinero se pretende pagar las sentencias adeudadas a jubilados y a otros que ni siquiera llegaron a esa instancia.

El Estado tenía en octubre 15.573 millones de pesos en acciones del  Banco Macro (el 31 por ciento del total de la firma), 12.907 millones de pesos de Telecom Argentina (25 por ciento de la empresa) y 9680 millones del Grupo Financiero Galicia (20 por ciento de la compañía) y sumas importantes en acciones de  Siderar, BBVA Banco Francés, Edenor, Pampa Energía, Mirgor, Molinos Río de la Plata, Solvay Indupa, Banco Patagonia, Aluar, Grupo Clarín, Metrovías, Metrogas, Quickfood, Banco Hipotecario e IRSA.

La participación del  Anses en estas empresas siempre generó irritaciónen los sectores concentrados de poder economico,  porque le permite al Estado contar con representantes en los directorios de las compañías.

La venta de esas acciones es una de las banderas de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Otra fuente de financiamiento para las medidas que tomará el Gobierno es la modificación del destino del flujo de intereses generado por las tenencias en títulos y plazos fijos del FGS. Según el último reporte de diciembre, la Anses tenía invertidos 429 mil millones de pesos en títulos públicos y obligaciones negociables y unos 8500 millones en plazos fijos. Eso permitió que el año pasado el FGS acumulara 191 mil millones en intereses. Ese dinero se destinaría al pago de sentencias y a la devolución del 15 por ciento de la coparticipación a las provincias.

 

B.1.-La disolución de la garantía del régimen de reparto

La normativa vigente ya prevé el control del Fondo y las limitaciones del estado sobre el mismo, su modificación constituye una grave amenaza para el sistema  público de reparto,  que hoy es sustentable y cuenta con reservas para afrontar las posibles alteraciones financieras.

La supresión de la normativa vigente hace pensar que se prepara el terreno para un reforma previsional que vuelva a introducir en las jubilaciones y pensiones a entidades privadas de capitalización que, con la excusa de la necesidad de ahorro y de la formación de un mercado de capitales, sumado al desfinanciamiento producido por el uso de los recursos en medidas como la que se proponen, vuelvan a restarles derechos a los trabajadores y a los beneficiarios

 

La ley 26245

(Promulgada el 04/12/08)  dispone:

ARTICULO 11. — La Administración Nacional de la Seguridad Social, entidad actuante en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, gozará de autonomía financiera y económica, estando sujeta a la supervisión de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social creada en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación.

Dicha comisión estará integrada por SEIS (6) senadores y SEIS (6) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerá su estructura interna, teniendo como misión constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados, debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.

Para cumplir su cometido, la citada comisión deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente.

Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión bicameral queda facultada a dictarse su propio reglamento de funcionamiento.

 

ARTICULO 12. — Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyo objeto será el monitoreo de los recursos del sistema y estará integrado por:

  1. a) Un representante de la ANSES;
  2. b) Un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
  3. c) Dos integrantes del Órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados que funciona en el ámbito de la ANSES;
  4. d) Tres representantes de las organizaciones de los trabajadores más representativas;
  5. e) Dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas;
  6. f) Dos representantes de las entidades bancarias más representativas;
  7. g) Dos representantes del Congreso de la Nación, uno por cada Cámara.

Los miembros integrantes de este consejo ejercerán su función con carácter ad honórem y serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de las entidades y organismos respectivos.

Por su parte la ley 27181 PROTECCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DEL ESTADO NACIONAL (Promulgada: Octubre 5 de 2015) estableció

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

 

Título Disposiciones Generales

Capítulo

Objeto

 

ARTÍCULO 1° — Objeto. Declárase de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), creado por el decreto 897 del 12 de julio de 2007 y de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario o donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias accionarias o de capital, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 2° — Finalidad. Las disposiciones de la presente ley tienen como finalidad garantizar y preservar la sustentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), y promover el rol del Estado en la coordinación de la gestión de los Directores que representan al accionista Estado nacional y/o FGS para que la realización del interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en dichas participaciones societarias que posea el Estado nacional en las empresas mencionadas en el artículo 1°.

La nueva propuesta legislativa pretende derribar la contención que la ley por medio de las dos normas citadas anteriormente,  otorga a la estructura previsional que sostiene hoy a los regímenes generales y a los regímenes especiales de jubilaciones y pensiones

La destrucción, siempre es previa, a la privatización posterior de cualquier modelo solidario y público:

B.2.-La futura reforma propuesta por el actual gobierno

La declaración de emergencia en la materia procedimental del fuero de la seguridad social, ya está declarada por  la Acordada 4/1014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual, el inicio del nuevo proyecto, ya demuestra un desconocimiento del tema o se avizora  algún otro propósito.

La medida que se propone dice textualmente:

ARTÍCULO 12.- Créase el CONSEJO DE SUSTENTABILIDAD PREVISIONAL, en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que tendrá a su cargo la elaboración de un Proyecto de Ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable para su posterior remisión por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a consideración del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

El CONSEJO DE SUSTENTABILIDAD PREVISIONAL deberá cumplir su cometido dentro de los TRES (3) años de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Es decir se habilita  que un consejo (no se sabe integrado por quien ) proyecte una reforma previsional (no se sabe tampoco por qué) pero obviamente por el nombre del Consejo lo prioritario es que lo proyectado sea económicamente “sustentable” .

Al liquidar el Fondo de Sustentabilidad, seguir sosteniendo las rebajas a los aportes patronales , aplicando políticas que generan un alto índice de desempleo y trabajo no formal , se  va a provocar la alteración del equilibrio del sistema.

Además el proyecto   ordena a dicho consejo que se  deberá establecer un sistema: universal, integral, solidario y sustentable.

 

Además de ser ello una ambigüedad omite llamativamente las palabras público y de reparto.

 

Queda claro que lo que se pretende es  un sistema previsional con algún componente de capitalización individual contrario a un régimen público y solidario

También es necesario aclarar que en este tipo de sistema de capitalización, no hay lugar para los regímenes especiales, con lo cual se habilita el intento de derogación de los mismos.

 

B.3.-La pensión universal una trampa

 Cabe asimismo hacer notar que los beneficios “asistenciales” destinados a “carenciados” deben financiarse con rentas generales  y no con recursos del seguro social que pertenece a todos  los trabajadores. Por ello, estando vigente la ley 13478 dictada en 1948, no hay ninguna necesidad de crear una pensión a la vejez, ya que una pensión a la vejez y a la invalidez ya existe, claro con rentas generales no con recursos de los trabajadores como pretende la proyectada norma

Con ello se viola también  lo dispuesto en la propia ley 24241,también vigente actualmente,  que dispone:

Financiamiento de prestaciones no contributivas.

 

Artículo 187.— A partir de la promulgación de la presente ley, el pago de las prestaciones no contributivas, acordadas o a acordar, se atenderá con fondos de «Rentas Generales».

Además esta pensión propuesta  no soluciona el problema de aquellos que necesitan una moratoria porque no pudieron pagar sus años de autónomos y desean hacerlo para completar los años de servicios y acceder a un beneficio de mejor calidad y sin prueba de pobreza

 

Conclusión

Este proyecto del gobierno nacional  vulnera derechos humanos fundamentales (el derecho al cumplimiento de la ley, el derecho al respeto de las sentencias, el derecho al seguro social, el derecho a la igualdad ante la ley).

La artimaña política es de “Manual” bajo la apariencia de solucionar el problema de los haberes bajos y los reclamos judiciales pendientes se pretende desmantelar el sistema de reparto y generar su falta de sustentabilidad para inclusive  aumentar la edad jubilatoria de todas y todos los trabajadores y trabajadoras.

Desde la CTERA exigimos al gobierno nacional y a los legisladores nacionales que no  avancen en contra de los derechos adquiridos y  contemplados en el actual régimen jubilatorio, ni establezcan medidas que pongan en peligro su financiamiento por medio de  la perdida de los Fondos de Garantías Sustentables y cumplan las leyes actualmente vigentes para el cumplimiento del pago de los juicios.

Los trabajadores y trabajadoras de la educación no renunciaremos a la defensa de un sistema previsional de reparto, público y solidario.

 

 

Jorge Molina                                                             Sonia Alesso

Secretario de Asuntos Previsionales                                  Secretaria General

CTERA                                                                       CTERA

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Grupos de 8 países reclaman a México por trato hacia maestros disidentes

México/20 Junio 2016/Fuente: Insurgencia Magisterial

Colectivos de activistas con base en diversos sitios de Europa y Oceanía se sumaron a la protesta de los maestros y reclamaron al Gobierno de México el uso excesivo de la fuerza contra ellos.

En un pronunciamiento conjunto, colectivos en el extranjero expresaron su rechazo a los métodos de represión contra los maestros disidentes en Oaxaca, Chiapas y Guerrero e instaron al gobierno para entablar el diálogo con los maestros de manera frontal y sin violencia.

“La represión sistemática hacia los maestros nos genera total indignación. Hacemos manifiesto que nos mantenemos al tanto de la situación sobre la Reforma Educativa que el Gobierno de Peña Nieto viene imponiendo para obedecer exclusivamente a los intereses de las clases dominantes en México”, señala el comunicado.

En el documentos se señala que el 15 de abril, en Chiapas, se utilizó uso excesivo de la fuerza para desalojar las manifestaciones convocadas por la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE).

Durante el desalojo, se registró el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y balas de goma.

En otro hecho, entre el 20 y 21 de mayo, los maestros que mantenían un plantón pacífico en Santo Domingo también fueron desalojados intimidándolos.

Mientras el 24 fueron cercados por la policía impidiéndoles el acceso a la Ciudad de México, mientras en los medios nacionales se reportaba que era los maestros quienes cortaban el paso a la capital.

Mientras que el 25 fueron amenazados para dejar la calle Bucareli y reinstalarse en la Ciudadela, donde continúan.

Los grupos firmantes son: Mexi-Belga [Bélgica], Bordamos por la Paz, París [Francia], Latir por México, París [Francia], Manchester For Ayotzinapa [Reino Unido], Saving México Dutch-Mexican Solidarity [Holanda], Solidaridad con Ayotiznapa Suecia [Suecia], Catalunya contra la Impunitat [Esado Español], Kollektiv Por Ayotzinapa Hamburg [Alemania], ¡Alerta! Lateinamerika Gruppe Düsseldorf [Alemania], Sheffield México Solidarity [Reino Unido].

Ellos solicitan la renuncia de Aurelio Nuño Mayer y revelan que están en contra de la llamada “lista negra” de Nuño con la que está aterrorizando a los profesores con el despido cuando en tratados internacionales que protegen a los trabajadores se les otorga el derecho a huelga.

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/grupos-de-8-paises-reclaman-a-mexico-por-trato-hacia-maestros-disidentes/

Fuente de la imagen: http://noticieros.televisa.com/noticieros/fotos/1507/09/50210066.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.624.351.jpg

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Colombia / FECODE: La OCDE ataca la profesión docente

Fuente: Fecode  / 20 de Junio de 2016

En las pretensiones del presidente Santos por ingresar al selecto grupo de los países más ricos es capaz de entregar la soberanía educativa nacional a los privados.

El debilitamiento de la educación y la entrega de la formación docente a los intereses de la OCDE, son algunas de las consecuencias que traerá para el escenario educativo nacional, el capricho de querer pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Las recomendaciones hechas por la organización internacional fueron incorporadas por el gobierno nacional en el artículo 222 de Plan nacional de desarrollo.

“Esto en primera instancia atenta contra la autonomía universitaria, y adicionalmente imprime que todos los programas de las facultades de educación deben responder a lo que está plasmado o a lo que se desarrolla en las pruebas Saber, las pruebas Saber Pro y las pruebas Pisa. Convierte la formación docente en una especie de formación de técnicos para la educación en torno a las pruebas estandarizadas. En ese sentido, el carácter disciplinar de las licenciaturas no sólo se pierde, sino que atenta contra la formación de los jóvenes”, señaló Jhon granados, asesor del Ceid de Fecode.

La formación docente debe estar dirigida a fortalecer su campo de conocimiento de manera que transmita a sus estudiantes estrategias que le permitan obtener los mejores resultados en sus conocimientos y destrezas.

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