Ocho casos terminaron en la Fiscalía de Menores. Durante el pasado curso hubo 124 situaciones de absentismo, un 4% más que el año anterior.
El miedo de las familias al contagio o su rechazo a las restricciones que la covid impuso en los colegios dejó a 22 niños sin acudir a más de un 20% o más de clases en un mes. 48, si se tienen en cuenta los alumnos que además de ésta tenían otras problemáticas asociadas. Ocho casos acabaron en la Fiscalía de Menores. Todo ello pese a que «el absentismo escolar favorece el abandono educativo temprano», que implica a su vez «mayores tasas de desempleo y de temporalidad, así como puestos de trabajo de menor cualificación y remuneración».
Son las conclusiones del último informe de evaluación del proyecto de trabajo socioeducativo sobre absentismo, que refleja que durante el curso 2020-2021 se registraron en 124 casos de absentismo escolar entre los 21.527 alumnos matriculados en los centros públicos de Educación Primaria y Secundaria, un 4% más que en el último curso anterior a la pandemia, 2018-2019. Son casos en los que las medidas previas del colegio o instituto no han funcionado y el alumno falta de forma «reiterada e injustificada» a clase. Y entre ellos, por primera vez, se incluye una variable distinta a las habituales que pesa tanto como para convertirse, tras la desmotivación -presente en un 52% de los casos-, en la principal causa de absentismo: la pandemia.
Puede estar detrás, también, de ciertas alteraciones respecto a lo que venía siendo habitual en el perfil mayoritario del alumno que falta a clase. En los últimos años era el de un chico de Secundaria, que había repetido al menos un curso, perteneciente a una familia monomarental en situación de desempleo y con relación previa con Servicios Sociales y que principalmente sufría desmotivación y problemas familiares. El curso pasado el perfil del alumnos absentista seguía siendo el de un chico (en el 55% de los casos), de Secundaria en el 65% de los casos. Sin embargo, este curso se acortó la distancia entre las dos etapas educativas, aumentando los casos en Educación Primaria (35%). Otra variación se da en la estructura familiar: el 67% de los casos pertenecían a una familia biparental, es decir, con dos adultos a cargo del menor, frente a un 33% de familias monoparentales, siendo la mayoría de estas encabezadas por madres.
Fragilidad socioeconómica
«El absentismo se asocia a la fragilidad socioeconómica de las familias», apuntó la coordinadora del proyecto, Ana Luis Gutiérrez, quien explicó en la presentación que un 53% de los padres estaban en situación de desempleo o empleo precario, porcentaje que se eleva al 72% en el caso de las madres. De las 111 familias, 62 eran beneficiarias del Salario Social Básico o del Ingreso Mínimo Vital. Un 47% de los casos se dieron en familias de minoría cultural de etnia gitana y un 28% en familias de origen extranjero, dos variables que confluían en 12 de los menores.
Por zonas de la ciudad, un 31% de los casos de absentismo se concentraron en colegios e institutos del Centro y la zona sur y un 30%» en El Natahoyo y La Calzada, cuando anteriormente habían sido El Llano-Contrueces y El Natahoyo-La Calzada.
Cabe destacar que un 46% de los casos detectados evolucionaron positivamente, consiguiendo que desapareciera el absentismo o se redujeran las faltas, mientras que un 40% no mejoró el absentismo aunque sí se consiguió intervenir en problemáticas de desprotección (20 casos).
Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/gijon/veintidos-menores-dejaron-20211021001141-ntvo.html
En Kabul, una decena de mujeres se manifiestan denunciando el “silencio” de la comunidad internacional ante la “situación política, social y económica” de Afganistán.
¿Por qué el mundo nos mira morir en silencio?” o “Derecho a la educación y al trabajo” son algunas de las frases que figuran en las pancartas que llevaban las manifestantes, que se presentaron como miembros del “movimiento espontáneo de mujeres militantes de Afganistán”.
“Cada día la pobreza hace estragos, nuestros hijos mueren, los hombres no tienen trabajo, se suicidan y el mundo se calla”, clamó Husna Saddat, una de las participantes.
A las mujeres en Afganistán se les ha ido quitando derechos desde que los talibanes tomaron el poder. Hace una semana las comadronas afganas pidieron a los talibanes poder seguir trabajando.
Los talibanes han excluido en la práctica a muchas mujeres y chicas de la educación y el trabajo como hicieron en su primer mandato (1996-2001). A las profesionales sanitarias las animan a volver a sus puestos, aunque muchas tienen miedo.
La protesta, que inicialmente estaba prevista para celebrarse cerca de la misión de la ONU en Afganistán (Unama), se desplazó en el último momento a la entrada de la antigua “zona verde”, donde se encuentran los edificios evacuados por varias embajadas tras la toma de poder de los talibanes en agosto.
“¿Por qué y hasta cuándo tendremos que permanecer prisioneras en casa? ¿Por qué nadie nos oye? ¿Por qué las mujeres ya no tienen derecho a participar en nuestra sociedad?”, prosiguió Saddat.
En declaraciones a AFP, Wahida Amiri, declaró que piden al secretario general de las Naciones Unidas “que apoye nuestros derechos, a la educación, al trabajo. Hoy estamos privadas de todo”.
Aunque estas manifestaciones están prohibidas por los talibanes y han sido violentamente reprimidas desde su llegada al gobierno, Amiri se apresuró a añadir que no tienen nada contra los nuevos gobernantes: “Sólo nos queremos manifestar pacíficamente”.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/mujeres-afganas-protestan-derechos/893686/2021/
América Central/El Salvador/29-10-2021/Autora: Susana Joma/Fuente: www.elsalvador.com
Desde la Asociación de Estudiantes de San Vicente se quiere impedir que entren personas ajenas a la institución. La Asamblea General Universitaria se pronunció pidiendo que cese el proceso de desalojo impulsado por el Ministerio de Educación.
Alumnos de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador (UES), en San Vicente, mantienen custodiadas las instalaciones de la ex Escuela Superior de Maestros (ESMA); la medida se da luego de que el Ministerio de Educación (MINED) notificó a las autoridades universitarias que desalojen ese recinto sobre el cual existe un previo gestión de donación y donde se atienden más de 700 estudiantes, incluyendo los de un plan especial de formación docente de docentes activos.
Según imágenes e información que ha circulado en redes sociales, los jóvenes, que forman parte de la Asociación de Estudiantes de San Vicente (BREA), mantienen cerrados los portones de acceso en donde han colocado varias pancartas, para evitar que no entre nadie ajeno a la universidad y en rechazo a la decisión tomada por la actual titular de Educación, Carla Hananía de Varela, pues argumentan que no está honrando un compromiso que la cartera de Estado asumió a través de la anterior administración.
El ingeniero Roberto Díaz, decano de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, explicó que Educación les ha pedido que desalojen el inmueble en dos ocasiones, en la primera ocasión dijo que lo iban a utilizar para la entrega de paquetes escolares y reuniones; luego, la semana anterior, les manifestaron que lo utilizarían para desarrollar un plan de formación de profesores.
Foto Cortesía
Díaz detalló, durante varias entrevistas, que ha explicado a las autoridades del MINED que la Facultad necesita contar con el espacio, al que ellos habían denominado Recinto Universitario Anastacio Aquino (RUAA) para seguir impartiendo las carreras de docencia, considerando que en su edificio principal solo cuentan con 23 aulas para atender a una población de 2,600 estudiantes.
Con anterioridad destacó que el inmueble es clave para la Facultad y estudiantes porque enfrentan un problema de hacinamiento.
Este lunes por la tarde la Asamblea General Universitaria (AGU), máximo organismo elector y legislativo de la UES, emitió un pronunciamiento en el que exige “cese el proceso de desalojo y se continúe con el trámite de donación que garantice la concesión definitiva del Reciento Universitario Anastasio Aquino a favor de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral”.
Foto Cortesía
El organismo de la UES, tras detallar que la primera petición de desalojar el inmueble llegó el 19 de octubre pasado, señaló que la Facultad afectada por la decisión ministerial administra cinco profesorados en educación, además de licenciaturas en plan complementario con 4 especialidades en educación, también la maestría en docencia universitaria y doctorado en educación con especialidad en cultura de paz y derechos humanos y otras maestrías.
“La Facultad Multidisciplinaria Paracentral hace uso del RUAA desde el año 2018 debido al alto nivel de demanda académica que existe y, ante la falta de instalaciones para llevar acabo las diferentes actividades académicas”, apunta.
Según el comunicado, la UES solicitó al MINED la donación del terreno en 2018 y recibió una respuesta positiva tras las presiones de estudiantes de la Facultad; tras lo cual las autoridades universitarias realizaron un estudio topográfico para presentarlo al Centro Nacional de Registros (CNR), pero debido a que este recibió observaciones hicieron un nuevo estudio que fue enviado en 2019 al CNR y si bien les informaron que no se podía solicitar modificaciones al plano, ellos volvieron a mandar nota a la ministra Hananía de Varela para solicitar que se siguiera con el proceso de donación: “Su respuesta fue que no tenía interés, sino que tenía otros planes para la edificación”.
La AGU detalla que ante la negativa de la titular de Educación se gestionó ante la Vicepresidencia de la República, pero esta recomendó solicitar una reconsideración ante la ministra, pero la respuesta volvió a ser negativa.
En este contexto la AGU también exige que se respete el derecho de los estudiantes universitarios para hacer uso de las referidas instalaciones, además, “que las autoridades del gobierno central respeten la autonomía universitaria y brinden los recursos suficientes y necesarios, que permitan la formación de los estudiantes y profesionales”.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/educacion-superior-ues-ministerio-de/893486/2021/
Mundo/29-10-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Los pequeños productores son los que protegen los recursos naturales y, al hacer esto, los ecosistemas son saludables y diversos.
La pérdida de la biodiversidad está amenazando a los pequeños agricultores y con ello a la lucha contra el hambre.
Esa fue la advertencia dada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en su último informe, el cual refiere que las personas en situaciones más vulnerables no podrán adaptarse al cambio climático ni producir alimentos de forma sostenible si esta situación continúa.
Son los productores rurales quienes más sufren, a escala mundial, los efectos del hambre y de la pobreza.
De acuerdo con el análisis, al menos el 80 por ciento de las necesidades de las personas pobres del mundo están relacionadas con recursos biológicos, entre ellos, para las actividades agropecuarias y producir ingresos.
Sumado a esto, la fauna y la flora también están amenazadas por esta situación, con un millón de especies en peligro de extinción, luego que 31 fueran declaradas como extintas en 2020.
Momento crítico
El informe nombrado Biodiversity Advantage- Thriving with Nature: Biodiversity for Sustainable Livelihoods and Food Systems refiere que la agricultura a gran escala es la causa principal de la pérdida de biodiversidad, partiendo de su expansión e intensificación.
La vicepresidenta adjunta del Departamento de Estrategia y Conocimientos del Fondo y encargada del estudio, doctora Jyotsna Puri, comentó que actualmente la humanidad vive un momento crítico.
“La pérdida de la biodiversidad nos impedirá luchar contra el cambio climático o el hambre. Sabemos que la agricultura a gran escala amenaza la biodiversidad”, alegó.
Además, afirmó que son los pequeños productores los protegen los recursos naturales y, al hacer esto, “los ecosistemas son saludables y diversos, y los agricultores disfrutan de una mayor producción y resiliencia al cambio climático”.
Foto: FAO
En el informe también se destaca que la diversidad biológica permite la producción de alimentos mediante la formación de los suelos, el control de plagas y enfermedades, así como la reposición de las aguas subterráneas y servicios de polinización.
Los manglares, además de los arrecifes de coral, son barreras biológicas que disminuyen el impacto de desastres naturales, por lo que el aumento de la biodiversidad agrícola en las pequeñas explotaciones facilita tener suelos más saludables y productivos, que requieren una mayor cantidad de carbono y suponen una importante contribución al almacenamiento del mismo.
Importancia de las inversiones en biodiversidad
Sobre las inversiones en biodiversidad, el informe destaca que estas ayudan a consolidar la igualdad de género, también a mejorar de la nutrición e impulsar el empoderamiento de mujeres y jóvenes.
Un ejemplo de ello fue la restauración de bosques llevada a cabo en Kenia, lo que contribuyó a una mejor captación del agua de lluvia, aumentando el suministro y su calidad, así como la productividad de los agricultores.
De igual modo, en Burkina Faso se aplicaron diversas técnicas agroecológicas y se han plantado varios árboles, permitiendo que las cosechas mejoren. Todo esto ha hecho posible que se almacenen más de 1,7 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Foto: UNPD
“Si no se tiene presente la naturaleza cuando se invierte en el desarrollo, estamos malgastando dinero”, fue el comentario de la doctora Puri.
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola prevé destinar, hasta el 2030, un 30 por ciento de su financiación para contribuir a aquellas soluciones que se concentren en la naturaleza y la agricultura rural a pequeña escala, ayudando así a disminuir el daño ocasionado al ambiente.
Estas soluciones son las que promueven la conservación, gestión y restablecimiento de los ecosistemas naturales y la biodiversidad, de cara a los desafíos que trae el cambio climático, ante fenómenos extremos que no se han visto antes y una alerta roja para que la humanidad tome conciencia sobre sus acciones y se una para salvar el planeta.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/perdida-biodiversidad-lucha-contra-hambre-20211026-0036.html
Grupo de sociedad civil que acompaña el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 en la región organizó diálogo virtual para recoger insumos sobre la temática, los cuales se presentarán al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible
Se realizó el 6 de octubre, el diálogo virtual “Brecha digital, acceso a la información y educación”. La sesión de trabajo fue organizada por el Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT) del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). Este Foro es la instancia oficial de seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4 – referido a la educación, en ámbito regional.
La sesión forma parte en una serie de reuniones que tiene el objetivo de desarrollar los temas de trabajo definidos por GEACT, proponiendo políticas públicas para la solución de los problemas identificados. Se busca además incidir positivamente en los procesos de toma de decisiones sobre los ODS en la región, de manera que los resultados del trabajo del GEACT serán presentados en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para los primeros meses del año 2022.
En el diálogo de ayer, se identificaron problemas relacionados a los temas educación, academia, ciencia y tecnología, y a la vez se plantearon soluciones viables en época de pandemia y postpandemia.
Participaron: Pablo Cavataio, Asesor de la Vicepresidencia de ARSAT Argentina; Maximiliano Estigarribia, Director de ETIS, Argentina; Javier Tolcachier, de la Agencia Pressenza en Argentina; Ana Gabriela Castro Fuentes, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; Luis Bonilla Molina, de Otras Voces en Educación Venezuela; y Mauro Jarquín, del Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Cooperaciones Tecnológicas y Filantropía de México, bajo la moderación de Nora González Chacón, de la Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica (ACED).
Según Javier Tolcachier, la Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social, ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeada por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.
“Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice. De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir”, destacó.
El GEACT mensualmente implementa una reunión de trabajo de una hora y media a dos horas, en la que cada uno de sus grupos temáticos presenta datos relevantes sobre los desafíos existentes e identifica o propone soluciones. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) forma parte en el GEACT, representada por Nora González Chacón, de la ACED, y Marcela Browne, de Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
En estos encuentros, se propone reunir insumos para la elaboración de un pequeño documento base, que se discutirá nuevamente con los grupos de trabajo previo a su envío al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible el 2022.
Los próximos encuentros de la serie, discutirán: Migrantes y derecho a la educación (17 noviembre de 2021), Derecho a la Educación e inclusión a lo largo de la vida (26 de enero de 2022); Presentación de documento final (28 de febrero de 2022).
Estudio: analiza la instalación reciente y novedosa de las EBC como iniciativa de una corporación en el contexto brasileño desde finales de 2018
Las tendencias de privatización educativa han proliferado tras el auge del neoliberalismo en los años 70. Entre tantos esquemas de privatización (por ejemplo, alianzas público-privadas), las escuelas de bajo costo (EBC) se han reproducido de manera alarmante en los países de bajos y medios ingresos donde se localizan fuertes déficits de oferta educativa estatal. Así, las actividades empresariales han encontrado un fértil campo para cubrir la demanda educativa necesaria. Esta modalidad de negocio se puede mapear en África, Asia y América Latina (Moschetti et al., 2017).
En algunos contextos, las EBC son introducidas mediante asociaciones público-privadas o por medio de ofertas educativas que compiten en los casi-mercados educativos de los países. Esta última, es la situación que se ha experimentado en el contexto brasileño. Las EBC se están convirtiendo en un producto atractivo para parte de la población donde son instaladas, ya que presentan infraestructuras “mejoradas,” propuestas curriculares competitivas para el mercado, presentan modelos pedagógicos basados en la innovación y, en algunos casos, evalúan sus actividades haciéndolas públicas posteriormente para competir.
Privatización Educativa en Brasil
El equipo responsable por la investigación “Privatización Educativa en Brasil: reinventando las Escuelas de Bajo Costo” (2020) – Cristina Pulido, Ana Ancheta y Wislleyn Oliveira-Dri – analiza la instalación reciente y novedosa de las EBC como iniciativa de una corporación en el contexto brasileño desde finales de 2018. En concreto, las investigadoras y el investigador disciernen el Grupo Sistema Educativo Brasileño (GSEB), una entidad financiera y de inversión que encabeza actividades empresariales en educación en Brasil. En septiembre de 2018, el GSEB lanzó la publicidad del modelo piloto de EBC denominadas Escolas Luminova, las cuales empezaron actividades en 2019 con 4 nuevas escuelas en el estado de São Paulo.
Dado el auge de las EBC, es necesario e importante estudiar estos modelos de escuelas en sus contextos, para identificar cómo las actividades comerciales y el rol del Estado han permitido hacer de la educación un negocio. De esta manera, la educación como negocio es una perspectiva de análisis interesante que ayuda a denunciar la vulneración del derecho a la educación pública. Las EBC ya han sido denunciadas como un modelo de comercialización que juega con las ilusiones de las personas en situación de pobreza y que vulnera el derecho a la educación produciendo beneficios privados y pérdidas públicas; es decir, que producen un alto impacto social polarizando a las ciudadanas y ciudadanos, cada vez más, por su estatus socioeconómico y condición de género. Para ver estas acciones, el equipo de investigación observa ampliamente el discurso, las estrategias, la audiencia o a quiénes se dirigen y las y los empresarias/os que hay detrás de este modelo de negocio, para denunciar un modelo de actividad económica que exacerba las desigualdades y socava el derecho a la educación de las personas más pobres.
Las EBC existen en el contexto brasileño desde hace ya algunas décadas. Algunas EBC son propiedad de personas de la región y cuentan con: una estructura física precaria, patrimonio restringido, recursos humanos mínimos, y una mayor interacción de las familias en las escuelas. Por otro lado, escuelas como las EBC Luminova, forman parte de grandes corporaciones y cuentan con un mayor capital inversor. El GSEB está entre los mayores grupos privados de educación de Brasil y cuenta con una historia de poco más de 50 años que nace en el estado de São Paulo, donde están los posibles mayores consumidores de educación privada.
De acuerdo con el estudio, GSEB ha realizado varias estrategias mercantiles, expandiendo su rol en el negocio educativo:
En 2007 entró en el mercado abierto y en la bolsa de valores;
En 2010 vendió parte de su programa tecnológico de enseñanza en inglés a Pearson. A partir de aquí, aumentó su capital y expandió el negocio por otras zonas de Brasil (más allá de São Paulo).
En 2013, realizó un estudio de mercado notando que el crecimiento del negocio está en la educación básica y focaliza ahí todas sus actividades, dejando el campo comercial de la educación superior en un segundo plano. Desde esta iniciativa, se nota “turismo educativo” en busca de sistemas educativos internacionales de éxito para ofertar una educación “basada en evidencias”, a lo largo del continente americano y europeo.
En 2018 se reinventan y, en su lectura del nicho de mercado que ocupan las EBC, ofrecen educación a la clase C (media-baja), tal y lanzan su propuesta de EBC con una estrategia de márquetin, presentándola como un “derecho” de la clase trabajadora.
En septiembre de 2018 se lanza la iniciativa de las escuelas Luminova.
La estrategia de márquetin de las EBC Luminova se basa en el discurso de que sus propuestas son necesidades reales que un Estado debilitado no ha podido satisfacer. Por ejemplo, se ve una pedagogía concentrada en proporcionar a sus estudiantes lo que llaman una “metodología de enseñanza innovadora direccionada por los resultados”, destacando el uso de las tecnologías y la enseñanza diaria del inglés. Así, el modelo o producto ofertado en sus páginas web utiliza la herramienta discursiva de la polarización, destacando las virtudes de un sistema educativo moderno, frente al arcaico y saturado modelo educativo público. Igualmente, también estrategias enfocadas con la seguridad del estudiantado y con el profesor influyente. Por un lado, se propone que todos los espacios de aprendizaje estén vigilados por cámaras de seguridad, siendo una escuela que preserva las relaciones sociales, no permitiendo el acoso escolar. Por otro lado, la figura del “profesor influyente”, se justifica por medio de un equipo comprometido con el aprendizaje y la formación integral de las y los estudiantes, frente a la figura del profesorado público como una de las figuras más desprestigiadas desde la ideología neoliberal.
Siendo sus principales clientes la población de bajos o medios ingresos, las EBC se dan como una oportunidad para que las empresas educativas puedan establecer nuevos clientes en el negocio de la educación. Esto reafirma el hecho de que la educación se ha visto tratada por especialistas de otros campos (periodistas, médicas/os, abogadas/os) e incluso grandes empresarias/os, ya que la educación es una “preocupación” de todas y todos (aunque con diferentes intereses). Esto la convierte en algo susceptiblemente comerciable.
La publicidad del GSEB es muy semejante a las otras cadenas de EBC, pues hay una propuesta pedagógica según lo que demanda el mercado, o sea, el estudiantado es “entrenado”. La idea central de estos negocios educativos no es la de educar, sino la de formar para un mercado que promete el ascenso social, pero que en la realidad no necesita un ciudadano y una ciudadana con pensamiento crítico y con profundidad en sus reflexiones, sino alguien que sepa manejar las nuevas tecnologías a fin de seguir nutriendo una clase trabajadora que genera más ganancias y lucro a los gigantes del mercado. Al final, las escuelas Luminova son producto del capitalismo creativo y del discurso neoliberal polarizado, que se utiliza para destacar los defectos de la oferta pública frente a las virtudes de la privada.
NACIONES UNIDAS – La novela británica 1984, de George Orwell, caracterizaba una sociedad distópica en la que las personas tenían restringido el pensamiento independiente y eran víctimas de una vigilancia constante.
Publicada en 1949, la obra se planteaba como una profecía futurista con un tema de fondo: “El Gran Hermano te vigila”, algo que parece estar haciéndose realidad en 2021.
Ahora parece que vivimos en el ambiente de “1984”, donde todos nuestros movimientos son controlados esta vez por cámaras de vigilancia colocadas en las calles de las grandes ciudades como Nueva York, en las autopistas, en los parques públicos, en el metro, en los centros comerciales y en los aparcamientos, violando la privacidad personal y los derechos civiles.
Un artículo publicado en The New York Times (TNYT) en septiembre, destaca que el Departamento de Policía de Nueva York ha continuado con su vigilancia masiva e ininterrumpida, desde que comenzó a hacerla sistemática tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Centre de Nueva York.
Según el diario neoyorquino, los residentes en la metrópoli realizan su vida cotidiana mientras conviven habitualmente –y la mayoría inadvertidamente- con herramientas de vigilancia digital, como programas de reconocimiento facial, lectores de matrículas o furgonetas móviles de rayos X que pueden ver a través de las puertas de los automóviles.
Además, drones de vigilancia sobrevuelan las manifestaciones masivas y los manifestantes dicen haber sido interrogados por agentes antiterroristas después de las marchas.
Pero Estados Unidos no está solo en esta emulación de la distopia orwelliana.
Quizá se esté convirtiendo en un fenómeno mundial a medida que la vigilancia electrónica se extiende por todos los continentes, sean los países del Norte industrial o del Sur global.
Según un nuevo estudio de la Red Africana de Derechos Digitales, publicado el jueves 21, los gobiernos de seis países africanos -Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Sudán- están llevando a cabo una vigilancia masiva y las leyes vigentes no protegen los derechos legales de los ciudadanos ante ese espionaje.
El estudio, descrito como la primera comparación sistemática de las leyes de vigilancia en África, llega en un momento en que aumenta la preocupación por la proliferación de la vigilancia digital a medida que las tecnologías se vuelven más sofisticadas y más intrusivas en la vida de la población.
Muchos gobiernos han ampliado sus facultades de vigilancia y acceso a los datos personales durante la pandemia de la covid-19, señala el estudio.
La Red Africana de Derechos Digitales aglutina a 30 activistas, analistas y académicos de 12 países africanos centrados en el estudio de la ciudadanía digital, la vigilancia y la desinformación, y forma parte del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS, en inglés), un grupo con liderazgo mundial en la reflexión sobre investigación y política.
Tony Roberts, investigador del IDS, con sede en Londres, y coautor del informe, afirma que los Estados necesitan poderes de vigilancia para prevenir atrocidades terroristas, pero que, para ser coherentes con los derechos humanos, dichos poderes deben estar estrechamente orientados a los delitos más graves, utilizarse cuando sea estrictamente necesario y ser proporcionales a las necesidades.
Dispositivos de vigilancia electrónica. Foto: ONU Mujeres
Señala que los ciudadanos deben ser más conscientes de sus derechos a la intimidad y de las actividades de vigilancia emprendidas por sus gobiernos. La legislación puede ser útil para definir controles y equilibrios que protejan los derechos de los ciudadanos y proporcionen transparencia.
“Pero la sociedad civil necesita la capacidad de controlar las prácticas de vigilancia y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”, subrayó en una entrevista con IPS.
El especialista aseguró que esa vigilancia promovida por los gobiernos no es solo algo de Estados Unidos y otro grupo de países, sino que “la vigilancia estatal de los ciudadanos está aumentando en Europa occidental”.
Señaló que las tecnologías digitales han facilitado y abaratado la vigilancia de los ciudadanos por parte de los Estados. Antes se necesitaba todo un equipo de personas para vigilar un objetivo, intervenir las líneas telefónicas, grabar, transcribir y analizar los datos de un solo objetivo.
“Ahora, las búsquedas en Internet y en las comunicaciones móviles están automatizadas mediante inteligencia artificial (IA) y algoritmos”, destacó Roberts.
En ese sentido, consideró que el escándalo de Cambridge Analytics mostró cómo la vigilancia de las redes sociales es utilizada por los partidos políticos en Reino Unido o Estados Unidos.
“Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo los gobiernos de Europa occidental y Estados Unidos realizan sistemáticamente una vigilancia masiva de los ciudadanos. El caso del programa espía (israelí) Pegasus mostró cómo los Estados utilizan programas maliciosos para espiar al presidente francés, a los líderes de la oposición, a los jueces y a los periodistas”, añadió.
Mientras tanto, la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York, rediseñada en 2002 para enfrentarse a las operaciones del grupo islamista Al Qaeda, utiliza ahora tácticas antiterroristas para luchar contra la violencia de las bandas y la delincuencia callejera en Nueva York.
Según TNYT, el Departamento de Policía ha invertido recursos en la ampliación de sus capacidades de vigilancia. El presupuesto de la división de inteligencia y antiterrorismo se ha cuadruplicado con creces, gastando más de 3000 millones de dólares desde 2006, y más a través de fuentes de financiación difíciles de cuantificar, incluidas las subvenciones federales y la secreta Fundación Policial, una organización sin ánimo de lucro que canaliza el dinero y los equipos hacia el departamento a través de benefactores y donantes.
Funcionarios y exfuncionarios de la policía afirman que estas herramientas han sido eficaces para frustrar docenas de atentados. Y el departamento tiene la obligación, dicen, de reutilizar sus herramientas antiterroristas para la lucha diaria contra el crimen, dijo TNYT.
Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo al diario que su organización ya estaba preocupada por la vigilancia policial sigilosa en la década de los 90. Ya poco antes de los ataques, su organización había trazado un mapa de todas las cámaras que pudo encontrar en la ciudad. En retrospectiva, reconoció, fue una labor ingenua.
“Hicimos un mapa, y teníamos puntos, teníamos chinchetas en ese momento donde había cámaras. Y cuando lo hicimos, había un par de miles”, dijo Lieberman. “Repetimos la encuesta en algún momento después del 11-S, y había demasiadas cámaras para contarlas”, añadió.
Mientras tanto, el nuevo informe también identifica a Egipto y Sudán como los países en los que los derechos de los ciudadanos a la privacidad estaban menos protegidos. Esto se debe a una combinación de protecciones legales débiles, una sociedad civil débil para pedir cuentas al Estado y una mayor inversión estatal o gubernamental en tecnologías de vigilancia.
Por el contrario, a pesar de que el gobierno de Sudáfrica también viola la ley de privacidad, la determinada sociedad civil del país, los tribunales independientes y los medios de comunicación obligan con éxito al gobierno a mejorar su ley y sus prácticas de vigilancia.
En general, la investigación identificó seis factores que significan que las leyes de vigilancia existentes no protegen los derechos de privacidad de los ciudadanos en cada uno de los seis países analizados:
La introducción de nuevas leyes que amplían los poderes de vigilancia del Estado,
la falta de precisión jurídica y de garantías de privacidad en la legislación sobre vigilancia,
el aumento de la oferta de nuevas tecnologías de vigilancia que facilitan la vigilancia ilegítima,
los organismos estatales que llevan a cabo regularmente actividades de vigilancia al margen de lo permitido por la ley,
la actual impunidad de quienes cometen actos ilegítimos de vigilancia,
la debilidad de la sociedad civil, incapaz de hacer que el Estado rinda cuentas ante la ley.
Roberts dijo a IPS que el aumento de la vigilancia es una violación de los derechos civiles, concretamente del derecho a la intimidad.
“Vivía en Londres cuando tenía la mayor densidad de cámaras de seguridad del mundo. Ahora Seúl, París y Boston ostentan ese dudoso récord. Y Nueva York se está poniendo al día rápidamente”, afirmó.
A su juicio, las pruebas indican que los barrios con población negra están más vigilados que los de población blanca. El problema se agrava cuando la tecnología de reconocimiento facial se combina con la cámara de vídeovigilancia y se vincula a las bases de datos de identidad para llevar a cabo una vigilancia invasiva generalizada.
“La privacidad es un derecho fundamental garantizado por la ley. Toda vigilancia es una violación de esos derechos civiles”, sentenció Roberts.
Y añadió: “Otorgamos a la policía la capacidad legal de llevar a cabo una vigilancia estrecha y limitada de los delincuentes más graves».
«Sin embargo, cualquier otra forma de vigilancia no consentida (con consentimiento previo) viola los derechos fundamentales y la vigilancia masiva de ciudadanos no acusados de ningún delito nunca está justificada en el derecho interno ni en el derecho internacional de los derechos humanos”, remarcó.
Tampoco es inevitable.
En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, por ejemplo, la prevalencia de las cámaras de vídeovigilancia es relativamente baja y la tecnología de reconocimiento facial está prohibida, recordó Roberts.
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