«No vamos a ser cómplices de un gobierno irresponsable que quiere llevar a los niños a clases para que se contagien», dijo Javier Saavedra, de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas, ante el anuncio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el regreso a clases presenciales.
En conferencia de prensa virtual, maestros de la CNTE señalaron que el próximo 30 de agosto sí iniciarán las clases de educación básica, pero «en forma responsable» y «no de manera presencial».
Explicaron que la modalidad de clases presenciales no podrá realizarse hasta que baje el pico de la pandemia, que ahora se encuentra en el tercer repunte, «mayor a los dos anteriores».
Los docentes agregaron que lo que se necesita ahora es vacunar a los niños de 12 años en adelante, así como recursos en las escuelas para resarcir los «daños graves» que se arrastran y garantizar la infraestructura, agua y sanitización de los planteles.
La CNTE inició este lunes una encuesta a padres de familia y tutores con preguntas sobre si están de acuerdo con el regreso a clases presencial, si las escuelas cuentan con higiene e infraestructura adecuada para enfrentar la pandemia, si consideran que la población en general debe estar vacunada antes de iniciar con modalidad presencial, si con la variante delta que afecta más a niños y jóvenes consideran que hay riesgo de que sus hijos acudan a los planteles y si están de acuerdo en asumir la responsabilidad con la firma de la carta responsiva.
Los resultados se darán a conocer el próximo 25 de agosto, luego de aplicar alrededor de 30 mil cuestionarios en el país.
Contra los despidos docentes, la precarización laboral, la expulsión estudiantil generada por la pandemia y el autoritarismo en la UNAM.
Fruto de los indignantes despidos políticos de más de 13 profesores que se organizaron para luchar contra la precarización como parte del movimiento #UNAMNoPaga, estudiantes convocan a una asamblea contra los despidos y el autoritarismo en Acatlán. Se suman el descontento con la negligencia de las autoridades por parte de la comunidad universitaria, y la problemática de alumnos que han sido expulsados de la educación fruto de la elitización y los efectos de la pandemia. La convocatoria es este miércoles 18 de Agosto a las 5 pm.
El movimiento #UNAMNoPaga se desató a raíz de la difusión de talones de pago por $2 pesos expedidos por la Universidad a nombre de docentes de asignatura, lo que generó una enorme indignación en toda la comunidad estudiantil rápidamente. En el caso de Acatlán, se llamo a un paro votado por más de 8 mil estudiantes que las autoridades pretendieron levantar con maniobras basadas en acuerdos entre directivos y estudiantes que supuestamente decidían a nombre de la base, cuando lo hacían totalmente a sus espaldas y negando el movimiento estudiantil que se gestaba en solidaridad con los docentes. Fue el caso del estudiante Carlos Rosas, que fingiendo ser representante del estudiantado entregó un supuesto pliego petitorio a la profesora Lavín. Después de numerosas asambleas, de un movimiento cada vez más creciente, estudiantes nos organizamos desde la base para mantener el paro, salonear, desconocer a los representantes impuestas por las autoridades llamando a representantes rotativos y revocables establecidos por nosotros mismos de manera democrática, acciones que acompañamos de movilización, incluso cerrando periférico para que reconocieran nuestras demandas, demostrando la masividad y fuerza del movimiento estudiantil.
Al final las autoridades, las mismas que no se presentaron a las mesas de diálogo que ellos mismos solicitaron, utilizaron la técnica de «divide y vencerás» para levantar el paro con represalias a los profesores, para que también aplicaran represalias a los alumnos organizados. Esto hizo, y la política de un sector de docentes dentro de la Asamblea Interuniversitaria que se negó a forjar la unidad con el estudiantado, de manera independiente a las autoridades, llelvó al retroceso de la base, posibilitando que las autoridades avanzaran en despedir a más de 13 profesores en la FEs y en otros planteles.
Es necesario reavivar el movimiento, con una organización de estudiantes, profesores y trabajadores que luche por la reinstalación de los despedidos, por acabar con la precarización laboral en la UNAM y garantizar el derecho a la educación pública y gratuita, su defensa y el acceso irrestricto a ésta, para toda la población. Esto será posible solo de la mano de organizarnos de manera tripartita e independiente a las autoridades, que no han hecho más que ignorarnos, reprimirnos y confrontarnos entre nosotros, bajo la perspectiva de conquistar un gobierno tripartito con mayoría estudiantil, y una universidad al servicio del pueblo pobre y trabajador.
Hasta un 87 por ciento de los padres piensan reciclar algunos materiales escolares como mochilas, bolsas escolares y uniformes
La vuelta al cole está cada vez más próxima. Las libretas y uniformes ya están empezando a sobrevolar en muchas casas, pero lo cierto es que aún no se sabe cómo arrancará el nuevo curso, si con una presencialidad total o si, por el contrario, habrá un modelo híbrido en el que los alumnos alternarán clases presenciales con online. Y no es un detalle menor, ya no solo por la calidad de la enseñanza, sino por el ahorro o el gasto que supone a las familias tener que adaptarse a cada uno de los modelos.
Y es que una vuelta al cole presencial es un 42% más barata que si se mantiene el modelo híbrido. Son datos de un estudio que ha elaborado el comparador de precios Idealo y que viene a demostrar que el modelo “de toda la vida” es el más adecuado para las familias desde el punto de vista económico, más teniendo en cuenta la situación de crisis de muchas de ellas.
Y aunque puede depender de la evolución de la pandemia y del aumento o no de los contagios, cabe recordar que España ha conseguido, a diferencia de otros países, mantener los centros educativos abiertos durante todo el curso escolar pasado, a pesar de las diferentes olas de la pandemia. Es por ello, entre otras cosas, por lo que el responsable de comunicación de Idealo, Kike Aganzo, no entendería que los niños se quedasen, aunque sea de manera parcial, en sus casas.
Este escenario implicaría que el recibo de la vuelta al cole sea más elevado fundamentalmente por los aparatos tecnológicos necesarios para seguir las clases. En concreto, Aganzo destaca que los ordenadores portátiles han subido de precio y «encarecen mucho la vuelta al cole» no solo por el hecho de que hacen falta tantos portátiles como menores haya en casa, sino porque con un modelo semipresencial, explica Aganzo, se utiliza tanto el ordenador como el libro de texto, «por lo que es como duplicar el gasto». Con todo ello, un formato semipresencial conllevaría un gasto medio de 678 euros.
La vuelta al cole de este año, no obstante, será un 3,97% más barata que la del curso pasado, todo a pesar de que las mochilas, el calzado deportivo y algunos materiales de papelería han aumentado su precio, situándose el gasto por menor en 393 euros siempre y cuando sea un regreso sin restricciones. Por gastos, según Idealo, las familias gastarán hasta 40,22 euros en papelería, cerca de 35 euros en mochila, por encima de los 30 euros en calzado, más de 25 euros en chándal y 259 euros en libros de texto.
Sin embargo, y como han podido comprobar en el estudio, tanto la vuelta presencial como la semipresencial se salen del presupuesto esperado por los padres. En total, el 61% de las familias encuestadas tiene previsto gastar entre 50 y 200 euros, mientras que un 13% de los encuestados planea desembolsar menos de 101 euros y solo un 26% más de 200 euros. Además, como consecuencia de la crisis económica, las familias son este año más partidarias de reutilizar material del curso pasado. Hasta un 87 por ciento de los padres piensan reciclar algunos materiales escolares como mochilas, bolsas escolares y uniformes.
En 2001 miles de periodistas, analistas y políticos clamaron en favor de una intervención militar en Afganistán como respuesta a los ataques del 11S que Al Qaeda perpetró en Estados Unidos.
La propaganda estadounidense, para convencer a la comunidad internacional, aseguró que además liberaría a las mujeres afganas de la opresión del régimen talibán. Si viviéramos en un mundo idílico podríamos creer que los Ejércitos armados no arrojan bombas, solo construyen paz. Pero como no vivimos en un mundo idílico es obligación analizar la realidad para no caer en la trampa de cualquier propaganda.
Los mismos que defendieron aquella intervención militar, la ocupación del territorio afgano, la imposición de la fuerza armada e incluso los múltiples ataques estadounidenses que en todos estos años han matado a población civil, son los que ahora lamentan la situación en la que queda el país con el avance de los talibanes. De forma asombrosa desvinculan por completo la presencia de EEUU y su aliados de la OTAN durante veinte años en el país de todo lo que ha ocurrido en Afganistán desde 2001.
Nada alcanza el horror impuesto por el régimen talibán en su día, cuando las mujeres no podían salir a la calle sin la compañía de un hombre, ni estudiar, ni reír en público, ni hacer ruido al andar. Pero en dos décadas de ocupación militar ni EEUU ni sus aliados lograron evitar que Afganistán siga siendo uno de los peores países del mundo para las mujeres, como han advertido organizaciones de derechos humanos, activistas y periodistas afganas, sin conseguir nunca suficiente reacción internacional. Ahora la toma del país por los talibanes amenaza con empeorar aún más sus vidas.
Dos tercios de las jóvenes afganas no están escolarizadas y el 75% afrontan matrimonios forzosos, en muchos casos antes de cumplir 16 años
Uno de los peores países para las mujeres
«No uso el transporte público, evito la calle y los lugares públicos, el acoso es continuo o incluso diría que ha aumentado últimamente, tanto verbal como físico», denunciaba en 2019 en una conversación una activista afgana que me pidió mantener su anonimato. Dos tercios de las jóvenes afganas no están escolarizadas, el 80% de las mujeres siguen siendo analfabetas, más de la mitad han sufrido violencia machista en el seno de su propia familia y el 75% afrontan matrimonios forzosos, en muchos casos antes de cumplir 16 años. Todo ello, cuando aún estaban las tropas de la OTAN en el país, antes de que los talibanes conquistaran territorio y llegaran hasta Kabul.
Durante los veinte años de presencia militar extranjera se han seguido registrando ataques a mujeres cuando se desplazan a la escuela o al trabajo. Los porcentajes de violaciones y de casos de violencia machista son muy elevados, así como los índices de abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad.
Hay quienes solo elevan su voz ahora que EEUU se marcha. Pareciera que quisieran aceptar el argumento falaz de que las cosas solo empiezan a ir mal cuando las tropas estadounidenses se van
ONG, activistas y periodistas han denunciado durante años la situación de las afganas, pero Europa consideró que Afganistán era un país seguro para ellas y prefirió no aceptarlas como personas refugiadas que asumían riesgos si eran deportadas. Casi nadie puso el grito en el cielo entonces, a pesar de que muchas huían de agresiones sexuales, violencia de género sistematizada, discriminación y ausencia de futuro. Hay quienes solo han querido elevar su voz ahora que Estados Unidos y sus aliados se marchan. Pareciera que consciente o inconscientemente quisieran aceptar el argumento falaz de que las cosas van bien con la presencia de tropas estadounidenses y solo empiezan a ir mal cuando estas abandonan.
Lo cierto es que en 2015 y 2016 miles de personas refugiadas afganas llegaron a Europa, desesperadas, en busca de una salida. Superaban en número a los refugiados sirios e iraquíes. En Grecia, en Macedonia, en Serbia o Hungría nos rogaban a los periodistas que contáramos sus historias. Salvo excepciones, los países europeos consideraron que no eran merecedoras de ayuda. Durante cuatro décadas Afganistán ha sido uno de los países que más personas refugiadas ha generado. Pero los Gobiernos europeos apenas han aceptado a medio millón.
Mujeres afganas a las puertas de un colegio electoral, en 2004. Kabul. Créditos: Olga Rodríguez
Despilfarro en ‘seguridad’ y violaciones de derechos humanos
En 2021 casi la mitad de la población afgana está en situación de necesidad humanitaria. En veinte años miles de millones de dólares de EEUU han ido a parar a la compra de armamento y la inversión en ‘seguridad’. Mucho menos se invirtió en educación, sanidad pública, gobernanza, desarrollo, democratización, infraestructuras. Cada vez que he estado en Afganistán me he topado con decenas de historias de mujeres maltratadas, viudas abandonadas, jóvenes violadas o menores que han intentado suicidarse porque no les permiten estudiar y son obligadas a casarse a temprana edad. La emancipación de las mujeres se limita a las grandes ciudades, y de forma parcial. Aún así, en áreas urbanas como Kabul o Herat muchas han podido acceder a la universidad.
En todos estos años de atrás la corrupción era palpable para cualquiera: eternos proyectos que recibían millones de dólares y que no terminaban de ver la luz, cargos altos y medios que viajaban en cochazos blindados despilfarrando dinero y oportunidades y que tras ello se iban del país y, sobre todo, una estrategia centrada excesivamente en la militarización, en la guerra, en armamento. No hacía falta ser un lince para darse cuenta de ello. El caos era evitable, pero ¿querían todos los participantes en esa guerra evitar el caos?
La honestidad de muchos empleados de organismos internacionales que han trabajado en Afganistán se ha topado de bruces una y otra vez con evidentes dinámicas de corrupción –proyectos fantasma, retrasos perpetuos en los planes, desvío de fondos, debilidad de las instituciones– que podíamos detectar quienes íbamos y veníamos. Si testigos externos eran capaces de percibir el saqueo y el despilfarro en el ámbito militar frente a necesidades mucho más cruciales, ¿cómo no iban a verlo los responsables de la ocupación?
Como ha pasado en tantos países ocupados o intervenidos militarmente por tropas extranjeras, Afganistán se convirtió en un polvorín con demasiadas armas que ahora están tomando los talibanes. Ya en 2004 la población se quejaba de que los tanques estadounidenses que se paseaban por pueblos y ciudades apuntaban sus cañones hacia abajo, hacia la calle, hacia la gente. Las tropas estadounidenses han sido percibidas en sectores importantes de la población como elementos hostiles. No en vano, la cárcel secreta de Bagram, gestionada por EEUU, fue escenario de torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entre sus paredes se generaron traumas y enorme sufrimiento, al igual que en Guantánamo, por donde pasaron algunos de los hombres que ahora engrosan las filas de los talibanes.
Hace unas horas la afgana Fatima Ayub recordaba que ‘hace 11 años las fuerzas estadounidenses asesinaron a 8 miembros de mi familia mientras dormían’
Ataques de EEUU y sus aliados contra civiles
En estos veinte años de ocupación militar se han registrado multitud de ataques contra civiles perpetrados por las tropas de Washington y sus aliados. Solo entre enero y mayo de 2019 los ataques de EEUU y la OTAN mataron a 145 civiles, la mitad de ellos mujeres y niños. En total las fuerzas estadounidenses y sus aliados –incluidas las fuerzas afganas– mataron en ese periodo a más civiles –305– que los talibanes.
Entre enero y noviembre de 2008 los ataques de las fuerzas internacionales –principalmente los bombardeos estadounidenses– provocaron la muerte de unos cuatrocientos civiles, muchos de ellos mujeres y niños. Buena parte de los casos, dados a conocer por testigos directos, fueron denunciados por oficiales de la Administración afgana y reconocidos por la propia OTAN. En algunas operaciones durante estas dos décadas de atrás los aviones estadounidenses han matado a más de noventa civiles en un solo ataque.
Hace unas horas la activista afgana Fatima Ayubrecordaba en las redes sociales que «hace once años las fuerzas estadounidenses asesinaron a ocho miembros de mi familia, mientras dormían en plena noche. ¿Qué nueva miseria aguarda ahora?». Y añadía: «La mayoría de la gente es incapaz de darse cuenta de que 20 años de guerra produjeron el peor resultado posible. Entonces, ¿por qué ayudaría más violencia y muerte?».
La paz solo llega con inversión en educación y sanidad públicas, con libertad, con democracia, con políticas de igualdad. No con injerencias militares al servicio de intereses ajenos a los de la población, ni con «inversiones» corruptas, ni con bombas, ni con el suministro de armamento. Eso solo perpetúa la violencia.
En 2004 Abdul, un refugiado afgano alojado en la periferia de Kabul –cuya historia relato en el libro El hombre mojado no teme la lluvia– me decía que «si Estados Unidos gastara menos en esfuerzos militares y más en planes humanitarios, quizá esta población aceptaría mejor a sus tropas». En 2006, en la capital afgana, entrevisté por segunda vez a Massuda Jalal, una médica que se había presentado un par de años antes como candidata en las elecciones presidenciales:
«Las afganas siguen sufriendo como siempre –me dijo Massuda– Son víctimas de matrimonios forzados a muy temprana edad, muchas soportan la violencia doméstica y apenas tienen acceso a un asesoramiento legal. Es para alarmarse: Hay una expresión que aún se usa en las áreas rurales que dice que una mujer debería tener su primera regla en casa de su marido, y algunos padres se empeñan en hacer que sus hijas lo cumplan».
Esos señores de la guerra han sido, en muchos casos, los aliados de Estados Unidos en el país
Los ‘señores de la guerra’ aliados de Washington
Ese mismo año la diputada Malalai Joya recibió insultos y amenazas en el propio Parlamento después de que ella acusara a algunos diputados de haber sido criminales de guerra. En 2007 fue inhabilitada por un periodo de tres años. Varias organizaciones internacionales mostraron su apoyo a Malalai, así como seis mujeres Premio Nobel e intelectuales como Naomi Klein o Noam Chomsky. La asociación Paz Ahora emitió un comunicado en el que señalaba que «el 21 de mayo de 2007, con una amplia mayoría, el Parlamento dominado por señores de la guerra y narcotraficantes inhabilitó a Joya por un periodo de tres años y ordenó al Tribunal Supremo que abriera diligencias contra ella». Esos señores de la guerra han sido, en muchos casos, los aliados de Estados Unidos en el país.
En estos años, con las tropas extranjeras en suelo afgano, mujeres emprendedoras y pioneras han recibido continuas amenazas y agresiones. Muchas fueron asesinadas. Entre ellas, la periodista Zakia Kaki, directora de una radio en la provincia de Parwan, con programas dedicados a los derechos humanos, la educación y la emancipación de las mujeres. En junio de 2007 le dispararon siete tiros delante de su hijo de ocho años. Ser mujer y libre en Afganistán es difícilmente compatible. Las integrantes de la organización afgana RAWA llevan denunciándolo desde 1977. Algunas viven en Afganistán; otras muchas han optado por refugiarse en el extranjero.
Niñas y niños afganos refugiados en la periferia de Kabul. Créditos: Olga Rodríguez
En 2008 lamentaron en un comunicado que tras la invasión de su país «los sufrimientos y actos depravados contra las mujeres no se han reducido; es más, ha aumentado el nivel de opresión y la brutalidad que día a día afecta a la población más débil de nuestra sociedad. El gobierno corrupto y mafioso y sus guardianes internacionales están jugando de manera desvergonzada con el intolerable sufrimiento de las mujeres afganas, al que usan como su instrumento de propaganda ante la gente engañada de todo el mundo».
En 2019, dieciocho años después de la invasión y ocupación estadounidense de Afganistán, justificada por muchos porque iba a «liberar a las mujeres», Estados Unidos inició una negociación con los talibanes, excluyendo la presencia de mujeres en las reuniones y sin poner encima de la mesa la necesidad de luchar contra la violencia machista a través de medidas legislativas.
En ese momento diputadas y activistas afganas exigieron participar, pero Washington las mantuvo fuera en los primeros encuentros. «Están negociando a puerta cerrada, sin transparencia, los talibanes quieren aplicar la sharia, estamos muy preocupadas», me dijo entonces Sima Samar, directora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. El cambio de Gobierno en Washington no ha significado una modificación en los planes. El presidente Joe Biden apostó por proseguir con lo trazado por el Gobierno de Trump: negociación con los talibanes y retirada de tropas.
La situación geográfica de Afganistán explica que a día de hoy siga siendo un tablero clave de lo que en el siglo XIX se llamó el Gran Juego
Afganistán, como ‘una cabra entre dos leones’
Afganistán, punto estratégico de Asia Central, importante lugar de paso para posibles rutas de hidrocarburos, comparte frontera con Irán y China, entre otros países. Su situación geográfica explica que a día de hoy siga siendo un tablero clave de lo que en el siglo XIX se llamó el Gran Juego, cuando Reino Unido y Rusia se disputaban la influencia en la región. Londres no logró dominar del todo aquel territorio y su tropas terminaron derrotadas y expulsadas en 1919. En los años setenta Estados Unidos no dudó en financiar a muyahidines para que lucharan contra la URSS en territorio afgano. Aquellos señores de la guerra que recibieron millones de Washington se convertirían posteriormente en el germen de los talibanes.
Desde entonces Afganistán, un Estado bisagra, es un escenario en el que ya no solo Moscú o Washington, sino China y algunos países de la región –Irán, India, Pakistán– se disputan intereses y liderazgo. En 1897 un por entonces joven periodista llamado Winston Churchill, futuro primer ministro británico, destinado en Afganistán con las tropas inglesas, escribió que aquel era un país en el que «todo hombre es un soldado» y en el que «la mano de todo hombre está contra la del otro, y todos a su vez contra el extranjero».
En 1900, el emir afgano Abdul Rahman Khan, tras veinte años en el poder –y con un país en el que se habían librado ya dos guerras contra los ingleses y que servía de escenario para el pulso que mantenían Londres y Moscú– se preguntó cómo Afganistán, que se encontraba «como una cabra entre dos leones o como un grano de harina entre dos enormes ruedas de molino, podría sostenerse en medio de las piedras sin ser reducido a polvo».
Ayer Europa rechazaba aceptar a refugiadas afganas, ante demasiados silencios. Hoy la hipocresía pública lanza SOS por ellas
Washington invadió Afganistán porque quería demostrar que respondía ante los atentados del 11S. Su objetivo no fue mejorar la vida de los afganos o democratizar el país. En veinte años de ocupación lo ha dejado claro. En un mundo idílico podemos creer en los unicornios. Pero en la vida real las invasiones con ejércitos buscan intereses propios que a menudo chocan con los de la población autóctona. Y en medio de todo ello, las mujeres suelen ser un argumento de quita y pon para justificar operaciones militares y estrategias geopolíticas.
Ahora parece que las afganas preocupan, al fin. Veinte años tarde. No son las únicas que viven una terrible opresión. Pero la geopolítica decide quiénes merecen atención y quiénes no (ahí están las saudíes, por ejemplo). Las personas refugiadas en Europa son estigmatizadas en demasiados sectores, algunos de los cuales ahora se echan las manos a la cabeza ante la situación de Afganistán. Ayer Europa deportaba a la población afgana o la encerraba en centros de internamiento, ante demasiados silencios. Hoy la hipocresía pública lanza SOS por ella. Esperemos que ahora sí toque.
El estudio de la educación indígena en México requiere la articulación de diversos niveles de análisis que ofrezcan una correcta comprensión histórica del proceso educativo y su visualización futura a partir de una concepción cientíca integral que valore en su justa dimensión el derecho a la educación como una de las demandas pendientes de los pueblos indígenas de México, demanda que implica la toma de decisiones necesarias para resolver las deficiencias estructurales que han limitado la existencia de un desarrollo equitativo entre los grupos culturales de nuestro país.
El sindicato de educadores y el Gobierno nacional lograron un convenio para continuar el retorno gradual a las clases presenciales en el país.
Tras 26 sesiones de diálogo en la Mesa de Negociaciones que instalaron el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) el pasado 22 de junio, este fin de semana se logró el acuerdo para mejorar las condiciones de los maestros y continuar el proceso de retorno a las clases presenciales.
Según informó el Ministerio de Educación, “las partes ratificamos el compromiso ético y la responsabilidad que nos corresponde como servidores públicos con la prestación del servicio educativo de manera presencial en las aulas de clase en todas las instituciones educativas oficiales”.
En ese sentido, los maestros y el Gobierno nacional reconocieron que el retorno a las aulas de clase se continuará realizando bajo las condiciones de bioseguridad que ha definido el Ministerio de Salud y Protección Social para la comunidad educativa. “La presencialidad para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que acceden a los colegios oficiales, es un compromiso muy importante para promover su salud mental, desarrollo integral, fortalecer los aprendizajes y la construcción de proyectos de vida”, agregó la cartera de Salud.
Fecode, en su comunicado sobre los nuevos acuerdos firmados en la madrugada del 7 de agosto, no se pronunció sobre la presencialidad. Ese punto ocupó todo un capítulo de la negociación, llamado La Escuela de la Presencialidad, y se había firmado en las semanas previas entre ambas partes, en el cual se acordó mantener el retorno a las aulas para el segundo semestre de 2021, pero bajo condiciones previas y verificables establecidas en las Resolución 1721 de 2020.
El acuerdo es clave, pues una de las denuncias de Fecode para oponerse a la presencialidad, era la falta de condiciones y garantías de bioseguridad en algunas instituciones educativas. Quedó acordado que la presencialidad se suspenderá únicamente en casos excepcionales, en los que no haya capacidad de las aulas, no haya vacunación total del personal o la ciudad o municipio afronte una situación epidemiológica de gravedad.
En las instituciones donde no se cumplan los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades, el acuerdo establece que las Secretarías de Educación del lugar donde se ubique el colegio conformará una mesa de seguimiento con un representante de Fecode, un rector y un padre de familia, que rendirá informe, a su vez, al Ministerio de Educación. Se agilizarán las acciones para retomar a la presencialidad.
Los demás acuerdos entre maestros y el Gobierno
Los maestros esperan que los recursos para la educación aumenten de manera gradual y progresiva, después del acuerdo sobre una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que quedó firmado en los acuerdos. Un proyecto que deberá presentar el Gobierno en los próximos seis meses para generar mayores partidas presupuestales e inversiones que mejoren la calidad de la educación en el país.
El proceso de ascensos de los maestros también tendrá modificaciones. Se acordó modificar el modelo y enfoque de la evaluación docente para que “responda a las exigencias actuales del sistema, a los retos en materia de calidad, evaluación y viabilidad financiera y que se proyecte como una estrategia de mejora continua de la misma carrera”. Se generará una nueva lista para ascensos y reubicaciones bajo el nuevo esquema.
Adicionalmente, el Gobierno nacional cofinanciará y convocará un curso de formación para 8.000 docentes y directivos docentes para aquellos que participaron en la tercera cohorte y no lograron el puntaje exigido para el ascenso o la reubicación. Quienes aprueben el curso podrán acceder a los beneficios de promoción.
Se mejorarán las condiciones de los docentes a través de un reconocimiento de la proporcionalidad de la prima de vacaciones, con un incremento de la bonificación pedagógica del 15% al 19% del salario. Además, se hará una revisión del Manual de Calificaciones de Pérdida de Capacidad Laboral, implementar el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, selección de defensor del usuario, con el fin de garantizar calidad en el servicio de salud para los maestros.
“Por el respeto de la vida, la integridad física y los derechos humanos en la labor docente y sindical, se reiteró la voluntad del Gobierno de generar garantías para el ejercicio de la actividad sindical y apoyar activamente los procesos para la reparación integral, colectiva e individual”, informó el Ministerio de Educación sobre los acuerdos.
Finalmente, se acordó continuar con los Juegos Deportivos Nacionales y el Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio Colombiano para 2021, que contará con los recursos requeridos para la planeación de los mismo y la inclusión de las nuevas medidas deportivas y modalidades culturales.
Los centros educativos públicos estarán iniciando el retorno gradual a clases semipresenciales el próximo 26 de agosto.
El ministro de Educación Arnaldo Bueso, manifestó que el proceso de retorno a clases semipresenciales será gradual, tanto para centros gubernamentales como no gubernamentales.
El funcionario indicó que el regreso a las aulas será de manera paulatina debido a que hay que seguir todo un proceso que incluye vacunación y medidas de bioseguridad.
Bueso agregó que los maestros ya cuentan con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, y esperan a que llegue la fecha de la segunda dosis para un retorno a clases semipresenciales de forma gradual.
“El 26 de agosto es la fecha para que los centros educativos gubernamentales inicien; que de igual forma no significa que el mismo 26 todos arranquen va a ser un proceso gradual”, sostuvo.
Algunos de los centros educativos que van a iniciar clases semipresenciales están en Choloma, Comayagua, San Pedro Sula, Distrito Central, La Ceiba y Copán Ruinas.
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