El acoso sexual en el espacio público es una forma de violencia de género cotidiana que atraviesa todas las mujeres, pero se vive y se regula de modo distinto según la posición socioeconómica, el género, la raza, la edad y la condición laboral. Este artículo analiza el fenómeno desde una perspectiva de género, integra un enfoque de derechos humanos e insiste en la necesidad de aplicar una mirada interseccional.
El acoso callejero —silbidos, tocamientos, intentos de beso, comentarios lascivos, persecución— es una expresión cotidiana de la desigualdad de género que normaliza la apropiación del cuerpo femenino en el espacio público. Aunque su manifestación parece individual (un hombre que comenta, que hace un gesto), su explicación y su combate requieren una lectura colectiva pues la desigualdad de género se entrelaza con relaciones de poder más amplias, normas culturales y vacíos normativos que perpetúan la impunidad. La reciente denuncia pública por acoso presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha introducido este tema en el centro del debate público y pone de manifiesto tensiones sobre la visibilidad de la problemática, legitimidad de la denuncia y posibles respuestas estatales.
Como punto de partida definiremos el acoso como una forma de violencia sexual y simbólica que limita la libertad de movimiento y la dignidad de las personas, principalmente mujeres y disidencias sexuales, en espacios públicos. Se trata tanto de acciones directas como tocamientos, empujones, intentos de besos, como de micro mensajes que normalizan la sexualización del cuerpo femenino; se incluyen comentarios, miradas lascivas y deslegitimación del reclamo. El carácter masivo y la alta tolerancia social hacen que la mayoría de los episodios no sean denunciados. Encuestas y reportes documentan que una fracción significativa de mujeres no acude a las autoridades porque percibe que no será atendida, porque teme represalias o porque considera el acto “sin importancia”.
Aunque todas las mujeres pueden ser objeto de acoso, la experiencia concreta y las posibilidades de respuesta están fuertemente mediatizadas por la condición de clase, el origen étnico y el género. Las mujeres de sectores populares suelen depender más del transporte público y caminar más en la calle (turnos, trabajo informal), lo que incrementa la frecuencia de exposición a agresores y reduce las opciones para evitar riesgos. Por otro lado, las mujeres con mayores recursos económicos y capital cultural tienen mayores posibilidades de acceder a medios, asesoría legal y redes que amplifiquen su denuncia; en cambio, mujeres pobres, migrantes o indígenas, enfrentan más barreras institucionales y temor a la victimización por parte de la policía o del sistema judicial. En este contexto, cuando una mujer presidenta denuncia el acoso del cual fue víctima, el eco mediático permite una visibilidad mayor; esto ayuda a abordar estructuralmente el problema, pero no garantiza que la realidad se transforme para quienes más lo sufren cotidianamente. El episodio en el centro histórico de la Ciudad de México que involucró a la presidenta pone en evidencia esta doble faz, por un lado, la capacidad simbólica de atención pública y la necesidad de traducirla en cambios que beneficien a todas las mujeres.
Desde la perspectiva de derechos humanos, el Estado está obligado a garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y a asegurar el acceso a la justicia, medidas de prevención y reparación. Es urgente la tipificación del acoso como delito y su sanción, la capacitación con perspectiva de género de las autoridades y protocolos para la atención rápida y sensible de las víctimas. La presidenta misma ha señalado la necesidad de homogeneizar los códigos penales estatales para que el acoso sea sancionado en todo el territorio, lo que plantea un debate sobre la complementariedad entre políticas punitivas y medidas preventivas para la transformación cultural.
Una lectura interseccional de la problemática recuerda que el género no opera en el vacío, mujeres indígenas, afrodescendientes, trans, migrantes, jóvenes y/o de barrios populares experimentan el acoso en condiciones agravadas por discriminación múltiple. Por ejemplo, las mujeres jóvenes reportan formas más frecuentes de micromachismos en el transporte escolar y universitario; las trabajadoras informales enfrentan acoso que puede condicionar su ingreso diario. Ignorar estas intersecciones significa diseñar respuestas que benefician principalmente a quienes ya tienen más poder y voz pública. Estudios y activismos feministas en México han insistido en la necesidad de políticas diferenciadas que atiendan estas multiplicidades.
Los debates conceptuales impulsados desde los feminismos son útiles para entender y enfrentar el acoso. Marcela Lagarde define la violencia contra las mujeres como un continuum que incluye la apropiación simbólica y física del cuerpo femenino, y llama a políticas que restituyan derechos y autonomía. Marta Lamas ha discutido cómo prácticas normalizadas en la calle son “residuos tolerados de abuso” cuya tolerancia atraviesa ámbitos públicos y privados; ambas autoras subrayan que la denuncia no es solo un acto jurídico, sino un acto político que tensiona las normas culturales. Estas autoras proporcionan marcos para comprender por qué el acoso no es un problema individual sino una cuestión estructural.
La denuncia pública presentada por Claudia Sheinbaum como acto político supone al menos tres efectos, primero visibiliza que la violencia no respeta cargos ni apariencia; segundo, emplaza al Estado a revisar marcos legales y prácticas institucionales; y finalmente, genera debates sobre la exposición pública de la víctima y la manera en que los medios y actores políticos pueden revictimizar. Sin embargo, la visibilidad por sí sola no resuelve las desigualdades: es necesario que la respuesta estatal contemple recursos para mujeres de todos los sectores, sea sensible a la interseccionalidad y no se limite a la sanción simbólica o selectiva.
En ese orden de ideas es fundamental impulsar la tipificación del acoso como delito en todas las entidades federativas, con definición clara y protocolos de investigación y atención inmediata, acompañar esta acción de medidas no punitivas complementarias como programas educativos desde la infancia sobre consentimiento, masculinidades y respeto; campañas dirigidas a poblaciones masculinas y a agentes públicos. Generar mecanismos institucionales que garanticen accesibilidad a la denuncia y protección, con unidades móviles y atención en transporte público; formación obligatoria en perspectiva de género para policías y ministerios públicos; rutas de denuncia seguras para mujeres en situación de vulnerabilidad. Así como diseñar medidas específicas para mujeres indígenas, trans, afrodescendientes, jóvenes y trabajadoras informales, llevar adelante monitoreo y datos desagregados, fortalecer encuestas y registros administrativos que permitan medir la prevalencia por clase, edad, etnia y territorio.
El acoso es síntoma y motor de una cultura de desigualdad que vulnera derechos y limita libertades. La denuncia de una figura presidencial puede catalizar atención, pero la transformación real exige políticas integrales que combinen sanción, prevención, reparación y —sobre todo— una apuesta por la educación y la redistribución de poder simbólico. Desde una mirada interseccional, las respuestas deben priorizar a quienes históricamente han estado más expuestas y menos protegidas, garantizando que la justicia y la dignidad alcancen a todas las mujeres.
*Exsecretaria Nacional de Gestión de la Política del Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa y exasambleísta. Colaboradora del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL). Activista por los derechos de las mujeres.
Desde hace tres años, con ERC al frente de la Generalitat, no se veía una manifestación en la calle de estas características con una presencia notoria de profesores, maestros y familias unidas por diferentes motivos que confluyen en un malestar generalizado por el estancamiento en la educación. El Departament d’Educació afronta su segundo curso escolar con un presupuesto prorrogado y una falta de recursos económicos patentes que no permiten destensionar esta situación que, han anunciado los sindicatos, se irá caldeando más.
Este sábado, se ha notado el músculo de la amenaza y miles de personas se han sumado a la movilización. Según los sindicatos de la enseñanza convocantes (Ustec-Stes, Aspec-Sps, CC.OO., CGT y UGT) los profesores se sienten exhaustos ante una ingente carga de trabajo debido a la complejidad y diversidad en las aulas y a unos currículums con los que no están de acuerdo. A ello añaden la falta de reconocimiento social y la pérdida de nivel adquisitivo de los últimos años. Los sindicatos calculan que la inflación ha arrebatado un 20% de nivel salarial y quieren recuperarlo.
Ustec-Stes
La manifestación se organiza “Después de un año de no negociación y de no cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la administración”.
Para la portavoz de Ustec·Stes, el sindicato educativo mayoritario, esta movilización se organiza “después de un año de no negociación y de no cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la administración”.
Su homólogo en Aspepc·Sps, Andreu Navarra, ha hecho hincapié en las retribuciones y la burocratización, señalando que la manifestación es un “ultimátum” a la administración.
Por CC.OO. Educació, Ester Vila, ha abundado en que si no se abren las negociaciones con la conselleria, la “movilización irá adelante”, asegurando que el malestar se va acumulando por lo que hay que tomar medidas respecto a, al menos, dos puntos: la reducción de ratios y la mejora de salarios.
Manifestación de profesores y familias
A esta reivindicación laboral se han sumado decenas de asociaciones distintas vinculadas con la educación.
Las familias, por su parte, que se han sumado a última hora a la movilización, a través de la llamada de la mayor asociación de asociaciones de familias de centros públicos (AFFaC). Reclaman más presupuesto para que sea efectiva la escuela inclusiva y todos los alumnos, independientemente de su origen, condición social, física o psíquica reciban los recursos adaptados a sus necesidades especiales. Además, piden reforzar la red pública.
Existe unanimidad en pedir el 6% del PIB para educación, para cumplir lo que establece la ley de educación catalana (LEC), pero unos sindicatos y asociaciones persiguen que se destine solo a los centros educativos públicos y, otros, como Feusoc, sindicato mayoritario del profesorado concertado, a las escuelas de todo el servicio de educación de Catalunya, como avala la propia LEC. Por su parte, la CCAPAC, que representa a las asociaciones de familia de escuelas cristianas también reclama que “no se margine al sector concertado,” que representa el 30% del sistema educativo.
Manifestación de profesores en Barcelona Alex García
Demandas concretas
En un manifiesto, los sindicatos convocantes recuerdan que la educación catalana sufre desde hace años una “falta crónica de financiación” , que se han desplegado decretos, como el de plantillas, que han supuesto pérdida de democracia en los centros, se ha producido una inestabilidad de las plantillas, abuso de interinidad, cierre de grupos clase en los centros públicos y ataques judiciales a la escuela catalana. Por todo ello piden:
– Recuperar el poder adquisitivo perdido y mejorar los salarios de todo el personal del Departament d’Educació.
-Aligerar la carga de trabajo incorporando recursos para atender mejor a los alumnos: rebajar ratios, ampliar plantillas.
-Reducir la burocracia y eliminar tareas innecesarias.
-Garantizar la democracia en los centros y derogar los decretos de plantillas, autonomía y direcciones.
-Establecer currículums negociados y consensuados con los docentes.
Crecen las denuncias y la urgencia de una respuesta educativa regional frente al acoso sexual en línea. Más del 70 % de las niñas, los niños y adolescentes latinoamericanos navegan sin protección ni acompañamiento adulto.
Por: Luz Palomino/Otras Voces en Educación Edición especial – Día Internacional contra el Grooming (13 de noviembre de 2025)
Una conversación que no era inocente
“María”, una adolescente de 14 años de Buenos Aires, comenzó a recibir mensajes de un supuesto compañero de su edad. Al principio eran charlas sobre música, videojuegos y la escuela. Con el tiempo, el tono cambió: él pidió fotos, luego silencio. “Si no me las mandás, las publico”, escribió. María no dijo nada. La escuela no tenía protocolo, su familia no sabía cómo reaccionar. Cuando el caso salió a la luz, el responsable era un hombre de 38 años que operaba desde otro país.
Historias como la de María se repiten a diario en América Latina. No son episodios aislados: son síntomas de una emergencia educativa que crece en silencio detrás de cada pantalla. El grooming, el acoso sexual en línea ejercido por adultos hacia menores, se ha convertido en una de las formas más perversas de violencia digital contemporánea.
Cada 13 de noviembre, el Día Internacional contra el Grooming busca llamar la atención sobre esta problemática, pero las cifras confirman que la prevención aún está lejos de alcanzar la urgencia del fenómeno.
La nueva frontera de la violencia infantil
En América Latina y el Caribe, más del 70 % de las niñas, los niños y adolescentes tiene acceso a internet, según UNICEF (2024). Sin embargo, ese acceso se da en contextos desiguales y sin acompañamiento de un adulto: en muchos hogares, el teléfono móvil es a la vez herramienta, juguete y refugio.
Un estudio reciente de la UNESCO (2023) advierte que uno de cada dos adolescentes en la región ha recibido mensajes inapropiados o sexualizados de adultos en línea.
En Brasil, la ONG SaferNet registró más de 50.000 denuncias en 2024 relacionadas con explotación sexual infantil digital. En Argentina, la línea 137 del Ministerio de Justicia documentó un aumento del 36 % en los casos de grooming entre 2022 y 2024. En México, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) advierte que una de cada cuatro niñas ha recibido propuestas sexuales de adultos por redes sociales.
Son datos que revelan una región expuesta, donde el desarrollo tecnológico avanza más rápido que las políticas públicas, y donde la escuela, llamada a formar ciudadanía digital, aún no logra responder con fuerza.
Una emergencia educativa: la pantalla también educa
Durante seis meses, el proyecto “El ciberacoso: una emergencia educativa en América Latina y el Caribe”, realizado por OVE, trabajó con más de 300 docentes de Argentina, México, Colombia, Paraguay, Panamá, Venezuela y Uruguay para diagnosticar y prevenir el acoso digital, incluido el grooming.
La investigación arrojó un dato alarmante: el 78 % de los docentes entrevistados reconoció no tener herramientas para abordar casos de acoso digital o grooming en el aula. La mayoría no sabía cómo identificar señales tempranas o cómo actuar sin revictimizar a las y los estudiantes.
“El problema no es solo legal, es pedagógico. Si la escuela no habla de lo que pasa en internet, otros lo harán —y no siempre con buenas intenciones”, afirma una educadora uruguaya participante del proyecto.
Los talleres impulsados permitieron un cambio de enfoque: pasar de la sanción punitiva —expulsiones o denuncias aisladas— a una pedagogía del cuidado basada en la escucha, la empatía y la prevención.
“Antes veíamos el ciberacoso como tema policial; hoy lo entendemos como parte de la formación ciudadana digital”, señaló una maestra mexicana durante el encuentro regional.
El enemigo invisible
El grooming se mueve en la sombra: detrás de perfiles falsos, chats cifrados y aplicaciones de mensajería. Los agresores suelen construir vínculos de confianza durante semanas o meses. Primero elogian, después manipulan. A menudo logran que las víctimas compartan imágenes íntimas, que luego usan para chantajearlas o extorsionarlas.
Según la OEA (2024), la mayoría de los casos no se denuncia por miedo, vergüenza o falta de conocimiento sobre los canales de ayuda. La ECPAT Internacional estima que por cada caso identificado, hay al menos diez que permanecen ocultos.
“El silencio es el mejor aliado de los abusadores”, advierte Ana Paula de Oliveira, especialista de SaferNet Brasil. “Los niños sienten culpa, los adultos minimizan, y las instituciones educativas no siempre tienen herramientas para intervenir”.
Una región con leyes, pero sin estrategias
Aunque la mayoría de los países latinoamericanos han tipificado el grooming como delito —Argentina en 2013, México en 2017, Chile en 2019—, las leyes no se acompañan de estrategias educativas de prevención.
Un informe de CEPAL (2023) señala que la región invierte menos del 1 % del presupuesto educativo en alfabetización digital. Las políticas suelen centrarse en infraestructura tecnológica, pero no en la formación ética ni crítica del uso de internet.
“La brecha digital no es solo de acceso, también es de comprensión”, explica Luis Bonilla-Molina, integrante del equipo del proyecto. “El grooming se combate en la escuela, cuando enseñamos a los niños a reconocer los riesgos y a confiar en los adultos. Pero si las maestras y maestros no están preparados, el ciclo de silencio continúa”.
Más allá del aula: una responsabilidad colectiva
La UNESCO insiste en que la lucha contra el grooming debe integrarse en la agenda de derechos digitales de la infancia, junto con la alfabetización mediática, el consentimiento y el respeto en entornos virtuales.
Las organizaciones internacionales coinciden en un punto: la prevención comienza en el hogar y se consolida en la escuela. Sin embargo, muchas familias desconocen los riesgos.
Un estudio de UNICEF (2024) reveló que el 63 % de los padres y madres en América Latina no sabe configurar controles parentales ni reconocer señales de acoso digital.
“Pensamos que mientras estén en casa están seguros, pero el peligro entra por el wifi”, ironiza un psicólogo escolar colombiano.
Proteger es educar
El grooming es, en esencia, una forma moderna de abuso infantil que exige una respuesta educativa profunda y sostenida. Requiere políticas integrales que conecten educación, justicia y comunicación; formación docente en ética digital; campañas de sensibilización dirigidas a familias; y redes comunitarias de acompañamiento.
En noviembre, la Red Otras Voces en Educación convocará un encuentro regional de docentes, investigadores y especialistas para delinear nuevas estrategias formativas frente a las violencias digitales. La meta es clara: que el grooming deje de ser un tema tabú y se convierta en un asunto pedagógico central, tan urgente como enseñar a leer o escribir.
“La pantalla no es enemiga —es un territorio educativo que debemos aprender a habitar con conciencia y cuidado—”, reflexiona Luz Palomino.
En cada aula, en cada familia, en cada escuela, la tarea es la misma: proteger educando.
Porque mientras exista un niño que tema abrir su chat, la educación seguirá teniendo una deuda con su tiempo.
CIFRAS CLAVE
📱 70 % de niños y adolescentes latinoamericanos usa internet.
🧑🏫 78 % de los docentes no tiene formación para abordar acoso digital.
📉 36 % aumentaron los casos de grooming en Argentina (2022–2024).
⚠️ 1 de cada 2 adolescentes ha recibido mensajes sexualizados.
🕹️ 63 % de padres y madres desconoce cómo proteger a sus hijos en línea.
Fuentes consultadas: UNICEF (2024), UNESCO (2023, 2024), OEA (2024), CEPAL (2023), SaferNet Brasil (2024), REDIM México (2024), ECPAT Internacional (2023), Proyecto “El ciberacoso: una emergencia educativa en América Latina y el Caribe”.
Seis encuentros para pensar al lawfare como “estrategia regional del nuevo golpe de Estado”
Juristas, académicos y protagonistas abordarán casos emblemáticos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú de esta práctica de desestabilización institucional. Jornadas internacionales del Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC).
CABA, 10/11.- Ante el avance de un fenómeno que el Papa Francisco supo definir como una grave amenaza a la democracia y los derechos sociales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) convoca a las jornadas internacionales “Lawfare, la estrategia regional del nuevo golpe de Estado”, del 13 al 20 de noviembre.
A lo largo de seis encuentros, juristas, académicos y protagonistas abordarán casos emblemáticos de lawfare en la región, entendiendo que, lejos de tratarse de episodios aislados, responden a patrones históricos de desestabilización institucional que evocan experiencias como el Plan Cóndor y que hoy se expresan en intentos de proscripción de liderazgos políticos, la sustitución de la voluntad popular y la expoliación de recursos.
– El jueves 13 de noviembre, la jornada inaugural se ocupará de la mirada de Francisco sobre el lawfare, con la participación del profesor emérito Eugenio Raúl Zaffaroni, director del IFBC; el juez Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU); y la periodista especializada Irina Hauser. Este primer encuentro, presencial, tendrá lugar a las 17:30 (hora de Argentina, GMT-3) en la sede del IFBC en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en avenida Ingeniero Huergo 1189. También habrá transmisión por YouTube.
El resto de las jornadas, dedicadas cada una a un país y a casos específicos, serán de modalidad virtual, vía Zoom, todas a las 17:30 (hora de Argentina, GMT-3).
– El viernes 14 se analizará la situación de Bolivia y el proceso vivido por Evo Morales, con intervenciones de Wilfredo Chávez, ex procurador general del Estado de Bolivia; y Orlando Ceballos, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.
– El lunes 17 será el turno de Brasil. Carol Proner, doctora en Derecho Internacional y profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro; y Juárez Tavares, doctor en Derecho Penal por esa misma casa de estudios y ex subprocurador general de Brasil, examinarán el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva y el caso “Lava Jato”.
– El martes 18 estará dedicado a la Argentina y la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Expondrán Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Carlos Beraldi, profesor de Derecho Penal de la UBA; y Silvina Romano, doctora en Ciencia Política e investigadora del CONICET.
– El miércoles 19 se revisará el caso en Perú del presidente Pedro Castillo, marcado por una destitución y encarcelamiento sin garantías suficientes. Expondrá el Dr. Zaffaroni.
– El jueves 20 se estudiarán los procesos en Ecuador contra Rafael Correa y Jorge Glas. Expondrán Ernesto Pazmiño, analista jurídico en Constitucionalismo y Democracia; y Sonia Vera, abogada especializada en litigio internacional y derechos humanos.
Se trata de una actividad libre y gratuita con la cual el IFBC busca contribuir a que magistradas y magistrados, especialistas y la ciudadanía en general puedan distinguir, denunciar y enfrentar con claridad estas prácticas, fortaleciendo así la democracia.
Para ser parte de estas jornadas solo es necesario completar el formulario de inscripción.
Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presenta informe sobre supuestas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro en Ecuador
Según el informe, el 75 % de los incidentes de violación de derechos humanos ocurridos durante el paro en 2025 se dieron en Imbabura y Pichincha.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos entregó, la mañana de este miércoles, 12 de noviembre, su primer informe sobre lo sucedido en términos de derechos humanos en los 31 días que duró el paro que vivió Ecuador y que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel.
Según Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza, el equipo que trabajó en los días de protesta registró graves violaciones de derechos humanos y el uso abusivo de la violencia estatal contra personas manifestantes, comunidades, dirigentes sociales y población urbana en varias ciudades del país.
El informe de verificación señala que de los más de 700 reportes de violaciones de derechos humanos recibidos por integrantes de la Alianza, solo 391 fueron verificados y validados por el equipo de análisis como casos en los que se configurarían violaciones de derechos.
De esos reportes, explicó Hidrobo, se habría podido identificar 206 personas detenidas, 473 personas heridas, al menos 25 graves, 16 desapariciones de corta duración y 2 personas fallecidas por uso de la violencia pública.
“Las cifras con corte a 23 de octubre (2025). Las verdaderas cifras irán saliendo poco a poco, pero sobre todo esas cifras serán dadas por las propias organizaciones indígenas que después de finalizar el paro han seguido levantando información. (…) Señalamos que estas cifras son un subregistro, porque inclusive en esas condiciones no tenemos toda la capacidad de identificar todo lo que está ocurriendo. Un subregistro porque el dolor a veces sale varias semanas después, años después se saben las historias, pero sobre todo, un subregistro porque el Estado, que debía darnos todos los días cifras de personas heridas, detenidas y fallecidas, omitió su deber de transparentar las cifras. Tampoco la Defensoría del Pueblo cumplió en este paro nacional con su rol”, sostuvo la coordinadora de la Alianza.
Otro dato que es parte del informe señala que el 75 % de los incidentes de violación de derechos humanos ocurridos durante el mes del paro en 2025, los cuales fueron conocidos por el equipo de análisis, ocurrieron en las provincias de Imbabura y Pichincha. El otro 25 % respondería a casos ocurrido en otras provincias del país. “Fue un paro nacional con mayor represión en Pichincha e Imbabura”, anotó.
Para la defensora de derechos humanos María Espinos, este paro no surgió de la nada, ni fue una manifestación espontánea que no tiene raíces o que no tiene causas. Según la integrante de la Alianza, las causas del paro de septiembre y octubre de 2025 tienen que ver con un debilitamiento muy claro de los espacios cívicos y democráticos en el país, con una concentración del autoritarismo estatal en manos del Ejecutivo, con la cooptación de la institucionalidad, en una narrativa polarizada y la cimentación en un discurso de odio, racista, un discurso que busca posicionar el terrorismo y el crimen organizado.
“Insistimos en que la respuesta estatal desde el día uno fue la respuesta violenta y de ataque sobre un derecho. Para nosotros también es importante el uso abusivo y desproporcionado del derecho penal. Finalmente, las consecuencias del paro son consecuencias que siguen más allá de que los actos de las movilizaciones hayan sido ya suspendidos. Hay un alto número, no solo de manifestantes, de dirigentes y de defensores de derechos humanos que hoy tienen causas penales en su contra por delitos como terrorismo, paralización de servicios públicos, incitación, financiamiento del terrorismo, que por supuesto son tipos penales desproporcionados respecto de las actividades que esas personas se encontraban ejerciendo, mucho más si se entiende que protestar es derecho y no delito”, refirió Espinosa. (I)
Marchas, asambleas comunitarias y consignas: así avanza la campaña por el “No” este 12 de noviembre
En Quito, la principal concentración se realizó frente a la Caja del Seguro. Decenas de personas portaron pancartas y corearon consignas en defensa de los derechos laborales y sociales.
A tres días del referéndum y la consulta popular, varias organizaciones sindicales y sociales marcharon este 12 de noviembre de 2025 en distintas ciudades del país para rechazar las preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) encabezaron las movilizaciones bajo el lema “Unidos y en la calle, defendamos nuestros derechos. Por el “No”, por el futuro del pueblo ecuatoriano”.
¿Dónde se realizó la concentración?
En Quito, la principal concentración se realizó frente a la Caja del Seguro. Decenas de personas portaron pancartas y corearon consignas en defensa de los derechos laborales y sociales. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó cierres viales progresivos en la Av. 10 de Agosto y en calles del Centro Histórico desde las 17:00.
La UNE organizó plantones simultáneos en al menos 13 provincias, entre ellas Azuay, Carchi, Guayas, Loja, Sucumbíos y Tungurahua. En un comunicado conjunto, los gremios afirmaron que su postura busca “defender las conquistas históricas del pueblo ecuatoriano” y evitar reformas que “atentan contra los derechos laborales y sociales”.
“Nos movilizamos junto a estudiantes, maestros, trabajadores y la comunidad universitaria para decirle No a Noboa en la consulta popular, por la educación, la salud y la seguridad”, señalaron las organizaciones.
¿Qué dicen los líderes de las organizaciones?
El presidente del FUT, Edwin Bedoya, insistió en el llamado a votar “No” en las cuatro preguntas de la consulta popular y el referéndum, sobre todo en la que plantea la conformación de una Asamblea Constituyente.
“El presidente Noboa no explicó al país cuál es el modelo de Estado que busca establecer con una nueva Constitución. Vemos a un mandatario titubeante, que ni siquiera conoce el sistema de seguridad social”, dijo Bedoya.
El dirigente añadió que la consulta “es un distractor frente a intereses económicos ya definidos” y denunció una “persecución judicial y política” contra los líderes sindicales.
Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, aseguró que la consulta abriría paso a la privatización del IESS, la educación y la salud. “Votar sí es entregar un cheque en blanco al poder. Después de la consulta vendrán alzas en los pasajes, el gas y las tarifas eléctricas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional”, afirmó Quishpe.
¿Qué realiza la Conaie y otros actores políticos?
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) realizó dos conversatorios con representantes políticos y sociales para analizar las posibles consecuencias de convocar a una asamblea constituyente. En paralelo, su presidente, Marlon Vargas, difundió un video en redes sociales en el que cuestionó el proceso electoral y afirmó que “estos comicios no resolverán nada”.
“La gente está cansada de vivir con miedo, de promesas incumplidas, de esperar un cambio que nunca llega. Y ahora quieren hacernos creer que esta consulta va a cambiar algo. No lo hará. No trae empleo, salud, educación ni seguridad; no enfrenta los verdaderos problemas del país. El Gobierno busca modificar la Constitución para concentrar más poder”, sostuvo Vargas.
Por su parte, el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Rafael Negrete, y el expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, realizaron asambleas comunitarias para promover el voto por el “No” en las cuatro preguntas del referéndum.
Mientras tanto, la Revolución Ciudadana (RC) centró su estrategia en redes sociales. Su presidenta, Luisa González, expuso la posición del movimiento en varias entrevistas. En el caso del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), su dirigente, Gustavo Vallejo, movilizó a su militancia en calles y plazas para expresar su rechazo a la consulta.
Para el 13 de noviembre, los sindicatos tienen previsto realizar una nueva movilización en Quito. Esta partirá desde el sur hacia el centro y norte de la ciudad, junto a la Conaie, como cierre de su campaña por el “No”.
La organización, fundada en 1981, cuenta con 589 ‘think tanks’ en 103 países que financian el odio y los bulos de la extrema derecha. El objetivo: proteger los privilegios de los dueños del capital
El pasado 10 de octubre, el Comité Noruego decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. En pleno ascenso global de las extremas derechas, uno de los galardones con mayor prestigio a nivel planetario, que teóricamente reconoce a personas que luchan por los derechos humanos y la democracia, ha recaído en una figura de referencia dentro de la monstruosa industria de la desinformación que promueve los nuevos fascismos.
Venezuela, el país de la opositora Machado, es uno de los juguetes predilectos de la internacional reaccionaria a la hora de intoxicar la conversación pública. Actores de uno y otro lado del Atlántico manosean la política venezolana para adaptarla a sus narrativas. En España, por ejemplo, fue clave en la guerra sucia contra Podemos: desde la fabricación de bulos a nivel mediático hasta la construcción de casos judiciales falsos, incluyendo la extorsión a personas relacionadas con instituciones del país latinoamericano. El papel de la flamante Nobel de la Paz en la política de injerencia de EEUU sobre Caracas conduce a uno de los mayores núcleos irradiadores de financiación, ideas y músculo de la industria de la desinformación: Atlas Network.
A la cabeza de la colonización neoliberal
Fundada en 1981 por Antony Fisher, observar la evolución de Atlas Network hasta convertirse en el gigante transnacional que es a día de hoy y entender su influencia en la ofensiva antidemocrática supone desvelar la última de las capas tras la que se ocultan quienes alimentan a los Trump, Orbán, Abascal o Ayuso. En el fondo, “la verdad”, “la patria”, “la familia” o, por antonomasia, “la libertad” que dicen defender estos personajes políticos no son más que significantes vacíos con los que los grandes dueños del capital que financian a Atlas Network justifican las barbaridades cometidas en defensa de sus crecientes privilegios.
Fisher, que había fundado en los cincuenta en Londres el Institute of Economic Affairs (IEA), fue una figura clave en la instauración en Reino Unido de la ideología neoliberal. Con la victoria de Margaret Thatcher en 1979, el neoliberalismo pasó de corriente de pensamiento económico a cosmovisión hegemónica por la vía de la imposición dogmática. “No hay alternativa”, llegaría a decir la entonces primera ministra británica. Era el tiempo del “fin de la historia”; con el capitalismo en su último estadio, emancipado ya del control estatal, se había llegado a la casilla final, y a partir de ahí solo quedaba contemplar cómo el mercado iba absorbiéndolo todo. Era lo deseable, nuestro destino como sociedad humana.
Fisher fue una figura clave en la instauración en Reino Unido de la ideología neoliberal
Atlas Network nace, en ese contexto, con un objetivo muy marcado: inocular la doctrina neoliberal no como un tipo de organización socioeconómica –entre otras igual de válidas–, sino como una racionalidad en sí misma, capaz de moldear la forma en la que las personas perciben e interpretan el mundo. Lograrlo exigía despolitizar conceptos como el libre mercado, la privatización o la desregulación, desligar su significado de ciertos intereses muy concretos y presentarlos, en cambio, como verdades irrefutables. El instrumento elegido para tal propósito fue lo que los investigadores Marie-Laure Djelic y Reza Mousavi llaman “think tank neoliberal”.
Con la ayuda de los padres del neoliberalismo, Friedrich von Hayek y Milton Friedman –fundadores de la Mont Pelerin Society, clave en el germen de Atlas Network, y cabezas visibles de las escuelas austríaca y de Chicago–, así como de Thatcher y de generosas donaciones privadas, Atlas Network –llamada en un primer momento Atlas Economic Research Foundation– echó a andar en San Francisco, con un presupuesto anual que rondaba los 150.000 dólares para actuar como impulsor de think tanks neoliberales en todo el mundo. La llegada de Ronald Reagan al gobierno en enero de aquel 1981, así como la participación de enormes fundaciones ultraconservadoras estadounidenses como Heritage en la puesta en marcha de Atlas, hacían de EEUU el lugar perfecto para su establecimiento. Al fin y al cabo, se trata de la cuna del imperialismo capitalista. En 2023, y según el reporte anual de la propia organización, Atlas Network contaba ya con un presupuesto de 28 millones de dólares y su red de think tanks sumaba 589 entidades en 103 países diferentes.
Los métodos utilizados por estas instituciones de adoctrinamiento van desde la organización de eventos, en los que la red se refuerza y expande, hasta la creación de centros educativos para inocular la ideología ultraliberal a las generaciones más jóvenes, pasando por estrategias más heterodoxas como la formación de los Cuerpos Internacionales de la Libertad de Atlas en 2003, cuya tarea consiste en rastrear el mundo en busca de candidatos a líderes de laboratorios de ideas. Simplificando, el objetivo siempre ha sido verter doctrina neoliberal desde el máximo número de lugares posibles, haciéndola pasar por expertise independiente o incluso por hipótesis de aspecto científico, gracias a los esfuerzos depositados en el ámbito académico.
Atlas Network – EEUU, dupla golpista
Los orígenes políticos de la mencionada María Corina Machado son perfectos para entender la dinámica de retroalimentación entre Atlas Network y los EEUU, y cómo impactan los tentáculos de la red de think tanks en aquellos lugares que pretenden salir del radio de acción imperialista estadounidense.
La década de los 2000 comenzó en Venezuela con la reelección de Hugo Chávez. En su itinerario político, de corte socialista, destacaba la intención de terminar con la fuga de capitales que, procedentes de la vasta riqueza del territorio nacional, beneficiaban más a corporaciones privadas extranjeras que a la propia sociedad venezolana. Una de las empresas con mayor presencia en este sangrado colonial era la petrolera Exxon, radicada en EEUU y con un papel destacado en la financiación de Atlas Network.
Es ahí donde la rueda empieza a girar.
El Gobierno de Chávez pretendía no solo reducir los beneficios de uno de los financiadores de Atlas, sino impugnar con sus acciones el consenso neoliberal. Para la operación de desestabilización, la red contaba con Cedice, un think tank venezolano enlistado en las filas de Atlas Network. Bien regado de financiación estadounidense a través del Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), Cedice encabezó iniciativas de todo tipo en oposición a Chávez, e incluso Rocío Guijarro, su presidenta, firmó el decreto con el que pretendía consolidarse el golpe de Estado de abril de 2002. El nombre de María Corina Machado aparece entre los asistentes a la juramentación de la junta de gobierno del 12 de abril de 2002, fruto del golpe. Acudió en calidad de miembro de Cedice, pero pronto empezaría a destacar por sí misma.
Documento de asistentes a la juramentación de la junta de gobierno celebrada tras el golpe de Estado contra Chávez de 2002. Al final se puede ver la firma de María Corina Machado.
En julio de ese mismo año fundó la asociación civil Súmate, cuya actividad antichavista obtuvo desde el principio el respaldo estadounidense, también a través de la NED. Un documento de la propia agencia demuestra que Súmate recibió al menos 53.400 dólares directamente de la NED en el año 2003.
Lista de organizaciones que recibieron financiación de la NED para el año 2003, en la que se encuentra Súmate.
Desde ese momento, Machado es una figura importante dentro del descomunal entramado de Atlas Network. Su nombre aparece en prácticamente cualquier campaña de desinformación destinada a desestabilizar la situación política en Venezuela: a cambio, Atlas la ha promocionado con fervor en sus eventos y publicaciones. La relación es explícita e innegable: en 2014, Machado agradeció directamente a Atlas Network su “apoyo e inspiración”; más recientemente, el 10 de octubre de 2025, la cuenta oficial de Atlas Network en X celebró el fallo del Nobel de la Paz y destacó la “larga relación profesional con Machado, que dio un discurso en la Freedom Dinner anual de la organización en 2009”.
Atlas Network en la industria de la desinformación
Desde el principio, la desinformación ha jugado un papel central en la actividad de Atlas Network. Para una organización tan íntimamente relacionada con las grandes corporaciones de combustibles fósiles, las décadas de los ochenta y noventa fueron un período convulso, dada la consolidación del movimiento ecologista. Además de Exxon, el imperio empresarial de los hermanos Koch –la segunda familia más rica de EEUU y otro de los financiadores más cercanos a Atlas Network– contaba con enormes inversiones en proyectos que estaban siendo cuestionados por su impacto ambiental. Y no eran las únicas corporaciones que alimentaban las cuentas de la red de think tanks.
Desde el principio, la desinformación ha jugado un papel central en la actividad de Atlas Network
Contaba con apenas unos años en funcionamiento, pero Atlas Network logró en aquel momento establecerse como núcleo de un conjunto de organizaciones dedicadas a expandir el negacionismo climático por todo el mundo. El medio de investigación DeSmogcalifica este entramado como un “complejo industrial anticiencia”. Atlas Network estaba poniendo en pie una suerte de protoindustria de la desinformación.
Es posible encontrar casos de mentiras difundidas a nivel planetario años antes de que existiesen plataformas como Twitter, con la red Atlas involucrada. Seguramente el más paradigmático es el de las armas de destrucción masiva en Irak. Durante la comisión de investigación sobre el 11-S, una de las personas que lanzó la teoría que relacionaba dicho atentado con Irak fue Laurie Mylroie, perteneciente al think tank AEI de Atlas Network. A partir de ahí, numerosos miembros de AEI como Lynne Cheney, John Bolton o Michael Ledeen se sumaron a una campaña de desinformación que recorrería el mundo y terminaría resultando en la invasión de Irak. George Bush llegó a declarar: “Admiro mucho al AEI (…) Después de todo, con frecuencia me han prestado a su mejor gente”.
La revolución que supusieron las redes sociales no hizo más que ofrecer una infinidad de posibilidades nuevas, y abundan los ejemplos contemporáneos que muestran cómo Atlas Network ha integrado en sus actividades antidemocráticas el potencial de las nuevas tecnologías de la comunicación. En noviembre de 2021, apenas unos días antes de las elecciones generales en Nicaragua, las tres redes con mayor impacto en la opinión pública –Instagram, Facebook y Twitter– suspendieron cientos de cuentas de medios de comunicación, periodistas y activistas destacados de la izquierda sandinista. La explicación –al menos para Instagram y Facebook– se expuso en un informe de la empresa matriz Meta encabezado por Ben Nimmo, en el que se acusaba sin pruebas a esos perfiles de ser falsos. Igual que María Corina Machado y prácticamente cualquier líder de estas campañas de guerra sucia, Nimmo aúna en su figura la influencia de la Administración de los EEUU y de Atlas Network. Fue jefe de investigaciones en Graphika, iniciativa financiada por el Departamento de Defensa estadounidense, y forma parte de Atlantic Council, think tank neoliberal que, solo entre los años 2022 y 2023, donó 537.750 dólares a Atlas Network.
En la Unión Europea, la influencia de Atlas Network es también descomunal. Una investigación del Observatoire des multinationales ilustra hasta qué punto se ha infiltrado este enjambre de organizaciones en los lugares desde los que se diseñan las políticas públicas que rigen el mundo. ECIPE, uno de los más de medio millar de think tanks que conforman el entramado, actúa en Europa como instrumento de perpetuación del orden neoliberal, criticando con dureza cualquier iniciativa que impugne mínimamente la desregulación en favor de valores como la igualdad o la redistribución. A pesar de su marcado sesgo ideológico, Politico, medio de referencia en la esfera de toma de decisiones de la UE, se hace eco habitualmente de sus narrativas, presentándolas como procedentes de una fuente “independiente”. Más grave aún es que el propio Parlamento Europeo considere que las corrientes de opinión surgidas de ECIPE son “expertise independiente”, como afirma el mismo artículo.
Epicenter, otra de las organizaciones de Atlas en Europa, publica un ránking de lo que denomina “Estados niñera” destinado a denunciar restricciones de las libertades de la ciudadanía. En esta clasificación se penalizan las regulaciones sobre el alcohol o el tabaco, un criterio que deja bien claro lo que estos think tanks entienden por “libertad”: la posibilidad de extraer beneficios económicos sin límites, incluso cuando está en riesgo la salud pública. De nuevo, se trata del entramado Atlas Network desinformando al servicio de los dueños del gran capital, que se niegan a renunciar a una ínfima parte de sus privilegios en pos de un mundo menos desigual. Lo demuestra un dato: Phillip Morris, la mayor corporación de tabaco del mundo, está ligada a Atlas desde los primeros pasos de la red; René Scull, exvicepresidente de la empresa, estuvo en el consejo de Atlas Network, y hay documentada una donación de casi medio millón de dólares por parte de Philip Morris en 1995.
En 2023, Epicenter se jactó de haber alcanzado a 250 millones de personas gracias a que sus informaciones fueron mencionadas más de 300 veces en medios de comunicación europeos.
Epicenter se jactó de haber alcanzado a 250 millones de personas
En resumidas cuentas, Atlas Network tiene hoy la capacidad de imponer prácticamente cualquier narrativa en la agenda política, e incluso de dar forma a ese terreno intangible pero moldeable en el que se disputa el grueso de la batalla cultural conocido como “sentido común”.
La sombra de Atlas Network en España
En el Estado español es Vox quien mejor encarna la ofensiva reaccionaria que las élites neoliberales han puesto en marcha como mecanismo defensivo ante el resquebrajamiento del sistema capitalista, y a estas alturas no debería sorprender a nadie encontrar la huella de Atlas Network en el camino del partido ultra. Las conexiones se pueden hallar incluso antes de su entrada oficial en el panorama político.
El germen de Vox se fraguó en la Fundación DENAES, creada y presidida por Santiago Abascal –donde compartía espacio con Javier Ortega-Smith o Iván Espinosa de los Monteros– hasta 2014. Durante aquellos años, Esperanza Aguirre mantuvo al hoy líder de Vox generosamente regado de financiación; por ejemplo, la Comunidad de Madrid le otorgó casi 300.000€ entre 2008 y 2012. Aquí, el vínculo con Atlas es doble: Aguirre formó parte del patronato de FAES, además de tener relación con la Fundación Civismo, ambas pertenecientes a la red de think tanks de Atlas Network.
FAES, fundada por un José María Aznar íntimamente ligado con la red Atlas, contribuyó enormemente al lanzamiento de Vox. De entre sus filas salió quien llegaría a presidir Vox en sus primeros pasos, Alejo Vidal-Quadras. También de FAES procedía Rafael Bardají, responsable del exitoso giro de Vox en los últimos años hacia las estrategias desinformadoras diseñadas por Steve Bannon que hoy han “llenado de mierda” el ámbito político español. Una de las principales armas del partido es la Fundación Disenso, creada en 2020 y dirigida por Jorge Martín Frías, vinculado a la propia FAES y fundador de la Red Floridablanca, incluida en la lista de think tanks de Atlas Network. Y hay más: en Disenso trabajó también, como responsable de Relaciones Internacionales, el director de la antes mencionada Fundación Civismo, Juan Ángel Soto.
La puesta en marcha –con Disenso como organización pantalla– del portal La Gaceta de la Iberosfera, fuente constante de bulos y discursos de odio, sitúa la estrategia de Vox muy en línea con la dinámica de Atlas Network en todo el mundo.
Del binomio Vox-Disenso surge también el Foro Madrid, una cumbre internacional de las extremas derechas cuyo documento fundacional, la Carta de Madrid, atestigua con una claridad escalofriante la existencia de una red organizada que conforma el núcleo de la ofensiva fascista. Entre sus firmas se encuentra la de Alejandro Chafuen, exCEO y expresidente de Atlas Network; Roger Noriega, enlace del gobierno de EEUU con la industria de la desinformación; y golpistas profesionales como María Corina Machado o el boliviano Arturo Murillo.
Para dar una idea más concreta de la capacidad de influencia de Atlas Network en la población española, basta con observar la relación entre el Instituto Atlántico de Gobierno, otra organización fundada por Aznar y perteneciente a la red Atlas, y la Universidad Francisco de Vitoria, propiedad de los Legionarios de Cristo. El convenio de colaboración que las une ejemplifica el éxito de la iniciativa puesta en marcha por Antony Fisher allá por 1981: más de 20.000 jóvenes –según datos de la propia Universidad– serán expuestos durante este curso a la doctrina neoliberal revestida de conocimiento académico. Comunicadores como Vicente Vallés, peón de la industria de la desinformación y presentador del informativo más visto en España, suelen ser invitados por el Instituto Atlántico a visitar al alumnado de la universidad ligada al fundador mexicano de los Legionarios, el pederasta en serie Marcial Maciel.
El informe TALIS 2024, elaborado por la OCDE, analiza los riesgos y oportunidades de esta tecnología en las aulas a partir de la opinión y la experiencia de docentes y equipos directivos.
Por: Lucía García López
¿Qué riesgos y oportunidades conlleva la inteligencia artificial en el aula? La rápida irrupción de esta tecnología entre los estudiantes ha hecho que muchos expertos se hagan esta pregunta. Y la Encuesta Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS 2024, por sus siglas en inglés), elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), da una respuesta basada en la opinión y experiencia de docentes y directores de colegios de todo el mundo, que han puntuado y valorado aspectos de la docencia y pedagogía en sus centros.
Así, el informe TALIS 2024 recoge cinco posibles beneficios de la IA en el aula “siempre que se integre de forma ética y pedagógicamente adecuada”, como son la mejora de los planes de clase, adaptación de materiales a los distintos niveles, apoyo al alumnado de forma personalizada, recursos para alumnos con necesidades especiales y automatización de tareas administrativas.
Como complemento a esta investigación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha publicado, a su vez, un análisis específico a partir del estudio TALIS, que se centra específicamente en los 1.013 centros educativos españoles participantes. Teniendo en cuenta sus respuestas, se observa que un 28% del profesorado de Primaria y un 35% en Secundaria utilizan la IA como ayuda para preparar sus clases, pero no se fían del uso que dan los estudiantes a esta tecnología. A un 75% del profesorado le preocupa el plagio, un 68% la información errónea que facilita la IA y un 52% observa el posible sesgo y manipulación del alumnado.
Sin embargo, ninguna pregunta profundiza sobre los criterios éticos en el uso de la IA y su implicación en la dignidad humana, que para Triodos Bank son aspectos clave en la educación. “Al preguntar por los riesgos, TALIS cae de nuevo en los lugares comunes y lo obvio: el riesgo al plagio y la copia, o los riesgos derivados de los sesgos de la IA y la privacidad de los datos. Se ignoran otros potenciales riesgos importantes que pueden afectar a los estudiantes”, reflexiona en su blog Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta y coautor, junto a Tíscar Lara, del libro ‘IA y Educación: Una relación con costuras’. En su análisis del Informe TALIS, Magro plantea la posibilidad de que la IA implique una dependencia tecnológica, que lleve a la pereza cognitiva, reduzca la profundidad, calidad y perdurabilidad de los aprendizajes o que incluso debilite habilidades clave como el pensamiento crítico y el bienestar emocional en etapas sensibles como la adolescencia.
Por eso, para muchos expertos la IA como herramienta de estudio no debería limitarse a decidir cuándo y cómo puede utilizarla el alumnado, sino asumir que la IA ya es usada habitualmente. Aportar las herramientas necesarias para detectar errores, desinformación, limitaciones de los patrones de aprendizaje y sesgos sobre derechos fundamentales y bienestar social son algunos de los retos que tendrán que afrontar los docentes.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
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