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Haití: Niños y niñas soldado. ¿dónde queda la infancia en un conflicto armado?

Por Ana Sánchez Moncayo, activista del Equipo de Infancia de Amnistía Internacional España

A pesar de los compromisos y esfuerzos de los gobiernos a la hora de proteger a los niños y niñas en conflictos armados, el reclutamiento de estos como soldados por las fuerzas y grupos armados sigue representando un problema enorme.

Lejos queda el cumplimiento de la meta número 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobada en el año 2015 por Naciones Unidas que alienta a la comunidad internacional a “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

Por eso, como cada 12 de febrero, Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado –también conocido como el Día de las Manos Rojas– se quiere poner el foco en cómo la infancia se ha convertido en un objetivo de primera línea en los conflictos armados de todo el mundo y por qué las guerras afectan directamente a los niños y niñas, convirtiéndose en sus primeras víctimas.

Según el informe del Representante Especial del Secretario General sobre niños y los conflictos armados, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 2023 la violencia contra la infancia en los conflictos armados alcanzó niveles extremos, tras registrarse un impactante aumento del 21% en las violaciones graves, alcanzando el máximo nivel desde que Naciones Unidas comenzara sus registros. Factores como el género, la edad, la etnia, la raza y la discapacidad fueron factores determinantes en la vulnerabilidad de los derechos de los niños y niñas, afectando a un total de 22.557 niños y niñas, siendo los varones los que más frecuentemente fueron objeto de reclutamiento y utilización, asesinato y mutilación, y secuestro; mientras que las niñas sufrieron una incidencia desproporcionadamente mayor de la violencia sexual.

Los datos más recientes ofrecen un panorama desolador, pues en los últimos 30 años, casi se ha duplicado la proporción de niños y niñas que viven en zonas de conflicto en todo el mundo; al mismo tiempo, que ha aumentado de forma drástica en estas últimas décadas el número de niños y niñas que viven cerca de un conflicto.

A pesar de que resulta difícil conocer la cifra exacta de niños y niñas soldado que hay en el mundo, cada día cientos de miles de niños y niñas participan en conflictos armados, siendo las regiones más afectadas Oriente Medio y especialmente África, pues es en este último continente el que presenta mayor número de niños y niñas que se ven afectadas de forma directa por los conflictos.

La silueta de perfil de una niña soldado

Muchas niñas vinculadas a fuerzas o grupos armados sufren habitualmente violencia sexual. © UNICEF/NYHQ2012-0883/Sokol

Proliferación de grupos armados en la República Democrática del Congo

Si no se hace nada, lo peor todavía puede estar por venir para la población de esa zona de la República Democrática del Congo, y también para la que se encuentra más allá de las fronteras”, advirtió Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó una gran preocupación por la escalada de violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ya que “nunca había sido tan alto”. Condenó todas las violaciones y abusos cometidos y alertó del riesgo de que el conflicto se extienda a las naciones vecinas.

Desde principios de este año, el grupo armado M23, apoyado por Rwanda, ha intensificado su ofensiva en las provincias del este del país, Kivu del Norte y Kivu del Sur, ricas en minerales y caracterizadas durante décadas por la inestabilidad provocada por una proliferación de grupos armados que han desplazado a cientos de miles de personas.

En este contexto, la representante especial y jefa de la misión de paz de la ONU en el país –Bintou Keita– denunció el reclutamiento forzado de los niños y niñas, así como el peligro de ciertos grupos que se han convertido en objetivo. Agregó que el personal de la ONU está verificando múltiples denuncias de violación en grupo y esclavitud sexual en las zonas de conflicto del este de la República Democrática del Congo. Pero no solo se condena este tipo de abusos, sino también los secuestros, las desapariciones forzadas, los trabajos forzados, los ataques selectivos y el bombardeo de lugares de desplazados, hospitales y escuelas.

Los jóvenes son reclutados por la fuerza y los defensores de derechos humanos, activistas de la sociedad civil y periodistas se han convertido en una población en riesgo”,declaró Bintou Keita.

Las guerras de Sudán y Sudán del Sur: alistamiento de niños y niñas como medio de supervivencia

Dos niños soldados de espaldas

Niños reclutados por fuerzas o grupos armados. © UNICEF/UN0202141/Rich

El reclutamiento de niños y niñas soldado se está acelerando también en las guerras de Sudán y Sudán del Sur.

El conflicto en Sudán comenzó en la capital de Jartum el 15 de abril de 2023, y se ha transformado con el tiempo en un importante campo de batalla desde que comenzó la guerra civil entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) – una fuerza paramilitar independiente-, sin embargo, el conflicto no tardó en extenderse rápidamente por todo el país a zonas como Darfur, Kordofán del Norte y el estado de Gezira.

Sin duda, una de las naciones más castigadas de todo el continente africano es Sudan del Sur, no solo por los conflictos armados sino también por los grandes contrastes climáticos al estar ubicada en pleno centro del África Subsahariana. Ahí se está dando uno de los conflictos más largos de todo el África ya que ha vivido más de 12 años de guerra civil desde que se independizara en el año 2011.

En ambos conflictos, el reclutamiento de niños y niñas se está generalizando y convirtiendo en algo sistemático. El deterioro de la situación humanitaria y la falta de acceso a alimentos y otros servicios básicos convierten a los niños y niñas – especialmente a los no acompañados y separados de sus familias en las calles- en objetivos fáciles para el reclutamiento por parte de los grupos armados, quienes los utilizan especialmente en funciones de combate, así como para hacer funciones de apoyo como porteadores, cocineros u operadores de radio.

Algunos de los niños y niñas reclutados pertenecen asimismo a las tribus de las que proceden la mayoría de los soldados de las FAR y son reclutados a partir de los 14 años, en ocasiones a través de sus familias o bien para vengar a familiares muertos. También existen casos en los que se alista a niños y niñas que han sido detenidos de forma arbitraria o desaparecidos a la fuerza, pues el reclutamiento y uso de niños y niñas soldado también está siendo empleado por las partes gubernamentales con fines propagandísticos.

Sin embargo, son muchos de estos niños y niñas que se alistan al ver en los grupos armados un medio de supervivencia para poder cubrir sus necesidades más básicas.

Haití: el conflicto olvidado

Haití

En Haití, el reclutamiento de niños y niñas por grupos armados ha aumentado un 70%. © Siffroy Clarens/SIPA

Desde que asesinaron al presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021, la violencia de las bandas criminales no ha dejado de aumentar, hasta alcanzar cotas sin precedentes en 2024. Ahora las bandas criminales controlan la mayor parte de la capital (Puerto Príncipe), lo que ha provocado una crisis humanitaria de gran alcance y ha llevado al Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar una misión multinacional de apoyo a la seguridad.

Amnistía Internacional ha documentado el impacto de la violencia de las bandas criminales sobre la población infantil mediante una investigación desarrollada entre mayo y octubre de 2024, incluida una investigación sobre el terreno llevada a cabo en Puerto Príncipe en septiembre. Las experiencias de de los niños y niñas entrevistadas durante la investigación, cuyos nombres e identidades no se dan a conocer por motivos de seguridad y privacidad, reflejan las de muchos niños, niñas y adolescentes que viven inmersos en el caos que provocan las bandas criminales.

En Haití se ha disparado en un 70% el número de niños y niñas reclutados por grupos armados y la violencia sexual contra ellos en un 1.000% en el plazo de un año.

Según las últimas estimaciones de UNICEF, los grupos armados controlan ahora el 85% de Puerto Príncipe –siendo hasta la mitad de los miembros de estos grupos niños, niñas y adolescentes– y 1,2 millones de niños y niñas viven expuestos a numerosas amenazas, entre ellas a la violencia armada.

En Haití, los niños y las niñas quedan atrapados en un círculo vicioso al ser reclutados por los mismos grupos armados que alimentan su desesperación, pues el incremento de los casos de reclutamiento se ve fomentado no solo por la creciente violencia sino también por la pobreza generalizada, la falta de acceso a la educación, el colapso casi total de las infraestructuras y los servicios sociales. Como en Sudán y en Sudán del Sur, a menudo los niños y niñas se ven obligados a alistarse en estos grupos como medio para sostener a sus familias o cuando su seguridad se ve amenazada. Muchos de ellos también se alistan tras haber sido separados de sus cuidadores, como una manera de sobrevivir y estar protegidos.

Las agresiones sexuales y las violaciones se han generalizado y el número de niñas y niños expuestos a la violencia sexual se ha multiplicado por diez en este último año. El aumento de la violencia sexual en el país no representa solo un ataque para los niños y niñas, sino que, además, el dolor se extiende a las familias, pues destroza las comunidades y deja cicatrices en la sociedad en su conjunto.

Amnistía Internacional ha documentado los casos de 18 niñas que fueron violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual por miembros de bandas criminales. Algunas de ellas fueron atacadas más de una vez. En 10 casos, las niñas fueron sometidas a violación colectiva y, en 9 casos, secuestradas. El derecho internacional exige a los Estados que protejan a los menores frente a la explotación y los abusos sexuales, incluida la prostitución.

Entretanto, los niños y las niñas que viven en las zonas no controladas por los grupos armados –cada vez más escasas– suelen ser vistos con recelo y corren el riesgo de ser considerados espías o incluso ser asesinados por movimientos de autodefensa. Si huyen o se niegan a participar en actos de violencia, sus vidas y su seguridad se ven inmediatamente amenazadas.

Demasiados niños y niñas en Haití están viendo su vida destrozada, y no tienen donde acudir para obtener protección o justicia. Sufren persecución y, en ocasiones, homicidio a manos de grupos de autodefensa, mientras las autoridades los detienen arbitrariamente. Les están robando la infancia”, afirma Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Los parques, las escuelas y los hogares se han convertido en campos de batalla, obligando a muchas familias a huir, con más de 500.000 niños, niñas y adolescentes desplazados. Asimismo, se calcula que tres millones necesitarán ayuda humanitaria urgente este año.

La situación en Haití es crítica tras el aumento de los abusos y el reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos armados, por lo que asombra la escasa cobertura que han recibido estas espantosas estadísticas.

Los niños y las niñas asociados con bandas criminales son ante todo víctimas. Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional, incluidos los donantes, que trabaje con las autoridades y la sociedad civil de Haití para diseñar una hoja de ruta encaminada a introducir cambios que traigan consigo soluciones duraderas basadas en los derechos humanos, y a prevenir ciclos futuros de violencia. Los programas para desmovilizar y reintegrar de forma efectiva a los niños y niñas asociados a bandas criminales, y a proporcionar asistencia médica y jurídica completa a quienes sobreviven a la violencia sexual, son una prioridad.

Los niños y niñas tanto de Haití, como del resto de países en situación de conflicto armado son los más afectados por una serie de crisis que ellos no han creado. Por eso se insta a todas las partes involucradas a que cesen inmediatamente las hostilidades y pongan fin a las violaciones de los derechos de los niños y niñas, incluido el reclutamiento por parte de grupos armados y todas las formas de violencia sexual. También que adopten de inmediato medidas de prevención y mitigación para evitar y minimizar los daños y proteger mejor a los niños y niñas, así como a proteger las infraestructuras civiles, especialmente las escuelas y hospitales, y a que faciliten el acceso seguro de la ayuda humanitaria para garantizar su asistencia vital.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/ninos-y-ninas-soldado-donde-queda-la-infancia-en-un-conflicto-armado/

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Argentina: CTERA realizará un nuevo paro docente el próximo jueves 13 de marzo. «En defensa de la educación pública»

La Confederación De Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizará un nuevo paro docente el próximo jueves 13 de marzo «en defensa de la educación pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación». Luego del congreso extraordinario llevado a cabo a fines de febrero, la gremial docente resolvió convocar a una «jornada nacional de lucha» para volver a reclamar un con aumento salarial y preservar los citados derechos.

«Ante el grave ajuste que atraviesa la dducación pública, las trabajadoras y los trabajadores de la educación, el congreso de CTERA ha decidido impulsar acciones en todo el país para exigir la urgente convocatoria a la paritaria nacional docente, la ley de financiamiento educativo, la restitución y actualización del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y conectividad», anunciaron a través de un comunicado.

Asimismo, solicitaron modificar el piso salarial «acorde al contexto actual» para que ningún docente del país «esté debajo de la línea de la pobreza», mientras que, en la misma línea, exigen «mayor presupuesto educativo nacional» para garantizar escuelas «en condiciones dignas para enseñar y aprender» en todo el país.

Por otra parte, reclaman un aumento de las becas PROGRESAR y en las partidas «para el refuerzo nutricional de almuerzo y copa de leche» que los estudiantes consumen durante su jornada escolar.

Desde CTERA, sostienen que este paro es «en defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto», como también «de las obras sociales sindicales y provinciales». «No a la criminalización de la protesta social», exigieron.

Para finalizar, informaron que la jornada de lucha, «incluirá movilizaciones, actos, radios abiertas y otras acciones en todo el país». «Ratificamos la decisión de la CTA Nacional, de avanzar en el marco de la más amplia unidad de todo el movimiento obrero, de las centrales sindicales y movimientos sociales, en la convocatoria de una jornada nacional de lucha con paro y marcha federal», concluyeron.

https://www.pagina12.com.ar/808362-ctera-realizara-un-nuevo-paro-docente-el-proximo-jueves-13-d

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Venezuela: «Urge un aumento salarial en los trabajadores de la educación»

Pabón dice que el sector obrero de la educación está en «quiebra»

«Señor ministro, se le olvidó lo más importante, que es el trato que se le debe dar de dignificación a la clase magisterial, a los trabajadores de la educación, al personal obrero, al personal administrativo», afirmó Julio Pabón, primer vicepresidente de COPEI Táchira, en rueda de prensa, donde manifestó la necesidad que tienen los trabajadores de la educación de un aumento de sueldo.

Dijo que el monto que reciben hasta ahora (11 dólares aproximadamente) no cubre el costo de la canasta básica, que oscila entre los 539 dólares.

«Tenemos una necesidad imperiosa del aumento salarial de los trabajadores de la educación. Hoy vemos como cada día los educadores no tienen, no les alcanza el salario para ir a trabajar, para ir a cumplir su horario. Una vez que sucedió la pandemia, se estableció un horario mosaico, el cual fue aprovechado por los docentes y los trabajadores de la educación para ir a buscar otro tipo de trabajo, para ir a buscar cómo superar esa necesidad que el Ministerio de Educación no le da cuando le cancela el salario», resaltó Pabón.

Pidió al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, atender este tema que está afectando la calidad de vida de los docentes y que a largo plazo afectará la educación en Venezuela, ya que puede ocurrir que nadie quiera ocupar estos puestos laborales.

«Hoy también aprovechamos esta oportunidad para respaldar el manifiesto que sacó la Federación de Maestros de Venezuela, donde anuncian que ya van para tres años sin discusión de contrato colectivo. Tres años que el Ministerio de Educación no discute con estos sindicatos ni con estas federaciones lo que tienen que ver las contrataciones colectivas», sostuvo el dirigente de COPEI Táchira.

Explicó que a pesar de que se asigne 11 dólares de salario promedio más los 90 dólares del «Bono de guerra», más los 40 dólares del cesta ticket, todo llega a 141 dólares, y la canasta básica pasa los 500 dólares.

«Queremos preguntarle, señor ministro, si hoy en Venezuela con 11 dólares usted comería, usted llevaría educación a sus hijos, usted haría vivienda, usted haría vestido, usted daría salud a su familia», puntualizó. /Maryory Bustamante

«Urge un aumento salarial en los trabajadores de la educación»

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Senado de EEUU confirmó a Linda McMahon para encabezar el Departamento de Educación

El Senado votó el lunes para confirmar a la exejecutiva de lucha libre Linda McMahon al frente de la educación de Estados Unidos, un departamento que el presidente Donald Trump ha prometido desmantelar.

McMahon enfrentará la tarea de cerrar el Departamento de Educación y a la vez incrementar las labores para implementar la agenda de Trump. Ya el presidente republicano ha firmado órdenes amplias para eliminar los programas de defensa de la diversidad y las adaptaciones para estudiantes transgénero en las escuelas de Estados Unidos, y también ha solicitado la expansión de los programas para elegir escuela.

Al mismo tiempo, Trump ha prometido cerrar el departamento y ha dicho que quiere que McMahon “haga lo necesario para quedarse sin trabajo”.

El Senado votó para confirmar a McMahon con 51 votos a favor y 45 en contra.

McMahon, una multimillonaria de 76 años y exdirectora general de la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), es una selección poco convencional para el cargo. Pasó un año en la junta estatal de educación de Connecticut y desde hace tiempo es fideicomisaria en la Universidad del Sagrado Corazón, pero por lo demás tiene poca experiencia en liderazgo educativo tradicional.

Los partidarios de McMahon la consideran una ejecutiva hábil que reformará un departamento que los republicanos dicen ha fracasado en mejorar la educación en Estados Unidos. Los opositores argumentan que no está calificada para el cargo, y temen que sus recortes presupuestarios repercutan sobre los estudiantes de todo el país.

Lea más en The Associated Press

Senado de EEUU confirmó a Linda McMahon para encabezar el Departamento de Educación

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El matrimonio infantil impide la educación de las niñas en el noroeste rural de Nigeria: “Cuando supe que mis padres planeaban casarme, me escapé de casa”

Esta práctica sigue siendo un problema grave en el país, especialmente en el Estado de Kano, impulsada por una mezcla de tradición, pobreza y falta de formación. Para los expertos, asistir a la escuela es clave a la hora de romper el ciclo.

Aisha Ahmadu era una niña brillante y ambiciosa que crecía en la comunidad de Zogarawa, en el Estado de Kano, ubicado al noroeste de Nigeria. Era una de las mejores alumnas de primaria de su comunidad. Aunque sus padres nunca fueron a la escuela, ella soñaba con ser médico para salvar vidas. Recuerda a menudo la alegría de ganar los concursos escolares locales y lo mucho que deseaba estudiar ciencias en el instituto. Pero cuando cumplió 17 años, pocos días después de celebrar su graduación en la escuela de primaria como la mejor de su clase, su mundo dio un vuelco. Su padre le dijo que se preparara para una pequeña ceremonia porque un pretendiente había venido a pedir su mano. Abrumada, Ahmadu se fue llorando a su habitación.

“Antes de que mi padre me dijera que me casaba, había planeado presentarme al examen de acceso a la escuela secundaria, y él había prometido apoyarme”, cuenta. “Pero aquel día, apenas unas horas después de mi cumpleaños, me casó con el hijo de su amigo”. Ahora es madre a los 21 años, y dice que el dolor de ver cómo se esfumaba su sueño de recibir una educación ha hecho mella en su salud mental.

“Estoy triste cuando me veo en casa, sin hacer nada más que cuidar de mis dos hijos”, dice. “Ahora mismo no puedo hacer otra cosa porque mi marido no apoya que vuelva a estudiar. Pero estoy decidida a que, cuando mis hijos crezcan, reciban la educación que yo no pude tener”, añade.

El matrimonio infantil sigue siendo un problema grave en el norte de Nigeria, especialmente en el Estado de Kano, impulsado por una mezcla de tradición, pobreza y falta de formación. Creencias muy arraigadas empujan a menudo a las familias a casar a sus hijas cuando son jóvenes, ya sea para preservar el honor de la familia o para conservar tradiciones culturales. “Algunas familias creen que casar a sus hijas a una edad temprana es la mejor manera de garantizar su futuro y proteger su reputación”, afirma Oluwatumininu Adedeji, experta en protección a la infancia y directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo Sostenible Balm in Gilead (BIGIF, por sus siglas en inglés).

La pobreza también desempeña un papel importante. Muchas familias ven en el matrimonio una forma de reducir su carga financiera. “Cuando tienes dificultades para llegar a fin de mes, casar a tu hija parece una forma de tener una boca menos que alimentar”, explica Adedeji. Esta presión económica hace más difícil evitar los matrimonios precoces y que las niñas permanezcan en la escuela. Según la organización Girls not Brides, entre las familias más pobres de Nigeria, el 58% de las niñas se casa antes de cumplir los 18 años, mientras que únicamente el 4% de las niñas de familias más ricas corren la misma suerte. Alrededor del 71% de las mujeres sin educación formal se casaron antes de los 18 años, frente al 13% de las que completaron estudios superiores. Para muchas de estas niñas, seguir estudiando resulta casi imposible, por lo que no les queda más remedio que depender de sus maridos.

Cada año, según Unicef, 12 millones de niñas se casan en el mundo. Nigeria, como país más poblado de África, soporta la carga del mayor número de niñas casadas. Según datos de 2023 de la agencia de la ONU para la infancia, 24,38 millones de niñas y mujeres del país se casaron por primera vez o vivieron en pareja antes de los 18 años.

Cuando las niñas van a la escuela, adquieren conocimientos, confianza y opciones para su futuro. Esto es lo que puede romper el ciclo del matrimonio precoz

Oluwatumininu Adedeji, experta en protección a la infancia

En el norte de Nigeria, de acuerdo con Save the Children, el 48% de las niñas se casan antes de los 15 años y el 78% antes de los 18 años. Como consecuencia, millones de ellas acaban abandonando la escuela. Según el último informe de la organización Equality Now publicado en mayo de 2024, en 35 de los 36 Estados de Nigeria está prohibido el matrimonio infantil. Un delito que se castiga con penas de hasta cinco años de cárcel. De Kano es también Farida Salaudeen, una mujer que de pequeña soñaba con ser química. Su andadura comenzó en una pequeña escuela primaria de la comunidad de Kanwa, en la localidad de Warawa. Pero hace unos años, cuando estaba a punto de empezar cuarto de primaria, su familia puso fin bruscamente a sus estudios y la casó con 15 años.

Retrato de Farida Salahudeen en el Estado de Kano, noroeste de Nigeria, el 1 de octubre de 2024.
Retrato de Farida Salahudeen en el Estado de Kano, noroeste de Nigeria, el 1 de octubre de 2024.ABDULWAHEED SOFIULLAHI

“Cuando supe que mis padres planeaban casarme, me escapé de casa. Me buscaron durante días”, cuenta Salaudeen a EL PAÍS. “Cuando por fin me encontraron, mi madre me dijo que la escuela no era buena para mí y que podía afectar a mis creencias religiosas. No tuve más remedio que aceptar”. Los sueños de esta mujer, que ahora tiene 22 años, siguen sin cumplirse, ya que tiene que quedarse en casa cuidando de sus hijos y encargándose de las tareas domésticas.

Los expertos subrayan que el matrimonio infantil precoz interrumpe la educación y hace que los niños abandonen la escuela cuando deberían estar aprendiendo. De acuerdo con datos de Unicef de abril de 2024, un total de 18,3 millones de niños en Nigeria (10,2 millones en edad de asistir a la escuela primaria y otros 8,1 millones en edad de asistir a la escuela secundaria) no están escolarizados, predominantemente en las regiones del norte.

Matrimonios concertados que lastran la educación

Zainab Muhammadu también se enfrentó a una lucha similar. A los 13 años, sus padres se negaron a que asistiera a la escuela primaria pública de la comunidad de Warawa, a pesar de que aspiraba a convertirse en enfermera. Su pasión se veía avivada por la falta de personal y equipos sanitarios en el centro de salud local y los frecuentes problemas de salud de los residentes, que provocaban muertes maternas.

En lugar de ir a la escuela, Muhammadu pasó dos años ayudando a su madre a vender patatas fritas en la calle. No fue hasta que intervino el líder de la comunidad cuando por fin le permitieron asistir a clase. “Suplicó a mis padres que me dejaran ir a la escuela porque era mi pasión”, recuerda Zainab. Aun así, sus padres ya habían decidido que se casaría después de terminar la educación secundaria.

Zainab Muhammadu,  mujer que sufrió un matrimonio precoz con 19 años, residente en la comunidad del Estado de Kano, al noroeste de Nigeria, el 1 de octubre de 2024.
Zainab Muhammadu, mujer que sufrió un matrimonio precoz con 19 años, residente en la comunidad del Estado de Kano, al noroeste de Nigeria, el 1 de octubre de 2024.ABDULWAHEED SOFIULLAHI

Cuando Muhammadu tenía 19 años, justo después de terminar los grados inferiores, su padre concertó su matrimonio sin que ella lo supiera y le impidió seguir estudiando. “Ni siquiera supe que habían planeado mi boda hasta dos días antes de que se celebrara”, relata. “Supliqué a mis padres que me dejaran terminar los estudios, pero se negaron. Lo único que hago ahora es quedarme en casa cuidando de los niños, sin trabajo ni oportunidades”.

Adedeji, la responsable de BIGIF, subraya que la educación es fundamental para acabar con el matrimonio infantil en Nigeria. El Estado de Kano, por ejemplo, ha registrado 989.234 niños sin escolarizar, según datos de la Unesco de 2022, y se encuentra a la cabeza de Nigeria en menores que no van a la escuela, a pesar de que la educación es gratuita y obligatoria.

“Si queremos ver un cambio real, tenemos que asegurarnos de que todas las niñas tengan acceso a una educación de calidad”, señala la experta a EL PAÍS. “Cuando las niñas van a la escuela, adquieren conocimientos, confianza y opciones para su futuro. Esto es lo que puede romper el ciclo del matrimonio precoz”.

Más allá de las razones culturales y económicas, la desigualdad de género es también un grave problema. En muchas comunidades, las niñas tienen menos derechos y opciones que los niños. Esto las hace más vulnerables a la obligación de casarse a una edad temprana. “El matrimonio infantil es una cuestión de control”, asegura Adedeji. “En estas sociedades, el futuro de una niña lo deciden otros, y el matrimonio se ve como una forma de limitar sus oportunidades”, añade la experta.

Aunque la prevalencia global del matrimonio infantil ha caído del 23% al 19% en la última década, aún queda camino por recorrer para poner fin a esta práctica en 2030, la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para intentar lograrlo, Adedeji cree que es necesario un trabajo en equipo entre los gobiernos, los líderes locales y los grupos comunitarios. “Tenemos que reforzar las leyes contra el matrimonio infantil, crear más oportunidades de trabajo para las familias y asegurarnos de que las niñas conocen sus derechos”, remacha.

https://elpais.com/planeta-futuro/2025-03-04/el-matrimonio-infantil-impide-la-educacion-de-las-ninas-en-el-noroeste-rural-de-nigeria-cuando-supe-que-mis-padres-planeaban-casarme-me-escape-de-casa.html

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La lógica capitalista de la academia o unas humanidades deshumanizadas

El sistema de generación y transmisión de conocimiento de la universidad está plenamente integrado en la forma neoliberal de producción. Esto deriva en que haya gente que estudie un asunto invisibilizado da prestigio, es rentabilizable a escala académica, y eso los sitúa en una posición de dominio.

Cuando hace un par de años expliqué una breve noción de capacitismo y cuerdismo en una clase de máster, algunas alumnas parecieron darse cuenta de golpe de algo que no habían pensado hasta entonces: todas nos podemos volver crip, nadie es la encarnación de la norma, nadie es un cuerpo completamente capaz y, a medida que pase el tiempo, todas acabaremos siendo cuerpos que, de una vez, muestren la interdependencia con otros cuerpos.

Vivir sabiendo en primera persona que la vida debería ser otra (tener otros tiempos, producir otros modos) es algo incompatible con dedicarse a la academia. Me doy cuenta ahora. No solo porque apenas hay alumnado discapacitado que llegue a la universidad (solo el 1,5 por ciento del alumnado universitario es discapacitado) y, sobre todo, porque no se encuentran personas discapacitadas entre su profesorado (solo el 0,6 por ciento del Personal Docente e Investigador tiene alguna discapacidad). Y no se trata de eso, aunque lo parezca. Sino de que ser académica significa haber aceptado un grado de disciplinamiento que resuena con individualización y autoexplotación y mercantilización de los conocimientos.

Me doy cuenta ahora, pero me di cuenta por primera vez a los seis meses de tener mi primer “contrato” en la universidad (las comillas significan que el contrato solo nos lo hicieron después de denunciar a través de una inspección de trabajo). Epifanía académica de una en la treintena: por fin estoy dentro y para seguir dentro tengo que patalear como un hámster. Si paro, la fuerza centrífuga me expulsa.

Me produce tristeza y alivio comprobar cómo en las Humanidades se empiezan a trabajar cuestiones desatendidas hasta ahora. En los últimos diez años, aunque hubiera andado siempre en los bordes de la academia, me he dado cuenta de algunos cambios: cada vez hay más congresos sobre transfeminismos, antropoceno o decolonialidad; más proyectos financiados, más clases de grado o de máster hacen palpable el desvelamiento de las jerarquías humanas, de los sujetos que habitan el margen y cuyos saberes se ignoran o se cooptan y de cómo aquellos que están en el centro han construido todas las nociones que nos son cotidianas: la ciencia, la heterosexualidad, la civilización, la economía de mercado, la objetividad.

El sistema de generación y transmisión de conocimiento de la universidad está plenamente integrado en el sistema neoliberal de producción

Y he dicho bien: me produce tristeza. La razón es que el sistema de generación y transmisión de conocimiento de la universidad está plenamente integrado en el sistema neoliberal de producción. Esto deriva, específicamente en las Humanidades y las Ciencias Sociales, en que haya gente que se preocupe por determinadas cuestiones no porque tenga un interés real por esas comunidades o incluso porque forme parte de ellas, sino porque, de pronto, estudiar ese asunto invisibilizado da prestigio, es rentabilizable a escala académica y los sitúa en una posición de dominio. Luego no nos debería sorprender que pase lo que pasa.

He visto a profes impartir lecciones maravillosas sobre justicia social, desigualdad de género, racismo e interseccionalidad, que, sin embargo, reproducen sin despeinarse los mandatos capitalistas en cuanto salen de su tarima. Que amañan, que perpetran violencias, que transigen a las injusticias, que protegen a sus candidatos porque eso les asegura su supervivencia, que defienden a la universidad como un ser desvalido frente a las demandas del frágil profesorado asociado o a la falta de perspectivas de sus jóvenes investigadores, que no conceden ni un segundo de sus reflexiones a entender los tiempos porosos, dilatados, resquebrajados, de los demás. De sus iguales.

¿Cómo puede alguien ponerse en pie en una tribuna para abogar por la diversidad humana, por incluir a sujetos silenciados en su discurso y luego ser connivente con el sistema, no dudar de él, hacer lo que le pide, sabiendo (me niego a pensar en la ignorancia aquí) que esa actitud va a dejar fuera a todos esos sujetos diversos sobre los que clama derechos y discursos nuevos?

He visto tantísima fluidez y tantísima poca contradicción entre aceptar como buenas las reglas capacitistas de la universidad y defenderlas frente a quienes las cuestionan y, al mismo tiempo, tener como biblia académica el realismo capitalista de Mark Fisher. ¿Cómo vamos a conjugar que, cada vez más, el alumnado tienda a analizar el mundo desde un prisma más encarnado, desde sus preocupaciones vitales, desde el mundo que les gustaría construir, mientras la universidad a la que aspiran a pertenecer se desvela como un lugar que promueve la inestabilidad en sus contratos laborales, la precariedad de sus vidas, la falta de apoyo mutuo, un gigantesco agujero negro para la estabilidad emocional llamado elaborar una tesis doctoral?

El sistema de méritos que se pone encima de la mesa cada vez que hay algún cambio en la normativa (el último porque se han eliminado de súbito ciertos criterios para conseguir los contratos predoctorales más prestigiosos, los programas FPU), se basa, en teoría, en una objetividad cuantitativa: quien más méritos acumule, más alto escala, más contratos consigue, más tiempo puede permanecer en la academia. Y, al concurrir por plazas de PAD (Profesorado Ayudante Doctor), el primer escalón en la carrera académica después del doctorado, el número de méritos de la primera persona de la lista se convierte en la vara de medir del resto de candidaturas. No hay, por lo tanto, un máximo con el que quedarte tranquila, sino que el techo de méritos lo dictamina quien más consiga, quien más acumule; en definitiva, quien más haga y quien más esté dispuesto a hacer. Esta competitividad no solo nos hastía, nos consume y nos enfrenta, sino que nos moldea y nos disciplina.

Este modelo que cada vez quiere más y lo quiere antes está sostenido en sus cimientos por gente agotada y autoexplotada

A mí coronar la cumbre me recuerda peligrosamente a haber comprendido muy rápido los códigos invisibles y cumplirlos a la perfección, de manera pulcra, intachable. Las universidades operan como empresas, como advertía el bueno de Fisher, por lo que sus resultados científicos deben ser vendibles y medibles. Pero, además, este modelo que cada vez quiere más y lo quiere antes está sostenido en sus cimientos por gente agotada y autoexplotada, que experimenta cómo sus posibilidades de supervivencia son incompatibles con la continuidad de sus compañeros o compañeras. Nunca entran diez personas a la vez en el mismo concurso público. Es decir, si te toca a ti, no me toca a mí. Si yo entro, tú te quedas fuera.

Esas alumnas de máster de las que hablaba arriba me dicen alarmadas que ya van tarde. Y la que se alarma soy yo. Creo que he envejecido de golpe. No quiero cumplir con los estándares normativizantes en mi trabajo, no quiero aguantar frente a esos estándares, porque la resistencia agota los cuerpos. Pero no quiero dejarlas solas. No quiero que el sistema depredador las domestique y se olviden de sus luchas, de la incomodidad que produce la estrechez de la norma, de cuál es ese mundo que podríamos de verdad construir.

No sé, quizá porque yo estoy muy conectada con mi propia vulnerabilidad y mi vida no deja de girar en torno a ella, tiendo a pensar que nadie está a gusto adaptándose al sistema, pero luego veo a tanta gente sorprendentemente cómoda con sus dinámicas, sabiéndose ganadora, pensando que lo está haciendo bien, en fin, jugando y ganando en una lógica del sálvese quien pueda, que me hace dudar.

¿Querremos seguir construyendo universidad sin ellas? ¿Se nos olvidarán sus rostros, sus luchas, sus discapacidades?

La estructura normativa y normativizante de la universidad y de las personas que la integran solo permite el paso, precisamente, a quienes sean capaces de “aguantar” y de cumplir con unos estándares cien por cien normativos. ¿No será ese querer aguantar una marca de haber entendido ya las lógicas del sistema y aceptar competir bajo sus reglas en lugar de ponerlas en cuestión? ¿Será que, por mucho que las pongamos en cuestión en nuestros círculos de confianza, hacer como que la aceptamos (es decir, participar de la illusio bourdiana) es lo que nos salva, al menos en apariencia?

Estoy empezando a sospechar que quien es plenamente funcional dentro del sistema, independiente de la negritud y la diversidad de sus discursos, es connivente con él y se beneficia de sus márgenes. Para proclamar hay que encarnar. La teoría es una práctica, lo dice bell hooks. Plantarse, ponerse límites, es decir, volvernos porosas, volvernos crip. Perderemos y yo sé que no podemos permitirnos perder. Pero ¿ganar?, ¿a cuántas dejaremos atrás si ganamos?, ¿cuánto de nosotras perdemos si ganamos? ¿Querremos seguir construyendo universidad sin ellas? ¿Se nos olvidarán sus rostros, sus luchas, sus discapacidades? ¿Haremos como que nunca existieron hasta que el tiempo o la vida misma nos coloquen delante de nuestra propia vulnerabilidad? ¿Y después qué?

Fuente de la información:  https://www.pikaramagazine.com

Fotografía: Pikara magazine

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Una demanda millonaria en EEUU amenaza con dar un golpe mortal a Greenpeace y a las protestas climáticas

Por Raúl Rejón

Comienza el juicio en el que la constructora de oleoductos Energy Transfer reclama por unas protestas en 2016 un pago de 300 millones de dólares que la organización considera una amenaza para su supervivencia y una advertencia para silenciar a otras ONG

Detrás del caso 30-2019-0V-00180 asoma una mordaza multimillonaria que se cierne sobre el activismo ecologista. Una demanda por 300 millones de dólares amenaza con hundir a Greenpeace-EEUU y succionar el movimiento de protesta ambiental. La constructora de oleoductos Energy Transfer persigue a la organización en los tribunales desde hace ocho años por unas protestas contra uno de sus proyectos en Dakota del Norte hasta haber conseguido sentarla en el banquillo. Este lunes comienza el juicio. “El resultado definirá los límites del poder corporativo y la posibilidad de la sociedad para resistirlo”, vaticinan juristas y politólogos.

“Las petroleras quieren silenciar a los que se les oponen y, como Greenpeace ha sido históricamente efectiva, quieren destruir no solo a la organización sino al movimiento de protesta”, comenta unos días antes de iniciarse las vistas la directora ejecutiva de Greenpeace-EEUU, Sushma Raman.

Durante el proceso contra Greenpeace, los argumentos de la empresa se han alineado con la ola mundial de criminalización del activismo verde. En un primer momento acusó a los ambientalistas ante un tribunal federal de violar la ley contra organizaciones criminales. En los diversos escritos presentados ante los jueces, Energy Transfer ha hablado de “situar ecoterroristas” en las protestas, de impulso de una “agenda extremista” o “diseminación de falsedades” al decir que su oleoducto –hecho para llevar combustibles fósiles– agravaría el cambio climático.

Este caso es un disparo de advertencia a todos los grupos de protesta, no solo los ecologistas. El objetivo de demandas como esta es instalar el miedo y la duda. Hacer a las organizaciones pensárselo dos veces antes de desafiar intereses muy poderosos (Nadia Ahmad — Profesora de la facultad de Derecho en la Universidad Barry)

“Este caso es un disparo de advertencia a todos los grupos de protesta, no solo los ecologistas”, analiza para elDiario.es la profesora de la facultad de Derecho en la Universidad Barry, Nadia Ahmad. Ahora el temor es que una condena así no solo afecte de manera casi fatal a Greenpeace, sino que en esa caída arrastre también al movimiento de protesta ecologista. “El objetivo de demandas como esta es instalar el miedo y la duda. Hacer a las organizaciones pensárselo dos veces antes de desafiar intereses muy poderosos”, aclara la académica.

“Energy Transfer está intentando dar ejemplo con Greenpeace. Lanzar el mensaje: si te enfrentas a las infracciones de una empresa afrontarás consecuencias graves. Se trata de un caso de libro de SLAPP”. La investigadora se refiere por su siglas en inglés (strategic lawsuit against public participation) a la denominada litigación estratégica contra la participación pública. Una estrategia a base de presentar procesos judiciales “diseñada para intimidar, agotar y mutilar financieramente a las organizaciones”, aclara Ahmad. “Este caso va de si las corporaciones pueden usar sus bolsillos para silenciar a quienes están en contra”.

El codirector de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Bristol, Oscar Berglund, considera que, si bien “la táctica de demandar a los activistas no es nueva, lo que sorprende en este caso es que se apunte a una organización tan respetada como Greenpeace”. El catedrático cuenta a elDiario.es que sospecha que “el nuevo clima político en EEUU hace que Energy Transfer actúe descaradamente, que no le preocupe dar mala imagen”.

La empresa por su parte insiste en que su demanda contra Greenpeace “no trata sobre la libertad de expresión, sino sobre saltarse la ley. Cuando el derecho de protesta no se hace de acuerdo con la ley tenemos un sistema legal para solventarlo” defiende. Y considera que la ONG “busca eludir las consecuencias de sus actos ilegales”.

¿Cómo se llegó hasta el banquillo?

El juicio comienza este lunes y se prolongará unas cuatro semanas, pero el caso arrancó hace casi nueve años.

En 2016 Greenpeace apoyó las protestas que una tribu sioux llevó a cabo contra la construcción de un oleoducto denominado Dakota Access Pipe Line o DAPL en lo que consideraban parte de sus tierras. Sostenían que el tubo iba a contaminar el agua, iba a contribuir a quemar más combustibles fósiles y que invadía su reserva. La campaña derivó en un campamento multitudinario durante ocho meses en el que se congregaron miles de personas hasta ser desalojados por las fuerzas policiales en febrero de 2017.

En agosto de 2017, Energy Transfer presentó una denuncia contra Greenpeace y otros activistas en la que les acusaban, básicamente, de organización criminal. En su demanda alegaban que la organización recaudó dinero con “falsos testimonios”, que “entrenó a miles de manifestantes”, se “coordinó para situar a ecoterroristas en los campamentos” [de protesta] y que Greenpeace publicó un artículo de la activista Krystal Two Bulls que pedía unirse a las protestas o donaciones. El juez federal –al desestimar el caso el 14 de febrero de 2019– tuvo que recordar a la empresa que “publicar artículos de personas que comparten tus creencias no crea una organización criminal”.

La sede judicial, casi en medio de la nada, no está escogida al azar. Nadie presta mucha atención a lo que ocurre en ese estado. Y se trata de un pequeño juzgado en un estado minero y petrolero donde el juez es elegido por votación (Scott Wilson Badenoch — Abogado ambientalista)

Lejos de abandonar, Energy Transfer presentó una semana después una nueva demanda, esta vez ante un juez estatal de Dakota del Norte, para obtener resarcimiento económico. “La sede judicial, casi en medio de la nada, no está escogida al azar”, explica el abogado ambientalista Scott Wilson Badenoch. Badenoch, que coordina un equipo de juristas que va a supervisar el juicio, argumenta que, “por un lado, nadie presta mucha atención a lo que ocurre en ese estado. Y, por otro, se trata de un pequeño juzgado en un estado minero y petrolero donde el juez es elegido por votación, es decir, que es pro minería y pro petróleo”.

Las acusaciones son por allanamiento, difamación, interferencia ilícita [perjudicar el negocio de otro], conspiración, complicidad en allanamiento y en apropiación indebida. “Están intentando extender la responsabilidad civil de manera que destruya a Greenpeace. Les hacen responsables por cualquier acto que hagan individuos, de cualquier daño que hagan porque apoyaron esa protesta general. Esto podría matar directamente a la organización”, analiza el abogado.

Lo que pasa en Dakota no se queda en Dakota: repercusiones

Badenoch afirma que “la situación es más preocupante ahora con la nueva administración Trump. Esta Casa Blanca quiere eliminar a los manifestantes y la protesta, así que el plan es presentarlos como terroristas sin importar lo que hayan hecho. Ahora es Greenpeace, pero van a ir a por más”.

La organización defiende que se está intentado “crear precedentes legales que limitarían la capacidad del movimiento climático para organizarse, protestar y expresar disenso”.

Además, prosigue el letrado, “este caso pone en peligro el sistema de organizaciones no gubernamentales incluso en Europa, porque si una ONG con sede en Europa critica o protesta o molesta a una empresa con base en EEUU, la corporación podrá demandarles en un tribunal estadounidense y los jueces aquí están muy dispuestos a escucharles. EEUU se está convirtiendo en un refugio seguro para los contaminadores”, sostiene.

Contraataque en un juzgado europeo

Greenpeace Internacional ha contraatacado. La organización ha demandado a Energy Transfer en un tribunal de Países Bajos (sede de la ONG) acogiéndose a la directiva europea contra, precisamente, la SLAPP (la litigación estratégica contra la participación pública).

Greenpeace responde así en los tribunales a la demanda multimillonaria que la constructora de oleductos, con base en Texas, ha llevado hasta el juicio que comienza este lunes en un juzgado estatal de Dakota del Norte. “Es el momento de demostar que las prácticas de SLAPP no merecen la pena”, decía Greenpeace en un comunicado tras presentar la demanda.

Energy Transfer ha contestado que esta acción legal no tiene sentido porque “nuestra demanda no es una SLAPP sino un intento legítimo de la empresa para que Greenpeace se haga responsable de la difamación y destrucción de la propiedad que se ha inflingido a Energy Transfer”. Y dice que “se trata de una argucia que solo va a malgastar el tiempo y los recursos del sistema legal neerlandés. Ninguna ley neerlandesa o europea puede exigir responsabilidades a una empresa radicada en los EEUU”, argumentan.

Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/demanda-millonaria-eeuu-amenaza-dar-golpe-mortal-greenpeace-protestas-climaticas_1_12073105.html

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