Un año después de la confirmación en Grecia del primer caso de covid-19 y con un nivel de contagios que se vuelve a acercar a los 2.000 casos diarios las autoridades sanitarias decidieron este viernes prolongar las medidas restrictivas al menos hasta el 8 de marzo.
Para el caso de la región capitalina de Atica, la que mayor presión está viviendo, esto significa que se mantiene cerrada la educación y el comercio, mientras que en otras partes del país, los colegios -con excepción del nivel superior de la secundaria- llevan semanas abiertos y lo mismo las tiendas, aunque con restricciones.
En las empresas y en el sector público se mantiene la obligación de teletrabajo para al menos el 50 % de la plantilla.
Además, continúa el toque de queda a partir de las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana, prohibición de salir a la calle que en las zonas rojas como Atica empieza a las seis de la tarde los fines de semana.
Desde hace cuatro meses está además prohibido el desplazamiento de una región del país a otra, aunque con una serie de excepciones.
La decisión de mantener las cosas como estaban se ha tomado ante la fuerte presión que siguen experimentando los hospitales públicos, especialmente en Atica, donde vive el 40 % de la población y donde el 90 % de las uci están ocupadas.
A pesar del alto número de nuevos contagios, que los expertos atribuyen a las nuevas variantes de la covid-19, al mal tiempo de las últimas semanas y al hartazgo de la ciudadanía tras casi cuatro meses de restricciones, el número de los fallecimientos diarios se mantiene relativamente bajo, entre 20 y 40.
Los expertos atribuyen el descenso de los decesos sobre todo a que la campaña de vacunación está teniendo primeros efectos entre la población mayor.
Según los datos oficiales desde que comenzaron las vacunaciones, el 28 del pasado diciembre, más de 850.000 personas han recibido al menos una dosis de vacuna.
En las ultimas 24 horas se registraron 1.790 nuevos contagios, lo que eleva la cifra total a 188.201 desde el estallido de la pandemia. Además, fallecieron 29 personas, lo que sitúa en 6.439 el número de fallecidos hasta el momento.
La tasa de positividad sobre las 50.334 pruebas realizadas en las ultimas 24 horas fue del 3,55 %.
Al machismo aún presente en sus comunidades, se suman la falta de educación sexual, el acoso de profesores, las trabas para denunciar y el maltrato del personal de salud hacia las jóvenes indígenas que enfrentan la violencia sexual desde la niñez.
«A veces por necesidad las chicas tienen que ir a trabajar afuera. Entonces ahí es donde sus patrones o sus jefes se aprovechan de ellas. Muchas veces los padres piensan que nosotras tenemos la culpa», cuenta ‘Rosa’, una joven yanesha de 19 años. Ella habita en la comunidad nativa Ñagazu, en Pasco, región del centro del Perú. De acuerdo al ‘Reporte Nacional sobre la situación de violencia sexual y embarazo forzado en niñas y jóvenes indígenas‘ del Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ), en 2019 las niñas indígenas de Pasco solo interpusieron denuncias por violencia sexual en 50% de los casos.
En la experiencia de ‘Rosa’, los padres no apoyan a las adolescentes que sufren una violación. Peor aún, las castigan. “Es algo que al escuchar las demás, también da miedo. Piensan que sus padres van a actuar igual”, explica. Ese es solo uno de los obstáculos que enfrentan las niñas y jóvenes indígenas para obtener justicia.
El costo de denunciar
Pese a las diferencias que existen entre las comunidades indígenas de nuestro país, todas comparten una constante: trabas para interponer una denuncia formal, más aún en casos de violencia.
‘María’ tiene 26 años y se identifica como mujer indígena quechua. Nació en el distrito de Cayara, Ayacucho, pero se mudó a Huamanga para estudiar. Ahí, hizo sus prácticas en psicología en un centro al que acudían mujeres de zona rural que habían sufrido violencia. “Terminan abandonando sus demandas porque dicen ‘es muy lejos, gasto pasaje, con quién dejo mis animales’ y dejan el caso”, comenta.
Desde Pasco, ‘Rosa’ observa una situación similar. En su comunidad, el primer paso para reportar casos de violencia es reportarlo al jefe y elaborar un acta. Es posible que se sancione al presunto agresor, o que se le perdone. Cuando hay varios antecedentes, el caso pasa a la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Asolescente (DEMUNA) o al Centro de Emergencia Mujer (CEM).
«¿Qué pasa si el jefe de la comunidad en vez de apoyarnos solo lo archiva? Ellos piensan que es un gasto, que mejor es no gastar nada. Y las entidades responsables muchas veces no logran aconsejar a las jóvenes qué hacer cuando sucede un caso de violencia sexual», cuenta.
Este año se presentó ante las Naciones Unidas el caso de ‘Camila‘, una niña indígena que quedó embarazada por continuas violaciones de su padre. En lugar de protegerla, una fiscal la acusó de provocarse un aborto y abrió una investigación donde Camila fue revictimizada una y otra vez.
Por situaciones así, la activista indígena Gladis Vila sostiene que no son solo el tiempo y el presupuesto lo que desaniman a las víctimas de denunciar. También es la desconfianza en el sistema judicial. «En muchos casos, finalmente la instancia declara la denuncia improcedente. Entonces, ¿has hecho tanto para qué? Estos ejemplos hacen que nadie más quiera denunciar», explica.
Cuando el agresor está en las aulas
‘Pierina’ tiene 18 años y es una joven asháninka de la comunidad de Cushiviani, Junín. En el colegio, fue testigo de cómo profesores se acercaban a sus compañeras, hacían comentarios sobre sus cuerpos e incluso las invitaban a sus casas. También a ella le sucedió.
«Me hacía gestos que no me gustaban para nada. Traté de ignorarlo, hasta que una vez me dijo que pasara a su salón, donde no había nadie. Le dije ‘no profesor, yo no’. ‘¿Te vas a asustar? No te va a pasar nada’, me decía. Desde esa fecha, no me quiero acercar. No lo saludo, no me importa que me diga mal educada», señala.
Además de esos incidentes, ‘Pierina’ cuenta que el profesor le envía mensajes por redes sociales. Ella guarda las conversaciones y le contó a su mamá. «Si en algún momento él me baja las notas, yo lo denuncio. Hago mi denuncia por escrito», asegura.
No se trata de un caso aislado. Pero, como consta en el reporte nacional elaborado por CHIRAPAQ, la mayoría de estas situaciones se normaliza y la única alternativa que se le da a las adolescentes es que ignoren o eviten a los profesores.
En 2001, Gladis Vila acompañó la denuncia contra un profesor acusado de violar a 72 niñas en un colegio de Huancavelica. “Muchas mamás me decían: “mejor no digamos que mi hija ha sufrido eso, ¿porque quién va a querer casarse con mi hija si ha sido violada?”, cuenta. Para ella, lo más decepcionante del caso fue que después de tanto esfuerzo, la única sanción que recibió el docente fue administrativa.
“Lo único que hacen es sacarlo del colegio. Y hemos encontrado docentes que han hecho lo mismo en varias comunidades, son reincidentes, pero eso nadie lo ve”, indica Vila. Así, solo algunos casos son sancionados por el Ministerio de Educación y difícilmente llegan a tener una sanción penal.
Educación sexual ausente
Cuando ‘Pierina’ estaba en cuarto de secundaria, una de sus amigas quedó embarazada. En el colegio, los profesores bromeaban sobre los métodos anticonceptivos que podían usar. «Un profesor nos decía ‘Abstenerse chicos, abstenerse. Nada, nada, nada. Ese es el mejor método’», relata.
‘María’, joven quechua de Ayacucho, estudió en un colegio religioso. Recuerda que ahí el discurso se centraba que como mujeres se tenían que comportar, pero una vez acompañó a una amiga cuando se iba poner una ampolla mensual y aprovechó para hacer preguntas a una obstetra. «La experiencia no fue buena. Te hacen sentir como que por qué tú estás pidiendo esa información siendo tan joven», explica.
Sin una guía, las adolescentes embarazadas también reciben mal trato por parte del personal de salud. “Cuando mi compañera dio a luz, en el hospital le dijeron ¿Ya ves por estar con tus locuras? y le empezaron a hablar así ¿ves? Por andar en esto, haciendo esas cosas, ¡ay los adolescentes! decían”, cuenta ‘Pierina’. La joven asháninka conoce casos en los que se discriminaba a personas de su comunidad por hablar en su lengua. “‘Habla bonito que yo no te entiendo’, les gritaban”.
En casos de violación sexual, las niñas y adolescentes deben recibir el kit de emergencia que contiene la píldora del día siguiente para evitar embarazos no deseados. “En las comunidades es un lujo tener ese acceso. Te hacen demostrar que efectivamente has sido violada, pareciera que quieren un vídeo del momento. Realmente estamos llevando a las niñas y adolescentes a una situación crítica”, lamenta Gladis Vila.
En agosto, el Ministerio de Salud aprobó una directiva que precisa la obligación de una atención diferenciada para niñas, adolescentes y mujeres indígenas, además de otros grupos vulnerables. Un avance importante, pero no una solución. “Es una parte, pero tiene que caminar junto con la educación», concluye Tarcila Rivera Zea, vicepresidenta de CHIRAPAQ.
Hasta que no cambien esas mentalidades, la salud de las niñas y adolescentes indígenas siguen en riesgo.
Desprotegidas
Entre 2012 y 2020, cada día al menos una niña de 10 a 14 años que vive en zonas rurales se convierte en madre, de acuerdo al reporte de CHIRAPAQ. En ese período, la tasa de crecimiento promedio de la maternidad infantil forzada fue de 78% para niñas rurales. Un contraste alarmante con la tasa para el caso de niñas urbanas: 29%.
La relación de estas cifras con la violencia sexual es innegable, pues las relaciones sexuales con menores de 14 años, se consideran una violación. En 2019, se registraton 573 casos de violencia sexual en niñas indígenas entre 10 y 14 años. Además, 731 casos en jóvenes de 15 a 29.
La psicóloga y educadora sexual participó en el programa Embárcate sobre sexualidad
La psicóloga y educadora sexual del centro sexológico Borobil, de Bilbao, Lola González Bermejo, protagonizó este martes el programa de encuentros telepresenciales Embárcate que dispone el Ayuntamiento de Huesca con la colaboración del Ministerio de Igualdad, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La experta puso sobre la mesa la visión de la sociedad sobre lo que son las relaciones interpersonales sanas e insanas, bajo el título Relaciones afectivo-sexuales tóxicas en la que advirtió sobre algunas de «las señales que te pueden ayudar a identificar si tienes una relación insana, porque yo no hablo de la palabra tóxica, prefiero hablar desde lo sano».
En este sentido, explicó con ayuda de un powerpoint, señal a señal, cómo se pueden definir las relaciones entre parejas, entre amigos o familias y los asistentes pudieron aportar ejemplos y experiencias. Así, reveló la experta que «una relación en la que no se está ejerciendo el buen amor está relacionada con, por ejemplo, la intensidad con la que se vive esa relación, el aislamiento, el menosprecio o la manipulación, señales que no siempre son sencillas de ver». Pero también indicó cuales son las señales de las relaciones sanas como la honestidad, la confianza, la equidad o la amabilidad, «porque quiero que aprendamos a relacionarnos bien y amar bien es un aprendizaje, algo que parece que es innato socialmente, pero no».
De este modo reivindicó González la necesidad de una formación integral de calidad sobre educación sexual en todos los ámbitos, «porque necesitamos educación sexual no solo para los adolescentes, también los niños, los padres, el sistema sanitario o el educativo, porque no existe y, además, ni siquiera somos conscientes de cómo lo hacemos».
En otro orden de cosas, explicó cómo trabajan los profesionales de la sexología, lo mucho que se desconoce su labor y añadió: «Se piensa que solo nos centramos en coitos y orgasmos pero lo que abarcamos en realidad es la interacción entre los sexos, cómo quererse a uno mismo e interactuar».
Para participar en el programa, que continúa hasta mayo, es necesario apuntarse por WhatsApp (606 813 659) o email (pirene@huesca.es).
El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió este viernes la liberación inmediata y sin condiciones de las 317 alumnas de una escuela pública del noroeste de Nigeria secuestradas durante la madrugada.
Guterres, a través de su portavoz, condenó el secuestro ocurrido en la Escuela de Secundaria de Ciencias del Gobierno en la ciudad de Jangebe, en el estado noroccidental de Zamfara, después de que hombres armados atacaran el centro.
“Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender sin miedo a la violencia“, señaló el portavoz, Stéphane Dujarric, durante su conferencia de prensa diaria.
Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, denunció también el suceso, que se suma a una larga lista de secuestros parecidos en escuelas nigerianas durante los últimos años.
“Estamos enojados y tristes por otro brutal ataque contra alumnos en Nigeria“, señaló en un comunicado Peter Hawkins, representante de Unicef en el país.
“Esta es una grave violación de los derechos de los niños y una experiencia horrible para ellos, que puede tener efectos duraderos en su salud mental y bienestar”, añadió Hawkins, que reclamó su liberación inmediata y pidió al Gobierno que tome medidas para garantizar la seguridad en las escuelas.
El suceso de Zamfara ocurrió nueve días después del rapto a manos de hombres armados de 28 estudiantes y varios profesores de la Escuela de Ciencias del Gobierno en Kagara, en el estado de Níger, que además estaba custodiada por guardias de seguridad.
El pasado 11 de diciembre, 344 alumnos fueron también secuestrados de una escuela en Kankara, en el estado de Katsina, cuya autoría fue reclamada por el grupo yihadista Boko Haram, que hasta entonces se limitaba a atacar en el noreste del país, si bien las autoridades culparon a bandidos.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, alertó este miércoles de la llegada a Puerto Rico de niños contagiados por la covid-19 que contraen el virus tras viajar a los parques de Disney en el estado de Florida.
Ramos, en declaraciones a medios locales, indicó que las escuelas tienen el efecto de espacio burbuja al tratarse de lugares más controlados que los centros comerciales, restaurantes y parques de diversión.
El médico indicó que las escuelas son una burbuja, ya que de salida allí solo acuden estudiantes y el personal educativo.
Dijo que, sin embargo, en otros lugares se puede ver a los niños desplazándose de un lugar a otro, el caso de los centros comerciales.
«Tú no sabes quién está al lado mío en el ‘mall’ y los ves corriendo. Sobre todo, lo más que me aterra, es que he admitido a un montón de niños en el hospital con la covid-19 que vienen de Disney», indicó Ramos, aunque sin aportar cifras concretas.
Ramos, que ha recomendado el reinicio de clases desde el año pasado, señaló que las guías de la Academia Americana de Pediatra se basaron en las recomendaciones que hizo el capítulo de Puerto Rico y que se realizó antes de que hubiera vacunas.
Ramos sostuvo que le preocupa el daño a la salud mental de los estudiantes por estar ya cerca de un año alejado de las aulas.
El galeno aclaró que mientras el hospital estaba vacío por el miedo a contagiarse, la unidad de salud mental ha permanecidos a pleno rendimiento desde que empezó la pandemia el pasado mes de marzo.
Ramos aseguró que, de hecho, ha permanecido llena como nunca había estado antes.
«Los nenes que necesitan estructura, como los nenes autistas, necesitan volver a las clases presenciales lo más pronto posible con todas las medidas de seguridad», subrayó Ramos.
El número de fallecidos por la covid-19 en Puerto Rico ha superado los 2.000 y se sitúa en 2.007 (ayer martes, 1.986), según la información suministrada este miércoles por el Departamento de Salud.
El informe del Departamento de Salud además reportó 21 (3) muertes adicionales por la covid-19; mientras, se registraron 21 casos confirmados, 27 casos probables adicionales y 148 casos sospechosos.
El Departamento de Educación abrirá 115 escuelas para recibir a estudiantes de manera presencial a partir del 10 de marzo, informó este jueves la designada secretaria, Elba Aponte Santos.
Detalló que el 1 de marzo reabrirá los planteles para los preparativos que realizan los maestros en sus salones de clases, que incluiría los trabajos de dividivir sus alumnos en dos grupos. Mientras, del 3 al 5 de marzo se realizarán los adiestramientos requeridos por el Departamento de Salud al personal para que las escuelas puedan ser precertificadas como aptas para abrir. Durante estos días de preparación, los estudiantes de las 115 escuelas seleccionadas no tendrán educación virtual.
“Los estudiantes comenzarán a llegar a las escuelas de manera paulatina y escalonada, empezando el miércoles, 10 de marzo, en horario especial”, anunció Aponte Santos en una conferencia de prensa realizada en la escuela Inés María Mendoza, en Caimito, San Juan.
Según el listado que proveyó Educación, 13 de estas escuelas están ubicadas en la región de Arecibo, 16 de Bayamón, 27 de Caguas, 26 de Humacao, 14 de Mayagüez, tres de Ponce y 13 de San Juan.
Cabe destacar que la mayoría de las escuelas de la región sur están afectadas por los terremotos. Pero, más allá de esta limitación, gran parte están en pueblos están vetados por el Departamento de Salud para abrir, ya que el nivel de contagio de COVID-19 es alto.
De hecho, la funcionaria explicó que Educación tenía listas 136 escuelas para comenzar en esta primera etapa de recibir a los niños de manera “gradual y parcial”. Sin embargo, 21 de los planteles están en los municipios de alto nivel de transmisión del virus, por lo que no se les permitiría abrir.
“De igual forma, si hay municipios que esa semana se incorporan los niños y sale en rojo, automáticamente continuarían a distancias”, informó la secretaria, al hacer referencia a las normas impuestas por Salud.
¿Cómo será el regreso a clases?
Son 30,000 estudiantes los que tendrían derecho a regresar a clases presenciales de un total de 276,413 que tiene Educación. Además, se activarían entre 7,000 a 10,000 maestros para trabajar presencial.
La funcionaria no pudo estipular cuántos de estos estudiantes o maestros verdaderamente acudirían a las escuelas en esta primera etapa en que se retoma la educación presencial desde que empezó la pandemia en marzo de 2020. Dijo que los maestros tienen derecho a acogerse a licencias sin sueldo. Prevé que las peticiones comiencen a realizarse a partir de la próxima semana.
“Yo me quiero dirigir a los padres”, sostuvo, al enfocarse en lograr que los alumnos lleguen a las escuelas dado a que para los maestros habría disponible personal sustituto.
“Como madre, comprendo que pudiéramos tener alguna inquietud. Es razonable y es comprensible. No obstante, por eso hemos establecido que esta fase va a ser de forma voluntaria. Nos estamos moviendo a una transición histórica, ya que nuestros niños llevan tiempo sin asistir a las escuelas. Pero, no obstante, esta oportunidad de que puedan sentarse, de forma flexible, en una transición de forma escalonada, es lo que va a devolver la confianza a sus mismos niños del proceso educativo. Por eso, hemos establecido un horario especial, porque sería la primera vez que nuestros estudiantes y nuestros maestros van a insertarse al ambiente educativo con una mascarilla”, manifestó.
Los estudiantes que acudan a la escuela, serán divididos en dos grupos de hasta 100 menores. Cada grupo asistirá dos veces en semana a tomar clases presenciales en un horario que se limitaría a tres o tres horas y medias por día. Por ello, la secretaria prevé que cada plantel recibiría unos 200 alumnos semanales.
Subrayó que los estudiantes que comenzarían su regreso a clases presenciales en esta primera etapa son solo los que asisten al Programa de Educación Especial, lo que cursan los grados de Kínder a tercero, así como los estudiantes de duodécimo grado, que están próximos a graduarse.
Explicó que cada escuela debe estar a cargo de identificar a los estudiantes que regresarían a la escuela de la manera presencial y dividirlos en los dos grupos. No tendrán que usar su uniforme.
También indicó que, si el estudiante presenta síntomas al llegar, el padre, la madre o el encargado deberá llevar al menor al hogar o si los síntomas se presentan en la escuela, será movilizado al área de aislamiento donde será atendido por enfermeros escolares. Estos profesionales de la salud recibieron adiestramientos para atender los casos.
“Nuestro mensaje para cada familia es que el niño debe ir con su mascarilla”, afirmó.
Pero, acto seguido, aclaró que las escuelas tendrán mascarillas para proveer a los menores y a su personal.
Aponte Santos indicó que, “diariamente, el personal escolar deberá cumplir con el protocolo del Departamento de Salud, que empieza con la toma de temperatura en el transporte escolar y luego en la entrada del plantel”.
Insistió en que cada escuela debe seguir las normas de distanciamiento físico, lavado de manos y uso de la mascarilla para evitar los contagios.
“Es mantener ese compromiso de seguir auto cuidándonos, de seguir tomando todas las medidas preventivas, no podemos bajar la guardia”, insistió.
La designada secretaria de Educación aceptó que esta etapa será un proceso de adaptación. Por ello, insistió que la agencia dirigirá la fase “de forma ordenada y segura”. De hecho, advirtió que, si surgen percances, harían cambios de inmediatos para cuidar la salud de todas las personas de las escuelas.
“Nada es perfecto, pero nosotros vamos a hacer todos los ajustes y todas las medidas preventivas para hacer esta reapertura una segura”, puntualizó la funcionaria.
Aponte Santos informó que los padres que quieran conversar con los maestros o conocer las medidas tomadas para evitar los contagios por coronavirus, deberán solicitar una cita. Serían concedidas en la medida en que el maestro pueda recibirlos.
Por otro lado, la secretaria indicó que Educación está “trabajando para poner las escuelas con internet en todos los salones”.
Sin embargo, aceptó que los maestros que reciban a los estudiantes de manera presencial no podrán atender de manera virtual a aquellos que se queden en sus hogares. Informó que se le enviaría trabajos o vídeos por la plataforma de Teams de manera sincrónica. También habló de la posibilidad de que otros maestros, como los del curso de Estudios Sociales, se haga cargo de atender a los niños que se queden en el hogar.
A la pregunta de si todos los estudiantes serían pasados de grado, como ocurrió para el inicio escolar del 2020, Aponte Santos reveló que la agencia prepara una prueba diagnóstica para darla a los estudiantes y decidir el proceder.
En general, la designada secretaria se mostró “muy satisfecha” con el plan trazado para lograr el reinicio de las clases presenciales.
Mientras, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, destacó que “hoy es un gran día para la educaicón de Puerto Rico y la de nuestros niños”.
Reveló que el gobierno de Pedro Pierluisi se prepara para lograr la reapertura de todas las escuelas para agosto próximo.
“Esta es una oportunidad de integrarse poco a poco a la normalidad”, puntualizó.
«Que en diez años no haya habido un fallecido en la calle es haberlo conseguido», asegura Tonucci sobre el hito logrado por Pontevedra.
Reconoce que el riesgo cero no existe, pero defiende que las ciudades no pueden permitirse que en sus espacios públicos mueran personas como consecuencia de accidentes de tráfico. «Es absurdo soportar y tolerar que en Italia los siniestros de coches y de motos sean la primera causa de muerte hasta los 26 años. Significa que estamos aceptando, casi como normal, que nuestros hijos y nuestros nietos mueran por este absurdo: conducir», explica Francesco Tonucci (Fano, Italia, 1940).
El psicopedagogo italiano y autor de la Ciudad de los Niños, un proyecto que busca poner a la infancia en el centro de la planificación urbanística y del que Pontevedra forma parte, sostiene que la capital de las Rías Baixas es un buen ejemplo de cómo darle la vuelta a una estadística que, según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha convertido en una epidemia: los fallecidos en carretera. «Las ciudades no pueden matar personas», subraya Tonucci.
Este experto sostiene que el modelo urbano pontevedrés debe servir como ejemplo para inspirar cambios en la movilidad de otras ciudades. «Lograr que en diez años no haya habido un muerto en la calle significa haberlo conseguido», dice sobre el hito alcanzado por Pontevedra, que la semana pasada cumplió una década sin fallecidos en accidentes de tráfico en sus vías urbanas.
La última víctima mortal se registró el 18 de febrero de 2011. Se llamaba Jesús García Tomé, tenía 81 años y fue atropellado por una furgoneta de reparto mientras cruzaba un paso de peatones en el puente de Os Tirantes. Desde entonces, en el municipio no ha vuelto a registrarse un suceso en viales de estas características.
Entre 2011 y 2019, último año del que hay estadísticas, la Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó 84 fallecimientos en vías urbanas en la provincia de Pontevedra. La cifra en España ascendió a 4.286 víctimas durante el mismo período.
Hay que devolverle el espacio público a los niños. El alimento de la escuela no son los libros, sino las experiencias que viven en el espacio público
VELOCIDAD. El director general de Tráfico, Pere Navarro, aseguraba la semana pasada que Pontevedra es un «referente en Europa» en seguridad vial. De hecho, la Comisión Europea premió el año pasado a la capital provincial por estas políticas, lo que supuso el séptimo galardón internacional que recibe el municipio por su modelo urbano.
El gran cambio en la movilidad de la Boa Vila comenzó en 1999, con la peatonalización de todo su centro histórico. En 2004 llegaron los primeros lombos para calmar el tráfico y proteger a los peatones en la zona de Orillamar y en 2010 se implantó el límite de 30 kilómetros por hora en todas sus calles. Dos años después, en 2012, la zona 30 se amplió a todas las carreteras dependientes del Concello.
La segunda transición en el modelo pontevedrés se produjo en 2019, con la puesta en marcha de la zona 10 en todo el casco antiguo, en el que ya no se podía circular a más de 20 desde 1999. La última medida se tomó el año pasado con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad, que da más prioridad al peatón tanto en zonas urbanas como en el rural. El reglamento prohíbe que cualquier vehículo, con o sin motor, adelante a un viandante en áreas en los que estos tengan prioridad. Para ello, se aconseja circular a una velocidad que no supere los seis kilómetros por hora. Al ser solo una recomendación y no figurar la zona 6 en ninguna señal de tráfico, la Policía Local no puede sancionar este tipo de actuaciones.
Cualquier cambio, como peatonalizar una calle, produce contrastes. Pero los que protestan acaban defendiendo el cambio
RESISTENCIAS. Tonucci afirma que «sacarle poder al coche es una responsabilidad moral y política» de todas las administraciones. «Cada cambio cuesta, porque significa modificar costumbres y dejar atrás lo que antes se consideraba normal. Cualquier cambio, como peatonalizar una calle o ampliar una acera, y otro tipo de intervenciones de este tipo que Pontevedra lleva haciendo 20 años, produce contrastes», recuerda. «Los que protestan son pocos y siempre se quejan de lo mismo: que tendrán que cerrar sus tiendas porque los coches no pueden llegar hasta sus escaparates. Pero las protestas duran poco y quienes las secundan, cuando se dan cuenta, acaban defendiendo el cambio«, añade.
El psicopedagogo italiano, que conoce muy bien el modelo de Pontevedra, que forma parte de las 200 ciudades integradas en la Ciudad de los Niños, asegura que esta discusión ha quedado muy atrás en la Boa Vila. «En Pontevedra la gente está orgullosa de la ciudad que tiene», apunta.
El experto espera que, entre sus múltiples enseñanzas, la pandemia del coronavirus sirva para acabar con las «resistencias» de aquellos que defienden que los coches tienen prioridad en las urbes. «Hay que devolverle el espacio a la gente y, por extensión, a los niños. El alimento de la escuela no deberían ser los libros de texto, sino las experiencias que los niños viven en el espacio público. Lo dramático, desde mi punto de vista, es que los niños de hoy en día no tienen nada que contar. Y no porque sean tímidos, sino porque no viven», concluye Tonucci tras reivindicar que las ciudades sean espacios seguros para la infancia.
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