A través de la experiencia de seis maestros se manifiesta el desorden que enfrenta el sistema educativo: carencias en la carrera docente, condiciones laborales limitadas y formación de maestros no adecuada a la realidad de las instituciones. La combinación deriva en graves consecuencias en el desarrollo de la educación pública.
Centro América/El Salvador/05.07.2016/Autor:Fátima Cubías/Fuente:http://www.laprensagrafica.com/
La mayor preocupación que tiene Elizabeth Contreras es asegurar su puesto como maestra. Ella tiene 23 años y trabaja en el Centro Escolar Colonia Las Brisas, en Soyapango. Con dos años de haber egresado del profesorado, Elizabeth es un caso extraño en el sistema: ya da clases en una escuela pública. En El Salvador, para que un docente pueda acceder a una plaza educativa con las instituciones de gobierno, puede llegar a esperar hasta 15 años luego de haber salido de la universidad.
Para su puesto, que ni siquiera es fijo, Elizabeth dejó su currículo en cinco centros educativos diferentes, consciente de que la probabilidad de ser seleccionada era muy baja. Obtener una plaza en el sistema público siempre ha sido un desafío gracias a la poca disponibilidad de plazas y la cantidad de personas que las solicitan. Cuando se abre una plaza en un centro escolar, pueden llegar hasta 500 solicitudes. El año pasado se abrieron para concurso solo 411 plazas, a escala nacional, de docentes que dejaron de ejercer. Para esa cantidad vacantes, alrededor de 1,800 aspirantes participaron.
Después de un tiempo de dejar currículo en varios centros escolares a la vez, un maestro deja de prestar atención al puesto que solicita. La poca disponibilidad lo lleva a pedir plazas para las cuales no está formado. No es raro escuchar que un profesor de Estudios Sociales esté impartiendo Inglés.
“Al entrar al sistema, uno tiene que ir mentalizado que va a agarrar lo que le den. Si le dan Inglés, ni modo, tiene que dar la materia por la necesidad de trabajar”, explica Elizabeth. Ella se preparó para dar Lenguaje y Literatura en tercer ciclo y bachillerato. Por estos días da clases a primer grado, de educación básica. “¿Cómo va a dejar de trabajar?”, se pregunta.
Este problema no es reciente. Lorena Cruz, de 55 años, lleva ya 27 años de ejercer la docencia. Se especializó para Estudios Sociales, pero cuando ella empezó a trabajar, en 1989, impartió clases a cuarto grado. Ahora trabaja en el Instituto Nacional José Damián Villacorta, en Santa Tecla. Aquí ha dado clases de Mecanografía y Ortografía. También enseñó Inglés en otro centro escolar público.
“¿Dónde quedó la didáctica que se estudió para la especialización de las materias?”, se cuestiona Lorena. Tuvo cinco años de formación inicial, sin contar los años de capacitación para las demás áreas. Ella finalmente empezó a dar su especialidad hace ocho años.
El caso de Elizabeth y Lorena no es aislado. Es la realidad que enfrenta un docente que, con suerte y paciencia, logra ingresar al sistema de educación pública. Y aún así, esta situación es un pequeño reflejo de la incapacidad del Ministerio de Educación (MINED) para establecer un orden en la carrera docente.
Para Gladys Avelar, de 29 años, no fue cuestión de suerte entrar al sistema. Ella empezó a ejercer la docencia cuando tenía 22 años, a pesar de que a esa edad aún no se había graduado de la universidad y, por tanto, aún no poseía su escalafón. Su primer empleo, donde permaneció por seis años, fue en un colegio privado de La Libertad. Ahí la buscaron para que impartiera Matemáticas. Se especializó en esa materia, una de las áreas con mayor demanda de docentes.
Cuando Gladys se graduó en 2012, hubo con ella un total de 206 graduados en profesorado en Física y Matemáticas. En 2014, esa cantidad aumentó a 234. Por el contrario, la cantidad de graduados en 2012 para profesorado en Lenguaje y Literatura fue de 89 estudiantes, en 2014, esa cantidad bajó a 73. Cuando en 2015 se dio la oportunidad para que los maestros como Gladys que jamás habían trabajado con el MINED pudieran ingresar, se abrieron 100 plazas a escala nacional para docentes de Matemáticas, mientras que para Lenguaje se abrieron solamente 18.
Para intentar regular la cantidad de egresados en un área determinada, las universidades a veces se ven obligadas a cerrar la formación docente para responder a las necesidades del sistema educativo de ese momento. En 2012, por ejemplo, no hubo graduados para profesorado en Ciencias Sociales. Este año, la Universidad de El Salvador (UES) no está formando en Educación Parvularia. A pesar de ello, pareciera que las medidas no son suficientes.
“No sabemos la proporción de formación docente o las necesidades reales que tiene el magisterio y el sector privado para contratar docentes”, explicó Wilman Herrera, jefe del departamento de Educación de la UES.
Gladys lleva ya un año dando clases en el Complejo Educativo Walter A. Soundy, en Santa Tecla. Enseña Matemáticas, pero también le dieron la asignatura de Sociales para tercer ciclo. La institución tenía la necesidad de maestros en la materia y Gladys tenía la necesidad de cubrir las horas semanales estipuladas por el MINED, que son 25, para obtener su salario completo.
Solo con Matemáticas, Gladys estaba haciendo 15 horas a la semana, ya que imparte a tres grados. Tampoco hay espacio para un profesor de Sociales, ya que solo impartiría a dos grados y haría 10 horas semanales. Es por esta razón que el Complejo Educativo Walter A. Soundy no publica una plaza para un docente de Estudios Sociales. No hay espacio.
“El mismo sistema hace que tengamos que hacer ese ajuste con las horas”, admite Gladys. Cuando un profesor nuevo llega, debe rebuscarse para dar el contenido, sepa o no lo que está impartiendo. A Gladys se le complica enseñar Sociales, especialmente porque la materia no le gusta tanto como Matemáticas. Tiene que hacer un doble esfuerzo y buscar métodos a los que no está acostumbrada para dar el contenido.
La política de contratación del gobierno choca con la labor de las instituciones que se dedican a la formación docente. Además, esta no ha seguido las necesidades del sistema educativo ni mucho menos de los estudiantes. A pesar de ello, la carrera docente ha mantenido una gran demanda: en 2014, hubo 8,567 estudiantes que ingresaron a la licenciatura en Ciencias de la Educación en todo el país.
Lorena Cruz no se olvida de la vez que dio su primera clase de Inglés, en 2005, cuando Darlyn Meza era ministra de educación. Esa vez le asignaron doble sección de sexto grado en el Centro Escolar Residencial Los Chorros, de Colón. En ese entonces, Lorena no sabía nada de inglés así que tuvo que comprar libros de gramática y discos para escuchar la pronunciación.
Su primera clase la empezó enseñando el vocabulario. Anteriormente se había distribuido los temas a impartir con los demás profesores del centro para facilitar la enseñanza, ya que ninguno tenía especialidad en el idioma extranjero. El contenido era para un nivel básico de inglés. Lorena terminó sus dos horas de clase con el vocabulario de la familia: mother, father, daughter. Al finalizar la lección, uno de sus alumnos alzó su mano para preguntarle cómo se decía padrastro en inglés. “Yo no sabía”, comenta avergonzada Lorena. Le preguntó a otro de los maestros del centro que tenía más conocimiento en el área, pero tampoco sabía cómo se decía.
“¿Qué me tocó decirles? Ríase un rato: ¡me tocó decirles que esa palabra no existía!”, exclama. Luego de preguntar a un profesor de Inglés, Lorena llegó al día siguiente con la respuesta: stepfather. Su alumno le explicó ese día que él y la mayoría de sus compañeros de sexto grado tenían padrastros.
El problema del modelo de la carrera docente del país es que su programa de formación es homogéneo, cuando se dirige a una población heterogénea. “Hay que pensar primero a qué tipo de niño vas a enfocar estos profesionales para armar un programa de formación. Los niños que viven en la zona urbana se diferencian de los que viven en la zona rural. Los niños que vienen de familias desintegradas se diferencian de los que vienen de familias integradas”, explica Wilman Herrera.
La reestructuración de este modelo es todavía algo lejano. Esto se debe, en parte, al férreo control que ejerce el MINED sobre las 16 instituciones encargadas en la formación docente en el país. De hecho, El Salvador es el único país en Centroamérica que deja la formación docente en manos del Estado, gracias a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de la Carrera Docente. Esto significa que es el MINED el que establece los lineamientos y regula los programas de formación docente para asegurar la calidad de los profesionales.
Un estudiante que desee aspirar a la carrera docente debe pasar por una serie de evaluaciones psicológicas y de conocimiento, además debe haber conseguido un mínimo de siete en la Prueba de Aprendizajes y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES). En la UES, por ejemplo, han llegado a tener hasta 350 aspirantes y de ellos, el grupo se ha reducido a 40 alumnos.
Pero para Paz Zetino, secretario general de Bases Magisteriales, el hecho que haya demasiadas instituciones es una de las tantas fallas del sistema, porque responde a las necesidades de las universidades formadoras, hay menos seguimiento en la calidad del docente y hay más graduados cada año.
Una forma de controlar la excelencia profesional de los recién graduados es a través de la Evaluación de Competencias Académicas y Pedagógicas (ECAP). En 2013, el 91.6 % de los 1,285 alumnos que se sometieron a la prueba la aprobaron. Sin embargo, durante 10 años el banco de ítems se mantuvo igual hasta 2014, cuando el instrumento de evaluación fue revisado. Las medidas de control parecen no tener resultados: desde 2013, el promedio de la PAES ha sido de 5.3.
La otra razón por la cual no hay cambios en la carrera es por la poca inversión que se destina a la formación docente. Durante los últimos años, el gasto público total en educación ha sido de 3.4 % del PIB del país, cuando en América Latina el promedio es de 5.2 %, de acuerdo con el informe de Revisión Regional 2015 de la Educación para Todos de la UNESCO.
Desde 2014, el MINED ha buscado mejorar la formación profesional a través del Plan Nacional de Formación Docente. A través de este se desea formar a especialistas en las diferentes asignaturas para así frenar el desorden de la educación pública. El año pasado se invirtió en dicho plan $4.7 millones y la proyección para este año es de $6.2 millones, de acuerdo con los datos brindados por Óscar Águila, coordinador del plan. Para 2018, este proyecto habrá beneficiado a más de 22,000 docentes.
“No hay cómo prepararnos, no hay espacios, no hay condiciones”, reclama Lorena. Ella es una de los beneficiados. Acudió los sábados durante noviembre y diciembre de 2015 para capacitarse. Sin embargo, reclama la poca coordinación con las instituciones educativas para permitir a los docentes asistir a las capacitaciones. Al no considerar las necesidades de los docentes, el Plan Nacional de Formación Docente se ve amenazado con el absentismo de los educadores en capacitación.
“¿Dónde está el que nosotros queramos tener más expectativas de vida, más conocimientos, nuevas herramientas metodológicas?”, puntualiza. Las capacitaciones a ella le vinieron tarde. A sus 55 años, está a punto de jubilarse y no podrá aplicar los conocimientos que recibió. Como ella, muchos de sus compañeros también están mayores, son raros los educadores jóvenes que se encuentran en un proceso de formación.
Antes de obtener su puesto actual, Elizabeth Contreras estuvo dando clases en un colegio privado de Soyapango. Ahí le pagaban $175 mensuales. Trabajó durante un año y luego empezó a buscar una plaza en el sistema de educación pública. A pesar de ser interina, Elizabeth está ganando $595. El otro año, si no consigue quedarse con el puesto de manera fija, ella tendrá que buscar otras plazas ya sea en una institución pública o privada.
Acceder al sistema público tendría que ser más fácil, en teoría, porque posee más centros educativos en comparación al sistema privado. Según los datos del Departamento de Estadísticas Educativas del MINED, el año pasado se reportaron 6,049 centros escolares de los cuales 5,134 eran públicos. Aquí se concentran aproximadamente 45,730 docentes de los 57,143 registrados a escala nacional, según los datos presentados en el informe del “Estado de las políticas públicas docentes” de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Sin embargo, es más fácil encontrar una oportunidad de trabajo en el sistema privado especialmente para alguien que acaba de graduarse como Elizabeth. En 2013, por ejemplo, se reportó en el informe de “Caracterización Docente” de FUSADES que el sistema privado contaba con una población más joven en comparación al sistema público, ya que dos tercios de los maestros que trabajaban en el sistema privado tenían menos de 40 años.
El difícil acceso al sistema público se debe principalmente a que, desde hace varios años, no se crean nuevos puestos. Las plazas que salen a concurso son aquellas que los docentes en edad de jubilación van dejando. Si en 2015 hubo 411 plazas disponibles, este año ese número aumentó a 1,192 debido al Decreto de retiro voluntario que se aprobó en enero. El puesto actual de Elizabeth, en el Centro Escolar Colonia Las Brisas, es una de ellas.
Estas plazas no serán suficientes para satisfacer las necesidades del magisterio: se deberán pelear las plazas entre los recién graduados y los docentes con más antigüedad que aún no ingresan al sistema público. De acuerdo con estimaciones del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), hay 44,000 docentes desempleados.
Elizabeth tiene una seria desventaja para ganarse su plaza: tener pocos años de haberse graduado. Según el artículo 18 de la Ley de la Carrera Docente, a la hora de seleccionar a los maestros para el puesto se tomará en cuenta el derecho a traslado, en primer lugar, la antigüedad en la graduación, el reingreso y la especialidad. Este sistema desfavorece a los recién graduados y hace que busquen más oportunidades en las instituciones privadas.
Como la ley favorece a los docentes de mayor antigüedad, no es sorpresa encontrar a docentes trabajando ya en edad de jubilación. “¿Por qué la ley no les exige a estos maestros que se vayan para así nosotros entrar en el sistema?”, reclama Elizabeth. “Yo sé que podemos encontrar el espacio si se dieran más oportunidades”, puntualiza.
Elizabeth se encuentra estudiando para obtener la licenciatura en Ciencias de la Educación. Con ese título, tendrá más posibilidad de aplicar a un mayor rango de plazas. Por otra parte, también le aumentaría su salario en caso de quedarse con un puesto fijo. Elizabeth habló con el director de su centro escolar ya que espera obtener una recomendación que la ayude a quedarse aquí, aún con la ley en su contra.
“Yo amo lo que hago, me gustan mucho los niños. Pero también hay que luchar para ver qué se puede ganar en esta vida”, comenta.
A sus 56 años, a Óscar Flores todavía le faltan cuatro años para jubilarse. A él le gustaría continuar impartiendo clases aún después de jubilado, aunque no sea con la misma intensidad de ahora. Él empezó a ejercer la docencia en 1984 con alumnos de tercer grado en una institución privada. Al año siguiente ingresó al sistema público. En la actualidad, trabaja en el Complejo Educativo Walter A. Soundy por las mañanas y por las tardes lo hace en el Colegio Champagnat. Tiene experiencia en trabajar simultáneamente tanto con el sistema público como el privado.
Al comparar las condiciones entre ambos sistemas educativos, Óscar duda. Por un lado, la calidad de la enseñanza es distinta ya que las instituciones privadas son más exigentes a la hora de contratar a un profesor, ya que toman en cuenta la experiencia laboral y la especialidad. Pero las instituciones públicas ofrecen más estabilidad al docente gracias al sistema escalafonario.
El sistema separa a los docentes en dos niveles diferentes según el grado que posean, ya sea licenciatura, maestría o doctorado y profesorado. Óscar es licenciado, por lo que se ubica en un nivel 1 y estará ganando más que un profesor que se ubica en el nivel 2. Además, el salario va aumentando cada quinquenio en un 10 % los primeros cinco años de servicio, un 8 % luego de los diez años de servicio, finalmente en un 7%.
La clasificación de los docentes según el grado de estudio los restringe a no buscar una mayor formación. Para que un maestro tenga un aumento salarial basta con que se saque una licenciatura. No hay cabida para una maestría o un doctorado ya que, aparte de la inversión que implica, un docente no verá la retribución porque ganará lo mismo que un licenciado. Para que el sistema fuera más justo y para que hubiera mayor grado de especialización docente, habría que revisar la categorización por niveles.
Otra crítica a este sistema es el hecho que los docentes tengan que pasar 35 años de servicio para aumentar su salario. Por ejemplo, Óscar lleva ya 32 años de servicio, por lo que está ganando $1,001 mensuales. Para cuando se jubile, estará ganando $1,071. Una secretaria de la Asamblea Legislativa gana lo mismo, sin necesidad de haber trabajado 35 años.
Además, según el artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente, cada tres años debe haber una revisión salarial para actualizar los salarios de acuerdo a los costos de la canasta básica. Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO, recriminó que el aumento salarial ha venido en picada durante las gestiones del FMLN. “Durante los gobiernos de ARENA, por lo menos conseguíamos un 10 % cada 3 años. Este año, para tener un aumento del 5 % tuvimos que salir a la calle”, explicó.
Por una parte, esta es la razón que explica que muchos docentes trabajen dos turnos, como Óscar. También explica que muchos docentes ya en edad de jubilación se queden dando clases, especialmente tras esperar una plaza por 10 años o más.
Sonia García tuvo que pedir un traslado porque en la escuela donde trabajaba, se cerró su plaza. Ella trabajó en el Centro Escolar Amatepec, en Soyapango, durante 16 años. El problema fue que la zona donde trabajaba estaba sectorizada por dos pandillas distintas. Cuando se dio la construcción del Centro Escolar Ciudad Credisa, arriba de Amatepec, los jóvenes que venían desde residencial Ciudad Credisa optaron por quedarse ahí. Poco a poco fue bajando la matrícula y ella se quedó sin enseñar.
En 2006 tuvo que moverse al Centro Escolar Residencial Altavista, en San Martín. Aquí ha estado dando clases de Ciencias Naturales a jóvenes de tercer ciclo y bachillerato. Ya lleva 10 años de estar aquí, pero ya no da clases. Hoy es subdirectora.
Como Sonia, un docente asignado por el sistema público se enfrenta a todo tipo de situaciones: inseguridad y condiciones laborales pobres. Wilman Herrera, jefe del departamento de la UES, explica que no se prepara a los docentes para la realidad a la cual se enfrentarán. El traslado es la mejor solución a la que pueden optar cuando un maestro es asignado a un lugar donde no se necesita o donde no hay recursos. Pero para ello, debe esperar tres años según los requerimientos establecidos en la Ley de la Carrera Docente.
Uno de los problemas a los cuales se enfrentan, por ejemplo, es la falta de recursos en las escuelas. El presupuesto para cada escuela se asigna según el número de alumnos matriculados y la cuota es de $13 por alumno matriculado. Este presupuesto se entrega en tres montos a lo largo del año. Pero este año ha habido un atraso. Paz Zetino, secretario general de Bases Magisteriales, explicó que para salir adelante con las necesidades educativas, los centros educativos tienen que pedir colaboración de los padres o tienen que recurrir a préstamos y esperar a que el dinero del Estado llegue a tiempo para pagar.
En la zona rural, otro de los principales problemas es el estado de la infraestructura escolar. Ahí se concentra el 66 % de los centros educativos. El MINED no puede invertir en infraestructura si esta no es propiedad del Estado. Según el informe del Estado de Políticas Públicas de FUSADES, un 47 % de los centros escolares no son parte del registro del MINED. De los $942,206,294 destinados a Educación este año, $1,716,190 se invertirán para el mejoramiento de los centros escolares a través del Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros.
Lo cierto es que si quisieran enumerar las difíciles condiciones a las que se enfrentan, no acabarían nunca. Se trata de un problema de país: no hay legislación específica para regular la formación docente. La Ley de la Carrera Docente, que entró en vigor hace 20 años, no responde a las necesidades actuales del magisterio ni del sistema educativo. Además, las instituciones encargadas de hacer valer la ley no dan el acompañamiento adecuado a los docentes desde la formación hasta la jubilación.
“Yo no responsabilizo exclusivamente al maestro en el tema de formación y calidad. Es un componente determinante, sí, pero habrá que evaluar las condiciones”, comenta Wilman Herrera. El país presenta una situación desigual en lo social y en lo económico y el Estado no está dispuesto a invertir en educación.
Fuente: http://www.laprensagrafica.com/2016/07/03/un-sistema-en-el-que-los-docentes-no-ensean-lo-que-estudian
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