América del Sur/Uruguay/Fuente:http://www.elobservador.com.uy
Por Ricardo Peirano.
Como si el país no tuviera problemas acuciantes en el área social (marginación, fractura, inseguridad, decadencia educativa) y en el área económica (una nula tasa de crecimiento en este año y en el próximo, un alto déficit fiscal, inflación obstinadamente rondando los dos dígitos, desempleo creciente, excesiva dependencia de nuestros vecinos para el relanzamiento económico, falta de competitividad que asegure crecimiento sustentable), el Plenario de Frente Amplio –que no parece estar en sintonía una vez más con el gobierno del mismo signo partidario– ha lanzado por enésima vez la peregrina idea de una reforma constitucional.
Nadie sabe muy bien el para qué esta reforma y el por qué en este momento, aunque el enunciado vago de los temas que se proponen modificar apunta a un cambio filosófico que altere la balanza de poderes propia del modelo republicano en perjuicio del Poder Judicial y del Ejecutivo y en beneficio del Parlamento, que hoy tiene dificultad para redactar las leyes en forma correcta del punto de vista gramatical, y para disminuir algunos de los derechos individuales como el de propiedad.
A estos efectos me permito recomendar la columna que publicó el pasado jueves Hoenir Sarthou en el semanario Voces, titulada «La Constitución como excusa», en la que hace un notable ejercicio de demolición de los eventuales motivos para reformar nuestra carta magna y de todas y cada una de las ideas propuestas en la agenda reformista. Por un lado, Sarthou señala con acierto que la propuesta de reforma busca cambiar el «eje de la discusión pública». Y que «en lugar de hablar del ajuste fiscal, de la crisis económica, de la deuda pública, de la enseñanza, de la crisis social, de la inseguridad ciudadana y del aumento de precios, la oposición y parte de la opinión pública deberán discutir reformas constitucionales. Gran éxito estratégico».
Por otro lado, Sarthou opina que «la propuesta de reforma puede operar como justificación de la falta de proyectos y de resultados, cohesionando a cierta parte del electorado frenteamplista. Así, para el sector más incondicional de los votantes frenteamplistas, el problema no serán el gobierno ni su falta de ideas y de aciertos, sino la Constitución que lo maniata y la Suprema Corte de Justicia que lo hostiga. Dos blancos fáciles, por diversos motivos. Incluso más fáciles que la prensa, a la que también se la ha acusado de ocultar los supuestos éxitos y resaltar los fracasos oficialistas». Y no le falta razón: es muy fácil buscar chivos expiatorios ajenos de los fracasos propios. Y el ataque a la Suprema Corte de Justicia, a la que se quieren quitar potestades, es algo que un sector del Frente Amplio tiene entre ceja y ceja luego de que el máximo tribunal declarara la inconstitucionalidad de seis leyes dictadas durante la administración anterior, y actualmente esté haciendo lo mismo con la famosa ley de medios, también dictada en la administración Mujica, con la oposición de muchos sectores de la izquierda y con la advertencia previa de distinguidos constitucionalistas de todas las corrientes partidarias y no partidarias.
Pero dado que el Plenario del Frente Amplio tiene un notorio afán reformista, quizá sería bueno canalizarlo hacia algo más provechoso y más propio de estar al tope de la agenda pública nacional: el tema educativo. La ministra de Educación parece haber tirado por la borda los ambiciosos planes iniciales del presidente Vázquez para cambiar el ADN de la educación. Los planes parecen haberse ido junto con el subsecretario Filgueiras y el director de Educación Juan Pedro Mir, injustamente denostados por la ministra, que los nombró a sugerencia del presidente pero que no encajaban en su filosofía educativa ni en su consideración personal.
Pero la educación pública sigue allí: esperando que alguien la reforme o se anime a hincarle el diente. El Plenario del FA podría ayudar al presidente a llevar a cabo esa reforma, que ya no admite demora alguna y que tiene un referente magnífico en los liceos gratuitos de gestión privada situados en barrios de contexto crítico y ahora incluso replicados en Paysandú y próximamente en Salto. He ahí un punto que necesita reforma urgente, y en el cual la coordinación de esfuerzos puede hacer maravillas. Hay miles de jóvenes uruguayos esperando por esa reforma y para ella en nada se necesita la reforma de la Constitución.
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