Year: 2016

Académicos, exsíndicos de la Fundación Universidad de Panamá (Fudep) e involucrados con la educación superior lamentaron el daño perpetrado a la Universidad de Panamá (UP), no solo por el “perjuicio económico” que detectó la Contraloría General de la República (CGR) en una auditoría, sino también por la irreparable afectación a su imagen como máxima casa de estudios del país.

La cifra haría suponer a los fiscalizadores que el monto de la lesión podría ser mayor, ya que se auditaron 13 unidades académicas, y la CGR ignora cuántas más podrían estar involucradas a los hechos investigados. Además, los auditores solo examinaron 3 de los 21 años de existencia jurídica de la Fudep, creada en 1995 por el rector Gustavo García de Paredes. Ello, sin contar que no se suministró toda la documentación para completar la auditoría.

La investigación encontró que hubo desembolsos no reportados o efectuados sin documentos sustentadores, ingresos no depositados. También, que la Fudep cobró comisiones a varias unidades administrativas en calidad de “gastos administrativos”, pero sin formalizar los acuerdos que fundamenten esta obligación monetaria.

Por administrar estos fondos, la Fudep cobraba una “comisión” del 10%, expone el documento.

El presidente de la Fudep, Sergei De La Rosa, refutó la existencia de tales comisiones. “No se cobran comisiones; la Fundación descuenta 10% por el manejo de esas cuentas y dineros”, con la cual se hicieron muchos proyectos a favor de la UP, dijo.

Igualmente, la CGR detectó que las compras en la Fundación se hacían sin cotizaciones ni documentos sustentadores, así como de manera directa, violando la Ley de Contrataciones Públicas, sostienen los auditores.

REACCIONES

La escritora Rosa María Britton –que figuró en los registros de la Fudep como parte del cuerpo de síndicos, en conjunto con un grupo de destacados empresarios y académicos del país– advierte que se desvirtuó la misión que tenía la Fundación cuando la directiva del Club Rotario inscribió, de buena fe, a parte de sus miembros a fin de colaborar con la UP consiguiendo fondos en el exterior.

“Eso no tiene sentido”, que la Fudep consiga ese dinero de las operaciones de la Universidad y lo facture a su nombre, advirtió Britton quien también preside la Fundación Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. Argumentó que así no se maneja este tipo de organización, puesto que todo el dinero, en su caso, pasa directo a la biblioteca sin cobros por manejos.

Lo revelado en el examen fiscalizador –a su juicio– “es una cosa inaudita; la Universidad de Panamá necesita que hagan una limpieza de afuera para adentro y de adentro para afuera. Esto no puede seguir así. A la Universidad no se le puede desacreditar de esa forma […] porque esos manejos turbios afectan al país”.

El Movimiento de Renovación Universitaria, a su turno, calificó de “lamentable” el resultado de la auditoría a la UP, ya que esta institución debe ser ejemplar en el manejo de su patrimonio para las instituciones publicas y privadas.

Eduardo Flores, presidente del movimiento y candidato a rector, recalcó que lamenta que se haya detectado una lesión al patrimonio, porque “nos afecta a todos como institución […] y la imagen va a ser difícil rescatarla”. Contrario a lo que se proyecta –añadió– la gran mayoría de los profesores, universitarios y administrativos desean “lo mejor para este país”.

Declaró que es “ilegal” que se desvíen los ingresos de la UP a la Fudep y explicó que esta forma de manejar el capital para la educación universitaria se debe a “una administración que lleva demasiado tiempo en la UP, [porque] cuando una administración se enquista 19 años en la administración, empieza a pensar que la institución le pertenece y que pueden hacer cualquier cosa con la institución y sus fondos”.

Ni el rector, Gustavo García de Paredes, ni sus vicerrectores aparecen en la lista de señalados por el “perjuicio económico” en la auditoría, como sí lo están una veintena de funcionarios, entre directores de los institutos, decanos de facultades, profesores y administrativos.

No obstante, en una entrevista plasmada en el documento, consta que todo lo actuado por los funcionarios investigados obedecía a directrices emitidas por García de Paredes. Y en ello coinciden directivos de los institutos, tras hablar con este medio.

En uno de esos testimonios se deja claro que, en relación al proceso de emitir cheques a la Fudep, el jefe directo de todos los institutos es el rector, y que se seguían “directrices verbales”. Para este fin, el rector asignó a una funcionaria de enlace para recaudar “los ingresos y el depósito de los mismos a la Fudep”, concluye el expediente.

Pero no es la Contraloría la que tiene la última palabra. Si hubo o no lesión patrimonial, el que lo decidirá serán el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público, manifestó el excontralor Carlos Vallarino.

“Lo que dice la Contraloría no es lo último […] en muchos casos lo rebaten […] le encuentran fallas”, como en el caso de los procesos del equipo de gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, subrayó.

Vallarino, quien también figuró como síndico de la Fudep –pero aclaró que desconocía estar vinculado a ella– fue enfático en indicar que ninguna entidad pública está por encima de la Ley de Contrataciones Públicas.

“Tienen que explicar eso de que faltan documentos, eso no puede ser; si se tiene un gasto, usted lo justifica”.

Vallarino comparó lo que hace la Fudep –de cobrar una “comisión de manejo”– con el mecanismo operativo del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), que también cobraba una comisión por el manejo de programas y proyectos de otras instituciones del Estado.

Otra de las voces que se alzó, producto del resultado de la auditoría, fue la empresaria y educadora Nivia Rossana Castrellón, quien opinó que el hallazgo es “una situación deplorable que va en contravía de los ejemplos que merece la sociedad, en particular, una casa que forma a nuestra juventud”.

La empresaria sugirió que “la Universidad debe ser de puertas abiertas y su gestión debe ser de cara a la sociedad”.

Para el Movimiento de Adecentamiento de la Universidad de Panamá, “la fudep fue, evidentemente, un instrumento del desgreño” en el manejo de los recursos universitarios.

“Las evidencias apuntan a una verdadera red delincuencial que debe ser desmadejada por el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público, y los responsables deben ser castigados, dado que la corrupción en el campo educativo no consiente ser tolerada” concluyó el profesor José Garrido.

La Prensa le consultó a la Contraloría si enviaría el resultado de la auditoría a la Fiscalía General de Cuentas, pero no hubo respuesta.

A su vez, consultó al rector, Gustavo García de Paredes, sobre los hallazgos de la CGR, pero este dijo: “No tengo opinión. No conozco el informe”.

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