Por PRENSA CIESPAL
El patriarcado es un orden social fundamentado en relaciones asimétricas de poder que se sustentan en la imposición de la supremacía de lo masculino y en la consideración de lo femenino como inferior y subordinado, y que en aras de legitimación, da origen a preceptos sociales que implican la imposición directa o solapada de órdenes por parte de los hombres o las instituciones que les representan, sobre las mujeres (Duarte y Fernández, 2006: 145. Asimismo, las construcciones sociales han impuesto una diferenciación de jerarquización de roles entre hombres y mujeres que determinan a estereotipos que cuestionan ciertas capacidades sobre las mujeres.
Por ello estos patrones estereotipados, lenguaje, símbolos y valores reproducen la dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y así produce una violencia que genera una sumisión. Estas acciones en el proceso de socialización en el orden social, naturalizan las relaciones asimétricas de poder acentuando percepciones del mundo dominante y se plantean como naturales.
Los medios de comunicación, como agentes de socialización, forman parte de este sistema que reproduce esos estereotipos y naturalización de las representaciones negativas de la mujer, a través de sus contenidos y exposición de la información. Por ello, esta fuerza mediática es uno de los principales agentes promotores de derechos humanos y equidad de género que influyen en la cultura de una sociedad y refuerzan la desigualdad social.
De esta manera su poder en la consolidación de un imaginario social estereotipado conlleva efectos insondables y perdurables, reforzando procesos de exclusión hacia grupos históricamente excluidos y perpetuando el “deber ser” establecido como “normal”para los géneros.
PERFIL
María PESSINA es Secretaria General de CIESPAL. Feminista, Máster en Género y Desarrollo, con mención publicación por su trabajo Conocimiento, Mujer y Ciencia, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador (FLACSO) entidad en la que también realizó estudio sobre Periodismo y Responsabilidad Social. Es periodista por la Universidad Central de Venezuela y especialista en estrategias de comunicación política y género. Además realizó estudios en la Universidad de Ginebra (Suiza) y en Roma en donde realizó estudios de producción de cine y televisión. María PESSINA ha sido editora de varias publicaciones sobre género publicadas en la FLACSO (Ecuador) y ha trabajado en varios medios nacionales e internacionales: editora en El Nacional (Caracas); Hoy (Quito) y El Comercio (Quito). Ha colaborado en medios como BBC Mundo, Familia, El Comercio, El Telégrafo y en Radio Quito y Platinum (Ecuador Radio) se desempeñó como Productora Ejecutiva. Consultora de comunicación en organismos internacionales. Fue Directora de Comunicación del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y asesora del despacho en temas comunicacionales de la Secretaria de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Ha participado en congresos, seminarios y encuentros, nacionales e internacionales, sobre comunicación, política y género.
A su vez, Alberto Arnaut, historiador e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que son rasgos preocupantes de esta reforma laboral: el centralismo en el diseño de lineamientos y evaluaciones educativas, que se concentran en las manos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); y la unilateralidad en la definición de parámetros, perfiles, indicadores, exámenes y dispositivos de evaluación, sin cualquier participación del magisterio y de los sindicatos docentes. «Lo más dramático es que se escuchó mucho más a los empresarios, que no quieren la escuela pública y deprecian al magisterio de las escuelas públicas, que a las y los maestras/os que se someterán a este nuevo régimen laboral. Si no se someten a la evaluación punitiva, que es el corazón de la reforma, serán despedidos de su empleo o echados de la función docente y restrictos a funciones de carácter administrativo que la autoridad educativa decidirá unilateralmente» 
Juan Melchior Román, de la Dirección Política de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) añade que, con el pretexto de la evaluación, se quiere limitar la calificación docente al buen desempeño en exámenes de opciones múltiples, los cuales no son suficientes para evaluar la calidad social educativa, ni para mejorar el sistema educativo. «Una de las implicaciones de esta reforma es el despido masivo de los trabajadores, y la otra es la reducción de los contenidos educativos que tienen que ver con la formación integral de las y los estudiantes, pues la formación docente y las clases se limitarán a los conocimientos técnicos exigidos en estas pruebas 
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