El Ministerio de Educación de China comenzó este martes a solicitar la opinión pública sobre un proyecto de reglamento para mejorar la protección de los menores en las escuelas.
Los centros educativos deben adoptar una actitud de tolerancia cero a la intimidación, el abuso y el acoso sexuales contra los estudiantes, según el documento.
El proyecto también exige que las escuelas examinen los antecedentes penales de los candidatos antes de emplear a profesores o aceptar voluntarios y trabajadores sociales en los campus.
Tras señalar que los centros docentes están obligados a proteger la seguridad de los estudiantes en los campus, el documento hace hincapié en que las escuelas tienen prohibido organizar a sus alumnos para participar en rescates de emergencia, alivio de desastres o actividades comerciales.
Los hombres y jóvenes que embarazan tienen una cuota de responsabilidad, pero son invisibles dentro de estos factores causales, su participación en embarazar sin medir consecuencias es significativa.
El embarazo en la adolescencia es un fenómeno frecuente en nuestro país. El fenómeno tiene dos tendencias dentro de la adolescencia según los estudios cualitativos y cuantitativos realizados en los últimos 10 años, (CONAPOFA 2008, PROFAMILIA-CENISMI 2011), estas tendencias son embarazos deseados y embarazos no-deseados. Dentro de los embarazos no-deseados encontramos diversos perfiles de adolescentes que se embarazan por diferentes causas entre las cuales se encuentran:
a-Presencia de relaciones sexuales espontaneas no-planificadas.
b-Falta de información y orientación.
c-Poca continuidad y sistematicidad en el uso de métodos anticonceptivos.
d-Violaciones sexuales
e-Incestos
Vemos que hay una diversidad de causas de embarazos no-deseados desde la perspectiva de las adolescentes. Los hombres y jóvenes que embarazan tienen una cuota de responsabilidad, pero son invisibles dentro de estos factores causales, su participación en embarazar sin medir consecuencias es significativa.
En los estudios realizados se muestra que las adolescentes que se embarazan sin desear ni planificarlo sufren en muchos casos el rechazo y la presión social en sus familias, centros educativos, parejas, grupos de pares y sociedad en general.
Nuestra sociedad maneja el embarazo en adolescente en una forma ambigua y contradictoria. Las familias, centros educativos y entorno social las juzga, las expulsan de los centros educativos porque están embarazadas y se desesperan. No pueden interrumpir el embarazo porque la sociedad no lo permite, es ilegal, si continúan con el embarazo sufren la expulsión de los centros educativos, el aislamiento, discriminación y exclusión en sus familias y en su contexto social.
Cuando la niña o adolescente sufre una violación sexual, el silencio es mayor y con ello los riesgos. Quedar embarazada se convierte en un doble trauma en el que se combina la condena social por ser adolescente embarazada y el riesgo de mantener una relación continua con su agresor al convertirse este en padre. El miedo a informarle a la familia el abuso y sufrir el peso del estigma las lleva a búsqueda de alternativas clandestinas y riesgosas de aborto. La desesperación y la depresión las arropan y buscan incansablemente salidas en las que no hay puertas sino muros. Las búsquedas de remedios combinados para provocarse el aborto en forma clandestina son múltiples en las que se combinan raíces y hojas de diversa índole, ingesta de tres pasitos, tirarse por la escalera, introducirse una percha o un objeto punzante, pedirle a una amiga que se le tire encima y muchas otras prácticas agresivas que las llevan muchas veces a desangrarse sin contar con atención médica oportuna y de emergencia.
Otras intentan suicidarse tomando todo tipo de sustancias y a veces lo logran. Los casos de suicidios de niñas y adolescentes están en aumento y en las comunidades se prefiere no hablar de ello.
Como sociedad no le damos alternativas a las adolescentes y jóvenes, le cerramos las puertas y solo nos dedicamos a condenar y reprimir. No se ofrece una educación sexual que empodere a las y los adolescentes en sus derechos sexuales y reproductivos y se les niega a las adolescentes servicios de salud integral cuando inician un proceso de aborto clandestino. La condena total al aborto que se ha mantenido a través de la historia solo provoca más desesperación, clandestinidad, riesgos y muerte. ¿Hasta cuándo seguiremos empujando a las niñas y adolescentes abusadas a un callejón sin salida?
Expertos consultados por BBC Mundo aseguran que una baja edad de consentimiento sexual empeora muchos índices de derechos infantiles.
En Filipinas, uno de cada cinco niños entre 13 y 17 años ha sufrido violencia sexual.
Los niños de 12 años recién viven la pubertad, sus genitales están inmaduros y su cerebro todavía no entiende las implicaciones de una relación sexual.
Pero durante décadas en Filipinas ha sido legal que los adultos se acuesten con niños de esa edad.
Este país del sudeste asiático tiene una de las edades consentimiento sexual más bajas del mundo, aunque las comparaciones pueden ser confusas debido a las diversas legislaciones de cada país.
Expertos consultados por BBC Mundo afirman que la baja edad de consentimiento sexual en Filipinas es una amenaza para la salud infantil y que contribuye a que también sufra altas tasas de abuso, violencia y explotación sexual de niños.
La controvertida ley aún vigente, que data desde los años 30, dificulta definir qué es violación y qué no; y permite que pederastas y violadores esquiven con frecuencia el castigo de la ley, aseguran especialistas.
La baja edad de consentimiento sexual en Filipinas es una amenaza para la salud infantil y contribuye a que el país asiático también sufra altas tasas de abuso, violencia y explotación sexual de niños.
Sin embargo, las cosas podrían estar muy cerca de cambiar.
A fines de 2020, el Congreso de Filipinas, tras décadas de campaña de organizaciones defensoras de los derechos del niño, aprobó por amplia mayoría aumentar hasta 16 años la edad de consentimiento sexual, también conocida como ley de violación estatutaria.
La reforma aún debe recibir la aprobación del Senado y la ratificación del presidente Rodrigo Duterte para convertirse en ley. Es el paso que muchos esperan que acabe con décadas de desprotección infantil.
Arraigo cultural centenario
En el mundo, las edades de consentimiento sexual oscilan entre los 11 y 18 años, aunque quedan relativamente pocos países que mantengan este índice por debajo de los 14 o 15 años.
Muchos de estos países se concentran en Sudamérica y Asia, y, en el caso de Filipinas, los expertos lo justifican en el arraigo cultural y religioso de códigos penales influenciados por siglos de colonización española, finalizada en 1898.
El código penal filipino aún está influenciado por el arraigo religioso vigente desde tiempos de la colonización española.
«Cuando en Filipinas se estableció la edad de consentimiento sexual a los 12 años en la década de 1930, aún estábamos muy marcados por los tres siglos de dominio español, con todas las herencias culturales que eso significa», explica a BBC Mundo la doctora Bernadette Madrid, directora de la Unidad de Protección Infantil de la Universidad de Manila, Filipinas.
Hasta 2015, la edad de consentimiento sexual en España estaba situada en los 13 años, de las más bajas de la Unión Europea. Actualmente está definida en 16.
Inmadurez psíquica y física
«La violación estatutaria es un delito que involucra el contacto sexual entre un adulto y un menor a la edad especificada por la ley. Con cierta edad, un menor no puede dar su consentimiento al sexo porque carece de la madurez necesaria para tomar una decisión consciente sobre ello», explica a BBC Mundo Patrizia Benvenuti, directora de Protección Infantil en Unicef Filipinas.
Básicamente significa que cualquiera que tenga contacto sexual con un menor de 12 años en Filipinas no tiene que responder ante la ley si el menor afirma que la relación fue consentida.
Durante décadas, distintas organizaciones han hecho campaña para que se proteja más a los niños en Filipinas.
«Esto es muy problemático. La parte racional del cerebro de una persona no se desarrolla completamente hasta los 25 años. Hay amplia evidencia sobre ello. Por lo tanto, decir sí a una relación sexual con 12 años no es consistente con los estudios científicos sobre el desarrollo del cerebro y la madurez física y emocional», agrega la experta.
«A los 12 años, los genitales de una niña están inmaduros. Cualquier relación sexual a esa edad les expone a más posibilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual, infecciones y desarrollar cáncer de cuello uterino. Un embarazo a esa edad tampoco es seguro y pone en riesgo tanto a la madre como al bebé», amplía Madrid.
Además, ambas expertas coinciden, a esa edad es muy fácil ser manipulado por alguien mucho mayor.
Prisa por aprobar la ley
Benevenuti dice que aprobar esta ley es vital porque protege a los niños de zonas en desventaja social, más propensos a la actividad sexual con adultos a cambio de bienes y favores.
Además, protegería a los niños de las consecuencias de la actividad sexual prematura y de la alta tasa de embarazos no deseados o precoces, una causa primaria en el abandono escolar adolescente.
«Y, por supuesto, castigaría a los adultos que se aprovechan de los menores», dice Benvenuti.
Las esperanzas de muchos filipinos están depositadas en que el Senado convierta la propuesta en ley cuanto antes.
En Filipinas, uno de cada cinco niños entre 13 y 17 años ha sufrido violencia sexual y esta tendencia afecta a hembras y varones, según un estudio de Unicef en 2015.
Es por ello que la propuesta también recoge protección igualitaria tanto a niños como niñas en casos de violación, algo que no incluye la ley actual.
Filipinas también figura entre los países con mayor producción y distribución de material pornográfico infantil.
Unicef estima que la baja edad de violación estatutaria es causa primaria de que estos índices de abuso infantil sean tan altos.
Cambio de mentalidad
Muchos filipinos, como Madrid, esperaban que la reforma se aprobara de forma exprés en el Senado después de que el Congreso diera el visto bueno el 1 de diciembre de 2020 por 207 votos a favor y 3 en contra.
«Pero ahora parece que el proceso va más lento. Me preocupa que, si sigue tardando, la iniciativa quede relegada por otras prioridades de la agenda política», dice la experta.
Los promotores de la nueva ley llevaban varios años intentando que se debatiera en el Congreso, pero no fue hasta hace unos meses que los congresistas actuales se sentaron a discutirla y aprobarla.
«Al margen de la ley, este país necesita un programa de educación sexual más completo».
«Algunos de los congresistas tienen hijas de 12 años y, por tanto, tienen la empatía suficiente para comprender que una niña de 12 años no está preparada para tener sexo», explica Madrid.
La doctora reconoce que, a pesar de la mayor promoción institucional de la ley, existen «pedófilos» que se han manifestado en contra y desafían la iniciativa dejando comentarios críticos en el sitio web de la Unidad de Protección Infantil.
«Muchos nos dicen que las adolescentes de 12 años deberían ser libres de decidir por sí mismas si quieren tener sexo o no. Al margen de la ley, este país necesita un programa de educación sexual más completo«, opina la especialista.
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Fuente e Imagen: https://acento.com.do/bbc-news-mundo/el-pais-donde-tener-sexo-con-ninos-de-12-anos-es-legal-y-sus-esfuerzos-por-cambiarlo-lo-antes-posible-8905814.html
América Central/República Dominicana/22-01-2021/Autor(a) y Fuente:acento.com.do
La entidad destaca que la violencia verbal y psicológica está presente en cinco de cada 10 infracciones, un 51 %, seguida de la violencia física, que corresponde al 23 % del total de las denuncias realizadas en los primeros 10 meses de 2020.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Fiscalía del Distrito Nacional informó que entre enero y octubre de 2020 registró 3 mil 851 denuncias por violencia de género y delitos sexuales, de las cuales el 64 % (2,483) fueron realizadas en las fiscalías comunitarias y el 36 % restante a través de la Unidad de Atención y Persecución de la Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual.
Los datos de la Dirección de Indicadores de Gestión de la Fiscalía del Distrito Nacional destacan que el sector con mayor número de denuncias durante este período fue Cristo Rey, con 509.
La entidad destaca que la violencia verbal y psicológica está presente en cinco de cada 10 infracciones, un 51 %, seguida de la violencia física, que corresponde al 23 % del total de las denuncias realizadas en los primeros 10 meses de 2020.
El reporte estadístico de la Fiscalía del Distrito Nacional evidencia, durante el período comprendido entre enero y octubre 2020, una baja en la cantidad de denuncias por violencia de género y delitos sexuales, 1,679 menos en relación con el mismo período de 2019.
Según el rango de edad, el informe estadístico de la Fiscalía del Distrito Nacional indica que mujeres entre 18 y 35 años son quienes más sufren violencia de género, mientras que niñas entre 13 y 17 años son la mayoría de víctimas de delitos sexuales.
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/mas-de-3851-denuncias-de-violencia-de-genero-y-delitos-sexuales-se-registraron-en-10-meses-del-2020-8904512.html
La presencia de estas causas del matrimonio infantil o las uniones tempranas tienen en común las violaciones de derechos de la niñez y adolescencia en las familias acompañadas con la ausencia de comunicación y orientación entre familias y sus hijas sobre su realidad socio-afectiva y sexual.
El matrimonio infantil/uniones tempranas tienen raíces culturales muy arraigadas en nuestro país. En estudios que venimos realizando desde hace unos 15 años en distintos contextos (rural, urbano-marginal) y diferentes provincias del país (Vargas 1998) (Vargas 2014) (Vargas 2018) desde el abordaje de distintos temas se presentan continuamente casos de uniones tempranas/matrimonio infantil en los que se plasman distintas causas como son:
a) Salida de círculos de violencia intrafamiliar. En todos los estudios realizados se presenta continuamente violaciones de derechos hacia niños, niñas y adolescentes al interior de las familias, violencia física y sexual. Las niñas y adolescentes utilizan como estrategia para salir de esos círculos irse de la casa, se van con otros familiares, amigas y novios. “Yo tenía 12 años y mi novio tenía 17, me fui de mi casa porque peleaban mucho, me daban mucha pela, un día me entraron a palos y me fui”.
Juntarse con un novio e irse a su casa materna o a una pieza es una práctica frecuente que para ellas simboliza libertad y escape de la violencia.
b) Legitimar las relaciones sexuales. La actividad sexual en niñas y adolescentes en los estudios que hemos realizado inicia desde los 10-12 años fruto de abuso sexual pero visto por ellas como voluntario o su propia decisión. Las familias muchas veces desconocen la presencia de abuso y actividad sexual en sus hijos e hijas desde temprana edad. Los patrones culturales presentes en el imaginario social y familiar condenan la actividad sexual en el sexo femenino (no así en el masculino) antes del matrimonio por la influencia religiosa. Esta prerrogativa cultural marca a las familias y a las adolescentes entendiéndose así que deben casarse para tener relaciones sexuales y ser aceptadas socialmente.
c) Expulsión de sus hogares por tener sexo o por “andar en la calle de noche”. Muchas adolescentes señalan que han sido expulsadas de su hogar por su familia. Esta expulsión tiene como principal razón la posible sospecha de relaciones sexuales por salidas a divertirse o rumores. Las familias entienden que cuando una niña o adolescente tiene sexo pierde su honor y la única forma de recuperarlo es que el novio se la lleve y la mantenga. “Llegue a mi casa a las once de la noche y mis padres me dijeron que no me aceptaban, que ya era una mujer y tenia que irme de la casa con el hombre con quien yo andaba”.
d) Normalización del matrimonio, “casarse” o “irse”. En varias adolescentes encontramos la expresión “me case porque quería formar una familia” “me case porque estaba enamorada de él”. La unión o matrimonio se concibe en la cultura popular como “normal” en la adolescencia. Tener un novio y durar con el 1 año es mucho tiempo, se supone que el noviazgo debe durar poco y en consecuencia casarse es la meta, acompañada con la visión de que hay que tener hijos siendo joven.
e) Masculinidad basada en el permiso a disponer de los cuerpos de las niñas y adolescentes con legitimación social y visión de las “menores” como trofeo de la virilidad.
La presencia de estas causas del matrimonio infantil o las uniones tempranas tienen en común las violaciones de derechos de la niñez y adolescencia en las familias acompañadas con la ausencia de comunicación y orientación entre familias y sus hijas sobre su realidad socio-afectiva y sexual. La desconfianza en las hijas desde su niñez, la represión a su diversión y recreación y las desigualdades de género presentes en las que los hijos tienen libertades y permisos que se les niega a sus hijas provoca la búsqueda del matrimonio y la unión como una salida y ruptura. Esto acompañado de la aceptación del ejercicio de poder masculino sobre niñas y adolescentes
La aprobación en la cámara de diputados de la ley que prohíbe el matrimonio infantil y la conformación de un gabinete de la niñez y adolescencia presidido por la primera dama Raquel Arbaje y CONANI para prevenir el matrimonio infantil y embarazos en adolescentes es un avance significativo en el abordaje de la problemática.
Se necesitan cambios profundos en el imaginario de la cultura popular con la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia, la equidad de género, educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos y nueva masculinidad.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY
América Central/Panamá21-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Las manifestaciones juveniles se producen en contra del retiro gubernamental a la ayuda para personas menores de 25 años.
Diversas organizaciones y personalidades panameñas calificaron este jueves de «violencia policial» las acciones contra jóvenes universitarios que protestaron frente al parlamento local en contra de la eliminación gubernamental a la ayuda solidaria para personas menores de 25 años.
Las reacciones llegaron tras un mensaje publicado en Twitter por parte de la Policía Nacional mediante el cual informó que «por alteración de la convivencia pacífica, 27 personas, entre ellas cuatro menores de edad, serán remitidas al Juzgado de Paz, por nuestras unidades policiales. Los mismos se mantienen en la subestación policial de San Miguel en el corregimiento de Calidonia».
Poco después, sin embargo, uno de los oficiales mostró a la prensa un listado con 23 personas, entre las cuales aparece una estudiante acusada por «agredir a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones», pero un vídeo difundido por medios de prensa locales muestra a la detenida cuando recibe una golpiza de un policía.
Sobre el tema se pronunció el rector de la Universidad de Panamá (UP), donde estudia la joven, quien repudió «la agresión física por parte de la policía antimotines contra la estudiante Ileana Correa; y exijo que se retire el absurdo cargo que le hacen a la estudiante de agresión física contra la policía».
Varias organizaciones civiles y gremios estudiantiles exigieron, de igual manera, la liberación inmediata de los 27 detenidos, incluidos cuatro menores de edad, una de las cuales, gritó ante las cámaras que en el registro personal fue abusada sexualmente.
Este jueves fue el segundo día de protestas juveniles contra el Decreto Ejecutivo que elimina la ayuda financiera por el equivalente de 100 dólares mensuales durante la pandemia de Covid-19 a los menores de 25 años dependientes económicos de la familia.
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Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/protestas-panama-jovenes-represion-20201217-0022.html
América del Sur/ Perú/08-11-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.do
El hecho de que la sala judicial haya resaltado el uso de esa prenda es lo «más escandaloso», pero «en toda la sentencia ha habido una serie de argumentos basados en prejuicios, en estereotipos, en machismo, que ha causado bastante indignación».
Un calzón rojo de encaje es la prenda de máxima seducción en el imaginario popular y bajo ese argumento, tres jueces de Perú rechazaron una denuncia de violación de una mujer que los usaba y absolvieron a su presunto violador, en un fallo que ha indignado al país por los prejuicios machistas que sostiene.
El relato es el de una muchacha de 20 años que acude a una cita con otro joven de 22 años, toman unos tragos y el encuentro se extiende más allá de las once de la noche, la hora en que la mujer dijo a su familia que volvería a su casa.
Sin embargo, la cita se convierte en una pesadilla, pues la mujer denuncia al hombre por agresión sexual y el caso llega a los tribunales en la calurosa ciudad de Ica, al sur de Lima.
Después de meses de investigaciones, los magistrados decidieron absolver al presunto agresor por una serie de argumentos que para muchos peruanos, expertos legales y organizaciones feministas son fuente de indignación, pues muestran claramente cómo la Justicia, en lugar de proteger, revictimiza y perpetúa la violencia contra la mujer.
JUSTICIA QUE REVICTIMIZA
«A muchas mujeres y organizaciones feministas nos ha causado mucha indignación porque no es la primera vez, ni es un caso excepcional, donde la Justicia revictimiza y contribuye a esta cadena de violencias que se ejecutan contra las mujeres», declaró a Efe la vocera del movimiento feminista Manuela Ramos, Luz Mateo.
El hecho de que la sala judicial haya resaltado el uso de esa prenda es lo «más escandaloso», pero «en toda la sentencia ha habido una serie de argumentos basados en prejuicios, en estereotipos, en machismo, que ha causado bastante indignación», precisó la activista.
El peritaje psicológico hecho a la víctima la describe como una persona sumisa, dependiente e incapaz de decir un no tajante, pese a lo cual los jueces dictaminaron que ese peritaje no corresponde con una persona que lleva ropa interior de color rojo.
«Han dictaminado que este peritaje no va y por eso es que hacen hincapié a su ropa interior, que era una truza (calzón) de color rojo y con encaje», anotó Mateo.
De hecho, en la resolución judicial se afirma que «la máxima de la experiencia» señala que esa prenda es usada para ocasiones de intimidad, lo cual desvirtuaría un escenario de agresión sexual.
También desvirtuaría el peritaje que dice que la mujer es «tímida», en el sobreentendido que solo una mujer «atrevida» llevaría ese tipo de prenda.
ABREN INVESTIGACIÓN A JUECES
Manuela Ramos es una de las varias organizaciones que viralizaron en las redes sociales el lema #Perúpaísdevioladores para criticar la actuación de los magistrados Ronald Anayhuamán, Diana Jurado y Lucy Castro, que serán investigados por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a raíz de su controvertido fallo.
El archivamiento de la denuncia fue asimismo apelado por el fiscal adjunto provincial, Carlos Guillermo Yalle, para que se realice un nuevo juicio con las debidas garantías y se anule esta sentencia.
Por su parte, el Ministerio de la Mujer manifestó su «profundo rechazo» ante los argumentos de los magistrados y agregó que la erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres solo podrá ser posible con «un Poder Judicial imparcial y consciente de su rol fundamental frente a los fines de la erradicación de la violación y discriminación basadas en género».
CASOS REPETIDOS
Esta situación se añade a otros sonados casos en los que la Justicia parece amparar a los agresores sexuales antes que a las víctimas que se han dado a conocer en Perú en los últimos meses y que evidencian la arraigada cultura de la impunidad en este tipo de casos.
Así, en septiembre último un fiscal decidió archivar una acusación de abusos contra Guillermo Castrillón, director y profesor de teatro, al que 16 de sus alumnas acusaron de abusos sexuales, bajo el argumento de que no estaban lo suficientemente traumadas por los presuntos ataques.
Castrillón obligaba a sus actrices y estudiantes, con quienes mantenía una relación jerárquica, a desnudarse, las manoseaba, introducía su pene entre las nalgas o los dedos en sus vaginas como «técnica» de enseñanza.
También habría penetrado a una mujer que quedó inconsciente en su casa durante una fiesta e irrumpido en el cuarto de una compañera de apartamento para masturbarse junto a su cama, nada de lo cual parece sostener indicios de probable delito a los ojos de un fiscal.
A finales de octubre otro caso llamó la atención y generó un gran revuelo, después de que un abogado justificara una agresión sexual cometida por cinco hombres contra una mujer durante una reunión, al señalar que a la víctima «le gusta la vida social».
#AMiMeGustaLaVidaSocial se convirtió en una etiqueta utilizada en redes sociales, como Twitter, Instagram, Facebook y Tik Tok, bajo la cual grupos feministas y mujeres de distintos ámbitos de la vida social peruana denunciaron los prejuicios y argumentos utilizados para amparar a los violadores.
CULPA A LA MADRE
El caso de la absolución del presunto violador, además de asumir una responsabilidad de la víctima por sus prendas, también recoge otras culpas, como el hecho de que la denunciante había bebido alcohol voluntariamente con su agresor y que era mayor de edad.
Además, según denunció Mateo, se pretende trasladar la responsabilidad del delito a la madre de la mujer, por no haber cuidado de su hija.
Mateo indicó que los magistrados señalaron que «la mamá no busca a su hija después de las 11 de la noche, hora en que quedó en llegar a su casa, y entonces la responsabilidad se traslada a la madre», pues el juez dice que «el impulso de una madre es ir a buscar a su hija cuando no aparece».
«Básicamente, lo que hace la sentencia es justificar la violencia, pero parte de este cuestionamiento que se hace al testimonio de la víctima», afirmó la vocera de la organización feminista.
BORDEAN LAS 7.000 DENUNCIAS POR VIOLACIÓN
Las cuestionadas actuaciones de los operadores de justicia, como en el caso de Ica, son un motivo por el cual muchas víctimas de violencia sexual evitan denunciar, pues temen ser enjuiciadas por su forma de ser o incluso de vestir.
En este año de pandemia, entre enero y septiembre, Perú registró 6.893 denuncias de violencia sexual en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde el 30 % de las víctimas fueron menores de edad, pero las organizaciones feministas sostienen que los casos reales deben ser muchos más. EFE
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/llevar-calzones-rojos-una-indigna-licencia-para-violar-en-peru-8879792.html
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