Sudáfrica: Una clase para frenar la epidemia de agresiones sexuales a menores

África/Sudáfrica/29 Agosto 2019/El país

Sudáfrica asiste conmocionada al incremento de la violencia sexual, que afecta como mínimo al 35% de los estudiantes. Un programa escolar trata de atajar la estructura social sobre la que se sustenta

Los alumnos del último curso de secundaria de la escuela Rauwane Sepeng, ubicada en uno de los escasos descansos orográficos que concede el corredor del platino, en el noroeste de Sudáfrica, están calculando la fricción entre dos cubos de cuatro y ocho kilogramos dibujados en la pizarra. Al poco de tocar el timbre, Lydia Ganda deja sus cosas sobre la mesa del profesor. Ella no viene a hablar de física. Ni siquiera de algo que vaya a computar para la media académica. Va a hablar de sexo.

«Antes de iniciar cualquier relación sexual necesitamos consentimiento. Tenemos que preguntar. La respuesta solo puede ser  o No. No hay proceso más correcto que el de preguntar, esperar la respuesta y respetarla», escribe para empezar en la pizarra, donde antes estaban los cubos y las fórmulas matemáticas.

—¿Y si no dice nada, si se queda en silencio? Hay que darle tiempo, se responde Lydia a sí misma.

—A lo mejor quiere decir que sí, interviene un chico sentado en medio de la clase. Es el primero que se aviene a hablar. Su compañera de atrás le da una colleja al escuchar su respuesta. Los demás ríen.

Exacto. El silencio no es consentimiento. Ningún silencio es aceptable. Solo un sí es aceptable, repite Lydia.

Hay más alumnos que quieren participar.

—Muchos chicos piensan que si nos invitan a salir a cenar fuera quiere decir que les tenemos que dar algo a cambio.

¿Acaso no es así?, bromea, o quizá no tanto, otro de los chicos. Es alto y muy delgado. Parece mayor que los demás. Varias alumnas a su alrededor le increpan, tampoco demasiado en serio.

—¿Cómo va a ser así?

—Lo que dices, —vuelve a contestar la trabajadora comunitaria del programa de educación sexual puesto en marcha por Médicos sin Fronteras en Rustenburg—, no deja de ser una coerción, aunque sea psicológica. Porque la coerción no es solo física, la que deja moretones, si también moral, la que no se ve.

—¿Y si yo solo quiero hacer hasta un punto? ¿O si de pronto aparece alguien?

Un sí es solo sí hasta aquí y hoy. No es un permiso para hacer lo que queramos cuando queramos. Tenemos que preguntar a nuestra pareja lo que quiere hacer en cada momento, porque igual solo quiere ir de la mano; o al centro comercial por si aparecen sus padres; o puede que quiera cierta intimidad sexual. Lo importante es que preguntéis y respetéis lo que quiera la otra persona, insiste Lydia. Está hablando para chicos de entre 16 y 18 años.

¿Y si ella piensa que voy muy despacio?, pregunta un chico.

—Lo que tienes es que pedir permiso para pasar a la siguiente fase.

—¿Y si acordamos algo por WhatsApp, pero luego me arrepiento?

Las preguntas fluyen una detrás de otra. Les interesa más que la clase de física

—Siempre vas a tener la posibilidad de echarte para atrás. O de decir sí a la intimidad sexual, pero no a la penetración.

—Pero si decimos que no, después nos van a hacer sentir culpables. O, por ejemplo, si vamos a casa de un chico entiende que vamos a tener sexo.

—Pero no tenéis que hacerlo. Siempre, en cualquier circunstancia tenéis derecho a parar. Si una chica dice “para” —habla ahora para los chicos de la clase— tenéis que parar.

—Y de esto, de sexo, ¿habláis con vuestros padres?

La clase se vuelve a alterar. En el grupito de chicas que ocupa los pupitres junto a la puerta se atropellan unas a otras al hablar. «Con los míos no, cada vez que se menciona algo relacionado con el sexo se vuelven locos». «La mía —dice otra— si se entera empieza a tirar cosas. Amenaza con la zapatilla».

Mientras termina de reír, la primera de las jóvenes, la más menuda de todas, vuelve a tomar la palabra: «Lo importante es que no vamos a ser como nuestros padres. Ellos entienden el sexo de otra manera, pero nosotras cuando seamos adultas vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a ser madres más abiertas».

Lydia, que lleva desde 2015 recorriendo una veintena de escuelas de esta región minera de Sudáfrica, no esconde una sonrisa de satisfacción. Una sonrisa que es una pequeña victoria.

«Pase lo que pase, chicas, no os debéis sentir jamás culpables. Acudid al médico o a nosotros para prevenir cualquier enfermedad. Porque sabéis las consecuencias de tener conductas sexuales de riesgo, ¿verdad? No solo que podéis contraer una enfermedad sexual o VIH, sino que también os podéis quedar embarazadas. ¿Sabéis lo que eso supone? Eso también va por vosotros, chicos».

Sus palabras las animan a no tener miedo a informarse en una sociedad en la que estos temas continúan siendo tabú, pero en la que los jóvenes quieren saber y hablar. En un informe realizado por Unicef en 2017, los investigadores concluyeron, por ejemplo, que el 84% de los jóvenes encuestados quería obtener información sobre obtener salud sexual mediante sus teléfonos móviles, si era gratis. No obstante, expresaron dudas sobre si preferirían comunicarse directamente con un profesional por mensaje de texto o llamada de voz. Algunos estaban a favor del anonimato de hablar con un extraño.

Violencia sexual contra menores

En octubre de 2017, la sociedad sudafricana asistía consternada al escándalo por los supuestos abusos sexuales cometidos por un guardia de seguridad en una escuela primaria de Soweto, el histórico barrio al oeste de Johannesburgo. Hasta 87 estudiantes denunciaron haber sido agredidas, incluidas varias violaciones. Un año después, el acusado fue absuelto después de que la Corte Suprema de South Gauteng calificase de burda la cadena de errores cometidos durante la investigación policial.

“Se está produciendo un ataque a gran escala contra la infancia en Sudáfrica. Hay un gran problema en el sistema educativo, familias rotas, niños que crecen huérfanos a consecuencia de la epidemia del VIH y que no reciben la educación que necesitan porque sus padres tampoco la tuvieron… Pero también existe un problema con una policía mal pagada, profesionales sanitarios sin la preparación adecuada y un sistema judicial colapsado. Al final, los niños, que son los más vulnerables, son los que sufren las consecuencias”, resume Christina Rollin, una de las mayores expertas de un país en plena emergencia contra la violencia sexual a menores.

Un estudio publicado por The Lancet alerta de que uno de cada tres estudiantes sudafricanos ha sufrido algún tipo de agresión sexual en su vida y el propio Gobierno reconoció en el Parlamento que hasta el 9,1% de las violaciones denunciadas en el país —ya de por sí con una de las tasas más elevadas del mundo, 70,5 por cada 100.000 habitantes— correspondían a niños de nueve años o menos. Casi siempre, hasta en un 80% de los casos, los responsables son personas cercanas.

Lydia, que lleva desde 2015 recorriendo una veintena de escuelas de esta región minera de Sudáfrica, no esconde una sonrisa de satisfacción. Una sonrisa que es una pequeña victoria.

«Pase lo que pase, chicas, no os debéis sentir jamás culpables. Acudid al médico o a nosotros para prevenir cualquier enfermedad. Porque sabéis las consecuencias de tener conductas sexuales de riesgo, ¿verdad? No solo que podéis contraer una enfermedad sexual o VIH, sino que también os podéis quedar embarazadas. ¿Sabéis lo que eso supone? Eso también va por vosotros, chicos».

Sus palabras las animan a no tener miedo a informarse en una sociedad en la que estos temas continúan siendo tabú, pero en la que los jóvenes quieren saber y hablar. En un informe realizado por Unicef en 2017, los investigadores concluyeron, por ejemplo, que el 84% de los jóvenes encuestados quería obtener información sobre obtener salud sexual mediante sus teléfonos móviles, si era gratis. No obstante, expresaron dudas sobre si preferirían comunicarse directamente con un profesional por mensaje de texto o llamada de voz. Algunos estaban a favor del anonimato de hablar con un extraño.

Violencia sexual contra menores

En octubre de 2017, la sociedad sudafricana asistía consternada al escándalo por los supuestos abusos sexuales cometidos por un guardia de seguridad en una escuela primaria de Soweto, el histórico barrio al oeste de Johannesburgo. Hasta 87 estudiantes denunciaron haber sido agredidas, incluidas varias violaciones. Un año después, el acusado fue absuelto después de que la Corte Suprema de South Gauteng calificase de burda la cadena de errores cometidos durante la investigación policial.

“Se está produciendo un ataque a gran escala contra la infancia en Sudáfrica. Hay un gran problema en el sistema educativo, familias rotas, niños que crecen huérfanos a consecuencia de la epidemia del VIH y que no reciben la educación que necesitan porque sus padres tampoco la tuvieron… Pero también existe un problema con una policía mal pagada, profesionales sanitarios sin la preparación adecuada y un sistema judicial colapsado. Al final, los niños, que son los más vulnerables, son los que sufren las consecuencias”, resume Christina Rollin, una de las mayores expertas de un país en plena emergencia contra la violencia sexual a menores.

Un estudio publicado por The Lancet alerta de que uno de cada tres estudiantes sudafricanos ha sufrido algún tipo de agresión sexual en su vida y el propio Gobierno reconoció en el Parlamento que hasta el 9,1% de las violaciones denunciadas en el país —ya de por sí con una de las tasas más elevadas del mundo, 70,5 por cada 100.000 habitantes— correspondían a niños de nueve años o menos. Casi siempre, hasta en un 80% de los casos, los responsables son personas cercanas.

“En nuestras charlas tenemos que explicarles lo que es normal y lo que no lo es porque muchos menores crecen en entornos sexualizados en los que algunas acciones están implícitas. Crecen viendo a sus tíos u otros familiares tocándolas y pasando sus manos por su cuerpo”, señala Lydia. “Esto”, añade Rollin, “hace que normalicen la situación y los casos de abusos prolongados se alarguen en el tiempo. ¿Quién va a ir a preguntar a otra casa cómo se lavan los dientes si en la tuya siempre se ha hecho así?”.

Esta normalización es lo que más preocupa a los expertos como Christina Rollin. “Cuando la sociedad asume que cada caso”, como la agresión a una joven en un restaurante la capital o la de un niña huérfana de 14 años en la escuela secundaria de Aha-Thuto el pasado junio, “es solo otro caso. Otra violación más”. Es ahí donde anidan las estructuras que sustentan la violencia sexual.

La primera, la de los propios menores, también chicos. “Hay una reacción física en el hombre que hace que, aunque sea agredido, su cuerpo reaccione, lo que provoca que muchos cuestionen su identidad sexual y se culpen a sí mismos por haber disfrutado”. Asumen los abusos como un marco aceptable de comportamiento y lo transmiten al formar su propia familia: “Padres que son padres sin haber aprendido a serlo, sin haber recibido ejemplos adecuados y que vuelcan en sus hijos sus propios problemas (…) Madres, continúa Rollin, que se niegan a creer que esa violencia esté ocurriendo en su casa”.

La segunda, la del propio Estado que esconde el problema para no tener que enfrentarse a su propio espejo. Teniendo en cuenta que apenas uno de cada nueve casos son denunciadosextrapolaciones de investigadores de la Universidad de Ciudad del Cabo elevan la cifra de abusos por encima del 35% del alumnado.

“Muchas mujeres prefieren no denunciar por temor a quedarse sin fuentes de ingresos para ellos y para sus hijos; y por miedo a ser discriminadas por otras mujeres de la comunidad. No debería ser así, las mujeres deberíamos ayudarnos unas a otras, pero la realidad es que todavía son señaladas si denuncian”, apunta Jennifer, la consultora psicológica del centro de salud de Rustenburg. “Que si no vestía de forma adecuada, que si en realidad fue ella la que tentó al hombre”, traduce Lydia.

La tercera estructura, la judicial, también alimenta impunidad. Entre un 40% y un 60% de los casos denunciados son retirados antes de llegar a la Corte y cuando lo hacen suele haber pasado tanto tiempo que se han perdido testigos, pruebas o la propia vida de las víctimas. “Muchas mujeres viven con miedo mientras se instruye el caso porque las amenazan o las agreden de nuevo”, confirma Jennifer.

La justicia va con retraso y al Gobierno no le molesta. Un estudio de Médicos Sin Fronteras (MSF) —que colaboró con la logística para este reportaje— reveló que el 20% de los centros de atención a víctimas de violencia sexual, incluidos los famosos Thuthuzela Care Centers, carecían de medios para realizar pruebas clínicas forenses. “Y un centro incapaz de realizar esos exámenes y de cumplimentar los formularios necesarios”, señalan los investigadores, “obstaculiza la capacidad de los supervivientes para denunciar su caso”.

Al tiempo, cada vez hay menos enfermeras especializadas, tentadas por sueldos más altos en el golfo Pérsico; y muchos médicos evitan involucrarse, en ocasiones por miedo a los perpetradores, en otras por simple hastío en casos de violencia sexual. “Emiten informes diciendo que no habido agresión para no tener que testificar”, asegura Rollin, quien ha participado en más de 300 juicios. Por su clínica Sexual Assault Clinic, a las afueras de Johannesburgo, pasan al mes una docena de casos de víctimas de violencia sexual. “El propio sistema judicial acaba por revictimizarlas al hacerles revivir el trauma hasta cuatro años después de haber ocurrido”.

Tesultado de esta estructura social de abusos normalizados e impunidad judicial es, en palabras de Rollin, una “generación de jóvenes enfadados” que reproducen los modelos de comportamiento en los que son criados. De ahí que en clase de decimosegundo grado haya chicos que entiendan que tienen derecho a tener sexo con una chica solo por invitarla a cenar.

Abusos, enfermedades y embarazos no deseados

Afuera del despacho de atención psicológica hay más sillas vacías que ocupadas. Un grupo de jóvenes trabajadoras del centro de salud aprovechan su descanso matutino para charlar. Ahora están debatiendo acaloradamente sobre el novio que le conviene a una de ellas: “Mi hermana me dice que no salga con un hombre que no tiene coche”.

La llegada de Helena (nombre ficticio para proteger su identidad) interrumpe la conversación. El examen médico no ha encontrado síntomas de agresión, pero sí una enfermedad de transmisión sexual. “Que no se haya detectado nada no quiere decir que no haya habido una agresión. Aquí las fronteras de la coerción son muy finas”, subraya Lydia una vez cerrada la puerta de la consulta. “Por eso vamos a hacer seguimiento de su caso. Va a tener reuniones periódicas con nuestro equipo de trabajadoras comunitarias y con la enfermera. Es con ella con quien suelen sincerarse. Empiezan a hablar y a contarles lo que ha sucedido. Es entonces cuando muchas veces se dan cuenta de que han sufrido una agresión sexual”.

Helena, alumna de la escuela Rauwane Sepeng, fue la única que, tras la charla en el colegio, se acercó a las trabajadoras comunitarias de MSF. Hay días que lo hacen pequeños grupos de jóvenes, casi siempre chicas, y otros en los que no acude nadie. Pero el programa sigue en marcha porque la violencia de género tiene un efecto social devastador: embarazos no deseados en menores, estrés postraumático, enfermedades de transmisión sexual. Hasta el 16% de las infecciones por VIH en mujeres podrían evitarse poniendo freno a la violencia de género. Incluso económicamente es un suicidio para el país, que pierde a causa de la misma entre el 0,9 y el 1,3% de su PIB.

En Rustenburg, uno de esos rincones de Sudáfrica donde impera la violencia como fórmula para la supervivencia, nadie espera que las agresiones sexuales vayan a ser cosa del pasado. No al menos hasta que los estudiantes de Rauwane Sepeng hayan educado a sus hijos en ese otro habitus de las relaciones que están aprendiendo. Mientras, Lydia Ganda tendrá que seguir yendo a sus clases a hablar de lo que es Sí y de lo que es No. Y a recordarle a Helena que tiene que tomar la pastilla que le recetó el médico todos los días. “Todos los días. Acuérdate de que es todos los días”.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/08/12/planeta_futuro/1565622828_385287.html

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Acusan a funcionarios estadounidenses de abusar sexualmente de más de 4.500 niños no acompañados en la frontera con México

América del norte/México/28 Febrero 2019/Fuente: La sexta

Desde violaciones a contactos físicos no deseados, estos abusos habrían sido cometidos desde 2014 por funcionarios estadounidenses del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), según informes revelados por el Partido Demócrata.

Desde 2014 se han producido más de 4.500 casos de abusos sexuales a menores no acompañados en la frontera con México.

Habrían sido cometidos por funcionarios estadounidenses, según informes revelados por el partido demócrata en el Congreso, en los que Ted Deutch, representante demócrata de la Cámara Baja, ha destapado miles de casos, desde violaciones a contactos físicos no deseados o visionado de pornografía.

Durante una audiencia celebrada en el Comité Judicial de la Cámara de Representante, Deutch presentó varios informes del HHS en los que se detalla que ese departamento recibió más de 4.500 denuncias de abusos sexuales a menores no acompañados entre 2014 y 2018.

Asimismo, 1.303 denuncias de esa índole fueron reportadas al Departamento de Justicia estadounidense durante el mismo período. «Estos documentos del HHS detallan una cantidad alarmante de agresiones sexuales contra niños no acompañados bajo su custodia», apuntó Deutch, que representa el distrito 22 de Florida.

Deutch dijo que estos datos describen un ambiente «inseguro» de agresiones sexuales por parte de los funcionarios a menores que entraron solos en el país.

«Con un número de denuncias que se traduce en una agresión sexual por semana durante los últimos tres años, claramente esta Administración no está preparada para mantener seguros a estos niños», agregó el legislador demócrata.

De acuerdo al periódico Axios, algunos de los incidentes que se denunciaron al Departamento de Justicia incluyeron denuncias contra miembros del personal que fueron acusados de tener relaciones con menores, contacto sexual no deseado y mostrar vídeos pornográficos a los niños y adolescentes.

Esta denuncia coincide con la citación a declarar del Congreso a tres altos cargos del Gobierno del presidente Donald Trump por la política de «tolerancia cero» implementada el año pasado, que causó miles de separaciones familiares de inmigrantes en la frontera con México.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. ha citado a declarar al fiscal general de EE.UU., William Barr; la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; y el secretario del Departamento de Salud, Alex Azar.

Más de 2.600 menores fueron separados el año pasado de sus padres bajo la política de «tolerancia cero» de la Administración, que exigía el procesamiento penal de todos los inmigrantes adultos que fueran detenidos después de intentar cruzar la frontera sur del país.

La política impulsada por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, creó mucho malestar en la sociedad estadounidense y provocó que Trump la cancelase tres meses después del inicio de su aplicación.

Fuente: https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/acusan-a-funcionarios-estadounidenses-de-abusar-sexualmente-de-mas-de-4500-ninos-no-acompanados-en-la-frontera-con-mexico-video_201902275c76b6a10cf252a9eda94f2d.html

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Polémica en Túnez por la aplicación de pruebas anales a menores

África/Túnez/07 Febrero 2019/Fuente: El país

Se sospecha que 42 niños podrían haber sufrido abusos en un escuela coránica

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Revelan en Jamaica abusos sexuales y asesinatos de niños en 2016

Centro América/Jamaica/04 Noviembre 2017/Fuente: Prensa Latina

Más de mil denuncias de violencia sexual contra los niños se reportaron en Jamaica durante 2016, refirió hoy la funcionaria de la Unidad de Investigación y Evaluación del Ministerio de Seguridad Nacional, Rochelle Clarke-Gray.
Agregó el reporte los casos de 36 homicidios de menores y lesiones físicas a otros 119 infantes con armas de fuego y otros medios violentos, según la fuente.

El tema sobresalió durante una sesión de trabajo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef) en la capitalina Universidad de las Indias Occidentales de San Andrés.

Los datos se presentan para generar conciencia y cambio, dijo el representante de Unicef en la isla caribeña, Mark Connolly, citado por medios locales de prensa.

Un desglose de las cifras mostró que 56 niñas de entre 1 y 10 años fueron violadas el año pasado, a lo cual se suman otras 295 víctimas menores de entre 11 y 17 años; y 337 en el grupo de los 18, consignó el diario Jamaica Observer.

La organización mundial indicó que 11 menores fueron objeto de agresiones sexuales muy severas.

En el mismo foro el ministro de Educación, Juventud e Información, Floyd Green, comentó que las denuncias fueron investigadas y se formularon recomendaciones, que lamentablemente no se implementan, subrayó.

Green anunció que un plan de acción nacional, ahora en fase de proyecto, se implementará en breve para ayudar a abordar la situación en este tipo de delitos.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128510&SEO=revelan-en-jamaica-abusos-sexuales-y-asesinatos-de-ninos-en-2016
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Save the Children pide formación para los docentes para prevenir abusos sexuales

Por: Pablo Gutiérrez del Álamo

Solo el 15% de los colegios que tuvieron conocimiento de abusos sexuales informaron de ello. La superficie de un sistema de protección con falta de formación y herramientas que tiende a no creer a los menores.

Alrededor del 20% de los menores de edad sufren algún tipo de abuso sexual por parte de una persona de su entorno cercano: un familiar, un docente o alguien de un club deportivo, por ejemplo. En los últimos años hemos tenido algunos casos que han provocado un auténtico escándalo en la sociedad.

A pesar de esto, un informe de Save the Children, constata que la mayor parte de los casos que llegan a juicio quedan sobreseídos. El 70%. Un hecho que pone cifras a una realidad que, a pesar de todo, mucha gente prefiere no mirar.

En el informe, Ojos que no quieren ver, la ONG repasa 203 sentencias de todo el país en relación a casos de abuso sexuales, además de hablar con medio centenar de expertos, así como algunas víctimas de abusos.

El diagnóstico es sencillo: el sistema de protección de los menores no funciona. Y no lo hace en prácticamente ningún punto, desde la prevención hasta los procesos judiciales, pasando por la detección y la protección de niñas, niños y adolescentes.

Según nos cuenta Ana Sastre es directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, habría que empezar con la prevención. “Es fundamental”, hasta el punto, asegura la experta, de que “en países donde se han puesto en práctica formas de prevención, los abusos sexuales se han reducido a la mitad”. “Si no prevenimos, nos hacemos casi aliados de los abusos”, asevera.

Para la organización, es necesario incluir en el currículo escolar contenidos relacionados con educación sexual ya desde la etapa de infantil. “Prevenir pasa por explicitar qué es una situación de abuso o qué es una relación sexual correcta, siempre adaptado a la edad de los niños y las niñas”.

La idea es que, sin adelantar contenidos innecesarios, sí puedan incluirse ciertas nociones en materias relacionadas con la educación para la salud, con una buena alimentación, con cómo cuidar el propio cuerpo.

Y esto, además, porque la información sobre sexo los menores la recibirán igualmente, por vías que los adultos no solemos controlar de ninguna manera; desde la pornografía a los amigos o amigas. Por eso es importante sistematizar dicha información y que la ofrezcan personas formadas.

Qué hacer cuando la víctima habla

“Pedimos que ante la mínima revelación, se actúe”. Se lo piden, en muchos casos a los docentes. Los colegios e institutos han de tener un protocolos en casos de abusos que han de ser cuidadosos, sobre todo, con los menores.

Uno de los datos más impactantes del informe asegura que solo en el 15% de los casos en los que el colegio tuvo conocimiento de algún caso se actuó. Para Sastre, en parte, es porque normalmente en estos casos, en los protocolos, “se menciona que ha de haber indicios; esto paraliza a mucha gente” a la hora de actuar, porque prefiere pensar que el menor se lo ha inventado o porque poner en duda a una persona adulta del entorno del niño, que además es cariñoso, es complicado. El problema, sostienen desde Save the Children, es que en un 93% de los casos en los que una o un menor se atreve a hablar es verdad, no inventa.

“La revelación de un niño ha de tenerse en cuenta”, aclara Sastre. La experta asegura que “no podemos pensar que esto lo podemos solucionar nosotros dentro del colegio”, hace falta que también actúen otros perfiles de expertos, además de la formación y las herramientas necesarias para el personal docente. No hay que olvidar, explica, que el profesorado pasa casi 8 horas con los menores, están muy cerca de ellos, y pueden ser pieza clave en los casos, por ejemplo, en los que el abuso se produce en el ámbito familiar. “Imagínate la dificultad de ese niño para salir de ahí”.

“Que un profesor sea capaz de detectar de la forma más temprana posible una situación de posible abuso, y que tenga las herramientas para actuar garantizará que los niños dejen de sufrir abusos”, relata la Sastre, quien, además, explica que las situaciones de abuso se pueden prolongar de media 4 años. “El niño tardará mucho hasta que es capaz de contarlo”, dice, por este motivo se requiere una buena formación docente.

Para la experta, los docentes tienen un papel fundamental, pero no son los únicos responsables. En cualquier caso, asegura “forman parte del sistema de protección de los niños. Eso hay que asumirlo”.

Y también para tener en cuenta el papel que cada cual tiene en el proceso, porque si no se produce una situación de “presunción de no veracidad sobre lo que nos cuenta un niño y tomamos decisiones que pueden estar entorpeciendo todo el proceso”, comenta Sastre.

De esta forma, cuando el menor informa o hay indicios, los docentes deben informar y activar el protocolo para que quienes tienen más conocimiento valoren la situación. En este momento, con una buena coordinación con servicio sociales, con los cuerpos de seguridad e incluso con la Fiscalía, es interesante para que el procedimiento sea lo menos agresivo posible para el menor, que se establezca lo que se denomina la prueba preconstituida.

Lo idóneo es que un psicólogo forense pueda entrevistar al menor, teniendo en cuenta las preguntas de todas las partes implicadas en el proceso. Dicha entrevista se graba en vídeo para que la víctima no tenga que contar su experiencia más veces (de media lo han de relatar hasta en cuatro momentos). Además, dado que los procesos penales se alargan en el tiempo, es interesante para preservar el testimonio original, y que no quede contaminado por el paso del tiempo.

El caso es que el sistema judicial solo admite, según Save the Children, un 14% de veces la pruebas preconstituidas. En el resto de casos, el 86%, los menores han de acudir al tribunal, a una vista pública en la que también se encuentra su agresor y contar ante varios adultos qué es lo que sufrieron. “La justicia debería entender que esto es prioritario” pero, afirma Sastre, “se deja un poco al criterio del juez, y hay quienes lo entienden mejor y otros que no”.

A esto hay que añadir que los procesos sueles quedar paralizados durante años, de manera que un niño que fue abusado entre los 5 y los 10 puede estar esperando hasta los 15 a declarar ante un juez. La media de espera es de tres años, pero no es raro que el proceso se alargue hasta los cinco.

Y esta dilación en el resultado hace que en un 38% de los casos, la sentencia quede atenuada al reconocer el juzgado un alargamiento innecesario del proceso. Sin embargo, “a la víctima no se la repara” por esta espera demasiado extensa.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/09/20/save-the-chidren-pide-formacion-para-los-docentes-para-prevenir-abusos-sexuales/

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Así le enseñan a los niños a defenderse de los abusos en Kenia

Kenia/23 marzo 2017/Fuente: Diario Registrado

Kenia es uno de los países con una de las mayores tasas de abusos sexuales y violaciones en todo el mundo. Por eso, estas organizaciones sociales encontraron un método para reducir drásticamente este flagelo: la educación.

El concepto de educar antes de criminalizar queda muy claro en este video, que se realizó con impresionantes imágenes desde Kenia.

Allí la organización ‘No es No Mundial’, junto con otras organizaciones locales, lleva la maratónica tarea de educar a niños y niñas con respecto a los abusos y violaciones.

En uno de los países con mayores abusos sexuales y una violencia incontenible, esta gente está logrando que las cosas cambien en poco tiempo a través de la herramienta de la educación.

Fuente: http://www.diarioregistrado.com/internacionales/asi-le-ensenan-a-los-ninos-a-defenderse-de-los-abusos-en-kenia_a58d28d5afc34787c07f68c21

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El nuevo protocolo catalán contra los abusos sexuales a menores deja fuera las escuelas privadas

Por Pau Rodríguez

El Síndic de Greuges considera «inadmisible» que los colegios privados no estén sujetos a un protocolo que contempla los procesos de actuación cuando se detecta maltrato a menores

Se calcula que hasta el 15% de los menores sufren algún tipo de abuso a lo largo de su infancia, pero los casos que se acaban detectando no llegan ni al 1%.

El nuevo protocolo catalán para detectar y combatir el maltrato infantil en el ámbito educativo, aprobado el pasado 16 de junio, excluye los centros educativos privados. Lo ha denunciado este viernes el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Catalunya), Rafael Ribó, que considera «inadmisible» que una parte del sistema escolar quede fuera de una responsabilidad –la de prevenir y detectar los abusos a menores– que tiene que ver con los derechos universales de los niños.

En el texto queda claro que el ámbito de aplicación del protocolo son los centros del Servicio de Educación de Catalunya –es decir, los públicos y concertados–, y que a los privados sólo les afectan los puntos 4 y 5 del documento, donde se recogen los principios de actuación en caso de abusos y las indicaciones para la implantación del protocolo en los centros.

Así los centros privados quedan  exentos de cumplir el resto de puntos –en total son 12–, algunos de los cuales son tan importantes como el de la prevención –informar al alumnado, crear un clima de escucha en el aula, potenciar la educación afectiva y sexual– o el que detalla el procedimiento de actuación cuando se detecta un caso, que consiste en avisar a la familia del alumno, a la Inspección de educación, al departamento de Enseñanza y a la Fiscalía de Menores o los Mossos d’Esquadra.

El departamento de Enseñanza y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias dieron luz a este protocolo bilateral centrado en el ámbito educativo tras constatar casos de abusos a menores en los que el anterior protocolo, aprobado en 2006, se había incumplido. El más llamativo fue el de los Maristas Sants-Les Corts de Barcelona , un centro que «ocultó» a la Administración, según el Síndic, unas agresiones sexuales cometidas durante años por el profesor Joaquín Benítez que conoció en 2011.

«Otorgar un tratamiento diferenciado en la aplicación del protocolo en función de la financiación del centro no tiene justificación», reitera el Síndic, que recuerda que esto supone un trato discriminatorio y de desprotección hacia los alumnos de estas escuelas. En Catalunya los centros de titularidad privada representan un 6% del total: poco más del 2% en Primaria y Secundaria pero hasta un 20% en Bachillerato. Pero según ha recordado e l Síndic, también quedarían fuera del protocol las guarderías de iniciativa privada, que escolarizan en toda Catalunya casi 30.000 niños menores de tres años.

Un 15% son víctimas, pero se detecta menos del 1%

El Síndic de Greuges ha entregado este viernes al Parlament su Informe sobre el abuso sexual infantil en Catalunya , que además de constatar la exclusión de los centros privados alerta de una falta de difusión y formación entre los maestros sobre el contenido del protocolo a la hora de hacer prevención sobre el maltrato. Denuncia sobre todo que, seis años después de la aprobación en 2010 de la Ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, todavía no se han desplegado servicios como el de atención especializada a las víctimas.

Esto sitúa a Catalunya, según Ribó, en una situación de «infradetección» de las agresiones sufridas por niños y adolescentes. Mientras que por un lado se calcula que hasta el 15% de los menores sufren algún tipo de abuso a lo largo de su infancia, los casos que se acaban detectando no llegan ni al 1%.  Según los atestados policiales, en 2015 un total de 644 menores fueron víctimas de este tipo de abusos en Catalunya, 37 de los cuales en centros educativos y 12 en centros de menores.

El Síndic ha explicado que esta prevalencia de la victimización de un 15% es habitual en la gran mayoría de países europeos –el Consejo de Europa incluso habla en sus campañas «de uno de cada cinco»–, y siempre hay un gran desfase respecto a los casos que se detectan. Pero aun así Ribó ha concluido que «vamos muy atrasados» en todo lo que tiene que ver con la prevención y detección, sobre todo en cuanto a la creación de «servicios multidisciplinares» que impliquen agentes diversos como policía, escuelas, servicios sociales o servicios médicos.

Fuente: http://www.eldiario.es/catalunya/educacion/protocolo-catalan-sexuales-escuelas-privadas_0_566943801.html

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