La noticia del cierre de una escuela coránica de la ciudad de Regueb ante la sospecha de que se podrían haber cometido abusos contra sus alumnos ha sacudido a la sociedad tunecina. De momento, las autoridades han arrestado al director de la institución y han trasladado a un centro público de la capital a los 42 menores internados en el colegio. Entre los aspectos del caso que han generado más revuelo, se encuentra la connivencia de las autoridades locales, que ignoraron una orden judicial de clausurar la escuela, y la realización por parte de la policía de pruebas anales a los niños, una práctica considerada tortura por las organizaciones de derechos humanos.
Según un comunicado del Ministerio del Interior, el pasado jueves una unidad del Departamento de Protección Social llevó a cabo una redada en la escuela coránica, situada en la provincia de Sidi Buzid, una de las más pobres del país. Allí residían los 42 menores, de entre 10 y 18 años, junto a 27 adultos, de hasta 35. “Las condiciones de salud e higiene no cumplían los estándares mínimos … [los menores] estaban sometidos a la violencia y los malos tratos, y eran explotados para el trabajo agrícola, además de ser adoctrinados con ideas y prácticas extremistas”, reza la nota. Los niños padecían enfermedades como la sarna y el asma, y no estaban escolarizados, añade.
El lunes, varios de los padres de los chavales se concentraron frente al tribunal de primera instancia de Sidi Buzid para protestar por la clausura de la escuela y para pedir la “liberación” de sus hijos, negando que hubieran sufrido malos tratos de cualquier tipo en la institución religiosa. Además, reivindicaron el derecho a escoger que la educación de sus hijos se estructure a partir del Corán. No obstante, según la ley tunecina, es obligatoria la escolarización de los menores de entre 6 y 16 años en centros acreditados en los que se enseñe el currículo escolar establecido por el Ministerio de Educación.
“La mayoría de asociaciones coránicas en Túnez ofrecen lecciones una o dos veces por semana, y son vistas como un complemento a la educación reglada, no una sustitución. La escuela de Regueb es algo excepcional”, explica el investigador Beshir Juini. El polémico centro se situaba fuera de la ley, razón por la que un tribunal había ordenado su clausura, nunca aplicada. Pocas horas después de estallar el escándalo, el primer ministro, Yusuf Chahed, cesó al gobernador de Sidi Buzid, Anis Dhifallah, y al delegado del Gobierno.
Otro de los motivos de queja de los padres es el hecho de que las autoridades realizaran exámenes anales a al menos cinco menores ante la sospecha de que podrían haber sido víctimas de agresiones sexuales. “Nuestra posición es que los test anales son inaceptables bajo la ley internacional, y que hay otras formas de probar si los niños han sufrido abusos sexuales”, sostiene Fida Hammami, responsable de Aministía Internacional en Túnez. La sección local de la ONG internacional ha hecho público un comunicado de condena en su página web. Por su parte, las autoridades aseguran los menores están recibiendo atención médica y psicológica adecuada.
Los test anales son practicados habitualmente a todos los hombres acusados de haber mantenido relaciones homosexuales, y su prohibición es uno de los caballos de batalla de las asociaciones de defensa de las minorías sexuales del país magrebí. “Los test anales están considerados una tortura. Además, está demostrado que no tienen ninguna validez científica”, afirmaba en una reciente conferencia Munir Batur, presidente de la ONG Shams, centrada en los derechos de la comunidad LGBT en Túnez. De acuerdo con el artículo 230 del código penal vigente en Túnez, la homosexualidad está castigada con una pena de tres años de cárcel.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/02/05/actualidad/1549384876_072257.html
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