Acceso a la Educación

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Venezuela: Ministerio de Educación rechaza convocatorias a estudiantes para sumarse a concentraciones

Noticias

Venezuela/08 mayo 2017/Fuente: vtv.gob.ve

El Ministerio del Poder Popular para la Educación emitió este domingo una circular donde rechaza las convocatorias hechas a estudiantes de Educación Media, con el fin de incorporarlos a concentraciones.

A continuación el texto íntegro de la circular:

El Ministerio del Poder Popular para la Educación ha recibido información por parte de los organismos de seguridad ciudadana, de convocatorias a estudiantes de Educación Media, con el fin de incorporarlos a concentraciones que deriven en manifestaciones violentas.

En tal sentido, instruimos a las Directoras y los Directores de Zonas Educativas de todo el país, así como a los directores y las directoras de escuelas técnicas y liceos, tanto públicos como privados, a tomar las medidas necesarias para preservar el interés superior, a la vida y a la educación, de nuestros y nuestras adolescentes, en el marco de lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Exhortamos a los padres, madres y representantes, en el ejercicio  de su responsabilidad de tutela a orientar a sus hijos e hijas acerca de este tipo de convocatorias. Los niños, las niñas y adolescentes de Nuestra Patria son sagrados y sagradas.

Fuente: http://vtv.gob.ve/ministerio-de-educacion-rechaza-convocatorias-a-estudiantes-para-sumarse-a-concentraciones/

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Argentina: Por unanimidad, el Senado aprobó programas de inclusión educativa y tecnología

Noticias

Argentina/08 de Mayo de 2017/UNO

La iniciativa del senador Omar Perotti propone garantizar que la totalidad de los jóvenes comiencen y permanezcan en la secundaria. Se crea un fondo de financiamiento. Fue girado a diputados para su sanción definitiva.

Tras un intenso trabajo parlamentario, el Senado de la Nación aprobó de manera unánime con 51 votos afirmativos el proyecto de ley que impulsó el Senador Nacional Omar Perotti para crear un Programa de Inclusión Educativa, Inclusión Tecnológica y un fondo especial para su funcionamiento, cuyo objetivo es reducir los índices de deserción escolar.
«Queremos que todos aquellos que terminaron la escuela primaria estén sentados en su banco de la escuela secundaria, que tengan un puente», indicó Perotti sobre el proyecto de ley, que tiene como antecedente la exitosa iniciativa que el senador impulsó en el 2009 durante su gestión como Intendente de Rafaela.
En ese sentido, Perotti sostuvo que el programa de inclusión educativa apunta a «un núcleo duro de chicos que hoy no accede a la secundaria» y que se encuentran, entre otros, «los sectores urbanos más vulnerables, algunos sectores rurales más alejados y los pueblos originarios».
«Todavía hoy 1 de cada 10 chicos no empieza la escuela secundario en la Argentina, a pesar de que la ley de obligatoriedad del secundario ya tiene diez años y del esfuerzo en estos últimos años» para mejorar los índices de asistencia, completó.
Con este objetivo, la norma brinda herramientas y recursos al Ministerio de Educación de la Nación a partir de la creación de un fondo específico de carácter federal. No obstante la implementación de los programas dependerá del trabajo coordinado con los gobiernos provinciales y con los municipios.
Asimismo, establece un marco de trabajo bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación cuya finalidad será la de acercarlos a la ciencia y a los últimos desarrollos tecnológicos en la búsqueda de «una educación que integre todos los alumnos y los desafíe al máximo».
«Eso tiene que ser uno de los puntales de la educación que necesitamos para la Argentina de los próximos años», aseguró Perotti ya que «los datos de cualquier proyección sobre el futuro del empleo nos marcan que el 65% de los niños que empiezan la primaria van a trabajar en empleos que hoy no existen».
«Vaya si es clave el vínculo con la educación y con la posibilidad del acceso y el cuidado de los puestos de trabajo y en definitiva para el desarrollo integral de una persona», agregó.
En cuanto a la ejecución de ambas iniciativas, Perotti remarcó el «rol clave» que tendrán los municipios. «Tenemos que ir casa por casa, buscar a aquellos chicos que habiendo terminado la escuela primaria no se anotaron en la escuela secundaria. Todos los fines de años cada localidad sabe qué alumno terminó la primaria y se anotó en la secundaria y quien no, es allí donde hay que buscar las soluciones», afirmó.
Fuente: http://www.unosantafe.com.ar/politica/por-unanimidad-el-senado-aprobo-programas-inclusion-educativa-y-tecnologia-n1388511.html
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Entrevista a León Trahtemberg sobre el Derecho a la Educación

Entrevistas

Entrevista a León Trahtemberg sobre el Derecho a la Educación

Enfoque Derecho entrevistó a León Trahtemberg, Magíster en Educación por la Universidad Hebrea de Jerusalem y miembro del Consejo Nacional de Educación desde el año 2002, tratando distintas aristas sobre el Derecho a la Educación.

Enfoque Derecho: El artículo 13º de nuestra Constitución establece que los padres de familia deben participar en el proceso educativo de sus hijos. ¿En qué consiste esta participación?

León Trahtemberg: En todos los artículos de la Constitución de 1993 y de la Ley de Educación Nº 28044 del 2003, se observa un claro deslinde entre el rol de la familia (deber de educar, escoger el centro educativo, apoyar, colaborar, participar, informarse, velar por la calidad de este último) y el rol del Estado (organizar, dirigir, normar), tanto en la educación pública como en la privada (incluyendo elaborar el currículo escolar por niveles). Como se observa, los padres pueden escoger el colegio en el que deseen matricular a sus hijos, pero los padres no pueden imponer al colegio qué y cómo enseñar. Por eso es que resultaba absurda (quizá inconstitucional) la norma que dio el Congreso hace un tiempo en el sentido de que los padres deciden qué libros de texto usarán sus hijos en el colegio o a qué edad creen que sus hijos deben ingresar al primer grado de primaria.

En ninguna parte de la legislación se dice que los padres deciden sobre los quehaceres del colegio, mucho menos en la definición del currículo. Ese es un rol del Estado administrado por el gobierno.

ED: En el artículo 14º de este mismo texto se precisa que la educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de conciencia, ¿se cumple ello en nuestro país?

LT: No se cumple en el sentido estricto del concepto. Por un lado, se obliga a la enseñanza de la religión católica en todos los colegios. Quien no lo desee, tiene que hacer una gestión para exonerarse o para mostrar que es de una confesión distinta. Esa es una forma inequitativa de tratar a todas las otras religiones o incluso a los laicos. Los estados modernos democráticos no incluyen la enseñanza de religión en la escuela pública que debe ser laica para no establecer diferencia alguna y dejar la religión en el ámbito de la vida privada.

Regresando a la libertad de conciencia, no se colige con claridad a quienes está dirigida: ¿a los padres que se la imponen a sus hijos o a la elección propia de los hijos? En el caso peruano, los hijos no pueden ejercer su libertad de conciencia porque los padres definen la religión de estos y se les impone dogmáticamente el credo desde la infancia en la escuela.

Por otro lado, ese artículo 14 dice que: “La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa”. Si la institución es laica, ¿por qué debe enseñar religión? Si la institución no es católica, ¿por qué tiene que hacer trámites para tener una opción confesional distinta a la que los católicos obtienen automáticamente, por default?

ED: En este mismo numeral, se decreta que los medios de comunicación deben colaborar con la educación y la formación moral y cultural; sin embargo, la mayoría de programas de TV y radio reproducen contenidos que no contribuyen a alcanzar este fin. ¿Cree usted que debería existir regulación más estricta en este tema?

LT: La palabra “colaborar” no está definida, pero sin duda alude a un concepto diferente al de “están obligados”, de modo que se puede interpretar de muchas formas. Tampoco está definida qué es la formación moral y cultural. Acaba de verse el conflicto suscitado por la educación sexual. ¿Qué rol de los medios se consideraría que cumple el mandato constitucional? ¿Cumplen con los criterios constitucionales los noticieros matutinos, programas radiales sobre sexualidad, entretenimiento juvenil con juegos agresivos vespertinos, dibujos animados violentos, o alguna novela que se sustenta en continuos adulterios y asesinatos por encargo? Un medio de prensa que inventa noticias, o propala chismes, ¿cómo calificaría? Un entrevistador que agrede a un invitado con el que no concuerda y ensalza a quien está en su línea, ¿cómo califica? Un medio que no da la oportunidad a los dos lados de la moneda para expresarse en un tema polémico, ¿cómo califica?

No me siento preparado para dar una propuesta específica sobre la regulación en prensa, radio y televisión. Creo que los códigos de ética de los medios, los anunciadores, el horario de protección a los menores, las regulaciones de la publicidad, deben converger en algún punto que contribuya a la salud mental y cívica de la población. Junto con ello la oferta estatal de medios bien financiados con productos de calidad deben ser una opción a la par de las otras, que si es buena se convierte en un referente valorado por la población.

ED: La Constitución también instaura que se debe fomentar la educación bilingüe e intercultural, según las características de la zona. ¿Cuánto hemos avanzado en esta materia?

LT: Formalmente el Ministerio de Educación ha procurado producir materiales y alfabetos escritos de todas las lenguas nativas y promover su uso en las zonas en las que están vigentes. En lo posible (difícil de lograr), que cuenten con maestros bilingües castellano-lengua nativa. La parte intercultural es más compleja porque no se circunscribe a la enseñanza en la escuela. Entra a tallar todo el entorno social, cultural, los medios de comunicación, las autoridades policiales y judiciales, los servicios públicos, etc. Y en eso falta mucho (no sé si realmente sería posible). También hay un bilingüismo internacional para vivir en un mundo globalizado, lo que incluye castellano-inglés u otro idioma de uso amplio. Esto tomará aún mucho tiempo.

Pero hay otra dimensión intercultural que es nacional, y concierne a la valoración y respeto a las diferencias incluyendo las étnicas, sociales, raciales, etc. Siendo el Perú un país fracturado, con fuerte presencia de racismo y discriminación, nuestra caracterización como país intercultural queda muy debilitada.

Diversas organizaciones sociales están tratando de avanzar en esos temas e influir en los parlamentarios para que legislen en función de ello y a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, pero es un proceso lento con muchos retrocesos y acomodos a las conveniencias políticas. Más aún cuando hay una asociación entre minorías discriminadas y niveles socio-económicos más débiles, que hace que no tengan peso político para avanzar en sus derechos y demandas.

Fuente: http://enfoquederecho.com/civil/entrevista-a-leon-trahtemberg-sobre-el-derecho-a-la-educacion/

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Zarpazo a las universidades públicas

Ignacio Mantilla

Por: Ignacio Mantilla

Por estos días se ha conocido ampliamente la iniciativa de un proyecto de ley que busca modificar los montos, mecanismos y, especialmente, el recaudo posterior de los recursos que el Icetex administra para que los jóvenes beneficiados puedan acceder a la educación superior. Incluso el debate se ha extendido en determinar si se trata del plagio de un proyecto que ya había sido formulado antes por el congresista Rodrigo Lara.

El proyecto se enmarca en un modelo que ha sido experimentado en otros países como Australia, por ejemplo, y que se denomina Crédito Educativo Contingente al Ingreso. Al graduarse, el endeudado profesional puede tener periodos de gracia y pagar el crédito de acuerdo a su salario y con intereses blandos, sin que sus ingresos se vean drásticamente menguados por esta causa y sin la presión de un corto tiempo límite para cubrir la deuda. Es decir que su empleo profesional y el salario que devengue será el determinante de la modalidad de pago del crédito educativo.

Sin lugar a dudas este es un buen e ingenioso mecanismo para financiar la demanda de educación superior. Pero no quiero ahondar en los detalles del proyecto, más bien quiero resaltar que se trata de una alternativa más de financiación a la demanda, que sumada a otra fuentes, estrategias y programas ampliamente conocidos, permiten concluir que el modelo de financiación que quiere reforzarse desde el Gobierno Nacional apunta, cada vez más claramente, a subsidiar la demanda.

Lo anterior no admitiría crítica alguna si estos programas tuviesen sus propias fuentes de financiación y sumaran opciones para los estudiantes universitarios colombianos, sin debilitar la financiación de la oferta que hacen, principalmente, las universidades públicas. En este punto coincidimos rectores de universidades, tanto públicas como privadas.

En efecto, con enorme desilusión hemos visto cómo los anhelados recursos que se habían aprobado en la última Reforma Tributaria para la educación superior pública (el 40 % de medio punto del IVA) ahora se quieren destinar, en su mayoría (cerca del 70 %), para fortalecer los fondos del Icetex y para garantizar los créditos nuevos y los que están desfinanciados. Así que la duda sobre el presunto plagio está despejada. No hay plagio sino originalidad, pues es difícil creer que el representante Lara o la senadora Claudia López hubieran pensado siquiera en echar mano a estos recursos para financiar esa propuesta.

Naturalmente, si se quiere estimular el crédito educativo como solución para cubrir los altos costos de la educación superior, las universidades públicas tendrán que adaptar sus sistemas de financiación porque los recursos para tales créditos y créditos-beca finalmente son los mismos que estaban destinados a financiar las universidades públicas exclusivamente.

Pero tal parece que la meta nacional se hubiese cambiado y que en lugar de apostarle a alcanzar un número N de nuevos profesionales universitarios, se aspire ahora más bien a otorgar M nuevos créditos (con M>N). Esto parece el mundo al revés: el Icetex, que con sus fondos debería estar fortaleciendo las universidades, ahora resulta fortalecido con los fondos de las universidades.

En mi opinión, creo que es un “disparate”, de enorme impacto negativo, atraer cada vez a más jóvenes y a sus familias al endeudamiento para cursar un pregrado en Colombia. La opción del crédito debe ser la última y no la primera, como se está presentando. Es como si dejásemos que los bancos formulen la nueva política educativa y prime el interés por endeudar a las familias sobre el de graduar a sus hijos.

Hace unas semanas, en el encuentro de Macrouniversidades de América Latina (de Colombia sólo forma parte la Universidad Nacional), realizado en Santiago de Chile, la presidenta Bachelet informaba a los rectores y delegados sobre su proyecto para tener gratuidad en la educación universitaria y hacía un llamado al Congreso chileno para que le apoye en la aprobación de esta nueva ley que propone su gobierno. El debate que se ha dado en Chile en torno al financiamiento de las universidades a través de costosas matrículas que pagan los estudiantes con créditos bancarios, tanto en universidades públicas como privadas, permite observar que en Chile el Estado se desentendió de la financiación de sus universidades a tal punto que universidades tan emblemáticas, como la Universidad de Chile, recibe hoy menos del 10% de sus recursos de funcionamiento de parte del Estado. Los efectos que este sistema ha tenido debe alertarnos para no incurrir en los mismos errores que hoy se quieren corregir en Chile.

En Colombia los grandes avances y logros en materia de cobertura, calidad y financiación en educación básica y media pueden intentarse también en la educación superior. Creo que en el Estado y su capacidad actual, las políticas del crédito educativo pueden ser una buena alternativa para cursar estudios de posgrado y no así para extenderla a los estudios de pregrado.

Pero, independientemente de calificar de bueno o malo el proyecto para el Crédito Educativo Contingente al Ingreso, lo que tampoco es aceptable a favor de este nuevo modelo es el argumento de un aparente debilitamiento académico o una ineficiencia administrativa de las universidades públicas. Ese no debe ser el soporte, no es admisible que se intente asfixiar a las instituciones públicas para poder mostrarlas moribundas y justificar así el uso eficiente del oxígeno en otros pacientes menos enfermos.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/zarpazo-las-universidades-publicas-columna-692478

 

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Sudáfrica: No Respect for Learners in Farm Schools

Noticias

Sudáfrica/Mayo de 2017/Fuente: All Africa

Resumen: Juez acusa a la educación MEC de irrespetar los derechos de los estudiantes. Tribunal pidió al gobierno que considere la posibilidad de expropiar tierras cerca de las cuevas de Cango. Juez visita la escuela de Grootkraal antes de llegar al veredicto. La comunidad Grootkraal, cerca de Oudtshoorn, y los propietarios, el Kobot Besigheid Trust, se enfrentaron en el Tribunal Superior de Cabo Occidental en abril sobre el destino de la histórica escuela rural y la tierra en la que se encuentra. La Fundación quiere desalojar la escuela para dar paso a una atracción turística. Igualdad de Educación hizo presentaciones como un amigo de la corte.

«What will they use the land for?» asked the lawyer representing the owners of the land from which the Grootkraal Primary School faces eviction. Seated in the public gallery in court, I was tempted to shout: «It’s none of your damn business! Give the community of Grootkraal their land back for the education of their children!» Of course I couldn’t do this, because Judge Elizabeth Baartman would have thrown me out, or worse, held me in contempt of court.

Read about the Grootkraal case:

Judge accuses education MEC of disrespecting learners’ rights

Court asked to tell government to consider expropriating land near Cango Caves

Judge to visit Grootkraal school before reaching verdict

The Grootkraal community near Oudtshoorn, and the owners, the Kobot Besigheid Trust, faced off in the Western Cape High Court in April over the fate of the historic rural school and the land on which it stands. The Trust wants to evict the school to make way for a tourist attraction. Equal Education made submissions as a friend of the court.

Counsel for the MEC for Education in the Western Cape (Debbie Schafer) also made submissions. The Department is not opposing the application for eviction and if the eviction is granted, the school will be moved 17km away to Oudtshoorn.

Judge Baartman was at pains to point out that the Department during this land dispute has treated children of farmworkers in Grootkraal with disdain and disrespect.

This is true and I can vouch for it. The DA government’s actions in this case show why many people believe it does not care for the interests of poor black and coloured working-class people. The case has highlighted that, not unlike the current ANC government, the DA government too has no interest in dealing with the ever-emotive issue of the land; in fact the MEC for Education proclaims that she is under no obligation to consider expropriation of land. Even though the South African Schools Act gives her the powers to do so «if it is in the public interest or … for any purpose relating to school education in a province».

In the euphoria of the first years after 1994, the newly-elected government brought together some of the best minds in the country to form a committee to prepare a more equitable and just public education system in South Africa. Transforming the invidious position of farm schools formed part of that agenda. Alive to the history of these schools as a tool for extracting labour from black rural children and a symbol of Bantu Education at its very worst, the committee recommended expropriation as a first step to improvement. Fast-forward 20 years later and the future of these schools still hangs in the balance.

Equal Education has drawn Judge Baartman’s attention to this context and argued that the MEC should consider expropriating the land in the best interest of the Grootkraal learners. The land has been in use by the community for 185 years and during this time a primary school came into existence. Surely any government voted in by the will of the people would want to protect children, especially when it comes to education?

Yet the Western Cape government is not willing to do so. Instead it keeps many poor working-class people in the dark. Visit any school built on private property in the Winelands – you will see what I am talking about. Children born of farmworkers are being taken to run-down schools, and in reality are being prepared to become low-paid farmworkers like their parents and the generations before them. The cycle of poverty is in full swing in the Western Cape Winelands under the watchful eye and couldn’t-care-less attitude of the Western Cape government.

To rub salt into a wound inflicted by colonial domination and oppression, the MEC for Education has not been to the Grootkraal school. Yet her court papers label learners’ sentiments about their school as without merit and ill-informed. During court proceedings and while the Judge was being critical of her decisions in protecting the learners, the MEC took to twitter to say that the issue pre-dated her time as MEC for Education. This does not make sense: she and previous MEC Donald Grant are both members of the DA.

On 10 May 2017 Judge Baartman will conduct an inspection to see for herself the conditions at he school. This visit by the Judge is interesting because the MEC for Education in the Western Cape has never met the community of Grootkraal in all her years of occupying that office.

It is shocking that the MEC of Education is enabling the anti-transformative and cruel actions of private profit-driven actors and proving her loyalty to them by disrespecting the rights of learners.

The area that is under dispute in this case only makes up 0,2% of the land. This makes one wonder: if the Department and the trust are putting up such a massive fight now, what will happen when we argue that far bigger chunks of the land should given back to its rightful owners?

Fuente: http://allafrica.com/stories/201705040651.html

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Las cifras del Trabajo infantil en Guatemala

Noticias

Guatemala/Mayo de 2017/Autor: Rodrigo Arias/Fuente: Siglo 21

La última encuesta nacional de condiciones de vida Encovi, revela que la cifra de niños y niñas en situación de trabajo muestra una reducción notable, pues se registró una nueva cifra de niños y adolescentes trabajadores que pasó de ser 850 mil en 2011, a 790 mil niños y adolescentes, con una reducción de 60 mil personas, en 2016.

Sin embargo, de acuerdo con la licenciada María Gabriel Gaitán hay que tomar en cuenta que hay muchas niñas que realizan trabajo doméstico en sus casas y esta actividad es invisibilizada.

En la experiencia de Gaitán es posible retirar del trabajo o reducir horas por medio de la escolarización de los niños. Además, de concientizar a las comunidades. La experta opina que aún hace falta restituir derechos a los niños y es necesario enfocarse en ser un Estado garante de los derechos de educación, salud y recreación como mínimo.

La Encovi se realizó en el año 2016, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo.

Producto de la misma, Alta Verapaz, Chiquimula, Baja Verapaz, Chimaltenango, Zacapa, Petén y Jalapa entre otros, fueron identificados como los departamentos con mayores índices de niñez en condiciones de trabajo infantil.

 El 50% aproximadamente de la población en condiciones de trabajo infantil, se dedica a la agricultura o actividades relacionadas, fenómeno que afecta principalmente a la niñez del área rural, del sur y noroccidente del país. Dicha situación limita a la niñez, tanto en su educación y consecuentemente, en su desarrollo óptimo a futuro.

 Guatemala cuenta con un marco institucional: la Comisión Nacional Para la Erradicación del Trabajo Infantil, Conapeti, que orienta a través de sus instituciones y entidades el abordaje que debe darse para la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas a nivel sectorial y también territorial por medio de sus comités departamentales, bajo la dirección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se ha realizado un esfuerzo conjunto con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta hoja de ruta  va enmarcada en los compromisos internacionales y vinculada a la estrategia nacional de desarrollo y de política pública, para que a través de la intervención de la misma en seis dimensiones se convierta en la herramienta orientadora y logre progresivamente alcanzar la meta de erradicar el trabajo infantil.

Inicialmente, se socializa la planificación de 2017, la cual resulta de un proceso de consulta realizado durante el año 2016 en cada 1 de los 16 departamentos donde se cuenta con infraestructura de Conapeti. Dicho plan contiene acciones enmarcadas en el cumplimiento y ejecución de la Hoja de Ruta programación 2016 –  2020, para Hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil.

Durante el mes de marzo se viajó y trabajó con nueve departamentos que son los siguientes: Huehuetenango, Totonicapán, Quiché, Escuintla, Retalhuleu, Sololá, Chiquimula, El Progreso y Jutiapa.

De esta manera se da seguimiento a las acciones establecidas desde la programación de la Hoja de Ruta, la cual busca la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el país

No obstante, las acciones públicas destinadas a combatir el fenómeno del Trabajo infantil, un informe publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), indica que en la actualidad, cerca de 7 millones de niños, niñas y adolescentes habitan en Guatemala, lo que lo convierte en el país con mayor cantidad de población en este rango de edades, que representa el 37% de la población total centroamericana de niños, niñas y adolescentes.

El mismo informe analiza y compara cifras del período 2007-2013 y destaca que a pesar de que Guatemala cuenta con la mayor cantidad de población de niñez y adolescencia en la región, a su vez, también es la que la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA) alcanza su cifra más baja siendo esta en promedio un 4.3% del PIB.

Cabe señalar que la tendencia de la IPNA, a lo largo del período analizado en el informe no ha mostrado incrementos sostenidos ni sustanciosos. El mayor nivel de inversión alcanzado se sitúa en 2010 con cerca del 5% del PIB y durante los años subsiguientes el índice ha sufrido una tendencia al descenso y estancamiento reportando en 2013 un pérdida de 0,7 puntos del PIB en comparación al año 2010, lo que supone la necesaria revisión de los montos invertidos en la niñez y adolescencia a efecto de prevenir el fenómeno del Trabajo infantil.

Fuente: http://www.s21.gt/2017/05/las-cifras-del-trabajo-infantil-en-guatemala/

 

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Venezuela: Programa “Salud va a la Escuela” benefició a más de cuatro mil estudiantes en el Zulia

Noticias

Venezuela/04 mayo 2017/Fuente: Noticia al Dia

Continuando con el Plan Nacional Integral de Salud para atender la población estudiantil en el año escolar 2016-2017, la Zona Educativa Zulia inició este martes el “Plan especial para la atención de la salud a los estudiantes”, con jornadas de evaluación de odontología, lenguaje, auditivas, visual, nutricional, desparasitación y vacunación.

Se atendieron 56 planteles educativos, beneficiando a 4.526 estudiantes de los 29 municipios escolares de la región, en alianza estratégica con el Sistema Regional de Salud, Barrio Adentro  e Ipasme, desplegados en los 12 Centros Comunitarios de Protección y Desarrollo Estudiantil de la ZEZ con 06 Unidades portátiles odontológicas, 354 Médicos  y 444 odontólogos.

“Estas jornadas se realizan con el fin de garantizar el bienestar de los estudiantes y dar cumplimiento a las directrices del MPPE a través de la Resolución 304, donde  refiere a la “Salud va a la Escuela”, para reforzar el proceso de enseñanza- aprendizaje sobre el proceso de salud para buscar el equilibrio y la integralidad en la atención primaria de los estudiantes”.

Así lo dio a conocer Xiomara Núñez, Coordinadora Regional del Programa Salud Escolar (ZEZ), indicando que en el día de hoy se está iniciando el segundo momento de Salud va a la Escuela en toda la región Zuliana. “A través de estos programas se puede evaluar al estudiante y hacerle un diagnóstico para luego ser referido a un  especialista según su problema médico”, aseveró.

Según Núñez, el trabajo que realizan es arduo “esperamos cumplir y consolidar las metas proyectadas de atender 1035 instituciones educativas para beneficiar a 255.170 estudiantes para ser evaluados y diagnosticados, a partir de este momento  comienza el carácter de resolutividad, el cual permite hacerle seguimiento al estudiante según su diagnóstico desde la escuela para buscarle una mejor solución al problema, culminó la docente.

A través de estos programas ejecutados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación y a través de la Zona Educativa Zulia, se busca que los niños, niñas y jóvenes sean partícipes de la prevención para garantizarles una mejor calidad de vida.

Fuente: http://noticiaaldia.com/2017/05/programa-salud-va-a-la-escuela-beneficio-a-mas-de-cuatro-mil-estudiantes-en-el-zulia/

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