Zarpazo a las universidades públicas

Por: Ignacio Mantilla

Por estos días se ha conocido ampliamente la iniciativa de un proyecto de ley que busca modificar los montos, mecanismos y, especialmente, el recaudo posterior de los recursos que el Icetex administra para que los jóvenes beneficiados puedan acceder a la educación superior. Incluso el debate se ha extendido en determinar si se trata del plagio de un proyecto que ya había sido formulado antes por el congresista Rodrigo Lara.

El proyecto se enmarca en un modelo que ha sido experimentado en otros países como Australia, por ejemplo, y que se denomina Crédito Educativo Contingente al Ingreso. Al graduarse, el endeudado profesional puede tener periodos de gracia y pagar el crédito de acuerdo a su salario y con intereses blandos, sin que sus ingresos se vean drásticamente menguados por esta causa y sin la presión de un corto tiempo límite para cubrir la deuda. Es decir que su empleo profesional y el salario que devengue será el determinante de la modalidad de pago del crédito educativo.

Sin lugar a dudas este es un buen e ingenioso mecanismo para financiar la demanda de educación superior. Pero no quiero ahondar en los detalles del proyecto, más bien quiero resaltar que se trata de una alternativa más de financiación a la demanda, que sumada a otra fuentes, estrategias y programas ampliamente conocidos, permiten concluir que el modelo de financiación que quiere reforzarse desde el Gobierno Nacional apunta, cada vez más claramente, a subsidiar la demanda.

Lo anterior no admitiría crítica alguna si estos programas tuviesen sus propias fuentes de financiación y sumaran opciones para los estudiantes universitarios colombianos, sin debilitar la financiación de la oferta que hacen, principalmente, las universidades públicas. En este punto coincidimos rectores de universidades, tanto públicas como privadas.

En efecto, con enorme desilusión hemos visto cómo los anhelados recursos que se habían aprobado en la última Reforma Tributaria para la educación superior pública (el 40 % de medio punto del IVA) ahora se quieren destinar, en su mayoría (cerca del 70 %), para fortalecer los fondos del Icetex y para garantizar los créditos nuevos y los que están desfinanciados. Así que la duda sobre el presunto plagio está despejada. No hay plagio sino originalidad, pues es difícil creer que el representante Lara o la senadora Claudia López hubieran pensado siquiera en echar mano a estos recursos para financiar esa propuesta.

Naturalmente, si se quiere estimular el crédito educativo como solución para cubrir los altos costos de la educación superior, las universidades públicas tendrán que adaptar sus sistemas de financiación porque los recursos para tales créditos y créditos-beca finalmente son los mismos que estaban destinados a financiar las universidades públicas exclusivamente.

Pero tal parece que la meta nacional se hubiese cambiado y que en lugar de apostarle a alcanzar un número N de nuevos profesionales universitarios, se aspire ahora más bien a otorgar M nuevos créditos (con M>N). Esto parece el mundo al revés: el Icetex, que con sus fondos debería estar fortaleciendo las universidades, ahora resulta fortalecido con los fondos de las universidades.

En mi opinión, creo que es un “disparate”, de enorme impacto negativo, atraer cada vez a más jóvenes y a sus familias al endeudamiento para cursar un pregrado en Colombia. La opción del crédito debe ser la última y no la primera, como se está presentando. Es como si dejásemos que los bancos formulen la nueva política educativa y prime el interés por endeudar a las familias sobre el de graduar a sus hijos.

Hace unas semanas, en el encuentro de Macrouniversidades de América Latina (de Colombia sólo forma parte la Universidad Nacional), realizado en Santiago de Chile, la presidenta Bachelet informaba a los rectores y delegados sobre su proyecto para tener gratuidad en la educación universitaria y hacía un llamado al Congreso chileno para que le apoye en la aprobación de esta nueva ley que propone su gobierno. El debate que se ha dado en Chile en torno al financiamiento de las universidades a través de costosas matrículas que pagan los estudiantes con créditos bancarios, tanto en universidades públicas como privadas, permite observar que en Chile el Estado se desentendió de la financiación de sus universidades a tal punto que universidades tan emblemáticas, como la Universidad de Chile, recibe hoy menos del 10% de sus recursos de funcionamiento de parte del Estado. Los efectos que este sistema ha tenido debe alertarnos para no incurrir en los mismos errores que hoy se quieren corregir en Chile.

En Colombia los grandes avances y logros en materia de cobertura, calidad y financiación en educación básica y media pueden intentarse también en la educación superior. Creo que en el Estado y su capacidad actual, las políticas del crédito educativo pueden ser una buena alternativa para cursar estudios de posgrado y no así para extenderla a los estudios de pregrado.

Pero, independientemente de calificar de bueno o malo el proyecto para el Crédito Educativo Contingente al Ingreso, lo que tampoco es aceptable a favor de este nuevo modelo es el argumento de un aparente debilitamiento académico o una ineficiencia administrativa de las universidades públicas. Ese no debe ser el soporte, no es admisible que se intente asfixiar a las instituciones públicas para poder mostrarlas moribundas y justificar así el uso eficiente del oxígeno en otros pacientes menos enfermos.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/zarpazo-las-universidades-publicas-columna-692478