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China solicita opinión pública para mejorar protección a menores en escuelas

Asia/China/09-04-2021/Autor(a) y Fuente: Spanish.xinhuanet.com

 El Ministerio de Educación de China comenzó este martes a solicitar la opinión pública sobre un proyecto de reglamento para mejorar la protección de los menores en las escuelas.

Los centros educativos deben adoptar una actitud de tolerancia cero a la intimidación, el abuso y el acoso sexuales contra los estudiantes, según el documento.

El proyecto también exige que las escuelas examinen los antecedentes penales de los candidatos antes de emplear a profesores o aceptar voluntarios y trabajadores sociales en los campus.

Tras señalar que los centros docentes están obligados a proteger la seguridad de los estudiantes en los campus, el documento hace hincapié en que las escuelas tienen prohibido organizar a sus alumnos para participar en rescates de emergencia, alivio de desastres o actividades comerciales.

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/06/c_139862532.htm

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México: Cesan a subdirectora de Salud en Chiapas por caso Mariana

América del Norte/México/12-02-2021/Autor: Elio Henríquez/Fuente: www.jornada.com.mx

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Mariana Lazos Salgado fue cesada del cargo de subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud, luego de que alumnos, pasantes y médicos de pregrado la responsabilizaron de ignorar la denuncia de acoso sexual presentada por Mariana Sánchez Dávalos, quien fue encontrada muerta el 28 de enero pasado en la clínica de la comunidad de Nueva Palestina, en Ocosingo.

En un documento firmado por el titular de la Secretaría de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, la dependencia notificó la destitución de la funcionaria, a quien durante las marchas y protestas recientes se le había acusado de «omisiones, indiferencia e insensibilidad» ante las denuncias de estudiantes de medicina, particularmente en el caso de Mariana.

Al dar a conocer el cese de Lazos Salgado, Cruz Castellanos informó que en su lugar fue nombrado el médico Natán Enríquez Ríos.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/09/estados/cesan-a-subdirectora-en-salud-en-chiapas-por-caso-mariana/

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Ley de protección de la mujer en Irán: «Un primer paso, pero insuficiente»

El gobierno iraní aprobó el 3 de enero un proyecto de ley que tipifica como delito la violencia contra la mujer, incluida la acción o el comportamiento que cause «daños físicos o mentales» a las mujeres.

El gobierno iraní ha aprobado el 3 de enero un proyecto de ley que tipifica como delito la violencia contra la mujer, incluida la acción o el comportamiento que cause «daños físicos o mentales» a las mujeres. Sin embargo, el proyecto de ley no cumple las normas internacionales.

El proyecto de ley completo aún no se ha hecho público, pero en un resumen publicado en el sitio web del gobierno se afirma que «todo acto que cause daño físico o emocional o a la reputación de una mujer o que tenga como resultado la limitación de su libertad y sus derechos sociales se considera un delito».

Las activistas iraníes de los derechos de la mujer han hecho campaña a favor de dicha ley durante 16 años y el gobierno del Presidente Hassan Rouhani ha estado trabajando en el proyecto de ley desde las elecciones de 2013.

El proyecto de ley «Protección, Dignidad y Seguridad de las Mujeres contra la Violencia» ha estado bajo revisión desde septiembre de 2019, después de que el poder judicial anunciara que había completado su revisión y presentado el proyecto de nuevo al gabinete.

El proyecto de ley tendrá que ser aprobado ahora por el Parlamento para convertirse en ley y resultará un desafío, ya que hay una mayoría conservadora en el Parlamento.

La decisión de seguir adelante con el proyecto de ley – que, si se aprueba, será la primera ley de este tipo en el código penal de Irán – se dice que también ha sido favorecida por el movimiento #MeToo que lanzó campañas desde el pasado agosto.

También se dice que varios de los llamados asesinatos de honor de los últimos seis meses están detrás de la decisión de aprobar el proyecto de ley.

El proyecto de ley aborda el acoso sexual y la coacción a las mujeres para que realicen actos sexuales como delitos. El envío a una mujer de un mensaje sexual no solicitado, un texto o una fotografía, la exigencia de relaciones sexuales o el hecho de obligar a la mujer a realizar actos sexuales podría acarrear penas de entre seis meses y dos años de prisión y hasta 99 latigazos, así como multas monetarias.

Se ha exigido a la judicatura que cree y patrocine centros que ofrezcan apoyo a las víctimas de la violencia y a las mujeres vulnerables a la violencia, según el resumen del proyecto de ley publicado en la página web del gobierno iraní. Además, las fuerzas de seguridad también están obligadas a crear una unidad especial de policía femenina para proteger a las mujeres.

Masoumeh Ebtekar, vicepresidenta de Irán para asuntos de la mujer y la familia, dijo en un Tweet que el proyecto fue el resultado de cientos de horas de deliberación por parte de expertos legales y del gobierno y que estaba «dedicado a las merecedoras y pacientes mujeres de Irán».

Según Human Rights Watch «el proyecto de ley tiene varias disposiciones positivas, entre ellas la de formar un comité nacional interministerial para elaborar estrategias y coordinar las respuestas del gobierno a la violencia contra la mujer». También obliga a los ministerios y organismos gubernamentales a adoptar medidas para ayudar a prevenir la violencia y prestar asistencia a las mujeres, entre otras cosas mediante la formación de unidades policiales especiales para estos casos». También crearía órdenes de alejamiento y un fondo de apoyo a la mujer».
Sin embargo, el proyecto de ley no cumple las normas internacionales, dijo la asociación de derechos humanos y añadió que «si bien el proyecto de ley define la violencia contra la mujer de manera amplia y tipifica como delito diversas formas de violencia, no tipifica como delito algunas formas de violencia de género, como la violación en el matrimonio y el matrimonio de niños». Tampoco modifica la definición limitada y problemática de violación que figura en el código penal, que excluye explícitamente la violación marital».

HRW subrayó que «el castigo obligatorio para la violación es la pena de muerte, que puede disuadir a las mujeres de denunciar la violación». El proyecto de ley tampoco define la violencia en el hogar. Algunos de los delitos que establece violan el derecho a la intimidad y otras libertades protegidas, como proponer una «relación ilícita» y alentar o persuadir a una mujer a cometer actos contrarios a la ‘castidad’».

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/12/01/2021/ley-de-proteccion-de-la-mujer-en-iran-un-primer-paso-pero-insuficiente/

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México: vinculan a proceso a profesor de la UNISTMO por hostigamiento sexual contra joven universitaria

Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress

El Juez de Control determinó vincular a proceso al profesor S. F. A. E., quien fue denunciado en mayo del 2019 por el delito de hostigamiento sexual contra una joven estudiante de la Universidad del Istmo (Unistmo) , Campus Ixtepec, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

De acuerdo con la carpeta de investigación 10026/FIST/IXTEPEC/2020, durante diferentes fechas de mayo de 2019, la víctima fue hostigada sexualmente en diversas ocasiones por el imputado.

Ante estos hechos y después de recibir la denuncia respectiva, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca –a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo- recabó los datos de prueba necesarios para oportunamente solicitar al Juez la cita para comunicar la imputación y el correspondiente auto de vinculación a proceso en contra del imputado.

En audiencia y luego de validar los datos de prueba proporcionados por la FGEO, el Juez en turno determinó vincular a proceso al profesor S. F. A. E., otorgando dos meses para el cierre de investigación.

Al respecto, se dictaron medidas de protección para la joven y una profesora quien fungió como testigo de las hechos, quienes esperan que la universidad contribuya a que se respeten.

La joven estudiante tuvo el respaldo de asesoras jurídicas de la Red de Abogadas Indígenas (RAI) , quienes en todo momento la apoyaron y ahora aseguran estarán vigilantes de que el proceso se lleve a cabo en perspectiva de genero.

“Desde la RAI estaremos vigilantes del proceso para la joven estudiante y se dé la justicia que se merece. No debemos normalizar actos que denigren la dignidad de otra persona”, dijo la RAI a través de un comunicado en redes sociales.

08 Mar Denuncian acoso sexual2

Fuente e imagen:  IstmoPress

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Janaína de Assis Matos, policía negra en Brasil: “El machismo y el acoso vienen en el ‘paquete”

América del sur/Brasil/13 Agosto 2020/elpais.com

La agente de la policía civil en Río de Janeiro, de 35 años, tiene suficiente experiencia para hablar sobre el racismo estructural que impregna el cuerpo. El machismo y el acoso vienen en el paquete, como ella relata en esta entrevista

Janaína de Assis Matos, negra, de 35 años, miembro del grupo Policías Contra el Fascismo y agente de la policía civil en Río de Janeiro, tiene suficiente experiencia para hablar con conocimiento de causa sobre el racismo estructural que impregna el cuerpo policial. El machismo y el acoso vienen en el “paquete”, como ella relata. Desde antes de la elección de Jair Bolsonaro, Janaína soporta un acoso moral velado, que se traduce en “guasas” y comentarios de sus compañeros de las fuerzas de seguridad, cuyo apoyo masivo y lealtad a Bolsonaro está siendo objeto de debate.

“El peor momento fue durante el periodo electoral, en el acto #EleNão; trataban a la gente de ‘ratas, comunistas, drogadictos…”, recuerda Janaína, que está afiliada al PSOL (partido de la concejala Marielle Franco, asesinada por milicianos en Río). “Tras la elección de Bolsonaro, el ambiente también influía: ‘Vamos a expulsar a todos los izquierdistas de la policía’, decían”.

Janaína no oculta sus preferencias políticas. “Soy muy atrevida”, afirma. Ya la han reprendido, claro. Pero no de manera oficial. “Se percibe ese acoso moral, aunque camuflado, siempre que hay algún asunto sobre política”.

Licencia para matar

Según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), en 2019, los policías del estado de Río de Janeiro mataron a 1.810 personas, una media de cinco muertes al día, la mayor cifra jamás registrada. Sin embargo, el número de agentes policiales muertos en Brasil cayó un 42% entre enero y junio de 2019: 108, frente a los 187 muertos en el mismo periodo de 2018, según indica el portal G1.

Con miras a reunir votos de una agrupación con casi 470.000 miembros, el presidente de Brasil anunció la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de acercar aún más las fuerzas policiales a su Gobierno, un apoyo que preocupa a los demócratas. “Bolsonaro representa una política de seguridad pública que no resuelve nada y que solo mata a la juventud de las periferias y a los propios policías”, afirma esta agente forense. El presidente ha intentado garantizar la impunidad a los policías que cometan crímenes en el ejercicio de sus funciones.

La gran mayoría de las muertes ocasionadas por policías se declaran “actos de resistencia” [reacción a la orden de detención], y son objeto de una nueva ley (8928/20) que exige un mayor control de esta práctica en Rio de Janeiro, estado que mantiene el récord de letalidad policial. “¿Cuántos inocentes han tenido y tendrán que morir aún?”, se pregunta Janaína.

Negros y pobres

En 2019 fueron 434 los muertos por “actos de resistencia” en Río, la cifra más elevada desde 1998, según el ISP. “Para la Policía, cuando se matan negros y pobres alegando acto de resistencia, no hace falta investigación pericial”, denuncia Janaína.

Janaína, que trabaja como perito policial, explica ese estado de excepción permanente que priva a una parte de la población de los derechos universales: “En general no se recogen pruebas, ya que la mayoría de los crímenes afecta a una población negra poco escolarizada y de bajo poder adquisitivo. Cuando se recogen, normalmente no se consideran. En este contexto, los gobiernos no invierten en investigación y da la impresión de que a la policía forense solo la llaman cuando no hay manera de incriminar al individuo”.

La agente recuerda que “además de los actos de resistencia, tenemos también el Artículo 70 [que permite condenar a un individuo con la mera declaración del agente policial]”. Para Janaína, esos subterfugios “legales” “muestran que el sistema ni siquiera necesita un delito real para encarcelar y matar”.

Los policías de Brasil matan mucho. Más que los de Estados Unidos. Solo en Río de Janeiro, los policías causaron casi el doble de muertes que los estadounidenses, en comparación con los datos del centro estadounidense Mapping Police Violence [Mapeando la Violencia Policial]. 

Según un estudio llevado a cabo por el Foro Brasileño de Seguridad Pública en 2018, el más reciente que incluye datos raciales, ese año murieron a manos de la policía casi 5.000 brasileños negros, la mayoría jóvenes. La población negra de Brasil casi triplica la de Estados Unidos y los policías brasileños mataron, según un estudio comparativo, 18 veces más negros que los estadounidenses.

Partiendo de esta realidad, ¿existe alguna conexión entre los movimientos Policías Antifascismo y BlackLivesMatter (las vidas negras importan)? “En términos generales, Policías Antifascismo aborda las conexiones entre el racismo y la violencia, haciendo hincapié en los debates sobre prácticas de abuso que generan una alta letalidad, como los actos de resistencia, y la manera en que los agentes policiales podemos intervenir y demostrar que las vidas negras importan”.

Alta letalidad

Janaína, estudiante de doctorado en geoquímica ambiental con especialización en análisis edafológicos –lo que puede ser útil en la investigación de crímenes, a la hora de determinar, por ejemplo, en qué lugar se cometieron–, afirma que tiene pocas posibilidades de trabajar en investigaciones con la policía forense. Y menos aún en la Baixada Fluminense, una de las zonas más violentas del estado de Río de Janeiro, donde, según datos recopilados por Fórum Grita Baixada, los casos de muertes violentas aumentaron un 7,4% en 2018 en relación con el año anterior. Para poner en contexto: se registraron 2.142 muertes: 56 por cada 100.000 habitantes, el 71% de ellas por homicidio; la media de Brasil es de 30,5 homicidios por cada 100.000 personas, la segunda mayor de Sudamérica. La mundial es de 6,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos publicados por la ONU en 2019.

“Solicité que me asignaran a la investigación de crímenes violentos en la región, donde fui profesora de química antes de entrar en la policía, hace cinco años”, recuerda la perita, que continúa en esa zona. “Es prácticamente una favela grande”. Por orden judicial, el Gobierno federal tendrá que publicar informaciones y denuncias sobre violencia policial en la Baixada en 2019.

Cultura machista

Janaína recalca que cada vez menos jóvenes, sobre todo mujeres, tienen interés en ingresar en la policía civil o militar de Brasil. Y no solamente debido a la violencia endémica y a la precarización de las condiciones de trabajo, “sino sobre todo por el machismo institucionalizado en ambas instituciones”. “Las mujeres que optan por enfrentarse a la cultura machista de los dos cuerpos en un intento de transformarlos, deben enfrentarse al acoso moral y sexual ya en el periodo de formación”, asegura. Un ejemplo reciente de esto la sorprendió a ella misma: dos mujeres agentes presentaron una denuncia contra un influyente oficial y colaborador del actual gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, exjuez federal y autor de la frase “Los policías van a mirar a la cabecita y… fuego” (orden para que los tiradores abatan a quienes porten fusiles).

El instructor Márcio Garcia Liñares –expresidente del Sindicato de Policías Civiles, exasesor especial de la Casa Civil del gobernador Wilson Witzel, que lo nombró, en marzo de 2020, miembro de la comisión para la privatización de la Compañía Estatal de Aguas y Saneamientos de Río de Janeiro (CEDAE por sus siglas en portugués)– fue denunciado por unas alumnas, conforme a lo publicado en el boletín interno de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro de mayo, obtenido en exclusiva para el reportaje. La causa se lleva bajo secreto en la Oficina de Asuntos Internos de la PM-RJ.

Janaína cuenta que Policías Antifascismo está ofreciendo apoyo a las agentes que han denunciado el acoso del instructor. “Estoy convencida de que van a intentar convencerlas de que retiren la queja, so pena de ser mal vistas en el cuerpo o bajo amenaza de imponerles una sanción geográfica. Pero la investigación está en marcha y confiamos en que ellas no desistan”.

Janaína sí ha pensado en rendirse. “El machismo se construye en la división de tareas dentro de la Policía Civil; las mujeres son automáticamente asignadas a áreas administrativas y las que están en la calle es porque se han puesto firmes”, relata. “Durante la formación, los profesores ya intentan apartar a las mujeres de las operaciones a base de intimidaciones”.

En el día a día, las agentes también reciben un trato diferenciado. “En una reunión estábamos siete peritos, y yo era la única mujer. Comenté un caso que yo había investigado y el delegado no dejaba de preguntar datos sobre el informe. Me di cuenta de que era la única a la que se cuestionaba. Los delegados y los inspectores siempre me cuestionan. No sucede lo mismo con los peritos hombres”, asegura la agente.

El racismo, en el caso de Janaína, es una vía de doble sentido. Las víctimas de familias pobres y negras reciben peor trato por parte de los policías y estos también discriminan a sus compañeros “de color”. “En una plantación, apresaron in fraganti a una acusada de homicidio, y estaba muy nerviosa. Fui a conversar con ella, a decirle sus derechos, entre otras orientaciones, cuando un delegado, hablando con otro policía y señalándome a mí, preguntó: “¿Y aquella ‘gansa’ quién es?” [ganso es el término peyorativo usado por los policías para “deshumanizar” a un delincuente]. El policía respondió: “Doctor, esa es la perita”.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/08/06/planeta_futuro/1596726511_746216.html

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Colombia: Presunto acoso sexual en Normal de Bucaramanga: ¿Cómo blindar a los colegios?

América del sur/Colombia/5 Marzo 2020/semana.com

Al menos 10 docentes de la institución son señalados por usar frases con contenido sexual y enviar fotografías íntimas a varias estudiantes. ¿Qué deberían hacer las instituciones educativas en estos casos?

“En esta Normal hay mucha indiferencia, acoso y abuso que mata la inocencia. Tocar a las niñas es un delito grave, se llama abuso si usted no lo sabe”. Con frases como esta, los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga realizaron un plantón para expresar su rechazo a los supuestos casos de acoso sexual por parte de al menos 10 docentes contra varias adolescentes de la institución.

Los hechos, según la comunidad educativa, van desde comentarios morbosos e insinuaciones, hasta el envío de imágenes con contenido sexual a las estudiantes. Rafael Picón Sarmiento, expersonero de Bucaramanga, solicitó revisar la situación y suspender de manera provisional a los profesores, contra quienes hay al menos cuatro denuncias formales antes la Fiscalía.

Paola*, quien cursa el programa de formación en la sede c de la institución educativa, dijo a Semana Educación que algunos de los casos se han presentado en su salón de clase, y aunque “se han hecho las denuncias, no se ha podido solucionar definitivamente porque no hay pruebas suficientes”. Por eso, el llamado que la joven hace a sus compañeras es a “que hablen y denuncien”.

La Secretaría de Educación de la capital de Santander expresó que ha dado “estricto cumplimiento al debido proceso a todos los casos que han sido conocidos y reportados», dándoles traslado a la oficina de control interno y disciplinario para los investigue. Y el Ministerio de Educación Nacional aseguró que «ha brindado apoyo y acompañamiento a la Secretaría de Educación» en la defensa y protección de los derechos de los niños y jóvenes. De igual forma, la cartera reiteró que es importante adelantar en el ámbito educativo las siguientes acciones:

– Trabajo articulado entre la Fiscalía y la Secretaría de Educación para compartir las pruebas, de forma que las decisiones en los procesos penales y disciplinarios se produzcan con la celeridad, que, sin duda, ameritan estos casos.

– Inicio del proceso disciplinario, el cual debe adelantarse con celeridad y adoptando, de ser el caso, la medida de suspensión temporal.

– Simultáneamente se debe trabajar articuladamente con el defensor de familia, para el restablecimiento de derechos y la práctica de pruebas.

– Realizar movimientos del personal docente para desarrollar sus actividades curriculares sin contacto directo con los estudiantes, mientras se adelanta la investigación respetando el debido proceso.

“Todos los colegios deben prepararse para casos de acoso y abuso sexual”

¿Cuáles son las claves para proteger a los colegios? ¿cómo deberían actuar frente a los presuntos casos? Kattie Rigg, jefe de Bienestar y Protección Estudiantil del Consejo de Colegios Internacionales (CIS), considera que los planteles educativos deben tomar acciones inmediatas para proteger a los menores que presuntamente han sido víctimas, lo cual incluye intervenciones médicas y psicológicas, así como soporte al menor y a sus padres.

“El colegio debe reportar la denuncia ante entidades como la Policía o las agencias o servicios de protección al menor que existan”, indica. A propósito de casos como los de la Normal Superior de Bucaramanga, la experta resalta: “si la acusación es en contra de un profesor, el colegio normalmente lo suspende mientras se lleva a cabo la investigación. El colegio debe tener cuidado en informar al presunto culpable en el momento adecuado y de la manera adecuada de manera que no perjudique la investigación”.

Así mismo, Rigg hace énfasis en la necesidad de que las instituciones cuenten con protocolos para la atención de casos de acoso y abuso sexual, tanto si el abuso se origina en la casa o si es efectuado por un adulto del colegio o por otro estudiante.

“Estas políticas deben establecer los pasos que el colegio está teniendo en cuenta para prevenir, identificar y responder al daño y al abuso. Además, los estudiantes deben ser incentivados a hablar con cualquier adulto del colegio en el que confíen. Las políticas deben también tener claros los procedimientos de reporte externo y un código de conducta para el personal del colegio, para que sepan cuál comportamiento es aceptable y cuál no lo es”, añade.

Finalmente, la jefe de Bienestar y Protección Estudiantil del Consejo de Colegios Internacionales, quien participó en un taller sobre abuso infantil realizado en el Colegio Los Nogales de Bogotá, recuerda que las familias deben enfocarse en “construir confianza con sus hijos y en tener conversaciones abiertas y honestas, permitiéndoles a sus hijos que acudan a ellos cuando estén preocupados”. Entre tanto, los colegios deben “capacitar a los profesores en cómo identificar y reportar el comportamiento de un colega, el cual pueda indicar que se está cometiendo un abuso”.

Fuente e imagen tomadas de: https://www.semana.com/educacion/articulo/escuela-normal-superior-bucaramanga-denuncias-acoso-y-abuso-sexual-a-estudiantes/654695

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México: La violencia de género sacude a la mayor universidad de América Latina

América del norte/México/elpais.com

Tras meses de protestas en México, la UNAM ha decidido reconocer oficialmente las agresiones y acoso hacia las estudiantes, pero muchas activistas lo consideran insuficiente

“No me importa perder el año si esto va a ayudar a que se erradique la violencia contra las mujeres en la UNAM”, dice Oyuki, una estudiante de 17 años que pide ser identificada con ese nombre y lleva más de dos semanas durmiendo en el suelo de un aula junto a decenas de compañeras. Ella estudia en la Preparatoria 6, uno de los cuatro planteles de bachillerato adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México tomados por alumnas que reclaman medidas para erradicar la violencia contra la mujer que soporta la institución. Además de estos centros, hay cuatro facultades y dos colegios de Ciencias y Humanidades en paro, algunos desde hace tres meses.

Hasta ahora, fumar marihuana o tomarse un whisky eran infracciones más graves que abusar de una mujer, un delito que ni siquiera estaba mencionado en el Estatuto General que rige la UNAM desde hace 75 años. Pero esta semana, la universidad más importante de México y la mayor de toda Latinoamérica, ha dado un paso inédito: el Consejo Universitario ha aprobado una reforma del estatuto para incorporar a la violencia de género como una infracción grave, merecedora de castigo, aunque no establece qué sanciones le corresponden.

Esta reforma, que entrará en vigor a partir de este lunes 17 de febrero, parece ser la vía que encontró la institución para tratar de salir del punto muerto en el que se encuentra desde noviembre, cuando grupos feministas comenzaron a tomar los establecimientos y a exigir una respuesta ante la violencia de género. El Consejo ha aprobado también la modificación de un artículo del estatuto para garantizar la paridad de género en el Tribunal Universitario, el máximo órgano que imparte justicia en la universidad. Aún así, no parece que ninguna de las dos medidas vaya a poner un fin definitivo al conflicto.

Para Brenda Medina, profesora auxiliar del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) —que lleva sin clases desde principios de noviembre por la huelga de sus estudiantes—, las reformas son insuficientes. Una de las exigencias, explica, era que se establecieran sanciones específicas para el acoso, el abuso y la violación, algo que no ha sucedido. Jorge Volpi, encargado de Difusión Cultural de la UNAM, asegura que esa modificación se tratará en marzo, ya que la propuesta no llegó a tiempo a la Comisión de Legislación del Consejo Universitario. Medina dice también que desde la FFYL propusieron que el Tribunal Universitario sea independiente o, al menos, que las estudiantes puedan participar, y que eso tampoco se ha tenido en cuenta. Este jueves, una alumna de la universidad arremetió contra el presidente de ese Tribunal, Eduardo López Betancourt, acusándolo de hostigamiento y acoso durante una conferencia.

Una de las entradas de la Preparatoria 9 de la UNAM.
Una de las entradas de la Preparatoria 9 de la UNAM. ROGELIO MORALES CUARTOSCURO

Los casos de abuso sexual, los crímenes contra las mujeres y la inseguridad dentro de la UNAM no son nuevos; son el reflejo de un país que cuenta un promedio de 10 feminicidios diarios, según las estadísticas oficiales. Pero ahora la problemática parece haber llegado a un punto de quiebre, tanto afuera como adentro de la institución. En 2016 se activó el protocolo contra la violencia de género en la universidad y desde entonces ha habido 1.104 denuncias por abuso y acoso sexual, de las que se han procesado menos de la mitad. Desde 2018, seis mujeres han sido asesinadas en la UNAM. Las reformas impulsadas este miércoles, aunque muchas activistas las consideren insuficientes, dan esperanza a una comunidad desgastada por la impunidad y el miedo cotidiano.

La Preparatoria 9 lleva más de 90 días en paro. Esta escuela ha sido de las más criticadas por la supuesta violencia de las manifestantes. Las barricadas formadas con mesas y pupitres permanecen a las puertas del plantel, situado al norte de la capital mexicana. El escenario es de posconflicto. En el camino hacia la sala dormitorio de las alumnas hay basura y cristales rotos. Antes de subir las escaleras, un muro se muestra repleto de fotografías de profesores y alumnos señalados por acoso o por violación a estudiantes. Algunas se repiten hasta en cinco ocasiones.

Tres chicas de 15 a 18 años, que prefieren no dar sus nombres por seguridad, permanecen en una de las salas. Una come un burrito precocinado. Otra remolonea en un sofá cama. La tercera trata de limpiar una habitación que, a simple vista, necesitará años para volver a su estado original. Ellas también tuvieron una asamblea esta semana con las autoridades universitarias. “No sirvió de nada”, asegura una, mientras se arropa con una manta. Las estudiantes sostienen que en las reuniones con los directivos universitarios se les dice que sí a todo, menos a su petición más urgente: la expulsión definitiva de los profesores señalados por violencia física y verbal contra ellas. Entre ellos mencionan a un docente de matemáticas, a uno de literatura y, sobre todo, a un profesor de educación física. Tras la toma de la preparatoria, aseguran, en uno de los cajones de su despacho encontraron unos lentes con los que grababa a las alumnas menores desde hace años.

Las chicas pasan el tiempo leyendo, platicando, viendo alguna serie y comiendo mal. La que se hace llamar Regina tiene 18 años y está a punto de dar el salto a la universidad. “Prefiero dejar la escuela limpia de maestros que acosen a las alumnas. No me importa perder el año por esta causa. No tenemos miedo”, afirma.

A las tres estudiantes sus padres las apoyan y cuando pueden les traen algo de comida. Aunque, admiten, es mucho tiempo. “No es fácil estar aquí, pero no hay otra forma de que nos hagan caso”, explica Regina. Al principio tenían apoyo de la mayoría del alumnado y podían pasar el tiempo en la piscina que tiene la escuela. Con el paso de las semanas el apoyo ha bajado y muchos estudiantes que no forman parte de la protesta han sido reubicados en el céntrico Colegio Latinoamericano. En los últimos meses, los enfrentamientos entre las huelguistas y otros alumnos a veces acompañados por sus padres, han sido frecuentes, motivados principalmente por el temor a perder el año por las protestas. “Hasta que no tomen acciones reales esto va a seguir así”, avisa Regina.

Desde su despacho de la UNAM, Jorge Volpi afirma que la universidad está tomando conciencia sobre la desigualdad y violencia de género gracias a las movilizaciones feministas que han sacudido al país los últimos años. “La Universidad tiene que actuar ya, pero ojalá estos movimientos deriven en una toma de conciencia de nuestra sociedad, que provoca, admite, tolera y encubre la violencia de género. Es, sin duda, una prioridad”.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/sociedad/2020/02/15/actualidad/1581775115_830122.html

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