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Violencia escolar

Por: Manuel Alberto Navarro Weckmann

Es fundamental reconocer que la responsabilidad no recae únicamente en el personal educativo, sino en un sistema que debe trabajar de manera conjunta …

Un tema que suele ser recurrente tiene que ver con la violencia y acoso en las escuelas, la cual muestra elementos cuya expresión superficial se da en la escuela, sin embargo, cuenta con profundas raíces en la familia y en el tejido social. Es un argumento que desnuda la realidad que viven día a día en su hogar y colonia, en una normalidad aprendida que simplemente trasladan a la escuela, por lo que un planteamiento erróneo, es buscar criminalizar al personal educativo, promoviendo castigos en los códigos penales, sin ver las razones de fondo y sobre todo evadiendo la responsabilidad con la aplicación integral de soluciones para enfrenar el problema.

Corresponde al centro escolar por supuesto ser el vínculo y el canal para la detección oportuna que permitan favorecer el conocimiento y orientación al promover programas de sensibilización y prevención en todos los niveles educativos, brindando información y herramientas a estudiantes, docentes, padres y comunidad educativa en general. Estos programas deben abordar temas como el respeto, la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la promoción de una cultura de convivencia sana.

Para lograr esto, el Estado debe brindar capacitación y formación continua a docentes y personal educativo en la identificación, prevención y manejo de situaciones de violencia y acoso. Esto incluye desarrollar habilidades de comunicación efectiva, gestión de conflictos y promoción de un entorno escolar seguro y respetuoso.

Por otra parte, los diferentes niveles de gobierno deben establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones educativas, los servicios sociales, la policía y otros actores relevantes para abordar de manera integral los casos de violencia y acoso, garantizando una respuesta rápida y eficaz, así como la derivación a los servicios de apoyo necesarios.

Así, es esencial que se establezcan políticas y marcos legales sólidos para prevenir y combatir la violencia y el acoso en los centros educativos. Estas políticas deben enfocarse en la protección de los derechos de los estudiantes, establecer protocolos claros de actuación y sanciones adecuadas para los casos de violencia y acoso.

Es claro que la participación de la comunidad educativa, incluyendo a padres, madres, tutores y otros actores sociales, es fundamental para abordar eficazmente el problema. Se deben promover espacios de diálogo, colaboración y participación para buscar soluciones conjuntas y crear un entorno de apoyo y protección para los estudiantes.

Entonces, la solución a la violencia y al acoso requiere de una respuesta integral y coordinada que involucre a diferentes niveles de gobierno, instituciones educativas, docentes, comunidad educativa y sociedad en general. Es fundamental reconocer que la responsabilidad no recae únicamente en el personal educativo, sino en un sistema que debe trabajar de manera conjunta para reconstruir el tejido social y promover entornos educativos seguros y respetuosos. La educación es el camino.

Fuente de la información e imagen:  https://profelandia.com

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México: SEP carece de protocolos para atender bullying, que se desborda sin control

Por: Alejandro Granados

 

Los casos de bullying o abuso se vuelven cada vez más recurrentes en las escuelas de México, el caso más sonado —y grave— de los últimos días es el de Norma Lizbeth, quien falleció luego de la agresión de una compañera. La responsable fue detenida, y mientras la sociedad mexicana se divide por el destino de la menor infractora, organizaciones civiles, padres de familia y especialistas alertan que la autoridad educativa carece de protocolos reales para frenar esta violencia.

La menor Norma Lizbeth estudiaba en la Escuela Secundaria Oficial 0518 en Teotihuacán y el pasado 21 de febrero fue atacada por Azahara Aylin “N” con una piedra, causándole lesiones graves que le provocaron la muerte el 13 de marzo pasado, lo que detonó la discusión en el país sobre los casos de bullying; sin embargo, lo primero que revela esta situación es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) carece de un protocolo de actuación al respecto.

En el tema judicial, la Fiscalía del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso contra la adolescente Azahara Aylin “N” de 14 años, tras acreditar su probable participación en el delito de homicidio calificado de Norma Lizbeth, solo que en el ámbito social la discusión sobre el tema crece, ante la pasividad con la que ha actuado la SEP.

Primero porque el fallecimiento ocurrió el 13 de marzo y la SEP se pronunció al respecto hasta el día 17 por medio de un tuit en el que no menciona la menor por su nombre, ni establece tampoco ningún lineamiento de seguimiento sobre el caso.

Es por ello que organizaciones y especialistas lanzan un llamado de alerta para frenar el incremento de violencia que se registra en las escuelas, con casos extremos como el de esta menor, al tiempo que reprochan que las autoridades educativas no han creado protocolos de prevención, detección y actuación para atender este fenómeno social.

El problema no es menor, de acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, 90% de la población escolar ha sufrido humillaciones e insultos; 24% de los estudiantes de primaria y secundaria han sido objeto de burlas; 32% de los alumnos han enfrentado agresión física, 39% agresión verbal, 13% agresiones psicológicas, 10% violencia sexual y 5% violencia por internet.

Dicho fenómeno no distingue raza, religión, sexo, condición física ni edad, y cada vez afecta más temprano.

La violencia crece en el país

Ante esta situación, Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), expresó su preocupación sobre el tema de agresiones dentro de las aulas, “porque como país hemos visto un alarmante crecimiento de la violencia dentro de todo el entorno social”.

No podemos asumir que sean los profesores los únicos responsables. Debemos como comunidad educativa involucrarnos todos. No solamente dejar asumida la responsabilidad a los maestros a los directores. Es una responsabilidad compartida de los padres de familia y de los alumnos”, dijo en entrevista para Publimetro.

Por su parte, Tania Ramírez, directora del Redim, señaló que la violencia escolar es una problemática que está creciendo y que las autoridades federales, estatales y educativas han sido omisos en atender y la hacen a un lado.

“Hay una fuerte problemática de bullying en las escuelas. La responsabilidad escolar es de la Secretaría de Educación Pública y la de los estados, quienes llevan siendo omisas muchos años en atender las recomendaciones para propiciar ambientes no violentos, instalar capacidades de resolución no violenta de conflictos”, expresó.

A Norma Lizbeth la mató el bullying. Una compañera la golpeó con una piedra hasta causarle traumatismo craneoencefálico.

A Norma Lizbeth la mató el bullying. Una compañera la golpeó con una piedra hasta causarle traumatismo craneoencefálico.© Proporcionado por Publimetro

Como sociedad no podemos normalizar esta situación de violencia en las escuelas”

Luis Arturo Solís

Organizaciones piden combatir el acoso escolar

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El presidente de la UNPF hizo un llamado a Leticia Ramírez, titular de la SEP, y a todos los secretarios de educación de los estados, para crear un programa que involucre a padres de familia, profesores, directivos y a los mismos alumnos, el cual genere alternativas de solución para trabajar en una cultura de paz.

Resaltó que como organización están llevando a cabo en todas las escuelas donde tiene presencia, el taller: “Por una nueva cultura de paz”, “porque es hacia el interior de las casas donde se tiene que trabajar para que la violencia no se presente”.

La directora del Redim alertó que es necesario que la SEP elabore protocolos de actuación sobre la situación de acoso escolar, “sería interesante levantar un sondeo para saber cuántas escuelas tiene efectivamente estos protocolos y cuántas están siendo omisas en generar estos protocolos”, agregó.

Ivonne Gaona, abogada y especialista morfopsicología, reiteró que la autoridad educativa federal tiene la responsabilidad de desarrollar protocolos para el personal escolar, directores, maestros, alumnos y para padres de familia, “con la finalidad de reducir este fenómeno, y encauzar adecuadamente situaciones ante posible violencia en el entorno escolar”.

Explicó que el bullying supone tanto “violencia física, psicológica o ambas y tiene un impacto muy fuerte en la vida del menor que está siendo víctima de este fenómeno. Recordemos que pueden verse involucrados niños o niñas, adolescentes, ya sea como víctimas u observadores”.

Sobre todo, plantea la urgencia de tomar en consideración que estos actos de agresión o bullying físico —como en el caso de Norma— pueden llegar a consecuencias donde se lesione a la víctima, o en un caso peor, se le quite la vida y esto termina en delito.

Dijo enfática que un “homicidio por bullying, es un delito donde un juez de control será el encargado de determinar la situación jurídica del menor, con el objetivo de reformar o reincorporar al menor con una pena máxima de 8 años, esto de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”, lo que implica que de una broma o bravuconería, se puede pasar a cometer un delito con graves consecuencias.

Por su parte la organización Inserta también exhortó a las autoridades educativas y de los distintos ámbitos de gobierno, a crear promover programas de capacitación al personal docente, para que cuenten con las herramientas necesarias para identificar la sintomatología de trauma por exposición a la violencia.

“El bullying es el acoso escolar y se define como la violencia repetida entre pares, compañeras, compañeros, en la que uno o más individuos tiene la intención de intimidar y hostigar a otros. Se caracteriza por el abuso de poder entre niños y jóvenes en edad escolar”, expresó la organización a través de un un comunicado.

Foto: Juan José Estrada Serafín / Cuartoscuro

Foto: Juan José Estrada Serafín / Cuartoscuro© Proporcionado por Publimetro

¿Qué hacer si mi hijo/hija está sufriendo bullying en la escuela?

  • Consuele y apoye a su hijo escuchándolo
  • Mantenga la calma mientras su hijo le explique lo que sucede
  • Evite culpar a su hijo
  • Recuérdele a su hijo que nadie merece ser acosado
  • No le aconseje a su hijo que pelee cuando lo acosen
  • Reporte el incidente ante las autoridades de la escuela (maestro o directivo) y deje en claro que no tolerará el acoso a su hijo
  • Si cree que su hijo/hija está en riesgo en cualquier momento, comuníquese con la escuela para recibir una intervención inmediata
  • Desapruebe cualquier intimidación o falta de respeto en la casa entre hermanos y adultos
  • Anime a su hijo a participar en actividades que fortalezcan la autoestima y la confianza en sí mismo
  • Colabore con el personal de la escuela para crear un programa de prevención del acoso escolar

¿Cómo identificar a un buleador?

La abogada y especialista en morfopsicología Ivonne Gaona describe que personalidad que suele tener un buleador, destaca los siguientes aspectos:

  • Es egocéntrico e identifica a los más débiles y tímidos, comparándolos consigo mismos para poder abusar de ellos
  • Simula lealtad con su grupo de amigos para sentirse fuertes y amenazantes
  • Son impulsivos, agresivos, desesperados y los acosadores suelen encontrarse en la antesala de la conductas delictivas
  • Aunque resulta paradójico, con su execrable actitud los acosadores obtienen aprobación y hasta admiración de otros compañeros, lo cual fortalece su actitud intimidatoria
  • En casos extremos, físicamente suelen tener el rostro con pérdida de simetría en la frente, mirada profunda y muy enfocada
  • Son personas que no sonríen con ternura sino se burlan, y en ocasiones oprimen y cierran los labios al querer golpear o intimidar, por la frustración e ira que tienen en su ser
  • Gesticulan poco, pero la burla y el sarcasmo son constantes

Fuente de la información e imagen:    https://www.publimetro.com.mx

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España: MeToo en las universidades españolas

MeToo en las universidades españolas

Núria MarrónNúria NavarroGemma Tramullas

Imágenes de 24 de las más de 25 profesoras que denuncian en este reportaje haber sido víctimas de acoso y violencias machistas en la universidad.

Más de 25 profesoras e investigadoras de las universidades públicas españolas rompen por primera vez su silencio para denunciar el acoso y la violencia machista que han sufrido en una institución que presume de buscar la excelencia pero aún conserva parte del ADN «feudal»

«Si sigues miedosa, prometo darte un buen azote». «El sexo es una forma excelsa de comunicación». «Mi vida es un orgasmo, ¡chica!». «Besos mojados». «Besitos ahí». Cada uno de estos mensajes, y un buen puñado más, fueron enviados con absoluta impunidad por un reputado catedrático de la Universitat de Barcelona a 12 alumnas y dos alumnos. Todos ellos constan en unas diligencias que la fiscalía archivó en 2013 porque la denuncia por acoso sexual, tras abrasarse convenientemente en los despachos de la universidad, ya había prescrito cuando llegó a sus manos. El caso, por tanto, no tuvo recorrido judicial, pero sí ha contribuido a descorrer la tapa de una fosa séptica oscura y largamente silenciada: el acoso sexual y machista que sufren profesoras e investigadoras universitarias y que provoca tanto sufrimiento como asfixia y expulsión de talento.

Una de las denunciantes fue la socióloga Ana Vidu, cuyo caso aún es extraordinario en la medida en que rompió el muro universitario. Sin embargo, el desenlace es demasiado conocido por demasiadas mujeres. Vidu pasó a ser «la conflictiva», la apestada, la loca, adjetivos que aún hoy repercuten en su vida profesional. «Es peor cuando denuncias que cuando sufres el acoso», dice hoy, desde la Universidad de Berkeley. De hecho, con su carrera reventada en Barcelona, probó en la Universidad de Deusto, donde la decana de Derecho, tras una larga entrevista, admitió que estaba «impresionada» por la «cantidad de calumnias sobre ella que le habían llegado». ¿Y el catedrático? Pues fue apartado de la docencia, pero no de la institución.

El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso

Vidu hoy forma parte de este primer gran MeToo de la universidad española. Como ella, las más de 25 académicas que aparecen en este reportaje ponen rostros e historias a lo que vienen diciendo las pocas investigaciones realizadas sobre este asunto: que la misma vida académica que habla de excelencia y pensamiento crítico también está asentada en una trama de violencias machistas que se alimentan en la jerarquía de la institución, en su gran competitividad y en la llamada violencia aisladora o de segundo orden: la que sufren las personas que apoyan a las afectadas.

No es tanto que la universidad esté cuajada de acosadores, como que tradicionalmente su ecosistema ha brindado impunidad a los que hay. ‘Omertá’, la ley del silencio, sigue siendo una de las palabras más escuchadas en este gran mosaico del acoso universitario.

Prácticamente todas las universidades cuentan con denuncias internas. Que sus nombres no aparezcan en este reportaje no significa que hayan erradicado este tipo de violencias. La confusión, sin embargo, se abre paso al intentar cartografiar el fenómeno.

Primero, porque la línea entre acoso laboral ‘a secas’ y de género a veces es fina –aunque hay datos clarificadores: de diciembre de 2019 a a marzo 2021, 31 mujeres por 11 hombres interpusieron quejas ante la Oficina de Acoso de la Universidad de Granada-. Y luego está el hecho de que la ausencia de una normativa única en cuanto a criterios de recopilación de los datos impide discernir en muchos centros cuántas denuncias o quejas proceden del profesorado, del alumnado o del personal de administración y servicios (PAS). Por supuesto, el grueso pertenece al colectivo de estudiantes, el más numeroso. Pero es en el sector del personal docente e investigador donde las personas se juegan más y el miedo a represalias es más inmovilizador.

«El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso», mantiene Patricia Melgar, miembro del Community of Research on Excellence for All (CREA), espacio de investigación que ha trabajado este asunto. Su subdirectora, la catedrática Rosa Valls, ya apuntó en un estudio pionero de 2008 que hasta un 65% de universitarios habían padecido o conocían alguna situación de violencia de género en los ámbitos de alumnado, docencia / investigación o el PAS.

CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD

En su día, este informe logró que a) la ley considerase las universidades como espacios de violencia de género y b) contribuyó a la creación de lasunidades de igualdad. «Las universidades nunca habían tenido ganas de abrir este tema, pero se les obligó desde más arriba», afirma. A partir de ahí, los datos del estudio no se han actualizado, a pesar de que lo han solicitado hasta tres veces a la Agencia Estatal de Investigación.

Los abusos van desde tocamientos a mayordomeo, negación de recursos, ‘apaños’ en los tribunales, difamación, luz de gas y agresiones físicas

Mientras las cifras siguen en el limbo, los relatos de las académicas entrevistadas, algunas de ellas con procesos judiciales abiertos contra la propia universidad, componen en cambio una silenciada sintonía común. Unas, como Ana Viduhan sufrido acoso sexual (las investigaciones apuntan a que alrededor de 1% de catedráticos son acosadores que reiteran). Y otras, como la doctora en Historia Carme Ruestes, afirman haber vivido, en su caso en la UAB, como «siervas en régimen de vasallaje»: «El catedrático no me quiso apoyar en el concurso de profesora titular, pero me propuso que me quedara investigando para él; durante muchos años trabajé mucho y bajo presión».

En este recuento de trapos sucios -en el que los atropellos van desde tocamientos hasta negación de recursos e información, mayordomeo, maniobras de expulsión, ‘apaños’ en los tribunales, campañas de difamación, robo de material, luz de gas y hasta amenazas y agresiones físicas-, también hay profesoras que denuncian hostigamientos vinculados al origen («determinadas conductas no se habrían producido si yo no fuera mujer y latinoamericana –explica una profesora de la Universidad de Granada-, la combinación de ser mujer e inmigrante es explosiva, soy la intrusa en esta institución feudal») y a la orientación sexual.

Una profesora de la UB que denunció a su catedrático por acoso y luz de gas afirma que -tras haber aceptado una mediación- no solo no se ha reparado el daño infligido sino que se ha reforzado una «especie de permiso colectivo» para menospreciarla que, según ella, no es ajeno a su orientación sexual. «A pesar de que la sociedad se crea muy avanzada, cuando no tienes una orientación sexual heteronormativa se te margina, te conviertes en la nota discordante», afirma.

Uno de los principales factores paralizantes a la hora de denunciar e incluso de apoyar a víctimas es precisamente esa alianza que sellan el miedo y la jerarquía. «Sobre todo no pongas mi nombre», «esto no lo escribas por favor», «tengo mucho miedo de las represalias», «asegúrate que no se me identifique», son comentarios que jalonan las conversaciones con algunas afectadas (la mayoría de las que aparecen en este reportaje ya no trabajan en los centros donde sufrieron el acoso).

No hay un perfil claro del acosador, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones», y que se mueven «por redes de favores y contrafavores»

En cuanto a los acosadores, no hay un perfil claro, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones en, por ejemplo, tribunales de plazas», afirma la socióloga Ana Vidu. «Se mueven muy bien por las tinieblas, por las redes de favores y contrafavores», añade la bióloga Eva Bussalleu. Embarazada y con depresión tras haber sufrido negación de recursos e información -extremos reconocidos por la propia Universitat de Girona-, perdió ante el compañero al que internamente acusó de hostigamiento la plaza que debía estabilizar en un concurso, y que deberá repetirse porque la justicia sentenció que el tribunal no era paritario.

Las referencias medievales que salpican este reportaje no son metafóricas. Las universidades fueron una creación del siglo XII. Eran instituciones estrictamente masculinas, donde el nivel de misoginia era incluso superior al del clero. En el siglo XXI, la dependencia de la protección de un catedrático para avanzar en la carrera equivale al vasallaje respecto al señor feudal de la Edad Media.

Desde la puesta en marcha de los protocolos en las universidades, el acoso se ha atenuado

UNIVERSIDAD: ADN FEUDAL

Este ADN feudal determina las relaciones entre las personas y favorece la desigualdad de género, raza y clase, hasta el punto de que Rosa Valls afirma que «en general, es más humana una empresa que la misma universidad». Según un informe de las Academias Nacionales de EEUU de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NAS) publicado en 2018, más del 50% de profesoras han sufrido acoso por razón de género. El libro ‘Acoso. #MeToo en la ciencia española’, de Ángela Bernardo, recoge datos y estudios a nivel estatal e internacional que chocan con la imagen idealizada de la academia. Según recoge Bernardo, la revista ‘Personnel Psychology’ afirmaba en 2003 que, en EEUU, el Ejército y la academia, por su naturaleza extremadamente jerárquica, son los sectores donde habría más acoso machista.

A pesar de que en los últimos años se han introducido mecanismos meritocráticos, los profesores titulares y sobre todo los catedráticos aún son clave en cuanto ocurre en sus feudos, desde la composición de los tribunales que dirimen las plazas hasta la asignación de recursos, la adjudicación de las asignaturas y los horarios, o las publicaciones que se realizan. Según un informe de 2019 de la Xarxa Vives (que agrupa 22 universidades de territorios de habla catalana), de cada 10 catedráticos solo dos son mujeres. Hasta hace poco, este abismo se atribuía más a circunstancias como la maternidad que a la naturaleza misógina de la institución académica.

«Es un marco muy jerarquizado y competitivo y parece que tengas que hacer un mar de favores para mantener tu plaza. ¿Quién va a denunciar a su director de tesis? Estamos en una fábrica de conocimiento y no deberíamos rendir pleitesía a un catedrático, pero se hace y mucho. Es derecho feudal», afirma la directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, Rosa Cerarols.

«Es un marco muy jerarquizado y parece que tengas que hacer muchos favores para mantener tu plaza ¿Quién va a denunciar a su director de tesis?», dicen en la Unitat d’Igualtat de la UPF

Precisamente las unidades de Igualdad, puestas en marcha en los últimos años, tienen un balance ambivalente. Por un lado, afirma la catedrática Rosa Valls, han supuesto «un impacto político superimportante» y un cortafuegos con el que empezar a trabajar. De hecho, se considera que desde la puesta en marcha de los protocolos, el acoso se ha atenuado. Sobre todo el sexual: antes de 2004, lo habían sufrido el 22% de asociadas, interinas, becarias, por el 4% actual. Aun así, advierte la catedrática, comisiones y unidades de Igualdad también corren el riesgo de convertirse en «floreros».

¿Sus principales hándicaps? Están dirigidas por el equipo rectoral, por lo que si la institución opta por autoprotegerse se vuelven contra las afectadas; los procesos de mediación que impulsan revictimizan a las denunciantes; los protocolos a menudo son disuasorios, y algunas malas experiencias ahuyentan a víctimas que sopesan dar el paso. «Cuando fui a la unidad, me dijeron que era muy valiente y que en adelante ya no estaría sola, pero me arrepiento totalmente de haber puesto la denuncia y confiado en sus palabras», asegura una profesora de la UB que, tras denunciar a su catedrático en 2019 por acoso y calumnias sostenidas a lo largo de 10 años (dentro y fuera de la universidad) no solo pasó por una traumática e inútil mediación, sino que el proceso acentuó su aislamiento en un área en la que es la única mujer.

«Mis compañeros me giraban la cara, me marginaban, no se me tenía en cuenta para nada -prosigue-. Yo creo que muchos tienen privilegios que temen perder. La universidad es una institución medieval y no quieren dejar de ser caballeros de la mesa redonda. Cualquier persona que creen que los desafía se convierte en alguien a quien se le puede ridiculizar, cuestionar su valía y matar en vida, y es lo que a mí me están haciendo desde el primer día. En el mejor de los casos, han mirado hacia otro lado y me han dejado sola, como a una paria».

El cerco que relata esta profesora no es ninguna excepción. De hecho, en el modus operandi del acoso universitario es significativo el cordón sanitario alrededor de la víctima, en el que el claustro ‘compra’ la versión del acosador, por supervivencia, desidia o interés.Explica Vidu que profesores que habían elogiado su talento empezaron a cuestionarla en público. A J.R., la dirección de la escuela universitaria en la que trabajaba no quiso oír su vivencia y al final abrió una investigación interna a puerta cerrada llevada a cabo por una empresa externa que hacía informes en el marco de la prevención de riesgos laborales. En ninguno de los casos hubo voluntad de esclarecimiento ni acompañamiento alguno.

«Recibí amenazas de muerte e intentaron echarme de la universidad», explica Ramón Flecha, catedrático de la UB que apoyó a una alumna acosada

«Uno de los primeros casos que saltó a la prensa fue el de M.A.F., profesora interina de la facultad de Económicas de la UB, que tras los informes de Fiscalía y magistratura, perdió el juicio contra el catedrático M.A., a quien denunció en 2004 por presiones para que accediera a favores sexuales, porque los miembros de su departamento testificaron a favor del catedrático», explica Ramón Flecha, el primer catedrático español que se puso del lado de las víctimas, ‘honor’ que lo convirtió en «traidor» y le reportó una sustancial bajada de ingresos.

En 1995, Flecha presentó la primera denuncia en la UB, proponiendo al equipo rector que actuara contra las continuas situaciones de acoso sexual y adoptara procedimientos como el de Harvard, «donde si un profesor sabe de un acoso y no lo denuncia, es expulsado». Las represalias fueron «bestiales», describe. «Recibí amenazas de muerte a las tres de la mañana, intentaron echarme de la universidad, como a otras colegas que investigaron el asunto, y cuando vieron que no podían con nosotros, fueron a por nuestros hijos en las escuelas», explica. ¿Quién? «Hubo una implicación total de la estructura universitaria», no duda el investigador, ejemplo de víctima deviolencia de segundo orden-solo el 0,4% de los docentes apoyan a las víctimas y de este 0,4%, el 80% ha sufrido violencia de género aisladora-, clave sin la que no se podría entender el acoso en el entorno universitario y que, de forma pionera, fue incluida en el ordenamiento jurídico catalán en diciembre de 2020.

«Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo, y este apoyo solo se da, salvo heroicas excepciones, con legislaciones y actuaciones institucionales decididas. Sin ellas, se impone la ley del silencio, aliada de los acosadores», explica. En este sentido, Valls afirma que un concepto clave es el llamado ‘bystander intervention’ o intervención de los testigos. «En el momento en que la sociedad interviene, cuando ves algo en el metro y consideras que debes interceder, es cuando los programas funcionan porque ya no se produce la violencia aisladora».

Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo. De lo contrario gana la ley del silencio

Mientras, las secuelas psicológicas del acoso son feroces. Algunas de las mujeres entrevistadas presentan cuadros de estrés postraumático que les afecta en su día a día y que les obliga a pagarse de su bolsillo psicólogos especializados en conflictos en entornos laborales para intentar mitigar los efectos del acoso. Sus relatos hablan de problemas de concentración, temblores, insomnio, mareos, ataques de ansiedad, depresión y hasta intentos de suicidio. «Caí en una depresión muy fuerte y una vez incluso intenté tirarme por una ventana –explica una investigadora–. Ahora me parece una barbaridad, pero estaba muy ofuscada y solo quería acabar con aquel sufrimiento que se me comía».

De hecho, muchas veces, el conflicto estalla tras sufrir hostigamiento durante mucho tiempo. Al principio, muchas afectadas no entienden qué está pasando. Y luego no ven salida aparente a la telaraña . «Yo tardé 10 años en denunciar. Aguantas hasta que ya no puedes más. Nadie toma una decisión así cuando hace siete meses que te hacen la vida imposible», afirma una docente. «Yo solo di el paso de denunciar cuando vi que ya no podía perder nada más», explica Eva Bussalleu, que ha sido contratada otra vez y se presentará a un nuevo concurso después de que la justicia anulara el anterior.

La gran prueba de cargo que componen todas estas mujeres está ahí. ¿Qué hacer con ella? Los procesos judiciales solo sirven para los casos más graves, son costosos y requieren de unas pruebas que las víctimas no siempre han podido recopilar. Así que el cambio, coinciden las afectadas y los estudios, debe ser sobre todo institucional y cultural. En este sentido, desde la Unitat d’Igualtat de la UB proclaman «tolerancia cero». «Iremos a por todas –afirman- y si hay casos del pasado que se deben reabrir, lo haremos». Las afectadas, por su parte, recelan del cambio real, exigen una intervención política si las universidades no atajan el problema y reclaman justicia restaurativa para restablecer su honor.

Algunas sufren estrés postraumático y deben pagar de su bolsillo la atención psicológica

«El acoso aún es sistémico y la falta de respuesta también, yo solo espero que se tomen medidas eficaces y que toda esta injusticia y sufrimiento sirvan de algo, que las nuevas generaciones no tengan que pasar por lo mismo –afirma Eva Bussalleu–. Defenderme me ha costado demasiado tiempo, salud y dinero, cuando debería haber dedicado toda la energía a la investigación y la docencia».

Visibilizar la magnitud del problema, medirlo y entenderlo es un primer paso, legislar es imprescindible y se necesitan más campañas de información y sensibilización. Pero también capital para minimizar el acoso por razón de género en la Academia es que la sociedad deje de tolerarlo. El MeToo y las redes de apoyo mutuo son claves en la construcción de una cultura de respaldo a las víctimas.

Incluso ha nacido un nuevo género literario, derivado de la necesidad de dar a conocer situaciones de acoso sin exponerse a denuncias. La sección ‘Omertá’ de ‘Diario Feminista’ lleva más de 90 capítulos publicados: «Siempre nos la jugamos -explica una de la autoras, Mar Joanpere-. Hemos recibido demandas por el derecho al honor por denunciar el acoso, aunque nunca aparecen los nombres, excepto aquellos que la justicia ha identificado como tales». Escribir para que se entienda todo pero sin identificar a los protagonistas ha dado como resultado textos muy similares que emergen como patrones del acoso.

«El acoso es sistémico y la falta de respuesta, también», lamenta la investigadora Eva Bussalleu, con un juicio pendiente

Mar Joanpere fue víctima de acoso sexual cuando estudiaba el máster en la UB y forma parte de la Red Solidaria de Víctimas de Violencia de Género en la Universidad. Hoy es profesora de Sociología en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona: «Muchas personas acosadas como alumnos han dejado la UB. Fuimos víctimas, supervivientes y ahora activistas. Pero tenemos que seguir en la academia porque solo la cambiaremos desde dentro».

Fuente: https://www.epe.es/es/igualdad/20220123/metoo-igualdad-universidad-13139161

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/metoo-en-las-universidades-espanola/

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El Salvador: “El docente me negó el parcial diferido por no querer besarlo”, estudio revela agresiones que sufren mujeres en la UES

América Central/El Salvador/03-12-2021/Autora: Lissette Lemus/Fuente: www.elsalvador.com

Tres investigadoras de la Red de Colectivos Feministas realizaron una investigación sobre los tipos de violencia que enfrentan las mujeres dentro del campus universitario.

La investigación, en la que se entrevistó a 166 víctimas de violencia dentro de la universidad pública, indica que la mayoría de los casos no son denunciados debido al temor a represalias por parte de los agresores y a la falta de confianza en las instancias universitarias encargadas de actuar en este tipo de abusos y agresiones.

Los tres tipos de violencia más frecuentes que sufren las estudiantes son la violencia psicológica, académica y sexual.

Las investigadoras denominan la violencia académica como la situación en la que el docente valiéndose de su “relación de poder” acosa a las alumnas sexualmente y al no lograr su objetivo viene el castigo y la humillación y la vulneración académica.

“El docente me negó el parcial diferido, aun haciendo el proceso, por no querer besarlo”, relató una de las víctimas, según el estudio.

La violencia académica no está contemplada en los tipos ni en las modalidades incluidas en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Keyla Cáceres, Katherine Zelaya y Clansi Rosa fueron las encargadas de realizar la investigación. Foto EDH/ Nohemí Ángel

Según el estudio, dentro de la Universidad la violencia contra las mujeres sigue un patrón, en el que existe un vinculación de la violencia sexual con la académica, psicológica y simbólica.

“Un docente, que es magistrado, hacía que las estudiantes fuéramos a buscarlo a su sitio de trabajo para consultarle cosas que pudimos haberle consultado en la clase. Un día al despedirme me dio un beso entre la mejilla y la boca”, relató una estudiante.

En cuanto a la violencia sexual, la información recopilada revela que estudiantes, trabajadoras administrativas y mujeres docentes se enfrentan al acoso sexual, comentarios sobre su cuerpo, tocamientos y comportamientos inapropiados.

“En una ocasión un profesor me pidió que me pusiera de pie en la clase y le dijo a mis compañeros: ¿saben que es una curva? luego dijo ella es una curva”, explicó una estudiante entrevistada durante la investigación.

Perfil del agresor
Según los datos recopilados, en cuanto al cargo del agresor, en primer lugar están los docentes, luego los estudiantes que pertenecen a alguna organización estudiantil.

Ante los resultados la Red recomienda la creación de una unidad especializada para prevenir y erradicar la violencia contra la mujeres en esa institución pública, pues consideran que el Centro de Estudios de Género no realiza su trabajo.

También piden que se asigne un presupuesto enfocado en la prevención de la violencia de género en el campus y se realice un mapeo de los lugares inseguros dentro de la universidad.

Se contactó al departamento de comunicaciones de la UES para obtener una opinión de las autoridades por los resultados de este estudio, prometieron gestionar pero no hubo respuesta.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/estudio-violencia-genero-estudiante-ues/904934/2021/

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Unidas Podemos por Andalucía denuncia que el Gobierno andaluz “financia y defiende el acoso a las mujeres que deciden abortar”

Por: Tercera Información

  • Naranjo recuerda que estas entendidas han recibido más de un millón de euros en ayudas de la Junta gracias a un acuerdo entre el Gobierno de Juanma Moreno y Vox.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, ha denunciado en la mañana de hoy que el Gobierno de Juanma Moreno “está financiando y amparando a asociaciones ultraderechistas que se dedican a acosar a las mujeres que libremente deciden ejercer su derecho a interrumpir su embarazo”.

Para Naranjo, este tipo de políticas públicas “son propias de otro siglo”, por lo que ha reivindicado que “Andalucía no merece un Gobierno que invierta sus recursos en cuestionar los derechos conquistados por el movimiento feminista, sino en protegerlos y seguir avanzando en igualdad”.

Naranjo ha apuntado que “estas asociaciones ultraderechistas han recibido más de un millón de euros en ayudas gracias a un acuerdo entre el Gobierno andaluz y Vox”. Además, ha afeado al Ejecutivo de Moreno Bonilla que “defienda” a entidades que “solo buscan poner en la diana a las mujeres que libremente han decidido abortar”. En este sentido, ha subrayado que acciones como la que están protagonizando asociaciones de esta índole en Córdoba “cohartan la libertad de quienes deciden abortar libremente y conforme a la Ley”.

La portavoz de Igualdad de UPporA en el Parlamento ha recordado que su grupo ya presentó en el mes de junio una iniciativa para suprimir las ayudas a estas asociaciones antiabortistas. PP, C’s y Vox votaron en contra de esta propuesta en la Cámara autonómica.

Naranjo ha insistido en que asociaciones “que atentan contra los derechos de las mujeres están siendo financiadas con dinero público” y ha señalado que “lo que hacen estas entidades ultras no es informar a las mujeres, porque eso ya lo hace el sistema público de salud, sino coaccionarlas y presionarlas para impedir que ejerzan un derecho reconocido por la Ley”.

En última instancia, Naranjo ha lamentado que se trata de “un ataque más a los derechos conquistas por el movimiento feminista” y ha criticado que “Juanma Moreno y su Gobierno se han subido sin complejos a una ola reaccionaria que quiere poner en cuestión todos los avances en igualdad”.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/14/09/2021/unidas-podemos-por-andalucia-denuncia-que-el-gobierno-andaluz-financia-y-defiende-el-acoso-a-las-mujeres-que-deciden-abortar/

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Abuso sexual infantil, la pandemia invisible

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Urge erradicar la discriminación a niños y jóvenes LGBT: Conapred. México

América del Norte/México/16-07-2021/Autora: Carolina Gómez Mena /Fuente: www.jornada.com.mx

Ciudad de México. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de Gobernación, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes consideraron que es urgente erradicar la discriminación hacia la niñez y adolescencia de la diversidad sexual y de género.

Adelantaron que el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024 fortalecerá el combate a la homo, lesbo, bi y transfobia, y uno de los ámbitos estratégicos para ello será prevenir el acoso en los espacios de convivencia de la población en edad escolar.

Irasema Zavaleta Villalpando, coordinadora de Vinculación, Cultura y Educación, actualmente encargada del despacho de la presidencia del Conapred, recordó que hace unos años la Organización de Naciones Unidas indicó que en la mayor parte de los países del mundo, las personas adultas, la niñez y adolescentes LGBT son sometidos a distintas formas de segregación por su personalidad.

Ante ello, el Conapred considera fundamental combatir esas conductas con medidas contra el acoso, en específico el que surge por la orientación sexual de los semejantes.

En un conversatorio sobre niñez y adolescencias con diversidad sexual, expuso que hay dos proyectos fundamentales: la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, así como llevar a cabo acciones con el acompañamiento de Gobernación, para lograr en el Poder Legislativo la tipificación de los crímenes de odio en el Código Penal Federal.

Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, refirió que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 arrojó que “42 por ciento de los participantes señalan que en el país se respetan poco o nada los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, mientras la Encuesta Nacional sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 reveló que seis de cada 10 personas de la diversidad sexual manifestaron haber escuchado comentarios negativos y ofensas por su orientación sexual o su identidad de género.

Además, “tres de cada 10 sufrieron agresiones físicas en la escuela por ser quienes eran, y más de una cuarta parte declararon haber abandonado su hogar y a su familia antes de cumplir la mayoría de edad por razones de exclusión”.

Irazoque Palazuelos destacó que “es prioritario revertir la marginación y violencia estructural hacia la niñez y la adolescencia LGBT, pues permea todas las esferas sociales y tiene consecuencias graves para quienes las enfrentan. Se trasgreden sus garantías civiles, como los derechos a la identidad, al desarrollo, a la libre personalidad, a la educación y a la salud, entre otros”.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/10/sociedad/urge-erradicar-la-discriminacion-a-ninos-y-jovenes-lgbt-conapred/

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