Este año hay 5.330.239 raciones menos de comida en las escuelas porteñas que en 2018. A este panorama se suma una creciente reducción de la calidad de los alimentos y el negocio de las diecinueve empresas privadas que tienen la concesión del servicio en las escuelas, muchas de ellas con denuncias judiciales.

Cada vez más niños y niñas de la ciudad de Buenos Aires quedan excluidos de las becas alimentarias, por un lado porque el gobierno porteño instauró la inscripción on line, lo que complejizó el trámite; y por otro porque redujo en un 6 por ciento la cantidad de raciones de comida en los comedores.

Así lo denuncian tanto las familias como los docentes y los gremios porteños porque, según coinciden todos, lejos de contener el impacto de la crisis socioeconómica en las aulas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió ajustar con la comida de los chicos y chicas que asisten diariamente a los comedores de las escuelas porteñas.

Para recortar en este sector, el gobierno porteño implementó un nuevo sistema de inscripción on line para las becas alimentarias, lo que en la práctica significó que muchos chicos se quedaran fuera del sistema, tal como ocurre hace años con las vacantes escolares desde que se instrumentó el mismo sistema en 2013.

«Lo que viene pasando es una política de ajuste en los comedores escolares. Empezó el año pasado con el programa ‘Chau paneras’ que, disfrazado de una cuestión de alimentación saludable, significó un cambio en el menú y en el pliego de condiciones para las empresas concesionarias», aseguró Irina Garbus, secretaria de Nivel Inicial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) a Página/12. «El cambio en el menú implicó desde sacar el pan de la mesa hasta reducir el gramaje de las porciones con el argumento de combatir la obesidad infantil. Y el cambio en el pliego estableció, entre otras cosas, que las concesionarias pueden ajustar la cantidad de raciones que entregan según el presentismo. Y ahora, sumaron este sistema de inscripción que es totalmente obstaculizador, sobre todo para aquel que no tiene acceso a internet que, en general, son quienes más necesitan la beca alimentaria», detalló.

La referente gremial explicó que el gobierno porteño ya implementó el sistema on line el año pasado pero, a diferencia de este, a aquellas familias que no podían hacerlo «se las inscribían  en las escuelas». Además, recordó que según la normativa son las comisiones de comedores de las cooperadoras escolares –junto a una comisión de padres– quienes deben otorgar las becas. «Este sistema es un invento de este gobierno. Después del primer recorte que fue enviar las raciones según el presentismo, como no les alcanzó, instalaron un sistema de beca lleno de obstáculos», sostuvo.

Garbus detalló que para poder acceder a la beca las familias tienen que hacer una inscripción on line de diez pasos en la que tienen que adjuntar documentación de todo tipo: el documento de cada uno de sus hijos, recibos de sueldo o la certificación de banda negativa de ANSES y certificados médicos, entre otros. Luego, deben presentarse a un centro comunal –donde solo se entregan 30 turnos por día– para validar esa documentación. Recién tras haber completado esto, el trámite pasa a la comisión de becas de cada escuela para que, finalmente, la Dirección General de Servicios a las Escuelas determine a quienes les otorgaran la beca alimentaria, que puede ser del total o del 50 por ciento. «Es como si estuvieras sacando un préstamo y no el plato de comida de tu hijo en la escuela, un derecho básico que el Estado debe garantizar», manifestó. «Yo creo que esta política tiene que ver con dos cuestiones. Primero, con el ajuste del gasto público. Pero cuando se analiza el presupuesto en educación, la verdad es que no es tanto lo que se van a ahorrar con esto. Ahí es donde entra la segunda cuestión, que es la ideológica: si no podés pagar, por lo menos hace un esfuerzo y ganate la beca», analizó Garbus.

«Es muy angustiante para una maestra cuando un pibe te dice ‘tengo hambre’ y vos le tenés que decir que no hay más», dijo la referente de UTE, al tiempo que recordó que en 2001 fueron los maestros los que organizaron las ollas populares en los barrios porque los chicos se desmayaban de hambre en las escuelas. «Y eso es algo que está volviendo a pasar. Pibes que se descomponen o que se desmayan de hambre los lunes porque no comen durante el fin de semana o no desayunan antes de entrar a la escuela. Y eso está pasando de nuevo porque la casa deja de ser el lugar donde se come, aun en barrios como San Cristóbal, un barrio céntrico de la ciudad», denunció.

En 2019, el presupuesto destinado a comedores escolares es de 3636 millones de pesos, un 31 por ciento más que en 2018. Sin embargo, si se tiene en cuenta la inflación, el área sufrió un fuerte recorte en términos reales. «Este año bajó un 6 por ciento la cantidad de raciones: son 5.330.239 raciones menos que en 2018. Además, el presupuesto en pesos solo aumentó un 31 por ciento, es decir, casi la mitad de la inflación de alimentos, que fue del 53 por ciento. Es decir que en un momento de crisis socioeconómica, el gobierno porteño decide darle menos comida a los chicos», analizó por su parte la ex legisladora porteña Claudia Neira.

Además, la dirigente de Nuevo Espacio de Participación (NEP) señaló la necesidad de «repensar el sistema de comedores escolares de la ciudad». En ese sentido, recordó que de las diecinueve empresas privadas que tienen la concesión del servicio en las escuelas, muchas tienen denuncias «por entregar mal la comida, ya sea en cantidad o en calidad». «El sistema viene fallando hace años y nosotros lo venimos denunciando las irregularidades en las concesiones y en los controles, pero todo sigue igual», agregó.

El control de las empresas privadas está a cargo de tres áreas: el Ministerio de Educación –a través de las fiscalizaciones que realiza la Dirección General de Servicios a las Escuelas–, la Agencia Gubernamental de Control –responsable de realizar los controles bromatológicos–  y, por último, la comisión de comedor y autoridades docentes, que deben informar a las autoridades en caso de observar algún problema. Cualquier incumplimiento por parte de las concesionarias en el servicio puede ser penalizado ya sea con la suspensión temporaria o la inhabilitación para participar de nuevas licitaciones. Sin embargo, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires denunció en reiteradas ocasiones la mala calidad de la comida, el incumplimiento del gramaje, la entrega de comida en mal estado y la presencia de salmonella y escherichia coli en carnes, entre muchas otras irregularidades. «En 2015, cuando era legisladora, denunciamos el caso de la escuela Rivarola, donde hubo un montón de denuncias de comida en mal estado. A partir de ahí pudimos investigar que un 17 por ciento de las empresas que tenía la concesión del servicio estaba vinculado de alguna forma u otra: aunque licitaban cada una por su cuenta, cuando una las cruzaba tenían la misma dirección o el mismo dueño. Desde ese momento, nosotros tenemos la mirada atenta sobre lo que viene pasando con los comedores escolares y el negocio brutal que significa que estén en manos de empresas privadas y que a esas mismas empresas denunciadas se le sigan otorgando las licitaciones desde entonces», señaló.

Días atrás, la Multisectorial por la Escuela Pública, un espacio integrado por docentes, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales, presentó un proyecto de ley para universalizar el acceso a la alimentación gratuita en las escuelas públicas de la ciudad.

Fuente de la Noticia:

https://www.pagina12.com.ar/194537-el-ajuste-llega-a-los-comedores-escolares

ove/mahv