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Colombia: Tras denuncias en la Costa, piden reformar el PAE

Colombia/ Barranquilla/26 de Abril de 2016/El Colombiano

En el colegio Rafael Argote Vega, en Cesar, los niños comen en andenes o en el patio. Allí, según la Contraloría General, estudian 2.116 menores. El centro educativo Nuestra Señora del Rosario, en Barranquilla, también está en la mira por líos en la entrega de alimentos. Funcionarios del ente de control constataron que se entregan 15 libras de carne para la comida de 290 estudiantes. En esa misma ciudad, la institución Sofía Camargo de Lleras fue investigada por disimular con vinagre la carne que estaba en mal estado.

Estos hallazgos son menores a la luz de la situación que se presenta en La Guajira, específicamente en Riohacha. En esta ciudad, dice la Contraloría, “las frutas son sustituidas por maíz para chicha de maíz”. Pese a que se firmó un contrato con la Fundación Luz y Vida por 2.000 millones de pesos para garantizar la alimentación, “no se evidenció la entrega de maíz ni limón de acuerdo con las actas de entrega”, dijo la Contraloría.

Fue justamente en La Guajira donde la Contraloría abrió las primeras investigaciones por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Ayer, la entidad de control anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde y la exsecretaria de Educación de Uribia, Abel José Giacometto y Zuleima Moscote, por posibles sobrecostos en la entrega de alimentación escolar, calculados en 1.614 millones de pesos.

De acuerdo con la Contraloría, 11 asociaciones de autoridades tradicionales wayúu también serán investigadas pues al actuar como operadores habrían recibido un valor mayor por cada ración de comida entregada, sobrepasando la medida en 534 millones de pesos. La entidad de control seguirá buscando responsabilidades individuales en La Guajira, donde ha reportado 9 hallazgos fiscales durante la última semana por 3.757 millones de pesos. En Uribia y Manaure, por ejemplo, “se contrata el suministro de 500 raciones y solo se entregan 200 raciones”.

El problema de la alimentación escolar, como lo han venido mostrando el Ministerio de Educación y la Contraloría, también ha afectado a los departamentos de Atlántico y Córdoba. La semana pasada, la Contraloría detectó 10 hallazgos fiscales por 1.841 millones de pesos en Córdoba. “Se evidenció que la entrega de insumos y alimentos es insuficiente, no se acatan las minutas establecidas en los lineamientos técnicos y no se entregan el número de raciones contratadas”, dice el informe.

Disputa con gobernadores

¿Quién tiene la culpa por las irregularidades en la entrega de alimentos? Esta pregunta ha generado un intenso debate entre gobernadores y el ministerio, pues cada día se entregan más de cuatro millones de raciones en 36.000 instituciones educativas públicas del país.

La ministra de Educación, Gina Parody, dio a conocer tres redes que operan en los departamentos del Atlántico y Norte de Santander. “La telaraña que se ha venido tejiendo por parte de algunos de los operadores del PAE involucra cambios en la denominación de entidades sin ánimo de lucro, variaciones en la representación legal de estas entidades”. Por maniobras legales, personas naturales o grandes monopolios han controlado la alimentación en estas regiones.

Por ejemplo, el ministerio identificó que Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, por intermedio de fundaciones, consorcios y uniones temporales celebraron “contratos de alimentación escolar desde el año 2007 por un monto aproximado de 449.613 millones de pesos”.

Uno de los primeros en reaccionar fue Eduardo Verano, gobernador el Atlántico. “Hay una cacería de brujas a nivel nacional con respecto al PAE. No hay una política de Estado sobre la alimentación escolar”. El mensaje de Verano fue respaldado por los gobernadores de Bolívar y Córdoba, quienes le pidieron al Ministerio que asuma directamente el programa.

Desde la Federación Nacional de Departamentos (FND) también le pidieron al ministerio revisar el modelo de contratación. Actualmente, alcaldías y gobernaciones son las entidades encargadas de contratar a los operadores que entregan la alimentación en las escuelas. “Los gobernadores que apenas están iniciando su gestión se rehusan a encartarse con la ejecución del PAE y le piden al Ministerio que lo retome, de acuerdo con las normas de la Ley 1769”, dijo el director a Colprensa el director, Amylkar Acosta.

El Ministerio, por ahora, no se rehusa a cambiar la normativa para controlar directamente la alimentación escolar. Actualmente, el Ministerio cuenta con 4 billones de pesos para el PAE.

“El Gobierno Nacional está en disposición de revisar quién ejecutará el PAE. Tendremos las discusiones necesarias para modificar la ley porque establece que la competencia de contratar el PAE es de gobernaciones y alcaldías”, dijo el viceministro de Educación, Víctor Saavedra.

 

Críticas al PAE

Para los gobernadores de la Costa Caribe, el Ministerio de Educación quiere pasarles la “papa caliente” que representa el PAE. “Es un programa que está desfinanciado. Queremos entregarlo nuevamente al Ministerio de Educación porque con lo que giran no se puede cumplir de manera óptima con la alimentación de nuestros estudiantes”, dijo el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.

Una prueba de que el programa estaba desfinanciado es que en 2015, según el Icbf, demandaban 1,5 billones de pesos para su operación y el Ministerio solo destinó 789.000 millones de pesos. Otro punto del que poco ha hablado la ministra Parody es la debilidad de su despacho a la hora de garantizar la transparencia del PAE.

En los informes que la Contraloría entregó sobre las irregularidades en la Costa Caribe aparece que en la gestión del Ministerio había “debilidades en la supervisión y/o interventoría de los contratos (…) no se lleva un control uno a uno de los niños que reciben los alimentos en el momento de la distribución de complementos”.

Para la senadora Claudia López, del partido Verde, la responsabilidad recae en el Gobierno Nacional: “El déficit financiero del PAE es por la reducción del 16 por ciento del presupuesto que el Gobierno de Santos decidió hacerle a este programa entre 2015 y 2016 (…) Nosotros hemos calculado que las raciones que el Gobierno les da a nuestros niños son de 900 pesos y hemos retado a la ministra a ver si puede almorzar ella o alguien con esa cifra. ¡Obvio, que no! Es absurdo”.

Desde la academia también es cuestionada la estructura del programa. Sara Eloisa del Castillo, experta en nutrición y ciencias sociales de la Universidad Nacional, dice que el Estado se ha “desatendido” del PAE, pues “considera suficiente la descentralización, poniendo a los entes territoriales y a sus gobernantes locales como titulares de una responsabilidad y obligación estatal”.

En respuesta a EL COLOMBIANO, el ministerio dijo que no todas las entidades territoriales incumplen. Actualmente, los siguientes municipios presentan problemas contractuales: “Cartagena, Vichada, Córdoba, Girón, Ibagué, Piedecuesta, Bucaramanga, Guaviare, Casanare, Pereira, Santa Marta y Villavicencio. Algunas han tenido problemas porque la licitación ha sido declarada desierta (Pereira), otras están en proceso de alistamiento (Cartagena y Santa Marta). Florencia y Palmira prestaron servicio y tuvieron que suspender. Se encuentran en procesos licitatorios”.

Por ahora, el ministerio asegura que seguirá investigando la ejecución del PAE en el país: “Se está haciendo especial seguimiento a la región de la Costa Atlántica, los Santanderes, Chocó y Arauca”.

Fuente: http://www.elcolombiano.com/colombia/tras-denuncias-en-la-costa-piden-reformar-el-pae-KC4037840

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EEUU: Republican Proposal Would Restrict Free Meal Programs at Thousands of America’s Poorest Schools

América del Norte/EEUU/Abril 2016/Autor: Alan Pyke/ Fuente: ThinkProgress

Resumen: Millones de estudiantes estadounidenses de bajos ingresos podrían perder el acceso a las comidas escolares gratuitas, en virtud de una propuesta que circula entre los legisladores de la Cámara. La medida podría revertir años de progreso en las comidas gratuitas en las escuelas de Estados Unidos. Miles de escuelas han ampliado su oferta de comida en los últimos años ya que los investigadores exponen el alcance de hambre de los niños.

Millions of low-income American students could lose access to free school meals under a proposal circulating among House lawmakers.

The measure would reverse years of progress on free meals in U.S. schools by setting a much higher eligibility bar for schools to start making meals free to all students. Thousands of schools have expanded their meal offerings in recent years as researchers expose the extent of child hunger — and the dividends that come from curing it inside schoolhouses.

The changes would take away schoolwide free meals programs from more than 7,000 schools that educate almost 3.4 million students in low-income areas, the Center on Budget and Policy Priorities reports. Another 11,600 schools that have not yet taken advantage of the free meals option for all students would lose access to it under the proposal. Instead of using what’s called Community Eligibility, these schools would have to reinstate individual applications and verification procedures for huge numbers of students.

The draft bill circulating in the House Education and Workforce Committee lists no author. But sources told ThinkProgress that the push to make free meals harder is coming from a specific handful of Republican congressmen on the subcommittee in charge of pre-school, primary, and secondary education issues.>

The list includes Rep. Glenn Grothman (R-WI), who has a track record of wild-eyed claims about anti-poverty programs, and Subcommittee Chair Todd Rokita (R-IN), who famously cross-examined a woman who raises her children on a $10.88 hourly wage at a 2014 hearing. Neither congressman’s office immediately returned requests for comment on the school food restrictions.

Meanwhile, the list of schools that would be affected is making some Republicans realize that the idea would have an impact in their own districts. The draft legislation has yet to be formally introduced, making it relatively easy for lawmakers to walk away from the proposed restrictions on school meals without anyone having to cast a committee vote against a colleague’s pet project.

The community eligibility system should be a winner even for fiscal conservatives. Determining free meals eligibility on a schoolwide basis rather than kid by kid lets under-funded districts «shift resources from paperwork to higher-quality meals or other educational priorities,» the CBPP report notes.

The proposal would change the definition of how poor a school district has to be before it can skip the paperwork and feed all of its students. Currently a school qualifies for community eligibility if 40 percent of its students are automatically qualified for free school meals based on their participation in another anti-poverty program. The GOP draft measure would raise that threshold to 60 percent.

Those threshold percentages are not hard-and-fast stand-ins for what share of a student body is poor enough to qualify for free meals. Automatically-qualified students are only a sub-set of the need population here, the CBPP emphasizes. Hunger experts’ rule of thumb holds that for every two students auto-enrolled in free meal programs, there’s another classmate who would qualify if she applied. As the CBPP puts it, «Schools in which 40 percent to 60 percent of students are identified as automatically eligible for free meals typically have 64 percent to 96 percent of their students approved for free or reduced-price meals.»

This GOP proposal would therefore hit schools where roughly 19 out of every 20 students likely qualifies for free meals. Yanking away cost- and time-saving schoolwide eligibility from such districts would not only chomp into their meager budgets. It would create hungry kids where there don’t need to be any.

Hungry students are distracted students. Kids growing up in high-poverty communities, even those with relative financial stability at home, have to deal with cognitive fallout that wealthier communities don’t see. And six in 10 teachers say they see hungry kids in their classrooms every single week.

Student achievement dips when kids don’t get enough nutritious food, and disciplinary issues are more likely. Hunger in schools is therefore linked to huge costs down the road, in increased need for health care, higher incarceration rates, and higher chances that poor kids become poor adults.

Fuente de la noticia: http://readersupportednews.org/news-section2/318-66/36416-republican-proposal-would-restrict-free-meal-programs-at-thousands-of-americas-poorest-schools

Fuente de la imagen: http://readersupportednews.org/images/stories/article_imgs20/020714-breakfast-students-k-12-042016.jpg

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