Denuncian amenazas contra comunidad indígena en Colombia

América del Sur/Colombia/29-01-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello exigió la atención de las autoridades colombianas.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, mediante comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, denunció este lunes amenazas lanzadas por un presunto paramilitar contra las comunidades indígenas de la etnia Sikuani, del asentamiento Iwitsulibo, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento Meta, Colombia.

La declaración asegura que las amenazas han sido proferidas por el señor Ernesto Martínez, conocido con el sobrenombre de «Cajuche». Según el documento, tales sucesos ocurrieron luego que el pasado 21 de enero las comunidades indígenas de la etnia Sikuani de Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai volvieron al territorio ancestral del que fueron desplazadas para sembrar sus cultivos tradicionales y reconstruir sus vidas.

«El día 21 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 10H30 (Hora local) llegó el sr. Intendente de apellido Salas adscrito a la Policía de Puerto Gaitán (Meta) acompañado del señor Ernesto Martínez, a quien lo indígenas lo reconocen con el sobre nombre o alias “Cajuche” quien ha sido visto presuntamente con grupos paramilitares del mismo municipio, dicho señor exigió al pueblo indígena el desalojo de los predios», explica el comunicado.

Asimismo, relata que «la comunidad indígena mostró la documentación en la que se demostró que se está tramitando el proceso de Medida de Protección de Territorio Ancestral en el marco del decreto 2333 de 2014 ante la Agencia Nacional de Tierras», entidad que «solicitó a la alcaldía de Puerto Gaitán, la suspensión de todos los procesos policivos, e inhibirse de iniciar otros sobre estos predios», agrega.

La organización defensora de derechos humanos refirió además que en medio de la situación anterior, «el intendente Salas manifestó que se retiraría en espera de las definiciones de sus superiores a lo que el señor Ernesto Martínez alias Cajuche profirió una amenaza contra la comunidad indígena. Si no se puede con la policía se tendrá que hacer con otro grupo”, advirtió la nota.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello hizo un llamado a las principales autoridades de Colombia como el Ejército y la Policía Nacional así como a organizaciones y colectivos sociales para que tomen acciones a favor de la protección de los pueblos ancestrales de Puerto Gaitán y se eviten más amenazas y hechos graves que lamentar.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/denuncian-amenazas-comunidad-indigena-colombia–20210125-0054.html

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Costa Rica: Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

América Central/Costa Rica/06-12-2020/Autor(a) y Fuente: surcosdigital.com

El miércoles 02 de diciembre, en el marco de la conferencia de prensa “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sibar y demás recuperadorxs de territorios indígenas”, el Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), Trino Barrantes Araya, compartió las siguientes palabras:

Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

Trino Barrantes Araya
tbarrantesa@gmail.com
San Pedro de Montes de Oca

Miércoles 2 de diciembre de 2020

Un pequeño preámbulo:

Debieron pasar 427 años, después de la conquista, para que el tema indígena se pusiera en el tapete de los organismos internacionales. Efectivamente, es a partir de 1919 que el tema indígena procura la atención de los Estados-nacionales.

De igual forma es importante tener presente el papel del Tribunal Russell, pues con todas sus variables, es una primera de las instancias que posicionó el tema del respeto a los Derechos Humanos a los pueblos ancestrales. Aunque ciertamente el tema había sido considerado desde 1943, será en el año 1966, con el filósofo y literato Jean Paul Sartre, que el tema logra dimensionarse de manera universal.

Señalemos que ya, a partir del Convenio 107, la Organización Internacional del Trabajo presta una atención permanente a incorporar a los pueblos indígenas como actores de una realidad socio histórica y cultural de la cual son parte.

En el caso de Costa Rica, existe un buen cúmulo de leyes en torno a este eje. Así, de manera sucinta indicamos lo siguiente:

1973 – Ley 5251 Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas-CONAI

1977 – Ley 6172 Se sanciona la Ley Indígena.

1992 – Ley 7316 El gobierno de Costa Rica, ratificó el Convenio 169 de la OIT.

No es, sin embargo, este el tema que nos ocupa en este momento. Nos interesa sobre todo llamar la atención a favor de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Sibar, las lideresas indígenas y otros miembros de los territorios indígenas que son permanentemente amenazados de muerte.

Algunas ideas para una política indigenista:

1.- En enero de 1971, en Barbados se da una declaración que adquiere hoy en día una validez universal. “El derecho de los indígenas es previo al Estado”. No significa lo anterior que dichos derechos sean superiores al Estado, ni que la protección de la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas deba considerarse como una independencia absoluta del conjunto de normas, leyes y valores en que se sustenta el Estado. Pero la propuesta que estuvo en discusión hace unos años en la Asamblea Legislativa en el Proyecto Ley 14.352, precisaba que los derechos indígenas sobre sus tierras y territorios anteceden en mucho al cuerpo legal que dio la estructura jurídica al Estado costarricense.

2.- Aunque los derechos de los pueblos indígenas no hayan estado escritos en papel o en un cuerpo de leyes previamente articulado, estos existían previos a la conformación de los Estado-nación, que son construcciones sociohistóricas que se dan más tarde.

3.- Existe un principio que une y acerca a la lucha indígena con otro gran sector que es el campesinado. Hacemos referencia en este apartado al trabajo como fuente de derecho sobre la tierra. Sobre los grandes territorios indígenas los blancos no tenían ningún derecho. “La tierra es para quien la trabaja” y 2000 años antes de la conquista y el mal llamado descubrimiento, los pueblos ancestrales, nuestros pueblos originarios habían desarrollado una gran cultura productiva. El indígena exige, no por capricho, la tierra para sus pueblos, porque lo recurrente es ese largo derecho a lo que les pertenece.

4.- Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Sin lugar a dudas este apartado es clave: Parte I. Política General, Artículo 1, 1. Este convenio es sin duda un instrumento legal que valida lo que anteriormente hemos venido señalando, pues el mismo refiere a las condiciones sociales, culturales y económicas propias de los territorios indígenas que los distingue de la colectividad nacional, pero además este artículo refiere con gran convicción que en dichos pueblos se reconoce un principio ancestral de sus propias costumbres y tradiciones bajo una legislación propia y especial.

5.- En el Congreso referido anteriormente celebrado hace ya medio siglo, se reconoce al territorio y al grupo social indígena como verdaderas unidades políticamente viables e independientes del Estado. No obsta lo anterior, sin embargo, para eximir al Estado de sus obligaciones de apoyar y contribuir con el desarrollo de sus pueblos ancestrales, respetando, eso sí, su independencia y autonomía.

6.- El desarrollo nacional no puede entrar en contradicción con el desarrollo de los pueblos ancestrales, pero lo anterior exige por parte del Estado respetar la armonía de los pueblos con su naturaleza y el buen vivir.

Para finalizar, cuento con algunos recortes, tal vez del diario más reaccionario y mediático de este país, hago referencia al periódico la Nación. De la lectura del contenido de estos artículos, podemos arribar a importantes conclusiones. El abogado Carlos Tiffer, en su artículo: Crimen sin castigo, del domingo 6 de setiembre del 2020, página 28, es enfático en señalar que estamos en un “estado de impunidad”. Por eso, crímenes como el de Sergio Rojas Ortiz y el de Jehry Rivera, se deslegitiman y los actores materiales de dichos crímenes quedan impunes. Por su parte los periodistas Katherine Chaves y Carlos Arguedas, en su artículo: “Fiscalía pide desestimar causa contra sospechosos en crimen de indígena”, La Nación, sábado 26 de octubre de 2020, P.11. dejan claro a la opinión pública nacional e internacional, el juego sucio y el manipuleo en estos crímenes perpetrados contra las dirigencias históricas de los pueblos ancestrales.

Más insultante aún son los argumentos que logra descubrir el comunicador Arguedas en su artículo: “Fallo de tribunal agrario frena plan de indígenas para rescatar sus tierras”, La Nación, domingo 11 de octubre de 2020, p. 10.

Termino diciéndoles, a todas y todos los que estamos hoy participando de esta conferencia de prensa, que tenemos que convertirnos en abanderados en la defensa de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Silbar y de todas y todos los recuperadores de sus tierras ancestrales.

Fuente e Imagen: https://surcosdigital.com/principios-para-una-politica-a-favor-de-los-pueblos-y-territorios-indigenas-costarricenses/

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Colombia: Docentes bajo amenaza de muerte

Siete maestros han muerto de forma violenta durante lo que va corrido de 2018, sumándose a los 1.200 que han sido asesinados desde 1998.

América del Sur/Colombia/RCN

Los docentes del país también están en el grupo de personas que junto a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia.

Las amenazas que recibió el profesor Juan de Jesús Moreno cuando era docente en el municipio de Cartagena del Chaira, fueron el preámbulo de la situación que terminó hace tres días en el municipio de Curillo, Caquetá.

José Omar Orozco, del sindicato de maestros del departamento del Caquetá, narró que “hacia las 5 y 50 de la tarde del pasado 16 de julio lo asesinaron dentro de su habitación que queda en la misma institución educativa donde él laboraba”.

A la profesora María Eugenia Londoño, las autoridades le han contado cinco amenazas de muerte. La semana pasada en pleno sector de Teusaquillo, en Bogotá, a la docente, coordinadora de la Escuela Nacional de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, intentaron asesinarla.

Y recuerda como si estuviera viviendo el momento en tiempo presente: “Llego con mi escolta hacia las 8 de la noche aproximadamente, el taxi me deja en la puerta del hotel, yo logro entrar a la recepción, el escolta me deja allí y calculo que mi escolta habría dado unos 15 pasos cuando escucho tres disparos”, asegura la docente, tras señalar que dos hombres armados dispararon en su contra y huyeron en una motocicleta sin dejar rastro.

El asesinato del docente Juan de Jesús Moreno en el Caquetá; el atentado contra la profesora María Eugenia Londoño en Bogotá; las amenazas de muerte hechas por teléfono a la maestra  Deyanira Ballestas en el Sur de Bolívar, son todos hechos ocurridos en menos de dos semanas, y retratan, según Carlos Rivas, presidente de Fecode, el panorama por el que atraviesan los educadores del país.

“Llevamos 1.217 maestros asesinados en 20 años; en este año han sido abatidos 7 maestros y creemos que es una cifra exagerada y significa que el Estado no controla el monopolio de las armas, que aquí hay gente que está imponiendo su propia autoridad y eso nos parece sumamente delicado”, agrega el dirigente sindical.

Regiones como el Caquetá, en donde se ha denunciado el desplazamiento durante lo que va corrido del año de 30 docentes por amenazas en su contra, Cauca en donde han circulado panfletos amenazantes, Nariño, Antioquia, Bolívar y Córdoba, se convierten, según Fecode, en los escenarios más peligrosos para el ejercicio de la docencia.

“Hoy tenemos una verdad de a puño en nuestro país y es que nos están cobrando nuestra lucha por una escuela de paz, nuestra lucha por la consolidación de los acuerdos de paz; lo que sí tengo claro es que en este país que se llama democrático, estamos reclamando de las autoridades nacionales y de la comunidad internacional que se fije en este país en el que se va a repetir la historia del genocidio de la UP”, puntualiza la profesora Londoño.

Fecode anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde elevará una denuncia por la grave situación de inseguridad que vienen atravesando los maestros en Colombia como consecuencia de las amenazas y los 60 asesinatos a docentes que en promedio se han presentado cada año desde 1998 en el país.

Fuente: https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/docentes-bajo-amenaza-de-muerte

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