¿Qué podemos aprender de las políticas públicas y programas de desarrollo relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres rurales jóvenes de América Latina? ¿Qué papel vienen desempeñando los estados latinoamericanos y cuáles son las contribuciones de la sociedad civil y la cooperación internacional en estos temas? ¿Cómo se han vinculado las iniciativas en salud y derechos sexuales y reproductivos con políticas sociales más amplias, que buscan el empoderamiento de las mujeres, la reducción de la pobreza o la inclusión social? Estas son preguntas que guían el análisis de las tendencias generales de políticas, programas y proyectos que se incluyen en esta investigación, así como la selección de los casos que se estudiaron con mayor profundidad.
Editorial/Editor: Nuevas TrenzasAutores (as): Yon Leau, Carmen – Autor/a
Fuente e Imagen: http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=La+formacion+de+docentes&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
América Latina/22-03-2020/Autor y Fuente: www.elespectador.com
Por: Zoraida Portillo – SciDev.Net
De las 304 personas asesinadas en 2019 en el mundo, América Latina registró 208, y de ellas 106 fueron en Colombia. Allí, la mayoría de asesinatos fueron cometidos contra líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos y, específicamente, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente, señala el informe anual 2019-2020 de Amnistía Internacional (AI).
De las 304 personas asesinadas en 2019 en el mundo, América Latina registró 208, y de ellas 106 fueron en Colombia. Allí, la mayoría de asesinatos fueron cometidos contra líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos.
En particular, “las mujeres negras cada vez corren más peligro en las provincias occidentales donde se concentra la población afrodescendiente de Colombia”, alerta AI, un movimiento internacional que agrupa a más de siete millones de personas en el mundo que hacen campañas a favor del respeto de los derechos humanos.
La violencia a causa del conflicto armado interno, que no ha cesado a pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, y las disputas por el control territorial parecen ser los condicionantes principales de la extrema violencia en Colombia, según el documento presentado en la capital peruana el 27 de febrero.
Desde Colombia, Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora de Somos Defensores —espacio de protección de derechos humanos y ambientales— precisa que en su país hay muchos conflictos que históricamente se han tapado con el conflicto armado, entre ellos, el derecho a la tierra. “Pareciera que el conflicto armado fuera el origen, la causa, la consecuencia y el resultado de todas las violencias, y tampoco es así”, comenta a SciDev.Net.
“Tenemos 103 pueblos indígenas y todos enfrentan conflictos porque están en la zona periférica del país que en el pasado fueron fronteras y que hoy las empresas multinacionales y nacionales necesitan para extraer los recursos naturales y sembrar monocultivos agroindustriales”, afirma.
“No ha habido avances ni antes ni después del acuerdo de paz, porque la visión de la clase política es extractivista al cien por ciento. El estado apuesta por la extracción indiscriminada de recursos naturales y ven en los territorios [de los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes] la posibilidad de explotarlos. Y ese es uno de los problemas centrales del conflicto, porque las comunidades organizadas se oponen a que haya extractivismo en sus territorios”, refiere.
Brasil, Guatemala, Honduras y México son otros países de la región que han experimentado altas tasas de violencia contra líderes indígenas que luchaban por preservar sus derechos de acceso a la tierra, sus territorios o evitar daños al ambiente o la biodiversidad.
La justicia y los recursos naturales
El hostigamiento judicial o el debilitamiento de las leyes de protección ambiental han sido otras maneras de violentar a los indígenas o reducir su acceso a la justicia. El informe cita explícitamente los casos de Paraguay —donde se apeló a procesos penales para criminalizarlos— y de Perú, donde se promulgaron leyes que socavan el derecho de esos pueblos al consentimiento libre, previo e informado y disminuyen la protección de muchos derechos a la tierra y territorios. Y en Venezuela, las comunidades indígenas denunciaron los impactos de la extracción de minerales del llamado ‘arco minero del Orinoco’, sin encontrar eco en las autoridades.
“El desarrollo del arco minero del Orinoco es un megaproyecto de minería a gran escala que impulsa el gobierno en la zona sur del país y está afectando los ecosistemas de la Amazonia”, explicó a SciDev.Net Carlos Lusverti, miembro del Comité Ejecutivo de AI de Venezuela.
Abarca varios estados y territorios amazónicos y además de la deforestación de la zona tiene un impacto aún desconocido sobre el ambiente, los pueblos originarios y la gente que vive allí que, entre otras cosas, se traduce en explotación sexual, tráfico de personas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y trabajos forzados, precisó.
Sin embargo, la falta de acceso a información por parte del estado, en algunos casos porque no existe y en otros casos por la negativa del estado a entregarla, hace muy difícil cuantificar sus daños sobre todo el ecosistema, dijo Lusverti. Para Marina Navarro, directora de AI en el Perú, la situación regional en términos de derechos ambientales “es muy compleja”.
Preocupación y esperanza
El hecho de que dos terceras partes de los asesinatos contra activistas ambientales hayan ocurrido en América Latina es tan preocupante para ella como el aumento del 30% en 2019 de los incendios forestales en la Amazonía brasileña respecto a 2018. “Pero que a pesar de esta situación adversa los líderes, activistas, hombres y mujeres sigan reclamando sus derechos y movilizándose es esperanzador”, afirma.
Sánchez concuerda. Según ella, es rescatable “la conciencia ambiental que ha adquirido un sector muy importante de Colombia, hay movilizaciones que en el pasado no se hacían, la juventud tiene mucho más conciencia del cambio climático y de la tragedia de la tierra”.
La base de datos del portal Tierra de Resistentes —un esfuerzo investigativo de 30 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú— ha documentado 1.356 hechos victimizantes entre 2009 y 2018 contra líderes y comunidades de esos países que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales. Sin embargo, advierten que el subregistro de casos es muy grande. Brasil y Colombia presentan las mayores tasas.
“Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos —selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales— dentro de sus territorios”, se lee en el portal, que ha logrado pormenorizar los atropellos por tipos de violencia, comunidad étnica, género, recurso defendido y estado del caso.
Aunque en muchos casos los líderes ambientales intentan proteger más de un recurso natural, en este gráfico solo se tomó en cuenta el principal recurso defendido./ Fuente: Tierra de Resistencia.
“Son personas que por vías no violentas reclaman sus derechos comunitarios y quedan expuestas”, refiere Josefina Miró Quesada, investigadora de temas de género y derechos humanos y asesora del gabinete en la Defensoría del Pueblo del Perú.
Las mujeres y el acceso a la información
A ella le preocupa particularmente la vulnerabilidad de las mujeres rurales. “[Ellas] luchan por la protección de sus territorios y tierras, y eso las hace más susceptibles de sufrir otros tipos de violencia. La hostilización no queda en palabras —son calificadas de oponerse al desarrollo y hasta de terroristas— o enfrentamientos físicos, sino en procesos judiciales, promovidos por las empresas y por el propio estado”, señala.
Sostiene que las mujeres rurales al confrontar experiencias muy diferentes a las activistas urbanas “tienen que ser protegidas de maneras diversas”. Tierra de Resistencia ha documentado 216 ataques contra mujeres en la década estudiada.
Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/latina-una-de-las-regiones-con-mayor-indice-de-violencia-contra-los-defensores-ambientales-articulo-907985
En el ya no tan amplio espacio de la centroizquierda latinoamericana, la segunda década del siglo todavía joven termina con una vieja pregunta: ¿cuál es el lugar actual del progresismo? Terminados los ciclos liderados por Lula, Chávez, Mujica, Lugo, Bachelet, Morales, Correa y Néstor y Cristina Kirchner, las respuestas a esa pregunta suelen exudar más preocupación que autocrítica. Y, sin embargo, en el contexto del surgimiento de experiencias tardoprogresistas o neoprogresistas, esta última debería revelarse imperiosa.
Del progresismo al neoprogresismo
Inicialmente configurado en tiempos de crisis de las izquierdas tradicionales, el progresismo fue antes una sensibilidad de centroizquierda que una articulación orgánica de fuerzas políticas. La búsqueda de una conjunción entre mayor igualdad y respeto a los valores liberales -como la libertad de expresión y la defensa del orden democrático-, se conjugaba con una (a menudo auto) crítica hacia las experiencias armadas de las décadas de 1960 y 1970. Especialmente desde fines de la década de 1980, para quienes comenzaron a autopercibirse como progresistas, la democracia ya no era solamente un instrumento que facilitaba la vía insurreccional al poder, sino un valor en sí mismo. La caída del Muro de Berlín reforzó esas convicciones y, en la década de 1990, al tiempo que el Consenso de Washington parecía decretar que la democracia liberal y el capitalismo serían las claves de un Nuevo Orden Mundial que gustaba perfilarse como eterno, el progresismo apareció como la izquierda posible de la hora. A finales de esa década, con la publicación en The Economist del artículo Nuevas ideas para la vieja izquierda, parecía iniciarse una renovación intelectual y política para la centroizquierda de la región. Los intelectuales que firmaban aquel texto (el mexicano Jorge Castañeda y el brasileño Roberto Mangabeira Unger), habían promovido una serie de encuentros con dirigentes políticos de todo el continente bajo la consigna Alternativa Latinoamericana. Quienes participaron de aquellos encuentros cuestionaban la hegemonía neoliberal, aunque sin impugnar al capitalismo. Se formó así una suerte de «internacional progresista» en la que participaron intelectuales y dirigentes como Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, Dante Caputo, Carlos «Chacho» Álvarez, Ciro Gomes, Ricardo Lagos o Adolfo Aguilar Zinser.
Sin embargo, recién en la década siguiente pareció consolidarse una propuesta progresista que excediera lo meramente discursivo y las declaraciones conjuntas de buena voluntad. De la mano de quienes promovían el retorno del Estado, se tendieron puentes para una verdadera integración regional de proyectos progresistas, aunque para entonces muchos de sus portavoces habían adoptado una retórica nacional-popular que los distanciaba de sus antecesores inmediatos. En algunos casos, esos gobiernos caracterizados o (auto)asumidos como progresistas debieron enfrentar reclamos populares, tanto por su falta de respuestas económicas ante el agotamiento de los modelos que impulsaban, como por la llamada «cuestión democrática», es decir, la impugnación de las derivas autoritarias que experimentaron. Así, predominaron los discursos refundacionales, el fortalecimiento del rol presidencial y hasta los intentos de perpetuación por la vía de un ciclo ininterrumpido de reelecciones. El caso de Venezuela es el más ilustrativo, pero no es el único.
El contrapeso de aquellas experiencias fue el retorno de derechas más enfáticas, que buscaron articularse momentáneamente en el Grupo de Lima, del cual participaron con diverso énfasis presidentes como el chileno Sebastián Piñera, el argentino Mauricio Macri o el más extremo y preocupante Jair Bolsonaro. Neoliberales en los económico y, a menudo, reaccionarios y punitivistas en lo político, estos nuevos liderazgos posibilitaron la irrupción de un frente antiprogresista que diluyó las instituciones de integración regional construidas durante el ciclo progresista precedente.
Sin embargo, algunas experiencias recientes parecen tomar distancia de aquella tendencia de retorno de las derechas, reforzada en los últimos meses por la derrota del Frente Amplio en el Uruguay y, mucho más grave, por el retorno de los sectores más reaccionarios en Bolivia. Aunque con diferencias, tanto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México como el Frente de Todos en la Argentina parecen encarnar un progresismo de nuevo tipo, que algunos han caracterizado bajo el poco preciso rótulo de tardoprogresismo, o incluso como neoprogresismo. Como ha señalado recientemente el politólogo Julio Burdman, uno de los artífices de esta conceptualización es el Instituto Roosevelt, del que participa el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz. En la agenda del neoprogresismo, caracterizado como un paradigma alternativo al neoliberalismo, se incluyen herramientas como el aumento de los impuestos a los ricos, la promoción de leyes y mecanismo para evitar los monopolios, el incentivo a la inclusión de las mujeres y las minorías étnicas y el fortalecimiento de los sindicatos. Para el caso específico de nuestra región, quienes se manifiestan cercanos a estas ideas son conscientes de la necesidad de que aquellas iniciativas sean acompañadas por una mayor responsabilidad para encarar temas que preocupan a amplios sectores de la sociedad y que han sido talones de Aquiles para las experiencias de los progresismos populistas de los últimos años, como la seguridad y la transparencia institucional. Algunos de los integrantes del Grupo de Puebla, el foro político que busca fortalecer los intercambios entre fuerzas progresistas de la región, han reflexionado en este sentido. El ex-candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, por ejemplo, manifestó recientemente que, en algunos casos, los gobiernos progresistas de la década pasada no construyeron verdaderas fuerzas políticas, sino que tendieron a depender de un solo líder, como ocurrió con el caso de Evo Morales, y también cuestionó que los gobiernos progresistas no fueron lo suficientemente intransigentes en el combate de la corrupción.
Una agenda para el siglo XXI
Trátese de tardo o de neoprogresimos, una certidumbre parece empezar a arraigar en quienes buscan superar las limitaciones de las experiencias iniciadas en la primera década del siglo: la seguridad y el combate contra la corrupción no deberían ser temas regalados indolentemente a los portavoces de las derechas. Respecto de la cuestión seguridad, la necesidad de atenderlos ya estaba presente en los clásicos de la tercera vía, aquella encarnación del progresismo de los noventa que rápidamente demostró sus límites en la práctica. Sin embargo, «duro contra el delito; más duro contra las causas del delito», aquel viejo adagio de Tony Blair, fue uno de los tópicos de campaña del Frente Amplio uruguayo cuando Tabaré Vázquez pugnaba por su retorno a la Torre Ejecutiva de Montevideo. Como ha señalado recientemente la socióloga chilena Lucía Dammert, los progresismos latinoamericanos no lograron introducir una diferencia securitaria sustancial en el tiempo en que gobernaron.
Por su parte, la crítica de la corrupción ha sido uno de los motores de la campaña del «tardoprogresista» Andrés Manuel López Obrador, y ha movilizado a sectores de izquierda y de centroizquierda en Colombia. Incluso en la Argentina, el actual presidente Alberto Fernández, más allá de sus alianzas de la hora, se había mostrado crítico de aquellas prácticas en los años finales del gobierno del Frente Para la Victoria. Parece un ejercicio saludable: las cuestiones vinculadas a la ética pública no deberían ser un mero pasatiempo de clases medias, o de personas obnubiladas por los esplendores del discurso liberal, o liberal-republicano. En algunos círculos nacional-populares, el epíteto de progresista, o, más aun, su forma condensada –progre–, comenzó a utilizarse despectivamente. Para quienes se proponen como encarnación de la realpolitik, el progresismo clásico aparece en algún punto de intersección entre el panglosianismo político y el almabellismo autoindulgente. Sin embargo, las sociedades suelen ser menos cínicas que sus dirigentes y pretendidos portavoces de ocasión, y está bien que sea así; es tiempo de que aquellos que intervienen por izquierda en el discurso público lo entiendan. Sobre todo porque sus defecciones en este terreno terminan siendo capitalizadas por las derechas; incluso por las más recalcitrantes.
Una agenda neoprogresista tampoco debería desatender la cuestión institucional. La caída del consenso neoliberal que signó —aunque es cierto que con características y consecuencias disímiles— a los países de la región en la década de 1990, generó un ámbito favorable para experiencias que, más allá de sus diferencias, veían en el retorno del Estado una suerte de bajo continuo que, si bien no propiciaba variaciones interesantes en la estructura armónica de las economías regionales, al menoslas sostenían mientras la sinfonía de las exportaciones se desarrollara al ritmo de los precios altos de las comodities. Pero en algunos casos, ese éxito permitió que se hiciera la vista gorda ante iniciativas que a veces jugaban en el límite de la institucionalidad y que, en algunos casos, demostraban directamente ribetes autoritarios. La institucionalidad democrática, reducida a menudo a un mero formalismo, aparece en estos discursos como mera garante de un statu quo que obtura cualquier perspectiva de transformación profunda, e incluso es minimizada estéticamente por su «falta de épica», justamente, uno de sus mayores méritos. El caso Venezuela, acicate discursivo preferido por las derechas continentales, es el mejor ejemplo de hasta qué punto la falta de autocrítica de las izquierdas termina siendo capitalizada por fuerzas que oscilan entre el conservadurismo neoliberal y el autoritarismo exhibido a la intemperie, como el que gusta cultivar el presidente Bolsonaro.
Sin embargo, no todo en el neoprogresismo es disputa de agenda con la derecha. Nada de aquello tiene sentido si no se combate la desigualdad. Con ese fin, quienes empiezan a dar carnadura a perspectivas neoprogresistas proponen, por ejemplo, aumentar los impuestos a las grandes fortunas. Al decir de Joseph Stiglitz, si a pesar de las bajas cifras de desempleo el capitalismo estadounidense le está fallando a sus ciudadanos, el progresismo puede ofrecer una solución viable para salir del lodazal. La pregnancia de ese discurso puede constatarse incluso en las internas del Partido Demócrata. Pero en el caso de América latina, el problema parece ser aun mayor, ya que no se trata solamente de reducir las desigualdades sociales, sino de impulsar economías pujantes y competitivas, una empresa de otras dimensiones y de difícil alcance. Justamente, este parece ser el mayor desafío para los años venideros. Más allá de la atendible agenda de ampliación de derechos, hoy vitalmente saludable gracias al empuje del movimiento feminista, ¿cuál es la apuesta a futuro del progresismo? Dicho de otro modo, ¿cuál es la idea de progreso que manejan actualmente quienes se definen a sí mismo como progresistas? De lo fecundo de las respuestas dependerá que la pregunta inicial de este artículo, la pregunta eterna sobre las limitaciones del presente, pueda tener algún sentido.
Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/donde-quedo-el-progresismo/
En la segunda parte de la entrevista a la CLADE, investigadora profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.
“Hay un interés estratégico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y uno de los modos es sacarla del Estado”, explica la investigadora argentina Fernanda Saforcada, en esta segunda parte de una entrevista sobre las tendencias hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.
Fernanda: “Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado”. Foto: conadu.org.ar
En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.
“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.
Lee más a continuación.
La investigación cita la tendencia hacia un borramiento de la frontera entre lo público y lo privado en la región. ¿Puede explicar cómo y por qué se da este proceso?
Fernanda Saforcada – Nosotras hablamos de este borramiento entre lo público y lo privado por algunas cuestiones que emergieron en la investigación. La primera tiene que ver con cómo jurídicamente se deja de hablar de educación pública y educación privada, y se habla de educación en general. Luego, se distingue si la gestión es estatal o particular, como si fuese solamente un tema de gestión. Lo que está por detrás es el interés en hacer parecer que toda la educación es pública, incluso la privada. Esto se observa en todos los niveles educativos y también en la educación superior.
“El primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada”
En ese sentido, está presente la idea de que lo privado también es público porque estas universidades finalmente sirven o tienen “fines públicos”, “hacen un servicio público” y, por lo tanto, no se pueden pensar como cualquier otra entidad privada.
Entonces, el primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada.
La segunda cuestión, que va de la mano a la anterior, es el planteamiento de que la distinción público versus privado no tiene sentido, pues dicen que las universidades privadas más tradicionales son iguales a las universidades públicas. Se afirma que lo que habría de distinguirse es si son comerciales o no comerciales, o si son de calidad o no. En algunos países, aparece la distinción entre universidades con y sin fines de lucro.
Lo que sostenemos es que estas son distinciones que se pueden hacer, pero que eso no implica dejar de tener presente la distinción entre universidad pública y universidad privada; no implica que tenga valor, y muy importante, en términos de regulación del sistema esta distinción entre público y privado.
En la investigación, nos propusimos reconstruir las trayectorias de la privatización en los distintos países, y esto todavía está en proceso, ya que solamente publicamos la primera etapa. Pero, cuando uno mira a esas trayectorias de la privatización, lo que encuentra es que la primera ola de privatización se produce a mediados del siglo pasado y, sobretodo, por la acción de la Iglesia Católica. En esta primera ola, la mayoría de las instituciones privadas que se abren fueron universidades confesionales.
Poco tiempo después, en el marco del desarrollismo, se abren algunas universidades privadas con una fuerte orientación técnica, pero pocas. A fines de los 1980 y comienzo de los 1990, aparece la privatización de instituciones. Entonces, vemos que las universidades privadas que surgieron con anterioridad buscan distinguirse de las que aparecen en los 1990. Se plantea que ya no hay sentido en hablar de público o privado, sino que se debe distinguir entre las universidades tradicionales y las nuevas, o entre universidades comerciales y no comerciales, de calidad y sin calidad. Se plantea que las nuevas universidades no tienen calidad.
“Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político”
Desde nuestra perspectiva, dichas distinciones no quitan la importancia de diferenciar entre lo público y lo privado en términos de la forma cómo se regula el sistema.
Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político.
Por ejemplo, en las universidades confesionales, puede ser que haya una captación de recursos, pero el interés no pasa por el recurso económico, el interés primordial tiene que ver con la formación de subjetividades, acordes a un cierto ideario, doctrinario, ideológico. Entonces, somos muy enfáticas en la importancia de pensar la privatización en esta doble dimensión.
Entendemos la privatización como proceso por el cual un sistema, un conjunto de instituciones se orientan al sector privado, o pasan a regirse por el sector privado, sea por sus objetivos o por sus formas de funcionamento económico o ideológico-político.
En dicha equiparación entre lo público y lo privado, desaparece esta lógica y parece que la diferencia entre público y privado solo tiene que ver con lo comercial y no comercial, o con las formas de financiamiento. Planteamos lo contrario, pues las universidades son privadas porque funcionan de acuerdo a los intereses e ideario de un sector particular.
Estas cuestiones, que son de corte más simbólico y político, tienen también una expresión material en el borramiento entre lo público y lo privado, como estrategia. Esta fue la manera que encontraron en muchos países, para redirigir fondos públicos – que históricamente eran invertidos exclusivamente en el sector público universitario – al sector privado.
En este siglo, y sobre todo en los últimos cinco o seis años, fondos de investigación que antes solo se otorgaban mediante concursos u otros dispositivos de distribución, a investigadoras/es de universidades o centros de investigación públicos, empiezan a ser distribuidos de acuerdo al criterio de la “calidad” incluyendo sector público y privado. Lo que plantean estas políticas es que lo que importa es la calidad del proyecto de investigación o de los investigadores/as. No se habla sobre público-privado. Cualquier investigador puede concurrir a estos fondos, sea de universidad pública o de universidad privada. Lo mismo pasa con las becas para la formación de postgrado, investigación, o sistemas de incentivos a investigadores.
Lo que encontramos es que hay una masa de recursos muy sustantiva que antes solo iba al sector público, y que este borramiento entre público y privado, y el desplazamiento a otras lógicas de distinción entre instituciones, habilitan a que una parte sustantiva de esos recursos se dirija al sector privado.
¿Cuáles son las principales diferencias entre los modelos público y privado en la educación universitaria latinoamericana, en materia de acceso, calidad, equidad, inclusión, etc.?
Fernanda Saforcada – Creo que la gran diferencia tiene que ver con lo que construye políticamente uno y otro, incluso más allá de lo que efectivamente se enseñe o se investigue dentro de estas instituciones. La idea misma de lo público – pensado como bien común -. en términos simbólicos y políticos, es bien potente. Me parece que eso es parte de cómo se construye, cultural y simbólicamente, al servicio de otras perspectivas políticas.
Cuando empezamos a analizar caso a caso, por supuesto, que uno encuentra muchas contradicciones. En Brasil, el sector público universitario es identificado como de mayor calidad y donde se produce casi la totalidad del conocimiento, en términos de proceso de investigación. Pero, la condición para ingresar a la universidad es la selectividad, aunque haya sido tensionada con las políticas de cupos para personas negras, indígenas y con menos ingresos. O sea, se sigue construyendo la idea de una distinción entre quienes merecen, o no, estar en la universidad pública. Por supuesto, que defendemos la universidad pública, pese a los procesos de selectividad que, desde mi punto de vista, van a contramano del derecho a la educación.
Esta es la universidad pública donde existen algunos elementos muy importantes que hacen a lo público, pero además es donde existe la potencia de construir algo distinto. Por eso, la privatización me preocupa más en términos ideológicos y políticos, que en lo económico.
Por otro lado, están las universidades de bajo costo, que son un problema en Brasil y Perú, por ejemplo. No es algo que ocurra en todos los países, pero son instituciones que están ofreciendo una formación muy débil en la mayoría de los contextos. En realidad, no les importa la educación, sino el lucro. Captan una cantidad de recursos muy sustantiva y tienen a muchos jóvenes matriculadas/os. Eso les da un poder muy grande en términos de negociar con ámbitos de la política pública y actores de poder. Así, las universidades privadas son actores que cada vez tienen más poder.
Nuestra investigación demuestra que la capacidad de incidencia del sector universitario privado en ámbitos de la política pública es notoria. Tienen capacidad de lobby en el poder ejecutivo, en los ministerios, capacidad para buscar las estrategias que les permitan ser parte creciente en los organismos y agencias de la definición de la política. Por ejemplo, si existe un consejo de educación superior, despliegan estrategias para tener cada vez más representantes en este espacio. Tienen capacidad de lobby o de ser directamente parte de los poderes legislativos. Suelen tener congresistas y legisladores propios, inclusive financian campañas políticas para legisladores.
La investigación también afirma que hay una disputa respecto a los sentidos de la educación. ¿Qué está en juego?
Fernanda Saforcada – Lo que está en juego es el sentido de la educación. No se puede mirar la privatización universitaria por fuera de la privatización de la educación básica. En estas últimas fases del capitalismo post-Estado de bienestar, hubo una mirada del poder económico sobre la educación como un nicho comercial que no había sido explotado aún. Entonces, a partir de los 1990, hubo una arremetida clara del sector productivo para explotar el potencial de lucro en la educación, una posibilidad de negocio en gran escala, que todavía estaba mayoritariamente en manos de los Estados. Así se pensó en ir avanzando la explotación de este negocio desde los intereses de los países centrales y de las grandes multinacionales y corporaciones, apostando que avanzara el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS en inglés) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Cuando eso se frena, a fines de los 1990, y no logran que los países abran el sector educación dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios, entonces algunas empresas empiezan a desarrollar estrategias para expandir el negocio sea con sedes locales o con alianzas de empresas transnacionales para la venta de servicios educativos.
“Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado”
Por otro lado, en el contexto del neoliberalismo, se construyó la idea de la crisis del Estado y lo privado como la alternativa, de manera que se establecieron las bases simbólicas para la educación privada como salida, lo que implicaba formar otras subjetividades.
Ahí hay un interés estratégico político de ciertos sectores de poder económico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado, en términos de redireccionarla a otro sentido.
Milton Friedman, en su libro “Libertad de Elegir”, decía que “la educación constituye una isla socialista en el mar del mercado”. De alguna manera, lo que estaba planteando era que hay algo de ese modelo educativo público, estatal, orientado en términos de derechos, justicia social e igualdad, que entrañaba lo que él identificaba como socialismo. Realmente no es así, pero en todo caso camina en un sentido social.
Hay un texto de Norbert Lechner, que escribió mirando Chile en los 1980, que plantea cómo la contrucción del orden que identificamos como neoliberal implicó una confluencia entre neoliberalismo y neoconservadurismo. La idea de poner el mercado en el centro de lo político y lo social –lo propio del neoliberalismo– fue una estrategia potente para desarticular las lógicas colectivas y de derechos del Estado de bienestar, para poder construir allí un nuevo modelo conservador que restaure el orden, las jerarquías y el control social.
El razonamiento tiene lógica, pues, si en los 1990 presenciamos el auge del neoliberalismo, del individualismo y de la libertad del mercado, hoy los gobiernos autoritarios ya no siguen únicamente la lógica neoliberal y del mercado, sino que en estos tiempos vemos cómo ganan terreno políticas y perspectivas propias de una lógica conservadora de control, de jerarquía social, autoridad y orden.
En este contexto, para estos sectores conservadores es preciso romper la forma en que históricamente se conformaron los sistemas educativos en los Estados liberales. En los orígenes de los sistemas educativos en el marco de los nacientes Estados liberales, la educación resultaba una herramienta potente para la formación de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, de sujetos que jugaran esas nuevas reglas de juego del Estado liberal. Ese es parte del origen de la idea de educación para todos y todas. Ahora ya no es necesario. Los Estados están instalados. Todas y todos somos partes de este orden social y político, y ya no es indispensable la educación de todas las personas para preservar ese orden. Así, según los sectores neoliberales y neoconservadores, lo que necesitamos ahora, por el contrario, es que la educación deje de alimentar la idea de lo igualitario, del derecho. Para eso, hay que romper con la educación pública, o por lo menos con su definición histórica.
Creo que hay que mirar esa progresión histórica para entender por qué este grado de acción e injerencia de ciertos sectores del poder económico y político en la educación y las universidades.
¿Cuáles son los impactos de la privatización de la educación en los sentidos de la educación y para los sujetos de las comunidades educativas?
Fernanda Saforcada – Para las y los docentes, en general, implica formas precarizadas de trabajo. Por lo general, las universidades y escuelas privadas tienden a tener condiciones de trabajo más precarias, inestables, claro con muchas diferencias entre una institución y otra.
Para las y los estudiantes, los impactos negativos son muchos, especialmente en lo que toca a las universidades de bajo costo. En Perú, por ejemplo, hay casos de universidades privadas muy aranceles muy bajos, pero que un congresista que fue a recorrerlas encontró que, por ejemplo, una de ellas era un edificio de dos aulas, una con piso de tierra y otra con piso hasta la mitad; con un frente que parecía ser un edificio mucho más grande, pero que al entrar era pequeño o que tenían por allí tres profesores para dictar todas las materias de todas las carreras.
“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación”
Por otro lado, en el contexto del neoliberalismo, se construyó la idea de la crisis del Estado y lo privado como la alternativa, de manera que se establecieron las bases simbólicas para la educación privada como salida, lo que implicaba formar otras subjetividades.
Ahí hay un interés estratégico político de ciertos sectores de poder económico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado, en términos de redireccionarla a otro sentido.
Milton Friedman, en su libro “Libertad de Elegir”, decía que “la educación constituye una isla socialista en el mar del mercado”. De alguna manera, lo que estaba planteando era que hay algo de ese modelo educativo público, estatal, orientado en términos de derechos, justicia social e igualdad, que entrañaba lo que él identificaba como socialismo. Realmente no es así, pero en todo caso camina en un sentido social.
Hay un texto de Norbert Lechner, que escribió mirando Chile en los 1980, que plantea cómo la contrucción del orden que identificamos como neoliberal implicó una confluencia entre neoliberalismo y neoconservadurismo. La idea de poner el mercado en el centro de lo político y lo social –lo propio del neoliberalismo– fue una estrategia potente para desarticular las lógicas colectivas y de derechos del Estado de bienestar, para poder construir allí un nuevo modelo conservador que restaure el orden, las jerarquías y el control social.
El razonamiento tiene lógica, pues, si en los 1990 presenciamos el auge del neoliberalismo, del individualismo y de la libertad del mercado, hoy los gobiernos autoritarios ya no siguen únicamente la lógica neoliberal y del mercado, sino que en estos tiempos vemos cómo ganan terreno políticas y perspectivas propias de una lógica conservadora de control, de jerarquía social, autoridad y orden.
En este contexto, para estos sectores conservadores es preciso romper la forma en que históricamente se conformaron los sistemas educativos en los Estados liberales. En los orígenes de los sistemas educativos en el marco de los nacientes Estados liberales, la educación resultaba una herramienta potente para la formación de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, de sujetos que jugaran esas nuevas reglas de juego del Estado liberal. Ese es parte del origen de la idea de educación para todos y todas. Ahora ya no es necesario. Los Estados están instalados. Todas y todos somos partes de este orden social y político, y ya no es indispensable la educación de todas las personas para preservar ese orden. Así, según los sectores neoliberales y neoconservadores, lo que necesitamos ahora, por el contrario, es que la educación deje de alimentar la idea de lo igualitario, del derecho. Para eso, hay que romper con la educación pública, o por lo menos con su definición histórica.
Creo que hay que mirar esa progresión histórica para entender por qué este grado de acción e injerencia de ciertos sectores del poder económico y político en la educación y las universidades.
¿Cuáles son los impactos de la privatización de la educación en los sentidos de la educación y para los sujetos de las comunidades educativas?
Fernanda Saforcada – Para las y los docentes, en general, implica formas precarizadas de trabajo. Por lo general, las universidades y escuelas privadas tienden a tener condiciones de trabajo más precarias, inestables, claro con muchas diferencias entre una institución y otra.
Para las y los estudiantes, los impactos negativos son muchos, especialmente en lo que toca a las universidades de bajo costo. En Perú, por ejemplo, hay casos de universidades privadas muy aranceles muy bajos, pero que un congresista que fue a recorrerlas encontró que, por ejemplo, una de ellas era un edificio de dos aulas, una con piso de tierra y otra con piso hasta la mitad; con un frente que parecía ser un edificio mucho más grande, pero que al entrar era pequeño o que tenían por allí tres profesores para dictar todas las materias de todas las carreras.
“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación”
Hay también universidades que sólo dictan carreras a distancia, que contratan a un profesor para que escriba los módulos una vez y después usan esos módulos. Lo único que tienen es un tutor que, en muchos casos, no tiene formación.
En estos casos, lo que hay es realmente una estafa. Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación.
La educación universitaria también tiene fines político-ideológicos muy claros. Uno puede identificar, por ejemplo, como algunas universidades privadas son las que forman los miembros de los gobiernos de derecha o de los gobiernos que avanzan hacia políticas que, en general, delimitan los derechos en los distintos países.
Quienes ocupan estos cargos, en general, vienen de determinadas universidades privadas. Entonces, el hecho de ser instituciones de formación es lo que les da esta capacidad de incidencia e influencia en las políticas públicas.
La universidad tiene que ver con la formación de más alto nivel de un sector importante y creciente de nuestras poblaciones. Aquí hay un cuestión política de enorme importancia: ¿a quién responde esta formación? ¿Responde a los intereses de un sector particular y a los intereses del poder económico? ¿Responde a los intereses de la iglesia católica? ¿Responde a lo que democráticamente definimos como bien común?
Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/fernanda-saforcada-la-privatizacion-educativa-se-realiza-tambien-con-fines-ideologicos-y-politicos/
Los artículos que se publican en este volumen fueron escritos en el marco del Primer Concurso del Programa Latinoamericano de Investigación y Formación sobre la Mujer de CLACSO. Ellos constituyen un patchwork de la condición femenina en nuestro continente, en el tiempo histórico presente. En conjunto, los caracteriza el describir una serie de continuidades y discontinuidades que reconocen el hilo conductor de la discriminación y el patriarcado de manera diferencial en cada tiempo histórico y contexto nacional y social.
Autores (as):
María del Carmen Feijoó. [Compiladora]
María A. Banchs. María Emma Mannarelli. Nelly González Tapia. Carlos María Alasino. Nancy López. Susana Rostagnol. Sonia Muñoz. Raquel Rojas. [Autoras y Autores de Capítulo]
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=280&pageNum_rs_libros=127&totalRows_rs_libros=1373
Este libro muestra una diversidad de miradas acerca de cómo se puede percibir o estudiar el pensamiento crítico, tratar la formación del mismo desde escenarios como la literatura, la televisión, los textos auténticos o las imágenes. Esta investigación representó un reto para los autores, quienes tienen visiones desde contextos económicos, políticos, sociales y culturales para determinar los escenarios en los que quieren trabajar el concepto que los reúne. Para todos son fundamentales los conceptos de lector, lectura, espectador e historia.
La multiplicidad de visiones nos lleva a leer, en un principio, cómo un uso del pasado nos construye como humanos en una sociedad que cuenta su propia historia con ironía. En un segundo momento, se nos revela un concepto íntimamente ligado al pensamiento crítico: la conciencia histórica, analizada desde los productos culturales masivos. Así mismo, se muestra la manera en la que la imagen puede ser leída críticamente y desde otra visión junto al texto y cómo esta construcción social se configura desde el contexto de la modernidad en el objeto del libro. En un cuarto momento, llega el impacto de una lectura crítica con enfoque de género, tocando temáticas de la violencia y la política. Luego, nos encontramos con un trato de la literatura de la violencia, la cual analiza la emoción y la emocionalidad que puede llegar a producir la lectura en el lector, este último como sujeto preponderante en el que se revelan los toques íntimos de una reflexión profunda. Por último, se tratan los textos auténticos con respecto a lo intercultural y lo pedagógico como construcción del sujeto.
Un fantasma recorre América Latina: el fantasma de Rosa Luxemburgo. Su espectro sobrevuela las resistencias e iniciativas de los sectores más combativos del movimiento obrero y los pueblos indígenas, del campesinado y los feminismos plebeyos, del estudiantado y las comunidades migrantes. Más allá de sus matices y posibles diferencias, podemos afirmar que, en conjunto, este crisol de luchas evidencia que vivimos un tiempo histórico acorde con el luxemburguismo.
Sin embargo, para bien y para mal, ésta es una historia que aún no es plenamente Historia. Para bien, porque Rosa dista de ser una marxista anclada meramente en su época y su contexto específico, como algo situado sin más en el pasado. Por el contrario, hoy su obra -entendida como la conjunción de lo pensado, sentido y actuado por ella- se nos presenta como tremendamente actual e imperecedera: sus conceptos y reflexiones, la agudeza de sus críticas, advertencias y denuncias resultan premonitorias y de enorme vigencia, no sólo para cepillar a contrapelo lo acontecido durante el siglo XX, sino también y sobre todo para analizar a -e incidir en- las apuestas emancipatorias y los procesos socio-políticos más radicales que se despliegan en el sur global, y en particular en América Latina. Para mal, porque todavía no se ha reconstruido, en toda su riqueza y complejidad, la recepción, influencia y recreación de la obra de Rosa Luxemburgo en nuestro continente. Esta es una tarea pendiente de suma importancia, que en forma parcial y aproximativa se está intentando subsanar desde hace algunos años en la región, y a la que esta ponencia pretende también aportar.
Al respecto, creemos pertinente partir de una cierta periodización o desdoblamiento de los ciclos de la lucha de clases en el sur global durante el último siglo, en tres grandes momentos, dentro de los cuales el espectro de Rosa circunda, influye y aporta a la revitalización del marxismo latinoamericano en una clave crítica y revolucionaria, contribuyendo a potenciar las luchas anti-sistémicas en nuestro continente.
La unidad entre teoría y acción
El primero de ellos emerge al calor de las últimas reflexiones y disputas militantes libradas por la propia Rosa, e involucra centralmente los primeros años posteriores a su asesinato. Como es sabido, entre 1917 y 1923 se vive un proceso de exacerbación de la lucha de clases que implica -más allá de las particularidades de cada territorio- una dinámica de insubordinación global. En este marco, la figura de José Carlos Mariátegui (1894-1930), marxista peruano y uno de los más originales intelectuales militantes de América Latina, se destaca por su sugerente apropiación del legado luxemburguista, e incluso por las notables afinidades que ostenta con respecto al derrotero de Rosa como revolucionaria incómoda para la época. En ambos casos, estamos en presencia de figuras “trágicas”, cuya vida se trunca abruptamente, que batallan tanto contra el reformismo y las lecturas positivistas del marxismo, como con aquellas visiones que pretendían hacer de la revolución rusa un “modelo” a replicar en todo tiempo y lugar.
La unidad indisoluble entre teoría y acción, el punto de vista de la totalidad como principio epistemológico del marxismo, la crítica al eurocentrismo que imbuía en aquel entonces a la inmensa mayoría de la izquierda, la denuncia de las formas imperiales de despojo en la periferia capitalista, la revalorización de las formas comunitarias de vida social, la defensa enconada del internacionalismo sin descuidar el análisis situado de la realidad, la apuesta por formas organizativas más democráticas y la confianza en la capacidad autoemancipatoria de las masas, son algunos de los puntos en común que los hermana. El destino de ambos también es similar: excomulgados por la III Internacional y gran parte de los partidos comunistas, al poco tiempo de fallecer, sus apellidos pasaron a ser sinónimo de error político y debilidad teórica, deviniendo herejías que debían ser combatidas con igual esmero.
Si bien no podemos extendernos, vale la pena destacar que durante su prolongada estancia en Europa (donde adscribe al marxismo y vivencia lo que define como una “crisis civilizatoria”) Mariátegui llega a visitar en 1922 Alemania, durante un contexto en el que aún el proceso revolucionario no se había cerrado definitivamente en el país. Tras su regreso a Perú al año siguiente, dicta una serie de conferencias en el marco de las Universidades Populares “González Prada” (un espacio de autoformación política con idéntica vocación a la de la Escuela de partido en Berlín de la que supo ser parte Rosa, que fungía de instancia de articulación de las luchas obreras, estudiantiles e indígenas), donde dos de los conversatorios los dedica íntegramente al análisis de los acontecimientos ocurridos en territorio germano. Allí brinda una sentida semblanza de Rosa, en la que expresa: “Rosa Luxemburgo, figura internacional y figura intelectual y dinámica, tenía también una posición eminente en el socialismo alemán. Se veía, y se respetaba en ella, su doble capacidad para la acción y para el pensamiento, para la realización y para la teoría. Al mismo tiempo era Rosa Luxemburgo un cerebro y un brazo del proletariado alemán”.
No será ésta la única vez que aluda a ella en sus escritos. Al final de su vida, entre 1929 y 1930, en un contexto donde el “luxemburguismo” no gozaba en absoluto de legitimidad en las filas de la izquierda, Mariátegui escribe una serie de notas bajo el título de Defensa del Marxismo, en las que reivindica a la praxis como columna vertebral de todo proyecto revolucionario, que según él implica la creación de hombres y mujeres radicalmente distintos a los que forja el capitalismo. Entre los nombres que destaca como ejemplos de este tipo de figuras que amalgaman pensamiento crítico, nueva sensibilidad y acción transformadora, nuevamente despunta Rosa: “¿Y en Rosa Luxemburgo, acaso no se unimisman, a toda hora, la combatiente y la artista? ¿Quién vive con más plenitud e intensidad de idea y creación? Vendrá un tiempo en que, a despecho de los engreídos catedráticos, que acaparan hoy la representación oficial de la cultura, la asombrosa mujer que escribió desde la prisión esas maravillosas cartas a Luisa Kautsky, despertará la misma devoción y encontrará el mismo reconocimiento que una Teresa de Ávila. Espíritu más filosófico y moderno que toda la caterva pedante que la ignora puso en el poema trágico de su existencia el heroísmo, la belleza, la agonía y el gozo, que no enseña ninguna escuela de sabiduría”.
Esta reivindicación de Luxemburgo lleva a Mariátegui a traducir y publicar en la revista Amauta (de la que supo ser fundador y director hasta su muerte), al cumplirse en 1929 diez años de su asesinato, el texto “Navidad en el asilo de noche”, escrito por la propia Rosa, así como editar en ella, a comienzos de 1930, un extenso artículo de homenaje a la revolucionaria polaca, redactado por la poeta argentina y activista de izquierda Nydia Lamarque, bajo el título de “La vida heroica de Rosa Luxemburgo”, que sugestivamente incluye como ilustración complementaria el dibujo de una indígena “hiladora” de los Andes. Todo un símbolo a pesar de las distancias étnicas, geográficas y filosóficas. Tejer redes e ideas, enhebrar luchas y hermanar resistencias tanto en el centro europeo (donde el proletariado urbano asumía un rol fundamental) como en las periferias del sur global (en las que las comunidades campesinas e indígenas resistían con tesón a la acumulación por despojo), fue algo que obsesionó a Rosa a lo largo de su ajetreada e intensa vida militante.
Exhumando el luxemburguismo
La derrota y el reflujo paulatino de todas estas luchas, la brutal represión acometida por el fascismo y el nazismo, así como la consolidación del stalinismo dentro de los partidos de izquierda, trajeron aparejado un contexto sumamente adverso para el marxismo crítico, y un eclipsamiento casi total de aquellas tradiciones distantes de la socialdemocracia y el leninismo. No obstante, la década del sesenta será un segundo tiempo de resurgimiento y ebullición de las luchas populares, que permite rescatar la obra de Rosa Luxemburgo al compás de las rebeliones vividas en buena parte del sur global.
Esta nueva insubordinación global que tiene como años emblemáticos a 1967, 1968 y 1969, torna propicia la exhumación de Rosa como militante anticapitalista, heterodoxa e integral. En las multitudinarias manifestaciones contra la guerra en Vietnam, junto a pancartas de Hồ Chí Minh y el Che Guevara, se destacan las de su inconfundible rostro. El mayo francés, el otoño caliente italiano y el movimiento estudiantil y de izquierda extraparlamentaria en Alemania, revitalizan sus ideas y propuestas. Si ya la revolución cubana había abierto tempranamente un período de recreación del pensamiento crítico en América Latina, movimientos insurgentes y rebeliones populares en diversos territorios de nuestro continente traen al presente sus aportes.
Dentro de la constelación de corrientes de la nueva izquierda que irrumpe con fuerza en aquellos años, cabe resaltar a un grupo político-cultural argentino, conocido como Pasado y Presente, que en franca ruptura con las tradiciones más ortodoxas del marxismo, publica una revista homónima y una serie de cuadernos en formato de libro (que, a lo largo de más de una década, llegan a tener en total, tras sucesivas reediciones, una tirada de casi un millón de ejemplares). En este marco precisamente dan a conocer varios libros y artículos de Rosa Luxemburgo, inéditos hasta ese entonces en lengua española. En medio de un contexto signado por una cruenta dictadura militar, el grupo Pasado y Presente difunde sus ideas en la ciudad de Córdoba, que se ve sacudida por una huelga política de masas con tintes insurreccionales, conocida como el “Cordobazo”, que involucra la proliferación de barricadas y el enfrentamiento con las fuerzas policiales, desbordando incluso a las dirigencias sindicales y partidarias desde una sana y combativa espontaneidad.
Entre los varios escritos que publican de Rosa, uno de ellos resulta clave para entender a estos inéditos procesos de autoactividad popular: Huelga de masas, partido y sindicatos se edita en Argentina (y por primera vez en castellano en todo el mundo) en mayo de 1970, cuando se cumple el primer aniversario del “Cordobazo”, al que de ahí en más le suceden otras rebeliones similares en el resto del país y también en otras latitudes de nuestro continente. En simultáneo a la difusión de este escrito maldito de Rosa, que de acuerdo al grupo Pasado y Presente “puede arrojar muchas enseñanzas y reflexiones válidas para el examen de los tiempos actuales”, publican su texto Problemas organizativos de la socialdemocracia rusa, el borrador titulado La revolución rusa, la Anticrítica que redacta como respuesta frente a los cuestionamientos a su libro La acumulación del capital, así como Introducción a la economía política, material póstumo de enorme relevancia para la realidad latinoamericana, y variados artículos y documentos vinculados con la cuestión nacional en Polonia y en Europa.
José Aricó, principal referente del grupo Pasado y Presente y traductor de algunos de estos textos de Rosa, afirma por esos años que editar a Luxemburgo es ante todo un acto político, que “adquiere una doble significación: la de un homenaje a la revolucionaria asesinada por la canalla de Noske, y a la vez la del rescate de una elaboración teórica y política fundamental para el marxismo, silenciada durante años por el stalinismo”. En esa coyuntura tan convulsionada en Argentina, esta generación reconocía que “el pensamiento de Rosa Luxemburgo se nos presenta de una actualidad sorprendente. Es quizás esa actualidad lo que atemoriza tanto a los dogmáticos y los impulsa a seguir silenciando a la gran revolucionaria”. Consideramos que la original experiencia de Pasado y Presente se emparenta con lo que Frigga Haug definió como la “línea Luxemburgo-Gramsci”, en la medida en que en sus reflexiones e iniciativas político-culturales, supieron amalgamar lo mejor de estos marxistas heterodoxos, incómodos tanto para la socialdemocracia como para el leninismo en su variante stalinista.
Como se puede comprobar revisando las fechas de edición de los libros y materiales que abordan la obra de Rosa en nuestro continente, la bibliografía de su propia autoría o bien centrada en ella tiene su mayor difusión durante los años ’70. Sin duda hay un contexto latinoamericano y global que requiere herramientas teórico-analíticas y de intervención militante que vayan a contramano de los dogmatismos predominantes hasta ese entonces, y los escritos de Rosa resultan -ejercicio de traducción y actualización mediante- una brújula potente en aquel conmovedor tiempo histórico de crisis capitalista, donde la politización de las clases populares y el ascenso de las luchas constituye una invariante condición de época. La obra luxemburguista irrumpe en este momento tan álgido con una enorme potencialidad, para ensayar apuestas políticas de un socialismo anti-autoritario y radical, a contramano de toda lógica burocrática o puramente parlamentarista, privilegiando el protagonismo popular desde abajo, desde un sentir más acorde a los enormes desafíos de una coyuntura donde se trata ante todo de exigir lo imposible.
No obstante, el reflujo que le sucede a este período de protesta y descontento planetario, signado por una contrarrevolución que supuso un ejercicio generalizado del terrorismo estatal y paramilitar en gran parte del sur global durante los años setenta y ochenta, así como el estatismo autoritario y la ofensiva neoliberal desplegada en Europa en esas décadas, combinadas con el desconcierto y la desazón como consecuencia de la implosión de los regímenes autodenominados socialistas, hacen menguar la vitalidad del marxismo como concepción del mundo y brújula para la acción transformadora.
Nuevas rebeliones, nuevos horizontes
El nuevo ciclo de luchas populares e impugnación al neoliberalismo en la región que irrumpe durante los años ’90, fue la oportunidad para que Rosa retorne como una referencia teórico-política cada vez más importante de las resistencias desplegadas a lo largo y ancho del continente, por movimientos sociales y organizaciones de base inéditas. El llamado Caracazo de 1989 en Venezuela, la rebelión indígena en territorio ecuatoriano en 1990, la conmemoración de los 500 años de resistencia a la opresión colonial en 1992 y el alzamiento zapatista el 1 de enero de 1994 en Chiapas (México), la guerra del agua y del gas en Bolivia, el 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina, así como un sinfín de procesos de insubordinación de masas, resultaron hitos precursores de esta nueva fase de protesta y descontento de masas, pero también de autoafirmación y construcción de poder territorial que, con vaivenes y altibajos, se mantiene en pie más allá de las alternancias gubernamentales de uno u otro pelaje ideológico, y que en los últimos años parece haber cobrado un nuevo impulso de la mano de los movimientos feministas y popular-comunitarios en contra del extractivismo y las múltiples formas de violencia sobre los cuerpos, y que durante 2019 ha incluido verdaderas huelgas políticas de masas y revueltas callejeras (la mayoría de ellas de carácter espontáneo) en países como Haití, Chile, Colombia y Ecuador, que tornan más vitales aún las elucubraciones de Rosa al respecto.
En este sentido, nos asumimos como parte de una nueva generación intelectual y militante que, en los últimos años en particular, ha intentado traer al presente y recrear ciertas ideas e hipótesis luxemburguistas, con el propósito de aportar a la reflexión y acción de las organizaciones de izquierda y los movimientos populares de carácter anticapitalista, anticolonial, antiimperial y antipatriarcal. Si bien son numerosos los aportes que Rosa brinda para la actual coyuntura latinoamericana, no podremos profundizarlos aquí en detalle, tal como sí lo hacemos en nuestro libro Rosa Luxemburgo y la reinvención de la política. Una lectura desde América Latina (2019).
Nos interesa, por tanto, enunciar al menos algunas de sus principales contribuciones, que hemos tenido la oportunidad de contrastar y poner en diálogo con movimientos y organizaciones de diferentes países de Sudamérica, en el marco de talleres de formación política realizados durante 2018 y 2019, y que tenemos previsto replicar este año en otros territorios latinoamericanos. En apretada síntesis ellos son:
El punto de vista de la totalidad, la dialéctica revolucionaria y la praxis histórica, como principios epistémico-políticos de un marxismo no esquemático ni mecanicista.
La sugerente lectura del entrelazamiento entre capitalismo y colonialismo, para entender de forma más compleja las dinámicas de explotación, endeudamiento y despojo que implican una relación violenta, asimétrica y desigual entre los centros y las periferias globales, a partir de una óptica que considera al capitalismo como un sistema-mundo constitutivamente conflictivo, imperial y en constante búsqueda de nuevos mercados, que dista de ser homogéneo y armónico en su configuración.
La vocación por amalgamar la denuncia de la misoginia, la confrontación contra el patriarcado y el fomento del protagonismo de las mujeres, con el impulso y la relevancia de la lucha de clases, de manera tal que estas diferentes y complementarias modalidades de opresión pudiesen combatirse desde una perspectiva integral. Múltiples colectivos y organizaciones feministas, ancladas en una lucha “interseccional”, hoy levantan la figura de Rosa en movilizaciones y procesos de autoafirmación en todo el sur global, como una referencia clave que, en su época, osó impugnar el monopolio del pensamiento y el quehacer político por parte de los varones, y caracterizar a las mujeres trabajadoras como “las más desposeídas de derechos de todos los desposeídos”, aunque sin dejar de criticar a aquel feminismo burgués que, disociando estas luchas, subestima y hasta bebe de los frutos de la dominación de clase.
La estrecha relación entre socialismo y democracia, que supone reformular el vínculo entre ambos en función de una perspectiva no instrumental, donde medios y fines se articulan y condicionan mutuamente, a punto tal que el camino es tan importante como la meta, por lo que el ejercicio de una democracia socialista que hermane libertad e igualdad, no comienza de acuerdo a Rosa “recién en la tierra prometida”, sino que debe prefigurarse aquí y ahora, en cada resquicio de la vida cotidiana.
El activismo en contra de la guerra y el militarismo, que hoy se actualiza al calor de lo que el zapatismo define como “cuarta guerra mundial”, y que ciertas feministas consideran que tiene al cuerpo de las mujeres como principal botín y territorio de disputa. La huelga internacional llamada una vez más para este 8 de marzo, apunta justamente a denunciar esta violencia sistémica al grito de “¡Vivas nos queremos!”
La crítica a los formatos ultra-centralistas y burocráticos de organización, que deben ser sustituidos según ella por una organización-proceso, en constante movimiento y dinamismo, democrática y participativa, de carácter experimental y abierta al aprendizaje colectivo, en función de los vaivenes de la lucha de clases y de la espontaneidad de las masas, tal como se advierte en infinidad de movimientos sociales y espacios de auto-organización popular surgidos en las últimas décadas en América Latina al calor de las resistencias contra el neoliberalismo, que además han sabido generar, tal como pregonaba Rosa, puentes de mutua interacción e instancias de confluencia, durante las sucesivas “oleadas” de lucha callejera, entre activistas que sí se encuentran organizados/as y sectores que, a pesar de no estarlo, demuestran un enorme espíritu de lucha y grandes niveles de autoconciencia.
La apuesta por articular de manera dialéctica reforma y revolución, que en palabras de Rosa implica “la unión de la lucha cotidiana con la gran tarea de la transformación del mundo”, de forma tal que la primera potencie la conquista de “reformas no reformistas”, habilitando mecanismos de ruptura y focos de contrapoder, y aportando al fortalecimiento de una visión estratégica global que, al mismo tiempo, reimpulse aquellas exigencias y demandas parciales, desde una perspectiva emancipatoria y contra-hegemónica de largo aliento.
El internacionalismo como principio político indeclinable. El anti-imperialismo y la solidaridad activa entre las clases oprimidas del mundo, para ella no estaba supeditada a conveniencias pragmáticas o coyunturales, sino que constituía una actitud ética de carácter estratégico, que debía ejercitarse a nivel cotidiano y poniendo el cuerpo, no a través de discursos y documentos que se agotaran en la mera retórica de la denuncia. Hoy esta convicción se actualiza como un certero antídoto ante la exacerbación de los nacionalismos, el racismo y la xenofobia, al compás de consignas como la de los movimientos campesinos latinoamericanos, que gritan al unísono: “¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!”.
La exigencia del reconocimiento pleno de la plurinacionalidad, en aquellos territorios y casos concretos en los que la autoadministración territorial, la libertad cultural y el uso de la lengua autóctona, ameritan ser reconocidas como demandas genuinas de pueblos y naciones subyugados, sin que ello equivalga necesariamente a “secesionismo”. Esta iniciativa, que Rosa concibe para realidades como la del vasto y abigarrado territorio ruso, tiene evidentes puntos de contacto con la reivindicación hecha por varios pueblos y nacionalidades indígenas en América Latina, quienes lejos de exigir una separación completa o la creación de un Estado propio en una clave mono-étnica o monolingüe, abogan por Estados plurinacionales, donde se supriman las lógicas jerárquicas y racistas y se abra paso a un proceso real de descolonización integral.
La extrema sensibilidad y empatía ante la naturaleza, que permite caracterizarla como una de las primeras marxistas que dota de centralidad a la cuestión ecológica y ambiental, al reivindicar una férrea defensa de la totalidad de los seres vivos, así como de la tierra, frente a la voracidad, contaminación y violencia que el capitalismo impone en su sed de acumulación y constante despojo. Existe en Rosa una “afinidad electiva” con las luchas anti-extractivistas, el Buen Vivir y la cosmovisión de numerosos pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y organizaciones campesinas latinoamericanas, que postulan que la naturaleza, al igual que los seres humanos, tiene derechos que no pueden ser sacrificados en el altar del mal llamado “progreso”.
Todas estas ideas-fuerzas configuran de conjunto un faro de referencia ineludible para refundar al socialismo como proyecto civilizatorio alternativo, frente a la barbarie que nos pretende imponer el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad, ya que a diferencia de muchos referentes del marxismo que hoy dejan de ser leídos, o cuyos escritos y propuestas se nos presentan como añejas y parte de lo viejo que aún no termina de morir, Rosa se destaca por su jovialidad, radicalismo e indisciplina, y por su extrema actualidad para este convulsionado siglo XXI que ansiamos transformar de raíz. De ahí que traerla al presente sea, a la vez, una oportunidad para reinstalar estos debates estratégicos en el corazón mismo de las experiencias y proyectos emancipatorios que afloran en nuestro continente.
Al fin y al cabo, de algo estamos seguros: las revoluciones venideras en el sur global serán la conquista del pan, pero también el florecimiento de las Rosas.
Fuente del artículo: https://rebelion.org/rosa-luxemburgo-desde-america-latina/
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