Este libro consta de diez capítulos, incluyendo esta introducción. Los nueve capítulos restantes presentan estudios de caso de varios países de América Latina, en los que se analizan las características extractivistas de diversos sistemas complejos agrícolas y forestales. Cada capítulo aporta al menos una perspectiva única sobre el concepto de extractivismo agrario, contribuyendo a su utilidad analítica y política.
Autoras(es): Ben M. McKay. Alberto Alonso-Fradejas. Arturo Ezquerro-Cañete. [Coordinadores]
Carla Mariela Poth. Ben M. McKay. Gonzalo Colque. Sergio Sauer. Karla R. A. Oliveira. Diana Ojeda. Andrés León Araya. Natalia Landívar García. Alberto Alonso-Fradejas. Darcy Tetreault. Cindy McCulligh. Markus Kröger. Maria Ehrnström-Fuentes. [Autoras y Autores de Capítulo]
Editorial/Edición: CLACSO. University of Calgary. Social Sciences and Humanities Research Council.
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2591&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1664
Miles de millones de dólares en pérdidas para los Estados
Las multinacionales no dan tregua a América Latina y el Caribe. Y cuando ciertos países osan cuestionarlas, el imperio de la ley internacional –elaborada a su medida– les cae encima.
En los últimos 30 años, cada día fue aumentando más la presión de los inversores extranjeros contra los Estados latinoamericanos y se multiplicaron los juicios por “incumplimientos” de parte de los mismos. De 6 casos conocidos en 1996, pasaron a 1.190 en la actualidad.
En dicho periodo, los Estados fueron condenados a pagar 33.638 millones de dólares, que se esfumaron así del erario público. Según el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, esa cifra representa un tercio más que las pérdidas por causa del impacto de las catástrofes climáticas en el continente entre 1970 y 2021.
Según el reciente informe elaborado por Bettina Müller y Luciana Ghiotto, del equipo de investigadoras del TNI, que acaba de publicarse la última semana de agosto — y que contiene datos actualizados al 31 de diciembre del 2021– Argentina, Venezuela, México, Perú y Ecuador, con 211 demandas en su contra promovidas por empresas multinacionales, son los países que han soportado una mayor presión jurídica en estas últimas tres décadas (https://www.tni.org/es/publicacion/isds-en-numeros-Estados-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe).
Instrumento neoliberal y de dependencia
Los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), son los instrumentos que permiten tramitar estas demandas. Son acuerdos entre dos países que tienen como objetivo proteger la seguridad jurídica de los inversores.
Como lo explica la organización española Ecologistas en Acción, suelen incluir una serie de disposiciones estándar siempre favorables a las transnacionales y que impiden, por ejemplo, las expropiaciones directas o indirectas de las empresas. Rara vez incorporan alusiones a los derechos humanos.
Sin duda, la disposición más perniciosa es la relativa a la Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). Si una empresa considera que un Estado no ha cumplido con una u otra cláusula de un acuerdo, puede esquivar la justicia de dicho país y denunciarlo ante tribunales internacionales.
Estas instancias, a las que suelen recurrir las grandes empresas, son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es el más solicitado; la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o bien la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM). Las mismas pueden dictar sentencias de indemnizaciones a favor de los inversores afectados, que en la mayoría de los casos incluye el lucro cesante, es decir, los beneficios que el inversor calcula que ha dejado de percibir debido a cualquiera de las medidas tomadas por el país demandado y que el acusador considera lesiva a sus intereses (https://www.ecologistasenaccion.org/27101/tratados-bilaterales-de-inversiones/).
Estos acuerdos, calificados por la organización ecologista española como “una herramienta fundamental para la globalización liberal”, se benefician de tres elementos que hacen a su propia esencia. Los enunciados sumamente vagos de la mayoría de estos instrumentos jurídicos, lo que permite enjuiciar a un Estado casi por cualquier motivo. Los métodos opacos y para nada transparentes utilizados para resolver los procesos que serán resueltos, a la postre, por árbitros internacionales. Y finalmente, como señala Ecologistas en Acción, “la unidireccionalidad y exclusividad del SDIE”, ya que los inversores pueden denunciar a los Estados, pero no aceptan la situación inversa, es decir, cuando se trata de inversores que incumplen cualquier parte del acuerdo (o cuando violan los derechos humanos).”
El sitio web ISDS Impactos, que retoma la investigación del TNI, explica, por su parte que «el sistema de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) está incluido en miles de tratados internacionales”. Y precisa que es el mecanismo que le permite a los inversores extranjeros demandar a los Gobiernos ante tribunales internacionales si consideran que los cambios introducidos por estos en las políticas públicas –incluso los concebidos para proteger el medioambiente o la salud– afectan sus ganancias (https://isds-americalatina.org/).
Las transnacionales, aves de rapiña
Según el informe del TNI, en los últimos 30 años, las 327 demandas contra Estados latinoamericanos y caribeños representan una cuarta parte del total de las acusaciones promovidas por las multinacionales en todo el mundo. En el continente, la gran mayoría (86,8% de los casos) fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos. Entre los europeos, principalmente originarios de España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia. Tres de cuatro demandas fueron presentadas ante el CIADI, que es una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial ( https://icsid.worldbank.org/es/acerca). Los resultados hablan por sí mismo: las empresas le han ganado a los Estados en el 62% de los casos resueltos, sea por haber obtenido un laudo favorable o por haberse beneficiado de un acuerdo de partes.
23 de los 42 países de América Latina y el Caribe ya han experimentado el rigor del sistema internacional de arbitraje. Particular saña se expresa contra Argentina (62 demandas); Venezuela (55); México (38); Perú (31) y Ecuador (25). Este mecanismo de enjuiciar a los Estados del continente se intensificó en particular entre 2011 y 2021, período en el cual de 91 demandas se pasó a 180, duplicando el total de los juicios. Los mismos, corresponden mayoritariamente a multinacionales que operan en los sectores de la minería y la extracción de gas y petróleo. Pero también tocan de forma significativa a empresas que lucran con el gas y la electricidad, así como la manufactura.
Argentina, que contabiliza un 87% de sus juicios perdidos, es el país del continente que sufrió más derrotas ante ese tipo de tribunales. Y tiene el récord de lo que pagó en una sola causa: los 5.000 millones de dólares transferidos a la empresa española Repsol en un acuerdo de partes. Las demandas perdidas le significan al país sudamericano 9.222 millones de dólares que debió pagar a los inversores.
Venezuela, la segunda nación más sancionada del continente por los tribunales internacionales, contabiliza el 64% de demandas en su contra con decisión desfavorable. Tiene a su haber el laudo más costoso del continente. En 2019 el Tribunal del CIADI le ordenó pagar 8.366 millones de dólares a la transnacional Conoco Phillips.
En términos monetarios concretos, los Estados casi siempre resultan ser los grandes perdedores, constata el Transnational Institute en su reciente informe. “Las demandas le cuestan millones de dólares en gastos de defensa (jurídica) y de proceso”. Aun en los casos en los que los tribunales de arbitraje fallan a favor de los Estados, es normal que estos deban desembolsar millones de dólares para contratar firmas de abogados –para su defensa–, las que pueden cobrar hasta 1.000 dólares por hora de asesoramiento. Caso emblemático, el de Ecuador, que hasta 2013 llevaba gastados 155 millones de dólares para garantizar su defensa jurídica y para pagar los gastos producto del arbitraje.
Las sumas reclamadas por las empresas desde 1996 — según el detallado informe de la ONG con sede en la capital de los Países Bajos–, ascienden a 240.733 millones de dólares. Sin embargo, en 68 de las 327 demandas no se conocen los montos exigidos, por lo que esta cifra es significativamente mayor. Los tribunales han condenado a las naciones del continente latinoamericano a pagar, hasta ahora, 33.638 millones de dólares.
Según cálculos de las Naciones Unidas, con ese dinero, se podría resolver el drama de la extrema pobreza en 16 de las naciones del continente. “A su vez. Este monto representa más que la deuda externa de El Salvador, Nicaragua y Belice juntos (valores de 2020) y representa un tercio más que el total de las pérdidas que soportó la región entre 1971 y 2021 debido a las catástrofes climáticas”, explica el TNI.
En cuanto a las demandas pendientes (solo se conoce lo que las empresas reclaman en 44 de los 96 casos abiertos) le podría significar pérdidas adicionales por 49.626 millones de dólares a América Latina y el Caribe.
Realidad tan contundente como dramática de un combate desigual institucionalizado como verdad única y universal. Como si en el ring, dos actores (un boxeador y el árbitro) se pelearan, juntos, contra el otro boxeador, vapuleado por los golpes a que recibe a cuatro manos.
Somos TRAMAS que como hilos en una tela enlazan la producción académica con los procesos de luchas y transformaciones que buscan una sociedad más justa para América Latina y el Caribe. Y somos REDES porque promovemos el encuentro de estudios sobre diferentes temas abordados desde diversas perspectivas para mantener un debate permanente sobre las numerosas amenazas y los complejos problemas que asedian a nuestras sociedades. TRAMAS y REDES que generan las condiciones para el diálogo entre académicos, responsables de políticas públicas y actores de movimientos y procesos sociales, para construir horizontes alternativos.
Autoras(es): Karina Batthyány [Directora]
Verónica Gago. Raquel Gutiérrez Aguilar. Soledad Álvarez Velasco. Amarela Varela-Huerta. Luna Follegati. Pierina Ferretti. Eduardo Enrique Aguilar. Sandra Rátiva Gaona. Ana Laura Cafaro Mango. Marco Antonio Bin. Antonio Romero Reyes. Francisco Pucci. Soledad Nión. Valentina Pereyra. Luisa Fernanda Tovar Cortés. Gisela Catanzaro. Mónica Bruckmann. Theotonio Dos Santos. José C. Valenzuela Feijóo. Orlando Caputo Leiva. Roberto Pizarro Hofer. Denih Monsiváis. Carlos Pástor Pazmino. María Muro. [Autoras y Autores de Artículo]
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2494&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1651
La vida en sociedad se basa, al menos aparentemente, sobre una contradicción. Nuestra supervivencia como sociedad y también como especie está estrechamente vinculada a la interdependencia tanto entre los seres humanos entre sí, como entre éstos y otros seres vivos como las plantas y los animales. Esta interdependencia, sin embargo, es negada por las formas de vida concretas de las sociedades contemporáneas, casi todas ellas estructuradas sobre profundas desigualdades sociales y basadas en la ideología del excepcionalismo humano. En vista a ello, el nuevo campo de estudios que definimos como convivialidad-desigualdad pretende llenar este vacío mediante la construcción de un marco teórico-analítico y del desarrollo de estudios empíricos correspondientes, en el que se puedan investigar en toda su extensión los nexos inseparables entre la diferencia, la desigualdad y la coexistencia entre los seres humanos entre sí, así como entre éstos y otros seres vivos. La articulación de estas dos nociones, desigualdad y convivialidad, constituye la base de la colaboración interdisciplinaria que se lleva a cabo en Mecila. Desarrollados en varios campos temáticos, los estudios sobre convivialidad-desigualdad en el Centro ofrecen una plataforma abierta para la innovación en la cooperación interdisciplinar en el amplio campo de las humanidades, las ciencias sociales y en diálogo con las ciencias naturales. El presente libro inaugura la serie de publicaciones que consolida la cooperación entre Mecila y CLACSO y busca ofrecer al público hispanohablante una introducción cualificada a los estudios sobre convivialidad-desigualdad.
Autoras(es): Arjun Appadurai. Sérgio Costa. Tilmann Heil. Fernando Baldraia. Nilma L. Gomes. Encarnación Gutiérrez Rodríguez. Maya Manzi. Peter Wade. Claudia Briones. Ramiro Segura. João José Reis. Raquel Rojas Scheffer. Gabriel Feltran. [Autoras y Autores de Capítulo]
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2507&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1651
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Entidad por la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones unidas (ONU Mujeres) impulsaron la convocatoria de becas para equipos de investigadoras y activistas denominada “Feminismo y ambiente. Un campo emergente en los estudios feministas en América Latina y el Caribe”. Dicha convocatoria es la que da origen a esta publicación. Las propuestas de investigación seleccionadas tuvieron el propósito de: • Elaborar un estado del arte desde una perspectiva analítica crítica que resalte la producción latinoamericana y caribeña en diálogo con la mundial. • Elaborar un estado del arte desde una perspectiva analítica crítica que releve la práctica de las organizaciones feministas de base vinculada a ambiente, uso de recursos, buen vivir, desarrollo sostenible, etc. • Elaborar un mapeo de las organizaciones feministas vinculadas a ambiente, uso de recursos, buen vivir, desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
Autoras(es): Karina Batthyány. Cecilia Alemany. Karen Lorena Romero Leal. Diana María Suaza Correa. Fany Kuiru Castro. Carolina Gonzaga González. Ana Daniela González Muñoz. Amada Inés Rubio Herrera. María de la Luz Delgado Gómez. Lisset Coba. Mónica Maher. Sofía Zaragocín. Ivette Vallejo. Lígia Amoroso Galbiati. Leila da Costa Ferreira. Márcia Maria Tait Lima. Renata Barbosa Reis. Renata Moreno. Johana Trujillo Terán. Tatiana Carolina Gómez Duque. Juan Carlos Guerrero Bernal. Freddy Eduardo Cante Maldonado. María Camilla Méndez. [Autoras y Autores de Capítulo]
Desde la década del noventa hasta la actualidad, se han desarrollado en el ámbito educativo formas de privatización cada vez más complejas y amplias, que han llegado incluso al extremo de considerar a la educación como un servicio comercial en diversos tratados de libre comercio y en la Organización Mundial de Comercio. Estos procesos han provocado que el mercado y el sector económico tengan cada vez más injerencia en el sistema educativo en general, y en el superior universitario en particular. América Latina y el Caribe constituyen una de las dos regiones del mundo donde la educación superior se encuentra más privatizada: dos de cada tres universidades son privadas y, desde hace una década, la cantidad de estudiantes que se gradúan en el sector privado supera a la del público. Este libro desarrolla y analiza algunas tendencias y dimensiones de los procesos de privatización en el sistema universitario de la región.
La colección Que se pinte de pueblo es una serie de libros breves que nos invita a repensar y cuestionar a la Universidad latinoamericana inmersa dentro del contexto histórico-social actual.
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2501&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1648
En la región de los Valles Calchaquíes, rodeadas por los cerros de Chicoana (Salta), más de 250 personas indígenas inauguraron hoy el Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres Indígenas y Diversidades por el Buen Vivir.
A 50 kilómetros de la capital provincial, representantes de más de 20 naciones originarias -la mayoría del territorio argentino, pero también hermanas procedentes de Bolivia, Perú y México- se reúnen hasta el miércoles 25 de mayo. El objetivo del encuentro: compartir experiencias de sus territorios y construir una agenda común con el eje de la lucha contra el terricidio y la abolición del chineo, la violación a niñes indígenas por parte de criollos.
Muchas de las personas que participan del encuentro vienen trabajando desde hace dos años con el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir -quien convocó al Parlamento- en una campaña para difundir este abuso implantado desde la colonización, que se declare imprescriptible y crimen de odio. En la actualidad, la práctica tiene mayor arraigo e impunidad en el norte de Argentina, por eso se eligió este lugar para el encuentro. Pero también porque Salta es una de las provincias con mayor diversidad étnica: hay más de 14 de los 35 pueblos naciones indígenas de Argentina.
La primera jornada del Parlamento comenzó con una ceremonia conducida por las autoridades espirituales de cada nación indígena. Alrededor del fuego, se agradeció a la madre tierra y a lxs ancestrxs por poder estar reunidxs, se realizaron ofrendas y se elevaron cantos en distintas lenguas. Se trata del 3er. Parlamento de Mujeres Indígenas (el primero fue en 2015 en Ensenada, Buenos Aires, y el segundo en Las Grutas, Río Negro) y el primero que abraza de manera explícita a la diversidad sexual.
Tras compartir el desayuno, la weychafe (guerrera) mapuche Moira Millán, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, dio la bienvenida y agradeció a todas las personas que hicieron posible el encuentro.
Y resaltó que sabía que no sería fácil hacer este Parlamento en Salta, un lugar históricamente discriminatorio con la diversidad. Sin embargo, la mayoría de las personas que asisten provienen de esta provincia y de su vecina Jujuy. También aclaró que la gran mayoría de las mujeres indígenas aquí presentes no se identifican como feministas “sino como antipatriarcales”.
Luego las hermanas formaron una gran ronda para presentarse y contar sobre sus territorios y culturas de procedencia. Al Parlamento llegaron hermanas de las naciones Quechua, Wichi, Qom, Diaguita, Charrúa, Mapuche, Moqoit, Tapiete, Ava Guaraní, Chorote, Chulupí, Chané, Weenhayek, Simba Guaraní, Guaycurú, Lule, Diaguita Calchaquí, Purépecha y Huarpe.
«Soy enfermera. Soy traductora. Soy docente. Soy artesana. Soy técnica en desarrollo indígena. Soy de la asamblea de mi comunidad. Soy guardiana de semillas. Soy guardiana de territorios. Soy guardiana del arte textil. Soy comunicadora. Soy cantora», fueron algunas de las formas cómo se presentaron.
–He nacido para cantar y transmitir las energías de mis abuelos. Vengo a los territorios a entregar parte de eso, dijo una hermana llegada desde Bolivia.
–Soy una persona trans y dos espíritus, vengo de Chile representando a nuestros ancestros.
–Soy trans y mapuche. Nosotras también somos indígenas y voy a resistir en donde sea, en el territorio que lo necesite.
–Gracias por incluir a la diversidad en este parlamento. Existimos y resistimos.
–Venimos a curar nuestras matrices como mujeres y nuestra alma, dijo una hermana kolla.
–Vengo porque hemos sufrido muchos hechos de violencia.
–Quiero recordar que las mujeres organizadas podemos mucho y ser una voz de lucha contra todo lo que pasa.
–Vengo de Salta, una provincia que nos intenta enmudecer. Pero acá las mujeres tomamos el mando y la voz, y esa es la fuerza que les queremos transmitir a ustedes.
–Estamos acá porque queremos que nuestras voces sean escuchadas en todo el mundo para que podamos salir adelante.
–Venimos para unir nuestras voces, nuestro pensamiento y nuestra energía espiritual para luchar por los mismos objetivos.
“Soy Pía, orgullosamente travesti, orgullosamente indígena. Vengo a decir basta de chineo y de violencia a nuestras compañeras trans. Gracias por estar acá y por el afecto. Con nuestras ancestras en el corazón. Las travestis nos sumamos a la lucha contra el territorio”, dijo la activista travesti y afroindígena salteña Pía Ceballos.
Día de la lucha global contra el terricidio
Tras el almuerzo, las hermanas se juntaron para la primera reunión plenaria donde fueron tomando la palabra, en castellano, pero también en distintas lenguas originarias, para contar qué significa ser una mujer o disidencia y defender el territorio. Allí se habló sobre el avasallamiento a los derechos básicos, así como la represión por parte de los estados al defender sus comunidades de los avances extractivistas.
“Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas decidimos usar la palabra terricidio porque es más abarcativa que ecocidio. Se trata no solo del asesinato de la naturaleza sino también de la destrucción de nuestros espíritus y nuestros cuerpos” dijo Evis Millán, hermana mapuche. Desde hace tres años se instauró el 22 de mayo como el día de lucha global #BastaDeTerricido.
“En el norte estamos luchando contra los agrotóxicos. Vivimos rodeadas de plantaciones de soja. Estamos cerca de la pista donde cargan el veneno. Nos han arrinconado. Estamos enfermando”, dijo Nancy López, cacica, comunicadora de la radio La Voz Indígena y perteneciente al pueblo Weenhayek.
El Parlamento sigue hasta el miércoles 25 de mayo con talleres -entre ellos, uno de Comunicación que coordina Agencia Presentes-. “El liderazgo es telúrico y es indígena”, dijo Millán. Y una de las hermanas resaltó: “Cuando las mujeres estamos convencidas de llevar adelante una lucha no nos importan las fronteras”.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!