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La basificación en Media Superior y la mal llamada revalorización del magisterio

Por: Abelardo Carro Nava

«A nivel nacional ha crecido un malestar magisterial de importantes magnitudes de maestras y maestros adscritos a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).»

Recuerdo que, en mayo de 2018, en Guelatao, Oaxaca, el eterno candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó con bombo y platillo los 10 compromisos por la educación en México; específicamente, el compromiso 6, señalaba lo siguiente: “Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de las facultades del ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional. Habrá justicia para todos los afectados por la imposición de la mal llamada reforma educativa. Habrá justicia para cesados injustamente, para presos políticos y para víctimas de violencia. Asimismo, enviaremos desde el inicio de gobierno las iniciativas de reformas a las leyes que vulneren la dignidad y los derechos de los maestros de México” (AMLO, 2018).

Sin duda, estas palabras y estos compromisos, calaron hondo en el sentir de buena parte del magisterio nacional pues, como se sabe, la mal llamada reforma educativa, impulsada por el Pacto por México y aprobada en 2013, trajo consigo una serie de afectaciones laborales y profesionales en diversos sectores magisteriales al aplicar una evaluación, a todas luces, punitiva, pero también, un mecanismo “clasificatorio” de ingreso al Sistema Educativo Nacional (SEN), cuya responsabilidad recayó en la extinta Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). Buenos dividendos políticos parecía que tendrían estas palabras expresadas por quien, en su momento, representaba un cambio y una esperanza de transformación.

No obstante, lo anterior, del 2015 al 2019, buena parte del magisterio, y los aspirantes a ingresar al SEN, jugaron con las cartas que la CNSPD les puso sobre la mesa; es decir, derivado de la emisión de diversas convocatorias para el ingreso, promoción y permanencia, los participantes, por voluntad propia u obligada (en el caso de la permanencia), se dieron a la tarea de cumplir con los requisitos que en éstas se estipulaban; obviamente, los resultados obtenidos por éstos, dieron paso a una “clasificación” que he criticado reiteradamente: “idóneos y no idóneos”, sea lo que eso haya significado para la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su momento porque, desde mi perspectiva, no hay maestras y maestros de primera, segunda o tercera categoría, son maestras y maestros y punto. En fin.

De la emisión de dichos resultados, se fueron gestando diversas problemáticas que, hasta nuestros días, siguen lastimando a quienes, tanto en 2018 como en 2019, se dijo serían revalorizados porque, por donde quiera que se mire, en el aire ha quedado esa vaga idea de que, a través de las “facultades del ejecutivo, se detendrían las afectaciones laborales y administrativas que sufría el magisterio nacional”. Para muestra un botón.

En los últimos días del mes de agosto de este año, y en lo que va del mes de septiembre, a nivel nacional ha crecido un malestar magisterial de importantes magnitudes; se trata de las maestras y maestros adscritos a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en diferentes planteles, quienes se han manifestado en prácticamente toda la República Mexicana, para demandar al Gobierno Federal la basificación que por propio derecho les corresponde. En Tlaxcala, en Aguascalientes, en Durango, en Puebla, en fin, como decía, en prácticamente cada rincón del país, se ha hecho visible esta demanda que hoy día, sigue sin ser atendida.

¿Cómo explicar a las maestras y maestros que, después de haber cubierto todos los requisitos establecidos en una convocatoria para el ingreso a educación media superior, de haber realizado un examen para dicho ingreso, de haber obtenido un lugar para una plaza definitiva (código 10) de acuerdo a las listas de prelación, de haber sido evaluados después del tiempo señalado y de haber obtenido los puntajes para que esa plaza definitiva fuera una realidad, hasta este momento, no se haya concretado tal hecho?, ¿no es este un claro estado de indefensión de los trabajadores de la educación cuando, después de varios años, sigue sin ser atendida la demanda que por propio derecho les corresponde?, ¿cuál ha sido el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ante este hecho porque, indiscutiblemente, poco o nada ha hecho para que se resuelva a favor de los afectados y, mucho menos, ha fijado un posicionamiento claro ante el atropellamiento de sus derechos laborales y profesionales?

Y si esto no fuera suficiente, el pasado 16 de mayo del año en curso, en reunión entre varios funcionarios de la SEP y del SNTE, en las oficinas de República de Argentina en la Ciudad de México, se firmó la Minuta de acuerdos con motivo de la revisión del pliego nacional de demandas 2022 del personal docente, no docente, y personal de apoyo y asistencia a la educación de los Subsistemas de Educación Media Superior y Superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública Federal, celebrada entre la Secretaría de Educación Púbica Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Minuta que, particularmente, en lo relativo a la Relación y Desarrollo Profesional, Acuerdos 23 y 25, se señala: ACUERDO 23: “Se dará cumplimiento al numeral 26 de la Minuta 2021, que a la letra dice: “La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, establecerán, en un plazo no mayor a 30 días, una mesa de trabajo en la que la SEP, presentará un diagnóstico sobre los casos documentados del personal docente de los subsistemas homologados y que se ubiquen entre 18-19-20, 28-29-30 y 38-39-40 hora-semana-mes, con nombramiento definitivo (código 10) o provisional en plaza sin titular (código 95), en apego al marco normativo vigente y que sean objeto de compactación de plazas, así como su impacto presupuestario, para que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones ante las instancias correspondientes”. ACUERDO 25: “La Secretaría de Educación Pública una vez que obtenga la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará continuidad al proceso permanente de basificación, para que en un plazo que no exceda el mes de agosto del presente año, se otorguen los nombramientos definitivos (C-10) al personal que cuente con los requisitos establecidos en la ley, dando el seguimiento a los trabajos con la organización sindical. A partir de la regularización del analítico de plazas y basificación del personal correspondiente, se reconocerán, desde la fecha de ingreso a los Subsistemas de Educación Media Superior, los derechos a la antigüedad y cualquier otra prestación asociada a los años de servicio”.

La fecha claramente señalada y signada por las partes que en ese documento se observan, claramente ha sido rebasada o superada; es decir, el mes de agosto de este año ha terminado y, en lo que va de septiembre, no se han otorgado los nombramientos definitivos (C-10) al personal que le corresponde, repito, por derecho propio, dado que obtuvo su plaza después de haber cumplido en tiempo y forma con los procesos que la autoridad educativa estableció para este propósito.

Lo lamentable de este asunto, es la poca o nula sensibilidad que han tenido las autoridades educativas y gubernamentales ante este atropello porque, las maestras y maestros sujetos a un Código 95 (provisional en plaza) que, desde el 2015 hasta la fecha no han sido regularizados para obtener el Código 10, padecen los estragos de una contratación y recontratación cada 6 meses (aunque para efectos prácticos de entendimiento se realiza cada 5 meses y 15 días) que, jurídicamente, no les permite solicitar su nombramiento definitivo pues, como sabemos, éste se da una vez transcurridos los 6 meses y 1 día. Y bueno, si esto no parece ser tan grave, hay que señalar que los pagos por el trabajo que vienen realizando en sus respectivos planteles escolares, los reciben cada 6 meses o cada año, y no cada 15 días como tendrían que recibirlos.

¿Acaso la autoridad no piensa que, de estas maestras y maestros, dependen económicamente sus familias?, ¿acaso la autoridad educativa no considera que, estas maestras y maestros, también se alimentan, tienen necesidades médicas u otras relacionadas con su vivienda?, ¿acaso la autoridad educativa es ciega para no ver que dichas maestras y maestros, tienen que comprar material didáctico para el desarrollo de sus clases porque en sus instituciones educativas no cuentan con él ni con la infraestructura suficiente para los propósitos educativos que persiguen? En fin, ¿acaso la autoridad educativa no piensa, siente y comprende?

Finalmente, resta señalar, que hay denuncias públicas por presuntos actos de corrupción ligados a Rafael Sánchez Andrade, al parecer, cesado de la DGETI a partir del 16 de agosto de este año; en caso de comprobarse la asignación irregular de plazas y otros actos indebidos en su gestión, bien harían las autoridades educativas y las competentes, fincar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar pues, como reiteradamente lo ha señalado el presidente de nuestro país, no mentir, no robar y no traicionar, es un acto de buen gobierno.

Sin duda, éstas son palabras sabias, solo que también es un acto de buen gobierno, el cumplir con todo lo que significa revalorizar al magisterio, no solo en discursos, sino en hechos que, por ejemplo, lleven a obtener su nombramiento definitivo a las más de 5000 maestras y maestros adscritos a la DGETI.

¿Por fin se hará efectiva la mal llamada revalorización del magisterio o fue una simple promesa de campaña?

Al tiempo.

Referencias:

Fuente de la información: https://profelandia.com

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México: Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la SEP

Por: Erick Juárez Pineda

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha designado a Leticia Ramírez Amaya como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez Álvarez, quien se retira para buscar por segunda vez la gubernatura del Estado de México

Durante la conferencia de prensa de este 15 de agosto, López Obrador explicó que Ramírez Amaya estuvo más de 12 años frente a grupo y que tiene más de 28 años de trabajar con ella.

Leticia Ramírez Amaya se desempeñaba como directora de Atención Ciudadana del Gobierno Federal. Desde el año 2000, fue responsable de la oficina de atención ciudadana, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno del Distrito Federal., cargo en el que continuó hasta 2012.  Entre 2012 y julio del 2018 fungió como asesora de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX hasta que se incorporó al gobierno de AMLO.

Es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y tiene estudios de antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También fue líder sindical de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Como directora de Atención Ciudadana del Gobierno Federal, ha negociado con diversas fracciones de la CNTE, el SNTE y diversos sindicatos estatales.

A partir de este lunes, iniciará el proceso de entrega-recepción de la SEP.

Fuente de la información e imagen: https://www.educacionfutura.org

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Prioridades de política educativa de la 4T: ¿cómo vamos a medio camino de la administración de AMLO?

Por: María Mercedes Ruiz Muñoz/Arcelia Martínez Bordón/Alejandra Luna Guzmán

Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ

Departamento de Educación Universidad Iberoamericana Ciudad de México


El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente

En el marco del séptimo Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ, el pasado 20 de mayo tuvo lugar una mesa de diálogo en la que se discutieron las prioridades de la política educativa de la actual administración, autodenominada 4T. En el seminario estuvieron presentes Emilio Blanco, investigador del Colegio de México, Jimena Hernández, académica del INIDE de la Ibero CDMX, y Arcelia Martínez, investigadora del Departamento de Educación de la Ibero CDMX. La moderación estuvo a cargo de Mercedes Ruiz, también investigadora del Departamento de Educación de la Ibero CDMX.

El interés de este seminario se centró en el planteamiento de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, a partir de su presentación en la conferencia Matutina del 26 de abril del presente año, en la que habló de los cuatro ejes de la política educativa: i) brindar mejores condiciones laborales al magisterio; ii) la implementación de programas y contenidos temáticos; iii) la dotación de becas para estudiantes, y, iv) la mejora de la infraestructura de los centros educativos con el programa La Escuela es Nuestra (https://www.youtube.com/watch?v=oHV0ybTDHU4).

Ante esta perspectiva, Emilio Blanco señaló que no hay agenda educativa en México más allá de la del presidente, que se configuró a partir del fracaso rotundo de la Reforma Educativa 2013, en conjunto con una desconfianza patente hacia las instituciones. Para Blanco, estos cuatro ejes no representan en realidad una política educativa que atienda los graves problemas en la educación, vinculados con los aprendizajes, las desigualdades y las brechas tecnológicas, y más bien persiste una tendencia a la desaparición, modificación o reducción de programas e instituciones, como es el caso de las Escuelas de Tiempo Completo que, de acuerdo con lo que reportan las investigaciones, resultaban bien evaluadas. Las acciones de política, dijo, parecen seguir un posicionamiento de anticorrupción que busca eliminar intermediarios y que la sociedad se autorregule.

Por su parte, Jimena Hernández también puso en duda la existencia de una política pública que atienda un problema en el campo de la educación. Subrayó la importancia del rastreo histórico de donde surgen los planteamientos actuales, y que ha resultado en que cada administración pública pretenda dejar su propia huella y no atender realmente los problemas educativos de fondo. A manera de ejemplo, señaló la exclusión de los profesores de inglés, que no cuentan con plaza como tal y que hoy están a la espera de que lleguen recursos para su pago correspondiente. Hernández dijo que la alianza que estableció AMLO con el magisterio claramente lo posicionó en la presidencia de la República. Ello determinó que la discontinuidad ya constante fuera aún más profunda en este sexenio, con el cierre de instituciones y la construcción discursiva que implicó incluso eliminar palabras vinculadas con la narrativa neoliberal.

Por su parte, Arcelia Martínez señaló que estamos asistiendo a una nueva forma de hacer política y que se enfrentan enormes retos educativos. De los cuatro ejes prioritarios, tres, dijo, tienen que ver con la transferencia directa de recursos (becas, aumento a salarios y PLEEN), lo cual nos habla de una política electoralmente rentable. En este sentido, señaló, la agenda política está por encima de la agenda educativa. Dijo, además, que la política educativa es simplista o reduccionista, pues no se parte de un diagnóstico de los problemas prioritarios del Sistema Educativo Mexicano, en particular aquéllos relacionados con el rezago educativo y el rezago de aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En el seminario también se hizo alusión al nuevo planteamiento del Marco Curricular, cuestionando qué tanto debiera hacerse en este momento de crisis, agravado por la pandemia, toda vez que faltan dos años para el cierre de esta administración.

Ante un contexto postpandémico que cada día revela más impactos negativos en el rezago educativo y de aprendizajes y en el incremento de la deserción escolar, sin dejar de lado la posible postulación de la secretaria para contender por la gubernatura del estado de México, cabe preguntarnos varias cosas: ¿Es la educación una prioridad? ¿Qué tanto la transferencia directa de recursos (a escuelas y familias) puede abonar a resolver la crisis educativa que atravesamos? ¿Cómo podemos involucrarnos más como académicos e involucrar más a la ciudadanía para evidenciar el divorcio que existe entre la agenda de gobierno en materia de política educativa y la búsqueda de soluciones integrales?

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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México: la CNTE retoma la lucha por la defensa de los derechos laborales en Chiapas este 14 y 15 de julio

Por: Fernando David García Culebro

En el marco de la jornada nacional convocada por la CNTE, para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el cumplimiento de los acuerdos firmados con la CNUN, la CNTE en Chiapas, vuelve a una jornada de lucha este 14 y 15 de julio.

“Exigimos al mandatario nacional cumplir con su promesa de campaña, donde dijo que de la Reforma Peñista, no quedaría ni una coma y la abrogaría totalmente”, puntualizó José Luis Escobar Pérez (Pavel Guevara), miembro del comité ejecutivo en la comisión de Educación Alternativa para Chiapas.

Asimismo, instamos al Gobierno Federal y Estatal, “dar operatividad inmediata a las dos cajas de ahorro del magisterio democrático chiapaneco, injustamente congeladas durante la pandemia, exactamente cuando más las han necesitado los y las trabajadoras de la educación”, agregó Escobar Pérez.

Quien señaló además que, “el decreto con que  justifica el gobierno estatal y federal dicha inoperatividad de las dos cajas de ahorro, tiene una evidente tendencia política y de arrodillamiento del magisterio. Toda vez que, las instituciones financieras privadas ya se encuentran en actividad y sin problemática alguna”.

La CNTE, de igual forma, exige el descongelamiento de las plazas de 33 dirigentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que no perciben salario desde mucho antes de la pandemia.

En un comunicado, la sección 7 complementó qué, la cadena de cambios de la USICAMM, es un atraco a los derechos laborales, sindicales y profesionales del Magisterio.

Denuncian que, «los propios participantes en el proceso manifiestan abusos e irregularidades desde el registro de su solicitud, pues todo debe hacerse desde la página de la USICAMM. En la relación de solicitantes (antes escalafón), no se publica la antigüedad en el servicio, lo que da lugar a libre albedrío de los funcionarios para acomodar a sus recomendados», menciona el comunicado.

Fuente de la información e imagen:  CNTE, sección 7 de Chiapas.

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La CNTE y el presidente

Por: Carlos Ornelas

Es difícil entender los elogios que el presidente López Obrador lanza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con todo y que sus voceros le tiran piedras, critican —por neoliberal, dicen— su política hacia la educación y su proyecto querido de transformación curricular y nuevos libros de texto.

En definitiva, la CNTE no va con la cuarta transformación.

Por ejemplo, la sección XVIII, de Michoacán, mantiene un plantón —desangelado, pero permanente— frente a la Secretaría de Educación Pública desde hace casi un mes y ayer marcharon al zócalo para “exigir” 100% de incremento al salario y respuesta tangible a sus demandas, como basificación de mil 200 maestros interinos, designados por los líderes, no por las autoridades, además de los miles que ya obtuvieron su plaza por el éxito en la movilización de la CNTE.

Sin embargo, el presidente les manda saludos y abrazos. Incluso, elogia a los maestros emblemáticos de la Coordinadora. Por ejemplo, en la ceremonia del día del maestro del 15 de mayo pasado, el presidente expresó: “Aquí hacemos también un reconocimiento al maestro Lucio Cabañas y al maestro Othón Salazar”. ¿Quién sabe por qué no encomió a Genaro Vásquez cuyo cartel con metralla en mano acompaña toda manifestación de la CNTE? Tal vez se le olvidó o quizá, en su visión, algo tenía de conservador o neoliberal el maestro guerrillero.

En la misma ceremonia del mes pasado, el presidente respondió con ofertas de incremento salarial y de adición de una UMA por año a los límites de pensiones que le solicitó —con alabanzas— Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero no le echó las flores que le dedicó a la CNTE.

Dos citas muestran ese apego. La primera, cuando daba respuestas al SNTE: “Muchas gracias a los dirigentes de la CNTE, que es una organización magisterial caracterizada por la defensa de la educación pública y de la democracia”.

La segunda, después del aplauso al magisterio. “Y agradezco también a los dirigentes y a todos los que pertenecen a la CNTE, porque hemos llegado a acuerdos. Y hay que reconocerles a ellos que, en los momentos más difíciles, cuando estaba en su apogeo el neoliberalismo, cuando estaban queriendo privatizar la educación, ellos estaban en la calle luchando y protestando”.

Parece que, con sus palabras, el presidente premia —y hasta encomia— las acciones de la Coordinadora en el pasado. Pero no entiendo el panegírico que les emite, cuando sus dirigentes no cejan de criticarlo; incluso con insultos.

Y más, porque de forma abierta rechazan el “Marco curricular común y plan de estudios” que propone su gobierno, propagandiza la SEP y lidera Marx Arriaga. Vamos, ya hasta le recortaron el calendario escolar en sus territorios.

Mis instrumentos de análisis no me dan caletre suficiente para entender los loores del presidente a quienes lo zahieren. Tal vez un discípulo de Freud pudiera explicar ese amor no correspondido.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-cnte-y-el-presidente/

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El sector educativo en tiempos de la 4T. Estampas de la precariedad

Publicado en: Profelandia

Por: Columna ‘Cortocircuitos’

«En el fondo de toda esta situación de precarización generalizada que va más allá de lo estrictamente laboral, se erige una concepción, un modelo y un modo distinto de concebir el trabajo.»

Los trabajadores del sector educativo fueron de los que más apoyaron para que AMLO y Morena llegaran a ser gobierno. Tres años después, los hechos demuestran que el magisterio no ha recibido un trato precisamente digno, tampoco una solución rápida y efectiva a sus demandas, las cuales por cierto se acumulan.

Quien piense que los problemas provocados por todas las reformas educativas anteriores son cosa del pasado, se equivoca rotundamente; ahí están las múltiples protestas de diferentes grupos para recordárnoslo.

Tal vez la mayor diferencia entre las protestas de antes de AMLO y las de ahora, es que los motivos, los repertorios de protesta y los grupos movilizados no son únicamente los de la CNTE; la perspectiva que reducía los conflictos a dos bandos -SNTE o CNTE vs. Gobierno-, es insostenible. Por otra parte, y esto sí que es característico de la 4T, es la intención de minimizar e incluso invisibilizar estas luchas; a juzgar por las marchas, plantones, peticiones en plataformas realizadas por parte de docentes y trabajadores de educación básica, media y superior, se pretende tapar el sol con un dedo.

Esta vez nos interesa detenernos un poco en este asunto, echar una ojeada a las resistencias en sector educativo, a ese conjunto de luchas minimizadas, invisibilizadas y silenciadas, o al menos eso es lo que quisiera el autodenominado gobierno de la cuarta transformación.

¿Quiénes protestan, por qué protestan y cómo lo hacen? ¿Qué tienen en común los profes de los CADI, UBBJ, Proni, UNAM?  Pareciera que nada, quizá entre los mismos grupos movilizados existe la idea de que son iniciativas aisladas, desarticuladas, locales, atomizadas. En realidad, y así es como lo vemos, tienen mucho en común, más de lo que suponemos o alcanzamos a mirar; veamos por qué.

Estampas de la precariedad

  1. Los docentes de CAED. Según información oficial, existen en el país alrededor de 300 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), adscritos a distintos subsistemas de educación media. Constituyen una opción educativa de bachillerato no escolarizado para personas con discapacidad motriz, auditiva, visual y psicosocial. Las inscripciones están abiertas todo el año, son gratuitas, no se requiere examen de admisión y no hay límite de edad para incorporarse (http://sems.gob.mx/es_mx/sems/bnned_bachillerato_no_escolarizado_personas_discapacidad). Desde 2018, diversos medios han dado cobertura a las protestas y denuncias de los docentes de los CAED debido al retraso de hasta cinco meses en el pago de sus salarios (Tras protestas, la SEP promete cubrir adeudos con los CAED a más tardar el 20 de mayo).

Con la 4T, la situación no ha mejorado, todo lo contrario. Las Reglas de Operación (RO) del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, ejercicio fiscal 2019, publicadas en la administración de Esteban Moctezuma Barragán, los docentes pasaron a ser identificados como asesores educativos, figura solidaria que recibe un apoyo económico (ojo, NO SALARIO), el cual está condicionado a las necesidades de operación y a la suficiencia presupuestal, consigna que aparece en todos los programas de política educativa actuales.

En marzo de 2019, a cien días del inicio del gobierno de AMLO, Maestros de escuelas para alumnos con discapacidad protestan en Palacio Nacional para exigir mejores condiciones laborales y administrativas; luego en octubre del mismo año, Realizan marcha para exigir recursos para CAED. En agosto de 2021, regresaron a clases presenciales con un adeudo de dos meses de salario (Sin contrato, regresan a clases maestros de estudiantes con discapacidad); en noviembre pasado, impulsaron una campaña de denuncia en redes sociales por el enésimo retraso en el pago del trabajo ya realizado  (https://twitter.com/Marod0/status/1466194882511343621?s=20). Los docentes de los CAED han protestado ante diversas autoridades y dependencias estatales y federales, han acudido a Palacio Nacional, han interceptado al presidente demandándole que no haya recortes al programa.

  • Teachers PRONI. Los profesores de inglés que trabajan en las escuelas públicas son contratados con recursos del Programa Nacional de Inglés (PRONI) como asesores externos. En agosto de 2018, Educación Futura publicó un artículo en el que se advertía sobre las deplorables condiciones en las que trabajan los teachers, así como sus efectos.  Con base en entrevistas y grupos de enfoque realizados en Guanajuato con maestros de inglés en nivel básico en junio de 2018, la autora comenta que los mismos maestros señalan que no son considerados como parte de la planta docente, no cuentan con un salón de clases asignado, no son invitados a los Consejos Escolares, ni a cursos de actualización, reciben escaso o nulo apoyo por parte del personal directivo y administrativo en sus escuelas, tampoco son invitados a las fiestas del día del maestro y de cierre de año (La (triste) situación de los maestros de inglés en el sistema público mexicano).

Con la llegada del gobierno de la 4T, este tipo de contratación y sus nefastas consecuencias, no ha cambiado un ápice. A ello se suma la constante amenaza de adoptar programas autoadministrables, lo que haría prescindibles a los teachers. Trabajar por contrato significa que carecen de prestaciones, se les paga únicamente las horas frente a grupo (Maestros PRONI: una reivindicación laboral pendiente). Los gobiernos van y vienen, pero ellos continúan trabajando en las mismas condiciones.

Frente a este panorama, han organizado un movimiento nacional denominado Teachers PRONI haciendo camino (Se unen teachers de todo el país en pro de la basificación). Sus demandas centrales son la regularización del pago de sus salarios y la basificación de todos los docentes. Recientemente, realizaron una manifestación en Acapulco Guerrero (Se manifiestan maestros de inglés en la capital; exigen basificación), levantando la voz para exigir su cumplimiento.

  • Profesores de asignatura UNAM. Con el pretexto de su tercer informe de gobierno, el uno de diciembre pasado AMLO convocó a un acto masivo para hacer una demostración de fuerza. Al día siguiente, contingentes de docentes de la UNAM se apersonaron en la mañanera para protestar por diversos motivos, echándole a perder al presidente el buen sabor de boca que seguramente le quedó luego de ver el zócalo repleto ( Maestros de la UNAM protestan en centro histórico de CdMx)

Los docentes de asignatura y adjuntos, agrupados en el movimiento #UNAMnoPaga, denunciaron desde el inicio del 2021, que en plena pandemia no les pagaban, que les entregaron cheques por la cantidad de 2 pesos, hubo retiro de prestaciones a más de treinta mil maestros de asignatura y salarios miserables. Del 23 de marzo al 24 de mayo, 22 planteles se fueron a paro en apoyo a este movimiento cuya principal demanda era la regularización en los pagos de la planta docente. No faltaron las represalias: 10 profesores de la FES Acatlán fueron despedidos luego de participar en el movimiento, y acusaron al director de emprender una campaña en su contra (Maestros de FES Acatlán acusan despidos tras paro)

  • Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ). Los despidos masivos, disminución de salarios, sobre carga de trabajo, cero prestaciones, retraso en el pago de salarios, entre otras problemáticas, ha sido denunciada una y otra vez por los mismos docentes afectados de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ). Prácticamente desde el inicio de este programa estrella de la 4T, esta ha sido la tónica; más detalles sobre la situación, pueden consultarse en los Cortos que hemos escrito sobre el tema ( La sargenta Raquel Sosa y Las falsas promesas de las Universidades del Bienestar) Los afectados han sostenido diversas reuniones virtuales, convocado a conferencias de prensa para plantear su situación; recientemente formaron la  Asamblea de trabajadores de UBBJ por los derechos laborales, espacio en el que mantienen contacto entre sí, circulan información y denuncian atropellos.
  • Personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE). Hace unos días, Profelandia publicó un artículo sobre el personal de apoyo y asistencia a la educación. A través de la descripción de tres casos, el autor muestra la situación por la que atraviesan estos trabajadores: años trabajando por contrato de honorarios, bajo la promesa de obtener una plaza base, prestaciones, servicios médicos, en resumen, certeza laboral. Al mismo tiempo, secretarias y auxiliares administrativos trabajan en medio de la zozobra, algunos prestan sus servicios en el sistema educativo desde hace una década o más; cuando termina su contrato por honorarios, siempre existe la posibilidad de que sus contratos provisionales no sean renovados y en consecuencia, corren el riesgo de quedar desempleados. (El PAAE: en el cajón del olvido) La virtud del autor es que logra visibilizar una situación sobre la que prácticamente se conoce nada.
  • Telebachillerato comunitario. Desde hace un año, docentes de telebachillerato agrupados en el Frente único Nacional de Trabajadores de Telebachillerato (Funttbc) han realizado protestas de distinto tipo y alcance (Con bloqueos en la CDMX protestan trabajadores de Telebachilleratos comunitarios), sin faltar manifestaciones en Palacio Nacional para demandar una mesa de diálogo con quien fuera secretario de educación. Se han opuesto al cierre de cien planteles de telebachillerato en Chiapas, demandan basificación y recursos para contar con aulas y espacios de trabajo dignos. Las protestas han escalado a tal punto que, en junio de 2021, incendiaron llantas y se enfrentaron a la policía que protegía la puerta principal de Palacio Nacional. Han sostenido reuniones con diversas autoridades locales y federales, mismas que consideran poco productivas.
  • Directores comisionados. El 10 de diciembre de 2020, directores de primaria del estado de Guerrero se manifestaron para exigir la regularización de sus plazas y demandaron una mesa de diálogo con el gobernador; su presencia exigiendo la regularización de su situación, se hizo notoria en octubre de ese año. Los directores movilizados informaron que eran alrededor de 1000 profesores en esa situación, de los cuales 200 decidieron agruparse en el Frente de Directores Encargados del Estado de Guerrero (FEDEG), a fin de iniciar la batalla legal y la lucha política para poner fin a su irregular situación. En conferencia de prensa aseguraron que las claves de director y supervisor se entregan discrecionalmente a personas allegadas a los funcionarios en turno. Informaron también que hay por lo menos mil 700 directores federales y más de 800 estatales que no cuentan con clave de director, y por lo tanto perciben salarios por debajo de la mitad de lo que les corresponde. En noviembre de este año se plantaron en Paseo de la Reforma para exigir el nombramiento de directores a 258 personas que se desempeñan como directores encargados en escuelas de educación básica, realizan funciones directivas y asumen responsabilidades como tales, pero reciben un salario como docente frente a grupo.

Sectores distintos, demandas similares, precariedad común

Hemos descrito unas cuantas estampas, son solo algunas, la lista es bastante más larga, Sin embargo, son suficientes para realizar preguntas necesarias. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Muchas cosas: inseguridad laboral; carencia de prestaciones; salarios miserables, inversamente proporcionales a la cantidad de tareas y responsabilidades asignadas; pagos retrasados y a menudo reducidos; condiciones materiales de trabajo deplorables, en instalaciones prestadas; recortes presupuestales; despidos más constantes amenazas, veladas o abiertas, del término de contrataciones; desconocimiento laboral y desafiliación del sistema educativo; la figura de asesor como prestador de un servicio, se impone cada día más sobre la del docente que ya no es un profesional, mucho menos un trabajador con derechos y seguridad social.

En el fondo de toda esta situación de precarización generalizada que va más allá de lo estrictamente laboral, se erige una concepción, un modelo y un modo distinto de concebir el trabajo. Ahora se paga por trabajar, se compite entre iguales por migajas, se es afortunado si se tiene un trabajo, así sea mal pagado y esclavizante; además, el trabajo está en todas partes, nos acompaña hasta al baño, vivimos para trabajar y esta es una de las fuentes de tanto sufrimiento de nuestra sociedad.

La incertidumbre y la inseguridad, así como el miedo que provocan ambas, se nos presenta como único futuro posible para el que hay que prepararse. En realidad, no son parte de un destino inexorable que llegó de quién sabe dónde o surgió quién sabe cómo; son el fundamento sobre el que se erige y atiza la sobre explotación y en consecuencia, la precariedad del trabajo y la vida que hoy padecemos.


Publicado en Insurgencia Magisterial

Fuente: https://profelandia.com/el-sector-educativo-en-tiempos-de-la-4t-estampas-de-la-precariedad/

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México: Guardia Nacional encabeza lista de denuncias por violaciones a DDHH

Por: Emilia Macías

El presidente de la república prometió en campaña retirar al ejército de las calles. Cuando fue electo cambió de opinión y creó a la Guardia Nacional, una corporación integrada por militares y policías civiles ahora bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional “para evitar que se corrompa”, sin embargo, organismos de DDHH señalan que dicho cuerpo encabeza la lista de denuncias y quejas.

La Guardia Nacional fue creada en el 2019 con la justificación de «proteger y proporcionar seguridad» combatiendo los delitos en un país con altos índices de violencia. Ya no son “el ejército”, pero poseen una formación militar y cumplen las mismas tareas.

Ahora, después de dos años de su activación, es la corporación de seguridad federal con más quejas, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos.

La CNDH elaboró un reporte en el que se señalan 388 denuncias a la GN -la mayoría presentadas en ambas fronteras del país-, 344 a la Sedena y la Fiscalía General de la República tiene 214.

Se comprueba que, la militarización no solo no ha frenado la violencia sino que la ha aumentado. Son acusados de hacer uso de la fuerza de manera irracional, de tortura, tratos crueles e inhumanos, detenciones ilegales, intimidaciones, agresiones a mujeres y niñas, desaparición forzada, trasgredir los derechos de migrantes entre muchas otras cosas. Pero esto no es nuevo, muchos organismos de DDHH nacionales e internacionales, han mostrado que esto pasa cada que se delega al ejercito las tareas de seguridad pública.

Además, AMLO ha otorgado diferentes tareas y funciones que no corresponden a las fuerzas armadas, como “proteger” las carreteras y aeropuertos, resguardar los megaproyectos impulsados por la 4T como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas o recuperar piezas arqueológicas robadas.

El gobierno ha salido a defender al brazo armado miles de veces. AMLO ha dicho que “a la Guardia Nacional se le está formando en el respeto a los derechos humanos, de modo que no va a haber ningún riesgo de excesos de autoritarismo”. Asegura que no existe militarización en México.

Si el número de quejas oficiales es impresionante, ¿cuál será el que abarque todos los crímenes que han cometido y no se denunciaron?

Pero, así como la Guardia Nacional, las fuerzas Armadas de otros países son igual de represivas. Como ahora, en Polonia, donde la Guardia Fronteriza usó cañón de agua contra los migrantes en la frontera con Bielorrusia. O en Estados Unidos, con la Border Patrol que ha cometido infinidad de crímenes contra las y los migrantes.

Inclusive, el ejército de la ONU, las “Fuerzas de Paz” o Cascos Azules, son conocidos por el uso extremo de la fuerza, por numerosos escándalos por abuso sexual y trata de personas. Cabe recordar que, cuando López Obrador anunció la GN, comparó su propuesta con los Cascos Azules.

Es falso que las fuerzas armadas están al servicio del pueblo. Están diseñadas para mantener a este sistema, para proteger las ganancias de los empresarios, la propiedad privada del puñado de millonarios, políticos, capitalistas.

Sumado a ello, AMLO ha destinado un presupuesto exuberante a la GN. En 2021, su asignación ronda los 148 mil millones de pesos, sin mencionar los 50 mil millones extras que prometió. Es completamente absurdo este presupuesto, mientras que el sector Salud, o el educativo han luchado por mantenerse en pie en plena pandemia, los guardias nacionales reciben más y más. Se notan las verdaderas prioridades del gobierno.

El ejército no acabará con la violencia sistemática que se ha llevado la vida de 350 mil muertos entre 2007 y junio del 2021, 93 mil desapariciones forzadas, el aumento del feminicidio y desplazamiento forzado.

Por esto necesario construir un gran movimiento por la desmilitarización del país, la disolución de la Guardia Nacional y el juicio y castigo a los responsables de las desapariciones, asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos.

Nuestras calles no son cuarteles, ¡fuera ejército de ellas!

Fuente de la información e imagen:  https://www.laizquierdadiario.mx

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