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LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS ELECTORALES

Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza

Un primer vistazo al campo de batalla

Nos encontramos otra vez en pleno período electoral. Como cada seis años. Sin falta, y eso es el primer punto para destacar: el calendario se cumple y la renovación de los poderes federales se hace a través del voto universal y directo, aunque no tan secreto.

Lo cierto es que no se ha faltado en muchísimo tiempo a la cita establecida por las leyes electorales del país. La democracia representativa, dirían los clásicos, sigue funcionando, parece no tener ya disputas en el escenario ideológico como antes, cuando se contrastaba con la democracia directa, la del pueblo trabajador, la de los soviets o de los consejos.

Más aún, esas mismas formas de la democracia directa fueron absorbidas poco a poco, incorporándose a la legislación con los mecanismos revocatorios: la del pueblo, en los comités de participación social; la de los soviets, pues esa no hay por acá; pero la democracia de los consejos se ha transmutado en los consejos escolares, en los comités barriales y en los presupuestos participativos. Así que la democracia representativa, formal, burguesa o como se le quiera llamar, va. Junto con ella, va también la guerra electoral; y como en todas las guerras, se vale de todo.

Antes, digamos en los años setenta y ochenta del siglo pasado, había campañas pero difícilmente combates, menos aún guerras durante los períodos electorales. Ni siquiera verbales. No había incertidumbre tampoco, antes de las elecciones ya se sabía el ganador. Las reyertas se daban al interior del PRI. El exterior estaba dominado por las leyes, los organismos electorales, las policías de seguridad y el ejército.

Quizá los excesos retóricos empezaron en 1982, cuando hubo varios partidos de izquierda y el PRI sacó una consigna inolvidable: “Para seguir siendo libres”. Quizá fue el inicio, porque seis años después ninguna frasecita pudo encubrir un descarado fraude electoral y una campaña violenta, un verdadero ajuste de cuentas, que le costó la vida a cientos de militantes del PRD. Hay que decirlo claro: un fraude y una campaña violenta instauraron el neoliberalismo violento. Claro, junto con él, una verdadera avalancha cognitiva contra el populismo, el Estado interventor y el régimen de la posrevolución.

De ahí en adelante, las citas electorales nunca volvieron a ser lo de antes. Se cumplieron fielmente, sin duda alguna, como en 1994, otra vez con amenazas de perder lo ganado en seis años neoliberales. Solo para encontrarse meses después con la peor crisis económica de la segunda mitad del siglo XX y sus secuelas institucionales, como el FOBAPROA, esa otra guerra, esta vez presupuestal, contra la población.

El 2006 fue un momento fundamental en la belicosidad electoral, sobre todo porque como veinte años antes, la disputa era “entre proyectos de nación”. La continuidad neoliberal  o algo así como un nacionalismo de izquierda, con un lema poderoso: “por el bien de todos, primero los pobres”,

El campo electoral se volvió un territorio de guerra sin cuartel. Desde la presidencia de la república se orquestó una estrategia en la que participaron todos los poderes del Estado, para impedir primero la participación, después el triunfo del candidato Andrés Manuel López Obrador. El arsenal discursivo de la “guerra fría” fue actualizado: “Venezuela”, “Cuba”, “La dictadura”, “La escasez”, y frases similares salieron a relucir una y otra vez. Por supuesto, acompañados con las amenazas de siempre: “te van a quitar tu casa, tu dinero y tus hijos”, “viene la dictadura castrista-chavista” y demás artilugios retóricos que asustaron hasta a los que no tenían nada que perder.

La gran distancia que existía entre el candidato del PRD y el del PAN, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, fue reduciéndose poco a poco, a golpe de mentiras y de programas de televisión, de periodistas y opinadores bien aceitados con dinero público.

El resultado fue otro fraude electoral…y otra guerra: la guerra con el narcotráfico, una conflagración que costó cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Otra vez se confirmó: el neoliberalismo requiere de fraudes y violencia para imponerse o para continuar.

Seis años después, el 2012 fue más que nada una guerra propagandística en la que a fuerza de imágenes y dinero se impuso el candidato del PRI. Obviamente, como en 2006, con la aquiescencia de los poderes electorales.

En 2018 se intentó repetir la misma  fórmula de doce años antes. No se logró, la brecha de la intención del voto nunca se cerró. No hubo oportunidad del fraude. Eso y los acuerdos con el presidente Peña Nieto, que terminó el sexenio con los peores niveles de aceptación registrados.

Lo interesante de la elección de 2018 es que la guerra cognitiva neoliberal fue derrotada por una iniciativa de cambio, con la promesa de acabar con el neoliberalismo y con un arsenal retórico y declarativo sin parangón, ya no por su radicalidad, como en 2006, sino por la configuración de una fuerza electoral interclasista, en la que participaban desde la izquierda proveniente del Partido Comunista Mexicano hasta empresarios, políticos de todos los partidos, trabajadores, campesinos y, de manera particular, maestros y maestras.

El magisterio fue uno de los contingentes más numerosos de la coalición “Juntos Haremos Historia”.  Después de años de lucha contra la reforma educativa neoliberal del Pacto por México, de maestros despedidos, heridos, encarcelados, despreciados; de maestras acosadas, golpeadas y humilladas; de pobladores muertos y perseguidos, la promesa de cancelar la reforma fue suficiente para que alrededor del 75% de los y las maestras, votaran por Andrés Manuel López Obrador.

Los discursos de odio, las fake news, las mentiras y demás tácticas del amedrentamiento y el odio electoral se estrellaron frente al hartazgo, el enojo y la esperanza del cambio.

Después de cinco años del triunfo electoral de MORENA y sus aliados, la guerra electoral continúa. A decir de algunos de los comentaristas allegados al PRIANRD y a su candidata Xóchitl Gálvez, se trata de acudir a “una guerra sucia”, pero en serio.[1] Lo hemos visto ya en semanas recientes. Y así seguirá., hasta las elecciones … y después de ellas.

¿Qué papel juega el magisterio ahora? La situación es muy distinta a la de 2018.

En primer lugar, se “canceló la reforma educativa neoliberal”, dijo y sigue diciendo el gobierno; la crispación magisterial se disipó, también las resistencias y movilizaciones. De hecho, la paz educativa es uno de los logros de la IV T. Podría decirse incluso, que hay una suerte de entendimiento entre las fuerzas reales del magisterio, el SNTE y la CNTE, con AMLO, no sin diferencias y enojos. Lo cierto es que en cinco años, han convivido sin muchos aspavientos, excepto por las desavenencias protagonizadas por la sección VII de Chiapas y en los últimos seis meses, con sectores docentes de Michoacán, Guerrero y Ciudad de México.

Hoy, al final del gobierno de la 4T, encontramos tanto al presidente del SNTE en las listas al senado, como a viejos cuadros de las resistencias desempeñándose como funcionarios en puestos directivos de la SEP. Los críticos callaron a fuerza de cargos y cheques de nómina.

No obstante, poco a poco las técnicas y tácticas de control magisterial se han desgastado. En primer lugar, la reforma constitucional no se canceló, se mantuvo, legitimó y profundizó. Hoy ya se advierte en amplios sectores de trabajadores de la educación, que la promesa de la cancelación no fue cumplida, aunque se reconoce la eliminación de la evaluación por desempeño.

En segundo lugar, la prometida revaloración social del magisterio sigue pendiente. Las responsabilidades docentes continúan creciendo, el tiempo de trabajo aumenta, los salarios disminuyen, las expectativas de movilidad profesional y salarial están bloqueadas por el USICAMM.

Pero sobre todo, se advierte algo así como una decepción ante las falsedades de la retórica presidencial. Los salarios no han llegado a 16 mil pesos mínimo, las negociaciones se han suspendido durante meses, continúan despedidos docentes que se opusieron a la reforma neoliberal, no hay revaloración materializada  en acciones concretas y los compromisos político-sindicales con los charros están a la orden del día. Es decir: un poco como lo de antes, pero ahora, sin esperanzas de cambio.

Lo peor es que durante estos cinco años de IV T educativa, ocurrieron al menos, dos acontecimientos que pusieron a prueba al magisterio, mostrando la absoluta centralidad de los y las maestras en el sistema educativo nacional.

El primero fue la pandemia del COVID 19. Durante casi dos años, la continuidad pedagógica fue garantizada por los y las maestras a costa de su dinero, de su tiempo, de su casa y su familia. ¿Qué obtuvieron al final? 720 pesos y un reconocimiento deslavado.

El segundo acontecimiento es el plan de estudios para educación básica 2022 y los nuevos libros de texto. Una reforma curricular novedosa, rupturista incluso, que desató los demonios más conservadores de la oposición, pero también de maestros y de maestras, padres de familia, comentaristas, jueces y gobiernos estatales.

Una reforma curricular progresista, incluso revolucionaria, a decir de los libros de texto, reclama con urgencia el apoyo del magisterio para llevarla a cabo. Pero la retórica nunca es suficiente para la puesta en acto de los proyectos del aula, de la escuela y la comunidad.

La presunta colaboración del magisterio en la formulación del Plan de Estudios es un exceso que raya en la falsedad. Ciertamente fueron convocados algunos maestros, otros colaboraron gustosamente, pero los problemas de legitimidad y de implementación del nuevo plan de estudios no existirían si la reforma hubiera surgido realmente desde abajo, con mayor razón cuando se trata de una reforma que pretende caminar en sentido totalmente contrario a la precedente, y por lo mismo, requiere de la comprensión, aprobación y el compromiso magisterial, no solo de la fuerza de trabajo docente.

Nos parece que éstas dos cuestiones tendrían que  ser son de los aspectos más relevantes del campo educativo en las campañas electorales.

Por una parte, el compromiso incumplido de la revalorización magisterial posterior a la cancelación fake  de la reforma constitucional. Por la otra, la continuidad de la Nueva Escuela Mexicana, el plan de estudios de educación básica 2022 y los nuevos libros de texto.

Sobre estos dos puntos se desarrollan los combates educativos del proceso electoral en educación básica. El análisis de las propuestas electorales, de los y las candidatas, de las iniciativas y los efectos, de los problemas y sus derivas, es el propósito de los Cortocircuitos de las siguientes semanas.


[1] https://laoctava.com/trending/2024/03/05/jorge-castaneda-sugiere-a-la-oposicion-haga-guerra-sucia-contra-sheinbaum

Fotografía: Mcarmonacurtido

Fuente de la información:  https://insurgenciamagisterial.com

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CNTE exige a AMLO Mesa Nacional Única de Negociación. ¡Aquí los detalles!

La CNTE exigió además un alto a la campaña de linchamiento en contra del magisterio disidente.

La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se pronunció en contra de lo que llamó linchamiento mediático que según se ejerce desde la Presidencia de la República, en contra de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero Sección XIV (CETEG).

En un comunicado, la seccional de Oaxaca señaló que la lucha de las maestras y maestros de Guerrero es legítima, ya que exigen, al igual que la CNTE nivel nacional, la reinstalación de la mesa de negociación AMLO-CNTE.

Lo anterior, en el marco de la visita de Andrés Manuel López Obrador en ese Estado, en donde el Mandatario del País no pudo participar en la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Tlapa, Guerrero, debido a que maestros de la CETEG irrumpieron con un ‘portazo’ previo al evento.

Fuente de la información e imagen:  https://profelandia.com

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La cuarta traición

Por: Muuch’ Xíimbal

 

En julio de 2018 las boletas señalaban a AMLO –¡por fin!– como presidente electo de México. Sus pactos –públicos, privados y secretos; buenos, malos y regulares– habían funcionado. La Silla estaba a su alcance; cuestión de semanas.

Ahora la suma histórica de México resultaba en él, en AMLO, como antes fue en Moctezuma, Cortés, Santa Anna, Juárez, Díaz, Carranza, Cárdenas, Alemán, Díaz Ordaz, Echeverría, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña y demás contrapartes suyas en el espejo del tiempo. México se ataba ahora –a fuerza de un sistema electorero rapaz– a sus designios, a los de Él frente a la Historia, con la legalidad oficial en la diestra y las Fuerzas Armadas en la siniestra.

Pronto se vio, sin embargo, por dónde iría el asunto. AMLO le llamó “Cuarta Transformación” a lo que desde el nombre tuvo un fuerte tufo a traición. Vista desde el mundo indígena, la 4T era otro invento blanco del montón, falso como los anteriores, con poco –o nada– de significado en lenguas vernáculas; era otra sarta de anuncios pomposos en el idioma de la imposición, como esos que siempre derivan en más saqueos y baños de sangre, más hambrunas y tiempos peores. Porque los modos de ejercer el racismo, la discriminación, el sometimiento y la denigración de los pueblos originarios sólo se ha refinando con los siglos, especialmente en los últimos años con el ejercicio pleno de la “invisibilidad de los vencidos”, tal como hace AMLO o como se aplica tan destacadamente en Yucatán, donde el orgullo político-oficial por “lo Maya” no pasa de las ruinas arqueológicas y la cocina que tanto gustan al turismo, en cruel contraste con el abandono y la discriminación del pueblo actual, piel viva de esa cultura levantada y sostenida en el maíz y la milpa, el agua y la selva desde hace miles de años en el territorio que desde siempre se ha llamado Maya en lengua propia…

Herederos del saldo trágico de siglos de latrocinios, codicia, sevicia y crímenes de lesa humanidad, los pueblos originarios de México ocupan hoy –como desde la Conquista– la posición más baja en la escala social. Allí han estado desde la invasión europea y desde que México es México, sobreviviendo a epidemias, hambrunas, masacres y saqueos, enmedio del uso y el abuso de “todo el peso de la ley” en su contra, habiendo sido condenados desde hace décadas al pago –por generaciones– de una deuda pública atroz, refinación de la esclavitud que sigue creciendo como espuma dadivosa en el caldo apestoso de la impunidad de siempre.

¿Dónde están los vestigios de las transformaciones anteriores a las que se refiere AMLO? ¿Dónde las promesas y los hechos? ¿Dónde las cuentas claras y sinceras, las que sí valen para las culturas y los pueblos originarios? ¿Dónde la aceptación oficial y el reconocimiento pleno al enorme daño causado a generaciones y generaciones de indígenas por siglos de racismo y etnocidio? Y aun así se atreve AMLO a hablar con pompa, vanidad y amnesia selectiva de una “cuarta transformación”. ¿Una cuarta qué? El saldo de la historia es evidente, denigrante, vergonzante. No existen tales “transformaciones” en la historia de los pueblos indígenas mexicanos, como no hayan sido para peor. O en todo caso, por conceder, las primeras tres (1T, 2T y 3T) sólo existieron para pronto diluirse en francas traiciones. Una y otra vez. Habrán empezado –quizá– con buenas intenciones, pero es evidente que se torcieron y todo acabó peor que antes. No así la 4T, la Cuarta Traición (por usar la numerología de AMLO), que desde el inicio mostró sus malas artes en palabras, obras y omisiones. Diga usted si no con este caso:

*       *      *

En julio de 2018, con el panorama abierto a todo, AMLO tenía sin embargo grandes retos por sortear. Aparte del narcotráfico ubicuo y los baños de sangre diarios, el año siguiente –primero de su ansiado sexenio– había sido decretado anteriormente –desde 2016– como “2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas” por la ONU. Tremendo asunto.

México, país rico y pródigo en culturas y lenguas originarias (cerca de 70 aún vivas), tendría la oportunidad histórica de reivindicarse en el escenario mundial y dejar atrás cinco siglos de racismo, discriminación y etnocidios.

AMLO no era nuevo en el tema indígena; tenía más experiencia que cualquier otro presidente anterior. Décadas atrás había sido su interés en el pueblo chontal lo que le abrió las puertas del PRI (vía Carlos Pellicer) en tiempos de Luis Echeverría, dirigiendo después (durante cinco años, del 77 al 82 del siglo XX) el Instituto Nacional Indigenista (INI) en su natal Tabasco.

Así pues, las condiciones nacionales e internacionales estaban dadas para que México fuera un ejemplo mundial de reivindicación y justicia históricas. La legitimidad y popularidad de AMLO como nuevo e indiscutible presidente le daban la fuerza necesaria para iniciar de verdad un cambio sincero, un compromiso generacional de transformación genuina que diera prioridad a las raíces más profundas de nuestra identidad nacional (discriminadas y denigradas de modo atroz desde la invasión europea).

Pero las esperanzas de que el estadista AMLO tuviera la talla para asumir el gran reto, con una visión nacional de alcance y compromiso para una trasformación verdadera, pronto se perdieron. Desde el inicio el plan de AMLO fue la traición, y poco hizo por ocultarlo al dar continuidad a la imposición de proyectos etnocidas de sexenios anteriores (como el Proyecto Integral Morelos), provocando asesinatos de decenas de activistas comunitarios (en un ritmo macabro que no ha variado en el sexenio) y lanzando campañas político-publicitarias de sus propias ocurrencias grandiosas, de proyectos enormes, neoliberales en todo y más etnocidas, más ecocidas y peor planeados que nunca… Todo ello en su primer año de gobierno, 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

El cúmulo de evidencias y cifras terribles de sus primeros meses de gobierno (que lo señalaban como infractor y violador contumaz de los derechos de los pueblos originarios) ponía a dura prueba la experiencia de AMLO en el manejo político del tema indígena. Pero él tenía, eso sí, la ventaja de contar con toda la fuerza y los recursos del gobierno mexicano. En última instancia –y pesara a quien le pesara– su sexenio apenas comenzaba, así que tendría manos libres para consumar y encubrir –según él– los hechos que fueran necesarios.

Así, afrontando el reto del ilusionista que además es dueño del circo, AMLO pasó sin mucho trámite –ni cuidado– de sus “consultas populares” a sus “consultas indígenas” de marca propia, alcanzando la sima de la simulación con su “consulta indígena sobre el Tren Maya” cuyas fechas de votación hizo coincidir con la reunión de la Asamblea General de la ONU en que se aprobarían los resolutivos del “2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas” (el principal resolutivo fue el decreto del 2022-2032 como “Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas”, de lo cual tomó buena nota AMLO).

La consulta hechiza del FONATUR en la Península de Yucatán en  diciembre de 2019 quiso presentarse al mundo como “una magna consulta indígena” donde el pueblo Maya habría decidido –y aprobado, según AMLO y sus secuaces– sobre un megaproyecto que atravesaría todo su territorio y significaría (esto no se informó a los “consultados”) una drástica alteración demográfica y social, con un gran “reordenamiento territorial” y magnas urbanizaciones a lo largo del recorrido del tren (“Es más que un tren”, promocionaba alegremente el ONU-Hábitat, más vendido que nunca); es decir, un suicidio cultural.

Pero el montaje fue tan burdo y el engaño tan evidente que nada bastó para maquillar lo obvio, aun contando AMLO con la participación destacada y descarada de organismos cómplices como el ONU-Habitat y la UNESCO. Porque fue, para colmo de sus males, la misma ONU la que atajó la maniobra y evidenció el fraude perpetrado por AMLO al pueblo Maya, al publicarse un boletín oficial de la Oficina de Derechos Humanos (responsable en la ONU de velar por los derechos indígenas) pocas horas después de finalizada la “consulta indígena del tren” en ese diciembre de 2019. El boletín estableció clara, rotunda y oportunamente lo que atestiguaron los observadores de dicha Oficina: que hubo violaciones de todo tipo a la norma estipulada por la comunidad internacional (lo cual fue reiterado meses después, con expedientes y análisis de especialistas de la ONU, en carta directa al gobierno mexicano).

Descubierto y exhibido como el mentiroso y simulador que es, y sin la excusa de la ignorancia supina (¿Acaso no es un político veterano? ¿Acaso no dirigió el INI en su estado durante cinco años?), AMLO decidió redoblar la apuesta con la terquedad tiránica y el criminal cinismo de un Luis Echeverría asesino. Así, abusando del prestigio diplomático de México y de la buena voluntad de algunos, AMLO orquestó –junto con sus cómplices de la UNESCO– un “evento de alto nivel” en la Ciudad de México para robar cámara y ponerse al frente –declarativamente hablando– del “Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032”, mismo que –como se recordará– fue decretado en la Asamblea General de la ONU en diciembre anterior mientras AMLO simulaba su magna “consulta indígena sobre el tren”.

Así pues, a pocas semanas de perpetrada su traición más cínica y sonora en la Península de Yucatán, AMLO pudo mostrarle al mundo su astucia en el manejo diplomático del tema: el 27 y 28 de febrero siguiente, con la bien pagada complicidad de la UNESCO, el gobierno de AMLO organizó en la Ciudad de México el evento de “alto nivel” antes mencionado, al que tituló “Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”, en referencia a la declaratoria de la ONU de diciembre anterior. Poco más de 500 invitados de 50 países aprobaron una “hoja de ruta” para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, llamada “Declaración de Los Pinos [Chapoltepek]” (nótese el Náhuatl) misma que “sitúa [sic] a los pueblos indígenas en el centro de sus recomendaciones”, según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard en complicidad con la UNESCO. Todo un logro cínico-diplomático para la causa etnocida de la 4T. Una joya enorme del oportunismo político de AMLO.

Así pues, la traición estaba funcionando –tanto en términos oficiales como en el plano declarativo internacional– a pesar de los molestos señalamientos y las evidencias mostradas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (pues éstos bien podían mitigarse con el lavado de imagen a cargo del ONU-Hábitat, la UNESCO y otros organismos venales).

(Es de señalar, a la luz de los hechos, que AMLO tal vez albergue el mismo delirio que tuvo Luis Echeverría mientras vivió: el que la historia se encargará de resaltar sus logros decorativos por sobre sus crímenes múltiples.)

Así, AMLO ha seguido en su sexenio la senda del traidor, pisoteando los derechos de los pueblos originarios y remachando con embestidas legales y extralegales la imposición de sus planes, provocando el asesinato y la criminalización de decenas y decenas de activistas indígenas, azuzando y echando al Ejército por delante con armas y maquinaria pesada, a toda marcha y con toda impunidad, perpetrando sus proyectos destructivos y atropellando y denigrando a cientos de comunidades indígenas en toda la geografía nacional.

En el caso destacado de Yucatán, AMLO encontró tierra fértil para la traición. Yucatán, donde la zona henequenera –de larga y profunda corrupción moral– abarca todo el escudo del Estado; donde es nula la representación del pueblo Maya en el sistema político (estatal y federal); donde el gobernador Mauricio Vila y su familia y sus huestes de la Universidad Marista promueven y protegen negocios sucios a manos llenas –tráfico de cerdos, bienes raíces, alcohol, moches, usted diga– mientras reprimen “con todo el peso de la ley” a las comunidades mayas que se resisten al saqueo impune…

A como ya va, el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) será la década más etnocida para México en toda su historia. Lleva como marca una “T”. Le llamaban “la Cuarta”. (jcfm, abril de 2023)

Publicado originalmente en Muuch’ Xíimbal

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El anticurrículum

Por: Pedro Flores Crespo

En México, cualquier cambio curricular muestra una tensión que históricamente no hemos podido resolver. Esta tensión se basa, por un lado, en la atribución constitucional del Poder Ejecutivo (SEP) para determinar los contenidos educativos, planes y programas de estudio “en toda la República” y por otro, en la necesidad de reconocer la pluralidad, diversidad y complejidad del país para poner en marcha tales cambios.

Aunque se ha dicho que las reformas curriculares se construyen bajo un esquema “participativo”, lo cierto es que sólo unos pocos se ven reflejados en ellas. A los gobiernos de los estados, por ley, nomás se les pide opinión. No hay obligación de organizar debates parlamentarios. Además, la discusión magisterial se diluye ante la propaganda oficial y al tratar de incorporar la crítica de las figuras educativas y la de índole académica hay suspicacia. Incluso, la opinión de los especialistas empleados en el diseño curricular genera desacuerdos. Alguien se siente excluido invariablemente, pese a que se usen los argumentos de reconocidos expertos y se anuncie oficialmente que hubo “más 90 mil aportaciones en el formulario de Google”, entre otras cuantiosas cifras.

La visión centralista, que asumo surge de la aspiración de tener un “Estado educador”, volvió a ser cuestionada con este gobierno. Sin embargo, las condiciones para impulsar una decisión federalista que implique un cambio curricular horizontal y realista no están dadas. ¿Quién en México que se sienta “autoridad” querrá ceder poder? Muy pocos; es irracional en nuestro medio. Mejor “tratemos de pasar a la historia cambiando, desde lo alto, planes, programas y libros para emprender así la revolución de las conciencias”. Suena bien aunque sea irreal.

Y más irreal y desconcertante es que los representantes gubernamentales contradigan, con sus hechos y dichos diarios, lo propuesto por la SEP. Mientras que el Marco Curricular establece que la “Nueva Escuela Mexicana” forma para la democracia y promueve el desarrollo de “capacidades para que niñas, niños y adolescentes ejerzan una práctica social compuesta por el respeto a la legalidad”, el titular del Poder Ejecutivo, expresa, ante una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley” (www.gob.mx 06.04.22). Es incongruente, pero, ¿qué le respondería usted como maestro a un menor que le repita las palabras del mandatario?

Primero, habría que enseñarle a no repetir cosas como perico, sino a pensar por sí mismo. Segundo, habrá que inculcarle que la base de una democracia es la división de poderes. Querer ser el mandamás sin contrapeso de los poderes legislativo y judicial es infantil y regresivo. Es probable que el menor entienda. Tercero, pueden no gustarnos las decisiones de otras personas, pero no por ello se debe denigrar, distorsionar ni exagerar. Algunos ministros, prosiguió AMLO en su Mañanera, “son como abogados patronales” […] No representan al pueblo; representan a las empresas”. La dicotomía es contraria a la “diversidad de saberes” que propone la SEP.

La “dignidad humana es el valor intrínseco que tiene todo ser humano”, asienta de manera circular la propuesta curricular del Ejecutivo. Ésta es “inviolable”. Quemar la efigie de la presidente ministra de la SCJN por seguidores del presidente en un acto organizado por él mismo no sólo fue un acto antieducativo, sino inhumano. Si bien AMLO condenó – dos días después – tal violencia también reconoció que son “expresiones muy minoritarias de nuestro movimiento”. Lo que la SEP construye, el presidente destruye.

Investigador de la UAQ

Fuente de la información e imagen: https://revistaaula.com

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8M. Maestras, madres y alumnas juntas este 8 de marzo

Por: Valeria Martínez

 

La violencia y la explotación nos azotan cada día, para enfrentarla es necesario forjar la unidad. Maestra, madre, alumna, ¡marchemos juntas este 8 de marzo!

La violencia continúa aumentando y volviéndose más cruda para las mujeres del país. Agresiones sexuales, desapariciones y el feminicidio son la constante para nosotras. Cifras oficiales dan cuenta de que actualmente entre 10 y 11 mujeres mueren al día.

Toda esta violencia ocurre bajo la mirada cómplice del gobierno, pues son ellos quienes preservan las condiciones de pobreza y miseria que permiten que la violencia se reproduzca. Además, AMLO y la 4T mantienen la estrategia de “seguridad” del PRI y el PAN, apostando a la militarización del país con la Guardia Nacional y el Ejército en las calles, que lejos de ser un avance, es un retroceso para el conjunto de la población y sobre todo para las mujeres.

En este crudo contexto, las maestras sabemos que no basta con luchar únicamente por la educación digna y mejores condiciones laborales. Sino que debemos articular nuestras demandas con las de otros sectores, además de tomar en nuestras manos la organización permanente en contra de la violencia feminicida pues somos nosotras, nuestras alumnas y sus familias quienes vivimos día a día los estragos de un sistema de muerte que se configura para arrebatarnos la vida.

También, muchas de nosotras somos madres de familia. Sabemos a lo que se enfrentan las madres de nuestras alumnas con dobles o triples jornadas de trabajo para mantener sus hogares, a la par de mantener las tareas del hogar que no son remuneradas.

La estrategia del gobierno, de las autoridades y los patrones siempre ha sido apostar a la división, a echarnos a pelear entre nosotros con el fin de que no miremos quién es el verdadero enemigo. Por ejemplo, en el tema educativo, la culpa de cualquier falla oscila entre la familia o las maestras, pero no contra quienes mantienen el sistema educativo en condiciones deplorables que impiden enseñar de manera adecuada, o contra quienes garantizan la precarización laboral y de vida que lleva a nuestrxs alumnxs a vivir en condiciones que no les permiten aprender.

Pero como vimos en 2013 y en 2016, durante los procesos de lucha magisterial contra las reformas educativas, las madres de familia pueden jugar un fuerte rol de apoyo y unidad con las y los maestros. En aquel entonces las familias salieron a las calles, tomaron las escuelas y apoyaron los plantones magisteriales haciendo guardias, llevando víveres y protestando codo a codo.

Para enfrentar la violencia, no puede ser distinto. Maestras, madres y alumnas debemos forjar unidad ante la violencia feminicida que nos ataca a todas y ante la explotación laboral que vivimos cada día. Es necesario sacar las mejores lecciones de procesos pasados, apuntar al enemigo que es el sistema capitalista y patriarcal, y organizar toda nuestra rabia y descontento para que nunca más nos falte una de nosotras. Articulemos las demandas educativas, las del conjunto de trabajadores, las de las mujeres y la diversidad sexual para luchar por una vida que merezca ser vivida.

¡Tomemos las calles juntas este 8 de marzo! El contingente de Pan y Rosas te espera, ven con tu familia. La cita es a las 3:30 pm en la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

¡Si tocan a una, nos organizamos miles!

Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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La basificación en Media Superior y la mal llamada revalorización del magisterio

Por: Abelardo Carro Nava

«A nivel nacional ha crecido un malestar magisterial de importantes magnitudes de maestras y maestros adscritos a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).»

Recuerdo que, en mayo de 2018, en Guelatao, Oaxaca, el eterno candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó con bombo y platillo los 10 compromisos por la educación en México; específicamente, el compromiso 6, señalaba lo siguiente: “Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de las facultades del ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional. Habrá justicia para todos los afectados por la imposición de la mal llamada reforma educativa. Habrá justicia para cesados injustamente, para presos políticos y para víctimas de violencia. Asimismo, enviaremos desde el inicio de gobierno las iniciativas de reformas a las leyes que vulneren la dignidad y los derechos de los maestros de México” (AMLO, 2018).

Sin duda, estas palabras y estos compromisos, calaron hondo en el sentir de buena parte del magisterio nacional pues, como se sabe, la mal llamada reforma educativa, impulsada por el Pacto por México y aprobada en 2013, trajo consigo una serie de afectaciones laborales y profesionales en diversos sectores magisteriales al aplicar una evaluación, a todas luces, punitiva, pero también, un mecanismo “clasificatorio” de ingreso al Sistema Educativo Nacional (SEN), cuya responsabilidad recayó en la extinta Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). Buenos dividendos políticos parecía que tendrían estas palabras expresadas por quien, en su momento, representaba un cambio y una esperanza de transformación.

No obstante, lo anterior, del 2015 al 2019, buena parte del magisterio, y los aspirantes a ingresar al SEN, jugaron con las cartas que la CNSPD les puso sobre la mesa; es decir, derivado de la emisión de diversas convocatorias para el ingreso, promoción y permanencia, los participantes, por voluntad propia u obligada (en el caso de la permanencia), se dieron a la tarea de cumplir con los requisitos que en éstas se estipulaban; obviamente, los resultados obtenidos por éstos, dieron paso a una “clasificación” que he criticado reiteradamente: “idóneos y no idóneos”, sea lo que eso haya significado para la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su momento porque, desde mi perspectiva, no hay maestras y maestros de primera, segunda o tercera categoría, son maestras y maestros y punto. En fin.

De la emisión de dichos resultados, se fueron gestando diversas problemáticas que, hasta nuestros días, siguen lastimando a quienes, tanto en 2018 como en 2019, se dijo serían revalorizados porque, por donde quiera que se mire, en el aire ha quedado esa vaga idea de que, a través de las “facultades del ejecutivo, se detendrían las afectaciones laborales y administrativas que sufría el magisterio nacional”. Para muestra un botón.

En los últimos días del mes de agosto de este año, y en lo que va del mes de septiembre, a nivel nacional ha crecido un malestar magisterial de importantes magnitudes; se trata de las maestras y maestros adscritos a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en diferentes planteles, quienes se han manifestado en prácticamente toda la República Mexicana, para demandar al Gobierno Federal la basificación que por propio derecho les corresponde. En Tlaxcala, en Aguascalientes, en Durango, en Puebla, en fin, como decía, en prácticamente cada rincón del país, se ha hecho visible esta demanda que hoy día, sigue sin ser atendida.

¿Cómo explicar a las maestras y maestros que, después de haber cubierto todos los requisitos establecidos en una convocatoria para el ingreso a educación media superior, de haber realizado un examen para dicho ingreso, de haber obtenido un lugar para una plaza definitiva (código 10) de acuerdo a las listas de prelación, de haber sido evaluados después del tiempo señalado y de haber obtenido los puntajes para que esa plaza definitiva fuera una realidad, hasta este momento, no se haya concretado tal hecho?, ¿no es este un claro estado de indefensión de los trabajadores de la educación cuando, después de varios años, sigue sin ser atendida la demanda que por propio derecho les corresponde?, ¿cuál ha sido el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ante este hecho porque, indiscutiblemente, poco o nada ha hecho para que se resuelva a favor de los afectados y, mucho menos, ha fijado un posicionamiento claro ante el atropellamiento de sus derechos laborales y profesionales?

Y si esto no fuera suficiente, el pasado 16 de mayo del año en curso, en reunión entre varios funcionarios de la SEP y del SNTE, en las oficinas de República de Argentina en la Ciudad de México, se firmó la Minuta de acuerdos con motivo de la revisión del pliego nacional de demandas 2022 del personal docente, no docente, y personal de apoyo y asistencia a la educación de los Subsistemas de Educación Media Superior y Superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública Federal, celebrada entre la Secretaría de Educación Púbica Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Minuta que, particularmente, en lo relativo a la Relación y Desarrollo Profesional, Acuerdos 23 y 25, se señala: ACUERDO 23: “Se dará cumplimiento al numeral 26 de la Minuta 2021, que a la letra dice: “La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, establecerán, en un plazo no mayor a 30 días, una mesa de trabajo en la que la SEP, presentará un diagnóstico sobre los casos documentados del personal docente de los subsistemas homologados y que se ubiquen entre 18-19-20, 28-29-30 y 38-39-40 hora-semana-mes, con nombramiento definitivo (código 10) o provisional en plaza sin titular (código 95), en apego al marco normativo vigente y que sean objeto de compactación de plazas, así como su impacto presupuestario, para que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones ante las instancias correspondientes”. ACUERDO 25: “La Secretaría de Educación Pública una vez que obtenga la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará continuidad al proceso permanente de basificación, para que en un plazo que no exceda el mes de agosto del presente año, se otorguen los nombramientos definitivos (C-10) al personal que cuente con los requisitos establecidos en la ley, dando el seguimiento a los trabajos con la organización sindical. A partir de la regularización del analítico de plazas y basificación del personal correspondiente, se reconocerán, desde la fecha de ingreso a los Subsistemas de Educación Media Superior, los derechos a la antigüedad y cualquier otra prestación asociada a los años de servicio”.

La fecha claramente señalada y signada por las partes que en ese documento se observan, claramente ha sido rebasada o superada; es decir, el mes de agosto de este año ha terminado y, en lo que va de septiembre, no se han otorgado los nombramientos definitivos (C-10) al personal que le corresponde, repito, por derecho propio, dado que obtuvo su plaza después de haber cumplido en tiempo y forma con los procesos que la autoridad educativa estableció para este propósito.

Lo lamentable de este asunto, es la poca o nula sensibilidad que han tenido las autoridades educativas y gubernamentales ante este atropello porque, las maestras y maestros sujetos a un Código 95 (provisional en plaza) que, desde el 2015 hasta la fecha no han sido regularizados para obtener el Código 10, padecen los estragos de una contratación y recontratación cada 6 meses (aunque para efectos prácticos de entendimiento se realiza cada 5 meses y 15 días) que, jurídicamente, no les permite solicitar su nombramiento definitivo pues, como sabemos, éste se da una vez transcurridos los 6 meses y 1 día. Y bueno, si esto no parece ser tan grave, hay que señalar que los pagos por el trabajo que vienen realizando en sus respectivos planteles escolares, los reciben cada 6 meses o cada año, y no cada 15 días como tendrían que recibirlos.

¿Acaso la autoridad no piensa que, de estas maestras y maestros, dependen económicamente sus familias?, ¿acaso la autoridad educativa no considera que, estas maestras y maestros, también se alimentan, tienen necesidades médicas u otras relacionadas con su vivienda?, ¿acaso la autoridad educativa es ciega para no ver que dichas maestras y maestros, tienen que comprar material didáctico para el desarrollo de sus clases porque en sus instituciones educativas no cuentan con él ni con la infraestructura suficiente para los propósitos educativos que persiguen? En fin, ¿acaso la autoridad educativa no piensa, siente y comprende?

Finalmente, resta señalar, que hay denuncias públicas por presuntos actos de corrupción ligados a Rafael Sánchez Andrade, al parecer, cesado de la DGETI a partir del 16 de agosto de este año; en caso de comprobarse la asignación irregular de plazas y otros actos indebidos en su gestión, bien harían las autoridades educativas y las competentes, fincar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar pues, como reiteradamente lo ha señalado el presidente de nuestro país, no mentir, no robar y no traicionar, es un acto de buen gobierno.

Sin duda, éstas son palabras sabias, solo que también es un acto de buen gobierno, el cumplir con todo lo que significa revalorizar al magisterio, no solo en discursos, sino en hechos que, por ejemplo, lleven a obtener su nombramiento definitivo a las más de 5000 maestras y maestros adscritos a la DGETI.

¿Por fin se hará efectiva la mal llamada revalorización del magisterio o fue una simple promesa de campaña?

Al tiempo.

Referencias:

Fuente de la información: https://profelandia.com

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México: Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la SEP

Por: Erick Juárez Pineda

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha designado a Leticia Ramírez Amaya como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez Álvarez, quien se retira para buscar por segunda vez la gubernatura del Estado de México

Durante la conferencia de prensa de este 15 de agosto, López Obrador explicó que Ramírez Amaya estuvo más de 12 años frente a grupo y que tiene más de 28 años de trabajar con ella.

Leticia Ramírez Amaya se desempeñaba como directora de Atención Ciudadana del Gobierno Federal. Desde el año 2000, fue responsable de la oficina de atención ciudadana, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno del Distrito Federal., cargo en el que continuó hasta 2012.  Entre 2012 y julio del 2018 fungió como asesora de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX hasta que se incorporó al gobierno de AMLO.

Es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y tiene estudios de antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También fue líder sindical de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Como directora de Atención Ciudadana del Gobierno Federal, ha negociado con diversas fracciones de la CNTE, el SNTE y diversos sindicatos estatales.

A partir de este lunes, iniciará el proceso de entrega-recepción de la SEP.

Fuente de la información e imagen: https://www.educacionfutura.org

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