Ampliación de Derechos

Los derechos LGBTI+ en América Latina

Autores Varios

Por: Bábraba Ester Moraña y Nery Chaves García

 

Varios países de la región han avanzado considerablemente en marcos legales y derechos para la comunidad sexo-género diversa. Aún así queda mucho por avanzar en esta materia.

 

Resumen ejecutivo

  • Los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que hoy se denomina “movimiento LGBTI+”, en América Latina han buscado lograr su reconocimiento político y condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad, inicialmente desde los años 60, pero con mayor énfasis a partir de la década de los 80.
  • Una particularidad de los derechos sexuales en América Latina es que la secuencia de reconocimientos fue inversa a la europea: en América Latina varios de los derechos LGBTI+ se reconocieron antes que otros que específicamente reclama el movimiento feminista, como los derechos reproductivos.
  • Fue principalmente desde el inicio del nuevo milenio que América Latina, particularmente Sudamérica y México, avanzaron –no de modo homogéneo– en el reconocimiento de la gran mayoría de los derechos existentes en sus marcos legales.
  • Destacan los Gobiernos encabezados por mujeres como Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet como los que más concentraron reconocimientos legales LGBTI+.
  • Sólo Ecuador, Bolivia y México han incorporado a sus constituciones la prohibición de la discriminación por razones de identidad y orientación sexual.
  • A pesar de que algunos países de América Latina han sido vanguardia en conquistas de derechos de las comunidades LGBTI+, la brecha que separa lo institucional de lo cultural sigue siendo enorme: al menos 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en cinco años y medio en América Latina entre 2014 y 2020.

Matrimonio igualitario

  • En Latinoamérica, los países que avalan el matrimonio igualitario son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador (2019), México y Uruguay; Chile es el único país de Sudamérica que optó por una figura legal diferenciada, la de “unión civil”, aunque recientemente el presidente Piñera anunció el impulso de un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Este año Cuba y Venezuela debatirán si se debe reconocer ese derecho.
  • Belice, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú –proyecto presentado y archivado desde 2016–, República Dominicana y Venezuela no tienen figura legal para enlaces entre personas del mismo sexo.
  • Destaca el caso de Paraguay, que en el artículo 140 de su Código Civil prohíbe en forma explícita el matrimonio para las personas del mismo sexo.

Discriminación

  • Cuatro países han incorporado parcialmente derechos LGBTI+ a su Constitución: Ecuador (el segundo a nivel mundial), Bolivia, Cuba y México. Brasil (1989), Bolivia (2010), Chile (2012), Colombia (2011), Cuba (2019), Ecuador (2003), México (2011), Perú (2017) y Uruguay (2004) cuentan con una amplia protección jurídica contra la discriminación basada en la orientación sexual.
  • Venezuela, México y Paraguay no tienen el agravante de “crímenes de odio” para catalogar los delitos de odio contra la población transgénero y homosexual.

 Adopción

  • Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay reconocen la adopción conjunta por parejas del mismo sexo, así como la adopción del hijo o hija del cónyuge. En la mayoría de los países la adopción homoparental está prohibida o limitada, constituyendo un acto de discriminación estatal.

Tortura

  • Sólo dos países, Brasil y Ecuador, tienen expresa regulación contra las mal llamadas “terapias de reconversión” (referencia a cualquier esfuerzo sostenido para modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona).

Identidad

  • Las medidas en pos de la identidad autopercibida, contra todo pronóstico, tuvieron una amplia aceptación en la región, si bien las primeras fueron las de Panamá (2006), Uruguay (2009) y Brasil (2009). En 2012 Argentina sancionó una ley de identidad de género que marcaría la vanguardia de reconocimiento ciudadano a la comunidad trans. Posteriormente le seguirían Colombia (2015), Bolivia (2016), Ecuador (2016), Perú (en tratamiento y sin resolución desde 2016) y Chile (2018).

Pendientes

  • América Central y el Caribe es la zona con mayor criminalización de la diversidad sexual de la región. Las penalidades, con diversos grados y modalidades, van desde los 5 a los 15 años de cárcel en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas.

Los derechos LGTBI+ en América Latina

Los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que hoy se denomina “movimiento LGBTI+” (lesbianas, gays, bisexuales, travestis/transexuales y otres como queers, no binarixs e intersexuales)[i] en América Latina han buscado lograr su reconocimiento político y condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad. Estos reclamos están hoy focalizados en la adquisición de derechos de ciudadanía, especialmente el matrimonio, la adopción y garantías contra la violencia y la discriminación en todas sus manifestaciones.

Una particularidad de los derechos sexuales en América Latina es que la secuencia de reconocimientos fue inversa a la europea. En el viejo continente primero fueron conquistados plenamente los derechos de las mujeres y décadas después se debatieron el matrimonio gay y los derechos de personas travestis y trans. En América Latina esto no fue necesariamente así; varios de los derechos LGBTI+ se reconocieron antes que otros que específicamente reclama el movimiento feminista, como el de la legalización del aborto.

Aún así, tal vez la mayor contradicción latinoamericana continúe siendo la brecha que separa lo institucional de lo cultural. Según el informe “El prejuicio no conoce fronteras”, publicado por Sin Violencias LGBTI+, 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en América Latina entre 2014 y 2020.

Los derechos de las comunidades LGBTI+ en América Latina han tenido inicialmente dos grandes fases de visibilización. La primera en los años 60, coincidiendo con la organización de los pueblos originarios, de personas negras y de mujeres. La segunda, a mediados de la década de los 80, signada por la aparición del VIH-Sida, en principio denominada “peste rosa”. El virus adquirió el grado de pandemia y visibilizó a las comunidades sexualmente diversas que buscaban una respuesta estatal a la problemática, saltando las fronteras de lo privado para realizar su reclamo en la arena pública.

A partir de la década de los 90 la pluralidad y la diversidad comenzaron a tener un fuerte tono identitario. En esta época se impuso la designación de “lesbiana” y “gay” –abandonando la categoría “homosexual” surgida como categoría de la taxonomía médico-legal desde posturas esencialistas– y, posteriormente, también se incorporan las identidades travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales. Surgieron, además, poderosas y articuladas asociaciones nacionales e internacionales como la ILGA (Internacional Lesbian and Gay Asociation) a nivel mundial, y la ILGALAC, en Latinoamérica. Por otro lado, aparecen nuevos espacios de articulación entre los que se encuentran las Marchas del Orgullo, que persiguen especialmente una política de visibilidad y medidas afirmativas con acento en los derechos reconocidos por el Estado y en las posibilidades de igualación normativa. Sin embargo –en algunos casos– organizaciones sociales y ONG en pos de la diversidad se han visto cooptadas por agendas del sector privado-empresarial que buscan ampliar sus mercados e impulsar una percepción de progresismo en relación a los derechos de carácter simbólico y/o de reconocimiento político.

El mismo amor, ¿los mismos  derechos?

Sería recién con el nuevo milenio que la articulación entre el Estado y las agrupaciones de las comunidades LGBTI+ comenzó un proceso de ampliación de derechos ciudadanos condensado en hitos y réplicas que marcarían una nueva política en cuanto a la diversidad.

El primero de ellos fue en 2002, cuando Argentina reconoce el primer derecho LGTBI+ en América Latina con la posibilidad del derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El 15 de julio de 2010, se inauguró un nuevo escenario con la aprobación de la Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de heredar de la pareja en América Latina: también fue en Argentina. Unos meses antes, producto de un vacío legal, se celebró el primer matrimonio entre varones del mismo sexo, el 28 de diciembre de 2009 en Tierra del Fuego, inaugurando así un nuevo cambio de paradigma en cuanto a la visión de libertad, diversidad e igualdad desde el sur profundo.[ii] Esto tendría una notaria repercusión legal en Uruguay (2013), Brasil (2013) y Colombia (2016), que siguieron dicha senda. Cabe destacar el rol en materia de legislación de Uruguay, fue el primer país en aprobar la Unión Civil (2008) para luego ampliar su legislación y borrar las nomenclaturas diferenciales. En cambio, optarían por el término “unión civil” países como Ecuador (2015), Chile (2015) y Bolivia (2020). Este último país, ya bajo el Gobierno de Luis Arce, en diciembre de 2020 avaló el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio igualitario se debatirá este año en Cuba y Venezuela.

Perú tal vez sea, junto a Paraguay, uno de los países más refractarios con respecto a la unión de parejas del mismo sexo. Desde 1993 ha rechazado todas las propuestas legislativas de unión civil (2003, 2010, 2012, 2013, 2015 y 2016). En febrero de 2017, las congresistas Indira Huilca Flores y Marisa Glave, presentaron un proyecto de ley más ambicioso que busca reconocer el matrimonio igualitario. La iniciativa legislativa propone la modificación del artículo 234 del Código Civil para definir la noción de matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente aptas para ella”. Ninguna de las propuestas ha sido hasta el momento aprobada por el Congreso. En el caso de Paraguay, el artículo 140 de su Código Civil prohíbe en forma explícita el matrimonio para las personas del mismo sexo.

  • Países que avalan el matrimonio igualitario: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México (régimen estadual) y Uruguay.
  • Países que no tienen figura legal para enlaces entre personas del mismo sexo: Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú –proyecto presentado y archivado desde 2016–, República Dominicana  y Venezuela.

¿Ampliación de derechos o “marketing rosa”?

La presión “modernizante” en el aspecto legislativo tuvo también su impacto en estrategias políticas y empresariales, asumiendo a esta población y a sus defensores como un mercado de consumidores y de potenciales votantes. Asimismo, desde sus propias luchas, las comunidades LGBTI+ hicieron suyo el concepto pink-washing [iii] (lavado rosa) para caracterizar estrategias políticas y de marketing, tanto de gobiernos como de empresas privadas, que buscan “lavarse la cara” y  dar una imagen de integración y progresismo para, de este modo, cubrir las críticas que reciben por otro tipo de acciones de corte conservador, nocivas con el medioambiente, represivas, etc.

Los casos de Ecuador y Chile son casos paradigmáticos de cómo la derecha ha intentado “lavarse la cara” y hacer un uso oportunista de las demandas de las disidencias sexuales en países que ejercen una violencia extrema. El 12 de junio de 2019, cuatro meses antes del estallido social y en una votación dividida de la Corte Constitucional, Ecuador dijo sí al matrimonio civil igualitario bajo el Gobierno de Lenín Moreno. Éste aprovechó la ocasión para manifestar que el fallo no necesariamente coincidía con sus valores personales, pero que apoyaba las decisiones de la Justicia –la misma que sirvió para judicializar a sus adversarios políticos–.

Recientemente, el conservador Sebastián Piñera, impulsó el matrimonio igualitario otorgándole “carácter de urgencia” a un proyecto de ley que lleva discutiéndose desde 2017 en el Parlamento. El mensaje llegó luego de una derrota de la derecha en las elecciones para la Asamblea Constituyente y números rojos en las encuestas de imagen y evaluación de gestión. Tanto Moreno como Piñera han sido acusados ante la CIDH por perpetrar crímenes de lesa humanidad contra su propia población civil. Algo similar ocurre con Luis Abinader en República Dominicana, quien al menos en campaña avalaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y ya como presidente en ejercicio busca construir un muro con su vecino Haití.[iv]

Otros derechos

En muchos casos el lobby de distintas ONG se concentró en el matrimonio, pero para muchas  disidencias que viven continuamente la violencia política, policial y la precariedad laboral, esto no tiene ningún impacto real. Sin embargo, el nuevo milenio también trae aparejados otros derechos de inclusión e igualdad desde 2002, también otorgados bajo Gobiernos de distinta orientación ideológica:

  • Ecuador en 1998 se convirtió en el primer país americano (y el tercero en el mundo) en incluir la orientación sexual como una de las categorías protegidas contra la discriminación en la Constitución. La Nueva Constitución de 2008 incluyó tanto orientación sexual como identidad de género dentro de las categorías protegidas.
  • En Uruguay en 2004 se reconoció la libertad de expresión de las personas LGBTI+ y en 2009 reconoció el cambio de identidad y la adopción.
  • En Chile la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, presentada en la Cámara de Diputados por el Gobierno de Ricardo Lagos (2005), incluye entre sus categorías protegidas a la orientación sexual y la identidad de género, agregando una nueva agravante de responsabilidad criminal contra crímenes de odio. En 2019 Chile promulgó la Ley de Identidad de Género (anteriormente a esta última ley, el cambio de nombre y sexo legal era posible cuando los mismos no coincidan con la identidad de género autopercibida de la persona, mediante un proceso judicial). La redacción de la próxima Constitución y las próximas elecciones presidenciales en las que la izquierda tiene altas probabilidades de éxito abren un importante abanico de oportunidades de ampliación de los derechos LGTBI+ en el país.
  • Con Lula Da Silva como presidente, Brasil aprobó en 2006 el derecho al trabajo de las personas LGTBI+, en 2009 el cambio de identidad y en 2010 reconoció la adopción. Ya con Dilma Rousseff se aprobaron cinco derechos más: unión estable, pensión a la pareja, heredar a la pareja una vez que ésta fallece, salud y un paquete de derechos de seguridad social que englobaba: enfermedades, discapacidad, maternidad, desempleo, pensiones y muerte.
  • Panamá en 2006 reconoció el derecho al cambio de identidad y en 2008 el derecho a la vida (despenalización de la homosexualidad).
  • Mientras agudizaba el conflicto armado interno en pleno siglo XXI, la Colombia de Uribe reconoció el derecho a la salud de las personas LGBTI+ y el derecho a heredar a la pareja una vez que ésta fallece en 2007; un año después se reconoció el derecho a la pensión.
  • Cuba en el 2007 aprobó, en el rubro de seguridad social, el derecho a la salud, concretamente: la cirugía de reasignación de sexo.
  • En Bolivia la Constitución de 2009 prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género. En 2016 Bolivia sancionó la Ley de Identidad de Género (Ley 807/2016).
  • Durante 2012 Argentina reconoció cuatro derechos: cambio de identidad –siendo el primer Estado no solo de la región sino en todo el mundo en reconocerlo sin patologizar la elección–, ejercicio del voto para las personas trans, seguridad social (salud y educación), un año después el derecho a la familia (reproducción asistida) y en 2015 reconoció dos nuevos derechos: intimidad (derecho a la vida privada) y a la pensión. Actualmente sigue siendo vanguardia con la reciente aprobación de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. El proyecto se complementa con el DNU 721/20 que firmó el presidente Alberto Fernández en septiembre del 2020 y que estableció el cupo laboral trans/travesti en el sector público.
  • En Perú, el Tribunal Constitucional determinó que la transexualidad no debe ser considerada una patología y reconoció el derecho a la identidad de género. Además, establece que las demandas de cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad deben tramitarse ante la Justicia, mediante proceso sumarísimo. La sentencia, aprobada por cuatro votos fueron a favor y tres en contra, deja sin efecto la doctrina jurisprudencial de la sentencia anterior de 2013, que señalaba que el sexo se define únicamente a nivel cromosómico y era, por lo tanto, inmutable e inmodificable. Desde enero de 2017, está en vigencia el Decreto Legislativo 1.323, que incluye como categorías protegidas contra la discriminación la orientación sexual y la identidad de género, además de incorporarlas como agravantes en delitos contra personas LGBTI+. La victoria de Pedro Castillo y su promesa de un referéndum constitucional abre, como en Chile, un horizonte de mejoras legales para ese colectivo.
  • Para 2018 un hito en la región latinoamericana se daría a lugar: la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiría una opinión consultiva, solicitada por Costa Rica en 2016, sobre la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo (OC-24/17). Así la opinión consultiva sería referencia para el resto de países latinoamericanos y no exclusivamente en Costa Rica. De lo contrario, el Estado que no cumpla con la protección de las personas LGBTI+ (en lo que refiere a los derechos al nombre y al matrimonio igualitario) entraría en contradicción con el sistema interamericano.

Caribe y Centroamérica

Actualmente, nueve países de la región penalizan prácticas por fuera de la heteronorma, destacando América Central y el Caribe como el foco más intensamente represivo en materia legal. Las penalidades, con diversos grados y modalidades, van desde los 5 a los 15 años de cárcel en Antigua y Barbuda, Barbardos, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas. En Guyana y Barbados pueden acarrear la privación de libertad de por vida (cadena perpetua). En República Dominicana han sido denunciadas restricciones a la libertad de expresión y se prohíbe por ley la adopción por parte de personas del mismo sexo. Las excepciones más notables son los mencionados casos de Costa Rica y Cuba.

Avances

  • En 2006, Panamá fue el primer país en reconocer la identidad de género autopercibida.
  • En Nicaragua, hasta la derogación de la ley que penalizaba la sodomía, recién en el año 2008, se castigaba hasta con 3 años de cárcel cualquier práctica homoerótica aun cuando aconteciera en la privacidad del propio hogar.
  • El Salvador en 2010 aprobó su primer derecho LGTBI+: a la no discriminación laboral.
  • Nicaragua (2008), Honduras (2013) y El Salvador (2015) catalogan como “delitos de odio” a la violencia motivada por la orientación sexual de la víctima.

Retrocesos

  • Por otra parte, el Congreso hondureño ratificó en 2005 una reforma constitucional que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo e impide la adopción de menores a parejas homosexuales. La misma reforma fue replicada en El Salvador.
  • En la misma región destaca Haití que, desde su independencia en 1804, no introdujo ninguna ley que criminalizara la homosexualidad, y desde entonces no se ha agregado ninguna ley de este tipo en el Código Penal. Sin embargo, y bajo el actual Gobierno, el Senado votó un proyecto de ley para prohibir “cualquier manifestación pública de apoyo a la homosexualidad y el proselitismo a favor de tales actos”. El destino de este proyecto de ley sigue siendo desconocido.

La diversidad también tiene rostro de mujer

Estudios como “Las reformas orientadas a los derechos LGBT en América Latina: una ciudadanía universal pendiente” de Ericka López Sánchez, encuentran que una de las variables clave para el logro del reconocimiento de derechos ha sido la capacidad de influencia de los colectivos y organizaciones sociales. En este sentido, destacan Argentina y México por contar con los movimientos LGTBI+ más antiguos de la región, por lo que no es ninguna coincidencia que hayan sido de los dos primeros países en aprobar el matrimonio igualitario. Los aliados estatales también parecen haber sido fundamentales a la hora de ejercer presión en el diseño de políticas más inclusivas, y el análisis de las experiencias de Argentina y México muestra que estos aliados fueron, en su mayoría, mujeres, principalmente agrupadas en organizaciones feministas.

Otra variable importante que explica algunos importantes avances en materia de reconocimiento de derechos LGTBI+ es la introducción de la perspectiva de género de acuerdo al sexo de las personas gobernantes. En este último aspecto, si bien la proporción entre presidentas y presidentes es escandalosamente desequilibrada, se logra encontrar un patrón claro:

  • En Argentina, durante el mandato de Cristina Fernández se reconocieron 9 de los 10 derechos LGBTI+.
  • Brasil, bajo la gestión de Dilma Rousseff, se aprobaron 7 de los 11 derechos que tiene este país.
  • Finalmente Chile, con Michell Bachelet, reconoció 2 de los 3 derechos reconocidos.

A modo de cierre

Latinoamérica en el nuevo milenio protagonizó una ampliación sin precedentes de los derechos sexuales e identitarios en un periodo relativamente breve. Desde la promulgación de la ley sobre identidad de género más avanzada del mundo (en Argentina) hasta la consagración de disposiciones constitucionales que protegen a los ciudadanos de la discriminación basada en su orientación sexual (en Ecuador, México y Bolivia), diversos países en la región han elaborado marcos legales y han ampliado derechos a minorías sexuales y de género. Aún así, con respecto a los derechos de gays, lesbianas, travestis, trans y otres, América Latina difícilmente podría considerarse homogénea, ya que el Caribe y Centroamérica han tenido rachas conservadoras y pocos avances. Como todo avance, permanece en disputa.

[i]  A lo largo del artículo utilizaremos este sistema de siglas buscando una mayor inclusión, aún sabiendo que no expresa cabalmente la diversidad y totalidad de los colectivos de disidencias sexuales.

[ii]  Varios estudios señalan cómo la especificidad del caso argentino en cuanto a que el matrimonio entre parejas del mismo sexo se haya condensado en torno a la demanda de “igualdad”, constituye un factor fundamental para su éxito. Ver: http://onteaiken.com.ar/ver/boletin24/onteaiken24-04.pdf

[iii] Tras la inclusión en Occidente del colectivo LGTBI+ desde los márgenes al interior de la política y la ciudadanía, ha surgido una corriente que trata de instrumentalizar las políticas LGTBI+ en tres vías principales. La primera se da con el objetivo de crear una imagen externa e interna de excepcionalidad y modernidad, justificando y ocultando políticas represivas, como puede ser el caso del pink-washing israelí con Palestina. El caso paradigmático es el del Estado de Israel, que ha tenido una estrategia de cooptación de los derechos LGTBI+ para mostrarle al mundo que Israel es el reino de las libertades sexuales, aún siendo un país militarizado que normaliza la ocupación, colonización y apartheid de Palestina. La segunda muestra que la nueva extrema derecha, al alcanzar un consenso mínimo hacia el colectivo, ha visto la oportunidad para usar esa retórica de progresismo social y humanitario para crear un concepto de nación contrapuesto a sociedades consideradas retrógradas, en concreto las musulmanas, para hacer prosperar sus medidas partidistas dentro del marco de la islamofobia. Habitualmente se utiliza el término de “homonacionalismo” para dar cuenta de esta estrategia. La tercera, consecuencia, es que el colectivo LGTBI+ está crecientemente integrándose en el sistema político institucional, dejando atrás una vinculación tradicional con la izquierda e incorporándose a las corrientes populistas de derecha, principalmente en Europa. Ver: https://www.jstor.org/stable/10.13169/decohori.6.2020.0121#metadata_info_tab_contents y  https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/28224

[iv] Estrategias similares se han visto en Argentina con respecto al movimiento de mujeres, por lo cual se ha reversionado el término a purpel-washing (lavado de cara violeta), algo similar ha acontecido en Ecuador con respeto a Lasso. Ver: Rovetto, F. L. (2019). “Cuando sube la marea feminista: resistencias y disputas de sentido en tiempos macristas”. La Argentina de Cambiemos, 85.

Fuente e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com/

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España: El Foro de la Familia de Baleares pide el cheque escolar para garantizar los derechos fundamentales de los padres

Noticias

Europa/España/20 Agosto 2017/Fuente: 20minutos/Autor: EUROPA PRESS

El Foro de la Familia de Baleares (FFB) propone a la Conselleria de Educación y Universidad la progresiva implantación del cheque escolar para que se garanticen derechos constitucionales de los padres como es el de la libertad de elección de educación.

Así lo ha anunciado la organización este sábado en un comunicado, y ha recalcado que la administración autonómica «debe garantizar en todo momento de la vida escolar del alumno la libre elección de los padres y debe poner los medios para que sea efectivo».

El cheque escolar es un método de financiación de la educación a través de las familias que busca garantizar la gratuidad de la enseñanza y la igualdad de condiciones a la hora de elegir el modelo educativo que los padres deseen para sus hijos.

Asimismo, el FFB ha pedido el cheque como garantía de cobertura de dicho derecho que ya está en marcha en algunas Comunidades Autónomas. Además, a través de este sistema, la administración entrega a los padres una cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar, con la que abonan los gastos del centro donde los niños estén matriculados, sea público, concertado o privado.

Por último, el FFB ha explicado que a todas las familias se les asignaría la misma cantidad económica, equivalente al coste de un puesto escolar de la Comunidad Autónoma. De este modo, todos los padres obtienen la garantía de la gratuidad de la enseñanza básica que reconoce la Constitución.

Fuente de la noticia: http://www.20minutos.es/noticia/3115687/0/foro-familia-baleares-pide-cheque-escolar-para-garantizar-derechos-fundamentales-padres/

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Entrevista: “No solo en lo social se juega lo social”.

Entrevistas

La igualdad y la desigualdad, tanto de activos como de derechos, se ven fuertemente condicionadas por la estructura productiva, el desarrollo tecnológico, las brechas en el mundo laboral, el manejo macroeconómico de los ciclos, la organización territorial, el desarrollo de capacidades, la protección social y la participación política.

En ese marco, la CEPAL lanzará su nuevo documento de posición titulado Cambio estructural para la igualdad:Una visión integrada del desarrollo, que da continuidad a las propuestas difundidas en 2010 durante el anterior período de sesiones realizado en Brasilia, Brasil.

En esta entrevista, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, adelanta algunos de los conceptos que orientan la nueva hoja de ruta de la Comisión para los próximos años.

En el anterior período de sesiones realizado en Brasilia en 2010, la CEPAL instaló el tema de la igualdad como valor central de las agendas de desarrollo. ¿Cómo evalúa la acogida que tuvo este mensaje entre los países de la región?

Creemos, con humildad pero con mucha convicción, que las reflexiones recogidas en La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir han permeado profundamente la agenda pública en nuestro continente. La igualdad, tal como expusimos entonces, supone difundir, a lo ancho de la estructura productiva y el tejido social, el desarrollo de capacidades, el progreso técnico, las oportunidades laborales y el acceso universal a prestaciones y redes de protección social.

La igualdad también supone la instauración de un orden democrático deliberativo, con plena concurrencia y voz de los más diversos actores sociales, y con un rol central del Estado como garante de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, lo cual implica responsabilidades en materia de promoción, redistribución, regulación y fiscalización.

Situar la igualdad en el centro implicó una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en la región durante al menos tres décadas. Hoy vemos multiplicarse a lo largo y ancho de la región políticas públicas que recogen esta inspiración.

Pero cuidado. Las propuestas consagradas en Brasilia y aquellas que llevamos a San Salvador no son impulsos iluminados de un puñado de expertos. Son, en cambio, una mirada sistematizada sobre las demandas que han cristalizado en nuestra América. Emergen desde nuestras sociedades como necesidades que dan cuenta de una ciudadanía consciente, exigente, comprometida y disconforme con el statu quo. El empeño de la CEPAL ha sido escuchar, estudiar y sintonizar con las aspiraciones que tienen presencia y legitimidad en nuestros pueblos.

¿De qué forma el nuevo documento que presentará la CEPAL en El Salvador, llamado Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo, da continuidad a las propuestas lanzadas en 2010?

Hay un paso de continuidad y profundización. Creemos que hoy hay que explicitar más nítidamente que “no solo en lo social se juega lo social”. Por el contrario, la igualdad y la desigualdad, tanto de activos como de derechos, se ven fuertemente condicionadas por asuntos en los que ahora buscamos poner más énfasis: la estructura productiva, el desarrollo tecnológico, las brechas en el mundo laboral, el manejo macroeconómico de los ciclos, la organización territorial, el desarrollo de capacidades, la protección social y la participación política.

Para la CEPAL, la igualdad social y un dinamismo económico que transforme la estructura productiva no están reñidos entre sí; son complementarios y el gran desafío es encontrar las sinergias entre ambos. En una visión integrada del desarrollo, como la que planteamos ahora, la igualdad se va fraguando en una dinámica virtuosa de crecimiento económico y aumento sostenido de la productividad con inclusión social.

Sugerimos hacer converger la política macroeconómica con la industrial, convencidos de que las políticas fiscales, monetarias y cambiarias no solo deben actuar en el sentido de promover la estabilidad nominal y suavizar el ciclo económico. Creemos que son también instrumentos para incentivar la inversión de largo plazo, para diversificar la estructura productiva.

Concretamente proponemos que la política industrial juegue un papel protagónico en dos direcciones. Que permita, por un lado, dotar de mayores capacidades y competitividad a sectores existentes con claro potencial de crecimiento e incorporación de progreso técnico, y que paralelamente ayude a diversificar la estructura productiva mediante la creación de nuevos sectores de alta productividad y mayor sostenibilidad y eficiencia ambiental, apuntando a una mayor convergencia en niveles de productividad del conjunto de la economía.

Esta política industrial debe insertarse en plena interacción con la frontera científico-técnica, un imperativo en un mundo que vive una revolución que abarca a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, la biotecnología y la nanotecnología, y donde nuevas formas de conocer y producir adoptan un ritmo vertiginoso.

En este sentido, creemos que resulta indispensable la decisión política de las sociedades de encauzar la producción y la tecnología por rumbos que consideren a las generaciones futuras y al largo plazo.

¿Cómo pueden los países de la región combinar los desafíos inmediatos que les presenta el actual escenario de incertidumbre económica internacional con una mirada estratégica de largo plazo como la que propone la CEPAL?

Si como región no abordamos los rezagos en materia de conocimiento, tecnologías y sustentabilidad, una vez que amainen las incertidumbres que han aletargado el crecimiento estadounidense y precarizado la situación de Europa las distancias se van a ensanchar insalvablemente. Seguimos padeciendo los efectos estructurales de la crisis de deuda que encaramos hace tres décadas y no hemos podido aún restablecer los niveles de inversión indispensables.

Si hoy no logramos que nuestra resiliencia frente a las adversidades económicas globales se transforme en una apuesta audaz, activa y práctica por subir al tren mundial del progreso técnico asociado a los nuevos paradigmas tecnológicos, puede que luego sea muy difícil tomarlo. Eso sí, complementariamente, creemos que es necesario reconfigurar los patrones de producción y crecimiento de manera que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental.

Fuente: http://www.cepal.org/notas/73/Titulares1.html

Imagen: http://www.cepal.org/notas/73/imagenes/Titular1_AliciaBarcena_250.jpg

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España: Barkos «El departamento de Educación no está, ni mucho menos, en un nefasto camino»

Noticias

Europa/España/19 Febrero 2017/Fuente: diariodenavarra/Autor:Efe

Javier Esparza ha pedido a la presidenta del Gobierno de Navarra que explicara si tiene «intención de intervenir en el departamento de Educación para corregir el nefasto camino en el que ha derivado»

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha negado que el departamento de Educación, con todas sus «dificultades y errores», se encuentre en un «nefasto camino» tal y como afirma UPN.

«El departamento de Educación, con todas las dificultades, con todos los errores, que los ha habido, por descontado, y con todos los entorpecimientos, no está, ni mucho menos, en un nefasto camino», ha afirmadoBarkos en el Parlamento, tras criticar una «visión deliberadamente retorcida de la realidad».

Barkos ha negado así «la mayor» ante las acusaciones del regionalista Javier Esparza, quien le ha pedido que explicara si tiene «intención de intervenir en el departamento de Educación para corregir el nefasto camino en el que ha derivado».

«No puede preguntarme por la deriva de un departamento que antes de empezar a caminar ya habían decidido aniquilar», ha advertido Barkos, que ha pedido a UPN que «critique a este Gobierno cuanto quiera, pero no lo haga enfangando el sistema navarro de educación«.

Por el contrario, ha garantizado que el departamento «tiene a gala decir» que, tras año y medio, cuenta con un «buen balance», del que ha destacado la mejora de la «equidad» en las tarifas de las Escuelas Infantiles.

También ha remarcado la inversión en infraestructuras escolares y el proyecto de financiación plurianual de laUniversidad Pública de Navarra, la implantación del PAI en 6 nuevos centros y el tránsito a Secundaria de este modelo.

Barkos ha añadido que además se ha facilitado «el derecho» de los navarros a elegir la educación «en nuestras lenguas propias, castellano y euskera, sin imposiciones», y al respecto ha instado a quien conozca «un solo caso de imposición a un padre o a una madre» de elegir el modelo D a ponerlo «encima de la mesa y si no, dejen de mentir».

La presidenta también ha solicitado a UPN que deje de «maltratar» y «manosear» a la Universidad de Navarra, que «dejen de utilizar a la Universidad de Navarra, a la Clínica Universidad de Navarra y al Opus Dei para enfangarlos en su guerra de guerrillas» y «hagan oposición con sus propias armas».

En cuanto al reciente relevo del Secretario Técnico de Educación, ha considerado que es un «nuevo lío» que UPNse ha «empeñado en fabricar», y ha lamentado la «dimensión que se le ha querido dar».

Esparza, por su parte, ha indicado que Barkos es «perfectamente consciente» de que su gestión educativa «es un total y absoluto desastre», y ha denunciado que «se ha convertido en una montaña rusa repleta de inseguridad jurídica y de sustos».

«Es difícil hacerlo peor», ha asegurado, tras precisar que «lo único que les preocupa» es «euskaldunizar esta tierra de la manera que sea, saltándose la ley si es necesario», al tiempo que ha criticado a la presidenta que viva «en una burbuja, fuera de la realidad, envuelta en su ikurriña».

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha apostillado que Esparza «ve lo que quiere, solo los fantasmas que tiene en su cabeza», mientras que la parlamentaria de EH Bildu Miren Aranoa ha reconocido que «no todo se ha hecho bien» pero no es el «apocalipsis», también hay cosas que se han hecho «muy bien».

En nombre de Podemos, Tere Sáez ha lamentado que «no se sepa valorar la riqueza y la diversidad», frente a la socialista María Chivite que ha advertido de que se está tratando de «meter con calzador el modelo D y el euskera» y «tanta negligencia y decisión errónea» inhabilitan al consejero.

La popular Ana Beltrán ha señalado que el departamento es un «caos de principio a fin» y ha pedido el «cese inmediato» de José Luis Mendoza, mientras que el portavoz de IE, José Miguel Nuin ha destacado «muchas actuaciones que dejan claro que se está trabajando».

Fuente de la noticia:

 http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/02/17/barkos_departamento_educacion_esta_mucho_menos_nefasto_camino_517577_300.html

Fuente de la imagen:

http://static01.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2017/02/02/_barkos_16e6929c.png?50170b66fdab269f30194dc0610f41

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Campaña del desierto educativo (II parte)

Pablo Imen

Por: Pablo Imen

El escenario político argentino constituye un intenso y muy interesante laboratorio en el que se disputan proyectos muy diferentes.

Campaña del desierto educativo (II parte)

El triunfo electoral de la derecha pura y dura por vía electoral es toda una novedad. En efecto, es la primera vez desde la sanción del voto universal, secreto y obligatorio en 1912 que logra gobernar con cierto consenso. Hasta entonces, su modalidad había sido el asalto a las instituciones por vía de golpes de Estado. Esta novedad del neoliberalismo ahora por vías constitucionales tiene otra especificidad más: no gobierna en el marco de crisis orgánicas del orden sino en un momento inédito de la Argentina, tras una década de políticas de ampliación de derechos. Tal cuadro obliga al Gobierno a inventar, e incluso a generar una nueva crisis,   para avanzar en su esfuerzo restaurador del neoliberal-conservadurismo.  Es que resulta preciso convencer de que todo lo vivido en el período de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández ha sido un error, ha sido una mentira o ha sido un delito mientras que las novedades del macrismo son presentadas como un amargo remedio que llevará a la Argentina a un futuro venturoso.

El complejo juego entre pasado, presente y futuro; entre continuidad y ruptura se registra también en el campo de la política educativa. En las últimas semanas el ministro Bullrich incurrió en dichos de una honestidad brutal que contrastan con posiciones previas diferentes. En febrero de 2016 el ministro propició la firma de la Declaración de Purmamarca, que si bien emite un mensaje contradictorio se propone reconocer lo alcanzado hasta entonces.      Dice allí que “el Consejo Federal de Educación, reunido en Purmamarca (Jujuy) , afirma la unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años”. No nos detendremos en las tensiones, contradicciones y omisiones de este pronunciamiento, sino que sólo recuperamos el inicio de la Declaración para advertir la valoración explícita de que en los años previos hubo avances valiosos que constituían una plataforma para avanzar.

La posterior afirmación sobre una campaña del desierto educativa – trabajada en esta misma columna del 9 de octubre- preanunciaba una ofensiva no ya sólo contra la política educativa construida en el kirchnerismo, sino, rebasándola, contra la tradición sesquicentenaria del Sistema Educativo Argentino. Lo hizo en el coloquio de IDEA, el encuentro de los empresarios más comprometidos con el proyecto de Cambiemos, lo que es decir en el ágora de los dueños del país.

Su discurso resulta de una contundencia demoledora pues se ataca radicalmente a la tradición de educación pública esgrimiendo argumentos conceptualmente consistentes si bien, aplicado a la vida real de nuestro sistema educativo, sólo parcialmente cierto.

Embiste de modo brutal contra siglo y medio de tradición pedagógica criticando en bloque y sin matices un modelo pedagógico homogéneo y autoritario. Así lo expresó Bullrich: “Lo que no tenemos que dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino…Hay que cambiarlo, no sirve más!…no sirve más! Está diseñado para hacer chorizos, una máquina de hacer chorizos, todos iguales, ¿porqué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para hacer empleados en empresas que repetían una tarea todo el día, que usaban el músculo, no el cerebro, y nunca lo cambiamos.”

La perspectiva ahistórica y abstracta del funcionario omite algunos elementos sustantivos que debemos traer al debate.

En primer lugar, la decisión de la élite liberal-oligárquica de fundar un sistema educativo con una enseñanza primaria universal se fundamentó en una visión iluminista asignando a la educación un papel central y complementario en la “civilización del bárbaro”. El naciente Estado Nacional y la construcción de una sociedad moderna requeriría el concurso de una escuela homogénea capaz de formar a las nuevas generaciones en una restringida noción de ciudadanía y una muy limitada democracia formal. Sobre este particular punto debemos aportar dos elementos ampliatorios. Primero, el complemento de esta política de construcción del proyecto nacional de entonces fue la Campaña del Desierto – implícitamente reivindicada por Bullrich- que expresó el primer genocidio del Estado Argentino, nada menos. Segundo: fue en el seno de este proyecto pedagógico que se fue estructurando una corriente de inspiración emancipatoria – Carlos Vergara, Luis Iglesias, Florencia Fosatti, las hermanas Cossettini entre muchos otros y otras- que se reivindicaban hijos de esa escuela pública y herederos de esa tradición.

Desde sus orígenes la política liberal-social en materia educativa fue atacada brutalmente por la Iglesia Católica al punto que el entonces presidente – ¡Julio Argentino Roca!- rompió relaciones con el Vaticano, que recién se recompusieron en los primeros años del siglo XX.

La descalificación en bloque del sistema educativo argentino desmiente en parte la noción de “campaña del desierto educativa” y repone en su lugar el término que Bullrich propone para su cartera: la “Revolución Educativa”.

Los cambios sustantivos que el Ministro propicia se implementan por tres grandes vías simultáneas.

Una primera es el desmantelamiento del anterior Ministerio de Educación: se desarman los equipos centrales de los Programas Nacionales como Conectar Igualdad, o los Programas Socioeducativos impulsando a que cada provincia tome lo que le parece útil y posible. Esta estrategia se completa con la reducción presupuestaria, con la subejecución presupuestaria y con la introducción de ONGs o Fundaciones como prestadoras de servicios en el interior del sistema educativo.

Una segunda vía es la demonización de lo existente (como revela la intervención de Bullrich en Idea).

La tercera es la introducción de lógicas y dispositivos tecnocráticos para una reingeniería que ponga en el centro del proyecto político educativo la particular noción de “calidad”. En este sentido la aplicación de un operativo nacional de evaluación este 18 de octubre marca la orientación, el contenido y el método que este gobierno impulsará si logra sortear las fuertes resistencias de esta propuesta punitiva, una plataforma muy importante para esta “Revolución Educativa”.

Ciertamente, detrás de la “pedagogía de la respuesta correcta” que abusa del dispositivo evaluador se sostienen algunos presupuestos muy alejados de las formulaciones ministeriales acerca de los valores deseables para una educación pública aggiornada a las demandas del capital en el siglo XXI. Para esta visión, la “calidad” es el resultado de operativos estandarizados de evaluación construida bajo supuestos homogéneos, abstractos e inductores de las dinámicas institucionales y las relaciones pedagógicas.

Se trata, en fin, de instruir para aprobar el examen. Tal instrumento tortuoso será la vara para medir no sólo el grado de eficacia para el aprendizaje sino un terrorífico instrumento para la regulación y el control de las conductas. En su época de esplendor en Chile, el financiamiento de cada escuela así como las condiciones laborales del docente (siempre precarias) dependían de los exámenes estandarizados.

¿Y qué tiene que ver este esquema con formar para la autonomía de pensamiento, para una democracia sustantiva, para el desarrollo integral de la personalidad?  Absolutamente nada: el modelo que impulsa el gobierno neoliberal conservador de Cambiemos pone en cuestión las aristas más oscuras del tradicional sistema de educación pública para ofrecer el patético programa tecnocrático para formar papagayos, repetidores de conocimientos descontextualizados. Tal operación sería viable reconfigurando a los y las  docentes como aplicadores de paquetes pedagógicos exógenos, ajenos, enajenantes. Esta política de franca orientación mercantilista y tecnocrática pone en marcha interesantes debates y combates, discursivos y prácticos, entre modelos civilizatorios, de sociedad, de Estado, de política pública y de educación. El encomiable esfuerzo argumentativo de Bullrich se encuentra, una y otra vez, confrontado a una realidad intolerable que viene desmantelando lo existente sin avanzar en la reconfiguración del sistema educativo en convergencia con el modelo chileno, cuyo fracaso ha sido ostensible y está siendo revisado en ese país y en todo el mundo.

El éxito de esta reingenería es improbable, y la comunidad educativa – ya en guardia- alza la voz y se organiza para resistir y recrear un modelo pedagógico democrático y emancipador, tarea ingente de este tiempo histórico de mudanzas.

Tomado de: http://www.telesurtv.net/bloggers/Campana-del-desierto-educativo-II-parte-20161016-0006.html

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