Análisis Político

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El futuro de Brasil depende siempre de Lula

Emir Sader Simon

Por: Emir Sader

La derecha brasileña ha engendrado el golpe en contra de los gobiernos del PT, pero ahora no sabe qué hacer con su Gobierno. La izquierda ha producido a Lula y la derecha no sabe qué hacer con Lula. La derecha no sabe si intenta seguir con Temer como presidente o si encara la delicada operación de sustituirlo.

Muchos sectores de la derecha brasileña ya consideran a Temer un cadáver político, pero su mal olor no ha sido hasta ahora suficiente para que se genere una nueva unidad entre los golpistas para sustituirlo.

Con Lula también la derecha no sabe qué hacer. Puede intentar condenarlo, con el riesgo de hacerlo todavía más popular y objeto de apoyo aún más generalizado en el país, como víctima de un proceso sin fundamento ni pruebas. Y con el riesgo de no lograr mantener la condena y el tiro salir por la culata, de la peor manera para la derecha brasileña. O tener que enfrentar a Lula como candidato, con todas las posibilidades de perder de nuevo.

Porque una figura como la de Lula no se elimina así, como le gustaría a la derecha, mágicamente, mediante una penada de un juez de quinta categoría.

Lula ya está inscrito definitivamente en la historia de Brasil, como su presidente más popular, más importante, de más trascendencia en la vida de todos los brasileños. Asimismo, Lula es el más importante líder político de la izquierda contemporánea en escala mundial.

Cualquiera que sea el desenlace jurídico de los procesos en contra de Lula, él seguirá siendo el personaje decisivo para el futuro de Brasil. Sea como candidato favorito y como presidente de Brasil una vez más, sea como dirigente fundamental para las futuras en Brasil. Nada de importante sucederá en Brasil sin la presencia y la posición determinante de Lula, de tal forma su imagen es omnipresente en el país.

La derecha, muy incomodada, siempre tendrá que referirse a Lula, como su mayor enemigo. La izquierda, como su líder fundamental. Los medios, como la figura más conocida y reconocida en Brasil. El pueblo brasileño, porque deposita en él su esperanza y la confianza de volver a conquistar sus derechos y su autoestima.

La historia brasileña sigue y Lula tendrá en ella siempre un rol fundamental. Si como candidato tiene todas las posibilidades de ganar de nuevo y, como él dice, hacer más y mejor en el Gobierno. Si quedase impedido de candidatizarse, dirigirá a las fuerzas de la izquierda en sus combates futuros.

No se puede aprisionar a la esperanza, no se puede condenar a la voluntad del pueblo de retomar el camino de las transformaciones democráticas en Brasil.

La historia no cabe en una sentencia arbitraria de un juez fantoche de la derecha y del imperio. El destino de Brasil no cabe en las campañas de los medios oligárquicos.

Lula y la izquierda brasileña son resultados de las luchas del pueblo por sus derechos. La miseria, la pobreza, el hambre, la desigualdad, la exclusión social, producidos por la derecha brasileña a lo largo de los siglos, que habían hecho de Brasil el país más desigual del continente, más desigual del mundo, han generado también las luchas por la justicia social y por los derechos de todos, el liderazgo de lucha y las fuerzas de la izquierda brasileña.

Por más que intenten descalificar a la figura de Lula, por más que intenten condenarlo, aun sin pruebas, la influencia, la capacidad de convencimiento de Lula hacia los brasileños solo aumenta, conforme el Gobierno surgido del golpe intenta deshacer todo lo bueno que hicieron los gobiernos del PT.

Hoy la gran mayoría ya considera, de nuevo, la cuestión social como la más importante del país. El rechazo al paquete cruel de proyectos del gobierno de Temer es aplastante y, con él, el incremento del apoyo a Lula, como contraposición a todos los derechos que se está quitando del pueblo. La ilusión de que jurídicamente la derecha puede abolir la imagen de Lula de la cabeza de las personas y del propio Lula como líder político y de masas de la historia de Brasil es eso: una ilusión.

Él soporta cualquier sentencia, cualquier acusación sin pruebas, pero la vida real es distinta. El país real se hace con conciencia política, con lucha por los derechos sociales y por la democracia.

En el país real, Lula tiene un lugar fundamental en la historia pasada, presente y futura de Brasil. (Para comprobar, la derechista revista Veja hizo una encuesta entre sus lectores sobre el futuro de Lula y aún ahí el resultado es elocuente: Será preso: 14%. Será presidente de Brasil: 86%).

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-futuro-de-brasil-depende-siempre-de-lula

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Argentina: El espectáculo de la intemperie

Sandra Russo

Por: Sandra Russo

El cóctel molotov de este invierno estalla dentro de los cinco mil cuerpos que yacen en la noche, en la intemperie porteña. No son cuerpos anónimos, sino cuerpos con historia y con recuerdos de otros tiempos con techo. Por ese techo se pagaba con el trabajo que el macrismo ya deshizo o destruyó. Lo novedoso del macrismo es una disposición a la impiedad frontal. Una pulsión visceral a la despersonalización del otro, que ya no es la patria, porque el macrismo florece en un mundo trasnacional que vomita fronteras y rinde culto al off shore. No necesita de nada que se denomine patria. El dinero no tiene a sus padres enterrados en ninguna parte. El alma buitre del macrismo tampoco se detiene a pensar cómo habrá sido la eterna última noche bajo cero que un padre o una madre vieron convulsionar de frío a sus hijos. El alma buitre no es conmovible. Está diseñada con un dólar siempre atrasado como molde. Se alimenta de dolor y de entrañas ruidosas por el vacío que guardan. El alma buitre no es alma: es espina, es garrote, es balazo o es gas, es patada y señalador de desechos humanos.

Ese es el toque que caracteriza a este “fascismo democrático”–según describe Alain Badiou en la figura revulsiva de Donald Trump– que corona la irrupción al poder de gente que a muchísima otra gente le parece inconcebible y que sin embargo no sólo gobierna en ciudades y países de varios continentes, recalculando hasta dónde debe entrar la cuchilla de la crueldad en la carne de los otros, y que se hace más fuerte, se autoafirma, cuanto más hondo se muestra capaz de herir y malograr. De pronto, el mundo volvió a ser el Coliseo romano, pero en lugar de cristianos o de esclavos hay pobres, viejos y nuevos, y en lugar de leones hay multimillonarios a los que centenares de falsos periodistas untan minuto a minuto con la fascinación electrónica, lavándoles los pies de toda culpa, cubriéndoles los crímenes con tapaojeras, como si fueran vedettes del mal.

El estupor general suele ganarle a la indignación. Porque funciona. Ellos buscan votos enarbolando no banderas, sino motosierras humanitarias. Y los encuentran. Haber los hay. Les sigue garpando el asunto de la herencia pesada, la yegua, Bonadio, esas letanías de corrupción que de paso toman otros mediocres aspirantes a ser un poco menos crueles que éstos. Si algo de hallazgo político tiene Macri, es haberle sacado el velo al viejo sentido común que nos devolvía la imagen de un pueblo solidario y sensible, que donaba colchones o alimentos no perecederos en las catástrofes. La Argentina entera hoy es una catástrofe, pero no sólo porque gobierna Macri, sino sobre todo porque se lo tolera, porque se deja corromper, igual que otros pueblos, por ricos rústicos que sólo usaron alguna vez sus manos para contar lo propio. Macri no tiene idea de qué es un guante de trabajo. Se los pone al revés. Rodríguez Larreta nunca anduvo en el barro: él también se pone las botas de lluvia al revés. No disimulan porque no haber trabajado con las manos ni haber recorrido el territorio que gobiernan es parte de su lógica: no hay equivocación. Han logrado que la manada de repetidores con sobre por debajo de la mesa los muestre “auténticos”, y la masa peinada con spray mastica esa “autenticidad” mientras le llega el turno de ser su vez masticada por ellos.

Este invierno, que atravesó esta semana sus días más crudos hasta ahora, recibió con sus brazos gélidos a cinco mil expulsados irredentos del sistema que ofrece coqueterías a las mascotas y dedica una Dirección General a los ciclistas. Quienes los contaron llegaron a ese número que quintuplica el número oficial, pero desde el invierno pasado hemos visto cada uno de nosotros cómo en la esquina, en la puerta del bar ya cerrado, o en el umbral de la casa en venta, o en el cajero automático de la avenida, o bajo el alero del hipermercado, o en la recepción abierta del edificio sin terminar ellos se iban acomodando. Qué palabra insolente. Pero sí, acomodaban sus dos o tres bolsas de plástico, su colchón manchado de viejo o de sucio, su frazada tosca, su pila de diarios. Hemos visto que un día amanecieron ahí, muchos de ellos conciliando el sueño con alcohol, y otros con los ojos todavía asombrados de que ésta sea la vida que les toca. Algunos antes vendían artesanías o hacían changas que ya no hay. Casi todos conocían la miseria, pero fue entre el invierno pasado y éste en curso que comenzaron a formar parte del ejército rendido de los que sólo pueden dar la pelea de esta noche, los que deben llegar con vida hasta mañana. Han sido reducido por los jíbaros macristas a esas sobras que cuando Macri era jefe de gobierno de esta ciudad, la UCEP echaba a patadas porque deslucían el espacio público. Un sin techo no puede competir con una linda mascota que se ha hecho la manicura. En la ciudad macrista los perros o los gatos son mejor vistos que los seres humanos de piel oscura.

De los ´90, cuando los sin techo eran legión y casi plaga, recuerdo una nota que escribió Gabriel Giubellino en Clarín. Era una crónica muy buena sobre un matrimonio entre un hombre sin techo que dormía en las escalinatas de una iglesia, y una mujer a la que se había unido y con la que se había casado gracias a una colecta que les había permitido costear el trámite. Me quedó grabado a fuego el final de aquella nota, cuando el cronista, antes de irse, le preguntaba al novio: “¿Con qué soñás?”, y el novio contestaba: “Sueño con cerrar una puerta”. Y en esas cinco palabras sencillas a uno se le venía encima esa intemperie, que no sólo implicaba las noches heladas o las noches tórridas, sino que además indicaba, sin exageración ni grandilocuencia, la total desnudez en la que vivían aquellas pobres criaturas que quizá, encima, sintieran culpa de tener tan poco. No tener ni una sola puerta para abrir o cerrar. Estar en “situación de calle” es, además de lacerante, obsceno.

Cada vez habrá más. Y si no los hay, es porque inventarán alguna forma de levantarlos en un camión y mandarlos a otra parte. Lo ha hecho siempre la derecha. Desde la dictadura. Despejar, despejar. En la hondura de la noche y cuando nadie ve. Sacarlos de circulación. Llevarlos lejos. De eso se quejaba esta semana un funcionario marplatense: decía sobre una mujer que murió de frío en esa ciudad, que ya la habían llevado a un hospital varias veces pero que la mujer “volvía como un perrito a ese lugar que le gustaba”.

Son así de bestiales y se dirigen a gente que comparte su gusto por la impiedad. Como los que les gritaban a los despedidos de PepsiCo que “vayan a laburar”. Idiotas que se quejan cuando se les dice idiotas. Gente que cree que ha venido al mundo mejor dotada que otra gente que se merece sufrir o en todo caso no es su tema, y es su tema, porque ese electorado vota el castigo al débil. Hay maneras más complejas e inteligentes de decirlo, pero con esta alcanza por hoy, que hace frío. Mientras tipeo acalambrada de rabia, acá en la esquina ya sé que están las dos bocacalles ocupadas por los colchones que los sin techo de este barrio tiran después de las diez de la noche, cuando ya casi nadie camina por la calle. Tengo frío en mi cuarto pero me hiela adentro cuando pienso que ellos están ahí, y que no se lo buscaron, no lo eligieron, no pudieron hacer nada contra todas las vallas que el macrismo interpuso entre la vida digna y ellos. Buenos Aires está helada en su tuétano. Ha perdido la gracia que supo tener en otras épocas, ha perdido su aventura, su magia, su don de gentes.

Esta ciudad, que alguna vez fue progresista, envejeció. Ha adquirido el rictus de una vieja mala con anillos de oro en cada dedo, que mira displiscente a los desamparados.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/51652-el-espectaculo-de-la-intemperie

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Hora Cero, Gobierno bizarro, amenaza de sanciones: ¿toda la carne en el asador?

Aram Aharonian

Por: Aram Ahoronian

Lo de Venezuela es un golpe de Estado continuado, pero que en los últimos cien días ha sumido al país en una violencia caótica y desestabilizadora de nuevo tipo, que utiliza como forma de lucha política una metodología terrorista. Es decir, el uso ilegal, premeditado, calculado y sistemático de una violencia indiscriminada y letal contra población civil, para provocar un terror paralizante en la sociedad.

Estados Unidos (al menos su Gobierno) huele el final del chavismo y ha lanzado la Hora Cero, muy de película gringa. Ya no confía en los mandaderos locales: ha asumido la responsabilidad de la ofensiva de manera pública y ahora los gobiernos subordinados servirán sólo de amplificadores de las decisiones de Washington. La situación cambia: ya el Gobierno no se enfrenta solo a la oposición venezolana, Trump se apuntó y quiere comandar la pelea.

El objetivo inmediato para el chavismo es llegar al 30, legitimar la Asamblea Nacional Constituyente con un alto porcentaje de participación -lo contrario agravaría el escenario-, evitar que se abran escenarios de destrozos masivos en las ciudades, ataques militares opositores, que la sociedad caiga en el enfrentamiento buscado por parte de la derecha. Se trata de un escenario complejo donde son necesarias inteligencia, unidad y organización del chavismo.

Ya no fue el jefe del Comando Sur o un senador o diputado zafado. El mismo presidente Donald Trump fue quien amenazó públicamente con sanciones –económicas y otras- si el Gobierno constitucional venezolano avanza con la elección de constituyentes el domingo 30 de julio. El circo se fue armando y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no tuvo ningún reparo (y menos moral) de ir al Senado estadounidense para exponer sobre “la crisis en Venezuela”.

Y trazaron en Washington la hoja de ruta en un entramado internacional que engloba desde el Departamento de Estado hasta la Exxon Mobil: en lo político-institucional, en la violencia, en lo económico, en lo comunicacional.

En lo político, lo previsto es la instalación del gobierno paralelo (un gobierno en el exilio, pero dentro del país), con nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el anuncio de la elección de un “presidente” del “gobierno de unidad”, puesto para el cual la gente de Washington confía en Leopoldo López. Seguramente Washington, una vez “instalado” éste, desconozca al Gobierno constitucional de Maduro, apoyando económica, militar y diplomáticamente al gobierno bizarro de la oposición.

En la violencia cabe esperar nuevas formas tras las ya practicadas como cortar el acceso a zonas urbanas, atacar con grupos de choque y paramilitares las zonas populares, asediar e incendiar instituciones pública (incluyendo hospitales, canales de televisión, centros eléctricos), incendiar a personas (con la excusa que pueden ser chavistas). Ahora surge el uso de armas largas, morteros y ataques contra fuerzas de seguridad (esperando la reacción).

En lo comunicacional las órdenes son las de invisibilizar, desconocer la existencia del chavismo. Internacionalmente, EEUU asumió públicamente la responsabilidad y los gobiernos sumisos deberán cumplirle. En lo económico el objetivo es apretar más la asfixia, bloqueando las líneas de importación de comida destinada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, la quema de depósitos y camiones.

El circo no funciona tan bien

Hasta ahora el circo no funcionó tan bien como esperaban. La cumbre de presidentes del Mercosur en la ciudad argentina de Mendoza no logró sacar una declaración fuerte ni expulsar a Venezuela del organismo regional: la triple alianza argentina-brasileña-paraguaya sufrió otra postergación de sus planes. Esta semana puede ser definitiva y no se debe excluir la posibilidad de una expulsión desde la presidencia pro tempore brasileña en aplicación del Protocolo de Ushuaia.

Era técnica y políticamente imposible emitir una sanción, pero en Mendoza prepararon el paso que sustentará el procedimiento.

En lo comunicacional han impuesto un imaginario colectivo contrario al Gobierno. La matriz mediática legitima toda la violencia desplegada por la oposición, la presenta como justa, épica y necesaria (hasta la del centenar de muertos).

Nadie sabe cómo justificar los supuestos 7.676.894 votos del “plebiscito” realizado el domingo 16 por la oposición. Ellos mismos quemaron las urnas antes del recuento. Pero el terrorismo mediático internacional logró invisibilizar el simulacro de la votación para constituyentes, organizado por el Consejo Nacional Electoral, que llevó mucha gente, que hasta sorprendió a los dirigentes del PSUV.

Tras 100 días de iniciado el ciclo de violencia insurreccional, la oposición ha sumado algunos actores que estuvieron en el chavismo, pero no ha logrado el apoyo de la Fuerza Armada Nacional (ni por goteo). Tampoco el de los sectores populares. Ni la composición de clase ni la cantidad de participantes en las protestas han cambiado, tampoco la creciente violencia (incentivada hasta por el Episcopado), ni su dirigencia elitista, ni la carencia de un proyecto político, más allá de salir de Chávez primero, de Maduro ahora…

Un Gobierno en el exilio, pero en Caracas

El dirigente opositor Freddy Guevara habló de un levantamiento total, que a juzgar por los manuales de la «guerra no convencional» del Pentágono augura escenarios tipo Libia o Siria. Es decir, estaríamos en el inicio del estallido de una guerra fratricida entre venezolanos, con intervención de potencias extranjeras, mercenarios y grupos paramilitares, dice Carlos Fazio.

El presidente boliviano Evo Morales, en la cumbre del Mercosur en Mendoza, señaló a sus pares: “Las intervenciones en Libia, Irak y otros países son para apropiarse de recursos naturales. Detrás de la intervención en Venezuela está el petróleo”.

No sorprendente el impúdico cabildeo intervencionista a favor de un “cambio de régimen” de dos actores con intereses geopolíticos diversos: la petrolera ExxonMobil, de la que fue su histórico GEO el actual secretario de Estado Rex Tillerson y que ha invertido cuantiosos recursos para derrocar el Gobierno, y la jerarquía de la Iglesia católica venezolana.

Rex Tillerson

ExxonMobil ha financiando entre otros la campaña del presidente Trump y a los senadores estadunidenses Marco Rubio, Ed Royce, Ileana Ros y Bob Menéndez para que apliquen un paquete de sanciones económicas contra Venezuela y brinden apoyo a los “luchadores de la libertad” que han desatado la violencia terrorista en el país.

La trasnacional petrolera está más que preocupada por la disminución de su influencia en la región, y en Venezuela en particular, debido a los acuerdos de cooperación energética y política de PDVSA con Rusia y China, que son presentados en Washington como un problema de “seguridad nacional” de EEUU, intentando acelerar la intervención del Pentágono.

Lo de Venezuela es un golpe de Estado continuado –quizá desde el 2002- pero que en los últimos cien días ha sumido al país en una violencia caótica y desestabilizadora de nuevo tipo, que utiliza como forma de lucha política una metodología terrorista. Es decir el uso ilegal, premeditado, calculado y sistemático de una violencia indiscriminada y letal contra población civil, para provocar miedo y un terror paralizante en la sociedad.

Es un terrorismo que mediante campañas de saturación mediática se encubre bajo una apariencia de movilización pacífica (incluyendo linchamientos, incendiar a gente, destruir toneladas de alimentos, incendiar centros de salud y guarderías). Desde 2014 la prensa hegemónica, convertida en terrorismo mediático y con camarógrafos, fotógrafos y guionistas actuando como unidad de combate, ha logrado ganar la guerra simbólica internacional. Es la posverdad, la mentira convertida en verdad universal.

Las sanciones

El Gobierno de Barack Obama ya había tomado medidas, pero todas dirigidas contra altos funcionarios y mandos militares, no contra el Estado o la economía venezolana en su conjunto.

El 9 de marzo de 2015, suspendió las visas y congeló los activos en territorio estadounidense de los directores de inteligencia Gustavo Enrique González y Manuel Bernal; del exdirector de la Policía Nacional Manuel Pérez Urdaneta; de los excomandantes de la Guardia Nacional Antonio Benavides y Justo Noguera; del inspector general de la Fuerza Armada Miguel Vivas Landino y de la fiscal Katherine Haringhton.

Este tipo de sanciones continuaron con Trump: en febrero tocó al vicepresidente Tareck El Aissami, en mayo a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, incluido su presidente Maikel Moreno.

Las nuevas medidas amenazadas podrían ser más sanciones individuales a altas figuras del régimen, entre las que se menciona a Diosdado Cabello (vicepresidente del partido de Gobierno) y a Vladimir Padrino (ministro de Defensa), como congelamiento de activos y prohibición de entrar a Estados Unidos, además de eventuales sanciones económicas a PDVSA como empresa.

La posibilidad en mente de varios dirigentes de la oposición es la suspensión de las importaciones de petróleo venezolano, principal fuente de divisas del país: sin ellas no podría importar todos los bienes de consumo básico que necesita, de los cuales produce apenas un tercio, ni pagar sus elevados compromisos financieros internacionales.

Pero hete aquí que EEUU es su principal mercado, lo que vuelve muy vulnerable a PDVSA, porque no le sería nada fácil encontrar otro comprador. Una sanción de peso sería impedirle participar de nuevos contratos con el Gobierno federal a través de su subsidiaria, CITGO.

Los dirigentes opositores sueñan con que Trump bloquee todas las importaciones de crudo provenientes de Venezuela. Puede hacerlo sin pasar por el Congreso, amparado por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), en caso de que haya una amenaza externa a la seguridad de EEUU (en este caso el Gobierno venezolano).

Pero esto también tendría un costo para la economía estadounidense, ya que el Venezuela es el tercer proveedor de crudo. Además, las exportaciones de derivados de petróleo estadounidense a Venezuela han crecido sustancialmente en los últimos años. En las últimas semanas varias refinadoras que procesan crudo venezolano han hecho lobby con la administración Trump para evitar que eso ocurra.

La medida podría hacer que los efectos los padezcan los estadounidenses, que acuse en incremento en el costo del combustible y la energía en general para consumo doméstico.

Más allá de que el impredecible Trump enfrenta en este momento varias crisis domésticas por las revelaciones sobre la relación de Rusia con su campaña presidencial y la imposibilidad de pasar en el Congreso la derogación del Obamacare, lo que lo podría hacer más proclive a una medida extrema contra Venezuela con el fin de “cambiar la narrativa”, por lo menos por unos días.

Los analistas internacionales señalan que las consecuencias para Venezuela de las sanciones a la industria petrolera serían severas y el país quedaría muy expuesto porque, incluso sin el castigo, ya se encuentra al borde del default por la escasez de dólares. Sus reservas están en el nivel más bajo de los últimos 15 años: menos de 10.000 millones de dólares. Y por sus dificultades de flujo de caja ya tiene una moratoria sobre el pago de sus deudas a China.

Mientras, el Gobierno venezolano continuó pagando religiosamente a los tenedores de bonos de Wall Street, recortando gastos en importaciones y generando mayor desabastecimiento”, señaló.

No obstante, por más que se reduzca su margen de acción, no hay ninguna garantía de que sea suficiente para obligar al chavismo a una salida negociada. Un embargo petrolero aceleraría el inminente default de Venezuela, pero aun así el Gobierno podría mantenerse, concluyen los analistas.

Colofón

– Hay variado y alto descontento en los barrios populares, con mucho cansancio por la falta de respuesta a la situación económica, donde la culpa no solo la tienen el imperialismo y la oligarquía. Allí hay gente que hasta votó el plebiscito del domingo 16, pero la oposición no ha logrado sumar adeptos dentro de estos sectores.

– Lo cierto es que Venezuela se ahoga en el odio y que, de una u otra manera, el fenómeno nos afecta a todos, señaló el exvicepresidente José Vicente Rangel. “La mayor responsabilidad recae en el líderazgo de la oposición por su obsesión de acabar con el chavismo, de negarse al diálogo, de desatar la violencia irresponsablemente; pero también admito que en el chavismo ha habido excesos, arrogancia y adopción de equivocadas medidas políticas y económicas”, agregó.

– La legitimación de la violencia política descansa en un sistema de creencias que sirven para la configuración de la identidad del grupo que lleva a cabo una supuesta gesta heroica libertadora, como en el encuadre negativo del adversario, responsable de la situación y deslegitimado hasta eliminar o neutralizar cualquier conflicto ético. Convertido el adversario en un peligro para la sociedad, se lo proscribe e incluye en categorías socialmente condenables -asesinos, ladrones, paramilitares- que demandan medidas defensivas especiales, justifican su asesinato, exterminio y tortura aun después de muerto”, señala la socióloga Maryclén Stelling.

– Para no confundirse con las cifras, hay que tener en cuenta que las elecciones presidenciales el abstencionismo suele superar el 20% y que el chavismo solía sumar alrededor del 60% de los votos.

Fuente: http://questiondigital.com/hora-cero-gobierno-bizarro-amenaza-de-sanciones-todo-la-carne-en-el-asador/

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Estados Unidos en Venezuela

Silvina Romano y Aníbal García

Por: Silvina Romano y Aníbal García

El Congreso estadounidense viene dedicando importantes energías y recursos a “resolver” la situación en Venezuela, como si se tratase de territorio soberano estadounidense. Solo en lo que va de 2017: se aprobó una ley (en enero) mediante la cual se asignan 7 millones de dólares para la “asistencia para la democracia y los derechos humanos de la sociedad civil de Venezuela”; una propuesta de ley para los refugiados venezolanos (abril), otra propuesta para la Asistencia Humanitaria y la defensa de la Gobernanza Democrática (mayo), además de una resolución para instar al presidente Trump a implementar sanciones (abril).[1] Sin dudas, el proyecto de ley más “integral”, fue el presentado por un grupo bipartidista de 15 senadores estadounidenses, encabezado por Ben Cardin (Demócrata) y Marco Rubio (Republicano) a principios de mayo (S. 1018).[2] El proyecto presenta al menos dos dimensiones interesantes y sugerentes para agregar a los análisis sobre el conflicto en Venezuela desde la perspectiva de los intereses estadounidenses: la relativa al texto del proyecto de Ley en sí mismo – que puede ser comprendido como una suerte de mapa a seguir por el gobierno-sector privado estadounidense en Venezuela- y la relativa al petróleo y la seguridad estadounidense.

Lineamientos para el retorno al neoliberalismo en Venezuela

La Ley Cardin “para proveer ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, defender la gobernanza democrática y combatir la expansión de la corrupción pública en Venezuela” es presentada como una hoja de ruta para los organismos del gobierno estadounidense y sus funcionarios, así como para organismos internacionales, dando por sentado que finalmente se llegará a un escenario propicio para aplicar las medidas propuestas, muchas de las cuales han sido rechazadas de modo contundente por el gobierno venezolano –el cómo se logra este escenario, está asociado a las estrategias de desestabilización que han sido aplicadas sistemáticamente, cada vez con mayor insistencia y virulencia, panorama en el que se incluyen planes del Comando Sur como Operación Freedom 2[3].

Los aspectos que aborda el proyecto de ley son: asistencia humanitaria, apoyo a la OEA en la aplicación de la Carta Democrática; apoyo de organismos internacionales en el monitoreo de elecciones; apoyo a los países del Caribe. Como justificación de estas medidas se enuncia lo relativo a la corrupción y el narcotráfico (planteando sanciones concretas para funcionarios venezolanos), así como la relación de PDVSA con empresas rusas y la amenaza a la seguridad de EEUU.

Como asunto fundamental, se proporcionan una serie de datos sobre la crisis alimentaria y de acceso a medicinas en Venezuela, aduciendo que hay altos índices de malnutrición, especialmente en niños. Llama la atención que este tipo de atención solo vaya destinada para Venezuela, cuando en América Latina hay países como Guatemala donde uno de cada dos niños entre cero y seis años sufre de desnutrición;[4] o México, donde más del 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza.[5]

Desde un inicio, el documento presume que el gobierno venezolano es autoritario y que no representa los intereses o necesidades de los venezolanos y por eso el objetivo es que el Presidente Maduro acepte la ayuda para resolver la “crisis humanitaria”; restituya los poderes a la Asamblea Nacional; permita llevar a cabo elecciones “de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Sec.3). En particular esta última “sugerencia” da cuenta de un ánimo intervencionista, al poner en duda el propio conocimiento del gobierno de Venezuela sobre lo establecido en la Constitución, cuando el gobierno ya ha planteado una alternativa, la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, que por no responder a los cánones democráticos esperados por la comunidad internacional y la oposición, ha sido definida como “ilegítima” (a pesar de que es una alternativa que figura con claridad en la Constitución).

Pero el intervencionismo se exhibe con mayor claridad aún en lo referido al modo en que se implementará la “asistencia humanitaria”: fluirá por medio de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y ONGs, que además de proveer los alimentos y medicinas “necesarias”, gestionarán “asistencia técnica para garantizar su distribución además de procurar mejorar la transparencia y accountability de las instituciones públicas de Venezuela” (Sec 4, incisos 3 y 4). Se deriva de esta propuesta que los técnicos estadounidenses y de ONGs locales asociadas a la USAID serían los encargados de intervenir para reorganizar el funcionamiento correcto de los organismos estatales. A esto se suma además la actuación de la ONU, la Organización Panamericana para la Salud, el BID y el BM (Sec. 5, inciso 3). Se plantea entonces, sin reparo, el desembarco de las Instituciones Financieras y Organismos Internacionales coordinados por oficinas del gobierno estadounidense para “reorientar” al Estado venezolano. Trayectoria que no solo remite al recetario neoliberal (que probó ser fallido en Venezuela), sino que se trata de un modus operandi pos-Golpe aplicado en varias experiencias anteriores (especialmente sugerente es el caso de Guatemala en 1954).[6] Tal vez debido a estos antecedentes, el proyecto de Ley considera que estas sugerencias son prácticamente un hecho y solicita la asignación de un presupuesto de aproximadamente 10 millones de dólares para su ejecución (Sec. 7).

Como medida de presión complementaria de cara a lograr el escenario requerido para aplicar los lineamientos planteados, se propone trabajar con mayor énfasis en las sanciones para funcionarios venezolanos “corruptos”, responsabilizándolos por la erosión de la democracia (Sec 9 y 10). Una apuesta que ha tenido éxito en Brasil, con el Lava Jato y el corolario de cárcel de 9 años para Lula da Silva, todo un montaje dirigido a dirimir los conflictos políticos a través de la vía judicial, para eliminar las alternativas políticas posibles[7].

Pero no se trata solo de “limpiar” la burocracia Estatal venezolana y (re)construir un Estado a imagen y semejanza de la “democracia neoliberal”. Se propone para ello asfixiar la economía venezolana. Por un lado, se enfatiza en la necesidad y urgencia de que EEUU se acerque a los países del Caribe que estén vinculados a Venezuela por medio del petróleo –y que son los que vienen bloqueando en cierta medida la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela en las votaciones de la OEA. Se postula la necesidad de lograr un mayor acceso a las fuentes energéticas de esos países, incluido el desarrollo de proyectos de financiamiento de energías alternativas por medios público-privados (Sec. 8). Se pide la acción conjunta de Departamento de Estado, USAID y la Overseas Private Investment Corpororation (todos organismos que han estado implicados en procesos de desestabilización desde la Guerra Fría hasta la actualidad).[8] Por otro lado, se busca debilitar a PDVSA, aduciendo que se trataría de una empresa que pone en riesgo la “seguridad nacional” de Estados Unidos.

CITGO, la “amenaza” a la Seguridad Nacional de Estados Unidos

Uno de los rubros destacados de la Ley Cardin es el llamado de atención sobre PDVSA y su filial en Estados Unidos, PDVSA-CITGO. Según el texto S.1018, CITGO tiene una importancia crucial para la Seguridad Nacional estadounidense, con implicaciones geopolíticas preocupantes, más allá de la inestabilidad económica y política venezolana. Según las propias fuentes estadounidenses, PDVSA obtuvo un préstamo de la petrolera Rosneft -controlada por el gobierno ruso- utilizando 49.9% de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO Petroleum Corporation, incluyendo sus activos en Estados Unidos, como garantía”.[9] Se aduce de que se trata de un asunto vital para la seguridad nacional estadounidense, en términos estratégicos, pues se estima que CITGO posee y controla infraestructura en 19 estados estadounidenses, incluyendo tuberías, refinerías en Louisiana, Illinois y Texas, que procesan 749 mil barriles al día, más de 6 mil gasolineras en 27 estados, sobre todo de la Costa Este. La refinería de CITGO en Louisiana es la sexta refinería en tamaño en Estados Unidos. Aun tomando nota de estas características, CITGO no se compara con las grandes petroleras de EEUU, como Exxon, que ha sido catalogada como la empresa de hidrocarburos más grande del mundo[10]. De modo tal que las sanciones solicitadas estarían dirigidas a generar un embargo que disminuya considerablemente las finanzas venezolanas en un contexto de baja de los precios de petróleo a nivel mundial.

Por otra parte, la voz de alarma se enciende al asegurar que en caso de “default o incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado venezolano”, una filial de PDVSA como CITGO, podría quedar en manos de la rusa Rosneft y se desliza que eso permitiría la “penetración rusa” en EEUU (Sec 11, inciso 5). Esto que es presentado como una posible estrategia de injerencia ruso-venezolana es rápidamente desbaratado por los hechos: no se trata de la influencia de CITGO, sino del protagonismo de las petroleras en la política y la economía estadounidense en general (debido al modo en que opera el cabildeo y la puerta giratoria en esa democracia: baste recordar que el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, es histórico CEO de Exxon). Un ejemplo es que CITGO cabildea desde hace meses en la Casa Blanca y aportó 500.000 dólares a la campaña de Trump, sumándose a acciones similares de Chevron, Exxon, BP, etc.[11] Así, es poco probable que CITGO constituya una verdadera amenaza para un gobierno como el estadounidense, respaldado por las grandes petroleras, que lejos de destinar energías a preocuparse por una intervención rusa, apuestan por un plan de expansión (America First Offshore Energy) que pretende hacer de Estados Unidos el “líder y principal proveedor de energéticos a nivel mundial y asegurar los principales mercados de energéticos del mundo”.[12]

Por todo lo anterior, para Estados Unidos es primordial que de un modo u otro se “reemplace” al gobierno actual por otro predispuesto a subordinarse política y económicamente. Por lo pronto, en las próximas semanas vencerán los plazos relativos a las sanciones y juicios a funcionarios venezolanos, de modo que habrá que estar atentos a nuevos capítulos del intento de intervención de Estados Unidos en América Latina. Veremos…

[1] Congressional Research Service, “Venezuela: Background and US Policy”, June 2017, pp 29-30.

[2] https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1018/text

[3] http://www.celag.org/el-comando-sur-en-america-latina-y-la-inestabilidad-en-venezuela-por-silvina-romano/

[4] http://www.hispantv.com/noticias/guatemala/327268/desnutricion-derechos-ninos-programas-jimmy-morales

[5] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/23/1082333

[6] http://www.journals.unam.mx/index.php/deraizdiversa/article/view/58498

[7] http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-america-latina/

[8] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052012000300011

[9] “Venezuela Humanitarian Assistance and Defense of Democratic Governance Act of 2017” https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1018/text

[10] https://www.forbes.com/sites/laurengensler/2017/05/24/the-worlds-largest-oil-and-gas-companies-2017-exxon-mobil-reigns-supreme-chevron-slips/#29dc39974f87

[11] http://docquery.fec.gov/pdf/286/201704180300150286/201704180300150286.pdf en concreto véase la página 21. CITGO a su vez, contrató a la firma de Corey Lewandowski (ex asesor de campaña de Trump) para tener injerencia en las decisiones políticas estadounidenses respecto a restricciones y sanciones.

[12] https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/28/presidential-executive-order-implementing-america-first-offshore-energy

Fuente: http://www.celag.org/estados-unidos-en-venezuela/

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Las deudas abiertas de Hamburgo

Alberto Acosta

Por: Alberto Acosta

Compromisos en extremo generales, con muy escaso contenido concreto, caracterizan la declaración de clausura de la cumbre del G-20 en Hamburgo. Más allá de las tradicionales lecturas y análisis sobre los resultados obtenidos, que arrancaron apenas se despidieron los gobernantes de los países más poderosos del mundo, quedó absolutamente claro que en algunos puntos no se avanzó nada y en otros los problemas fueron ignorados olímpicamente.

En el tema de los acuerdos ambientales de París, los EEUU mantuvieron su posición y el cuestionado gobernante turco anticipó que su parlamento no ratificaría dichos acuerdos. Esto es lamentable para la Humanidad. Lo que se logró en la capital francesa a fines del 2015 era muy tibio. Lo que impulsa Donald Trump es grave: no solo más de lo mismo, sino más de lo peor…

Otro asunto es el relativo al endeudamiento externo. Esta cuestión afecta críticamente a 116 países en todo el mundo, como se desprende del informe anual de la organización alemana erlassjahr.de. Una situación que se explica sobre todo por el sistema imperante, que ha transformado históricamente a la deuda externa en una herramienta de dominación de las grandes potencias. Es lamentable que en este punto, cuando parecía haber algunos avances en la pasada reunión de ministros de finanzas del G-20 también en Alemania, en la ciudad hanseática ya no se dijo nada. Recordemos que en marzo del presente año, en el conocido casino de Baden-Baden, los ministros de finanzas hablaron de un esquema referencial: Operational Guidelines for Sustainable Finance, que se esperaba serviría para normar de alguna manera la concesión de créditos.

A la final de tanta palabrería en la cumbre organizada por la canciller Angela Merkel sabemos que los problemas no solo que seguirán siendo los mismos, sino que, con seguridad, aumentarán. Aceptémoslo, junto a la deuda externa financiera, emergen y se consolidan otras deudas, también externas: las deudas social y ecológica. Y todas esas deudas demandan nuevas y creativas luchas democráticas, al margen de la sinrazón destructora de unos cuantos que con su miopía alimentan y hasta dan pábulo para que se “justifique” la violencia estatal en todas sus formas.

Conocemos la miseria y la pobreza que provocan las crisis de la deuda financiera externa y lo que ocasionan las políticas fondomonetaristas para intentar -casi siempre inútilmente- resolverlas. Esos impactos sociales configuran una enorme deuda social, en la que los acreedores de la deuda financiera son los deudores de la deuda social. A la par, las grandes potencias económicas deberían asumir su corresponsabilidad por los destrozos provocados a la Naturaleza, en otras palabras deben aceptar y pagar su deuda ecológica.

No se trata simplemente de una deuda climática. La deuda ecológica encuentra sus primeros orígenes con la expoliación colonial –que empezó con la extracción de recursos minerales en Potosi o con la tala masiva de los bosques naturales, por ejemplo–, se proyecta tanto en el “intercambio ecológicamente desigual”, como en la “ocupación gratuita del espacio ambiental” de los países empobrecidos por efecto del estilo de vida depredador de los países industrializados.

Aquí cabe incorporar las presiones provocadas sobre el medio ambiente a través de las exportaciones de recursos naturales –normalmente mal pagadas y que tampoco asumen la pérdida de nutrientes y de la biodiversidad, para mencionar otro ejemplo– provenientes de los países subdesarrollados, exacerbadas por los crecientes requerimientos que se derivan de la aperturismo comercial a ultranza y por el servicio de la propia deuda externa financiera. La deuda ecológica crece, también, desde otra vertiente interrelacionada con la anterior, en la medida que los países más ricos han superado largamente sus equilibrios ambientales nacionales, al transferir directa o indirectamente contaminación   (residuos o emisiones) a otras regiones sin asumir pago alguno.

A todo lo anterior habría que añadir la biopiratería, impulsada por varias corporaciones transnacionales que patentan en sus países de origen una serie de plantas y conocimientos indígenas. En esta línea de reflexión también caben los daños que se provocan a la Naturaleza y a las comunidades, sobre todo campesina, con las semillas genéticamente modificadas, para mencionar otro ejemplo. Por eso bien podríamos afirmar que no solo hay un intercambio comercial y financieramente desigual, sino que también se registra un intercambio ecológicamente desigual, que resulta desequilibrado y desequilibrador.

La crisis provocada por la superación de los límites de la Naturaleza nos conlleva necesariamente a cuestionar la institucionalidad y la organización sociopolítica. Tengamos presente que, “en la crisis ecológica no solo se sobrecargan, distorsionan agotan los recursos del ecosistema, sino también los ‘sistemas de funcionamiento social’, o, dicho de otra manera: se exige demasiado de las formas institucionalizadas de regulación social; la sociedad se convierte en un riesgo ecológico” (Egon Becker). Este riesgo amplifica las tendencias excluyentes y autoritarias, así como las desigualdades e inequidades tan propias del sistema capitalista.

Ante estos retos, la tarea radica en el conocimiento de las verdaderas dimensiones de la sustentabilidad y en asumir la capacidad de la Naturaleza de soportar perturbaciones, que no pueden subordinarse a demandas antropocéntricas. Una nueva ética para organizar la vida misma es cada vez más necesaria. Se precisa reconocer que el desarrollo y el progreso convencional nos conducen por un camino sin salida. Los límites de la Naturaleza, particularmente exacerbados por las demandas de acumulación del capital, están siendo superados de manera acelerada.

La labor parece simple, pero es en extremo compleja. En lugar de mantener el divorcio entre la Naturaleza y el ser humano, hay que propiciar su reencuentro, algo así como intentar atar “el nudo gordiano” roto por la fuerza de una concepción de vida depredadora y por cierto intolerable, especialmente desde la implantación de patrones civilizatorios de corte patriarcal.

La economía debe subordinarse a las demandas de la sociedad y de la ecología. El ser humano antes que el capital, implica, a la vez, que el ser humando debe vivir en armonía con la Naturaleza. Por una razón muy simple, la Naturaleza establece los límites y alcances de la sustentabilidad y la capacidad que poseen los sistemas para auto regenerarse, de las que dependen las actividades productivas y sociales. Es decir, que si destruye la Naturaleza se destruye la base de la economía y de la sociedad misma.

Escribir ese cambio histórico, es decir el paso de una concepción antropocéntrica a una socio-biocéntrica (en realidad se trata de una trama de relaciones armoniosas vacías de todo centro), es el mayor reto de la Humanidad. Un reto que no será enfrentado por el G-20, que configura una suerte de gobierno global de los poderosos interesados en defender sus privilegios, un gobierno legitimado exclusivamente por el poder de unas pocas naciones.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229227

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Chile: Educación superior; Cinco puntos críticos para el Senado

Raúl Figueroa Salas

Por: Raúl Figueroa Salas

El Senado tendrá la responsabilidad de enmendar en su esencia el proyecto de ley, lo que requiere tiempo, capacidad de escuchar y, sobre todo, una mirada de largo plazo que ponga el bien del país por sobre el cálculo político mezquino.

Luego de un año de discusión y ante el inminente despacho del proyecto de reforma a la educación superior desde la Cámara de Diputados al Senado, las críticas a su diseño se mantienen. La urgencia que plasmó el Gobierno en su discusión, que tuvo como símbolo una trasnochada sesión de la Comisión de Educación y un fugaz paso por la de Hacienda, no ayudó a despejar las dudas respecto de su alcance, tanto en lo que a responsabilidad fiscal se refiere como respecto del freno que puede significar para el desarrollo futuro del sistema de educación superior.

El Senado tendrá la responsabilidad de enmendar en su esencia el proyecto de ley, lo que requiere tiempo, capacidad de escuchar y, sobre todo, una mirada de largo plazo que ponga el bien del país por sobre el cálculo político mezquino.En un esfuerzo por sintetizar los aspectos más sensibles en los que debiese estar el foco del debate, a continuación se esbozan cinco puntos críticos que requieren ser abordados.

Lo primero es el déficit que la gratuidad, eje principal del proyecto, genera en las universidades. Durante el 2016 esta política, cuya implementación se inició mediante la Ley de Presupuesto, significó para 15 universidades un déficit de 20 mil millones de pesos, que sólo aumenta en la medida que la política se amplíe a jóvenes de familias con más ingresos. De hecho, de acuerdo a una estimación de Acción Educar ese déficit se incrementa en $4.000 millones si la gratuidad se amplía al sexto decil socioeconómico. El impacto en calidad de la pérdida que se genera es evidente y, aunque el Gobierno anunció recientemente cambios en la forma de calcular las transferencias de recursos a las universidades, nada permite señalar que el proyecto asegure una medida concreta para resolver esta situación adecuadamente.

Un segundo aspecto crítico dice relación con el excesivo costo fiscal que la gratuidad universal implica y el carácter regresivo de la política que se propone. De acuerdo a las estimaciones del Gobierno, esta política tiene en régimen un costo de US$ 3.600 millones al año, correspondiente a un 1,2% del PIB, lo que podría aumentar considerando que, como se dijo, genera por diseño un déficit en las instituciones de educación superior y, consecuencia de ello, una presión constante porque el Fisco se haga cargo de suplir con recursos esa falencia. Pero no sólo es una política cara, sino que además es injusta en cuanto a la distribución del gasto público; cuando la gratuidad universal esté en régimen, el Estado estará destinando prácticamente el doble de recursos en los estudiantes provenientes del 20% más rico de la población en comparación al 20% de menos recursos.

En tercer lugar, el proyecto que está por aprobarse en la Cámara de Diputados implica un control estatal excesivo que se contrapone a la necesaria autonomía que se le ha reconocido históricamente a las universidades. Este control se manifiesta en la atribución que se entrega al aparato estatal para fijar los precios y las vacantes del sistema que, paradójicamente, se traduce en restricción de cupos para los más vulnerables y, por ende, en estancar las mejoras en equidad en el acceso a la educación (materia en la que Chile tiene el mejor lugar de Latinoamérica). En la misma línea, la fijación de precios restringe la capacidad de las instituciones de desarrollar iniciativas complementarias y pone un límite a la calidad de sus proyectos.

Un cuarto punto dice relación con la homogenización del sistema y la pérdida de diversidad que ello implica. El nuevo sistema de aseguramiento de la calidad que se propone conlleva el riesgo de alterar la esencia de determinados proyectos educativos, forzando a todas las instituciones hacia un modelo de universidad compleja difícil de alcanzar. El desafío que tenemos es contar con proyectos de calidad, pero reconociendo la diversidad que facilita que cada joven, con inquietudes y capacidades distintas, encuentre un espacio de desarrollo. La tantas veces nombrada fijación de precios también influye en la inconveniente homogenización de los proyectos, ya que obliga a las instituciones a adecuarse a un modelo teórico de universidad que el Estado utiliza para asignar los escasos recursos disponibles.

Por último, el proyecto en comento tiene diversas disposiciones que entran en conflicto con la Constitución y que, de no resolverse, deberán zanjarse en el Tribunal Constitucional, tal como ya ocurrió con la glosa presupuestaria mediante la cual el Gobierno está impulsando la gratuidad. En términos generales, los aspectos del proyecto que chocan con la Constitución son los que limitan la autonomía de las instituciones de educación superior, tanto en la forma en que se pueden organizar como respecto de las operaciones que pueden llevar a cabo. Además, se aprecia un excesivo control estatal sobre ellas y una mirada restrictiva de la diversidad de los proyectos educativos, que no es compatible con el tratamiento que la Constitución le da a la libertad de enseñanza.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar

Fuente: http://ellibero.cl/opinion/educacion-superior-cinco-puntos-criticos-para-el-senado/

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Venezuela: La oposición redobla la apuesta

Atilio Borón

Por: Atilio Boron

Sólo espíritus ingenuos pueden desconocer que la oposición venezolana está instrumentando una estrategia a dos puntas para derrocar al presidente constitucional de ese país. Un sector optó por desatar la violencia en sus variantes más aberrantes como forma de instalar la imagen de una “crisis humanitaria” -producto del desabastecimiento planificado de productos de primera necesidad y la orgía de ataques, saqueos, “guarimbas”, incendios a personas vivas y atentados con “bombas molotov” a escuelas y hospitales- que sirva como preludio a una invasión no menos “humanitaria” del Comando Sur y, aplicando la receta utilizada en Libia para derrocar y linchar a Gadafi, producir el ansiado “cambio de régimen” en Venezuela. Hay un sector de la oposición que no concuerda con esa metodología porque barrunta que el final puede ser una guerra civil en donde las masas chavistas, quietas por ahora, salgan a dar batalla y pongan fin al enfrentamiento infligiendo una aplastante derrota a los golpistas. Pero esta ala de la oposición, llamémosla institucional o dialoguista (aunque en realidad no sea ni lo uno ni lo otro) estuvo durante estos meses sometida a la intimidación o lisa y llana extorsión de la fracción violentista que juzgaba como una incalificable traición el sólo hecho de sentarse a negociar con el gobierno una salida no violenta a la crisis.

Pero ahora las cosas parecen cambiar, y para mal. ¿Por qué? Porque al parecer las estrategias de ambas fracciones se han unificado bajo la batuta que desde Estados Unidos lleva el Comando Sur (el binomio terrorista formado por el Almirante Kurt Tidd y la ex embajadora en Paraguay y Brasil en tiempos de golpe de estado Liliana Ayalde). Debido a ello los sectores “dialoguista” han convocado, para este próximo domingo 16 de Julio, a un plebiscito o «consulta soberana» que no es otra cosa que la antesala de un golpe de estado porque en dicho ejercicio se le preguntará a la ciudadanía si quiere o no un cambio total e inmediato de gobierno y, simultáneamente, decretar la ilegitimidad de la legal y legítima convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente programada para el día 30 de Julio y que ha registrado ya más de cincuenta y cinco mil candidaturas en todo el país. Pero la oposición no quiere esperar todo ese tiempo y mucho menos competir en una elección con todas las reglas. Por eso montó este ejercicio absolutamente informal, sin ningún tipo de garantías ni registros; ni padrones electorales ni normas de recuento y fiscalización pública, en un país en donde, según lo asegurara el ex presidente James Carter, el sistema electoral es más transparente y confiable que el de Estados Unidos. Es más, según lo afirmara Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, una vez que las improvisadas mesas receptoras de votos terminaran su recuento y se proclamara el resultado del plebiscito –que obviamente darían el triunfo a quienes votaron derogar de inmediato al gobierno de Maduro – las actas serían quemadas para evitar futuras represalias del chavismo y, de paso, cualquier tipo de verificación independiente. Además, dijo que “el único requisito para poder emitir su opinión en la consulta popular es presentar su cédula de identidad, vencida o no, en cualquiera de los puntos soberanos” y, sin decirlo, dejó entrever que los ciudadanos podrán votar cuántas veces quieran y donde deseen. [1] Va de suyo que el gobierno bolivariano, como cualquier otro, desconocerá esta patética pantomima lo cual provocará la furiosa protesta de los antichavistas que, atizados por la propaganda de la derecha golpista, se sentirán estafados en su voluntad escalando a nuevos niveles de violencia la confrontación que ya azota al país. [2] 

Los autoproclamados defensores de la democracia y la república en nuestros países (así como el impresentable Secretario General de la OEA) han expresado su simpatía ante este estallido anómico que celebran como si fuera un venturoso florecimiento del protagonismo de la sociedad civil en Venezuela siendo que no es más que una siniestra maniobra para desatar una crisis que abra la puerta a una invasión del Comando Sur, eventualidad que es reconocida explícitamente por algunos personajes más moderados de la MUD, como el ya mencionado Ochoa Antich. Habrá que ver qué sucede este próximo domingo [nota escrita antes del 16 de julio] en Venezuela, y también cuál podría ser la repercusión en nuestros países. Quienes han manifestado su complacencia con esta iniciativa golpista de la oposición antichavista –políticos del establishment latinoamericano y la “prensa corrupta”, como la designara el ex presidente Rafael Correa- harían bien en pensarlo dos veces. No vaya a ser que aparezcan quienes, inspirados en el ejemplo venezolano, decidan también ellos convocar a una “consulta soberana” para preguntarle a la ciudadanía, ante la grave crisis que afecta a nuestros países, si Mauricio Macri, Michel Temer o Enrique Peña Nieto deben o no continuar ejerciendo la presidencia.

Si los sempiternos custodios de la democracia y las instituciones republicanas en Argentina, Brasil o México convalidan –sea abiertamente o con su silencio cómplice- la payasada que se escenificará este próximo domingo en Venezuela no deberían sorprenderse si al cabo de un tiempo una iniciativa similar fuese propuesta para ser llevada a la práctica en estos países. Para nadie es un misterio que la legitimidad de sus gobiernos está profundamente cuestionada –la estafa post electoral del macrismo, el golpe de la cleptocracia en el Brasil, la abismal crisis política y social en México- y que la crisis económica y las políticas de ajuste han intensificado a tal extremo la explotación y los padecimientos de las masas populares que sería temerario descartar una violenta irrupción de rebeldía plebeya, misma que encontraría en una “consulta soberana” como la que próximamente se realizará en Venezuela, el pretexto ideal para tratar de poner fin, antes de tiempo, a gobiernos repudiados por la gran mayoría de sus ciudadanos.

Notas:

[1] Ver las declaraciones de Borges en http://www.notiminuto.com/noticia/cuadernos-electorales-seran-quemados/#

[2] Esto motivó la reacción de un dirigente de la MUD, Enrique Ochoa Antich, quien hizo pública su negativa a participar de la consulta porque, según sus palabras, desencadenaría “más fractura y más violencia, incluso una guerra civil, financiada desde el exterior e incluso con una intervención extranjera.” Ver su reveladora nota titulada “Por qué no votaré el 16” en http://puntodecorte.com/no-votare-16/

Fuente:https://www.rebelion.org/noticia.php?id=229210

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