Page 1 of 2
1 2

Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad: un enfoque basado en la evidencia

Autores:
UNESCO, ONU Mujeres, ONUSIDA, OMS, UNFPA, UNICEF

Detalles de la publicación

Número de páginas: 148
Fecha de publicación: 2018
Idiomas: Chino, español, francés, inglés, ruso
ISBN: 978-92-3-300092-6

Descargar

La educación integral en sexualidad (EIS) tiene un papel central en la preparación de los jóvenes para una vida segura, productiva y plena en un mundo donde el VIH y el sida, las infecciones de transmisión sexual (ITS), los embarazos no planificados, la violencia de género y la desigualdad de género todavía representan un grave riesgo para su bienestar. Sin embargo, a pesar de la evidencia clara y convincente a favor de los beneficios de una EIS de excelente calidad, con base en un currículo1, pocos niños, niñas y jóvenes reciben una preparación para la vida que los capacite para asumir el control y tomar decisiones informadas acerca de su sexualidad y sus relaciones de manera libre y responsable.

Los países reconocen cada vez más la importancia de dotar a los y las jóvenes de conocimientos y habilidades para hacer elecciones responsables en sus vidas, particularmente en un contexto en el que tienen una mayor exposición a materiales sexualmente explícitos a través de Internet y de otros medios.

Fuente: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265335?posInSet=7&queryId=N-d9f7b26b-2288-4d72-98a2-3a7e33334d62

Comparte este contenido:

Chile Ministra Cubillos y Ley de Aula Segura: «La expulsión lo va a ayudar a recapacitar»

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, defendió la la urgencia para aprobar la ley Aula Segura y llamó a la oposición a sincerarse sobre su combate a la violencia en los colegios y liceos emblemáticos.

América del Sur/Chile/radioagricultura.cl

“Es un proyecto de un solo artículo, bastante acotado, que busca, como lo decía ayer el director del Liceo de Aplicación, una medida extrema para situaciones muy extremas. Nadie pretende, a través de este proyecto, solucionar todos los problemas de convivencia, de violencia escolar, sino simplemente hacernos cargo de violencia grave que está ocurriendo en el último tiempo en algunos liceos” sostuvo la secretaria de Estado.

Cubillos apuntó a las demoras en el Poder Legislativo, señalando que “todo el mundo sabe que cuando el Congreso quiere sacar una ley, encuentra la manera de hacerlo de manera expedita, que aquí es lo que no se entendió desde que ingresó. Yo espero que finalmente no se dilate más, creo que ya a veces el debate (…) se va hacia otras partes que no tienen que ver con el proyecto de ley. Creo que llega el momento de sentarse y ver si hay acuerdo o no, y avanzar” acotó.

En entrevista con Radio Universo, la titular de Educación dijo que “se debe dar una señal clara de que no hay impunidad frente a hechos de esa naturaleza”. “Aquí el problema de fondo es la seguridad de esa comunidad educativa y de eso, como Estado, sí que nos tenemos que hacer cargo de manera urgente para no tener que lamentar una tragedia”, afirmó.

“En segundo lugar, por supuesto que (con respecto a) ese alumno expulsado, trataremos de que deje el camino de la violencia, pero la expulsión también lo va a ayudar a recapacitar que las acciones tienen consecuencias. Además, ese joven, de los hechos que estamos hablando, va a tener que enfrentar su responsabilidad penal porque está cometiendo delito”.

Cubillos señaló que el proyecto incluye dos situaciones para la expulsión. “Son dos causales: uso, porte de armas y lanzamiento de bombas molotov o artefactos incendiarios, que es lo que pasa en los liceos emblemáticos, y el otro son las agresiones que sufren los profesores y eso sí que lo vemos a nivel nacional”, aseguró.

Luego agregó: “Si queremos apoyar la educación pública, tomemos las medidas que puedan darle a los directores herramientas que hoy día no tienen para imponer disciplina y para ir terminando con la impunidad ante hechos de violencia como los que estamos viendo”.

“¿Me va a decir entonces que el joven que comete un delito no puede ser expulsado y sí el joven que falsifica la firma del apoderado?, porque eso es lo que va a terminar pasando (…) Llegaríamos al absurdo de que el alumno que falsifica la firma del apoderado, el director lo va a poder expulsar con todos los procedimientos de expulsión que tiene, y el alumno que comete un delito grave como es lanzar una molotov, habría que esperar un año que termine su investigación penal. Son cosas diferentes. El juicio penal lo responderá penalmente, pero el director tiene que imponer disciplina y proteger a sus profesores y al resto de los alumnos”, agregó.

Sobre la oposición, dijo que “se han ido moviendo con el debate… primero era el debido proceso, ahora resulta que son las causales, ahora son los plazos, ahora ya es lo que dijo la otra persona ayer. Creo que luego hay que aclarar y sincerar el debate, si queremos darle a los directores herramientas frente a hechos tan graves porque no sé si hay otro país del mundo que se discuta si un alumno que lanza una molotov al interior del colegio tenga o no tenga que ser expulsado de manera eficiente y con rapidez” puntualizó la jefa del MINEDUC

Fuente: https://www.radioagricultura.cl/nacional/2018/10/18/ministra-cubillos-y-aula-segura-la-expulsion-lo-va-a-ayudar-a-recapacitar.html

Comparte este contenido:

El cuidado de la convivencia en el centro

Es imposible enseñar sin transmitir a la vez un modelo de relación y de convivencia. Hagámoslo de manera intencional y consciente.

Acabamos de iniciar el curso y ya estamos inmersos en las tareas de planificación y organización de la actividad docente. Se trata de una buena ocasión para que nos preguntemos, también, cuál es el lugar que ocupa el trabajo de la convivencia en nuestro centro educativo, el peso específico que tiene en el conjunto de las actividades lectivas y el tiempo que dedicamos a fomentar el cuidado entre las distintas personas que vivimos en el centro.

Sobre este tema hemos reflexionado en uno de los talleres desarrollados en la Escuela de Verano del MRP “Escuela Abierta, de Getafe (Madrid). Para ello, hemos utilizado diversos instrumentos y herramientas, pero quizá la que más ha interesado a las personas participantes en el taller ha sido una rúbrica, elaborada para evaluar la situación de la convivencia en el centro.

Como sabemos, la rúbrica es una matriz que, en sus columnas, señala los elementos que van a ser evaluados, mientras que, en las filas correspondientes, se muestran los distintos grados de desarrollo y realización de dichos elementos en función de los criterios de evaluación establecidos. En concreto, los elementos de evaluación de nuestra propuesta se agrupan en cuatro grandes apartados, abarcando cada uno de ellos cuatro items concretos. Éste es el resumen visual de la propuesta:

En primer lugar, nos planteamos cuál es la situación general del trabajo de la convivencia en nuestro centro. Analizamos si todo el profesorado tiene una definición compartida de lo que es convivencia, fruto de un proceso de reflexión y discusión colectivos o, por el contrario, cada uno tiene su propia definición, poniendo el acento en aspectos parciales como la disciplina, las sanciones u otros elementos.

Analizamos, a continuación, la presencia que el trabajo de la convivencia tiene en los documentos institucionales del centro y, en concreto, su presencia en el Proyecto Educativo, la Programación General Anual y el Plan de Acción Tutorial. Muchas veces no hay ninguna mención a la convivencia en estos documentos, otras veces coexiste un Plan de Convivencia junto con el resto de documentos institucionales y, en ocasiones, hay presencia y coherencia en todos los documentos de las líneas de trabajo sobre la convivencia.

A continuación, analizamos el enfoque básico del trabajo de la convivencia que hay en el centro, viendo si predomina un enfoque sancionador y reactivo, que sólo actúa cuando han aparecido determinados problemas o, por el contrario, se sigue un enfoque proactivo, buscando desarrollar las competencias necesarias para poder convivir, trabajando básicamente en la prevención de la quiebra de la convivencia para conseguir que esta no tenga lugar. Por último, para completar el análisis de la situación, nos fijamos en la presencia del cuidado de la convivencia en la vida diaria del centro, analizando, por ejemplo, si hay carteles que recuerden los temas de convivencia, si se habla de ella en las reuniones con padres y madres, si hay folletos u otros materiales, etc. En definitiva, si nos llama la atención la preocupación por la convivencia desde que entramos en el centro o no.

El segundo gran apartado nos muestra cómo el centro educativo analiza, observa y hace seguimiento de las situaciones de violencia que pueden darse. Así, se estudia qué procedimientos ha puesto en marcha el centro para saber la incidencia del maltrato entre iguales, sea este presencial o a través de medios digitales: cómo se recoge la información, si se utilizan periódicamente sociogramas, etc. Lo mismo se analiza en relación con las conductas disruptivas del alumnado, tanto las contrarias a la dimensión del aprendizaje (pasividad, molestar en clase, absentismo), como las propias de la convivencia (falta de respeto, conflicto de poder, violencia puntual).

La posible violencia de género es también objeto de análisis, tanto en su vertiente de conductas visibles como en su expresión de consolidación de prejuicios y estereotipos sexistas entre los y las adolescentes. Por último, se analiza cómo se observan y se siguen otros tipos de violencia: la del profesorado entre sí, del profesorado con su alumnado, con las familias y, especialmente, la violencia estructural presente en el centro.

El tercer gran apartado evalúa los programas y acciones que se llevan a cabo en el centro y, de manera especial, aquellos fundamentales para el trabajo de la convivencia. Así, se analiza el lugar que ocupa la formación y trabajo con el alumnado de la gestión de los conflictos, la forma de analizarlos, las actitudes habituales ante los mismos y los procedimientos de gestión, tanto individuales como colectivos. Es importante conocer también qué protagonismo tiene el alumnado y cómo éste se concreta en programas determinados como la mediación o las actuaciones de ayuda, en sus diversas manifestaciones.

Cómo se trabajan las normas y qué sanciones son las más frecuentes son el tercer elemento de análisis en este apartado, viendo qué enfoque subyace a estas normas y sanciones: un enfoque punitivo-sancionador o un enfoque restaurativo y reeducador. Por último, cómo se trabajan las competencias para convivir y, en concreto, el desarrollo de los tipos de pensamiento, la educación emocional, la adquisición de las habilidades sociales y la adquisición de los valores morales fundamento de la convivencia.

El cuarto apartado se centra en los elementos organizativos, estudiando qué estructuras de apoyo se han puesto en marcha para trabajar la convivencia, así como los tiempos y horarios que se dedican a ella, viendo si están incorporados o no a la actividad normal. Analizar también cómo está el plan de convivencia, su actualización, su carácter vivo o burocrático, etc. son el tercer elemento de este apartado. Por último, y muy importante, saber cómo ha planificado el centro la formación del profesorado para el trabajo de la convivencia, si es una inquietud individual y privada o, por el contrario, el centro como tal está en ello.

El resultado de este análisis puede visualizarse en un gráfico, captando directamente qué cosas están bien planteadas y trabajadas y cuáles, por el contrario, exigen una atención específica para su desarrollo.

Son varios los planteamientos que podemos encontrar en los centros sobre el papel que ocupa el trabajo de la convivencia: unas veces, no se trabaja por falta de tiempo, ya que el currículo es muy extenso y no hay tiempo para ello. Otras, se trabaja como algo instrumental, como condición necesaria para el trabajo fundamental que es dar clase. A veces se considera trabajo propio de otras instancias, especialmente de Orientación. Pocos son los centros que la consideran tan importante como cualquier otro aspecto fundamental del currículo, dedicándole el tiempo y esfuerzo que necesita y merece.

Esperamos, y deseamos, que en este inicio de curso los centros se pregunten por el lugar de la convivencia y se planteen acciones para su cuidado. Y es que, querámoslo o no, es imposible enseñar sin transmitir a la vez un modelo de relación y convivencia. Hagámoslo de manera intencional y consciente.

Pedro Mª Uruñuela Nájera. Asociación CONVIVES

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/convivenciayeducacionenvalores/2018/10/11/el-cuidado-de-la-convivencia-en-el-centro/

Comparte este contenido:

Chile: Comisión de Educación del Senado aplaza tramitación de proyecto Aula Segura

América del Sur/Chile/Rodrigo Fuentes

La instancia legislativa acordó esperar el informe de la Comisión de Constitución de la dicha Cámara para establecer el debate correspondiente.

Durante la mañana de este miércoles la Comisión de Educación del Senado comenzó la discusión previa del proyecto de ley Aula Segura que impulsa el Ejecutivo.
Comparte este contenido:

Las Redes Sociales juegan su papel en la Violencia Étnica de Etiopía

Por:  James Jeffrey. Rebelión. 28/02/2018

En Etiopía, las redes sociales son un arma de doble filo, capaces de llenar una necesidad acuciante de mayor información, pero también de incidir en un contexto delicado que podría derivar en un desastre mayor.

Sucede que miles de personas siguen desplazadas por la violencia étnica que estalló en septiembre y que dejó entre 200.000 y 400.000 personas sin hogar en las provincias vecinas de Oromía y Somalí.

Tanto las personas desplazadas como las que las ayudan sostienen que se aviva el malestar entre comunidades con fines políticos.

“El problema es que muchas de las cosas consideradas chusmerío cuando se escuchan por ahí, cuando se leen en las redes sociales, se dan por hecho”: Lidetu Ayele.

Entre los responsables se encuentran desde personas influyentes del gobierno regional y federal hasta taxistas etíopes en Washington, que tuitean insultos y agravios de carácter étnico desde sus teléfonos celulares.

“El federalismo no es el problema, la gente hace lo que le dicen en las redes sociales”, opinó Abdishakar Adam, viceadministrador somalí de un campamento donde residen somalíes que escaparon de la provincia de Oromía.

Desde 1995, Etiopía aplica un modelo político particular de federalismo según distribución de los grupos étnicos para atender a una población heterogénea, unas 100 millones de personas que hablan más de 80 dialectos.

El modelo sirvió para mantener la estabilidad y generar un enorme crecimiento económico, pero con grandes costos.

Un gobierno autoritario y la falta de libertades civiles mantienen la estabilidad, mientras el crecimiento económico apenas tocó a millones de etíopes pobres, y en cambio benefició a una muy pequeña élite arreglada con el gobierno.

Ese contexto en la llamada República Democrática Federal de Etiopía, considerada una de las economías de mayor crecimiento del mundo, alimenta el resentimiento y las frustraciones.

La situación llegó al punto en que desde que estallaron las protestas por mala gestión del gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), a fines de 2015, entre el pueblo oromo, el mayor de este país y que concentra a 35 por ciento de la población, los disturbios no se detienen.

La comunidad amhara comenzó también a protestar en 2016, que junto con los oromos representan 65 por ciento de la población.

La duración sin precedentes de las protestas y su alcance hizo que las divisiones étnicas características de este país se volvieran más frágiles y susceptibles.

“El problema es que muchas de las cosas consideradas chusmerío cuando se escuchan por ahí, cuando se leen en las redes sociales, se dan por hecho”, indicó Lidetu Ayele, fundador del opositor Partido Democrático de Etiopía.

Las sucesivas olas de emigrantes generadas por las décadas de conflictos en este país crearon una vasta diáspora en el exterior de unas dos millones de personas. La mayor comunidad etíope en el extranjero se encuentra en Estados Unidos, donde viven entre 250.000 y un millón de etíopes.

Esas personas, como era de esperar, siguen los acontecimientos en su país con suma atención, y reniegan del actual gobierno autoritario, adoptan la televisión satelital y recurren a Internet para incidir en el acontecer político local.

Muchos etíopes huyeron de su país tras sufrir a manos del gobierno autoritario y tienen suficientes razones para que se vaya.

Las protestas se consideran una vía para derribar al gobierno, por lo que crece el movimiento de la diáspora como escritores, blogueros, periodistas y activistas que inciden en los acontecimientos que ocurren en su país.

Con las restricciones a la libertad de prensa y el bloqueo frecuente de Internet, la diáspora activa se convirtió en una fuente de información gracias a sus contactos en el país, que inunda Twitter y Facebook con vídeos y fotografías de las protestas en contra de la versión oficial de los hechos o de la de periodistas extranjeros confundidos por la falta de libre circulación.

“La diáspora no crea las noticias, informa lo que le llega de manifestantes y de organizaciones que operan bajo condiciones duras en Etiopía”, indicó Hassan Hussein, escritor y académico del estado estadounidense de Minnesota.

Oromos desplazados se alojan en un parque industrial a las afueras de la ciudad de Harar, en el este de Etiopía. Crédito: James Jeffrey/IPS

“Si quieren algo es que retorne la calma para sus seres queridos que quedaron allí”, acotó.

Pero hay otro uso de las redes sociales.

Tras los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el festival oromo Irricha, en octubre de 2016, que dejó más de 100 personas ahogadas y aplastadas por la estámpida, las redes sociales se encendieron denunciando que un helicóptero había disparado contra la multitud en pánico y que volaba en círculos lanzando panfletos deseándole a la gente un feliz festival.

Activistas en el extranjero llamaron a mantener “cinco días de rabia”. No queda claro qué efecto pudo tener, pero a la semana siguiente, empresas extranjeras, edificios gubernamentales y centros turísticos fueron blanco de ataques en la región de Oromía. Tras lo cual, el gobierno decretó el estado de emergencia por seis meses.

La medida se extendió y recién en agosto de 2017 se levantó el estado de emergencia. Pero el 12 de septiembre, un enfrentamiento en la oriental ciudad de Aweday, que dejó 40 personas muertas, desató más violencia étnica y desplazamientos masivos.

Jawar Mohammed es un conocido activista oromo y opositor que vive en Estados Unidos y lleva adelante una gran campaña en las redes sociales. Para muchos etíopes es una inspiración, pero para otros, tanto en Etiopía como en el extranjero, es una persona muy peligrosa.

“Viven en una democracia segura y se sienten libres de decir lo que quieran para crear el caos en Etiopía”, opinó Sandy Wade, exrepresentante de la Unión Europea en Adís Abeba durante las manifestaciones.

Los canales satelitales de la diáspora en Estados Unidos, como Oromia Media Network y Ethiopian Satellite Television, tienen información original decente. Pero son férreos opositores del EPRDF, así como sus programas y los artículos que difunden sus seguidores en las redes sociales.

Muchos de ellos son contrarios a los tigriñas por su convicción de que una élite tigriña dirige el EPRDF y es responsable de la corrupción, de las desigualdades y de todos los males del país.

Los tigriñas solo representan seis por ciento de la población del país, pero la mayoría son muy vulnerables en el actual contexto de agitación sectaria.

En medio de la tragedia, la rabia, la intriga, las comunicaciones interrumpidas y las dificultades para viajar, es difícil para los periodistas, diplomáticos extranjeros y el ciudadano etíope promedio comprender qué sucede realmente.

Por lo tanto, las redes sociales ofrecen una ventana para navegar entre el ruido y la confusión. Pero también pueden servir para fines más nefastos, en especial en el marco de la volátil situación de Etiopía, donde hay tanto en juego.

Como ha sucedido en la turbulenta historia de Etiopía, los ciudadanos de a pie, por lo general pobres que apenas subsisten, son quienes soportan las peores consecuencias de las actuales maquinaciones políticas mientras los distintos grupos de interés compiten por el poder, muchos sin mirar el costo humano.

Y Etiopía no es el único caso. Las elites políticas de muchos países africanos parecen especializarse en ese modus operandi. Pero la enorme influencia de la diáspora etíope sí es única y no fue valorada hasta que se hizo demasiado tarde.

Los etíopes se ríen con facilidad, pero también se enojan con la misma facilidad. El resentimiento y el rencor descomunal bulle bajo la superficie del país esperando salir.

Y hay grupos de jóvenes desempleados que no tienen esperanzas ni perspectivas de futuro. Eso ya derivó en conflictos en otros países africanos.

Fotografía: James Jeffrey

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=237984

Comparte este contenido:

Ecuador: Amanda Arboleda «22.000 padres acudirán a jornada contra la violencia»

04 de Febrero 2018/Fuente: eltelegrafo/Autor:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social promueve la elaboración de un protocolo para la prevención, detección, acompañamiento y el registro de agresiones a grupos vulnerables.

¿Cómo funcionará el acuerdo para reducir los abusos contra los menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad?

Trabajamos en la socialización del acuerdo 006 con todos los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y cooperantes (fundaciones) para que conozcan en qué consiste. Este proceso terminará el 19 de febrero. El equipo técnico trabaja en un protocolo para la aplicación del acuerdo que permitirá el registro de casos y será implementado en las 240 unidades de desarrollo infantil del distrito centro-sur. No obstante, el MIES ya cuenta con protocolos generales y rutas de atención para detectar situaciones de violencia y abusos a niños.

¿En qué consiste este nuevo protocolo?

Ya hay parámetros de acción los cuales consisten en prevención, detección, acompañamiento, seguimiento y el sistema de registro de casos.

¿Cómo será su aplicación?

Para la prevención diseñaremos manuales y metodologías de educación popular (acción, reflexión) para las escuelas de familia en las unidades de atención: Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). Haremos un proceso de formación en cada una de ellas. Son 22.000 padres de familia los que van a participar en las primeras jornadas de reflexión. A ellos se les explicará qué es y las formas de violencia, cuál es la más común y cómo deben abordarse. Asimismo, definiremos criterios claros para que los funcionarios hagan la detección.

Ellos obtendrán una formación adecuada y sabrán cuáles son las alertas tempranas. Los módulos de prevención de violencia ayudarán a identificar las características que presentan quienes han sufrido violencia (niños o adolescentes cambian su conducta, no hacen caso a las educadoras, no quieren comer, lloran mucho, no han comido desde el día anterior o presentan golpes y marcas en el cuerpo, sangre en su ropa interior). Tenemos un listado de características creado por un equipo técnico.

¿En qué consistirá la derivación y el sistema de registro?

La primera es la actuación coordinada del MIES con las demás entidades (Ministerio de Salud Pública, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Fiscalía, unidades judiciales, Defensoría del Pueblo y Juntas cantonales de protección de derechos). Por ejemplo, la funcionaria que encuentre a un niño con las características de haber sido víctima de violencia deberá aplicar la derivación.

Si hay violencia flagrante deberá llamar al 911 y si ha sido víctima de ataque físico, psicológico y sexual deberá acudir al Ministerio de Salud para que se obtenga la información y se dé atención. El sistema de registro de casos se activará una vez que se levante la alerta. El funcionario tiene 24 horas para levantar la información y que esto pase a la Subsecretaría que tendrá un registro único de las coordinaciones zonales. Esto permitirá tener información nacional.

¿Qué implicará el cumplimiento de este acuerdo?

Nuestros cooperantes firmarán un convenio que los obliga a respetar y cumplir lo que determine el acuerdo 006. El convenio prohíbe a los cooperantes contratar personal que esté procesado por un delito contra los niños por temas de violencia sexual y física para lo que deberán presentar certificado de nunca haber incurrido en estos casos. Además de tener un perfil psicológico adecuado para trabajar con nuestros niños. Asimismo, las educadoras están obligadas a intervenir en casos de violencia.

¿Quiere decir que esto no se realizaba?

Antes eso no pasaba. En la comunidad donde ellas trabajan hay altos niveles de violencia. Además tienen que estar preparadas para detectarla con este protocolo y hacer la derivación.

¿La implementación del botón de pánico en los hogares se contempla en el acuerdo?

El MIES y el Ministerio de Justicia instalarán este dispositivo en las casas donde una persona haya sido víctima de violencia física y sexual después de la denuncia para que la Policía actúe contra la persona que incurra en el maltrato. (I)

Fuente de la noticia: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/22-000-padres-acudiran-a-jornada-contra-la-violencia

Fuente de la imagen: https://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/8246aeab8804d0f6881a7cd36cf0

Comparte este contenido:

Hemos perdido el presente

Por: Lidias Falcón

Ha sucedido lo peor: se ha firmado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por la mayoría de las formaciones políticas del Parlamento. En consecuencia, ya podemos perder toda esperanza de mejorar la dramática situación que padecemos de maltrato a mujeres y niños, feminicidios, infanticidios, violaciones y entrega de menores a padres maltratadores, con la impunidad de los acusados que seguirán disfrutando del beneficio de la presunción de inocencia, mientras las víctimas mantienen la sospecha de presentar denuncias falsas.

No hay nada peor que una mala ley.  Como dice Concepción Arenal, “no hay  nada que desanime más al ciudadano que la injusticia hecha en nombre de la ley”. Si no tuviéramos ninguna seguiríamos luchando por ella, pero ahora, con este engendro que han parido las formaciones políticas se contentarán todos: las secciones femeninas de los partidos, el Movimiento feminista, los observatorios, centros de la mujer, asistentas y trabajadoras sociales, y hasta las propias víctimas que no saben lo que les ha pasado.

Ese llamado pomposamente Pacto de Estado no es más que un conjunto de indicaciones y consejos, sin valor impositivo, que consigue únicamente aumentar, y poco, las ayudas económicas a las víctimas. Lo que no se propone es evitar que haya víctimas. Cuando la pobre madre de los niños Ruth y José Bretón, asesinados por su padre, se muestra satisfecha con la promesa que realiza el pacto de considerarla víctima y por tanto con derecho a ser compensada con algún dinero, muestra la resignación con que las mujeres aceptan este penoso papel de sometidas al poder patriarcal que decide de su vida y de su muerte. Ruth, la madre, no reclama una indemnización al Estado por haberla obligado a entregar sus hijos a un asesino ni responsabilidades personales al juez que dictó semejante resolución. Ni tampoco ninguna de las madres a las que ha sido arrebatada para siempre la felicidad, cuando el padre o pareja ha matado a los niños con la impunidad que le otorgaba el poder judicial.

Únicamente Ángela González Carreño llevó adelante la reclamación hasta Naciones Unidas por el asesinato de su hija Andrea a manos de su padre, después de presentar 51 denuncias pidiendo que no se le dejara al padre la niña a solas, y cuando diez años más tarde ha sido condenado el Estado español a indemnizarla no lo ha cumplido.

De las 140 o 150.000 denuncias, según los años, que se presentan cada año en España por maltrato, el 55% se archivan sin más trámite. Del 45% restante se condena al 70%, la mayoría de las sentencias por acuerdo entre el fiscal y el acusado, a penas inferiores a 2 años que no se cumplen. En definitiva, solamente son encarcelados el 13% de los agresores, y siempre que las lesiones hayan sido suficientemente graves, a criterio del juez, para merecer tal tratamiento.

Y únicamente me refiero a los malos tratos físicos, los psicológicos son prácticamente imposibles de probar. Tampoco las palizas resultan tan evidentes cuando se producen en el interior de la vivienda, sin testigos. Incluso sigue en discusión si el asesinato en la soledad del hogar puede tener la agravante de alevosía, teniendo en cuenta que la víctima no puede acudir a nadie para pedir ayuda.

Pero ante esta patética indefensión lo único que aprueba el Pacto de Estado es hacer encuestas y estadísticas, cursos en los colegios, proporcionar ayuda psicológica, aumentar los centros de acogida, proporcionar más trabajadoras sociales y derivar  fondos económicos a los ayuntamientos donde se atenderá a las denunciantes. Crear un colectivo cada vez mayor de demandantes de ayuda, en esa caridad organizada por el Estado que son los asuntos sociales, en vez de que se imparta justicia.

Y poco sociales, porque los sectores más desfavorecidos como discapacitadas, transexuales, prostituidas, emigrantes, refugiadas, no tienen tratamiento especial en ese interminable texto de 230 disposiciones.

Ya escribí hace poco tiempo que todo no es dinero para compensar la indefensión y la injusticia que están padeciendo mujeres y niños maltratados. Que con dinero no se van a acabar las sentencias injustas, la doble victimización que padecen cuando los procedimientos judiciales se eternizan, las sospechas de jueces y  fiscales que recaen sobre las denunciantes, los informes de psiquiatras y psicólogos afirmando que las acusaciones son falsas y que la madre padece el Síndrome de Alienación Parental, la entrega de los menores a un padre maltratador o abusador sexual y las absoluciones por falta de pruebas porque la denunciante, aterrada ante la doble victimización  de la justicia retira la denuncia o se niega a declarar.

Porque ni aún la anulación del “perdón de la ofendida” se ha podido aprobar, cuando esta es una facilidad otorgada por los códigos penales patriarcales para que el acusado salga libre. Vean, para que tengan un conocimiento más preciso de lo que son capaces de escribir los políticos, lo que han acordado en relación a este tema:

“Medida 117.- Evitar los espacios de impunidad para los maltratadores, que pueden derivarse de las disposiciones legales vigentes en relación con el derecho de dispensa de la obligación de declarar, a través de las modificaciones legales oportunas.”

Cómo se comprueba los redactores del texto legal no dominan ni la sintaxis ni la concordancia. Eso sí, dejan claro que no piensan cambiar un ápice la situación actual.

El Pacto de Estado tenía en sí mismo su propia inoperancia. Exigiendo que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo era evidente que únicamente podía aprobar un texto desleído que contentara a los machistas de Ciudadanos, a los patriarcales del PP y a la facción irredenta del PSOE, tan enamorados como están con su Ley contra la Violencia de Género, a la que atribuyen todas las virtudes, aunque haya demostrado sobradamente su inutilidad.

Lo más inaceptable de este pacto es que no haya igualado a todas las víctimas. Manteniendo la distinción entre mujeres ligadas sentimentalmente al agresor y las que no, deja al albur del Código Penal a un enorme universo femenino que carece de protección. Madres, suegras, cuñadas, hijas, vecinas, compañeras de trabajo, desconocidas y prostitutas son consideradas ajenas a la violencia de género, esa extraña calificación con la que han distinguido los legisladores a las que padecen la violencia machista, y que por razón de esta categoría semántica se merecen más atención y cuidados que las demás.

Pero lo peor no es que se haya aprobado un mal plan, con ser mala cosa, sino que servirá para que en diez años más no se mueva una coma de esa inútil Ley de Violencia, porque los responsables políticos considerarán que ya han hecho el enorme esfuerzo de reunirse durante nueve meses, cobrando dietas, para discutir interminablemente las gurruminas del redactado del texto, escuchar e interrogar a los 80 expertos que han convocado en este tiempo, atender entrevistas y ruedas de prensa, dar toda la publicidad posible a su enorme esfuerzo, alentar las esperanzas y expectativas de las víctimas y de las asociaciones que las defienden, y por tanto no van a repetir tan múltiples y duros trabajos en una década, cuando hayamos sumado mil mujeres asesinadas y cien niños más a esta macabra estadística. Es decir, que no hemos perdido el futuro sino el presente. 

Al ser inaceptable el texto de ese Pacto el grupo de Unidos Podemos tampoco debía haberse abstenido. Era preciso que se opusiera rotundamente, puesto que no iban a aprobarlo.

La abstención es semejante al limbo en que el antiguo dogma católico situaba a los niños no bautizados, y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se estaban analizando y el poder que tienen las formaciones políticas que se sientan en el Parlamento, resulta patético que una de ellas, la que se pretende más a la izquierda y más feminista se  quede en el limbo.

Fuente: http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2017/10/03/hemos-perdido-el-presente/

Comparte este contenido:
Page 1 of 2
1 2