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Universidades y Estado

México / 17 de diciembre de 2017 / Autor: Diego Valadés / Fuente: Reforma

El artículo 3o de la Constitución fue adicionado en 1980, otorgando a las universidades autónomas «la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas». Significó la culminación de un largo y difícil proceso.

Los primeros planteamientos de autonomía universitaria los hizo el gobierno de Francisco I. Madero. José María Pino Suárez encargó un proyecto al abogado y poeta José I. Novelo. Las vicisitudes de ese gobierno malograron la propuesta. Luego, en plena revolución constitucionalista, distinguidos universitarios retomaron la idea. Entre ellos figuraron Erasmo Castellanos Quinto, Manuel Gamio, Genaro Fernández MacGregor y Julio Torri.

Al promulgarse la carta de Querétaro otros más se sumaron a la petición. En este segundo grupo estuvieron Antonio y Alfonso Caso, Luis Enrique Erro, Manuel Gómez Morin y Vicente Lombardo Toledano. Desde la propia Universidad Nacional el rector José Natividad Macías, uno de los autores del proyecto de la Constitución, exigió también ese derecho.

Durante la primera legislatura de la Constitución de Querétaro, Novelo, a la sazón senador, presentó una iniciativa que fue aprobada por el Senado, pero no prosperó entre los diputados. Las voces exigiendo la autonomía universitaria se multiplicaron y el gobernador de Michoacán, Pascual Ortiz Rubio, estableció la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán, en octubre de 1917. Esto sucedió antes del célebre movimiento de Córdoba, en Argentina.

La primera Universidad autónoma del continente fue la nicolaíta, aunque por razones ajenas a la institución dejó de serlo en 1921. En síntesis, la lucha por la autonomía universitaria está asociada a la Revolución Mexicana. Pocos años después, en 1929, la Universidad Nacional protagonizó un intenso movimiento que culminó en su trasformación como institución autónoma.

A partir de entonces se vivieron altibajos en el proceso autonomista de las universidades mexicanas. La reforma constitucional de 1980 pareció una solución definitiva; empero la experiencia muestra que subsisten diversos problemas, en especial el de la financiación, que puede llegar a ser crítico.

En algunas instituciones autónomas el pasivo laboral genera una fuerte presión sobre sus exiguos recursos, y en todas hay restricciones al desarrollo de su planta académica. Los recursos fiscales disponibles siempre son inferiores a las necesidades sociales por satisfacer. Esto ocurre así en todas partes, aunque el caso mexicano presenta carencias inadmisibles porque la inversión destinada a la investigación sigue estancada.

En los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el promedio de la inversión en investigación y desarrollo es del 2.6% del PIB. El primer lugar lo ocupa Israel, con el 4.3, y el penúltimo corresponde a México, que en 2010 destinó el .4% y en 2015 apenas alcanzó el .6%.

Está demostrado que la educación superior y la investigación son factores decisivos en el desarrollo. En muy buena medida la transformación de China y de India se ha basado en grandes inversiones destinadas a generar conocimiento, como desde largo tiempo atrás lo vienen haciendo Estados Unidos y Europa.

Llama la atención que entre nosotros todavía sea un tema secundario. Es de desear que los programas de gobierno que configuren los partidos en 2018 superen esa omisión.

El mayor volumen de la investigación en México se lleva a cabo en las instituciones públicas. No obstante, en varios estados las universidades tienen que hacer frente a carencias de personal, instalaciones y equipo, pues mes con mes se les regatean los recursos.

El Estado debe absorber los pasivos laborales que lastran a muchas universidades y les dificultan realizar
sus tareas. Además, las universidades autónomas necesitan recursos cuyo aumento sea progresivo y previsible, con objeto de programar un crecimiento sostenido de la educación y de la investigación. Es esencial la certidumbre de que el flujo presupuestario no dependa de decisiones coyunturales. La autonomía debe resguardar a las universidades de los vaivenes políticos.

El artículo 74 constitucional permite presupuestos plurianuales en materia de infraestructura; conviene adicionarlo para que también sean aplicables a la educación superior y a la investigación.

Fuente del Artículo:

Transcrito de la Edición Impresa del Diario Reforma correspondiente al día 5 de diciembre de 2017. Puede consultarse también un fragmento en:

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=125063&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=125063

Fuente de la Imagen:

http://www.forouniversitario.net/2015/04/lista-mejores-universidades-mexico/

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Un dilema universitario: Más autonomía o más gobernanza

Por: Roberto Rodríguez

El Estado contemporáneo enfrenta un dilema básico: instrumentar soluciones que respondan a las demandas sociales de acceso y participación en la distribución de recursos, y al mismo tiempo cumplir con metas de crecimiento económico y satisfacción de compromisos de eficacia y transparencia en la gestión. Buena parte de la discusión académica en torno a las condiciones de gobernabilidad aborda tal dilema, el cual se expresa, entre otros aspectos, en un continuo debate acerca de las condiciones y prácticas democráticas.

Los límites de la gobernabilidad instituida se concentran en las relaciones entre la autoridad y la ciudadanía en los procesos generales y particulares de toma de decisiones. El modelo democrático republicano convencional ofrece como respuesta la representación ciudadana a través de partidos y la división de poderes. Tal esquema tiende al agotamiento a medida en que la representación social se integra a las esferas del Estado y el gobierno, y a medida en que los partidos y los legisladores pierden contacto con la base ciudadana fuera de coyunturas electorales. Por ello, se han abierto paso formulaciones alternativas centradas, en su conjunto, en la noción de gobernanza.

El concepto moderno de gobernanza alude a la operación de principios de gobierno y gestión pública que se apoyan en la participación activa de grupos y organizaciones que no forman parte integral del mismo, que se distinguen de las entidades de la administración pública y el sistema de partidos. La creciente participación de grupos de interés en procesos de gobierno incluye una amplia gama de prácticas, que van desde la consulta de opiniones en torno a determinadas políticas, reformas, innovaciones y otros procesos de cambio, hasta opciones de incidencia, más o menos reguladas, en procesos de toma de decisiones.
Mientras que la gobernabilidad se entiende como un fin central de la actividad política, la gobernanza es uno de los medios para conseguirla. Por varias razones: amplía las bases sociales de legitimidad de la acción gubernamental; mejora la eficiencia de la gestión pública; amplifica el conocimiento y la pericia (expertise) que soporta el diseño de políticas y programas, así como la toma de decisiones de gobierno. Uno de los temas de mayor relieve al que se vincula la idea de gobernanza pública remite al desarrollo de mecanismos de vigilancia y control sobre el ejercicio gubernamental, así como a las exigencias de transparencia y rendición pública de cuentas.

Tal perspectiva de gobernanza ha resultado de utilidad para sistematizar y orientar procesos de gobierno en ámbitos nacionales y también supranacionales. Dada la tendencia mundial de configuración y operación de bloques, alianzas y sistemas de orden multinacional, principalmente concentrados en la comercialización de bienes y servicios, aunque con implicaciones en el sector laboral, la movilidad de personas, la cooperación en áreas de interés compartido, entre otros elementos, la idea de gobernanza trasnacional o global se enfoca sobre esa problemática y comprende aspectos tales como la regulación del comercio internacional, el desarrollo de plataformas normativas de jurisdicción internacional, el desarrollo de tratados y acuerdos sobre la diversidad de temas que comprende la dinámica de la globalización, las fórmulas de cooperación y negociación, así como la solución de conflictos y controversias, por mencionar sólo.

No obstante la atribución conceptual de sus ventajas, el diseño práctico de fórmulas de gobernanza corre riesgos de formalismo e ineficacia en aquellos casos en que la asociación entre agentes gubernamentales y organizaciones civiles es un requisito burocrático antes que una fórmula eficaz de gestión. Varios autores han hecho notar, por otra parte, que las soluciones de gobernanza pueden ser acaparadas por grupos de interés que concentran la representación de sectores económicos y sociales dominantes, de modo tal que una gobernanza técnica tiende a desplazar la representación democrática de la sociedad.

Las reformas contemporáneas en el ámbito de la gestión gubernamental, en particular la planeación y administración de los órdenes de gobierno así como el desarrollo de políticas públicas, a través de instrumentos de gobernanza y nueva gerencia pública, se ha traducido, entre otras expresiones, en la conformación de una variedad de instancias y organizaciones, con autonomía plena o relativa del Estado, que cumplen funciones de consulta, vinculación, supervisión y control del ejercicio gubernamental. El conjunto de vínculos institucionales formales e informales entre actores gubernamentales y no gubernamentales, estructurados alrededor de intereses compartidos en la hechura e implementación de políticas, tiende a configurar redes de gobernanza, de modo que las políticas públicas sean resultado de una negociación entre los agentes de tales redes.

Los procesos de ampliación de gobernanza y la denominada nueva gerencia pública tienen puntos de convergencia entre sí, ambos confluyen en torno a la problemática de generar respuestas a los retos de la gobernabilidad democrática. Es notable, además, que los instrumentos asociados a tales procesos tienden a expandir su esfera de acción del ámbito de la administración pública hacia el resto de los organismos del Estado, las organizaciones civiles, los organismos públicos autónomos, y en algunos casos al sector privado asociado a la esfera gubernamental. La proliferación y profundización de estos modelos ha generado, según anotan algunos autores, una fase de nuevo regulacionismo estatal, que describe la tendencia hacia una configuración de gobierno basada en el desarrollo de mecanismos de control mutuo entre todos los agentes participantes.

Los procesos de gobernanza y nueva gerencia pública se han mostrado adaptables a distintos niveles de los sistemas de gestión pública, lo que incluye el ámbito de las organizaciones individuales. En este sentido, al considerar la problemática de la gobernabilidad y las opciones de gobernanza de conjuntos institucionales agrupados en estructuras o sistemas, como es el caso del sistema de educación superior, la reflexión obliga a considerar distintos planos: la relación entre el Estado y las instituciones de formación profesional, el gobierno interior de estas instituciones, y la acción de grupos de interés en su organización y orientación. Al hablar de gobernanza universitaria se hace alusión, en el sentido indicado, a la adopción de modos de relación específicos con la agenda pública, y a la adaptación de soluciones de gobernanza en la conducción institucional.

Retos de gobernabilidad y gobernanza en el sistema universitario

Al igual que en otras esferas de la organización social, la evolución reciente de los sistemas nacionales de educación superior se moviliza en torno a dinámicas simultáneas, a menudo concurrentes, de diversificación, diferenciación y convergencia. Aunque distintas razones explican este fenómeno, se reconoce como un sustrato común la creciente importancia de la educación superior para la economía y la sociedad del conocimiento, así como las implicaciones de la globalización sobre la forma y el contenido de la oferta de estudios de este nivel. En la actualidad, las universidades y el resto de las instituciones de educación superior son objeto de diversas demandas que provienen de la economía, el gobierno y la sociedad. De estas instituciones se esperan respuestas que, por vía de las funciones de enseñanza, investigación y difusión, coadyuven al crecimiento económico, al desarrollo y la cohesión social, a la construcción de ciudadanía y la integración cultural, y a la protección del medio ambiente, por citar sólo algunas. No es de extrañar, en consecuencia, que el reconocimiento del papel estratégico de estas instituciones en el enfrentamiento de los retos del siglo xxi se acompañe de preocupaciones acerca de la calidad, la eficiencia, la pertinencia y el potencial de respuesta de la formación educativa superior. Tampoco es de extrañar, en el marco de la problemática política descrita, que los temas de control, supervisión y coordinación de los sistemas universitarios aparezcan como prioridades de las políticas públicas relativas a este sector.

Las posibilidades de coordinación sistémica varían en función tanto del grado de centralización de las políticas de educación superior, como del grado de control institucional del gobierno sobre las universidades. En países con régimen federal una dimensión adicional de la problemática se refiere a la coordinación de sistemas de cobertura regional o estatal.

Aunado a lo anterior, una tensión generalizada que enfrentan las políticas de coordinación entre el Estado y las instituciones universitarias radica en la percepción, desde la perspectiva de las instituciones, de riesgos de pérdida de autonomía en virtud de una real o supuesta injerencia de las entidades gubernamentales que forman parte del esquema de coordinación propuesto o en ejercicio. Por regla general, con los matices que se advertirán en la presentación de casos nacionales, esta tensión suele ser más vigorosa cuanto mayor es el grado de autonomía de las instituciones con respecto al Estado. Escenarios de este tipo suelen ser resueltos mediante fórmulas de coordinación que son, simultáneamente, más débiles y más complejas que aquellas en las que prevalece un principio jerárquico entre la entidad gubernamental y las instituciones universitarias, es decir en sistemas en los cuales la autonomía se limita, por ejemplo, a la libertad académica y/o a la designación de autoridades.
La función de coordinación, en contextos en los cuales la autonomía universitaria prevalece con fuerza normativa, suele operar a partir de sistemas de relaciones entre, por ejemplo, asociaciones u otras corporaciones universitarias en las cuales es delegada la representación institucional —y por lo tanto delegadas atribuciones autonómicas— para entablar relaciones con la entidad gubernamental responsable.

De este modo no son las instituciones como tales, sino los cuerpos representativos de autoridad, con los cuales se entablan tanto relaciones de comunicación como negociaciones sobre, por ejemplo, montos y vías de subsidio financiero, políticas y programas que el gobierno desea instrumentar en el ámbito universitario, obligaciones de rendición de cuentas, entre otros. Es una tendencia que tales sistemas de relaciones operen a partir de esquemas de concesiones mutuas entre mejores condiciones de acceso a recursos fiscales a cambio de compromisos de implantación y desarrollo de ciertas políticas o programas. La negociación de esta clase de incentivos presupone una base de coordinación que evite la transacción bilateral como mecanismo preeminente de transmisión de las iniciativas que el gobierno está dispuesto a impulsar.

En México las tendencias de descentralización y federalización de la educación superior presentan, a pesar de los avances, importantes tensiones y algunos dilemas que reclaman solución. Entre los problemas más relevantes se identifica la ausencia de una coordinación y regulación del sistema con enfoque federalista. Aunque la autoridad gubernamental reconoce esa alternativa para el desarrollo del sistema, también es cierto que mantiene y tiende a incrementar atribuciones relevantes en materia de la orientación curricular de las entidades que coordina, particularmente los subsistemas de educación superior tecnológica y de formación de profesores.

Del mismo modo, las políticas de calidad enfocadas a las universidades públicas de los estados, basadas en la oferta de recursos federales adicionales, evidencian un rasgo centralista al ser normadas y regidas exclusivamente por la autoridad federal. Por último, se advierte un déficit normativo para la regulación estable de las atribuciones federales y estatales en el gobierno del sistema en su conjunto y sus distintos componentes. No menos importante, se advierte una tensión entre la autonomía concedida por ley a la mayoría de las universidades públicas federales y estatales y la incidencia de las políticas públicas federales sobre las instituciones.

A la vista de estos retos, la posibilidad de mejorar las condiciones de gobernabilidad del sistema de educación superior precisa, como punto de partida, reconocer su complejidad y heterogeneidad, así como la diversidad de papeles y funciones que las IES desempeñan en respuesta a las demandas de su entorno. Requiere, además, gestar políticas públicas susceptibles de ser adaptadas y adecuadas por las diversas instituciones sin desmedro de su identidad; generar objetivos y reglas comunes, cuyo acatamiento se base en una común percepción acerca de la bondad de los objetivos y la equidad de las reglas; aprovechar y encauzar los procesos de innovación y cambio que tienen lugar al seno de las instituciones, y no menos importante, construir canales que faciliten la cooperación interinstitucional.
Por su tamaño, diversidad y complejidad el actual sistema de educación superior hace poco recomendable la persistencia de políticas centralizadas, más allá de la coordinación y regulación indispensables. En su lugar ofrece una alentadora posibilidad, desde luego no exenta de riesgos, la vía federalista: apoyar la consolidación de sistemas estatales de educación superior y fortalecer las capacidades de los gobiernos de las entidades federativas para construir y gestionar adecuadamente tales sistemas.

Construir tales capacidades abre perspectivas para encontrar nuevas soluciones a los problemas de cobertura, pertinencia, calidad y equidad que aquejan a la educación superior. La propia realidad política del país, en su transición democrática, impone la apertura de nuevos espacios de acción que pasan, necesariamente, por la actualización del pacto federal.
De esta manera, la política regional del sistema de educación superior que el país adopte debe resultar de una necesaria negociación entre los actores federales y los estatales. No debe ser la simple desagregación por regiones de la política nacional, a partir de visiones y decisiones adoptadas por autoridades centrales, ni tampoco la simple sumatoria de políticas estatales. En este sentido, la política nacional debe construirse conciliando los objetivos macro del país con aquellos perseguidos por las comunidades de los estados, y también sistematizando los principios y compromisos que asumen las IES públicas en cada entorno territorial.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/un-dilema-universitario-mas-autonomia-o-mas-gobernanza/

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En pro de la calidad educativa.

Colombia tiene como meta ser el país más educado de América Latina en el 2025.

Por: Rosario Córdoba Garcés.

Colombia tiene como meta ser el país más educado de América Latina en el 2025. Para lograrlo, el Gobierno incluyó a la educación como uno de sus tres pilares prioritarios para el cuatrienio, junto con la paz y la equidad. Lo anterior está en línea con la importancia presupuestal que el sector ha ido ganando en los últimos años. Desde el 2010, se han incrementado en cerca del 27 por por ciento, en términos reales ,las apropiaciones presupuestales destinadas a educación. Para el 2017 este era el rubro con mayor asignación de recursos, 33 billones de pesos, superando a Defensa.

Esto ha permitido tener logros destacados en aspectos relacionados con el acceso, la cobertura, la pertinencia y la calidad de la educación, en todos sus niveles. No obstante, persisten retos enormes que impiden tener avances más contundentes. Uno de ellos, quizás el más relevante, está asociado con la calidad de los docentes.

Estrategias como incentivar el ingreso de mejor capital humano a la profesión docente, ya que quienes se deciden por esta no son los de mejor desempeño en pruebas estandarizadas; contar con una evaluación que cobije a toda la planta de educadores del país; continuar mejorando la calidad de programas de formación, como ‘Todos a Aprender’ y ‘Becas para la Excelencia Docente’, y nombrar profesores de planta a través de convocatorias oficiales y la aprobación de un examen de ingreso son un requisito sine qua non para tener una educación de mejor calidad. Afortunadamente, el Gobierno ha hecho esfuerzos para avanzar en medidas como las mencionadas. Por eso, sorprende que el pasado 15 de septiembre el Ministerio de Educación haya derogado en su totalidad la Resolución 2041/2016, reemplazándola por la Resolución 18583/2017.

La Resolución 2041 establecía unas características específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado, en las cuales se definían unos conocimientos y competencias mínimas que debían ser desarrolladas por los aspirantes a educadores a lo largo de su proceso formativo. La nueva resolución establece que, en el marco de la autonomía universitaria, cada institución podrá determinar libremente las competencias o conocimientos que deben desarrollar los aspirantes a docentes. Es lo mismo que históricamente han hecho, y que ha llevado a que no se ajusten con los lineamientos y estándares del Ministerio para la carrera docente, explicando, en parte el bajo desempeño de los maestros.

Lo insólito es que esto va en contravía de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en el cual se advertía que el Ministerio debía establecer unos parámetros mínimos de calidad para las licenciaturas, así como la acreditación obligatoria de todos los programas de este tipo del país. En este último aspecto tampoco hay avances.

La autonomía universitaria ha posibilitado que algunas instituciones garanticen efectivamente los más altos estándares de excelencia y, por tanto, no debe utilizarse como argumento para bloquear propuestas que contribuyen a mejorar decididamente la educación. La calidad de la educación es fundamental para la competitividad. Una mejor educación contribuye a la disminución del desempleo y la informalidad, y posibilita una mayor remuneración de los factores productivos del país, lo que se refleja en el bienestar de su población y en el crecimiento de la productividad y de la economía. Medidas como las planteadas por la Resolución 18583, se constituyen en una barrera para lograrlo.

Fuente: http://www.portafolio.co/opinion/rosario-cordoba-garces/en-pro-de-la-calidad-educativa-510002

Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-dSAM2JHdk1Q/VV5lW3e479I/AAAAAAAAALw/y8p2mpBXv6Q/s1600/calidad-educativa-2.jpg

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Venezuela: La autonomía universitaria no es para delinquir

Venezuela / www.rnv.gob.ve / 16 de Agosto de 2017

Desde las universidades tradicionales se “bombardea, distorsiona y asfixia” cualquier política gubernamental, señaló este lunes el ministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, quien denunció que sus autoridades se escudan en el concepto de autonomía universitaria para tapar acciones delictivas.

“La autonomía universitaria no es para delinquir ni para afianzar plataformas desestabilizadoras. La autonomía es para la libertad de pensamiento, cátedra, para poder construir planes y mecanismos de desarrollo que no sean condicionados por ninguna fuerza externa.”

Denunció, además, la presencia de grupos paramilitares al interno de la Universidad de los Andes (ULA), casa de estudio que al igual que la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad del Zulia (LUZ), han pretendido constituirse en un Estado dentro del Estado.

Fustigó el hecho de que se pretenda convertir las universidades en sedes de los partidos políticos en los que militan sus autoridades, esto a propósito de la reciente consulta interna celebrada por la MUD que tuvo como garantes a los rectores de la universidades Católica Andrés Bello (UCAB), Jorge Virtuoso, Carabobo, Jessy Divo, Metropolitana (Unimet), Benjamin Scharifker y la UCV, Cecilia García Arocha.

Roa descartó, durante el programa Encendidos de VTV, que esta postura sea compartida por el resto de las autoridades. “La mayoría de los rectores y de las universidades del país son defensores de la patria, no están en la línea del golpe de Estado. Están apostando al país, a la construcción de patria.”

El titular de Educación Universitaria hizo un llamado a los estudiantes, padres y representantes, a pronunciarse ante la inacción de algunas autoridades universitarias frente a las ralentización de las actividades académicas.

Fuente: http://rnv.gob.ve/la-autonomia-universitaria-no-es-para-delinquir/

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La discusión de la universidad en el proceso constituyente

Por: Luis B. Saavedra M.

Ha dicho la rectora de la UNEXPO, Dra. Tita Añez, que el concepto de autonomía universitaria no puede entrar en discusión en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que AVERU actuará en consecuencia defendiendo tal principio, etc., etc. Como fuere, constituye ésta una noción de vieja data y ya reconocida como tal en la Constitución Madre de 1999, artículo 109, donde discurre sin salirse de los causes tradicionales, por ejemplo que es una comunidad de intereses espirituales formada por estudiantes y profesores reunidos con fines de buscar la verdad y defender los grandes intereses del hombre, como en la ley de 1970. ¿Cómo conjugar tradición, modernidad y la postmodernidad o transmodernidad con fines adecuar a los momentos actuales la misión, visión y valores de esta institución fundamental de la sociedad del conocimiento que vivimos ahora?

Pero veremos cómo esta ANC afronta semejante reto, más aún con estos constituyentes que hasta lo que va de sesiones votan en bloque y sin que los sectoriales digan ni pío. Se acogen a aquel antiguo principio de las órdenes religiosas, según ciertos Maestros de Formación de Aspirantes y Novicios, a saber, que quien obedece no se equivoca. Y al respecto estos compas son contumaces, esperemos que algunos como el personaje principal de «El turno del escriba», Rustichelo, en alguna de esas plenarias se rasquen la cabeza y al tropezar con una liendre les genere inquietudes y se pongan a filosofar acerca de qué significa educar al hombre y la mujer en pleno siglo xxi en ciencias, humanidades y tecnología, más allá de repetir cual copistas viejos clichés ideológicos como la falsa conciencia que alimenta la corrupción, lastre que perturba cualquier intento de transformación.

Entendemos que estas y otros aspectos habrá tiempo de ser tratados en los dos años que al menos tienen para legislar la máxima asamblea. Un asunto central es como dice José M. Miyar Barrueco, recordando a José Martí, en «Palabras de Doctor Honoris Causa de la Universidad de la Habana» (15 de abril de 2007) cómo llevar la universidad a la vida productiva, laboral, social y política donde miles y miles de compatriotas con dedicación, esfuerzo y entrega desarrollaban en la vida, con su participación y esfuerzo, la base material, cultural y productiva del país. Dedicar la fuerza creadora del pueblo, la fuerza impulsora de las masas» (p. 10).

Esa situación representa, como hemos dicho ya aquí, todo un reto que los anteriores gestores de la educación superior o universitaria en el marco de la Revolución Bolivariana no han podido o no han querido agarrar por los cachos, potenciar la infraestructura académica y física, así como valorar el talento humano que está presente en tales organizaciones. Tal vez la recién firmada III Convención Colectiva de los Trabajadores que por demás debe poner fin al llamado horario crítico abone en ese sentido, que por demás llamó poderosamente la atención que el presidente Maduro no le dio publicidad, se firmó y sólo por las redes sociales fue que circuló esa información. ¿No quería que se supusiera de tan malo que es? O, al contrario, cabe pensar que es tan bueno que no se quiso hacer escándalo.

Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a250715.html

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Perú: ¿Qué evaluará el examen único para universidades públicas y privadas?

Perú/17 de Julio de 2017/La República

El Ministerio de Educación propondrá crear el examen único nacional para ingresar a la universidad pública o privada. Se está consultando con expertos a nivel mundial para conocer el modelo, que ya es aplicado en otros países como Chile y Colombia.

¿Qué evaluaría esta prueba?

Verónica Zapata, jefa de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu, estaría a cargo de su elaboración.

Explicó que aún se viene recogiendo las experiencias a nivel internacional.

Según dijo, el examen no vulnerará la autonomía universitaria porque sería complementario. «Una universidad podría tomar este examen como referencia y poner sus condiciones de ingreso», afirmó.

La funcionaria señaló que, con la medida, el Estado busca tener información del nivel de los postulantes que pasan a la educación superior.

Por su parte, Ivan Rodríguez, presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), sostuvo que esta propuesta debe ser analizada tres años y haber ensayos.

Consideró que el nivel para ingresar a la UNI o San Marcos no es el mismo que en otras casas de estudios.

Ventajas y desventajas

Francisco Rivera Scaramutti, director de la Oficina Central de Admisión e Informes de la PUCP, dijo que sería beneficioso porque el estudiante ya no se tendría que preparar para distintos tipos de exámenes. Todos serían comparados con el mismo instrumento de medición. Las universidades podrían saber las áreas débiles y fuertes de los estudiantes.

Además, el Estado podría becar a los postulantes con alto puntajea la universidad donde elija estudiar. Las universidades podrían fijar puntajes por carrera y vacantes de ingreso u otras evaluaciones complementarias como entrevistas.

Por otro lado, dijo que la desventaja es que las universidades dejarían de percibir ingresos económicos por el examen de admisión.

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1064694-que-evaluara-el-examen-unico-para-universidades-publicas-y-privadas

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Brasil: Docentes denuncian ataque a la Universidad Federal de Integración Latinoamericana

América del Sur/Brasil/23 Julio 2017/Fuente y Autor:eldiariodecarlospaz 

Docentes pertenecientes a la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) denuncian un feroz ataque contra esa institución con el objetivo de ponerle fin a su existencia.

Reunidos en Asamblea el pasado 19 de Julio, los docentes de esa casa de estudios emitieron una Carta Abierta donde manifiestan su repudio a la enmienda aditiva n° 55 MP 785/2017, propuesta por el diputado federal Sérgio Souza. La enmienda de Souza propone disolver la UNILA y crear una institución regional denominada Universidad Federal del Oeste de Paraná.

Enmascarada en una supuesta misión institucional de «formación técnica y social de recursos humanos aptos para contribuir con el desarrollo regional del Oeste de Paraná integrado con el desarrollo nacional», el proyecto pretende desregular el Programa Nacional de Asistencia Estudiantil (PNAES), que apoya la permanencia de estudiantes de renta baja en cursos de grado de instituciones federales de educación superior.  Bajo este pretexto de medida provisoria, se incluyó en forma subrepticia la enmienda aditivada que propone la disolución de la UNILA.

Así, al aprobar la medida provisoria que trata sobre financiamiento estudiantil, la enmienda anexada de disolución de la UNILA, queda aprobada sin debate parlamentario y sin la escucha a las dos instituciones afectadas (la UFPR a la que le amputan dos campus y la propia UNILA).

Para los docentes,

1-«Dicha enmieda es inconstitucional porque atenta contra la autonomía universitaria protegida y asegurada por la Constitución Federal de 1988 y por la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB), además hiere la Ley Federal 12.189/10 que dio creación a la UNILA. La misma no puede ser alterada por una medida provisoria».

2-«La enmienda tiene rastros de xenofobia y racismo ya que apunta contra el carácter internacionalista de la universidad. En este sentido, vale recordar que la integración entre los países latinoamericanos es un precepto constitucional en Brasil y la creación de la UNILA fue la concreción de eso en el plano científico y cultural». Aquí también los docentes recuerdan que «la presencia de alumnos extranjeros no es exclusividad de la UNILA sino que sucede en todas las universidades públicas brasileras».

3-Para ellos, «la enmienda representa un retroceso para la producción del conocimiento brasilero ya que la UNILA coloca a Brasil en un debate de punta de la producción científica».

4-«La enmienda desvaloriza y desconsidera el trabajo de otras universidades públicas de la región».

5-«Ignora la cualidad, reconocimiento nacional e internacional en la formación de los/las estudiantes de UNILA. La cual se encuentra entre las mejores en el país. Los y las egresadas se destacan por su actuación profesional, y especialmente, por su admisión en importantes programas de posgrado en Brasil y en el exterior. Además de esto, la Universidad ha servido de modelo para los diversos países e instituciones de enseñanza e investigación, exactamente por su carácter innovador, integracionista, bilingüe y plural».

6-«Desconsidera que UNILA recibe estudiantes brasileños/as de todo el país, en especiel, de Paraná».

7-«Ignora la relevancia de Foz de Iguazú como uno de los más importantes epicentros internacionales de América del Sur, en la triple frontera».

¿Qué es la UNILA?

Es una universidad pública ubicada en la ciudad de Foz de Iguazú que integra a alumnos de numerosos países. Fue propuesta por el entonces presidente Lula Da Silva en el año 2007 pero fue creada en el año 2010. Su ubicación fue proyectada estratégicamente para promover la integración de la región en la producción de conocimiento.

Hoy, con tan solo 7 años, ya cuenta con 29 cursos de grado en diferentes áreas de conocimiento. Además, otros 12 cursos ya tienen aprobados sus Proyectos Pedagógicos para su implementación. En su oferta de posgrado, tiene ocho maestrías y un doctorado.

Se caracteriza por una fuerte impronta investigativa con 400 proyectos y 96 proyectos de extensión. Sin contar aquí, los que fueron llevados a cabo a lo largo de su historia y ya finalizaron.

¿Quién es Sérgio Souza?

Es un diputado brasilero que cobró fama internacional por sus vínculos con el agronegocio brasilero y por representar a la denominada «bancada ruralista» en el Congreso. Souza además fue nombrado en escuchas telefónicas del ex superintendente del Ministerio de Agricultura en Paraná, Daniel Gonçalves Filho, en su delación sobre la Operación Carne Fraca, por supuestamente haber recibido coima.

Fuente de la noticia: http://www.eldiariodecarlospaz.com/mundo/2017/7/22/docentes-denuncian-ataque-universidad-federal-integracion-latinoamericana-40814.html

Fuente de la imagen: http://www.eldiariodecarlospaz.com/u/fotografias/m/2017/7/22/f300x0-49819_49837_79.jpg

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