Por: Abelardo Carro Nava
«A nivel nacional ha crecido un malestar magisterial de importantes magnitudes de maestras y maestros adscritos a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).»
Recuerdo que, en mayo de 2018, en Guelatao, Oaxaca, el eterno candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó con bombo y platillo los 10 compromisos por la educación en México; específicamente, el compromiso 6, señalaba lo siguiente: “Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de las facultades del ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional. Habrá justicia para todos los afectados por la imposición de la mal llamada reforma educativa. Habrá justicia para cesados injustamente, para presos políticos y para víctimas de violencia. Asimismo, enviaremos desde el inicio de gobierno las iniciativas de reformas a las leyes que vulneren la dignidad y los derechos de los maestros de México” (AMLO, 2018).
Sin duda, estas palabras y estos compromisos, calaron hondo en el sentir de buena parte del magisterio nacional pues, como se sabe, la mal llamada reforma educativa, impulsada por el Pacto por México y aprobada en 2013, trajo consigo una serie de afectaciones laborales y profesionales en diversos sectores magisteriales al aplicar una evaluación, a todas luces, punitiva, pero también, un mecanismo “clasificatorio” de ingreso al Sistema Educativo Nacional (SEN), cuya responsabilidad recayó en la extinta Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). Buenos dividendos políticos parecía que tendrían estas palabras expresadas por quien, en su momento, representaba un cambio y una esperanza de transformación.
No obstante, lo anterior, del 2015 al 2019, buena parte del magisterio, y los aspirantes a ingresar al SEN, jugaron con las cartas que la CNSPD les puso sobre la mesa; es decir, derivado de la emisión de diversas convocatorias para el ingreso, promoción y permanencia, los participantes, por voluntad propia u obligada (en el caso de la permanencia), se dieron a la tarea de cumplir con los requisitos que en éstas se estipulaban; obviamente, los resultados obtenidos por éstos, dieron paso a una “clasificación” que he criticado reiteradamente: “idóneos y no idóneos”, sea lo que eso haya significado para la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su momento porque, desde mi perspectiva, no hay maestras y maestros de primera, segunda o tercera categoría, son maestras y maestros y punto. En fin.
De la emisión de dichos resultados, se fueron gestando diversas problemáticas que, hasta nuestros días, siguen lastimando a quienes, tanto en 2018 como en 2019, se dijo serían revalorizados porque, por donde quiera que se mire, en el aire ha quedado esa vaga idea de que, a través de las “facultades del ejecutivo, se detendrían las afectaciones laborales y administrativas que sufría el magisterio nacional”. Para muestra un botón.
En los últimos días del mes de agosto de este año, y en lo que va del mes de septiembre, a nivel nacional ha crecido un malestar magisterial de importantes magnitudes; se trata de las maestras y maestros adscritos a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en diferentes planteles, quienes se han manifestado en prácticamente toda la República Mexicana, para demandar al Gobierno Federal la basificación que por propio derecho les corresponde. En Tlaxcala, en Aguascalientes, en Durango, en Puebla, en fin, como decía, en prácticamente cada rincón del país, se ha hecho visible esta demanda que hoy día, sigue sin ser atendida.
¿Cómo explicar a las maestras y maestros que, después de haber cubierto todos los requisitos establecidos en una convocatoria para el ingreso a educación media superior, de haber realizado un examen para dicho ingreso, de haber obtenido un lugar para una plaza definitiva (código 10) de acuerdo a las listas de prelación, de haber sido evaluados después del tiempo señalado y de haber obtenido los puntajes para que esa plaza definitiva fuera una realidad, hasta este momento, no se haya concretado tal hecho?, ¿no es este un claro estado de indefensión de los trabajadores de la educación cuando, después de varios años, sigue sin ser atendida la demanda que por propio derecho les corresponde?, ¿cuál ha sido el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ante este hecho porque, indiscutiblemente, poco o nada ha hecho para que se resuelva a favor de los afectados y, mucho menos, ha fijado un posicionamiento claro ante el atropellamiento de sus derechos laborales y profesionales?
Y si esto no fuera suficiente, el pasado 16 de mayo del año en curso, en reunión entre varios funcionarios de la SEP y del SNTE, en las oficinas de República de Argentina en la Ciudad de México, se firmó la Minuta de acuerdos con motivo de la revisión del pliego nacional de demandas 2022 del personal docente, no docente, y personal de apoyo y asistencia a la educación de los Subsistemas de Educación Media Superior y Superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública Federal, celebrada entre la Secretaría de Educación Púbica Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Minuta que, particularmente, en lo relativo a la Relación y Desarrollo Profesional, Acuerdos 23 y 25, se señala: ACUERDO 23: “Se dará cumplimiento al numeral 26 de la Minuta 2021, que a la letra dice: “La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, establecerán, en un plazo no mayor a 30 días, una mesa de trabajo en la que la SEP, presentará un diagnóstico sobre los casos documentados del personal docente de los subsistemas homologados y que se ubiquen entre 18-19-20, 28-29-30 y 38-39-40 hora-semana-mes, con nombramiento definitivo (código 10) o provisional en plaza sin titular (código 95), en apego al marco normativo vigente y que sean objeto de compactación de plazas, así como su impacto presupuestario, para que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones ante las instancias correspondientes”. ACUERDO 25: “La Secretaría de Educación Pública una vez que obtenga la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará continuidad al proceso permanente de basificación, para que en un plazo que no exceda el mes de agosto del presente año, se otorguen los nombramientos definitivos (C-10) al personal que cuente con los requisitos establecidos en la ley, dando el seguimiento a los trabajos con la organización sindical. A partir de la regularización del analítico de plazas y basificación del personal correspondiente, se reconocerán, desde la fecha de ingreso a los Subsistemas de Educación Media Superior, los derechos a la antigüedad y cualquier otra prestación asociada a los años de servicio”.
La fecha claramente señalada y signada por las partes que en ese documento se observan, claramente ha sido rebasada o superada; es decir, el mes de agosto de este año ha terminado y, en lo que va de septiembre, no se han otorgado los nombramientos definitivos (C-10) al personal que le corresponde, repito, por derecho propio, dado que obtuvo su plaza después de haber cumplido en tiempo y forma con los procesos que la autoridad educativa estableció para este propósito.
Lo lamentable de este asunto, es la poca o nula sensibilidad que han tenido las autoridades educativas y gubernamentales ante este atropello porque, las maestras y maestros sujetos a un Código 95 (provisional en plaza) que, desde el 2015 hasta la fecha no han sido regularizados para obtener el Código 10, padecen los estragos de una contratación y recontratación cada 6 meses (aunque para efectos prácticos de entendimiento se realiza cada 5 meses y 15 días) que, jurídicamente, no les permite solicitar su nombramiento definitivo pues, como sabemos, éste se da una vez transcurridos los 6 meses y 1 día. Y bueno, si esto no parece ser tan grave, hay que señalar que los pagos por el trabajo que vienen realizando en sus respectivos planteles escolares, los reciben cada 6 meses o cada año, y no cada 15 días como tendrían que recibirlos.
¿Acaso la autoridad no piensa que, de estas maestras y maestros, dependen económicamente sus familias?, ¿acaso la autoridad educativa no considera que, estas maestras y maestros, también se alimentan, tienen necesidades médicas u otras relacionadas con su vivienda?, ¿acaso la autoridad educativa es ciega para no ver que dichas maestras y maestros, tienen que comprar material didáctico para el desarrollo de sus clases porque en sus instituciones educativas no cuentan con él ni con la infraestructura suficiente para los propósitos educativos que persiguen? En fin, ¿acaso la autoridad educativa no piensa, siente y comprende?
Finalmente, resta señalar, que hay denuncias públicas por presuntos actos de corrupción ligados a Rafael Sánchez Andrade, al parecer, cesado de la DGETI a partir del 16 de agosto de este año; en caso de comprobarse la asignación irregular de plazas y otros actos indebidos en su gestión, bien harían las autoridades educativas y las competentes, fincar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar pues, como reiteradamente lo ha señalado el presidente de nuestro país, no mentir, no robar y no traicionar, es un acto de buen gobierno.
Sin duda, éstas son palabras sabias, solo que también es un acto de buen gobierno, el cumplir con todo lo que significa revalorizar al magisterio, no solo en discursos, sino en hechos que, por ejemplo, lleven a obtener su nombramiento definitivo a las más de 5000 maestras y maestros adscritos a la DGETI.
¿Por fin se hará efectiva la mal llamada revalorización del magisterio o fue una simple promesa de campaña?
Al tiempo.
Referencias:
Users Today : 91
Total Users : 35453333
Views Today : 106
Total views : 3399544