Por: Puri Liétor
La Unión Interparlamentaria (UIP), creada en 1889, es la organización internacional de los Parlamentos nacionales, y trabaja para salvaguardar la paz y conducir el cambio democrático positivo mediante el diálogo político y acciones concretas.
Ese cambio democrático positivo mencionado precisa la participación plena de las mujeres en la política, tal y como quedó reflejado en su declaración de 1992:
__”El concepto de democracia sólo tendrá un significado verdadero y dinámico cuando las políticas y la legislación nacional sean decididas conjuntamente por hombres y mujeres y presten una atención equitativa a los intereses y las aptitudes de las dos mitades de la población.”
Pero para prestar esa atención equitativa a las dos mitades de la población hay que tener una clara conciencia de las diferencias entre mujeres y varones en función del sexo, y de cómo esas diferencias fueron instrumentalizadas para articular un modelo de sociedad que utiliza el sexo para establecer una jerarquía que sitúa a los varones como población prevalente. Esa instrumentalización se llevó a cabo construyendo los marcadores de género e imponiéndolos a través de una normativa de obligado cumplimiento, que el modelo de socialización androcéntrico se encargó de perpetuar.
A finales del siglo XX, la abundancia de estudios recogidos y desarrollados por las teóricas Feministas desde distintos sectores de la Academia y la Cultura confluyen en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, y cuya importancia resalta Alicia Miyares en el libro “El sexo en disputa. De la necesaria recuperación jurídica de un concepto”:
__”En Beijing se asume políticamente la centralidad de la idea de igualdad y la necesidad de su transversalización en cualquier esfera de realización social e individual, para poder hablar de una efectiva igualdad de mujeres y varones. (…) Fueron propuestos objetivos estratégicos y medidas concretas para promover la igualdad, eliminando, a su vez, todos los obstáculos que dificultan la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada. (…) La atribución de papeles sociales diferenciados a varones y mujeres (género) da paso a un orden social jerárquico basado en la supremacía masculina y en la subordinación femenina que queda recogido en un marco normativo. (…) Pero para alcanzar la plena ciudadanía de las mujeres era imprescindible erradicar ese marco normativo, construido a partir tanto del determinismo biológico (sexo es destino) como de la construcción social y cultural de la “diferencia sexual” (género), por el cual las ideologías, normas y estereotipos sexuales mantenían viva la desigualdad estructural de las mujeres.”
A tenor de todo lo expuesto, la difusión y aceptación cada vez mayor de la ideología Feminista parecía que estaba consiguiendo progresos esperanzadores en la revocación del marco normativo que mantenía a las mujeres en situación de opresión. Seguramente no obedece a la casualidad la aprobación en 1997 por parte del Consejo Interparlamentario de la Declaración Universal sobre la Democracia, en la que queda recogido el siguiente principio:
__”4. El logro de la democracia supone una auténtica asociación entre hombres y mujeres para la buena marcha de los asuntos públicos, de modo que tanto los hombres como las mujeres actúen en igualdad y complementariedad, obteniendo un enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias.”
Transcurridos 25 años de esta Declaración Universal sobre la Democracia, los datos proporcionados por ONU Mujeres muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo. Y aún en el caso de que la representación de mujeres supere a la de los hombres en cargos ministeriales, como ocurre con el actual Gobierno de Coalición PSOE-UP, este hecho no asegura que se presta una atención equitativa a los intereses y las aptitudes de las dos mitades de la población; lo asegura la elaboración y aplicación de políticas igualitarias con carácter transversal, hecho que brilla por su ausencia en el actual Gobierno de coalición.
Por eso, cuando deberíamos haber ido avanzando en el reconocimiento de las diferencias, y enriqueciendo con ellas la calidad democrática de los modelos de gobernanza actuales y la convivencia entre ambos sexos, los datos reflejan lo contrario.
En el marco socioeconómico los datos ofrecidos por Naciones Unidas muestran que el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres, y que una de cada cinco niñas en el mundo sufre de pobreza extrema, el término feminización de la pobreza alude a esto.
En Españala tasa de paro de las mujeres sigue siendo mayor que la de los hombres, situándose en 2021 en 3,66 puntos de diferencia, el 74,67% del empleo a tiempo parcial en 2021 es femenino, frente al 27,17% masculino, el índice de precariedad laboral es superior en mujeres que en varones, la reducción de jornada vinculada al cuidado es seis veces superior en mujeres que en varones, y el reflejo de todo ello en las pensiones es que actualmente la pensión media de los hombres es más de un 30% superior a la de las mujeres.
La Catedrática de Economía Aplicada y Vicepresidenta de Economistas Frente a la Crisis, Cecilia Castaño, contextualiza los datos: “el mercado laboral ha sido siempre masculino y todas las instituciones que lo regulan están diseñadas en función de lo que son las características y los hábitos de vida de los hombres”. Pero no hay declaraciones de la Ministra de Trabajo denunciando esta realidad ni anunciando su compromiso de abordarla conjuntamente con las restantes ministras/os del Gobierno de coalición.
no hay declaraciones de la Ministra de Trabajo denunciando esta realidad ni anunciando su compromiso de abordarla conjuntamente con las restantes ministras/os del Gobierno de coalición.
Aunque el ejemplo más dramático de falta de equidad, y de pervivencia y afianzamiento de “los obstáculos que dificultan la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada”, es decir, de la normatividad genérica, es la situación impuesta por el régimen talibán a las mujeres en Afganistán. En Afganistán podemos comprobar la aplicación ortodoxa del Orden Patriarcal alimentado por el MALDITO GÉNERO, sin embargo, y a pesar de contar con una Ley Orgánica que obliga a adoptar “una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla”, este Gobierno de coalición está comprometido con la aprobación de una ley que avala la atribución de papeles sociales diferenciados a varones y mujeres, decisión que colisiona con el cometido de la remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.
En el marco de la violencia machista ejercida por la identificación con el género, ONU Mujeres aporta una clasificación: Violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado (económica, psicológica, emocional y física), Violencia sexual, Violencia en línea o digital, Femicidio, Trata de personas, Mutilación genital femenina, Matrimonio infantil.
Entre los datos emitidos en su Informe de 2021 destaca que una media de más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por alguien de su propia familia y que el número total de homicidios de mujeres se ha mantenido prácticamente sin cambios en la última década.
Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, señaló acertadamente respecto a esta insolvencia política a la hora de revocar este sanguinario Orden Patriarcal: “Detrás de cada estadística de feminicidio está la historia de una mujer o niña individual a la que se le ha fallado.”
Y lo mismo podemos decir de cada niña y mujer víctimas de los 1606 delitos sexuales denunciados en España hasta el primer semestre de 2022, delitos que han subido un 33% en tres años.
A la vista de lo expuesto, la conclusión que se puede establecer es que la actividad política española, tanto a nivel estatal como autonómico, se ha desentendido de su responsabilidad para acrecentar la convivencia democrática, que precisa como requisito insoslayable la erradicación del marco normativo que avala los marcadores de género.
Necesitamos un modelo democrático que apueste por la convivencia igualitaria y la justicia social, y para ello es preciso sumar a la paridad el análisis crítico feminista y conseguir la revocación del sistema jerárquico articulado en función del sexo, y esta propuesta política solo la defiende la ideología feminista.
Yo milito en un partido Feminista, el PFAC, porque considero que la ideología Feminista es la única ideología política con el conocimiento preciso para revertir la situación de subsidiariedad impuesta a las mujeres, y que el resto de ideologías considera, o legítima, o invariablemente aplazable frente a otros intereses políticos, como desgraciadamente estamos comprobando,
Por eso quiero acabar este artículo con dos frases de Rosa Luxemburgo (1871-1919):
__”Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo.”
__”Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.”
Fuente de la información e imagen: https://tribunafeminista.org