América del Sur/Brasil/21-05-2021/Autor(a) y Fuente: ultimasnoticias.com.ve
Casi toda la deforestación registrada en la Amazonía de Brasil es ilegal y la promesa del presidente Jair Bolsonaro de eliminar esta devastación es poco realista debido a la falta de transparencia sobre el uso autorizado de la tierra en esa región, según un informe publicado este lunes.
Bajo presión para reducir la destrucción de la mayor selva tropical del planeta, Bolsonaro prometió eliminar la deforestación ilegal para 2030 durante la Cumbre sobre el Clima en abril pasado.
Casi toda la deforestación sigue siendo ilegal porque las autoridades han fracasado en implementar leyes para determinar cuánto y dónde se deforesta legalmente, indica una investigación realizada por investigadores universitarios y expertos de organizaciones ambientalistas, entre ellas World Wildlife Fund Brazil y el Instituto Centro da Vida.
El informe indica que 94% de la deforestación en la Amazonia y la región circundante de Matopiba, que engloba parte de los estados de Maranhao, Tocantins, Piauí y Bahía, es ilegal.
Esto ocurre porque incluso en los casos en los que los agricultores, ganaderos y madereros, entre otros, tienen permiso para usar la tierra, las autoridades son incapaces de documentar cómo se aplica la legislación para la explotación legal de la tierra, explica el informe.
“La diferenciación entre la deforestación legal e ilegal es un factor clave para garantizar que la producción agrícola y forestal no están contaminadas por crímenes ambientales”, agrega el texto.
Desde que Bolsonaro asumió el poder en 2019 se ha registrado un repunte de la deforestación en la mayor selva tropical de mundo.
En los 12 meses previos a agosto de 2020, la deforestación en la Amazonía brasileña aumentó de 9,5%, destruyendo un territorio mayor al de Jamaica, según datos oficiales.
El presidente ultraderechista está bajo una fuerte presión internacional para limpiar la imagen de su gobierno en temas medio ambientales, en tanto el poderoso agronegocio está preocupado de las consecuencias que pueden tener esas críticas en el mayor exportador de carne y soja del mundo.
“Bolsonaro hizo esa promesa de deforestación [ilegal] cero, pero cómo vamos a saber si no está disponible esa información?”, dijo a la AFP Paula Bernasconi, coordinadora del Instituto Centro da Vida.
“Es urgente un mayor esfuerzo técnico y de voluntad política para el cumplimiento de la legislación ambiental y de la ley de acceso a la información”, insta el coautor del estudio, Raoni Rajao, de la Universidad Federal de Minas Gerais.
“De lo contrario, la falta de transparencia continuará sirviendo como un escudo para la destrucción continua de los ecosistemas”, agregó.
Fuente e Imagen: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/94-de-la-deforestacion-de-la-amazonia-brasilena-es-ilegal/
Fuentes: IPS [Foto: Un agricultor familiar entre las plantas de papaya que cultiva en su finca, donde cuenta con una presa subterránea, una de las formas de acopio de agua de lluvia en la ecorregión del Semiárido, en la región del Nordeste de Brasil. La agricultura familiar ha sido golpeada en el país por las medidas en su contra del Gobierno de Jair Bolsonaro y el impacto de la covid-19. Mario Osava / IPS]
La inseguridad alimentaria despegó con fuerza en Brasil y ya afecta a más de la mitad de la población, 59,4 o 55,2 por ciento según dos estudios. La pandemia acentuó la tendencia iniciada en 2014 y agravada por el actual gobierno de extrema derecha.
Brasil tenía entonces 212 millones de habitantes. En inseguridad alimentaria grave, con privaciones, estaban 31,8 millones de brasileños o 15 por ciento del total. En un grado moderado, en que ocurre restricción de cantidad y diversidad de alimentos, vivían casi 27 millones u 12,7 por ciento de la población nacional.
Una cantidad un poco mayor, 31,7 por ciento, estaban en situación menos grave, pero aproximándose a la posibilidad de carecer der dinero para alimentarse adecuadamente.
El total en los tres grados de inseguridad alimentaria, 59,4 por ciento, más que dobla el 22,6 por ciento de 2013, el mejor resultado en las encuestas hechas desde 2004 con intervalos irregulares de tres a cinco años.
Ese cuadro seguramente se agravó, ya que la covid-19 volvió a propagarse con una intensidad sin precedentes en Brasil. El total de muertos en los tres primeros meses y medio de este año ya suma 166 935 y pronto alcanzará los 194 949 de todo el año pasado, ya que el promedio diario actual supera las 3000 muertes.
Además terminó en diciembre la ayuda de emergencia que el gobierno aportó a 66 millones de brasileños pobres o desempleados desde abril de 2020, por la suma mensual de 600 reales (110 dólares) en los tres primeros meses, luego reducida a la mitad.
Pese al agravamiento de la crisis sanitaria, el gobierno tardó en reanudar ese auxilio. Solo a fines de marzo aprobó una transferencia limitada a 250 reales (45 dólares) mensuales como promedio y durante solo cuatro meses. Además redujo los beneficiarios a 44 millones. Quedó excluido un tercio de los asistidos en 2020.
“En diciembre acabaron también las grandes donaciones de las empresas e instituciones” para la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables, señaló Rodrigo Afonso, director ejecutivo de Acción de la Ciudadanía, una red de comités de solidaridad contra el hambre distribuidos en todo el país.
Un grupo de niños almuerza en su escuela, en Itaboraí, a 50 kilómetros de Río de Janeiro, antes del cierre de los centros educativos por la covid. Los alimentos frescos para los almuerzos y meriendas en los centros de educación pública de Brasil son suministrados por productores locales, mediante el Programa Nacional de Alimentación Escolar que asegura una cuota de 30 por ciento de las compras a la agricultura familiar. Foto: Mario Osava / IPS
En 2020 esa organización sin fines de lucro obtuvo el equivalente a nueve millones de dólares en donaciones, principalmente de grandes empresas, y pudo llevar alimentos a cuatro millones de personas. Pero a fines del año pasado perdí la ilusión por el peso de la pandemia y cayó la ayuda, lamentó a IPS por teléfono desde Río de Janeiro, donde tiene sede su asociación.
La penuria de recursos se generalizó entre las numerosas organizaciones solidarias que complementaron la acción del Estado y ayudaron a evitar una tragedia social aún peor en 2020.
Menos mal que el choque con la realidad de las consecuencias del agravamiento de la pandemia en Brasil, llevó a las empresas a reanudar sus donaciones. “Desde mediados de marzo ya recaudamos 17 millones de reales (tres millones de dólares) y la meta para este año es duplicar la suma y la cantidad de personas atendidas en 2020”, anunció Afonso.
Hay un cierto agotamiento de las empresas y otros donantes, pero “la vacunación ofrece un horizonte, alguna esperanza de mejora del cuadro”, favorece un esfuerzo de movilización final, sostuvo.
En todo caso, el desafío se ahondó para la sociedad, llamada a ampliar su papel ante el “vacío de gobierno” en la protección social y sanitaria, concluyó.
“El auxilio de emergencia de este año es mejor que nada, pero no alcanza para alimentar una familia”, criticó Adriana Galvão, asesora técnica de AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología en el estado de Paraíba, en la región del Nordeste de Brasil.
Una feria popular, en Sousa, una ciudad del estado de Paraíba, en el noreste de Brasil, abastecida por agricultores familiares de las localidades rurales vecinas. En general esas ferias tienen una parte de productos orgánicos o agrocecológicos, pero no han podido celebrarse en buena parte, desde que la pandemia de covid irrumpió en el país, hace 13 meses. Foto: Mario Osava / IPS
La organización no gubernamental, conocida por las siglas de su nombre original, Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, es una de las pioneras en promover la agroecología en Brasil, a partir de sus acciones junto a agricultores familiares.
Su presencia en el Nordeste es clave porque se trata de la región que concentra más de mitad de la agricultura familiar brasileña y es la más pobre.
La inseguridad alimentaria allí afecta a 73,1 por ciento de su población, según el estudio del grupo Alimento para Justicia. En comparación, la región en mejor situación, el Sur, registró 51,6 por ciento.
En los territorios semiáridos del Nordeste “se vive un momento de grave tensión, a la espera de lluvias para sembrar”, única forma de aliviar la crisis, ya que los agricultores familiares no son contemplados por el auxilio gubernamental y sufren el derrumbe de políticas públicas que aseguraban sus avances en este siglo, resumió Galvão.
“Empezó a llover, pero los campesinos que leen la naturaleza no esperan lluvias generosas este año”, observó la activista, graduada en biología y coordinadora de acciones de empoderamiento de las mujeres en la región de Borborema, en el centro-este de Paraíba.
La Garantía-Cosecha, un seguro para pérdidas de por lo menos mitad de la siembra, es clave para la agricultura familiar, ante la irregularidad de las lluvias, destacó.
Pero desde su llegada al poder en enero de 2019, el actual gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro está desactivando gradualmente ese y otros programas que mejoraron la producción y la vida campesina.
Las cisternas para el acopio de agua de lluvia, con sus diferentes formas y usos, son ya parte del paisaje de la ecorregión del Semiárido de Brasil, y han permitido dejar atrás las hambrunas y mortandades del pasado cuando llegan las cíclicas sequías a la región del Nordeste. Pero el gobierno de Jair Bolsonaro ha diezmado ese y otros programas de apoyo a la pequeña agricultura. Foto: Mario Osava /IPS
La interrupción del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), debido al cierre de las escuelas por la pandemia, amplía doblemente la inseguridad alimentaria, al dejar los niños sin la merienda diaria y al anular ventas determinantes para la agricultura familiar, explicó Galvão a IPS por teléfono desde Campina Grande, en Paraíba.
La legislación en la mayor parte del país obliga las escuelas o municipios a comprar a la pequeña agricultura local por lo menos 30 por ciento de la merienda escolar, lo que la abarata y la diversifica con productos frescos.
Con las escuelas cerradas, algunas alcaldías mantuvieron esas compras y distribuyen los alimentos en canastas a las familias de los alumnos pobres, pero son casos excepcionales.
La agricultura familiar, responsable de 70 por ciento de los alimentos consumidos en el país, “no dejó de producir durante la pandemia, pero sufrió una retracción del consumo” que amenaza la seguridad alimentaria de todos, apuntó José Francisco de Almeida, secretario de Política Agrícola de la Federación de los Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares del Estado de Ceará.
La paralización del comercio y el transporte en Ceará, sorpresivo, dejó los agricultores sin acceso al mercado y cerró las ferias callejeras. “Perdimos tomates, animales listos para abate. Con las pérdidas, se redujo nuestra capacidad de invertir”, diagnosticó Almeida a IPS.
Además el gobierno de Bolsonaro dificulta el crédito a la agricultura familiar y va suprimiendo programas que fomentaron el sector en las últimas décadas, con medidas que agravan la crisis ya representada por 14 millones de desempleados y gran aumento de mendigos en las ciudades, punta del hambre que se disemina, acotó.
Además de la Garantía-Cosecha y el PNAE, el gobierno socava programas como el de Adquisición de Alimentos (PAA), que abastece instituciones asistenciales con productos de la agricultura familiar, el de cisternas de acopio de agua de lluvia para consumo y producción, y el de fomento de la productividad de “más alimentos”.
Esa política contra la pequeña agricultura agrava la crisis, al herir a un sector que, en Ceará, representa 48 por ciento del producto agrícola, genera más empleo que la agricultura industrial con menos tierra y produce la mayor parte de los alimentos, 70 por ciento de la leche, por ejemplo, arguyó Almeida por teléfono desde Redenção, en el interior de Ceará, donde cultiva 80 hectáreas de tierra.
América do Sul/Brasil/16-04-2021/Autor e Fonte: fasubra.org.br
Entidades da Educação e do movimento estudantil, entre elas a FASUBRA Sindical, participaram de audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, na última segunda-feira (05), para discutir Autonomia universitária e liberdade de cátedra. A proposta é dos deputados Sâmia Bomfim (Psol-SP), Glauber Braga (Psol-RJ) e Ivan Valente (Psol-SP), com o apoio do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).
Na ocasião foi debatido sobre o princípio da “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”, inscrito no artigo 207 da Constituição Federal e reiterado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estaria sendo desrespeitada pelo atual governo federal. Citaram como exemplos a nomeação de reitores não incluídos nas listas tríplices formadas pelas universidades; a interferência na participação de servidores em congressos acadêmicos e medidas de cerceamento da liberdade de expressão nas instituições de ensino.
O coordenador-geral da FASUBRA Sindical Antônio Alves Neto (Toninho) foi um dos convidados e destacou a solidariedade da FASUBRA Sindical para com todos os familiares e todas as vidas ceifadas em decorrência do vírus Covid-19. Toninho lembrou também sobre o descaso do governo Bolsonaro diante de toda a tragédia a qual o povo brasileiro vem sendo submetido.
Toninho criticou a apresentação realizada pelo representante do Ministério da Educação (MEC). Para ele, a fala não condiz com a realidade vivida pela comunidade acadêmica atualmente, um modelo de Universidade distinta da realidade do País e a que o presidente da República Bolsonaro defende. “Esses dados apresentados das Universidades não condiz, inclusive com os cortes em 2021 denunciados pelo setor Docente das Universidades” frisou ele.
A Universidade Brasileira não é de hoje que vem sendo atacada. “Na questão da autonomia e liberdade de cátedra, um processo histórico que nós vivemos, desde o período da ditadura militar até o período da abertura democrática do País. Os processos atravessados e agora caminhando para uma Universidade operacional, organização social e deixando de ser uma instituição pública, social, voltada para as questões das crises sociais do País”, concluiu Toninho.
Estavam presentes no debate: Wagner Vilas Boas de Souza, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC); Rivânia Lúcia Moura de Assis, presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes/SN); Christian Vincenzi, presidente do Diretório Central dos Estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ); Ana Paula Santos, coordenadora-geral do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); José Geraldo de Sousa Júnior, professor e ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB).
A audiência atendeu a requerimento nº 14/21 de autoria da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), subscrito pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). No encerramento, Toninho reafirmou que o MEC tem que escutar as entidades, mas em momento algum se mostrou aberto ao diálogo. Ele disse que a FASUBRA quer debater, porém a FASUBRA em nenhum momento foi recebida por esse Governo e, mais uma vez, cobrou a reunião de negociação com o MEC. O coordenador-geral concluiu dizendo que a FASUBRA oficializou o desejo de se fazer uma reunião com o MEC e o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, para discutir questões relacionadas à Autonomia Universitária e as intervenções nas Universidades pelo presidente da República.
“En Brasil hay un genocidio en curso”, alertaron más de cien profesionales de la salud mental de Brasil, en su gran mayoría psicólogos que integran la Sociedad de Psicología Analítica, en un documento dirigido a la comunidad internacional.
En el pronunciamiento, con críticas muy fuertes contra el gobierno de Jair Bolsonaro, los psicólogos advirtieron que Brasil atraviesa “una calamidad” que “no encuentra referencias en la historia brasileña” y que se caracteriza por un “colapso hospitalario y funerario”.
“Faltan vacunas, medicinas, profesionales de la salud, espacios para enterrar a los muertos”, señalaron.
La Sociedad de Psicología Analítica es una asociación internacional con sede en Gran Bretaña que está ligada a la terapia fundada por el médico psiquiatra suizo Carl Jung, discípulo de Sigmund Freud.
“Los ciudadanos brasileños ven, atónitos, un genocidio, testimoniado con frialdad, desdén e incluso con sarcasmo por Jair Bolsonaro y su gobierno”, denunciaron los firmantes del texto, profesionales de la psicología que durante tres días, desde el viernes 9 de abril y hasta este domingo 11, participaron de la Conferencia Latinoamericana de la Sociedad de Psicología Analítica que tuvo lugar en Brasil.
Esa actividad estaba convocada para 2020 en San Pablo pero la pandemia y su impacto en Brasil obligaron a postergarla para abril de 2021, y al final se realizó con la intervención a distancia, por videoconferencia, de expositores e inscriptos.
“Los ciudadanos brasileños ven, atónitos, un genocidio, testimoniado con frialdad, desdén e incluso con sarcasmo por Jair Bolsonaro y su gobierno”
La mayoría de los psicólogos que participaron forman parte de la Sociedad Brasileña de Psicología Analítica (SBrPA), de la Asociación Junguiana de Brasil (AJB) y de la Comisión Latinoamericana de Psicología Analítica (CLAPA), tres entidades que agrupan a psicólogos y psiquiatras en el país más grande y poblado de Sudamérica.
“Durante el año pasado, mientras quedarse en casa y mantener el distanciamiento pasaron a tener en Brasil un significado político de oposición al gobierno, fuimos incitados a oír, impotentes, las declaraciones absurdas y perversas del capitán-genocida (por Bolsonaro), invariablemente ladeado por militares de alto rango”, cuestionaron los firmantes del documento.
Y también señalaron que, como consecuencia de la pandemia, “el miedo extremado al paroxismo, la ansiedad y la depresión se generalizan y aparecen diariamente” en las consultas de los pacientes, un cuadro generalizado que, advirtieron, se superpone con “la crisis económica que se intensificó”, la multiplicación del desempleo y la miseria, más “un escenario desolador” conformado por “las calles de Brasil colmadas por personas viviendo en situación precaria”.
En otro párrafo, los profesionales de la salud puntualizaron que “la acción más abyecta del gobierno Bolsonaro consistió en su insistente negación a comprar vacunas contra el Covid-19, mientras importaba y autorizaba la adquisición de armas para ser usadas por sus simpatizantes”.
“¡Brasil está asfixiado! ¡Hay un genocidio en curso!”, concluyeron los más de cien firmantes antes de solicitarle a la comunidad internacional, y a los psicólogos de todo el mundo que practican la terapia analítica según las orientaciones de Jung, que repliquen las denuncias y las hagan circular en cada uno de sus países.
América do Sul/Brasil/04-09-2021/Autor e Fonte: sinasefe.org.br
50 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS para atendimento de saúde e 80% dos estudantes do ensino fundamental e médio estudam na rede pública. Infelizmente, a Reforma Administrativa abre as portas para a privatização e terceirização na saúde e na educação para que os empresários desses setores possam lucrar mais. Diga não à Reforma Administrativa!
(Dados: IBGE/PNS 2020 e IBGE/PNAD 2019)
*Material divulgado originalmente pelo Fonasefe, integrando a campanha contra a Reforma Administrativa.
Compartilhe e acompanhe a Campanha do Fonasefe nas redes sociais, sua participação é muito importante nesta luta:
América do Sul/Brasil/02-04-2021/Autor e Fonte: sinasefe.org.br
Diante do avanço da pandemia de COVID-19, os servidores do Colégio Pedro II (CPII) em assembleia, no dia 23/02/2021, decidiram orientar os servidores a não participarem presencialmente na entrega dos livros didáticos nos campi – determinada pela reitoria. Além de colocar em risco os servidores, o deslocamento de estudantes e seu agrupamento no espaço da escola, com alta possibilidade de aglomeração, poderia trazer perigo para os próprios estudantes e para suas famílias, no retorno às suas residências.
Em resposta a decisão dos servidores, a reitoria do CPII expediu o Ofício 032/21 responsabilizando o Sindicato dos Servidores do CPII (Sindscope) por “tentativa de boicote e prejuízos insanáveis ao processo de ensino” e encaminhando a decisão da assembleia dos servidores à Advocacia Geral da União (AGU) para proceder a judicialização das responsabilidades.
Diante disso, a Direção Nacional do SINASEFE se solidariza com os servidores do Colégio Pedro II e sua entidade sindical, Sindscope, repudiando a ação intimidatória da Reitoria que ataca a autonomia sindical e o direito dos servidores de divergir de uma decisão que coloca em risco a vida de servidores, estudantes e suas famílias.
Em 25 de março de 2021, o governo Bolsonaro publicou o Decreto 10.660, que mais uma vez modifica o Comitê Permanente de Avaliação de Custos na Educação Básica (CPACEB) do Ministério da Educação (MEC). Agora a participação da sociedade civil não está instituída, ficando restrita a um improvável convite a ser feito pelos membros institucionalizados do Comitê. Vale dizer que a sociedade civil terá direito a voz, mas não a voto.
A partir do supracitado Decreto, a CPACEB passa a ser formada, exclusivamente, por membros do Ministério da Educação, do Ministério da Economia, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Além disso, ao passar a ser regulamentada por Decreto e não por Portaria, há um processo ainda maior de concentração decisória no Executivo Federal, que tem atuado para a desconstrução do Custo Aluno Qualidade (CAQ) e por uma política de Estado mínimo nas áreas sociais. Não se pode esperar nada de melhoria em termos de investimentos para a educação com tamanha concentração de poderes.
Escantear a sociedade civil reitera a opção do governo de Jair Bolsonaro por negar a gestão democrática, princípio educacional exigido pela Constituição Federal. Também nega o princípio da participação social na formulação e acompanhamento das políticas públicas, tal como preceituado no parágrafo único do Art. 193 da Constituição da República. O objetivo dessa arbitrariedade é evitar a implementação do Custo Aluno Qualidade (CAQ), com o intuito de encontrar meios para descumprir a Emenda à Constituição 108/2020, que estabeleceu o novo Fundeb.
Vale dizer que foi graças à incidência da sociedade civil, em especial da Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha), que o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) foram reconhecidos como instrumentos para a consagração do direito à uma educação pública de qualidade no Brasil.
Essa trajetória começou com a aprovação por unanimidade do Parecer 8/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE). Essa norma, formulada em uma parceria entre o CNE e a Campanha, normatiza os padrões mínimos de qualidade da educação básica nacional, fundamentados no CAQi. Em 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, instituído pela Lei 13.005/2014, também determinou a implementação de ambos os mecanismos, sendo que o CAQi, como ponto de partida, precede corretamente o CAQ e deveria ter sido implantado em 2016. Por último, a EC 108/2020 constitucionalizou o CAQ, representando a maior vitória dos defensores do direito à educação desde 2014, quando foi sancionado sem vetos o PNE 2014-2024.
O financiamento adequado da educação básica pública jamais foi prioridade dos governos da União. O sistema CAQi/CAQ é uma prova do descompromisso. O Parecer CNE/CEB 8/2010 não foi homologado no governo do ex-presidente Lula, tampouco avançou nas gestões Dilma, Temer e, agora, Bolsonaro. Não obstante, é a partir do governo Temer que houve um claro interesse em desconstruir os mecanismos.
Como formuladora do sistema CAQi/CAQ, a rede da Campanha sempre esteve à disposição para colaborar com a definição de caminhos para o cumprimento integral e qualificado do financiamento da educação básica pública.
Em 17 de março de 2016, a Campanha foi nomeada para integrar a Comissão Interinstitucional para Implementação do CAQi-CAQ. A Comissão, instituída pela Portaria 142 do Ministério da Educação (MEC), buscou responder às deliberações das Conferências Nacionais de Educação de 2010 e 2014, além de fazer jus aos dispositivos previstos na Lei 13.005/2014, do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e o Fórum Nacional de Educação também compunham o colegiado, coordenado pelo MEC.
Porém, a Portaria MEC 142 foi revogada em 15 de março de 2018, com a criação do Comitê Permanente de Avaliação de Custos da Educação Básica (CPACEB) pelo governo Michel Temer. Esse é o primeiro revés do processo de gestão democrática e participação social.
A nova Portaria MEC 233/2018, que institui a CPACEB, excluiu a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, além de suprimir os prazos para implementação do CAQi/CAQ.
A tentativa de escantear o CAQi/CAQ e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação se intensificaram no governo de Jair Messias Bolsonaro, que retirou o CAQi/CAQ das atribuições do CPACEB/MEC por meio da Portaria MEC 649/2019. Além disso, também alterou os artigos 1° e 2° da Portaria de 2018, excluindo representação do Fórum Nacional de Educação e acrescentando ao Comitê o Subsecretário de Gestão Fiscal do Tesouro Nacional do Ministério da Economia e o Subsecretário de Planejamento e Orçamento do MEC. Por último, alterando a atribuição do órgão, determinou como objetivo analisar “mecanismos federativos de cooperação e colaboração”, reiterando a supressão dos mecanismos de CAQi e CAQ. Agora, com o novo Decreto, a CPACEB/MEC fica ainda mais desfigurada.
Apesar dos retrocessos na consagração dos direitos sociais, ocorridos desde o processo de impeachment de 2016, as entidades signatárias desta carta estão resistindo e têm conseguido obter vitórias. A maior delas foi, sem dúvida, a inclusão do CAQ na Emenda à Constituição 108/2020. Com isso, segundo a Lei Maior, o padrão mínimo de qualidade deve ser baseado em insumos, com o objetivo de garantir a boa realização do processo de ensino-aprendizagem.
Esse foi um passo firme em prol da garantia de financiamento adequado para a qualidade da educação básica pública no país. Infelizmente, menos de um ano após a aprovação da EC 108/2020 e meses após a aprovação da Lei 14.113/2020, que regulamenta o Fundeb, fomos surpreendidos com a publicação do Decreto 10.660.
Com ele fica ainda mais explícita a verdade: o governo de Jair Messias Bolsonaro quer inviabilizar uma escola que dê as condições adequadas para as educadoras e os educadores ensinarem e as alunas e os alunos aprenderem. Esse é objetivo do sistema CAQi/CAQ e é isso que o governo quer evitar, como promotor do obscurantismo contra a Ciência. A pandemia causada pela a Covid-19 mostrou à sociedade as precárias condições das nossas escolas, desde a infraestrutura física aos insumos pedagógicos, número alto de estudantes por turma, salas sem ventilação adequada, muitas sem abastecimento de água tratada e rede pública de esgoto. Além disso, muitos estudantes não tiveram acesso aos conteúdos escolares ou tiveram de forma precária. A implementação do CAQ é fundamental para resolução dos problemas apontados, inclusive para um retorno seguro e para recuperar os prejuízos pedagógicos causados pela suspensão das aulas presenciais, durante a pandemia.
O rebaixamento dos recursos para o Ministério da Educação e para as áreas de saúde, ciência e tecnologia, aprovado semana passada em âmbito do orçamento federal de 2021, juntamente com as propostas governamentais que tergiversam a necessidade de maior investimento público para melhorar a qualidade da educação ofertada às mais de 37 milhões de crianças, jovens e adultos matriculados nas escolas públicas – a exemplo do projeto de educação domiciliar que o governo Bolsonaro tenta aprovar a toque de caixa no Congresso, assim como a expansão do programa de militarização de escolas públicas, que privilegia o atendimento em algumas unidades de ensino com o agravante da imposição da doutrina militar a estudantes não emancipados – reforçam a necessidade de luta social em prol do financiamento e da aprovação imediata de lei complementar para instituir o Custo Aluno Qualidade e o Sistema Nacional de Educação articulado, público, gratuito, democrático, laico, desmilitarizado e de qualidade social para todos e todas.
É preciso um esforço coletivo para barrar essa empreitada de desmantelamento das maiores conquistas da educação brasileira e por isso convocamos toda a sociedade civil e tomadores de decisão comprometidos com a educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade a se mobilizarem para impedirmos os retrocessos e voltarmos a caminhar pela regulamentação do Custo Aluno Qualidade e pelo financiamento justo da educação.
Assinam:
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
Fineduca – Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação
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