Expertos y parlamentarios pidieron hoy acelerar la vacunación antiCovid-19 de los profesionales de la educación, en una audiencia de la comisión del Senado (CPI) que evalúa las acciones del Gobierno de Brasil ante la pandemia.
Según los participantes en el encuentro interactivo de la CPI, el llamamiento es urgente para no agravar los daños pedagógicos causados por el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad.
La Agencia Senado indicó que algunos estados comenzaron la vacunación en el sector docente, como Espirito Santo, Maranhão y Sao Paulo, pero en el Programa Nacional de Inmunización la inclusión de este grupo como una prioridad solo se anunció a finales de mayo.
De acuerdo con el director ejecutivo del movimiento Todos por la Educación, Olavo Nogueira Batista Filho, 1,5 millones de profesionales de la educación aún no han sido inmunizados contra el patógeno.
‘Si no tomamos medidas muy enérgicas a muy corto plazo, corremos el riesgo de que el retorno de las clases de verdad no ocurra hasta 2022, un escenario aún más catastrófico’, advirtió Batista Filho.
Al respecto, Ellen Gera de Brito Moura, secretaria de Educación del estado de Piauí (nordeste) y representante del Consejo Nacional de Secretarios de Educación, afirmó que la inoculación acabará con la desconfianza en relación con el regreso de la enseñanza a las aulas.
El presidente de la llamada Comisión Temporaria Covid-19, el senador Confúcio Moura, se comprometió a poner la junta al servicio de la campaña de vacunación.
‘Las audiencias públicas tienen como objetivo fundamentar nuestro trabajo en el Senado. Subamos a inmunizar a los profesores’, defendió Moura.
Por su parte, el congresista Wellington Fagundes, ponente de la comisión, propuso que el colegiado haga una recomendación que lleve al gobierno a priorizar a los profesionales de la educación.
El secretario de Educación Básica del Ministerio de Educación, Mauro Luiz Rabelo, reconoció la gravedad del problema y la responsabilidad de la Unión, los estados, el Distrito Federal, los municipios y la sociedad civil en su conjunto.
‘Estamos discutiendo un programa de retorno. Los retos son inmensos, pero con un trabajo cooperativo minimizaremos los efectos causados por la pandemia’, precisó.
La senadora Kátia Abreu acusó al ministro de Educación, Milton Ribeiro, de hacer poco por la vacunación de los educadores y otros profesionales del sector.
‘Sugiero que el ministro tuviera una mayor presencia ahora. Nunca es tarde para empezar’, remarcó.
En su sexta semana de testimonios, la CPI fue creada para investigar el desempeño del Poder Ejecutivo ante la Covid-19 que hasta la fecha cobró 474 mil 414 muertes y 16 millones 984 mil 218 contagios, y supervisar la aplicación de los recursos federales por parte de los estados y municipios.
El sábado pasado, las calles de las principales ciudades brasileñas fueron tomadas por la juventud y por sectores de trabajadores para manifestarse contra Bolsonaro. Decenas de miles demostraron voluntad de lucha en los actos más grandes desde el comienzo de la pandemia.
La jornada de lucha, que comenzó siendo convocada contra los recortes en la educación que viene aplicando Bolsonaro, aprobados por la Cámara de Diputados y el Senado, se transformó en una jornada contra el Gobierno en su conjunto, su negacionismo ante la pandemia, el desempleo y el hambre. Varios sectores de trabajadores ya habían estado llevando a cabo acciones de resistencia incluso antes de las manifestaciones, como la huelga en las fábricas de abastecimiento de LG, las luchas de los trabajadores de la educación en San Pablo o Minas Gerais, los choferes de transporte público (en todo el país), los barrenderos o los trabajadores del metro de San Pablo, luchan contra los ataques del gobernador Dória y la empresa. Se unieron con el ánimo que demostraron los actos del sábado, especialmente en la juventud, que superó los límites del “quedarse en casa”, una política defendida por todas las instituciones del régimen para contener las manifestaciones,
Bolsonaro, los militares, el Congreso y también el Poder Judicial se unen para llevar a cabo ataques, como la autorización de despidos masivos, las reformas de ajuste, la privatización de Eletrobras, el correo y Petrobras, mientras los patrones ajustan los salarios. Los trabajadores y jóvenes que luchan contra los recortes están pagando el precio de la pandemia mientras no hay vacuna para todos, muchos brasileros mueren mientras Bolsonaro, los militares, y los líderes parlamentarios montan un teatro con la Comisión Parlamentaria de Investigación pretendiendo mostrar preocupación ante el avance del coronavirus.
Las manifestaciones son una gran oportunidad para exigir a las centrales sindicales, como la CUT (Central Única de los Trabajadores) y la CTB (Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil), comandadas por el PT y el PCdoB (Partido Comunista), organicen a los trabajadores. Es posible unificar todos los sectores, desde los metalúrgicos hasta los trabajadores más precarios, como los repartidores y telemarketers, desde los docentes hasta los barrenderos, si las centrales sindicales organizan la lucha contra Bolsonaro y su vicepresidente Mourão, contra los gobernadores también responsables de las muertes por covid.
Ante este escenario, es imprescindible luchar por masificar las manifestaciones del sábado pasado, buscando organizarlo a través de asambleas de base, con derecho a voz y voto, en todos los lugares de trabajo y estudio, proponiendo un paro nacional.
Para que la lucha no se desvíe, Esquerda Diario ha planteado fuera Bolsonaro, Mourão y los militares. En esta lucha, se puede avanzar en medidas para combatir la pandemia, como la vacunación para todos, liberando las patentes en la industria farmacéutica, sin compensación a las empresas, y la producción masiva, a través de la conversión de la industria nacional para dar respuesta a la pandemia. Medidas que no tomó la CUT la semana pasada, que convocó una manifestación simbólica en Brasilia el día 26, para justificar su ausencia en los actos juveniles, dividiendo fuerzas las protestas de este sábado. Este tipo de maniobra debe ser denunciada en todos los rincones del país. incluso contra quienes guardan silencio ante este tipo de divisiones, exigiendo que pidan una paralización nacional.
Es en este sentido que no se puede aceptar la política que viene defendiendo el PT, como lo hizo el vicepresidente nacional de ese partido en vísperas de la movilización del sábado, Washington Quaquá, quien atacó las manifestaciones contra Bolsonaro que se realizaron en todo el país ese día. El PT usó las páginas del diario O Dia para decir, que no era coherente que la izquierda convocara manifestaciones contra el gobierno de Bolsonaro, luego de alcanzar la marca de más de 450 mil muertos por el coronavirus. Según sus palabras, la izquierda estaría “dando armas a Bolsonaro”, “apiñándose” en las calles.
Diana Assunção del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores dijo a Esquerda Diário que «Necesitamos una movilización independiente, organizada en cada lugar de estudio y trabajo, sin depender de las salidas institucionales que apunta el PT y a las que se adapta el PSOL [NdT: Partido Socialismo y Libertad], como la Comisión Parlamentaria de Investigación por el Covid, alimentando la ilusión de que es posible llevar a Bolsonaro para acusarlo, mientras su interés es fortalecer la elección de Lula en 2022, que llevará junto con su candidatura innumerables golpistas, ajustadores y coroneles de todo tipo, como José Sarney, así como el expreso apoyo de neoliberales como el expresidente Fernando Henrique Cardoso, símbolos de la vieja política. Como dijo la profesora Maíra Machado en su discurso en la manifestación de São Bernardo do Campo: “No salimos a las calles para presionar al parlamento, sino para derrotar a Bolsonaro y su gobierno”.
América do Sul/Brasil/28-05-2021/Autor e Fonte: sinasefe.org.br
O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe-RJ) denunciou nesta terça-feira (25/05) a quebra dos protocolos sanitários e a doutrinação de estudantes durante atividade no pátio da Escola Municipal Cívico-Militar Carioca General Abreu. Em vídeo que circula nas redes sociais, também divulgado pela deputada estadual Mônica Francisco (Psol-RJ), estudantes repetem slogans como: “Nós somos nós e o resto é o resto” e “Brasil acima de tudo, abaixo de Deus”. A direção da escola foi exonerada, mas o Sepe considera a medida insuficiente e defende o fim da militarização. O SINASEFE é contra a militarização da educação em qualquer nível (federal, estadual e/ou municipal).
Denúncias e repercussão
O Sepe-RJ acionou o Ministério Público Estadual (MPE), a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores e a Secretaria Municipal de Educação (SME) para que apurem os fatos inaceitáveis mostrados no vídeo acima. “O Sepe alerta para a tentativa de criação de uma rede de ensino à parte da rede municipal de educação com unidades militarizadas que submetem seus alunos à doutrinação, retirando deles a individualidade e a capacidade de autodesenvolvimento. O sindicato entende que este modelo de escola, além de não atender a diversidade, não contribui para a formação de cidadãos com capacidade crítica”, defende o sindicato estadual.
Pressionada pelas denúncias do Sepe, a Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio exonerou a direção da escola municipal Cívico-Militar General Abreu. A escola fica situada no bairro do Rocha, tradicional bairro da Zona Norte considerado reduto de militares. “A Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) exonerou a equipe gestora da Escola Cívico-Militar, unidade escolar localizada no bairro do Rocha, por desrespeito ao protocolo sanitário e por conduta incompatível com o ambiente escolar”, informou a SME.
Fotos divulgadas pelo Sepe-RJ.
Bolsonaro inaugurou escola Inaugurada em agosto de 2020, com a presença de Bolsonaro, a Escola Municipal Cívico Militar Carioca General Abreu foi a primeira do Rio a integrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim). À época do lançamento do programa, em 2019, o SINASEFE denunciou a tentativa do governo de estadualizar e transformar um colégio federal, também no Rio, em escola cívico-militar, relembre o caso.
Foto: Presidência da República
Fonte e imagem: https://sinasefe.org.br/site/sepe-rj-denuncia-aglomeracao-e-doutrinacao-em-escola-civico-militar-no-rio/
América del Sur/Brasil/21-05-2021/Autor(a) y Fuente: ultimasnoticias.com.ve
Casi toda la deforestación registrada en la Amazonía de Brasil es ilegal y la promesa del presidente Jair Bolsonaro de eliminar esta devastación es poco realista debido a la falta de transparencia sobre el uso autorizado de la tierra en esa región, según un informe publicado este lunes.
Bajo presión para reducir la destrucción de la mayor selva tropical del planeta, Bolsonaro prometió eliminar la deforestación ilegal para 2030 durante la Cumbre sobre el Clima en abril pasado.
Casi toda la deforestación sigue siendo ilegal porque las autoridades han fracasado en implementar leyes para determinar cuánto y dónde se deforesta legalmente, indica una investigación realizada por investigadores universitarios y expertos de organizaciones ambientalistas, entre ellas World Wildlife Fund Brazil y el Instituto Centro da Vida.
El informe indica que 94% de la deforestación en la Amazonia y la región circundante de Matopiba, que engloba parte de los estados de Maranhao, Tocantins, Piauí y Bahía, es ilegal.
Esto ocurre porque incluso en los casos en los que los agricultores, ganaderos y madereros, entre otros, tienen permiso para usar la tierra, las autoridades son incapaces de documentar cómo se aplica la legislación para la explotación legal de la tierra, explica el informe.
“La diferenciación entre la deforestación legal e ilegal es un factor clave para garantizar que la producción agrícola y forestal no están contaminadas por crímenes ambientales”, agrega el texto.
Desde que Bolsonaro asumió el poder en 2019 se ha registrado un repunte de la deforestación en la mayor selva tropical de mundo.
En los 12 meses previos a agosto de 2020, la deforestación en la Amazonía brasileña aumentó de 9,5%, destruyendo un territorio mayor al de Jamaica, según datos oficiales.
El presidente ultraderechista está bajo una fuerte presión internacional para limpiar la imagen de su gobierno en temas medio ambientales, en tanto el poderoso agronegocio está preocupado de las consecuencias que pueden tener esas críticas en el mayor exportador de carne y soja del mundo.
“Bolsonaro hizo esa promesa de deforestación [ilegal] cero, pero cómo vamos a saber si no está disponible esa información?”, dijo a la AFP Paula Bernasconi, coordinadora del Instituto Centro da Vida.
“Es urgente un mayor esfuerzo técnico y de voluntad política para el cumplimiento de la legislación ambiental y de la ley de acceso a la información”, insta el coautor del estudio, Raoni Rajao, de la Universidad Federal de Minas Gerais.
“De lo contrario, la falta de transparencia continuará sirviendo como un escudo para la destrucción continua de los ecosistemas”, agregó.
Fuente e Imagen: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/94-de-la-deforestacion-de-la-amazonia-brasilena-es-ilegal/
Fuentes: IPS [Foto: Un agricultor familiar entre las plantas de papaya que cultiva en su finca, donde cuenta con una presa subterránea, una de las formas de acopio de agua de lluvia en la ecorregión del Semiárido, en la región del Nordeste de Brasil. La agricultura familiar ha sido golpeada en el país por las medidas en su contra del Gobierno de Jair Bolsonaro y el impacto de la covid-19. Mario Osava / IPS]
La inseguridad alimentaria despegó con fuerza en Brasil y ya afecta a más de la mitad de la población, 59,4 o 55,2 por ciento según dos estudios. La pandemia acentuó la tendencia iniciada en 2014 y agravada por el actual gobierno de extrema derecha.
Brasil tenía entonces 212 millones de habitantes. En inseguridad alimentaria grave, con privaciones, estaban 31,8 millones de brasileños o 15 por ciento del total. En un grado moderado, en que ocurre restricción de cantidad y diversidad de alimentos, vivían casi 27 millones u 12,7 por ciento de la población nacional.
Una cantidad un poco mayor, 31,7 por ciento, estaban en situación menos grave, pero aproximándose a la posibilidad de carecer der dinero para alimentarse adecuadamente.
El total en los tres grados de inseguridad alimentaria, 59,4 por ciento, más que dobla el 22,6 por ciento de 2013, el mejor resultado en las encuestas hechas desde 2004 con intervalos irregulares de tres a cinco años.
Ese cuadro seguramente se agravó, ya que la covid-19 volvió a propagarse con una intensidad sin precedentes en Brasil. El total de muertos en los tres primeros meses y medio de este año ya suma 166 935 y pronto alcanzará los 194 949 de todo el año pasado, ya que el promedio diario actual supera las 3000 muertes.
Además terminó en diciembre la ayuda de emergencia que el gobierno aportó a 66 millones de brasileños pobres o desempleados desde abril de 2020, por la suma mensual de 600 reales (110 dólares) en los tres primeros meses, luego reducida a la mitad.
Pese al agravamiento de la crisis sanitaria, el gobierno tardó en reanudar ese auxilio. Solo a fines de marzo aprobó una transferencia limitada a 250 reales (45 dólares) mensuales como promedio y durante solo cuatro meses. Además redujo los beneficiarios a 44 millones. Quedó excluido un tercio de los asistidos en 2020.
“En diciembre acabaron también las grandes donaciones de las empresas e instituciones” para la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables, señaló Rodrigo Afonso, director ejecutivo de Acción de la Ciudadanía, una red de comités de solidaridad contra el hambre distribuidos en todo el país.
Un grupo de niños almuerza en su escuela, en Itaboraí, a 50 kilómetros de Río de Janeiro, antes del cierre de los centros educativos por la covid. Los alimentos frescos para los almuerzos y meriendas en los centros de educación pública de Brasil son suministrados por productores locales, mediante el Programa Nacional de Alimentación Escolar que asegura una cuota de 30 por ciento de las compras a la agricultura familiar. Foto: Mario Osava / IPS
En 2020 esa organización sin fines de lucro obtuvo el equivalente a nueve millones de dólares en donaciones, principalmente de grandes empresas, y pudo llevar alimentos a cuatro millones de personas. Pero a fines del año pasado perdí la ilusión por el peso de la pandemia y cayó la ayuda, lamentó a IPS por teléfono desde Río de Janeiro, donde tiene sede su asociación.
La penuria de recursos se generalizó entre las numerosas organizaciones solidarias que complementaron la acción del Estado y ayudaron a evitar una tragedia social aún peor en 2020.
Menos mal que el choque con la realidad de las consecuencias del agravamiento de la pandemia en Brasil, llevó a las empresas a reanudar sus donaciones. “Desde mediados de marzo ya recaudamos 17 millones de reales (tres millones de dólares) y la meta para este año es duplicar la suma y la cantidad de personas atendidas en 2020”, anunció Afonso.
Hay un cierto agotamiento de las empresas y otros donantes, pero “la vacunación ofrece un horizonte, alguna esperanza de mejora del cuadro”, favorece un esfuerzo de movilización final, sostuvo.
En todo caso, el desafío se ahondó para la sociedad, llamada a ampliar su papel ante el “vacío de gobierno” en la protección social y sanitaria, concluyó.
“El auxilio de emergencia de este año es mejor que nada, pero no alcanza para alimentar una familia”, criticó Adriana Galvão, asesora técnica de AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología en el estado de Paraíba, en la región del Nordeste de Brasil.
Una feria popular, en Sousa, una ciudad del estado de Paraíba, en el noreste de Brasil, abastecida por agricultores familiares de las localidades rurales vecinas. En general esas ferias tienen una parte de productos orgánicos o agrocecológicos, pero no han podido celebrarse en buena parte, desde que la pandemia de covid irrumpió en el país, hace 13 meses. Foto: Mario Osava / IPS
La organización no gubernamental, conocida por las siglas de su nombre original, Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, es una de las pioneras en promover la agroecología en Brasil, a partir de sus acciones junto a agricultores familiares.
Su presencia en el Nordeste es clave porque se trata de la región que concentra más de mitad de la agricultura familiar brasileña y es la más pobre.
La inseguridad alimentaria allí afecta a 73,1 por ciento de su población, según el estudio del grupo Alimento para Justicia. En comparación, la región en mejor situación, el Sur, registró 51,6 por ciento.
En los territorios semiáridos del Nordeste “se vive un momento de grave tensión, a la espera de lluvias para sembrar”, única forma de aliviar la crisis, ya que los agricultores familiares no son contemplados por el auxilio gubernamental y sufren el derrumbe de políticas públicas que aseguraban sus avances en este siglo, resumió Galvão.
“Empezó a llover, pero los campesinos que leen la naturaleza no esperan lluvias generosas este año”, observó la activista, graduada en biología y coordinadora de acciones de empoderamiento de las mujeres en la región de Borborema, en el centro-este de Paraíba.
La Garantía-Cosecha, un seguro para pérdidas de por lo menos mitad de la siembra, es clave para la agricultura familiar, ante la irregularidad de las lluvias, destacó.
Pero desde su llegada al poder en enero de 2019, el actual gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro está desactivando gradualmente ese y otros programas que mejoraron la producción y la vida campesina.
Las cisternas para el acopio de agua de lluvia, con sus diferentes formas y usos, son ya parte del paisaje de la ecorregión del Semiárido de Brasil, y han permitido dejar atrás las hambrunas y mortandades del pasado cuando llegan las cíclicas sequías a la región del Nordeste. Pero el gobierno de Jair Bolsonaro ha diezmado ese y otros programas de apoyo a la pequeña agricultura. Foto: Mario Osava /IPS
La interrupción del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), debido al cierre de las escuelas por la pandemia, amplía doblemente la inseguridad alimentaria, al dejar los niños sin la merienda diaria y al anular ventas determinantes para la agricultura familiar, explicó Galvão a IPS por teléfono desde Campina Grande, en Paraíba.
La legislación en la mayor parte del país obliga las escuelas o municipios a comprar a la pequeña agricultura local por lo menos 30 por ciento de la merienda escolar, lo que la abarata y la diversifica con productos frescos.
Con las escuelas cerradas, algunas alcaldías mantuvieron esas compras y distribuyen los alimentos en canastas a las familias de los alumnos pobres, pero son casos excepcionales.
La agricultura familiar, responsable de 70 por ciento de los alimentos consumidos en el país, “no dejó de producir durante la pandemia, pero sufrió una retracción del consumo” que amenaza la seguridad alimentaria de todos, apuntó José Francisco de Almeida, secretario de Política Agrícola de la Federación de los Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares del Estado de Ceará.
La paralización del comercio y el transporte en Ceará, sorpresivo, dejó los agricultores sin acceso al mercado y cerró las ferias callejeras. “Perdimos tomates, animales listos para abate. Con las pérdidas, se redujo nuestra capacidad de invertir”, diagnosticó Almeida a IPS.
Además el gobierno de Bolsonaro dificulta el crédito a la agricultura familiar y va suprimiendo programas que fomentaron el sector en las últimas décadas, con medidas que agravan la crisis ya representada por 14 millones de desempleados y gran aumento de mendigos en las ciudades, punta del hambre que se disemina, acotó.
Además de la Garantía-Cosecha y el PNAE, el gobierno socava programas como el de Adquisición de Alimentos (PAA), que abastece instituciones asistenciales con productos de la agricultura familiar, el de cisternas de acopio de agua de lluvia para consumo y producción, y el de fomento de la productividad de “más alimentos”.
Esa política contra la pequeña agricultura agrava la crisis, al herir a un sector que, en Ceará, representa 48 por ciento del producto agrícola, genera más empleo que la agricultura industrial con menos tierra y produce la mayor parte de los alimentos, 70 por ciento de la leche, por ejemplo, arguyó Almeida por teléfono desde Redenção, en el interior de Ceará, donde cultiva 80 hectáreas de tierra.
América do Sul/Brasil/16-04-2021/Autor e Fonte: fasubra.org.br
Entidades da Educação e do movimento estudantil, entre elas a FASUBRA Sindical, participaram de audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, na última segunda-feira (05), para discutir Autonomia universitária e liberdade de cátedra. A proposta é dos deputados Sâmia Bomfim (Psol-SP), Glauber Braga (Psol-RJ) e Ivan Valente (Psol-SP), com o apoio do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).
Na ocasião foi debatido sobre o princípio da “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”, inscrito no artigo 207 da Constituição Federal e reiterado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estaria sendo desrespeitada pelo atual governo federal. Citaram como exemplos a nomeação de reitores não incluídos nas listas tríplices formadas pelas universidades; a interferência na participação de servidores em congressos acadêmicos e medidas de cerceamento da liberdade de expressão nas instituições de ensino.
O coordenador-geral da FASUBRA Sindical Antônio Alves Neto (Toninho) foi um dos convidados e destacou a solidariedade da FASUBRA Sindical para com todos os familiares e todas as vidas ceifadas em decorrência do vírus Covid-19. Toninho lembrou também sobre o descaso do governo Bolsonaro diante de toda a tragédia a qual o povo brasileiro vem sendo submetido.
Toninho criticou a apresentação realizada pelo representante do Ministério da Educação (MEC). Para ele, a fala não condiz com a realidade vivida pela comunidade acadêmica atualmente, um modelo de Universidade distinta da realidade do País e a que o presidente da República Bolsonaro defende. “Esses dados apresentados das Universidades não condiz, inclusive com os cortes em 2021 denunciados pelo setor Docente das Universidades” frisou ele.
A Universidade Brasileira não é de hoje que vem sendo atacada. “Na questão da autonomia e liberdade de cátedra, um processo histórico que nós vivemos, desde o período da ditadura militar até o período da abertura democrática do País. Os processos atravessados e agora caminhando para uma Universidade operacional, organização social e deixando de ser uma instituição pública, social, voltada para as questões das crises sociais do País”, concluiu Toninho.
Estavam presentes no debate: Wagner Vilas Boas de Souza, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC); Rivânia Lúcia Moura de Assis, presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes/SN); Christian Vincenzi, presidente do Diretório Central dos Estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ); Ana Paula Santos, coordenadora-geral do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); José Geraldo de Sousa Júnior, professor e ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB).
A audiência atendeu a requerimento nº 14/21 de autoria da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), subscrito pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). No encerramento, Toninho reafirmou que o MEC tem que escutar as entidades, mas em momento algum se mostrou aberto ao diálogo. Ele disse que a FASUBRA quer debater, porém a FASUBRA em nenhum momento foi recebida por esse Governo e, mais uma vez, cobrou a reunião de negociação com o MEC. O coordenador-geral concluiu dizendo que a FASUBRA oficializou o desejo de se fazer uma reunião com o MEC e o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, para discutir questões relacionadas à Autonomia Universitária e as intervenções nas Universidades pelo presidente da República.
“En Brasil hay un genocidio en curso”, alertaron más de cien profesionales de la salud mental de Brasil, en su gran mayoría psicólogos que integran la Sociedad de Psicología Analítica, en un documento dirigido a la comunidad internacional.
En el pronunciamiento, con críticas muy fuertes contra el gobierno de Jair Bolsonaro, los psicólogos advirtieron que Brasil atraviesa “una calamidad” que “no encuentra referencias en la historia brasileña” y que se caracteriza por un “colapso hospitalario y funerario”.
“Faltan vacunas, medicinas, profesionales de la salud, espacios para enterrar a los muertos”, señalaron.
La Sociedad de Psicología Analítica es una asociación internacional con sede en Gran Bretaña que está ligada a la terapia fundada por el médico psiquiatra suizo Carl Jung, discípulo de Sigmund Freud.
“Los ciudadanos brasileños ven, atónitos, un genocidio, testimoniado con frialdad, desdén e incluso con sarcasmo por Jair Bolsonaro y su gobierno”, denunciaron los firmantes del texto, profesionales de la psicología que durante tres días, desde el viernes 9 de abril y hasta este domingo 11, participaron de la Conferencia Latinoamericana de la Sociedad de Psicología Analítica que tuvo lugar en Brasil.
Esa actividad estaba convocada para 2020 en San Pablo pero la pandemia y su impacto en Brasil obligaron a postergarla para abril de 2021, y al final se realizó con la intervención a distancia, por videoconferencia, de expositores e inscriptos.
“Los ciudadanos brasileños ven, atónitos, un genocidio, testimoniado con frialdad, desdén e incluso con sarcasmo por Jair Bolsonaro y su gobierno”
La mayoría de los psicólogos que participaron forman parte de la Sociedad Brasileña de Psicología Analítica (SBrPA), de la Asociación Junguiana de Brasil (AJB) y de la Comisión Latinoamericana de Psicología Analítica (CLAPA), tres entidades que agrupan a psicólogos y psiquiatras en el país más grande y poblado de Sudamérica.
“Durante el año pasado, mientras quedarse en casa y mantener el distanciamiento pasaron a tener en Brasil un significado político de oposición al gobierno, fuimos incitados a oír, impotentes, las declaraciones absurdas y perversas del capitán-genocida (por Bolsonaro), invariablemente ladeado por militares de alto rango”, cuestionaron los firmantes del documento.
Y también señalaron que, como consecuencia de la pandemia, “el miedo extremado al paroxismo, la ansiedad y la depresión se generalizan y aparecen diariamente” en las consultas de los pacientes, un cuadro generalizado que, advirtieron, se superpone con “la crisis económica que se intensificó”, la multiplicación del desempleo y la miseria, más “un escenario desolador” conformado por “las calles de Brasil colmadas por personas viviendo en situación precaria”.
En otro párrafo, los profesionales de la salud puntualizaron que “la acción más abyecta del gobierno Bolsonaro consistió en su insistente negación a comprar vacunas contra el Covid-19, mientras importaba y autorizaba la adquisición de armas para ser usadas por sus simpatizantes”.
“¡Brasil está asfixiado! ¡Hay un genocidio en curso!”, concluyeron los más de cien firmantes antes de solicitarle a la comunidad internacional, y a los psicólogos de todo el mundo que practican la terapia analítica según las orientaciones de Jung, que repliquen las denuncias y las hagan circular en cada uno de sus países.
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