Combatir el hambre y el veneno en los alimentos

En este artículo el autor reflexiona sobre la situación de miseria que sufren 19 millones de personas en Brasil como consecuencias de las políticas aporofóbicas del presidente Bolsonaro.


La alimentación es el derecho humano número uno. En Brasil, 19 millones de personas (el 9% de la población) padecen hambre crónica, agravada por la pandemia, el desempleo, el aumento del precio de los alimentos (el más alto desde 2003) y, sobre todo, el desgobierno de Bolsonaro.

La inseguridad alimentaria moderada y severa afectaba al 21,5% de la población en 2004; al 10,3% en 2013; y en 2020 alcanzó el 20,5% (Rede Penssan – Red de Investigación Brasileña sobre Soberanía Alimentaria y Nutricional). En la actualidad, 116 millones de personas en Brasil sufren inseguridad alimentaria, es decir, no saben qué tendrán que comer al día siguiente o no tienen acceso a una dieta que contenga los nutrientes esenciales.

En 2004, la pobreza afectaba al 21,5% de la población brasileña. Diez años después (2014) se redujo al 8,4%. Subió al 11% en la recesión de 2015-2016, y al 16% en el primer semestre de 2021.

Acción Colectiva Comida de Verdad, una red formada por 13 movimientos comprometidos con la promoción de la seguridad alimentaria, identifica 310 iniciativas de sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles en Brasil, desde huertos comunitarios hasta cooperativas y campañas de financiación colectiva. De estos 310, el 58,9% se dedican a la comercialización, como las ferias agroecológicas y la distribución de cestas de agricultura familiar. Y el 31% son acciones solidarias destinadas a facilitar el acceso a los alimentos de los grupos vulnerables; y el 7,5% son el resultado de políticas públicas.

Desde el lanzamiento del programa Hambre Cero, en el gobierno de Lula, se propone que los municipios cancelen el IPTU (impuesto sobre la propiedad) de las parcelas y terrenos baldíos que sean cedidos por sus propietarios para el cultivo de huertos comunitarios.

En 1950, según el censo del IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística) -, dos tercios de la población brasileña (64%) vivían en zonas rurales. En el último censo, en 2010, el 84% vivía en ciudades y el 16% en zonas rurales. Esto se traduce en favelas, desempleo, violencia y, sobre todo, en el consumo de alimentos industrializados de escaso valor nutritivo.

El MST (Movimiento de los Sin Tierra) es hoy el mayor productor de arroz orgánico de América Latina, es decir, sin insumos como fertilizantes y pesticidas químicos. De hecho, estos productos se encarecieron durante la pandemia, afectando al precio de los alimentos. En el MST, un paquete de 1 kg de arroz cuesta entre 7 y 8 reales (1,20 $US). En Rio Grande do Sul, el movimiento espera recolectar, para la cosecha de 2022, 300 mil sacas. A principios de 2021, se cosecharon 248 mil sacas, por un valor de 20 millones de reales, y 130 mil aún están en stock, ya que la principal dificultad es vender la producción, ya que el principal comprador es el gobierno, la Conab (Compañía Nacional de Abastecimiento) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Y en cuanto a los productos de la MST… la Conab no ha realizado ninguna subasta para comprar productos de la agricultura familiar. El gobierno federal tampoco muestra ningún interés en mantener las reservas de regulación.

Brasil es el tercer país del mundo que utiliza pesticidas, por detrás de China y Estados Unidos (datos de FAO). En 2019, se vendieron 620.000 toneladas de pesticidas en Brasil (datos Ibama). De este total, el 38,3% son «muy o muy peligrosos», el 59,3% «peligrosos» y sólo el 2,4% «poco peligrosos».

El gobierno de Bolsonaro ha flexibilizado el registro de agrotóxicos. Desde la ley de 1989, se había evitado aprobar cualquiera que contuviera sustancias que provocaran graves trastornos respiratorios, cáncer, mutaciones genéticas, malformaciones fetales, Parkinson, así como alteraciones hormonales y reproductivas.

El decreto del 7 de octubre de este año (10.833/2021) aprobó el «paquete de veneno». Reduce el plazo de aprobación de los plaguicidas, aumenta la participación del Ministerio de Agricultura y crea «límites de seguridad» para que se aprueben sustancias antes prohibidas. Las entidades que se oponen a la medida dicen que Brasil tiene un gran potencial para producir biodefensivos, pero el gobierno los ignora.

De enero a septiembre de 2021, se liberaron 1.215 plaguicidas en Brasil (Diário Oficial). Entre 2005 y 2015 el ritmo de aprobación fue de unos 140 al año. Este año ya se han publicado 345. De los productos utilizados en Brasil, el 30% tiene sustancias activas prohibidas en los países europeos, como la atrazina, el acefato y el paraquat. Este último herbicida, utilizado en plantaciones de algodón, maíz y soja, fue vetado en 2017, pero se permitió su uso hasta julio de este año. Está prohibida en 37 países. Provoca Parkinson en los agricultores.

Desde 1997, los pesticidas reciben incentivos fiscales del gobierno. Al permitir la exención de hasta el 60% del ICMS (Impuesto a la Importación) sobre el comercio de venenos, los estados dejan de recaudar ¡6.000 millones de reales al año!

Una de las principales fuentes de venenos en los alimentos son los productos ultraprocesados. El gobierno debería regular la publicidad, aumentar los impuestos y obligarles a imprimir etiquetas de advertencia, como con los cigarrillos. A partir de octubre de 2022, los productos con altas concentraciones de sodio, azúcar y grasas saturadas tendrán que mostrar los índices en sus envases.

La dieta in natura es más cara que el consumo de productos ultraprocesados, cuyo mayor coste se deriva del envasado, el transporte y la publicidad. Los productos ultraprocesados se fabrican, no para alimentar, sino para fomentar el consumo excesivo. Los refrescos, por ejemplo, no están pensados para calmar la sed, sino para crear adicción en el consumidor. Favorecen la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Y lo peor: aquí son alentados por el gobierno. Los refrescos fabricados en la Zona Franca de Manaos reciben subvenciones en forma de créditos fiscales.

En septiembre, el Idec (Instituto Brasilero de Defesa do Consumidor), denunció que el 59,3% de los productos ultraprocesados tienen residuos de pesticidas. Entre los 27 productos, más de la mitad contenían residuos de glifosato o glufosinato, dos herbicidas muy utilizados en los cultivos de soja, maíz y algodón. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el glifosato provoca cáncer. Aparece en bocadillos, panecillos, galletas de agua y sal, galletas rellenas, cereales, pan de trigo y bebidas de soja, artículos muy consumidos por niños y adolescentes.

Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), que controla el nivel de pesticidas en los productos ecológicos, no lo hace cuando se trata de productos industrializados.

El agronegocio reconoce que, en los últimos 30 años, el área de siembra en Brasil ha crecido sólo un 50% y, gracias al uso de pesticidas, ¡la producción de granos aumentó un 360%!

¡Sálvese la bolsa, dañándose la vida!

Frei Betto es asesor de movimientos sociales. Autor de 53 libros, publicados en Brasil y en el extranjero, ganó dos veces el premio Jabuti (1982, con «Batismo de Sangue», y 2005, con «Típicos Tipos»).

Traducción: Correspondencia de Prensa.

Fuente (de la traducción): https://correspondenciadeprensa.com/?p=22771

Fuente (del original): https://www.correiocidadania.com.br/colunistas/frei-betto/14842-combater-a-fome-e-o-veneno-na-alimentacao

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La ruralidad abandonada

Por: lahora.com.ec

Finaliza otro año y las necesidades de las zonas rurales continúan sin soluciones viables. Abundan las propuestas de campaña sobre reactivar el campo, potenciar la agricultura y llevar inversión y tecnología al sector.

No es coincidencia, pues cerca del 23,5% de los votantes habitan en parroquias rurales, concentrados en Pichincha y Azuay, en la Sierra, y en Manabí y Guayas, en la Costa. Sin embargo, las condiciones de vida son extremadamente desiguales, al igual que el acceso a servicios básicos, salud, educación y tecnología. Ya a finales de 2019, la pobreza en el campo alcanzaba al 44% de su población.

La inversión en el campo es esporádica y desorganizada, no existe un plan integral hacia el desarrollo. La brecha de acceso a educación y salud avanza en conocimientos y bienestar a las poblaciones urbanas, dejando atrás a las nuevas generaciones del campo.

Las necesidades son variadas y urgentes, y abarcan desde riego y acceso al agua tanto para el consumo humano en Esmeraldas, como para la agricultura en Santa Elena. Con ciertas excepciones como el sector cacaotero, el pequeño y mediano agricultor, ganadero o pescador sobrevive a merced del clima, las plagas, la violencia, y los intermediarios que con frecuencia pagan por debajo del costo de producción.

La falta de recursos es una excusa trillada que evita tener que buscar soluciones sustentables, que mejoren las cadenas de producción, y abastezcan al mercado local al tiempo de agregar valor a las exportaciones.

El país no puede progresar dejando atrás a la ruralidad, y no podrá gozar de los frutos del anhelado potencial agroindustrial del Ecuador si es que no prioriza el bienestar de sus habitantes.

No había por qué avergonzarse de las lágrimas, porque son testigo de su gran coraje, el coraje de sufrir.” Viktor Frankl (1905-1997) Neurólogo y filósofo austríaco.

Todos los seres humanos merecen igual tratamiento, sin importar su identidad sexual o género.” Andreja Pejic (1991- ) Modelo transgénero australiana.

Fuente: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102336476/la-ruralidad-abandonada

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OPINIÓN: Por las familias jornaleras: Alianza Campo Justo

Por:  Tlachinollan

Es muy triste ser jornalera agrícola. Yo empecé a trabajar desde los 11 años, porque en ese tiempo le ayudé a mi abuelita en lo que más necesitábamos, que era la comida. Hasta la fecha sigo como jornalera, sufriendo todo el tiempo, porque es un trabajo donde entregas la vida y hasta pierdes a tus hijos. Yo perdí una bebé de 20 días de nacida, cuando íbamos en el camión del estado de Sinaloa a Baja California. Siempre vamos apretados. En los dos asientos van de tres a cuatro personas, y muchos parados. Nosotros íbamos hasta atrás. El autobús no estaba en buenas condiciones y no llevaba aire acondicionado. Se calentaba. Es un lugar donde el sol te quema todo el tiempo. La bebé ya no pudo respirar con tanto calor que hacía. Gritamos al chofer, pero no nos escuchó. Ya no pudimos salir por tanto apretujón. Me duele mucho recordar que en mis brazos murió mi bebé. Al bajar en Santa Ana, Sonora, el chofer nos dijo con coraje, cuando les reclamamos de que no se paró: “Aquí ustedes tuvieron la culpa”, yo le respondí: “¿Qué voy hacer si vamos encimados, con muchas personas que van paradas, y nosotros hasta atrás?”. Nos ignoró y ahí nos dejó.

Llegando a Santa Ana, todavía corrimos al centro de salud, pero mi hijita ya no resistió. Lo único que hicimos Felipe y yo, fue ponernos a llorar. Estaba cerca una iglesia, donde la gente nos ayudó a sepultar a nuestra bebé. Nos apoyaron como si fuéramos su familia, porque nos dieron de comer, y hasta pagaron nuestros pasajes para llegar a Tlapa.

Cuando trabajamos en el campo nuestros demás niños, casi hacen lo mismo, la única diferencia es que nosotros recibimos un sueldo y ellos nada. Nos ayudan a recolectar frutas, verduras, tomate, chile, lo que sea, pues no hay guardería para ellos, no hay escuela y no hay quien los va a cuidar. No nos queda de otra, solo que estén con nosotros en el campo. Es muy difícil trabajar con nuestros hijos en el surco. Las niñas cuidan a sus hermanitas, o si no, la mamá carga a su bebé para que siga trabajando.

Hace 15 días estuvimos trabajando en Arandas, Jalisco y así lo hicimos. Cargamos a nuestros hijos en el trabajo, porque no hay donde dejarlos. Así andamos, y como ellos no pueden estudiar, es imposible que lleguen los maestros hasta nuestra comunidad. Estamos sin información, no sabemos cuándo van a reiniciar las clases. Por eso, nos llevamos a nuestros hijos, que nos ayudan a sacar el trabajo del patrón, quien gana más y nosotros seguimos igual. Por ejemplo, un kilo de tomatillo está valiendo 15 pesos en la tienda y la cubeta de 20 litros la están pagando en 5 pesos; una arpilla pesa 35 kilos y ganamos entre 20 o 22 pesos. Llegamos a sacar como máximo 10 arpillas con todo y nuestros hijos.

En Arandas, no hay agua para bañarse, no hay una casa que esté en buenas condiciones para rentar. Más bien, no lo quieren hacer porque nos discriminan. Solo hay bodegas para almacenar fertilizante o guardar maquinaria. En estos lugares nos rentan con un precio de 4 mil a 5 mil pesos. Como son bodegas, nos conviene porque entramos más familias y nos repartimos el pago. Lo malo es que no alcanza el agua para bañarse ni para echarle a la taza. Cerca de ahí hay un río, donde escurre el agua del drenaje, donde muchas familias lavan sus ropas y se bañan. Para la comida tenemos que comprar botellones. Ahora que me acuerdo, hace diez días una señora que estaba trabajando, tuvo el dolor de parto. Ahí mismo, se alivió porque ya no hubo oportunidad de llevarla al hospital. Además, no hay dinero para que la atienda un médico. Y no vas a creer, al siguiente día, como no había quien se quedará con ella, se tuvo que ir al campo y ahí reposó debajo de una camioneta. A los tres días, empezó a trabajar.

En estos años, también he visto que muchos niños han muerto por accidentes en los campos. Lo que pasa es que como padres, al tener varios niños chiquitos, la más grandecita cuida a sus hermanitos, pero no es lo mismo. Porque al jugar no se dan cuenta que la máquina, que anda en los surcos, los puede atropellar. También se han dado casos donde los niños se intoxican con el veneno que les ponen a las ratas. Como juegan con la tierra y ven que hay alimento tirado lo agarran y se lo comen. Hay varios niños que han muerto, por intoxicación y por accidente. El patrón en lugar de ayudarlos se enoja y nos reclama “¿Por qué trajiste a tus hijos? Eso es culpa tuya”. En una ocasión, a punto estaba de morir una de mis niñas, tenía ocho meses. En esa ocasión estaba con mi esposa en Colima. Como siempre lo hacemos, llevamos a nuestros hijos al campo. Mientras andábamos en los surcos, le picó el alacrán. Nos dimos cuenta cuando nos avisó su hermanita de cinco años. Ese día tuvimos que pagar 2 mil 500 pesos por la inyección, aparte lo del taxi. Dios es muy grande, porque la niña se salvó. En cambio, he visto dos casos, donde un niño perdió la pierna cuando la pipa entró a rociar el campo y lo atropelló. Ese niño tiene como 20 años, y se quedó discapacitado. En León, Guanajuato, una niña estaba en la orilla del surco, y de repente un camión pasó encima de ella. Era el segundo del patrón, y como todos vimos, no les quedó de otra que pagar. Solo recibió 5 mil pesos por parte del chofer y no hubo de otra que sepultar a la niña en un panteón de León. Ese dinero no alcanzó ni para los gastos de la sepultura.

Son dos relatos de Felipe y Rosalba, un matrimonio de la comunidad Na’Savi de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, quienes desde hace 20 años deambulan con sus hijos, como jornaleros agrícolas en varios estados del país. Su precaria situación la comparten cerca de 3 millones de personas que trabajan en el campo, de las cuales, el 99% viven en condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social y económica, a causa de su bajo nivel de ingreso.

El trabajo agrícola es por naturaleza físicamente demandante, ya que implica largas jornadas laborales en las que las personas trabajadoras del campo están de pie por largos periodos de tiempo. Además, los riesgos de accidentes aumentan con la fatiga, el terreno difícil en los que laboran las personas jornaleras, así como por la exposición a plaguicidas y la falta de acceso a servicios de salud básica. Aunado a esto, la mayoría de las y los jornaleros trabajan de manera temporal, sin contrato, y por estaciones, lo que conlleva a una constante movilidad y migración entre estados, generalmente de familias enteras. Además de asentamientos de población jornalera locales en diferentes entidades. En los trabajos del campo, también hay un importante número de niñas, niños y adolescentes, así como mujeres y mujeres jóvenes con menores de edad.

Este año, la pandemia por Covid-19 visibilizó a nivel global la relevancia de las y los trabajadores esenciales, quienes no tuvieron oportunidad de parar ante la crisis sanitaria y económica, como es el caso de las personas jornaleras y trabajadoras agrícolas, quienes siguieron trabajando para que los alimentos llegaran y sigan llegando a nuestros hogares. Asimismo, la pandemia, evidenció también la triple vulnerabilidad a la que esta población está expuesta por la falta de garantía a sus derechos, por las condiciones de desigualdad permanente en la que viven y por la falta de reconocimiento de su trabajo como esencial para la vida humana y supervivencia.

En este contexto hemos emprendido una campaña nacional que tiene como objetivo, lograr la aprobación de un salario mínimo profesional para las y los jornaleros agrícolas de México, por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), dependiente de la Secretaría del Trabajo. Para ello, nos hemos coordinado con personas jornaleras promotoras de derechos humanos, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, para conformar la Alianza Campo Justo. Se trata de exigir a las autoridades que garanticen los derechos de las familias y personas jornaleras, en particular la exigencia puntual de un salario mínimo profesional, que permita dar un primer paso en el reconocimiento de los derechos de las personas jornaleras y la garantía de condiciones dignas de vida.

Por ello, exhortamos al Consejo de Representantes de la CONASAMI, para que incluyan la propuesta de fijación de un salario mínimo para personas jornaleras en sus sesiones de este año, y de esta forma se dé cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 280 Bis de la Ley Federal del Trabajo que se reformó desde mayo del 2019.

Resulta urgente que las políticas públicas orientadas a la población jornalera y a sus familias aseguren y garanticen sus derechos humanos, pues las estrategias implementadas hasta ahora, no han logrado revertir las desigualdades estructurales en las que laboran. Desde la Alianza Campo Justo hacemos un llamado al gobierno de México, de pasar del dicho al hecho, y reconocer los derechos de las personas jornaleras, que con su trabajo llevan alimento a millones de familias en nuestro país y el extranjero. Es urgente reducir la brecha de la desigualdad social y proteger a las familias más vulnerables en este tiempo de la pandemia. No podemos permitir que los trabajadores esenciales, sean mal pagados y que a costa de sus vidas las familias de las ciudades tengan alimentos, mientras ellas y ellos siguen cercados por el hambre.

Fuente: Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

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Educación de excelencia para la PAZ en el campo

13 de diciembre de 2017 / Fuente: https://compartirpalabramaestra.org

Por: Mary Simpson

Cifras, análisis y opinión acerca de la situación que ha vivido el campo en Colombia, en cuanto a desarrollo, educación y oportunidades.

Construir la PAZ que anhelamos se logra a través del fin de las injusticias sociales, las inequidades en el acceso al conocimiento y en el desarrollo tecnológico, en contar con las capacidades para lograr verdaderas transformaciones en sintonía con nuestro medio ambiente, con un desarrollo sustentable y con la posibilidad de desarrollar todas nuestras habilidades.

En nuestro país, es el campo, el territorio que más ha sufrido la violencia de manera directa, y el que mayores inequidades e injusticia social ha vivido. Si ponemos la lupa en indicadores sociales y educativos, sin duda es el lugar con mayores atrasos. Los desarrollos urbanos deprimidos que llamamos urbano marginal, son también zonas habitadas, primordialmente, por las poblaciones desplazadas del campo, entonces podríamos decir, que es el mismo campo ampliado.

Algunas cifras nos pueden ayudar a dimensionar lo dicho. El campo cobija el 85% del territorio nacional y se calcula que habitan 14.4 millones de colombianos (30% de la población total)” (Asocajas, 2016, pág. 22), la cual está compuesta por los campesinos que son pequeños productores, indígenas, afrocolombianos y campesinos sin tierra. Para el 2013, se estima que la pobreza afectó el 42.8% de la población rural y el 26.9% de los habitantes urbanos (Asocajas, 2016, pág. 33).

En 2014, el índice de analfabetismo de la población rural mayor de 15 años ascendía al 12,4%, cifra que corresponde a más del doble de la observada en las zonas urbanas (5,2%) (Ministerio de Educación Nacional, 2015, pág. 4). El 20% de la población rural entre 5 y 16 años reporta no estudiar, lo mismo que el 76% de quienes tienen entre 17 y 24 años (Ministerio de Educación Nacional, 2015, pág. 4). La escolaridad promedio de los mayores de 35 años, es de 4 años en zona rural, mientras que en zona urbana, es de 8 años. Y así podríamos continuar.

Posiblemente si midiéramos algunas capacidades como la de ser resiliente, solidario o empático, en el campo estarían mejor, pues son estas las que seguramente han desarrollado para sobrevivir en condiciones tan hostiles.

En la superación de esta situación la educación juega un rol estratégico y preponderante. Así pues, la prioridad de la agenda educativa es la construcción de una educación de excelencia para la PAZ para todos, con el foco en el campo y para garantizar la oportunidad de desarrollar sus capacidades para transformar dicha realidad. Para lograrlo, debemos saber que el campo colombiano se caracteriza por su amplia diversidad geográfica, cultural, social y económica, que implica la importancia de abordarla desde un enfoque territorial.

La ausencia institucional para una educación en el campo, conlleva a la soledad del docente, de directivos, de las instituciones y de su comunidad educativa. Una política educativa con enfoque territorial debe permitir que desde la base se promueva el desarrollo de prácticas pedagógicas particulares que respondan a su diversidad y heterogeneidad. Una política educativa, no que consulte la base, sino que sea construida con y desde la base. Una educación que tenga en cuenta la dimensión de inclusión productiva, entendida como el acceso y uso de bienes públicos como tierras, riego, infraestructura vial, crédito, comercialización, asistencia técnica, ciencia y tecnología y recursos humanos especializados (Ministerio de Educación Nacional, 2015, pág. 9).

Una política para la formación de los docentes que promueva, desde las escuelas de formación inicial a construir, un proceso de enseñanza y de aprendizaje vinculado con la realidad (Mogollón & Solano, 2011, pág. 119). Una política de asignación de docentes al campo que facilite la construcción de su compromiso a largo plazo con el territorio. Una política de educación de excelencia para la PAZ en el campo que facilite la construcción de una institucionalidad con maestros y rectores en capacidad y condiciones de promover ambientes escolares en el que sus estudiantes, de manera sistemática, sean activos constructores de su propio conocimiento, descubriendo sus habilidades, desarrollando actitudes para la democracia y la participación, consolidando sus valores para convivir en PAZ y desplegando todas las competencias del siglo XXI.

La construcción de estos derroteros es asunto de todos. Por esta razón, el 2016 fue escenario de varios espacios generados para compartir experiencias de maestros y rectores colombianos en este sentido, entre los cuales resalto:

a) El foro ‘Construcción de PAZ: retos de la educación’, realizado en el 2017 del 22 al 24 de septiembre, iniciativa de la Fundación Compartir y Espiral Asociados, ejemplo de un trabajo en alianza público privada, al integrarse la Secretaría de Educación del Distrito, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito Capital.

b) El Foro Distrital ‘Ambientes de aprendizaje para el reencuentro, la reconciliación y la paz’ realizado el 5 y 6 de octubre por la Secretaría de Educación del Distrito Capital.

c) El ‘III Congreso Internacional de Escuelas Nuevas. Presente y futuro de las escuelas nuevas: Construyendo redes y transformando la educación’ organizado por la Fundación Escuela Nueva, durante los días 10 y 11 de noviembre de 2016.

d) El ‘IV Congreso Nacional de Educación Rural: Por la construcción de una Política Pública” organizado por COREDUCAR[1] del 21 al 23 de noviembre y, con el patrocinio de EDUCAPAZ, las Universidades Pedagógica, Javeriana y Católica de Oriente, el Ministerio de Educación Nacional, Programa por la PAZ del CINEP, la Conferencia Episcopal y Fundación Compartir.

e) La Mesa de trabajo de política pública sobre educación y postconflicto, liderada por Educapaz y la Agencia de Cooperación Canadiense, desde donde muchas organizaciones venimos generando aportes al diálogo con el Ministerio de Educación Nacional para la construcción de una política educativa pública para el campo.

En estos espacios hemos ratificado que las voces de los territorios colombianos, desde su práctica, nos enseñan cómo hace muchos años trabajan para construir la PAZ, en medio de la guerra, y que lo que requieren es condiciones y oportunidades para continuar mejorando y construyendo a partir de sus propias capacidades. Hemos aprendido también que la memoria es una aliada para la PAZ porque el olvido nos ha conducido a la repetición y porque la memoria no es un relato hegemónico sino un ejercicio crítico, una acumulación de memorias diversas en diálogo y en tensión,[2] que desde la escuela debemos conocer y construir.

Algunas voces internacionales han estado presentes para ayudar a reconocernos, a ver oportunidades a partir de lo que ya tenemos en el territorio, a abrir la mente y el espíritu a la esperanza de que se puede y debemos vivir mejor.

Sin duda, la institución educativa es el lugar por excelencia de construcción del conocimiento. Y es cuando se da el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes y entre los mismos estudiantes, cuando es posible construir nuevo conocimiento, y educar para la democracia. ¿Cómo podría educarse para la PAZ en una democracia sino es viviendo los valores de ésta desde la misma escuela, desde cada aula? Y acá surgen los valores que tendrían que ser los principios que orienten la educación de excelencia para el campo: trabajo colaborativo y cooperativo, que promueve una educación personalizada, y la creación de vínculos fuertes entre escuela y comunidad, principios de la escuela activa, una propuesta de enfoque pedagógico creado en Colombia en la década de los 70.

Es así como este conjunto de voces, en un proceso de creación de conocimiento que no es lineal, sino cíclico e interactivo, pone a compartir conocimientos que se transforman en nosotros, y pasan a ser nuevas capacidades como la observación y el análisis, haciendo eco de manera explícita en acciones y elementos de la política.

Iniciamos el 2017 con pie derecho, con la Cumbre Mundial de Premios Nobel de PAZ a realizarse entre el 2 y el 4 de febrero en Bogotá, el evento anual más importante a nivel mundial en el campo de construcción de la PAZ. Es la oportunidad para continuar esta conversación alrededor de la construcción de PAZ, la reconciliación y su relación con el desarrollo, promoviendo los valores de amor, perdón, tolerancia y diálogo.

¡¡Bienvenidos a continuar este diálogo!!

Bibliografía

Asocajas. (2016). El compromiso de las cajas de compensación familiar. Bogotá: Asocajas.

Ministerio de Educación Nacional. (2015). Colombia Territorio Rural: apuesta por una poliitca educativa para el campo. Bogotá.

Mogollón, O., & Solano, M. (2011). Escuelas Activas: Apuestas para mejorar la calidad de laeducación. . Washington: FHI360.

Parra Triana, A. (2016). http://fundacionexe.org.co/?p=8638.

Spibaletta, R. (Agosto de 2015). ¿De quién es la tierra en Colombia? El Espectador.


[1] Corporación Nacional para la Educación Rural, organización fundada en el año 1999 que agrupa a varias entidades que desarrollan programas de educación rural en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

[2] Apartes del decálogo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Fuente artículo: https://compartirpalabramaestra.org/blog/educacion-de-excelencia-para-la-paz-en-el-campo

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Voces para una Educación de excelencia para el campo

29 de noviembre de 2017 / Fuente: https://compartirpalabramaestra.org/

Por: Mary Simpson

Un resumen de las voces que se han estado exponiendo y construyendo en diversos eventos o hitos en Colombia.

Son muchas las voces que se están escuchando, y cuyo eco debemos reforzar, acerca de la importancia de una educación de excelencia para la PAZ, para la cual, una educación de excelencia para el campo es la prioridad. Estas voces se han estado exponiendo y construyendo en diversos eventos o hitos como:

  1. El foro ‘Construcción de PAZ: retos de la educación’, realizado el pasado 22 a 24 de septiembre, iniciativa de la Fundación Compartir y Espiral Asociados, ejemplo de un trabajo en alianza público privada, al integrarse la Secretaría de Educación del Distrito, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito Capital.
  2. El foro distrital ‘Ambientes de aprendizaje para el reencuentro, la reconciliación y la paz’ realizado el 5 y 6 de octubre por la Secretaría de Educación del Distrito Capital.
  3. Seminario ‘Preparándonos para la PAZ: la educación como motor de la construcción de PAZ’ realizado el 26 de octubre por la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de Los Andes.
  4. La semana pasada, durante los días 10 y 11 de noviembre, el ‘III Congreso Internacional de Escuelas Nuevas. Presente y futuro de las escuelas nuevas: Construyendo redes y transformando la educación’ organizado por la Fundación Escuela Nueva. Volvamos a la Gente, congreso que mantiene viva la conversación acerca de la importancia de escuela activa como modelo innovador con capacidad para seguir innovando a partir de sus principios.
  5. Los días 16, 17 y 18 de noviembre el “I Congreso Internacional de Educación y Sociedad: El papel de la educación en la Construcción de PAZ” organizado por la Universidad de La Salle.
  6. Y durante los próximos 21 al 23 de noviembre, el ‘IV Congreso Nacional de Educación Rural: Por la construcción de una Política Pública” organizado por Coreducar[1] y, con el patrocinio de EDUCAPAZ, las Universidades Pedagógica, Javeriana y Católica de Oriente, el Ministerio de Educación Nacional, Programa por la PAZ del CINEP, la Conferencia Epicospal.
  7. Mesa de Política: un grupo de organizaciones han constituido hace un par de meses la Mesa de Política Pública Educación y PAZ[2], entre cuyos objetivos está contribuir a construcción de política de educación rural, para lo cual se encuentra entregando insumos alel Ministerio de Educación Nacional se encuentra en un proceso de consulta territorial de un plan de educación rural y.

Hemos aprendido de las voces de los territorios colombianos, desde su práctica, que desde hace muchos años trabajan para construir la PAZ, en medio de la guerra, y que lo que requieren es condiciones y oportunidades para continuar mejorando y construyendo a partir de sus propias capacidades. Hemos aprendido también que la memoria es una aliada para la PAZ porque el olvido nos ha conducido a la repetición y porque la memoria no es un relato hegemónico sino un ejercicio crítico, una acumulación de memorias diversas en diálogo y en tensión,[3] que desde la escuela debemos conocer y construir.

Hemos aprendido que, sin duda la institución educativa es el lugar por excelencia de construcción del conocimiento. Y es cuando se da el trabajo colaborativo entre docentes, entre docentes y estudiantes y entre los mismos estudiantes, cuando se construye conocimiento significativo, y se educa para la democracia. ¿Cómo podría educarse para la PAZ en una democracia sino es viviendo los valores de ésta desde la misma escuela, desde cada aula? Y acá surgen los valores que tendrían que ser los principios que orienten la educación de excelencia para el campo: trabajo colaborativo y cooperativo, que promueve una educación personalizada, y la creación de vínculos fuertes entre escuela y comunidad, principios de la escuela activa, propuesta de enfoque pedagógico creado en Colombia en la década de los 70.

Algunas voces internacionales han estado presentes para ayudar a reconocernos, a ver oportunidades a partir de lo que ya tenemos en el territorio, a abrir la mente y el espíritu a la esperanza de que se puede y debemos vivir mejor.

Los invitamos, entonces, al “IV Congreso Nacional de Educación Rural” a realizarse entre el 21 y al 23 de noviembre organizado por Coreducar donde nos daremos cita un amplio grupo de actores para “contribuir al desarrollo rural de Colombia a través de la consolidación de una propuesta de política pública educativa pertinente para el medio rural, que recoja los aportes de los diferentes actores y sectores institucionales y comunitarios, así como las orientaciones que sobre el tema se han formulado en el actual contexto social y de construcción de paz del país.»

Es así pues como la consolidación de este conjunto de voces, como en un proceso de creación de conocimiento que no es lineal, sino cíclico e iterativo[4], estamos poniendo a interactuar conocimientos tácitos[5] y explícitos[6], conduciéndonos a un nuevo conocimiento, al convertirse en nosotros en nuevas capacidades de observación y análisis; y, haciendo eco de manera explícita en las memorias que estaremos compartiendo de los diversos encuentros como en el documento de política de educación rural que se está construyendo.


[1] Corporación Nacional para la Educación Rural, organización fundada en el año 1999 que agrupa a varias entidades que desarrollan programas de educación rural en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

[2] Mesa que surgió como una iniciativa de la Alta Consejería para el Posconflicto, la Coordinación del Programa Nacional de Educación para la Paz – EducaPaz y la Oficina de Cooperación de la Embajada de Canadá, en la que participan 15 organizaciones entre las cuales está la Fundación Compartir.

[3] Apartes del decálogo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

[4] Conceptos desarrollados por los autores Nonaka & Takeuchi, en relación con la teoría de creación de conocimiento.

[5] Por conocimiento tácito se entiende aquel que es difícil de medir, y que como lo define Polanyi es aquel que no somos a veces capaces de expresar pero en cambio sí nos proporciona capacidades de observación, de análisis: «sabemos más de lo que somos capaces de expresar». Encontramos por ejemplo, la intuición, visiones subjetivas, sensaciones.

[6] Por conocimiento explícito se entiende aquel que es “formal y sistemático”, tales como fórmulas científicas, programas de un ordenador, especificaciones de un producto, proceso o metodología, clasificaciones.

Fuente artículo: https://compartirpalabramaestra.org/blog/voces-para-una-educacion-de-excelencia-para-el-campo

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