Cochabamba, la guerra del agua y el cambio climático

En esta pequeña nación andina [Bolivia] de diez millones de habitantes, los glaciares están sufriendo el deshielo, amenazando el suministro de agua de la mayor zona urbana del país, El Alto y La Paz, con tres millones y medio de personas que viven a más de tres mil metros de altura. Viajé desde el Aeropuerto […]

En esta pequeña nación andina [Bolivia] de diez millones de habitantes, los glaciares están sufriendo el deshielo, amenazando el suministro de agua de la mayor zona urbana del país, El Alto y La Paz, con tres millones y medio de personas que viven a más de tres mil metros de altura. Viajé desde el Aeropuerto Internacional El Alto, el aeropuerto comercial más alto del mundo, a la ciudad de Cochabamba.

El Presidente boliviano Evo Morales llama a Cochabamba el corazón de Bolivia. Fue aquí donde hace diez años, como dijo un observador, tuvo lugar «la primera rebelión del siglo XXI». En lo que fue denominada la Guerra del Agua, la gente de todo Bolivia se congregó en Cochabamba para exigir que se pusiera fin a la privatización del sistema público de agua. Como me dijo Jim Shultz, fundador de la organización Centro para la Democracia, con sede en Cochabamba, «A la gente le gusta una buena historia del estilo de David y Goliat, y la revuelta del agua es David no sólo golpeando a un Goliat, sino a tres. Los denominamos las tres B: Bechtel, Banzer y el Banco». Shultz explicó que el Banco Mundial coercionó al gobierno boliviano del entonces Presidente Hugo Banzer, que había sido dictador en la década del 70, para que privatizara el sistema de agua de Cochabamba. La empresa multinacional Bechtel, la única licitante, asumió el control de la gestión pública del agua.

El domingo caminé por la Plaza Principal, en el centro de Cochabamba, con Marcela Olivera, que participó en las protestas callejeras hace diez años. Le pregunté acerca de la pancarta original del movimiento, que fue colocada para el aniversario y dice «¡El agua es nuestra, carajo!». Bechtel estaba aumentando las tarifas del agua. Los primeros en sentirlo fueron los campesinos, que dependen del riego. Solicitaron el apoyo de los trabajadores fabriles de la ciudad. Oscar Olivera, el hermano de Marcela, era su líder. Proclamó en una de las manifestaciones: «Si el gobierno no quiere que la empresa de agua se vaya del país, la gente los echará». Marcela recordó: «El 4 de febrero convocamos a la gente a una movilización aquí. La llamamos ‘la toma de la plaza’. Iba a ser el encuentro de la gente del campo, el campo viniendo aquí para reunirse con la gente de la ciudad, porque era una demanda de la gente del campo y una demanda de la gente de la ciudad. Todos reunidos aquí al mismo tiempo. […] El gobierno dijo que no iba a permitir que eso sucediera. Varios días antes de que esto fuera a suceder, enviaron policías en patrullas y motocicletas que rodearon la ciudad, tratando de sembrar el miedo en la gente. Y el mismo día de la movilización no permitieron que la gente caminara siquiera diez metros y comenzaron a lanzarles gases. Muchos de nosotros, estoy segura, regresamos a nuestras casas y vimos en la televisión lo que estaba sucediendo en la mañana y lo que aún estaba sucediendo. Dijimos que esto no puede suceder. Estaban golpeando a las mujeres, estaban golpeando a los niños, les lanzaban gases a la gente, entonces nos alzamos y salimos a las calles».

Cochabamba fue sitiada por la coalición de campesinos, trabajadores fabriles y cultivadores de coca, conocidos como «cocaleros». Los disturbios y las huelgas se expandieron a otras ciudades. Durante la represión militar y el estado de emergencia declarado por Banzer, Víctor Hugo Daza, de diecisiete años, murió de un disparo en el rostro. En medio del escándalo público, Bechtel huyó de la ciudad, y su contrato con el gobierno boliviano fue cancelado. Los «cocaleros» jugaron un papel fundamental en la victoria. Su líder era Evo Morales. La Guerra del Agua de Cochabamba lo terminaría lanzando a la presidencia de Bolivia. En la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas en Copenhague pidió que se tomaran las medidas más estrictas para combatir el cambio climático.

Luego de la cumbre, Bolivia se negó a apoyar el Acuerdo de Copenhague no vinculante, promovido por Estados Unidos. El embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, me dijo que como consecuencia de esto «fuimos notificados por los medios de que Estados Unidos eliminaría alrededor de tres a 3,5 millones de dólares para proyectos relacionados con el cambio climático. Y la explicación que dieron fue que nosotros no apoyábamos el Acuerdo de Copenhague».

En lugar de aceptar el dinero de ayuda de Estados Unidos para el cambio climático, Bolivia está asumiendo un papel de liderazgo al ayudar a organizar a la sociedad civil y los gobiernos a nivel mundial con una meta común: cambiar el curso de la próxima cumbre de clima de la ONU que tendrá lugar en diciembre en Cancún, México. Por este motivo 15.000 personas de más de 120 países se han reunido aquí esta semana del Día de la Tierra, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Morales convocó la conferencia para darle a los pobres y al Sur Global la oportunidad de responder a las frustradas negociaciones de clima en Copenhague.

El embajador Solón explicó el motivo de la cumbre de los pueblos. Me dijo: «La gente me pregunta cómo esta iniciativa proviene de un país pequeño como Bolivia. Soy el embajador ante la ONU. Conozco esta institución. Si no hay presión de la sociedad civil, no habrá un cambio desde la ONU. La otra presión a los gobiernos proviene de las empresas trasnacionales. Para poder contrarrestar eso, necesitamos desarrollar una voz desde las bases».

Esas fueron las palabras de Pablo Solón, cuyo hermano fue desaparecido por el régimen de Banzer. Ahora, como embajador de la ONU, es el único representante diplomático de Bolivia en Estados Unidos, porque este país expulsó al embajador boliviano en su territorio.

Amy Goodman es la presentadora de «Democracy Now!», un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 emisoras de radio en español. Es coautora del libro «Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,» recientemente publicado en edición de bolsillo.

Fuente del artículo: https://rebelion.org/cochabamba-la-guerra-del-agua-y-el-cambio-climatico/

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El odio al indio

 

El fascismo, el odio racial, no sólo es la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262565

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Permanecen cerrados centros educativos en Bolivia por inseguridad

 

La falta de seguridad para estudiantes y profesores mantiene este lunes cerradas las escuelas de las ciudades de La Paz y El Alto, Bolivia, tras el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Evo Morales.

El director de Educación del departamento paceño, Juan Churata, informó que las unidades educativas de esas urbes y de las carreteras de Oruro, Desaguadero, Viacha, Achacachi y parte de los Yungas suspendieron las clases hasta que existan las condiciones adecuadas.

Churata precisó que reprogramarán el calendario escolar con las nuevas autoridades del ministerio de Educación tras ocho días de la renuncia del titular del sector, Roberto Aguilar, sin que la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, nombre a un sucesor.

Por otra parte, los municipios de Sacaba y Tiraque, departamento de Cochabamba, también suspendieron la docencia debido a los bloqueos en las carreteras y las manifestaciones de los cocaleros a favor del regreso del expresidente Morales.

El director departamental de Educación, Iván Villa, declaró que las actividades son normales en el resto de la región y, en caso de ocurrir manifestaciones cerca de los centros educativos, analizarán la suspensión de la docencia.

En el caso de Potosí, las escuelas abrieron este lunes y prevén concluir el periodo lectivo en los primeros días de diciembre próximo, mientras que en Santa Cruz son reanudadas de forma paulatina y cerrarán el 30 de noviembre.

Ante la propuesta de Áñez de reprogramar el calendario escolar y evitar las suspensiones, la confederación del magisterio urbano de Bolivia rechazó la iniciativa y alegó que estudiantes y profesores no son culpables de la crisis política que sufre el país.

Pese a la victoria de Morales con 10 puntos porcentuales de diferencia por encima de su adversario Carlos Mesa, la oposición alegó un presunto fraude y a partir de ahí se desencadenaron los acontecimientos que llevaron a la asonada golpista del pasado 10 de noviembre.

Fuente de la noticia: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/permanecen-cerrados-centros-educativos-en-bolivia-por-inseguridad/

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