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Guatemala: Comunidad guatemalteca denuncia contaminación petrolera

América Central/Guatemala/12-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

La contaminación petrolera pone en peligro los medios de vida y subsistencia de una comunidad al norte de Guatemala. | Foto: Twitter: Santigo Botton.

Los pobladores del lugar responsabilizan a la empresa local Latin American Resources del derrame petrolero.

Pobladores de una comunidad al norte de Guatemala denunciaron un derrame de petróleo en las áreas del río Chixoy (250 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala) y responsabilizan a Latin American Resources de los vertidos que han envenenado la zona.

Los habitantes de San Benito Uno, Cobán, Alta Verapaz en Guatemala no solo denunciaron el daño medioambiental, sino también la pobre cobertura que han dado los medios de comunicación a esta «nueva tragedia» ecológica.

Los afectados por la «fuerte contaminación petrolera», denunciaron que la misma inició hace dos semanas, al tiempo que expresan que el envenenamiento del agua no es el único problema pues el petróleo ha secado varias plantas nativas, según mostraron al Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI) los pobladores con ramos de cultivos en las manos, los cuales evidencian los daños a sus cosechas.

Los campesinos de la zona, en su denuncia, mostraron árboles y hierbas marchitadas y destacaron que, en años anteriores, la empresa Latin American Resources tenía depósitos específicos para almacenar los desechos líquidos, sin embargo, en esta ocasión expulsó de manera directa el petróleo; debido a lo cual otro propietario de un potrero para ganado vacuno manifestó su preocupación por la vida de las reses que también consumen agua del arroyo contaminado.

De igual manera, los habitantes dicen que la vida acuática de los ríos y arroyos locales ha desaparecido, «lo salado del agua los ha asesinado», expresaron; «las mujeres cuando venían a lavar, los peces llegan con ellas y las picoteaban y agarran cualquier comida que tiran en el agua, pero miren ahora ya no queda ningún animal», recalcó otro denunciante.

Entretanto, los lugareños denuncian que quienes buscan ocultar esta verdad son algunos integrantes del Órgano de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-, de San Benito Uno, quienes mantienen vínculos laborales con la empresa y reciben presiones de Latin American Resources.

Latin American Resources (LAR), es una empresa que fundó el canadiense Michael Realini, a partir de la adquisición, en 2012, de las acciones de la canadiense Quetzal Energy, anterior socia de Petro Latina, empresas extranjeras vinculadas a Realini, las cuales comenzaron a operar el contrato de los pozos Atzam, hace más de una década, en la zona adyacente del Parque Nacional Laguna Lachúa, en Cobán, Alta Verapaz.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/denuncian-contaminacion-guatemala-20210210-0006.html

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Calendario ecológico 2021: estas son las fechas más importantes para el medio ambiente

Desde el día mundial de la educación ambiental en enero hasta el de las montañas en diciembre, el calendario ecológico anual está lleno de fechas conmemorativas para atraer la atención sobre los problemas del medioambiente y sensibilizar a la población mundial.

El día mundial de la nieve inaugurará el calendario ecológico de 2021 el próximo martes 19 de enero: es la primera fecha relevante de un almanaque lleno de efemérides convocadas por la ONU u otras instituciones internacionales para promover mayor armonía y más respeto de la sociedad por la Naturaleza.

El mismo mes de enero, el día 26 se dedica a la educación ambiental y, el 28, a la reducción de las emisiones de CO2.

Febrero cuenta con tres días consecutivos de interés: el 1, coincidiendo con el fin del período cinegético, rinde tributo al galgo, la raza de perro que sufre más maltratos y abandonos en España; el 2, fija el día mundial de los humedales y, el 3, el día mundial sin pajita, para sensibilizar sobre la contaminación por plásticos.

/ EFE Verde

(Puede hacer clic aquí para ver en alta calidad el calendario de días ambientales de EFEverde)

A ellos hay que sumar el 10 de febrero otra jornada mundial: la de las Legumbres para concienciar sobre sus beneficios nutricionales y medioambientales en la producción sostenible de alimentos.

Ya en marzo y bajo el lema ‘Garantizar el sostenimiento de la vida en la Tierra’, el 3 celebra el día mundial de la vida silvestre; el 5, el de la eficiencia energética; el 21, el de los bosques, el 22, el del agua y el 28 cierra el mes con la ‘Hora del planeta’ convocada anualmente por WWF para concienciar a la sociedad con un apagado general de la iluminación.

En abril, destacan el 17 como día de la lucha campesina y el 22, el dedicado a la Madre Tierra.

Mayo es otro mes con mucha actividad, pues el segundo sábado se festeja el día mundial de las aves migratorias; el 17, el del reciclaje; el 20, el de las abejas y el 22, el de la diversidad biológica.

Mención aparte merece el 21 de mayo, día europeo de la Red Natura 2000, insituido por la Unión Europea gracias a una iniciativa de la sociedad civil desarrollada por la ong SEO/BirdLife y Agencia Efe, a través de su plataforma de información medioambiental Efeverde, desarrollada en el programa Life Activa Red Natura.

Ya en junio, el 3 es el día de la bicicleta y el sábado 5, el día mundial del medioambiente, la fecha ecologista más destacada del calendario oficial de las Naciones Unidas y que, desde 1974, se ha convertido en motivo de celebración para gobiernos, empresas, instituciones y ciudadanos.

El 8 de junio nos ofrece el día mundial de los océanos; el 17, el de la lucha contra la desertificación; el 18, el de la gastronomía sostenible y, finalmente, el 28, el de los árboles.

El medioambiente nunca toma vacaciones, así que el 3 de julio celebramos el día internacional sin bolsas de plástico; el 7, la conservación del suelo y el 26, la de los manglares, mientras que, en agosto, el 9 está dedicado a los pueblos indígenas y el 29, fijado contra los ensayos nucleares.

El 7 de septiembre se festeja al aire limpio y el cielo azul; el 16, a la capa de ozono; el 22 es el día europeo sin coches y, el 24, el mundial marítimo.

De octubre cabe subrayar el 5, como día mundial del hábitat; el 13, para concienciar sobre la reducción de desastres naturales; el 15, para agradecer a las mujeres rurales su papel en la agricultura y el suministro alimentario y el 31, como jornada mundial dedicada a las ciudades.

Ya en noviembre, la ONU dedica el 5 a concienciar sobre tsunamis; el 6, como día internacional para prevenir la explotación del medioambiente en la guerra y los conflictos armados y el 19 es el día del retrete, reconociendo su rol fundamental para lograr el ODS número 6: agua y saneamiento para todos en 2030.

Por último, el 5 de diciembre es el día mundial del voluntariado y también el del suelo y el 11, el de las montañas.

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/calendario-ecologico-2021-estas-son-las-fechas-mas-importantes-para-el-medio-ambiente/

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“Pagar la deuda es contaminación, dependencia y superexplotación”

Con un foro sobre “Energía y modelo productivo” concluyeron las instancias de denuncias del Juicio Popular a la deuda y al FMI convocado por la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. En las próximas semanas se escucharán los alegatos de las fiscalías. A continuación transcribimos la intervención en esa jornada, fruto del trabajo colectivo,del Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y en el Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).

Sostenemos que es necesario investigar si la deuda -y en todo caso qué parte- es legítima y legal o, por el contrario, es fraudulenta y odiosa. Y, sabiendo que hay múltiples motivos para pensar que puede ser declarada fraudulenta, queremos focalizarnos en tres aspectos del modelo energético, más precisamente hidrocarburífero, que se vinculan con la deuda externa.

El primero de estos aspectos es el vínculo entre bienes comunes y deuda. Desde los organismos internacionales se asume como garantía del pago de deuda la explotación de los recursos naturales o bienes naturales. Los distintos gobiernos asumen también una definición similar. Por lo tanto, una vez contraída la deuda, las políticas públicas presionan para la expansión de los procesos de extracción, nocivos para el ambiente y las poblaciones, como una forma de “honrar las deudas”. Esa presión se constata en distintas regiones del país focalizadas en el agronegocio con sus nuevas transgenias y megafactorias, en la megaminería y en los hidrocarburos, entre otras.

Entonces, la propuesta de “desarrollo” escondida detrás de los acuerdos de deuda podría resumirse en obtener dólares a cambio de la degradación a niveles preocupantes del espacio y el ambiente, que no puede ser escindido de quienes viven allí. La deuda es una condena a quedar atrapados/as en esa lógica.

Al respecto nos parece elocuente una nota al pie de la primera revisión periódica del FMI en torno al acuerdo arribado con Macri. En octubre de 2018, el organismo al analizar la política fiscal señalaba los malos resultados pero indicaba que se iban a compensar con “un repunte de las exportaciones agrícolas después de  la sequía, y un esperado aumento de las exportaciones de energía a medida que la producción en la cuenca de Vaca Muerta se recupere”[1]. Exportación del campo y de energía como mecanismos para cumplir las metas fiscales y poder garantizar el pago de la deuda.

Para ilustrar la perspectiva gubernamental podemos tomar el plan energético que se publicó en 2018 durante la gestión de Javier Iguacel a cargo del área. Allí se estimaba que en 2027 los ingresos por exportaciones de hidrocarburos superarían a los ingresos de exportación agropecuaria[2].

Más cuidadosamente la gestión actual también cree que con la explotación fundamentalmente de Vaca Muerta se van a minimizar, o incluso superar, los problemas de la restricción externa y, en el mejor de los casos, se podría en unos años hacer frente a los compromisos de deuda[3]. Lo que nos lleva al segundo punto que queríamos señalar en torno a la perniciosa relación entre deuda y sector energético: la fuga de divisas.

Uno de los objetivos de la explotación de Vaca Muerta mediante fracking es la obtención del gas que Argentina consume y, por lo tanto, evitar la importación, es decir la salida de dólares. Pero hay un punto que habitualmente es omitido y agrava el panorama: las divisas no sólo se van cuando se compra energía, también lo hacen cuando las empresas del sector extranjerizan sus excedentes o pagan deuda.

La deuda pública contraída por el macrismo sabemos permitió la fuga de divisas en cantidades similares a las que ingresaron. En ese proceso uno de los sectores que mayor injerencia tuvo fue el energético. La lógica de la inversión del sector que es festejada y promovida por las distintas gestiones implica como contracara un endeudamiento a corto plazo, muchas veces con préstamos intrafirmas. Es decir, lo que se festeja como inversiones salen rápidamente del país engordado por los intereses. Si fuéramos mal pensados/as podríamos suponer que en esas operatorias hay toda una serie de maniobras espurias, sino fraudulentas, como las que se constataron con el vaciamiento de Vicentin, que se ponen en práctica.

El nivel de fuga del sector energético en los últimos años fue notable. En la lista de las 100 empresas que más fugaron publicada por El Cohete a la Luna, aparecen 27 energéticas que, en conjunto, fugaron casi 6.000 millones de dólares. De esas 27 empresas, 15 tienen una participación central en Vaca Muerta y fugaron casi 4.000 millones de dólares. Lo que creemos pone en duda que la apuesta por los hidrocarburos no convencionales sea tan redituable como se suele esgrimir[4].

Pero ¿qué tiene que ver la deuda privada con la deuda externa? La deuda privada, la remisión de utilidades al exterior u otros mecanismos de fuga de dólares presiona sobre la reservas del Banco Central y, por lo tanto, sobre el tipo de cambio. Esas presiones sobre la cantidad de dólares del Banco Central promueve procesos de devaluación. Las devaluaciones encarecen cada dólar y por tanto devolver los préstamos privados que fueron presentados como inversión implica cada vez más pesos. De esta manera se vuelve cada vez más costoso poder devolver ese dólar privado. Pero la devaluación no sólo encarece el pago de las deudas privadas sino también el pago de las deudas públicas. Es decir, que los endeudamientos millonarios de las petroleras redundan en mayores dificultades para afrontar la deuda pública en dólares.

Finalmente, en esta articulación entre deuda y explotación energética, nos parece relevante señalar la situación de las provincias cuyas economías dependen de los hidrocarburos. Justamente porque poseen esos recursos, esos distritos pueden endeudarse abultadamente en dólares. Ante devaluaciones o ante las cada vez más recurrentes caídas del precio internacional del barril, esas abultadas deudas complican fuertemente sus economías[5]. Por esas crisis de dependencia el gobierno nacional debe auxiliar a esas provincias.

Esas ayudas tienen dos destinatarios. Directamente las arcas provinciales o mediante subsidios a las empresas, de manera tal de reactivar las economías. Pero con estos subsidios las compañías garantizan que van a devolver los préstamos que necesitan para invertir y pueden acceder a nuevos créditos que seguirán expandiendo la espiral de la deuda privada que impacta sobre el tipo de cambio y, por tanto, también sobre todas las deudas públicas en dólares.

Entonces, ante este Tribunal, queremos denunciar que los organismos internacionales y los fondos de inversión, así como el estado nacional y los estados provinciales saben que la toma de deuda como se hizo implicaba la profundización de una matriz productiva dependiente, extractivista y contaminante. Y que incluso, como señala el FMI en su nota al pie, sabía que esa explotación de recursos naturales era la garantía del pago. Lo cierto es que ese esquema aunque profundizó la destrucción de la naturaleza, no puede pagar la deuda. Por lo tanto, más allá de cómo se contrajo y para que se usó la deuda hay una imposibilidad real del pago. Y a su vez, el pago implica continuar con este modelo de financiación para pagar deuda infinita que condena a la contaminación, la dependencia y la superexplotación. Creemos que debemos cortar esa rueda siniestra y el no pago de la deuda con motivos fundados brinda posibilidades para eso.

Como sanción que se declare fraudulenta y que se defina el desconocimiento de la deuda contraída.

Que se reconozca y señale públicamente a quienes fueron participes desde las instancias gubernamentales del endeudamiento.

Que se reconozca y señale públicamente a las empresas y capitales que fugaron las divisas que habían entrado al país como deuda pública.

Que las empresas energéticas devuelvan los dólares que se llevaron, que se imposibilite la remisión de la riqueza generada en Argentina a otros países.

[1]   IMF (2018, October). First review under the stand-by arrangement. Country Report No. 18/297. International Monetary Fund. Pag. 9 Recuperado de: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18297-ArgentinaBundle.ashx

[2] SGE (2018). Plan Energético Argentino: Lineamientos. Secretaría de Planeamiento Estratégico. Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. Recuperado en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/energy_plan_-_oil_gas_guidelines_-_november_12_2018-min_0.pdf

[3] Telam (01/06/2020). “Kulfas afirma que Vaca Muerta mantiene el mismo potencial y retoma la idea de la Ley de Hidrocarburos”. Recuperado de: https://www.telam.com.ar/notas/202006/470976-kulfas-afirma-que-vaca-muerta-mantiene-el-mismo-potencial-y-retoma-la-idea-de-ley-de-hidrocarburos.html

[4] Kofman, Marco (14/06/2020). “La Vaca Desatada”. Recuperado en: https://www.elcohetealaluna.com/la-vaca-desatada/ Más precisiones al respecto en García Zanotti, Gustavo (2020). “Vaca Muerta y el desarrollo argentino” Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES). Recuperado de: https://ejes.org.ar/economistas/vaca-muerta-espanol.pdf

[5] Va con Firma (28/10/2020). “La provincia quedó a 30 días del default”. Recuperado en: https://vaconfirma.com.ar/?articulos/id_12293/la-provincia-quedo-a-30-dias-del-span-classfindeddefaultspan

Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/11/10/pagar-la-deuda-es-contaminacion-dependencia-y-superexplotacion/

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Pandemia y extractivismo: una contaminación colonizadora cruzada

Por: Thomas Chiasson-LeBel


Nuestra tesis es que, aunque de forma más compleja y sutil hoy, un patrón similar, un entramado de extractivismo-pandemia-imperialismo colonizador, está desarrollándose en América latina. Un tramado complejo donde la enfermedad fortalece la captura de los territorios y poderes políticos por parte de las empresas extractivas, en su mayoría multinacionales, mientras despoja a la población local y la deja padecer en condiciones abyectas las consecuencias del virus bajo un discurso bien articulado en el cual las acciones de las empresas extractivas y sus operadores se presentan como una contribución al bien común. El extractivismo colonizador justificaba su invasión por la necesidad de “salvar” almas indígenas mediante su evangelización. El extractivismo actual se escenifica como “el salvador” de la economía—el alma de la sociedad capitalista».

¿Será que la historia se repite? La respuesta obviamente negativa a esta pregunta no debe hacernos perder de vista que siempre corremos el riesgo de repetir errores desastrosos del pasado si olvidemos que joyerías de vidrio pueden esconder un robo y una masacre.

Cuando los colonizadores europeos llegaron a las Américas, tenían un afán de ciertos minerales que les hizo destrozar civilizaciones y culturas, esclavizar a la población indígena para explotarla, y erradicar militarmente a los que se resistían [ii]. Sin embargo, las enfermedades que trajeron los colonizadores resultaron ser más mortales que sus pulsiones extractivistas, pues sus barcos llevaban pandemias letales que se encargaron de la labor “necrófila” de eliminar pueblos indígenas, facilitando el establecimiento de poderes coloniales en el continente.

Nuestra tesis es que, aunque de forma más compleja y sutil hoy, un patrón similar, un entramado de extractivismo-pandemia-imperialismo colonizador, está desarrollándose en América latina. Un tramado complejo donde la enfermedad fortalece la captura de los territorios y poderes políticos por parte de las empresas extractivas, en su mayoría multinacionales, mientras despoja a la población local y la deja padecer en condiciones abyectas las consecuencias del virus bajo un discurso bien articulado en el cual las acciones de las empresas extractivas y sus operadores se presentan como una contribución al bien común. El extractivismo colonizador justificaba su invasión por la necesidad de “salvar” almas indígenas mediante su evangelización. El extractivismo actual se escenifica como “el salvador” de la economía—el alma de la sociedad capitalista.

La pandemia se presenta como la crisis perfecta para justificar el estado de excepción, es decir la suspensión de los frágiles espacios de contra poder que son también la poca democracia que existe en nuestros sistemas políticos. Con este, se aplica una terapia de shock extractivista, un cambio de las reglas en medio de la crisis para profundizar la penetración del extractivismo. La pandemia requiere del confinamiento de la población por razones sanitarias. Lo problemático es que sirve también a élites económicas y políticas que quieren contener las protestas y los deseos de movilización. La transformación del mandato “quédate en casa” en mandamiento anti-movilización es una manera de silenciar las oposiciones, y sirve para crear condiciones más favorables para expandir las actividades extractivas, debilitar o eliminar las pocas reglamentaciones ambientales existentes mientras las multinacionales y las empresas de este sector toman la oportunidad para limpiar su imagen corporativa.

El propósito de este artículo es llamar la atención sobre la forma en que, desde el Norte hasta el Sur del continente, la crisis actual está siendo instrumentalizada para responder a las necesidades del sector extractivo, con un patrón común que designamos como la terapia de shock extractivista.

La terapia de shock extractivista

Mirando lo que está pasando con el sector extractivo de varios países (Canadá, Chile, Ecuador, Honduras), y escuchando lo que señalan las y los defensoras de las comunidades y territorios, notamos un patrón común [iii] de terapia de shock extractivista. Naomi Klein [iv] acuñó la expresión “terapia de shock” para describir una dinámica fundamental del capitalismo de las últimas décadas, inventada por Milton Friedman, mediante la cual se aprovechan de los momentos de crisis y trauma colectivos para imponer rápidamente cambios importantes e irreversibles a favor de las grandes empresas que no se podrían imponer en tiempos normales. La terapia de shock extractivista es este mismo proceso aplicado para promover los intereses de las empresas extractivas. En la actualidad, esta articula varias dimensiones alrededor de una acción discursivo-ideológica por parte de las empresas hacia la cual confluyen actores estatales y partes de las élites económicas no vinculadas al sector. Este discurso presenta las empresas extractivas como salvadoras frente a las varias crisis, naturaliza su proximidad con el Estado, otorga la continuación de la extracción mientras se paran otros sectores económicos y favorece la profundización de sus actividades con menos escrutinio público. De esta manera, aprovecha la crisis para acertar contundentemente la centralidad del sector y descartar las oposiciones y alternativas legítimas promovidas por las poblaciones afectadas.

Su discurso

La terapia de shock extractivista se articula alrededor de un discurso en el cual las empresas se presentan como salvadoras, tanto frente a la crisis sanitaria como a la crisis económica. Prometen generar riquezas y brindar las tecnologías que permitan curar a los enfermos, redistribuir las ganancias a las víctimas de la crisis, y ser la fuente de reactivación de las economías una vez terminada la pandemia. Expresiones tales como “minería verde” y “minería responsable” resurgen ahora en el discurso de las mineras mediante campañas que buscan limpiar la imagen de empresas ambiental y socialmente desastrosas, que ahora se presentan como promotoras de la “salud y [del] bienestar” [v], o más aún comprometidas con la “resiliencia comunitaria” [vi] frente a la pandemia.

Durante la crisis sanitaria, los Estados, principalmente en el Sur global, enfrentan problemas para conseguir los recursos necesarios para apoyar a la población y proveer lo necesario al personal de la salud. En este contexto, las empresas extractivas han desarrollado una imagen de “salvador”, multiplicando las donaciones de equipamiento médico y comida para establecerse como ayuda de primera línea y pulir su imagen corporativa frente a la sociedad. Por ejemplo, la empresa minera canadiense Barrick Gold, quién encabeza el controvertido proyecto Pascua Lama, entregó un hospital de campaña de un valor aproximado de US$ 13 millones al Estado chileno en el contexto de la pandemia [vii]. En Ecuador, mientras el Estado carecía de recursos médicos en sus hospitales para asegurar la protección de los trabajadores de la salud, ciertas empresas extractivas promocionaban donaciones de insumos médicos en sectores cercanos a sus actividades, y donaciones de alimentos a poblaciones vulneradas por la crisis [viii].

Estas contribuciones tienen impactos reales en tiempo de pandemia, cuando el acceso rápido de poblaciones vulnerables a servicios y tratamientos puede marcar la diferencia entre la vida y muerte. No obstante, un análisis crítico de aquellas “contribuciones”, generalmente agrupada bajo el lema de la responsabilidad social empresarial, devela las contradicciones e ineficiencias que conllevan, y las desigualdades sistémicas que profundizan. Esta filantropía empresarial encubre el hecho de que estas mismas empresas presionan a los Estados para minimizar sus aportes fiscales, aún en tiempos de crisis. Por ejemplo, en Chile, las empresas mineras lograron que se liberen sus depósitos de garantía, originalmente destinados para cubrir los costos de sus planes de cierre de faena, recuperando así US$ 3 mil millones de dólares [ix]. Las empresas logran hacer contribuciones propias y específicas porque tienen plata, pero no quieren pagar impuestos al Estado porque prefieren a la ayuda desinteresada aquella por la cual controlan el momento y el objeto de las donaciones, y así, maximizan el impacto positivo sobre su imagen corporativa, especialmente en contextos en los cuales comunidades locales se oponen a su implementación en el territorio. Además, tales contribuciones revelan un desequilibrio de poder: multinacionales del “Norte global” logran conseguir acceso a insumos médicos esenciales que hacen falta a Estados del “Sur global”. De tal manera, empresas privadas compiten con los Estados por el rol de defensor del bien común.

Comparar esta situación con la de los colonizadores europeos que llegaron ofreciendo la fe cristiana para salvar el alma de los pueblos y naciones indígenas a cambio de su trabajo, de sus vidas, de sus territorios y de las riquezas que contenían, está lejos de ser absurdo. En ambos casos, la contraparte del despojo sirve para limpiar la imagen del despojador y tornarlo en salvador.

Este discurso al nivel de la salud se articula muy bien con el discurso económico, de aún mayor importancia para las operaciones de las empresas extractivas, las cuales supieron presentarse cómo la solución también frente a la crisis económica relacionada a la pandemia. En esta crisis, se argumenta, es necesario facilitar todas las iniciativas extractivas porque su contribución a la actividad productiva es esencial para relanzar la economía amputada por el cierre epidemiológico [x].

Este argumento ha sido adoptado enteramente por los gobiernos de los países tratados en este artículo, quienes asumieron el discurso presentando las empresas extractivas como salvadoras frente a la crisis económica. En Canadá, el gobierno de Justin Trudeau, que se presentaba como el defensor del medio ambiente después de su primera elección en 2015, anunció que levantaba la obligación de evaluación de impacto ambiental para las perforaciones marítimas exploratorias frente a las costas de Terranova-Labrador [xi]. La justificación era clara: “la capacidad de Terranova y Labrador de recuperarse al salir de la pandemia de COVID-19 dependerá en grandes medidas de la capacidad del sector [petrolero]” [xii]. En Honduras, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente agilizó, en medio de la pandemia, un portal virtual para minimizar los trámites y facilitar los proyectos extractivos.

Estas medidas materializan el discurso de las empresas extractivas adoptado por los gobiernos que presenta a la actividad extractiva como fuente de recursos para resolver la crisis económica relacionada a la pandemia. Además, como los gobiernos están acumulando deudas públicas para enfrentar la crisis, los ingresos provenientes del sector son presentados como fuente de divisas absolutamente esenciales para pagarlas. Sin embargo, la importancia relativa del sector, y lo que retorna localmente, difícilmente puede presentarse como solución. El sector extractivo tiende a emplear relativamente pocas personas, y en Latinoamérica, exporta sus productos brutos a otros países para su transformación, lo que conlleva pocos encadenamientos productivos locales. En Honduras, el sector extractivo no representa ni el 1% del PIB. Más preocupante que las pequeñas rentas mineras que se quedan en este país, son los impactos negativos que las actividades extractivas tienen sobre otras actividades económicas y de sustento local como la agricultura.

Además del impacto ambiental negativo del sector y del rechazo por parte de muchas comunidades que no quieren de estas actividades en el territorio que ocupan, las empresas extractivas difícilmente representan una solución económica mágica. Más bien, los problemas económicos relacionados con la expansión del sector han sido la base para el desarrollo de toda una literatura que describe la maldición de la abundancia (Acosta 2009) o habla de enfermedad (The Economist 2017 [1977]) y de paradojas de los recursos (Karl 1997). Esta literatura advierte que el sector extractivo tiende a producir efectos económicos negativos que socavan sus beneficios.

En resumen, las grandes empresas extractivas han aprovechado la pandemia para pulir su imagen, y presentarse como salvadoras tanto al nivel sanitario como ecológico. Considerando que este discurso es muy dudoso, vale la pena reflexionar críticamente sobre su puesta en marcha.

La puesta en marcha del discurso y la cercanía Estado-empresas extractivas

El desarrollo de este discurso por parte de las empresas, y su adopción acrítica por parte de los gobiernos, esconde algo muy preocupante por la naturalización de la cercanía Estado-empresas extractivas que genera. Mientras que el discurso liberal sobre el Estado nos lo presenta como un actor neutral y un árbitro imparcial frente a varios grupos con intereses divergentes, la imagen que nos refleja el sector extractivo actualmente es de una cercanía exclusiva con el Estado que no siente la necesidad de avergonzarse ni de esconderse. Sus discursos se mezclan de tal manera que se confunde quién representa el bien común, y desaparece del discurso el hecho fundamental que las empresas extractivas velan, antes que nada, por los intereses privados de sus accionistas, mayormente ubicados en el Norte global. Se trata así de aislar el discurso de las comunidades que rechazan las incursiones de las empresas extractivas en el territorio que ocupan, y se revierte la dinámica como si fuesen ellos quienes defienden un interés particular-privado.

En los países presentados en este artículo, resulta muy difícil diferenciar el discurso de las empresas y el del gobierno con respeto al sector extractivo porque están alineados en casi todos sus puntos. En Chile, la empresa minera Barrick Gold afirmaba al periódico El Mercurio estar en contacto constante con el gobierno para avanzar en sus proyectos, prometiendo miles de millones para salvar la economía chilena de la pandemia [xiii]. En Honduras, la situación es tal, que desde 2018 el Estado decidió mantener en secreto las decisiones con respeto a los permisos ambientales, demostrando que para el Estado, más importante que defender su legitimidad frente al público es proteger sus relaciones con las empresas mineras.

Esta cercanía y el discurso del sector extractivo como salvador permite explicar por qué, en muchos países, mientras buena parte de la actividad económica fue parada por razones sanitarias, la producción en el sector extractivo no se detuvo, aunque queda por demostrar la necesidad de muchos de estos minerales en tiempos de pandemia. En Honduras, se ha pedido el reconocimiento de la actividad extractiva como actividad esencial para permitir que siga operando durante de pandemia, pedido que fue aceptado por el congreso. En Ecuador, las mineras fueron designadas como actividades estratégicas que tenían que seguir produciendo durante la crisis. Las que bajaron sus actividades lo hicieron sin que sea obligación estatal, sino por voluntad propia, y reanudaron rápidamente sus actividades [xiv]. Esto no paró a Lundin Gold-Aurelian Ecuador que opera Fruta del Norte de producir el primer lingote de oro durante la pandemia [xv]. Comunidades indígenas denunciaron que ciertas mineras que seguían con sus actividades trataban de traspasar el control comunitario establecido por comunidades que querían aislarse para protegerse de la enfermedad. En el valle del Huasco chileno, se sospecha que la persistencia de la actividad extractiva, que implicaba la circulación de trabajadores de otros sectores del país, contribuyó a la propagación del virus en la región [xvi]. Es decir, así como el colonialismo europeo trajo enfermedades, el extractivismo que sigue durante la pandemia también contribuyó a la propagación más reciente del virus [xvii]. El discurso de las empresas extractivas como salvadoras en tiempo de crisis, así como la distribución de material sanitario, es muy útil para producir un contra-discurso a la realidad tajante que los caminos del extractivismo contribuyen históricamente al contagio. Sirve también para difuminar la frontera entre el Estado y las empresas extractivas, y que estas últimas aparezcan como las defensoras del bien común al igual que los Estados.

Profundización del extractivismo

La combinación de una cercanía Estado-empresas extractivas con el discurso de este sector como salvador no sirvió sólo para que continúe la extracción durante la pandemia, sino que fue utilizado para expandir las actividades del sector, y profundizar la penetración del extractivismo en la política y el territorio en contra de la voluntad de los pueblos. Esta profundización, construyéndose sobre siglos de colonialidad del poder—es decir un poder que se apoya sobre y reproduce jerarquías raciales [xviii]—tiende a invadir zonas habitadas por pueblos racializados, expulsándolos o alterando su vida de manera indeseada, reproduciendo así las jerarquías raciales del continente.

En Canadá, el gobierno Federal anunció nuevos créditos para trabajos en el gasoducto Costal Gaz Link. Este proyecto había sido bloqueado por protestas de la nación Wet’suwet’en al inicio del 2020 apoyadas por varios otros pueblos y naciones indígenas y no indígenas que habían bloqueado el ferrocarril en todo el país en oposición a aquel proyecto. En Honduras, se transfirió la responsabilidad de aprobación y fiscalización de los proyectos desde el Instituto Hondureño de Geología y Minas hacía el Ministerio de Economía para facilitar sus avances. Esto significó la suspensión de muchos procesos de consulta a la población que estaban en camino, y la clara afirmación que la aprobación depende de criterios económicos y no geológicos, ambientales, y menos aún democráticos.

Estos avances cristalizan la idea de terapia de shock: la instrumentalización de la crisis para promover fines que difícilmente se podría alcanzar en otros contextos. Como lo decía el ministro del Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles: “ahora que la prensa está dando un poco de tregua sobre los otros temas, [es tiempo de] de aprobar las reformas infralegales de desregulación y de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad” [xix]. En Chile, el ministro de Minería afirmaba que era tiempo de avanzar con todos los proyectos en carpeta, mientras justamente estos proyectos estaban frenados por cuestiones ambientales y resistencias comunitarias. De manera similar, el ministro de Minas de Ecuador afirmaba al inicio de la pandemia que iba a dar mayores facilidades a empresarios privados en ciertos campos petrolíferos para que avancen sus proyectos.

Todos los signos indican que la crisis está siendo instrumentalizada para profundizar el extractivismo, aprovechando el confinamiento y las restricciones de las libertades promulgadas en este tiempo para hacer reformas que benefician al sector y que van a permanecer vigentes después de la crisis. Las modificaciones legislativas y reglamentarias que levantan las limitaciones y controles de las actividades permitirán avances de proyectos que difícilmente se podrán deshacer después.

Las actividades extractivas se focalizan en recursos no renovables, lo que nos lleva a un punto sin retorno y cuyo impacto social y ambiental deja huellas indelebles. Los Estados, tanto del Norte como del Sur, han mostrado repetidamente su incapacidad en controlar las actividades de las empresas extractivas lo suficiente para evitar desastres. En Canadá, el derramamiento de Mount Polley en 2014, donde la ruptura de una represa de residuos mineros dejo escapar 4,5 millones metros cúbicos de agua contaminada, tuvo consecuencias ambientales difícilmente medibles. En 2018, un incidente similar en Brumadinho, Brasil, obtuvo la atención internacional con imágenes terribles del derrame que costó la vida de entre 130 y 250 personas, además de contaminar más de 300 km de ríos y modificar significativamente su ecosistema. Al inicio de la pandemia, la ruptura de un oleoducto en Ecuador contaminó un río afectando a aproximadamente 118 000 personas según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual subrayaba que el Estado y la empresa operadora de la tubería tomaron hasta 10 días para llevar agua potable a las comunidades afectadas [xx].

Estos eventos tienen consecuencias irreversibles, y la profundización del extractivismo con menos controles por parte del Estado anuncia la multiplicación de casos dramáticos como estos. De la misma manera que el colonialismo europeo en la región, las destrucciones resultantes del extractivismo son irreversibles, e inolvidables.

Resistencias y represión

En todos los países estudiados, hemos encontrado signos fuertes de resistencia por parte de las comunidades afectadas, de ambientalistas, y de organizaciones de varias tendencias políticas, así como indicios indudables del fortalecimiento de solidaridades internacionales respeto al tema. Como parte de la terapia de shock extractivista, la alianza entre empresas extractivas-Estado, combate estas resistencias mediante la consolidación de su discurso que presenta al sector como salvador frente a las crisis, la represión y persecución de opositores, y la desregulación permisiva que facilita la profundización de la colonización extractivista del territorio.

Pero las alternativas existen tanto para la salud como para la economía. Durante la pandemia, se han visto en el Ecuador campesinos indígenas que, pese a haber perdido su acceso a los mercados públicos por el confinamiento, decidieron dar productos en barrios pobres para proveer de alimentos a los más afectados. Otro ejemplo es la comunidad de Putaendo en Chile organizó marchas y eventos durante la pandemia para oponerse a los avances del proyecto minero Vizcachitas de la Andes Copper. Así como estos, podemos encontrar múltiples ejemplos en varias regiones del continente, donde comunidades indígenas, campesinas y rurales gestionaron el riesgo de la pandemia mediante respuestas comunitarias. Los movimientos socioambientales de defensa del territorio crean espacios para voces diversas que debaten sobre el bien común, y la coyuntura actual también ha abierto nuevos espacios y oportunidades de colaboración. Es decir: hay resistencias y hay propuestas alternativas que emergen desde los pueblos.

 Al nivel regional, un grupo variado de intelectuales presentó el Nuevo Pacto Ecosocial del Sur, una invitación a que las organizaciones y comunidades sumen sus esfuerzos para producir una respuesta contra terapia de shock, basada en la justicia social, de género, étnica y ecológica [xxi]. Esta iniciativa resalta cómo la pandemia reveló la falsa y repetida consigna de que la economía de mercado es imparable. Durante la pandemia, no sólo se paró la actividad productiva en varios sectores, también muchas fábricas convirtieron su producción para responder a las necesidades del momento. Si ha sido posible parar y reorientar la economía en tiempo de pandemia, es posible hacerlo en cualquier momento.

En vez de entender este llamado al cambio como una difícil pero necesaria reorientación de nuestras relaciones con el medio ambiente y la economía, los gobiernos aliados a las empresas extractivas eligieron la vía fácil del discurso mágico del salvador extractivista. Y para sostenerlo tuvieron que recurrir, rápidamente, a la fuerza para callar los opositores. Las noticias de represión, y de protección policial y militar a las empresas, nos vienen de todos los rincones del continente.

Contra las “salidas fáciles” y las falsas promesas

Nos corresponde producir, debatir y difundir otras narrativas a la del discurso articulador de la terapia de shock extractivista, que ha sido producidas por aquellas empresas que se presentan como salvadoras. El extractivismo no va a excavar un túnel de escape frente a las crisis actuales. La pandemia y sus consecuencias no son agentes externos a nuestra realidad que vinieron interrumpir nuestra normalidad: en buena parte es el producto de aquella normalidad.

Más allá de los casos de corrupción, no es simple entender por qué hay un consenso de los gobiernos de diversos matices sobre la necesidad del extractivismo [xxii], ni cómo el sector logra tal penetración política. Un elemento de respuesta reside en la promesa de una “salida fácil” e indolora a la crisis multidimensional que enfrentan todas las sociedades de nuestro continente. El sector promete ingresos fiscales que no requieren que los gobiernos se enfrenten a las élites económicas nacionales para redistribuir una parte de sus riquezas. El sector es tan lucrativo que permite el pago de rentas que parecen importantes. Impulsar el sector evita una pelea contra los gobiernos del Norte global que apoyan ampliamente a las empresas extractivas, la mayoría ubicadas legalmente en sus territorios. La única pelea que genera el extractivismo es contra las comunidades locales, y se puede tornar en una confrontación de pueblo contra pueblo, contraponiendo los potenciales beneficios económicos del sector presentado como salvador frente a las crisis, al “inmovilismo” de los opositores. Sin embargo, el carácter multidimensional de las crisis (económica, ambiental, social y política) revelado por la pandemia no da para este tipo de facilidad, y requiere de soluciones complejas que reorganicen lo contagioso-tóxico de nuestra relación a la economía y el medio ambiente. Ver lo ilusorio y lo peligroso de las promesas del sector extractivo presentado como salvador frente tanto a la crisis económica como pandémica es un paso importante. El próximo paso es que la organización y la movilización de las comunidades logre transformar a los sectores populares en una fuerza más poderosa que aquella acumulada por las élites y las empresas extractivas con sus discursos de que el extractivismo se ha mutado en una industria “virtuosa, inclusiva, y sustentable” [xxiii] que permite vencer pandemias.

A la hora de soñar con una nueva normalidad, que incluiría otra economía y un mayor cuidado del planeta, nos despierta la pesadilla de la realidad, donde domina la normalidad y donde lo nuevo toma la forma de una terapia de shock extractivista impuesta con el mayor grado de autoritarismo adquirido por los sistemas políticos del continente. La promesa que las rentas del sector podrán solucionar la crisis económica es falsa, y las empresas extractivas, siendo parte del problema, nunca van a ser parte de la solución. La destrucción causada por los afanes que guiaban la colonización europea no va a ser la salvación hoy, así como no lo fue para los pueblos indígenas hace 500 años.

Texto escrito con la colaboración de James Alejandro Artiga-Purcell y Alejandra Watanabe-Farro  [i] para el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del extractivismo, Universidad de California en Santa Cruz

Referencias:

[i] En junio, el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del extractivismo organizó un webminario que contó con la participación de Constanza San Juan, de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto de ChilePedro Landa del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Honduras, y Blanca Chancosode la CONAIE del Ecuador. Las tendencias identificadas en este artículo surgieron de esta conversación, y muchos de los ejemplos relatados inspirados de aquella. Agradecemos a Fernando Leiva, del grupo de investigación, por su apoyo en la conceptualización de este texto, sus comentarios y revisiones.

[ii] Los distintos poderes coloniales adoptaron diferentes estrategias de colonización. Sin embargo, su impacto sobre las poblaciones que ocupaban el territorio es complementario.

[iii] Organizaciones de Canadá, Estados Unidos y Gran Britania llegaron a conclusiones similares en una investigación basada en la revisión de casi 500 artículos de fuentes periodísticas: Voces desde el territorio disponible en: <https://miningwatch.ca/sites/default/files/voces_desde_el_territorio_final.pdf>

[iv] Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine. New York: Metropolitan Books.

[v] Ver el sitio web de Barrick Gold  <https://www.barrick.com/English/about/covid-19/default.aspx>.

[vi] Ver el sitio web de Newmont: < https://www.newmont.com/operations-and-projects/health-and-safety/default.aspx>.

[vii] Ver el comunicado de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto sobre el tema :  https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/

[viii] Ver las múltiples ocurrencias en los hilos tweeter de LundinGolg y Ecuacorriente, por ejemplo: < https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1277700961222393856?s=20>

y < https://twitter.com/CorrienteEcua/status/1283401420591554561?s=20>

[ix] “Ministerio de Minería anuncia que mineras ya pueden utilizar seguros de garantía para sus planes de cierre de faenas”, Portal minero, 06/07/2020: < https://www.portalminero.com/wp/ministerio-de-mineria-anuncia-que-mineras-ya-pueden-utilizar-seguros-de-garantia-para-sus-planes-de-cierre-de-faenas/>.

[x] Mccopa, “Minería salvará economía peruana de la recesión”. Minería Pan-Americana, 20/08/2020. < https://www.mineria-pa.com/noticias/mineria-salvara-economia-peruana-de-la-recesion/>.

[xi] Alexandre Shield, “Forages en mer exemptés d’une évaluation environnementale”,Le Devoir, 5/06/2020, < https://www.ledevoir.com/societe/environnement/580160/forages-en-mer-exemptes-d-une-evaluation-environnementale>.

[xii] Ver el comunicado del gobierno canadiense: < https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2020…nt-visant-a-ameliorer-le-processus-dexamen-du-forage-exploratoi.html>.

[xiii] Denunciado por la Asamblea por el Agua del Guasco Alto < https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/>

[xiv] < https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1242861473241747458?s=20>

[xv] < https://twitter.com/Ian_H_Lundin/status/1274799403451244557?s=20>

[xvi] Movimiento Socio-Ambiental del Huasco: «La gran minería primero nos mata por contaminación, ahora nos mata por Covid», 29/06/2020. < https://www.facebook.com/AsambleaGuascoAlto/posts/2664294710476714>.

[xvii] El Informe “Voces del territorio” (op. cit.) identificó casos claros en Brazil, Canadá y Panamá donde la contaminación de trabajadores en las minas afectó las comunidades adyacentes a las minas.

[xviii] Quijano, Aníbal. 2014. Cuestiones y Horizontes. De la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Decolonialidad del Poder. Editado por Danilo Assis Clímaco. Antologías. Buenos Aires: CLACSO.

[xix] Citado en Emiliano Terán Mantovani, “Coordenadas del extractivismo en la pandemia en A. Latina”, ALAI, 27/07/2020. < https://www.alainet.org/es/articulo/208103?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina>.

[xx] Comunicado de la CONAIE “René Ortiz impulsará la minería a gran escala en medio de covid 19”, 23/04/2020.< https://conaie.org/2020/04/23/gobierno-de-ecuador-reforzara-politicas-extractivistas-en-medio-de-covid-19/>.

[xxi] <  https://pactoecosocialdelsur.com>

[xxii] Svampa, Maristella. 2013. “«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina”. Nueva Sociedad 244: 30–46.

[xxiii] Carolina Pizarro, “El futuro de la minería al 2035” La Tercera,11/01/2015. < https://www.latercera.com/noticia/el-futuro-de-la-mineria-al-2035/>

Fuente: Rebelión

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Entrevista a Enrique Viale: «Los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de la contaminación ambiental en Argentina»

Por:  Guillermo Cichello

 

Cuando se desarrollaba la Cuarta Cumbre sobre el Cambio Climático en el entonces Centro Municipal de Exposiciones, al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, alguien le dijo a un estudiante de abogacía que miraba en los pasillos: “¿Querés entrar?”. Y entró. Era el año 1998 y el estudiante era Enrique “Quique” Viale. “Siempre supe que el derecho no lo iba a ejercer de manera normal, sino relacionándolo con lo social. En ese momento le encontré una vuelta de tuerca: lo socio-ambiental. Ahí me empecé a interesar”.

Unos años después de esa entrada, Viale fundaba la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (2004), asesoraba a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, litigaba en numerosas causas por daño y recomposición ambiental contra la Barrick (como abogado de la Asamblea del pueblo de Jáchal, San Juan, por los derrames de cianuro en la mina Veladero), contra Monsanto, Chevron, el grupo inmobiliario IRSA, o participaba en la histórica causa que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

“Cuando egresé en el año 2000 hice un postgrado llamado Régimen Jurídico de los Recursos Naturales y empecé a contactarme con asambleas de distintas partes del país que venían luchando contra la megaminería, etc. Me especialicé a la fuerza”.

Atravesamos un año absolutamente excepcional para los debates socio-ambientales; no sólo por la irrupción de la pandemia del COVID-19 que al interrogar sus causas es imposible no hacer foco en la depredación de la naturaleza, sino por la multitudinaria movilización en defensa del agua a principios de año en Mendoza, por el intenso debate sobre la posible instalación de mega-factorías de cerdos debido a la peste que diezmó la población porcina de China, y –por estas horas, con el humo en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe- con el debate de una ley de humedales que ponga límite a los demenciales incendios promovidos por productores rurales.

Por eso nos resultó propicia la ocasión para sostener una conversación con Enrique Viale.

-Tal vez no es tan conocido un pronunciamiento muy lúcido de Perón del año 1972 sobre la cuestión ambiental. Más allá de aquel mensaje, ¿cómo pensás la relación que existe entre la cuestión ambiental y los partidos que a grandes rasgos podríamos inscribir en la tradición del peronismo, los movimientos nacionales y populares, los partidos progresistas, etc.?

“El pronunciamiento de Perón de 1972 ante la Cumbre de la Tierra, en Estocolmo, es un documento que no sólo mantiene actualidad en 2020, sino que es de vanguardia. Lamento que no sea tan conocido, incluso dentro del peronismo; pareciera que en el peronismo no pudiera haber una corriente que pudiera ver este tema con otros ojos. El documento es de una potencia extraordinaria, de una visión de estadista única, que anticipaba cada uno de los conflictos y nos señalaba además cómo superarlos. Salvo Pino Solanas y algún otro, la verdad que dentro del peronismo se han hecho y se hacen bastante los tontos con ese documento. Hay gente joven que le está hoy dando una vuelta de tuerca, como Leonardo Groso (presidente de la comisión de Ambiente en la Cámara de Diputados de la Nación) etc., pero la mayoría mira para otro lado. Ese documento es complementado con la encíclica Laudato si, del papa Francisco, del año 2015: uno de los documentos más extraordinarios del siglo XXI, con una fuerte inspiración en esa carta de Perón. Es muy interesante. Le cuesta a los progresismos darse cuenta de esto porque tienen esa vieja creencia -superada hace 30 años (incluso el documento de Perón la supera)-, de que primero tenemos que atender lo social y después veremos lo ambiental, como si no tuvieran las mismas causas, como si las causas de la degradación ambiental no fueran las causas de la degradación social, como si los mapas de la pobreza no coincidieran con los mapas de la contaminación, como si no conocieran la historia de América Latina y su rol de exportadora de naturaleza, una historia de saqueo y contaminación. Eso es lo que realmente me preocupa y me alarma”.

– Asistimos a un debate interesante en la Argentina y en el mundo que conjuga la justicia social, los derechos a una distribución de la riqueza, con la protección del ambiente, ¿podemos definir que estamos ante el nacimiento de un ambientalismo popular? Y, en su caso, ¿en qué consiste para vos?

“Creo que el ambientalismo popular nació hace mucho tiempo; estaba concentrado o resultó difícil popularizarlo, pero fue la experiencia de las asambleas ciudadanas en muchos países, de los campesinos y las comunidades indígenas que vienen luchando y defendiendo su territorio. Esto tiene una larga historia no sólo en nuestro país, sino en toda América Latina. No es casual que América Latina sea la región donde más defensores ambientales o defensores de la naturaleza han sido asesinados. Muere asesinado uno cada dos días. Una locura. Este ambientalismo popular existe. Muchas veces es ninguneado por la prensa hegemónica, pero también por los sectores progresistas que lo relativizan. En el último tiempo esto ha empezado a cambiar y ya no es tan fácil ridiculizar ni invisibilizar a estos sectores”.

-Por estos días, adquirió cierta relevancia pública un acuerdo con China para la instalación de granjas industriales de cerdos –debido a la proliferación en aquel país de la peste porcina africana que diezmó su población porcina. Tu visión de esta perspectiva.

“Lo que trascendió del acuerdo con China para la instalación de mega-factorías de cerdos en nuestro país, realmente nos alarma, nos asusta y por eso iniciamos una campaña para ponerle luz pública y promover un debate nacional en ese sentido. Ni siquiera es que China les va a comprar a nuestros productores más carne y así aumentar nuestras exportaciones, sino que China quiere instalar, como enclaves de exportación, estas mega-factorías de carne porcina. Lo que implica varias capas de alarma. La primera es que estamos en el medio, sufriendo la peor parte de una pandemia, de un virus zoonótico, de un virus que saltó de los animales a los humanos por este tipo de producciones. ¿En este contexto nosotros vamos a instalar aquí esas fábricas de pandemias? Mega-granjas con miles y miles de animales hacinados, ¿nos parece razonable o por lo menos merecería un debate público? Otra capa es seguir con la misma historia: primarizar nuestra economía como la única forma de desarrollo. No hay creatividad en buscar otras formas o posibilidades de superar nuestros índices de pobreza que se ven acentuados, obviamente, por la pandemia, en todo el mundo y en la Argentina también. Esto preocupa porque parece que deberíamos acentuar las cosas que nos trajeron hasta acá. Para salir de la pobreza que aparejó el modelo primario del agronegocio, megaminería y fracking, la solución sería más agronegocio más megaminería y más fracking. Es para pensarlo”.

– La pandemia del Covid-19 representa una oportunidad para repensar las cuestiones ambientales, ya que se escuchan voces que ligan esta enfermedad a la devastación del planeta. Más allá de la ansiosa y entendible espera de una vacuna que ponga fin a la pandemia, ¿en dónde para vos es conveniente poner el foco para profundizar en la reflexión de sus causas o de las causas de futuras pandemias?

“Cuando empezó esto, en las primeras semanas empezamos a reflexionar con Maristella Svampa (con quien estamos por sacar juntos un libro en septiembre). La pandemia nos hace pensar nuestra propia existencia y teniendo en cuenta que el virus reconoce claros orígenes en la degradación socio-ambiental, esto nos debería además permitir reflexionar sobre nuestros medios de vida, sobre nuestros modos de producción y sobre nuestro modo de relacionarnos con la naturaleza. Propusimos entonces juntar justicia social con justicia ecológica y plantear un gran Pacto Eco-social y Económico para la post-pandemia, acordado por toda la sociedad y el Estado, consistente en cinco puntos. No es para nada un pacto verde, ecológico, solamente, sino que lo primero que plantea es un Ingreso Ciudadano Universal para que toda persona por el sólo hecho de existir pueda tener una mínima renta para garantizar sus condiciones dignas de vida. También propusimos una auditoría y suspensión de la deuda externa, repensar el modelo tributario argentino que es absolutamente injusto y promover –es el momento- un impuesto a las grandes fortunas. También un sistema nacional de cuidados para cuidar a los sectores más vulnerables de la sociedad, tan importante en estos momentos y proporcionalmente tan injusto al recaer sobre las mujeres. Y el quinto punto –el más ecológico, si se quiere- es una transformación socio-ecológica radical. Nosotros creemos que puede contribuir a la recuperación económica transformar nuestros sistemas de vida, nuestras formas de habitar el país –un país absolutamente urbano con el 92 % de la población que vive en ciudades (el promedio mundial es del 54 %), lo cual es absolutamente inviable. Hay que generar condiciones para la vuelta a las pequeñas y medianas localidades, generando cordones agroecológicos en las ciudades que den trabajo, arraigo y una mejor educación y salud. Tenemos que garantizar que la gente no tenga que venir a hacinarse en las grandes ciudades, justamente donde estamos viviendo las peores consecuencias de la pandemia, como el área metropolitana de Buenos Aires. Es el momento de esto y de una transformación del sistema energético que puede generar miles de puestos de trabajo. Repensar nuestros modelos productivos es clave».

Fuente e imagen:  Diario Registrado

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Docentes Adrianistas: Centros educativos son susceptibles ante cualquier epidemia. Venezuela

América del Sur/Venezuela/14-03-2020/Autor(a) y Fuente: diariodelosandes.com

Yanara Vivas .-Los grandes focos de contaminación que rodean varias escuelas del municipio Alberto Adriani, aunado a los casi dos meses con fallas de agua potable, baños putrefactos, preparación de alimentos con agua almacenada y transportada hasta las cocinas en baldes, elevan el alerta ante las desfavorables condiciones sanitarias para el sector educativo, con la proliferación de mosquitos, zancudos portadores de enfermedades y como si fuese poco, también el coronavirus que ha llegado formalmente, al país causando pánico en los ciudadanos, denunció Leopoldo Quiñonez, responsable de Educación de la coordinación de Trabajadores de Voluntad Popular en Alberto Adriani.

Profesor Leopoldo Quiñonez
Fotos Cortesía

“La cuarentena es necesaria se cumpla como prevención ante el coronavirus, pero que pasa con otras enfermedades sin las medidas de salubridad correspondientes. Se necesitan cloro, jabón, agua y fumigar toda la estructura del sistema educativo” explicó Quiñonez, preocupado ante el incumplimiento por parte del Ministerio responsable de la educación de los menores, dirigido por Aristóbulo Istúris, asegurando “las instituciones no han recibido atención, siendo los padres, representantes y docentes quienes, desde hace 12 años, vienen colaborando para mantener mínimas condiciones de higiene en las escuelas y liceos”

Para Leopoldo Quiñonez, la educación en zonas rurales es la más afectada pues acumula 15 años sin atención a las infraestructuras, no cuentan muchas de ellas con agua potable, sistema de cloacas funcionales, existe hacinamiento, plagas de insectos y roedores y donde la falta de gas doméstico obliga a las familias a cocinar con leña, causando problemas respiratorios, siendo los menores los más afectados. Finalizó Quiñonez expresando su preocupación por la violación constante de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fuente e Imagen: https://diariodelosandes.com/site/docentes-adrianistas-centros-educativos-son-susceptibles-ante-cualquier-epidemia/

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La contaminación por la quema de carbón, petróleo y gas provoca 4,5 millones de muertes al año en todo el mundo, según Greenpeace

Por: Tercera Información

  • Costes económicos: la contaminación causada por combustibles fósiles cuesta 2,9 billones de dólares al año en todo el mundo (3,3% del PIB mundial) y 23.631 millones de dólares al año en España (1,68% del PIB).

  • Unos 40.000 niños fallecen anualmente en el mundo antes de cumplir 5 años por la exposición a micropartículas (PM2.5) procedentes de los combustibles fósiles.

  • El estudio, elaborado por Greenpeace y el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA), analiza por primera vez el coste global de la contaminación causada por los combustibles fósiles.

La contaminación del aire por la quema de combustibles fósiles -principalmente carbón, petróleo y gas- está detrás de alrededor de 4,5 millones de muertes anuales en todo el mundo y genera unas pérdidas económicas estimadas en 2,9 billones de dólares, lo que equivale a aproximadamente un 3,3% del PIB mundial. Así lo revela un informe elaborado por Greenpeace y el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA)el primero que analiza de esta forma el coste global de la contaminación procedente de los combustibles fósiles, considerando tanto los costes sanitarios adicionales como los días perdidos por baja por enfermedad o muerte prematura en relación a la demografía de cada país.

“La contaminación del aire es una amenaza a nuestra salud y a nuestra economía. Cada año, la contaminación generada por los combustibles fósiles se lleva millones de vidas e incrementa los riesgos de padecer ataques, cáncer de pulmón y asma, además de costarnos billones de dólares”, afirma Minwoo Son, responsable de la campaña Aire Limpio en Greenpeace Sudeste Asiático. “Pero es un problema que sabemos cómo resolver: evolucionando hacia fuentes renovables de energía, poniendo fin a los coches diésel y gasolina y fomentando el transporte público”, añade Son.

Entre los datos que expone el estudio, destaca que alrededor de 40.000 niños fallecen anualmente antes de cumplir los 5 años por la exposición a micropartículas (PM2.5) procedentes de los combustibles fósiles. Además, el dióxido de nitrógeno (NO2) procedente de los vehículos de combustión y las centrales eléctricas está vinculado a unos cuatro millones de nuevos casos de asma infantil cada año, con aproximadamente 16 millones de menores afectados por asma por la exposición a NO2.

Greenpeace resalta que acabar con los combustibles fósiles conllevaría importantes beneficios sanitarios y económicos: según un estudio publicado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, cada dólar invertido bajo la Ley de Aire Limpio en dicho país generó al menos 30 dólares de beneficio. De forma similar, el “día sin coches” semanal de Bogotá (Colombia) registró entre 3,20 y 4,30 dólares en beneficios sanitarios por cada dólar invertido en el programa, de acuerdo a un estudio publicado en la revista Journal of Urban Health (1).

Costes en España y la UE

Aunque la China continental, India y Estados Unidos sean las regiones que más costes asumen por su mala calidad del aire, los países de la Unión Europea no son en absoluto ajenos a los impactos derivados de la contaminación de los combustibles fósiles. El informe elaborado por Greenpeace y CREA estima en 398.000 las muertes prematuras en la UE vinculadas a enfermedades causadas por la quema de carbón y derivados del petróleo, como la gasolina o el diésel.

En el caso de España, el coste total de la contaminación causada por los combustibles fósiles se calcula en 23.631 millones de dólares anuales en el escenario más probable, lo que equivale al 1,68% del PIB nacional. Al igual que sucede en el cómputo global, se desglosan los costes derivados de la contaminación por micropartículas, ozono y dióxido de nitrógeno.

Los reiterados incumplimientos en los niveles máximos de este último contaminante, que procede fundamentalmente de los automóviles de combustión, han provocado que la Comisión Europea lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2). España se enfrenta así a sanciones millonarias por la inacción de los sucesivos gobiernos para garantizar los valores de calidad del aire jurídicamente vinculantes desde 2010.

“Diez años después de la entrada en vigor de la directiva europea, España sigue incumpliendo los niveles máximos de NO2, poniendo así en riesgo hasta 35.000 vidas al año. Pese al enorme coste económico y social que tiene la contaminación, todavía hay administraciones que siguen promoviendo el uso de combustibles fósiles: incentivando el uso del coche en las ciudades, amparando la construcción de nuevos aeropuertos o retrasando el cierre de centrales térmicas, lo que pone en riesgo no solo nuestra salud, sino también la necesaria reducción de emisiones para hacer frente a la crisis climática”, asegura Adrián Fernández, responsable de Movilidad de Greenpeace.

La organización ecologista recuerda que los sectores del transporte y la generación de energía eléctrica son los principales causantes de la contaminación atmosférica y exige a los gobiernos que tomen las medidas necesarias para limitar el uso de combustibles fósiles y evitar así que la población siga respirando un aire tóxico.

Más información:

Informe completo en inglés aquí

Resumen ejecutivo en español aquí

Notas:

(1) Montes, F. et al. Do Health Benefits Outweigh the Costs of Mass Recreational Programs? An Economic Analysis of Four Ciclovía Programs. J. Urban Health 89, 153–170 (2012).

(2) La Comisión remite a Bulgaria y España ante el Tribunal por no proteger a sus ciudadanos contra la mala calidad del aire. Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_4256.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/02/12/la-contaminacion-por-la-quema-de-carbon-petroleo-y-gas-provoca-45-millones-de-muertes-al-ano-en-todo-el-mundo-segun-greenpeace

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