Honduras sigue con sus venas abiertas

Por: Giorgio Trucchi

En Honduras no para la ofensiva contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes. La última víctima es Juan Carlos Cerros Escalante, dirigente indígena Lenca y ambientalista.

Cerros fue ultimado de varios disparos por desconocidos la noche del domingo pasado en la comunidad Nueva Granada, ubicada entre los municipios de Chinda (Santa Barbara) y San Antonio (Cortés), mientras regresaba a su casa acompañado por sus hijos.

Según la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), al momento de su asesinato, Juan Carlos Cerros se desempeñaba como coordinador de la organización Comunidades Unidas.

Junto a otros grupos luchaba contra la instalación del proyecto hidroeléctrico “El Tornillito”, sobre el río Ulua, una obra que amenaza con desaparecer gran parte del territorio municipal de Chinda y desplazar a una gran cantidad de familias.

Responsable de la construcción de “El Tornillito” es la empresa hondureña Hidroeléctrica El Volcán S.A. de C.V. (Hidrovolcán), que es parte del grupo Inversiones y Representaciones Electromecánicas S.A. de C.V. (Iresa).

“Hablar de Juan Carlos es hablar de una persona comprometida desde siempre con su comunidad, que se involucra con el tema de la defensa ambiental en virtud del otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico”, dijo a La RelBetty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).

Para Vásquez, el modelo extractivo de despojo y desplazamiento forzado que se ha implementado en Honduras después del golpe de Estado de 2009, representa una amenaza muy fuerte para los territorios, en especial para el occidente del país y el pueblo Lenca.

Criminalización, persecución, conflictividad y división comunitaria son solamente algunos de los efectos nefastos que generan estas empresas.

Juan Carlos Cerros era beneficiario de medidas de protección, tras sufrir un atentado en 2019 que lo obligó a abandonar temporalmente la comunidad.

“Él era una amenaza por este sistema explotador y su vida estaba en riesgo. Condenamos y denunciamos que se trata de un asesinato político, perpetrado para sembrar el miedo y bajar la resistencia autentica y legítima de la población de Chinda.

Vamos a seguir luchando para defender nuestro territorio, nuestros ríos, nuestra agua, porque nos pertenecen, porque son parte inescindible de nuestra cultura y cosmovisión indígena”, aseveró la coordinadora del MAS.

Hasta el momento se conoce que hay una persona capturada.

“Exigimos que se esclarezcan los hechos, que haya un debido proceso y una pronta justicia. Hay que parar la persecución y represión contra defensores y defensoras. Hay que parar la impunidad.

Vamos a seguir sembrando lucha y esperanza, exigiendo justicia para Juan Carlos y por todos los caídos en el marco de la defensa territorial”, concluyó Vásquez.

Las cifras de la vergüenza

De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness “Defender el mañana”1Honduras en 2019 se posicionó como el quinto país más letal al mundo para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.

Un total de 26 personas defensoras han sido asesinadas en los últimos dos años. Son al menos 39 las que han perdido la vida de manera violenta después del asesinato de la lideresa indígena y luchadora social Berta Cáceres (2016), más de 150 en la última década.

La impunidad es casi absoluta.

1 – Informe de Global Witness

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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Disputas por el Territorio, Tensiones entre la Guerra y la Paz

Por: Yani Vallejo Duque* Y Alfonso Insuasty Rodríguez**

Juicio histórico contra el Estado colombiano: genocidio político, crímenes contra la paz y la impunidad

En Colombia, de manera particular, se ha aplicado toda una tecnología refinada del exterminio, una sumatoria de prácticas sociales genocidas que han desplegado y desarrollado la aplicación de toda una tecnología del poder y la dominación.

Por genocidio político nos referimos a esa variada aplicación de estrategias para invisibilizar, aislar, estigmatizar, moralizar, anular, criminalizar y eliminar formas de pensar diferentes a las posturas económicas, culturales y políticas de las élites dominantes, prácticas que se suman a la constante eliminación física.

La amenaza, el exilio, la criminalización, el señalamiento, el olvido, falsear la historia, la creación de un enemigo interno, el control editorial de los medios masivos de información encargados de construir relatos e imaginarios de verdad a la medida del poder instituido, el control académico e investigativo en los centros universitarios, la pauperización, la negación de un futuro laboral, la presión a redes familiares y un largo etcétera se suman a éstas tecnologías del poder y la dominación.

La historia política de Colombia ha estado marcada por un constante e innegable ataque a los trabajadores sindicalizados, organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, cooperativas territoriales autónomas, procesos académicos universitarios, docentes, investigadores, comunicadores, organizaciones urbanas, estudiantiles, partidos políticos como la UP, A Luchar, Movimientos Cívicos, defensores y defensoras del medio ambiente, entre otras organizaciones que por sus posturas, su defensa de los derechos, por la búsqueda de mejores condiciones de vida, por oponerse a la imposición de un modelo de desarrollo devorador, sufren la aplicación constante de esa Tecnología del Horror.

Un ejemplo claro lo evidencia un informe de la Escuela Nacional Sindical que da cuenta de ello:

Los patrones de la violencia antisindical y de la causa de la estigmatización. “La creación y consolidación de imaginarios, discursos, prácticas y representaciones, ha contribuido a tejer toda una urdimbre de significaciones negativas sobre el sindicalismo.” En el país existe una especie de “cultura antisindical” que señala y estigmatiza a los y las trabajadoras que hacen parte de un sindicato. En conclusión, se ve al sindicalismo cómo algo negativo y amenazante por parte de un sector de la sociedad colombiana, los que históricamente han tenido el poder. (ENS, 2020)

Esto sumado a la eliminación física consistente y estructural, las cifras así lo muestran, entre enero de 1971 y 2018:

Fuente: ENS, 2020.

Sindicatos como la Federación de educadores FECODE, y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, son los que más han padecido estas que podremos llamar: “prácticas genocidas instituidas”.

Hoy luego de la firma de un importante acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, estas prácticas genocidas instituidas no se detuvieron, por el contrario, se han refinado y se han incrementado. La ONG Indepaz da cuenta que, solo en el 2021 de enero a la fecha, han sido asesinados 24 líderes sociales y 9 excombatientes (Indepaz, 2021), desde la firma del acuerdo de Paz en el año 2016 hasta el 10 de diciembre de 2020 habían sido asesinados 1.088 líderes lideresas sociales. (Indepaz, 2020)

Es evidente que existe una reingeniería del paramilitarismo post acuerdo, en la búsqueda de la captura de territorios estratégicos para anclarlos a los proyectos del llamado “desarrollo” (Insuasty Rodríguez, 2017).

Además, de manera general como sociedad, hemos estado sometidos a unas estructuras injustas de orden económico, político, cultural y militar, un entramado que a modo de hidra de mil cabezas que combina sectores del empresariado, mafias, paramilitares, clanes políticos y Estado, todos unidos desplegando una dinámica criminal nefasta de control y reordenamiento social y territorial a la medida, así mismo, se nos imponen relaciones internacionales abiertamente injustas que han provocado atentados aleves contra la vida, las comunidades, los territorios en tanto generan condiciones de hambre, falta de empleo, pauperización y de una abierta impunidad.

Pero estas estructuras no se dan de la nada, son provocadas, se constituyen de suyo en un crimen estructural en tanto provocan la muerte lenta y continuo de capas sociales sometidas al hambre al desempleo y a la falta de recursos para proteger la salud y para educarse, así mismo devoran el medio ambiente poniendo en riesgo los derechos incluso, de las generaciones futuras.

Las estructuras represivas hoy, siguen vigentes y se han conservado tras ropajes jurídicos, discursivos, mediáticos, técnicas institucionales del encubrimiento, la captura política de las instituciones de justicia, el fuero militar, el secreto de estado arropados bajo el concepto de “seguridad nacional” y más recientemente la toma y captura de las instituciones destinadas a la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto (Insuasty Rodríguez, Reconfigurar el sentir-pensar de la sociedad. Propósito de las élites. Colombia, 2020).

Vale agregar a este contexto que, las investigaciones de Transparencia y Fiscalía a octubre de 2019 revelaron que la impunidad en el país llegaba a un 94 %, una situación mucho más preocupante de lo que parecía ser. (Gossain, 2019)

En este contexto, en Colombia, gracias al empuje de las organizaciones sociales, sindicales, populares, eclesiales, entre otras, se ha logrado la realización en Colombia de las Sesión número 48° del Tribunal Permanente de los Pueblos, para Juzgar al Estado Colombiano por los crímenes de: Genocidio Político, Crímenes contra la Paz e Impunidad.

Vale recordar que, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un organismo internacional no gubernamental que se establece en el año 1979, como institución que tiene como misión específica la de transformar en permanente la función que había sido la de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976): garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional. El derecho internacional es sin lugar a duda un orden imperfecto, en desarrollo. Aún después de la institución de la Corte Penal Internacional, que ha excluido de su competencia los crímenes económicos, para muchas y quizás la mayoría de las acciones que se producen o coinciden con la violación de los derechos de vida de poblaciones no existe la posibilidad de formular juicios que tengan efectividad. Es el caso específico de todo el ámbito que se refiere a los crímenes de raíces y mecanismos económicos, que a lo largo de los últimos veinte años se han transformado visiblemente en una de las causas principales y más dramáticas de las violaciones de los derechos humanos. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2008)

Si los Estados no proceden, le corresponde al pueblo organizado hacer lo propio, se trata de un tribunal de opinión que ha permitido visibilizar graves violaciones de los derechos humanos y de los pueblos, aun superando el yugo de estructuras sociales y Estatales marcadas por la negación de la democracia, la justicia, la verdad, ha permitido incluso equilibrar la dura balanza del poder y la aplicación de justicia, sus fallos han sido de especial relevancia para la comprensión de la realidad y para marcar la ruta en el camino de la protección de los derechos de los pueblos, examinando los casos de violaciones grave y sistemática de los derechos humanos cometidos por los Estados y Empresas Transnacionales. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2015)

En Colombia ya se han realizado dos sesiones anteriores:

Sesión Número 16 TPP: La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en in América Latina (Bogotá, 22-25 de abril de 1991) Descarga la Sentencia aquí.

Sesión Número 33 TPPEmpresas trasnacionales y derechos de los pueblos en Colombia (Colombia, 2006-2008) Descarga las Sentencias de las audiencias preliminares y de la sesión final 

Este primer semestre de 2021 se realizará la versión número 48, la tercera en Colombia.

Resulta ser de vital importancia por el momento de rebrote de la violencia como ejercicio de exterminio de toda capacidad organizativa de las comunidades para defender sus derechos, territorios, contra toda postura política incómoda para el orden establecido.

Paralelo se han venido desarrollando eventos de especial relevancia, como la Audiencia Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH por el Caso del Genocidio del partido político Unión Patriótica realizado en el mes de febrero de 2021 (El Espectador, 2021), así mismo la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP ha venido, a pesar de los constantes ataques de los sectores empresariales y políticos de extrema derecha concentrados en el Partido Centro Democrático, importantes y duras declaraciones como en el caso 003 conocido como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” nombrado de manera coloquial como Falsos Positivos, reconociendo a la fecha, la cifra de 6.402 civiles asesinados de forma aleve por las fuerzas militares y hechos pasar falsamente como dados de baja en combate, crímenes aleves cometidos entre 2002 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una falta grave a la moral y la ética humana. (JEP, 2021)

Este año 2021, se espera que para el mes de noviembre se hagan públicos los informes de la Comisión de la Verdad creada en el marco del acuerdo de Paz firmado entre las Farc y el estado colombiano. Se agrega que estamos en pleno año preelectoral, la situación estará bastante movida y compleja.

Se espera así que este Tribunas de los Pueblos aporte de manera significativa en la reconstrucción de una verdad verdadera, que permita reconocer las dinámicas, actores y sistematicidad de esta violencia genocida que ha marcado la historia de Colombia.

Referencias

El Espectador. (10 de febrero de 2021). “Hubo una posibilidad de matar impunemente”: perito sobre exterminio de la UniónPatriótica. Obtenido de El Espectador: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8297-hubo-una-posibilidad-de-matar-impunemente-perito-sobre-exterminio-de-la-union-patriotica

ENS. (07 de 10 de 2020). ¿Por qué y para qué la violencia antisindical en Colombia? Obtenido de Escuela Nacional Sindical : https://ail.ens.org.co/informe-especial/por-que-y-para-que-la-violencia-antisindical-en-colombia/

Gossain, J. (2 de octubre de 2019). De cada cien delitos, en Colombia solo se castigan seis. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/colombia-de-cada-cien-delitos-solo-se-castigan-seis-419136

Indepaz. (10 de diciembre de 2020). Informe de líderes y personas defensoras de derechos humanos asesinados despues del acuerdo de Paz. Colombia. Obtenido de Indepaz: http://www.indepaz.org.co/pazparaliderar/

Indepaz. (19 de febrero de 2021). Líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz asesinados 2021. Obtenido de Indepaz: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

Insuasty Rodríguez, A. (2017). ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo? El Ágora USB, 17(2), 338-352. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00338.pdf

Insuasty Rodríguez, A. (10 de abril de 2020). Reconfigurar el sentir-pensar de la sociedad. Propósito de las élites. Colombia. Obtenido de Kavilando: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7622-reconfigurar-el-sentir-pensar-de-la-sociedad-proposito-de-las-elites-colombia

JEP. (18 de febrero de 2021). La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos. Obtenido de JEP: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx

Rojas Merchand, M. (2021). Desigualdad e Ideología neoliberal antidemocrática. Revista Kavilando, 12(1), 175-190. Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/371

Tribunal Permanente de los Pueblos. (julio de 2008). Empresas transnacionales y derechos de los Pueblos. Obtenido de Kavilando: http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2006/04/Colombia_VII_TPP-Es.pdf

Tribunal Permanente de los Pueblos. (2015). Tribunal Permanente de los Pueblos. Obtenido de Tribunal Permanente de los Pueblos: http://permanentpeoplestribunal.org/?lang=es

*SI QUIERE PROFUNDIZAR EN ESTE TEMA, ESCUCHAR PROGRAMAS RADIO KAVILANDO:

Radio Kavilando: Las Técnicas Refinadas Del Exterminio En Colombia.

Radio Kavilando: Tribunal Permanente De Los Pueblos. Colombia

*Abogado, especialista en derecho penal, defensor público e investigador Grupo Kavilando. Contacto: yaniw6@gmail.com

**Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Integrante Red Interuniversitaria por la Paz, actual consejero de Paz Conpaz Medellín sector Universidades, e Integrante grupo Autónomo Kavilando. Contacto: Alfonso.insuasty@gmail.com

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/juicio-historico-contra-el-estado-colombiano-genocidio-politico-crimenes-contra-la-paz-y-la-impunidad/

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Protestas en México por feminicidio de estudiante de medicina, Mariana Sánchez, quien soñaba ser patóloga

Por: Agencia Reforma/laopinion.com

Mariana, de 24 años de edad, fue encontrada muerta por asfixia en su habitación el pasado jueves, en el Municipio de Ocosingo, Chiapas.

En México, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) anunciaron un paro indefinido de actividades  para exigir justicia por el presunto feminicidio de su compañera Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos.

En un comunicado, los universitarios afirmaron que no reanudarán las clases hasta que se tomen acciones legales contra las autoridades que ignoraron las denuncias previas de Mariana sobre abuso sexual en Ocosingo, donde realizaba su servicio social en una clínica estatal.

A las facultades, universidades, organismos, colectivas, así como a la sociedad en general, agradecemos profundamente el apoyo brindado y exhortamos al resto de las instituciones a que se sumen a esta lucha, una lucha que no es por nosotros, sino por Mariana“, informaron en un comunicado.

Mariana, de 24 años y recién egresada de la carrera, fue encontrada muerta por asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento la mañana del pasado jueves en su habitación, en el Municipio de Ocosingo, de acuerdo con datos ministeriales.

Además del anuncio del paro, los alumnos realizaron ayer una segunda marcha, a las 11:30 horas, del Parque Bicentenario a la Facultad de Medicina, misma ruta que recorrieron en otra manifestación el 29 de enero pasado en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Otra marcha de feministas y estudiantes se realizó también ayer en San Cristóbal de las Casas.

Mariana desarrollaba desde hace seis meses su servicio social en una clínica en la Colonia Nueva Palestina, en Ocosingo, tras concluir sus estudios de la licenciatura de Médico Cirujano.

La joven había denunciado ante la Fiscalía un ataque sexual en esa Colonia donde realizaba su servicio, por lo que pidió apoyo a la Secretaría de Salud estatal para ser reubicada en otra zona, lo que no ocurrió.

Piden visión de género en muerte de estudiante

La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió que el caso de la estudiante de medicina Mariana Dávalos sea investigado con perspectiva de género.

Nosotros hemos insistido y en estrecha comunicación con las autoridades de Chiapas que todo sea investigado con perspectiva de género“.

Tenemos muy monitoreado el asunto. Está interviniendo Conavim (Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres) y hacer un llamado a todas las autoridades que desde el primer respondiente hasta el juez, que todo se haga con perspectiva de género”, comentó Sánchez Cordero en conferencia matutina.

El Gobierno ha estado capacitando para que tengan perspecriva de género, dijo la funcionaria, y no criminalicen a las mujeres ni que las envíen a sus casas dejándolas a su suerte.

El pasado 29 de enero usuarios denunciaron a través de Twitter el presunto feminicidio de Mariana Sánchez, estudiante de medicina que hacía su servicio social en una clínica de Nueva Palestina, en el Municipio de Ocosingo, Chiapas.

Fuente e imagen: https://laopinion.com/2021/02/01/protestas-en-mexico-por-feminicidio-de-estudiante-de-medicina-mariana-sanchez-quien-sonaba-ser-patologa/

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México: “Estamos haciendo lo que sea por encontrar a nuestra sangre”

Texto y fotos: Daniela Rea/Fuente: Pie de página

En este siglo, en Irapuato no había habido manifestaciones hasta que la violencia explotó y las familias salieron a las calles a buscar a sus desaparecidos. Un año ha pasado desde que los familiares de las víctimas de desaparición se encontraron y se organizaron en el colectivo A tu encuentro

El 9 de noviembre del 2019, vecinos del centro de Irapuato atestiguaron una marcha peculiar. Un pequeño grupo de mujeres con fotografías de personas desaparecidas caminó exigiendo la búsqueda de los ausentes. Comenzó un grupo de 5 personas al que se le fueron sumando más y más.

“Un día en Facebook me entero que iba a haber una marcha del DIF a la Fiscalía para quienes tuvieran un desaparecido, yo voy, me presento sin conocer a nadie y me sentía cohibida porque pensé que todos se conocían. Nos fuimos caminando a la Fiscalía de Irapuato y ahí conozco a Pepe y ahí veo que piden información en la Fiscalía, no nos querían dejar pasar, dar información, y quedamos de no irnos de ahí hasta que nos atendieran”, relata Bibiana Mendoza, que busca a su hermano Manuel Mendoza, desaparecido en enero del 2018.

Irapuato es una ciudad que no marcha. La última marcha de la que se tiene registro sucedió en la década de los 90 cuando el equipo de futbol de Irapuato perdió el pase a primera división contra el Zacatepec y los aficionados salieron a descargar la frustración por la avenida Guerrero. Por eso llamó tanto la atención la marcha de las familias de desaparecidos y algunos medios la transmitieron por Facebook y otras familias la vieron y así fue como poco a poco se fueron enterando y sumando al reclamo de la búsqueda de los desaparecidos, como la señora Verónica Salas que busca a su hijo Javier Reséndiz y se bajó de la moto en la que iba para sumarse.

Ese día Bibiana y Verónica fueron parte de lo que se convertiría en el colectivo A tu encuentro, que busca a personas desaparecidas en Irapuato. “Empezaron como cinco personas y ese día ya éramos como 40. Hoy las familias dicen: ‘si yo no estuviera en el colectivo seguiría en casa de mi hijo llorando’…”, dice José Gutiérrez, un criminólogo que acompaña a las familias en su exigencia de búsqueda y justicia.

“De ahí yo comencé a unirme al colectivo, éramos poquitas al inicio en esa marcha, luego como 20, 25, mujeres y desde ahí me quedé en el colectivo porque hemos creado lazos de amistad, independientemente de que encontremos o no a nuestros familiares. Eso gané, un grupo de personas que sufren lo mismo que yo”, dice Bibiana.

Esta conversación con Bibiana sucede también con la señora Lupita Alejandre que busca a su hijo José de Jesús Mireles Alejandre, desaparecido en noviembre del 2017; y con la señora Verónica Durán que busca a su hijo Iván Arturo, desaparecido en noviembre del 2019; y con Karla Martínez, quien busca a su hermano Juan Valentín.

El encuentro ocurre en un espacio que era un lote baldío en la colonia San Martín de Porres, que fue recuperado por los vecinos para hacerles una cancha de futbol a los niños de la zona y que después invitaron a las familias de desaparecidos a hacer un jardín de la memoria. El plan es que entre todos, vecinos y familiares, con intereses un poco distintos cuiden un lugar común.

Este domingo 8 de noviembre las familias de A tu encuentro marcharon en las calles de Irapuato.

La descomposición de una ciudad

En julio de este año 24 jóvenes fueron asesinados en un anexo en Irapuato. Ese hecho prendió las alertas a nivel nacional de una violencia que tenía ya algunos años mermando la vida en la ciudad. Luego, a finales de septiembre de este mismo año se encontraron 8 fosas clandestinas en la presa El Conejo, en la zona rural de la localidad.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas  desde el año 2000 a noviembre del 2020 en Irapuato hay 322 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 239 son hombres y 49 mujeres. En total en el estado de Guanajuato la Comisión Nacional de Búsqueda registra 2 mil 487 desaparecidos.

“Desconocemos cuándo inició la explosión de la violencia, de las desapariciones, no podemos saberlo con exactitud porque apenas en junio tenemos tipificación de lo que es una persona desaparecida. Antes se le consideraba no localizada o retención de menor. Sentimos que este problema explotó hace mucho tiempo, pero estuvo mucho tiempo manipulado, crece el problema cuando crece el huachicol”.

José Gutiérrez, criminólogo que acompaña a las familias de A tu encuentro.

El colectivo suma a 60 familias, casi todas de Irapuato, pero otras  de Pénjamo, Salamanca, Abasolo, Cuerámaro, Valle de Santiago.

José Gutiérrez recuerda que el 3 de diciembre del año pasado salió una nota periodística donde se decía que se había encontrado una fosa clandestina en el Venado de Yostiro, sin tener más información de la Fiscalía de Guanajuato. Cuando las familias se organizaron en el colectivo comenzaron a recibir información de otras fosas encontradas.

“Ya juntas nos dio fuerza pedir más información a las autoridades, si somos colectivo vamos todas y nos cuidamos entre todas y exigimos entre todas”, dice la señora Lupita. Y es que el colectivo A tu encuentro ha denunciado reiteradamente que las autoridades de Guanajuato no buscan a los desaparecidos.

“Por ejemplo, el caso de Javier Reséndiz, quien desaparece, las autoridades encuentran su moto, pero no al hijo; o el caso de los hermanos Salvador y Daniel Alejandro González Rodríguez, encuentran la camioneta incinerada y nunca se hacen búsquedas; o en el caso de Alejnadro Gazca, le entregan el cráneo de su hijo y no se realizan búsqueda para encontrar el resto del cuerpo”, dice José Gutiérrez.

Búsqueda y criminalización

En julio de este año colectivos de familiares de desaparecidos protestaron en la glorieta Santa Fe por la designación de Héctor Díaz como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo respondió reprimiendo a las familias con elementos de la policía estatal, quienes detuvieron a 5 personas: 3 de ellas integrantes de A tu encuentro, Karla Martínez, Verónica Durán y Olimpia Montoya; otra era del Colectivo Guanajuato Despertó y un visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Se iniciaron carpetas de investigación contra las personas detenidas por lesiones contra la policía estatal, las cuales siguen vigentes, según denunció A tu encuentro.

Además de las consecuencias judiciales por la investigación en contra, Verónica Durán y Karla Martínez fueron despedidas de su trabajo, la primera como personal de limpieza de la empresa Promali; y la segunda como guardia de seguridad de outsourcing en el Hospital Materno Infantil.

“A partir de la carpeta en la empresa me advirtieron que o buscaba a mi hijo o me dedicaba a mi trabajo, y el 18 de octubre me despidieron. En medio de la pandemia es difícil encontrar trabajo, de por sí, y más ahora con la carta de antecedentes penales”, dice la señora Verónica.

«Ha sido un camino largo»

En septiembre pasado las familias recorrieron la presa de El Conejo, en la zona rural de Irapuato, con las comisiones estatal y nacional de búsquedas, y encontraron 8 fosas clandestinas con restos humanos, algunas prendas de vestir y casquillos. Ese hecho es considerado por las familias de A tu encuentro como un logro de la organización.

Bibiana relata que organizarse con otras familias ha obligado a las autoridades a reconocer la problemática de los desaparecidos. “Antes de organizarnos mi caso estaba en ceros y era muy desesperante tener que hacer todo sola. La Fiscalía no ayuda, pura revictimización: que si mi hermano estaba en malos pasos, que la que tenía que investigar eran mi mamá y yo… Yo me imaginaba, cuando desapareció, que a más tardar en un mes iba a estar mi hermano conmigo, pero ha sido un camino largo”.

Karla, quien busca a su hermano Juan Valentín, relata que la búsqueda ha sido un proceso difícil, doloroso y lleno de esperanza y lleno de incertidumbre.

“Crecimos juntos, solitos porque mi papá siempre estaba trabajando, él me cuidaba, me enseñó a andar en bici, me daba de comer, ahora me toca a mi buscarlo”.

“Este es un dolor muy grande, estamos haciendo lo que sea por encontrar a nuestra sangre”, dice la señora Lupita que busca a José de Jesús.

Fuente: https://piedepagina.mx/estamos-haciendo-lo-que-sea-por-encontrar-a-nuestra-sangre/

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Uganda: Don’t Criminalise Students’ Innovations

Uganda/10 de Octubre de 2016/Allafrica

Resumen: El Makerere EV Kiira, el bus Kayoola con energía solar y el tractor polivalente del MV Mulimi, son algunas de las novedades que la Universidad de Makerere ha creado. Estos proyectos han contado con el apoyo y la aprobación o del gobierno. Por eso que es bastante sorprendente que la policía ha calificado como un criminal a Samuel Mugarura, un estudiante universitario, afirmando que puede hacer bombas gases lacrimógenos y humo.

The Makerere EV Kiira, the solar-powered bus Kayoola, and the multi-purpose tractor the MV Mulimi, are some of the innovations that Makerere University has come up with. These projects have received the government’s support and or approval.

For example, under the Presidential Initiative for Science and Technology, students and teachers at Makerere University launched the EV Kiira in 2011 and later, the government, through Uganda Development Corporation Limited, took on 96 per cent share holding of the Kiira EV car investment.

The plan is that hopefully, these projects will take off and we will manufacture vehicles that we can use in the country. That is why it is rather shocking that the police have branded Samuel Mugarura, a university student who claims he can make tear-gas and smoke bombs, a criminal.

Mugarura came to the limelight a few weeks ago when he demonstrated his ability and desire to make tear-gas that is not detrimental to people’s health.

The third year student of Chemistry and Botany at Makerere University was happy to reveal to the press his innovations and even called upon the government to support him. But for unclear reasons, the police believe he is a threat.

Of course, innovations in such elements will always be taken with caution. Unlike things such as cars or maka-pads which should be sold to the public, tear-gas and ammunition of any sort should ideally stay with the government.

Therefore, the government has a right and even an obligation to be interested in Mugarura’s innovations.

However, hounding him and labelling him a criminal does not help. Instead of suffocating this, the police should scrutinise it.

The President has continuously talked about putting more effort on science subjects. The idea is to get people to create and innovate more as well as be technologically up-to-date in this fast advancing world.

Therefore, when anyone comes up with what they believe are helpful innovations and are happy to share them with the government, they should be given due attention and their work checked to see if it can amount to something useful.

Suffocating these works will instead discourage others interested in coming up with various innovations.

The government can start by getting Mugarura to pitch his project to the Presidential Initiative for Science and Technology. This initiative was started purposely to enhance the development of science and research in the country and seeks to advance scientific research through better funding and organisation. That would be a better place to start.

Fuente: http://allafrica.com/stories/201610040020.html

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